César, 13 años. Desaparecido

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Chubut suma otro desaparecido a su oprobiosa lista. César Monsalvez tenía 13 años, era sobrino de un testigo que incriminó a policías en la violación de un menor y fue asesinado. Hasta ahora en esa provincia ni siquiera había un expediente abierto, pero a fines de abril la Cámara de Casación ordenó investigar su desaparición forzada, removió al juez y fiscal del caso y dijo que esto sucedió en el marco de “violencia institucional” que es una “realidad en Chubut”, tal como lo dijo la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia en la que condenó al país por la desaparición de Iván Torres. ¿Qué pasó con César?

Si acaso hubiera un ranking de peores provincias en cuanto a violencia institucional, con especial protagonismo de la policía y cobertura judicial, Chubut estaría peleando la punta. Allí desapareció Iván Torres, mataron a Julián Antillanca, y fueron fusilados los hermanos Aballay, quienes habían denunciado a la policía por el crimen de Antillanca. También murió Wilson Bustos y desapareció Luciano González. Ahora la justicia determinó que César Adrián Monsalvez –un adolescente de 13 años sobrino de un testigo que fue asesinado en el caso de Maximiliano “Pochi” Almonacid, otro joven torturado por la policía de Trelew—fue víctima de desaparición forzada.

Así lo decidió la Cámara de Casación, en un fallo que revocó una sentencia de la Cámara chubutense y removió al juez y al fiscal que intervinieron en el expediente. Los jueces de la sala IV de ese tribunal consideraron que en la desaparición de Monsalvez “no puede omitirse el marco referido a la realidad sobre violencia institucional en su oportunidad observada en la provincia de Chubut, y que fue considerado de modo contundente por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia dictada el 26 de agosto de 2011 en el caso ‘Torres Millacura y otros vs. Argentina’, en el que se hizo referencia concreta a que la desaparición forzada de personas como una práctica de la dictadura que se repite aun en democracia”.

César estaba en la secundaria. Era vago para el ejercicio físico, jamás hubiera ido caminando a la casa de su tía. El lunes 27 de mayo de 2013 salió a eso de las 10 de la mañana para visitarla y tendría que haber tomado un colectivo hacia el barrio Inta, en Trelew. Nunca llegó a su destino, tampoco volvió a su casa.

Su tío, Bruno Rodríguez Monsalvez, era el único testigo en la causa por detención ilegal, torturas y abuso sexual de “Pochi” Almonacid, de 16 años, ocurrido en enero de 2012 en una de las celdas de la comisaría 2da.de Trelew. Se suponía que Bruno estaba “protegido” pero el 26 de enero de 2012 fue asesinado a puñaladas en la calle.

César vivía con su mamá y con su abuela Marta, la mamá de Bruno, en una casa que está a dos cuadras de la comisaría 3ra. Luego del asesinato de su hijo, un móvil policial la siguió y desde adentro le gritaron que retirara la “cámara Gesell”, prueba donde Bruno había incriminado a los policías que agredieron a Almonacid. Fue la primera de una serie de intimidaciones, pero la familia Monsalvez no consiguió protección, ni siquiera el inicio de una causa que conectara ambos hechos. El fiscal Fabián Moyano y la jueza Ana Servent siguieron investigando una averiguación de paradero y rechazaron el habeas corpus. “Perdí a mi hijo, amenazaron y hostigaron a mi familia, y finalmente desaparecieron a mi hijastro”, había dicho Marta Monsalvez desesperada.

Uno de los argumentos de la justicia para desestimar la denuncia por la desaparición de César fue haberles dado “un” cuerpo. El 9 de julio de 2013 el fiscal le entregó a su madre, Cintia Monsalvez, el supuesto cuerpo de César, en un cajón cerrado y con un certificado de defunción que sólo decía NN. “Unos 100 policías en fila india habían rastrillado sin éxito el parque de la Memoria en Trelew, pero de pronto un chico que caminaba por ahí lo encontró”, dijo a Infojus Noticias la abogada Verónica Heredia, la misma letrada que interviene en el caso Torres, y recuerda que esa fue la única explicación que le dieron a la mamá de César. La causa de la muerte no fue establecida, no hubo autopsia y desconfían del resultado de ADN porque fue realizado sobre lo que quedaba en el cajón: sólo estaba la parte inferior de un cadáver, un par de piernas intactas. El fiscal y las autoridades habían declarado que el cuerpo “no presentaba signos de violencia”.

Para el fiscal, la ropa del cadáver era parecida a la que llevaba César, y el hallazgo de un carnet de transporte con su nombre fue suficiente, no encontró ningún indicio de que se tratara de una desaparición forzada. Casación opinó lo contrario. “En el supuesto caso de que el ADN fehaciente diera que es César no cambia la calificación legal, sería desaparición forzada seguida de muerte porque entre mayo y julio estuvo desaparecido”, apuntó Heredia. Algo muy similar escribieron los camaristas.

“Difamaron a un niño para ocultar su desaparición”

El fallo que lleva la firma de los jueces de Casación Gustavo Hornos, Juan Carlos Gemignani y Mariano Borinsky determinó que los funcionarios judiciales que intervinieron omitieron cumplir con la ley sobre desaparición forzada de personas, que establece la jurisdicción federal para investigar estos casos y la separación de las fuerzas de seguridad que pudieran estar implicadas, algo que Monsalvez y su abogada habían pedido durante meses, sin ser escuchadas.

Los camaristas repudiaron que los policías que supuestamente buscaban a César hayan recorrido casa por casa sembrando entre los vecinos la versión de que “andaba en la droga” y por eso seguramente iba a aparecer “suicidado” en algún basural. “Se pretendió difamar a un niño para ocultar su desaparición forzada”, destacaron.

Tampoco la sacaron barata los jueces de la Cámara de Apelaciones de Chubut, quienes habían desechado la calificación de desaparición “en base a información proporcionada por teléfono por parte de la ‘policía ordinaria’”. Por lo tanto, en Casación concluyeron que “se desoyeron todos los estándares en materia de investigación y sanción de hechos que configuren actos de desaparición forzada”. La sala IV de esa Cámara ordenó que se investigue si César Adrián Monsalvez fue víctima de tal delito, y que se aparte del caso al juez federal Hugo Sastre y al fiscal Fernando Gelvez. “No obsta a dicha calificación que se haya encontrado el cuerpo sin vida presuntamente del niño, dado que no se realizaron las diligencias pertinentes con la participación de la recurrente (la madre de César) para identificarlo en forma fehaciente, y dado que tampoco las autoridades dieron explicación alguna de cómo, cuándo, porqué y dónde, en su caso, perdió la vida el niño, por lo que pidió, asimismo, que se ordene la exhumación del cadáver para que se proceda a realizar los peritajes pertinentes a determinarlo”, ordenaron los jueces Hornos, Gemignani y Borinsky. En su fundamentación, Borinsky recordó también el fallo de la Corte IDH que condenó a Argentina por la muerte de Walter Bulacio, en el sentido de que este tribunal internacional marcó la importancia de que no se produzca la impunidad en estos casos porque ésta genera “la repetición crónica de las violaciones a los derechos humanos”.

La abogada Heredia se lamentó de que el fallo de Casación “no ha producido ningún tipo de impacto en la provincia, y tal es la impunidad que la semana pasada designaron Defensor del Pueblo a un comisario de la policía”. Cuando desapareció César un alto funcionario provincial del área de Seguridad había declarado que el hecho podría tener que ver con las condiciones de vulnerabilidad en que vivían los Monsalvez. Probablemente no se refería a ese estado en que están los jóvenes de origen humilde que sufren permanentemente de abusos por parte de la policía local, como concluyó la Corte IDH en el caso Torres, algo que ya en 2006 había dicho la propia secretaría de Derechos Humanos de la Nación. En la sentencia de la CIDH en el caso Torres la antropóloga Sofía Tiscornia había determinado que los jóvenes de barrios pobres se reúnen en las zonas céntricas de la ciudad, y es ahí donde entonces aparecen estas políticas territoriales de […] seguridad. La policía los detiene por varias razones, en algunos casos por demanda de los vecinos o […] de las personas que no quieren ver pobres cerca de su vista, en otros casos porque son reclutados para la comisión de delitos por la propia policía […]. Los jóvenes que se rebelan […] en general son torturados, apremiados y muchas veces muertos. Y por otra parte porque la policía también tiene que demostrar ante la superioridad que trabaja, y una de las formas de medir en muchos casos el trabajo de una comisaría es la cantidad de detenidos por averiguación de identidad. La misma policía ha dicho en sus investigaciones que tienen que salir a ‘hacer la estadística’, es decir, detener personas para poder llenar el número de detenidos mensual que la superioridad requiere. Por eso, se trata de un problema que va más allá de la voluntad o la mala intencionalidad de un grupo de policías, y que está en la propia estructura policial”.

Las muertes en dominó de quienes se animan a denunciar a la policía de esta provincia ya no son novedad: en la investigación por la desaparición de Iván Torres perdieron la vida siete personas. ¿El caso Almonacid sumará al caso Monsalvez, e irán así por el mismo sendero?

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