Delegados del Garrahan, absueltos. Viceministra, investigada

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Los delegados del Hospital de Pediatría Juan Pedro Garrahan que fueron acusados de amenazar a inspectores durante una huelga resultaron absueltos por el Tribunal Oral en lo Criminal 29 de Capital Federal.

Todo comenzó cuando en 2005, integrantes del Ministerio de Trabajo quisieron constatar que se estuvieran cumpliendo las guardias mínimas durante los paros realizados entonces en reclamo de un aumento salarial.

El pedido de absolución fue realizado por el fiscal Horacio Fornaciari quien determinó que la denunciahabía sido armada políticamente. Según sus palabras: “Me llamó la atención la existencia de una decisión política que impulsó la denuncia”. La inspectora supuestamente amenazada había declarado que cuando acudió al hospital no vio nada fuera de lo común, y que la viceministra de Trabajo Noemí Rial le ordenó hacer la acusación penal contra los cuatro delegados.

Así, los jueces Rodolfo Goerner, María Deluca Giacobini y Alejandro Llitvack determinaron queGustavo Lerer, Marcelo Mansilla, Eduardo García y Adriana Agüero eran inocentes.

Festejaron las organizaciones populares que habían iniciado una campaña por su absolución.

Y los abogados que los defendieron pidieron que se inicie una investigación para determinar si la viceministra Rial podría haber cometido un delito de acción pública por haber presionado a la inspectora para que acusara a los representantes sindicales.

El equipo de abogados de Correpi, Ceprodh, Liberpueblo y Apel argumentarán que la denuncia penal contra Lerer, Agüero, García y Mansilla se produjo al día siguiente de que los trabajadores del Garrahan votaran en contra de la firma de la paritaria que Trabajo ya había acordado con los demás sectores de la sanidad, el 1 de agosto. Y una semana más tarde que los propios hechos denunciados.

DIA 3 – Crónica de la audiencia

La tercera y última jornada del  juicio a los trabajadores del Garrahan se dio en el marco de un triste aniversario para los luchadores del país, porque un 12 de abril fueron asesinados Víctor Choque –1995 en Tierra del Fuego– y Teresa Rodríguez, 1997 en Neuquén.

El fiscal comenzó con su alegato en base a lo escuchado en las audiencias anteriores. Dijo que los dichos de los imputados eran atendibles, que todos participaron de la protesta pero negaron haber cometido delito alguno. Remarcó que los trabajadores habían hecho una defensa de la salud pública y de las condiciones de trabajo que deben afrontar, que refirieron hechos sobre el mal manejo de los recursos económicos del hospital. En tal sentido, uno de los relatos que provocaron lágrimas fue cuando explicaron que suelen tener que pinchar varias veces a los nenes por la mala calidad de los materiales que les proveen. (Ver nota anterior en esta sección)
Dijo el fiscal que los trabajadores habían encuadrado este proceso en la “criminalización de la protesta social” y refirió que “los escuché con atención porque tocaron temas prioritarios en la agenda pública”. Pero entendió que no es criminalizar la protesta si en el marco de un conflicto se comenten delitos. Dicho eso, demostró que en este caso no había delito sino llamativas coincidencias de denuncias, tanto de los directivos del hospital como desde el Ministerio de Trabajo.
Fornaciari concluyó que los hechos que se les imputan como amenazas coactivas son manifestaciones “que no son alcanzadas por el derecho penal”, ya que “no hay pronóstico sobre un mal si no se actúa conforme a los lineamientos de quién las realizara”. Todo se reduce entonces a analizar el contexto, dijo. Y lo describió como un grupo de trabajadores de paro que le hace manifestaciones a una inspectora del Ministerio. Pueden llegar a ser insultos, dijo pero no amenazas.
Luego, el fiscal analizó minuciosamente cada uno de los testimonios de cargo y demostró que no eran coincidentes entre ellos, ni siquiera en la cantidad de inspectores que decían que había ese día 27 de julio de 2005 en el hospital. Hizo mucho hincapié en todas y cada una de las contradicciones de Toer, Piedra, Bellomo (directivos del hospital) y de la inspectora Iris Moyano y el otro inspector del Ministerio. Como mínimo, expresó, le generaban dudas y no existía la certeza necesaria como para acusar a nadie.
Por otra parte, refirió que tanto los testimonios del ex diputado Luis Zamora y del periodista Pablo Llonto, y de los recibidos en la instrucción a los papás de niños internados, surgía que no hubo violencia, sino momentos de tensión producto de una huelga larga.
También volvió algunas veces sobre el punto que “Iris Moyano hace la denuncia porque se lo indican sus superiores” y tan poco creíble es que la haya amenazado que a Moyano la mandan a los pocos días al mismo hospital. Afirmó el fiscal: “Me llamó la atención la existencia de una decisión política que impulsó la denuncia”. La inspectora Moyano había dicho que había mantenido comunicación con la viceministra Rial y relató que ella le dijo que debía hacer la denuncia, fue una orden de Rial a través de su superior el ingeniero Bellini. La denuncia penal fue hecha el 2 de agosto a las 23 hs, dijo el fiscal marcando la gravedad del hecho. Por lo tanto, pidió la absolución a la que el tribunal accedió.

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