El arte de encubrir(se) con escuchas ilegales

Ph Gustavo Zaninelli

En las próximas horas habrá dos importantes audiencias en Chubut, en las que se definirá si las escuchas a la familia Maldonado que la justicia declaró nulas son finalmente destruidas, y si la fiscal federal Silvina Avila sigue en el caso a pesar de haber sido recusada por las querellas. Sus argumentos para evitar que las conversaciones sean destruidas coinciden con las filtraciones de las mismas difundidas por algunos medios: la familia, los mapuches y los abogados fueron parte de un complot contra Gendarmería. El viejo truco de ensuciar a las víctimas para encubrir sus propias movidas en el expediente a favor del gobierno, desde el minuto cero del caso. “Escuchando a Sergio no iban a encontrar a Santiago”, dijo a Ojos Vendados la abogada de la familia, Verónica Heredia.

(foto Gustavo Zaninelli)

Contra viento y marea, la fiscal del caso Maldonado se aferra al expediente para evitar ser apartada, pero sigue recibiendo cuestionamientos porque insiste en su tesis de acusar a las víctimas de haber urdido una conspiración contra los que visten uniforme verdeoliva. Silvina Avila pidió que no sean destruidos los audios de las escuchas al entorno y la familia del tatuador, que desapareció hace diez meses luego de un operativo represivo de Gendarmería en la Pu Lof en Resistencia. Lo hizo al apelar la decisión del actual juez de la causa, Gustavo Lleral, quien hace un mes determinó que esas “pinchaduras” ordenadas por su antecesor, Guido Otranto, son nulas, ilegítimas e inconstitucionales para una investigación de habeas corpus. De hecho, fueron hechas cuando el cuerpo de Santiago aún no había aparecido. “El gobierno y la fiscal, pretenden descargar la responsabilidad por la muerte de Santiago en los mapuches, con su lógica, terminan castigando a quienes denunciaron los abusos y atropellos de las fuerzas de seguridad y premiando a sus responsables, pero siempre desde la Asamblea Permanante por los Derechos Humanos sostuvimos que el operativo fue violento e ilegal, se fraguó una flagrancia y resultó en la muerte de una persona”, dijo Gisela Cardozo, una de las presidentas de la APDH, querellante en la causa. “Patricia Bullrich se aferra a teorías de complot con el único fin de perseguir a los que denuncian los abusos y no investigar la cadena de mando en las responsabilidades”, agregó.

Avila y Otranto impulsan la causa abierta por la denuncia del ministerio de Seguridad, una de las tres querellas del gobierno contra los mapuches, que acusa a personas allegadas a Maldonado de haber entorpecido la investigación sobre su desaparición y muerte con la intención de inculpar a la Gendarmería. Tanto la fiscal como el juez usaron parte de esas conversaciones como supuestas pruebas de que hubo un “plan coordinado por los miembros de la comunidad”. La reciente difusión pública de parte de esas conversaciones privadas apuntó a tratar de desacreditar los testimonios clave del caso, que en su momento determinaron la emisión de una medida cautelar contra el Estado por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. El ataque oficialista de la mano de juez y fiscal incluye la acusación de asociación ilícita, fraude procesal y falsa denuncia contra los abogados peticionantes ante la CIDH, de Naturaleza de Derechos y APDH Córdoba, Fernando Cabaleiro y Carlos González Quintana, respectivamente.

En su último escrito para evitar la destrucción de los audios ordenada por el juez Lleral, la fiscal va más allá: los acusa de haber plantado la gorra del joven anarquista. En realidad, tal como pudo verificar esta periodista en el expediente, quien falseó información en un documento público fue el juez: al realizar el anuncio del hallazgo de la prenda en el territorio mapuche recuperado de Cushamen dijo que sucedió debajo de una “manta” cuando debió decir “mata o arbusto”, como informó la policía. Otranto, que aspira a ascender en su carrera con un cargo en un tribunal oral, suma pedidos de juicio político en el Consejo de la Magistratura con cada nuevo capítulo de esta saga.

En tanto, la querellante APDH amplió los argumentos para que la fiscal Avila sea apartada del caso Maldonado, al sostener que si hubo irregularidades en los procedimientos a ella también le cabe la responsabilidad. Su accionar en connivencia con Otranto fue expuesto a partir de que su secretaria es la esposa del juez, por eso fue solicitada también la salida de Rafaela Ricono. A criterio de la querella, el juez necesita salvar el bache del acta irregular, sobre un operativo que en lugar de presenciar vigiló a distancia desde la estancia de Benetton, acusando a los mapuches. “La fiscal Ávila repite nuevamente la versión del juez Otranto de los primeros días, pero las actas del primer rastrillaje contradicen mucho esa versión, una simple N que parece un descuido, cambia radicalmente el sentido de las cosas. Se pasa de la “mata” a la “manta” y de ahí a que plantaron una prueba. Hay contradicciones que merecen una seria investigación y que nosotros estamos denunciando”, explicó a Ojos Vendados Mauricio Rojas, abogado de APDH.

El elemento de sospecha que introduce Ávila en su apelación para que no sean destruidas las escuchas en realidad debería resultar un búmeran, y todo indica que cuando en Página12 esta periodista expuso las irregularidades de aquel operativo en la fiscalía de Esquel se pudieron nerviosos.

¿Mata o manta?

El 5 de agosto Otranto ordenó allanar los escuadrones 35 y 36 de Gendarmería, pero a fojas 192 consta que un día antes anunció por nota a sus jefes que serían allanados. Ese mismo día instruyó el primer rastrillaje del río, con la división canina que ya había tomado contacto con una prenda, el famoso cuellito, aportada por Sergio Maldonado. A fojas 186 el defensor Machado realiza su propia acta de procedimiento donde consta el hallazgo “detrás de los arbustos” de un “gorro color beige”, que un miembro de la comunidad reconoce como el que usaba Santiago. Y a cuatro metros, una vaina servida. Era la prueba que ratificaba el relato de los mapuche sobre la presencia del tatuador durante la represión el 1 de agosto. En su acta Otranto y su secretaria María Silvina Salvare insisten en denostar la actitud belicosa de los mapuche a quienes acusan de entorpecer la investigación, y de la misma se deduce que ninguno estuvo en el rastrillaje. “Nos acercamos hasta la estancia de la compañía Tierras del Sud donde fuimos atendidos por el señor Ronald McDonald (jefe de capataces de Benetton) (…) luego de ello regresamos a la ciudad de Esquel”. Hasta ahí nada sobre la gorra. “En horas de la noche se presentó en el juzgado el guía del can, Martín Villarroel”, quien les explicó que el “cuellito” no fue usado porque “durante dos días lo había tenido un integrante de la comunidad”. Según el acta de Otranto, cuando el guía les dijo que se retiraba “uno de ellos le entregó una gorra que se le dijo habían encontrado bajo una manta y que pertenecería a la víctima”. Nada dice el juez sobre la cadena de custodia de semejante prueba, ni por cuántas manos pasó hasta que el defensor Machado la embolsó para enviarla al laboratorio.  Pero agrega que en la Lof estaban dos empleadas de su juzgado.

A fojas 250, el acta circunstanciada firmada por el ayudante de la División Drogas Peligrosas Matías Maglione quien describe: “Siendo las 14.40 se comienza la búsqueda, hallándose a pocos centímetros del lugar que nos encontramos precisamente debajo de una planta autóctona del lugar boina con gorra de color blanco, por lo que es consultado si pertenecería a la persona buscada la ciudadana Claudina Pilquiman confirma que la prenda de vestir efectivamente corresponde a la persona de Santiago Maldonado. Consecuentemente el instructor del can impronta al perro con el olor de referencia”. Interrogada por los fiscales de la Procuvin (Procuración contra la Violencia Institucional), Pilquiman relatará que la boina fue avistada por una mujer que no es de la comunidad, y como la secretaria del juez tampoco estaba, esa persona no es otra que una de las dos empleadas que sí estuvieron en el lugar de los hechos, cuya identidad es reservada porque podrían ser convocadas como testigos si prospera alguna de las denuncias contra Otranto por encubrimiento agravado, abuso de autoridad y prevaricato.

En definitiva, Machado y los policías coinciden en que la prenda estaba entre los arbustos o matas, lo cual sitúa a Santiago donde desapareció. Pero en pleno apogeo de la campaña negacionista del gobierno contra la posibilidad de sumar un desaparecido en democracia a la lista, el juez escribió que la entregaron los mapuches. Y a diez meses, ambos buscan encubrir sus pasos con la misma tesis más que tirada de los pelos.

El destacamento policial está adentro de la estancia de Benetton

El destacamento policial está adentro de la estancia de Benetton (foto Gustavo Zaninelli)

No aclaren que oscurecen

Esta semana habrá en Chubut reuniones fundamentales para definir la continuidad de la fiscal y el destino de las escuchas. El jueves 7 la APDH y Verónica Heredia, abogada de la familia, participarán de la audiencia por la recusación de la fiscal Avila. En tanto, el martes 5 en la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia habrá una audiencia en la cual Lleral aportará sus argumentos para validar la orden de destruir el material que registró llamadas telefónicas interceptadas a Sergio Maldonado, hermano de Santiago, la mapuche Claudina Pilquiman, el amigo del tatuador Ariel Garzí y una integrante de la red de apoyo a las comunidades en conflicto, que según pudo saber este sitio, había prestado su línea al dueño del lugar donde vivía Maldonado en El Bolsón. Para Lleral resultó “evidente que la interceptación de las comunicaciones, la invasión de la privacidad del hermano de la víctima, no era el último recurso disponible para lograr datos conducentes al hallazgo de Santiago Maldonado”.

En su defensa, Otranto y Avila aducen que pidieron las escuchas por las contradicciones que habría entre testigos mapuches, y por la urgencia de encontrar al tatuador anarquista, que estaba desaparecido desde el 1 de agosto. Según ellos, hacía falta escuchar a Sergio Maldonado en caso de que los “encapuchados mapuches” se comunicaran con él. Para Avila y Otranto no sólo hubo testigos falaces sino también pruebas plantadas.

En un intento de salvar su responsabilidad, Avila puso primera: no sólo cargó contra los mapuches, sino también acusó a Sergio Maldonado de haber manipulado objetos de su hermano y al juez Lleral de haber desarrollado estrechos vínculos con la Pu Lof, hasta deslizó que pudo haber perdido los discos que contienen las escuchas. La fiscal sostiene que la misma noche en que desapareció Maldonado, Pilquiman fue a su casa en El Bolsón y retiró sus pertenencias, para luego plantar algunas en la escena del crimen. Y al amigo de Santiago, Ariel Garzí lo acusa de inventar una comunicación inexistente al celular del mochilero.“No podemos separar lo que pasó con Santiago Maldonado del escenario de persecución a las comunidades mapuches, por eso actuamos en la causa de Rafael Nahuel y nos solidarizamos con Facundo Jones Huala, que ha iniciado una nueva huelga de hambre”, agregó Cardozo, de APDH.

La fiscal Avila, ejerciendo como abogada de los uniformados según la familia Maldonado.

La fiscal Avila, ejerciendo como abogada de los uniformados según la familia Maldonado.

 

Verónica Heredia, abogada de la familia: “No iban a encontrar a Santiago escuchando a Sergio”.

Desde 25 de Mayo, donde se realizó la marcha por los diez meses de la desaparición de Santiago Maldonado, la abogada de la familia Verónica Heredia dijo a Ojos Vendados que “es mentira que con una escucha lo iban a encontrar, pero admiten que hicieron eso que no corresponde en un expediente de habeas corpus”.  Según Heredia, “Avila reconoce que lo hicieron en un proceso que no era legal y se escuda en que lo hicieron por la urgencia de encontrarlo con vida, pero era evidente que eso no iba a suceder escuchando las conversaciones de su hermano”.  En su razonamiento, la letrada explicó que si decidieron intervenir su teléfono es porque “estaban acusando a Sergio de saber dónde estaba Santiago, por eso es una contradicción en sí misma su apelación porque la propia fiscal reconoce la ilegalidad de esa pinchadura”.

No se sabe si el fiscal de Cámara Norberto Bellver sostendrá la apelación de Ávila. Fue el funcionario que en su momento se pronunció por el apartamiento del juez Guido Otranto del caso, por haber adelantado su opinión al diario La Nación. “Primero habría que resolver la recusación de Avila, antes de escuchar sus argumentos contra la destrucción de las escuchas”, expresó Heredia. El jueves en Rawson se verán las caras Avila, su secretaria Rafaela Ricono, a la sazón esposa de Otranto, con las querellas, en la audiencia de recusación.

Heredia, con Sergio Maldonado y su esposa, Andrea Antico

Heredia, con Sergio Maldonado y su esposa, Andrea Antico

 

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