¿Garantismo? Te la debo

26219505_1649752691747578_5174685376979077460_n
El juez federal Sergio Torres decidió que Fernando Dimas Ponce, detenido durante la protesta contra la reforma previsional, continúe en la cárcel mientras se sustancie el proceso en su contra. Se lo acusa por las lesiones que recibió el policía Brian Escobar. “La persecución contra Ponce es netamente política”, dijo su defensa.
El hecho de que los dos militantes del Partido Obrero encarcelados en la causa por la protesta del 18 de diciembre contra la reforma previsional hayan estado siempre a derecho, es decir, a disposición de la justicia fue considerado irrelevante por el juez federal Sergio Torres, quien ayer rechazó el pedido de exención de prisión de Fernando Dimas Ponce. El magistrado sostiene que no otorgará la libertad a Ponce y a su compañero César Arakaki hasta que no se “entregue” Sebastián Romero, que pertence a otra agrupación política y una defensa propia. En su resolución, Torres invocó que la pena prevista para el presunto delito que se les imputa, las lesiones al policía Brian Escobar, no permite que permanezcan en libertad mientras se sustancia el proceso, y los acusa de “haber empleado el estandarte de la bandera que portaba con el fin de infundir un temor público, suscitar tumultos o desórdenes, conforme se desprende de las filmaciones y fotografías aunadas a la causa”. La abogada de Ponce le replicó que “en dichos videos se ve que al momento de recibir el golpe Escobar fue víctima de un aluvión de piedras procedentes de cientos de personas que se encontraban en la manifestación como reacción a la furiosa represión policial que se había desarrollado con anterioridad y que había incluido infiltración, de la cual da cuenta el Defensor del Pueblo, Alejandro Amor, disparos con balas de goma, gases e incluso piedras de la policía hacia los manifestantes”.
En el escrito con que Claudia Ferrero pidió la exención de prisión sostuvo que “en ese instante, como se observa en las imágenes adjuntadas, mi defendido estaba sosteniendo su banderín o estandarte con las dos manos a no menos de 50 metros de distancia de los policías y en ningún momento procede a arrojar proyectiles, y cuando se ve al policía Escobar ya en el piso, mi defendido empuja su pierna con el mismo estandarte que portaba como parte integrante de la manifestación, acción que de ninguna manera produce el daño craneal que se diagnosticó en la epicrisis de Escobar incorporada a esta causa”. La abogada agregó que por esa acción “como máximo se le puede  atribuir la autoría de un daño calificable como lesiones leves, ya que en las piernas solo tuvo contusiones”. Ferrero citó el parte médico del Hospital Penna donde consta que el policía tuvo una “lesión con objeto contuso (piedra)”. La defensora consideró que “es más  inexplicable aún que se le atribuya estas lesiones claramente provocadas por piedras, a las únicas personas que en la escena no tienen en sus manos piedra alguna. Del análisis exhaustivo de los videos que obran en la causa, no existe una sola imagen que ubique a Dimas Fernando Ponce tirando una piedra”.
En ese sentido, razonó que Ponce “no puede temer a una pena en expectativa por la posibilidad de ser condenado, porque claramente es imposible que se arribe a una condena ante el hecho claro de ser totalmente ajeno a la lesión grave de Escobar”. Ferrero también refutó la imputación de haber arrojado piedras que Torres hizo contra Ponce. “La única acción de Ponce es sostener el estandarte, y retirándose en varias ocasiones de los lugares de mayor conflictividad. No existe ninguna imagen en que haya tirado una piedra”.
A continuación, el escrito completo de la abogada Ferrero y la resolución del juez Torres
Conocedor de las pruebas de cargo, a mi asistido recién recibido de abogado,  le resulta claroes que es totalmente imposible  que en el caso que se analiza pueda  recaer condena en su contra. Su convencimiento está basado en que se lo acusa de tirar piedras que no tiro, de que tuviera algún control sobre los tumultos que no tuvo y que la movilización de miles de personas tuvieran un objetivo de intimidación, cuando miles se movilizaron como, es la tradicional práctica del pueblo argentino de expresar en las calles su disconformidad.
Las movilizaciones del 14 y 18 de diciembre del año pasado, en contra de  que se aprobara la reforma de la Ley Previsional, fueron precedidas en este año por numerosa movilizaciones requiriendo la aparición con vida de Santiago Maldonado y antes de ello la multitudinarias movilizaciones contra el fallo de la Corte de sancionar la vigencia del 2×1, solo citando de ejemplo lo acontecido en el 2017.
Otro argumento de V.S. es que “la pesquisa está en pleno desarrollo y se deben precisar los alcance de los acontecimientos tanto en el plano intelectual como material”.
Es claro que no se puede privar a una persona por las dudas, porque en el futuro se puede modificar un delito o participación, si no ha sido objeto esa determinación del hecho de la indagatoria del encartado, y mucho menos utilizar dicha hipótesis novelada, para negar la libertad.
Esto refleja por un lado, que no se valora que los hechos fueron protagonizados en el marco de una multitudinaria movilización de 300000 personas, o lo que es peor que lo que se pretende castigar a cualquier  persona de esas 300000, pero si se trata de militantes políticos mejor.
Con esa tesitura V.S.  también argumenta que  podría tener vínculos concretos con el imputado Romero Sebastián, a quien no conoce personalmente, ni he tenido trato alguno con su organización PSTU.
Con quien tiene una vinculación  mi defendido, a pesar de no conocerlo personalmente es con Cesar Javier Arakaki porque ambos son militantes del mismo partido, aunque de ello solo se enteró después que se iniciara una campaña mediática en su contra.
Pero no analiza la conducta de Arakaki, que se presentó ante V.S. apenas 3 horas de trascender su orden de detención, en una clara voluntad de someterse a derecho que V.S. se negó a valorar.
Porque el Sr Arakaki y el Sr Ponce, son militantes políticos, sepa V.S. que por esa razón  no conciben su vida en clandestinidad alguna.
El argumento de fundar la negativa a mi defendido por los posibles vínculos con el co-imputado Sebastián Romero, al que V.S. califica como prófugo, deja al desnudo que la persecución contra Dimas Fernando Ponce es netamente política.
Es claro que no existe peligro de fuga de parte de Dimas Fernando Ponce, luego de manifestarlo públicamente y haberse presentado ante V.S. en forma voluntaria, informando su domicilio procesal donde ha permanecido esperando la ejecución de su orden de detención. Y presentándose inmediatamente luego que confirmara que la apelación a la negativa de su eximición de prisión no tenía carácter suspensivo.
  Si V.S. lo hubiera llamado a indagatoria, simplemente se hubiera presentado
Por lo cual consiente que a pesar de que la intención de V.S. en fundamentar un argumento que implique que resguardara el imputado su libertad por miedo a la condena,  y rehuirá someterse al proceso, la actuación de mi representado indica todo lo contrario.
A sabiendas que las probabilidades de que Ud. le niegue la excarcelación, como ya le  había negado a Cesar Arakaki, (quien claramente carecía también de toda intención de fuga al presentarse al tener conocimiento de una orden de captura en su contra) tomo la decisión de estar a derecho, como todo militante social del partido obrero que es ajeno a cualquier práctica que implique la clandestinidad.
Se presentó en forma voluntaria y dio su versión de los hechos,  coloco a disposición su actual domicilio real, que no es el que consta ni en su documento, ni en las posibles documentaciones que podría averiguar el tribunal por lo reciente de su mudanza.
Hizo público que se encontraba en ese domicilio y que no iba a profugarse. Lo hizo mediante un comunicado público a través del Partido Obrero y mediante la manifestación por medio de su abogada en el escrito obrante presentado el 4/1/2017. Y tras su aclaración se presentó ante el primer horario hábil del tribunal.
Si su voluntad fuera no someterse al proceso o estorbar la investigación claramente hubiera sido otra su conducta.
Por ultimo no es menor que mi defendido carezca de antecedentes penales, y está integrado a la sociedad .No solo acredita trabajos anteriores, sino también el haber sido contratado en un nuevo trabajo que le abrió nuevas perspectivas laborales.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *