KOSTEKI Y SANTILLAN II: Zafaron los responsables políticos

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  “No hay nada”, fue la respuesta del fiscal federal Miguel Osorio a Alberto Santillán, cuando le planteó el interrogante clave de la causa que investigó las responsabilidades políticas de la masacre de Avellaneda. Fue en su último encuentro, antes de pedir el archivo del expediente, y luego de mostrarle una pieza con decenas de cuerpos del expediente y gráficos inmensos con los cruces de 220 mil llamadas. “Le pusimos todo el esfuerzo pero no encontramos ningún teléfono importante”, repasa Osorio. Sin embargo, destaca que sí probaron una comunicación del mismo día de la represión entre el ex comisario Alberto Fanchiotti y alguien de la SIDE (Secretaría de Inteligencia del Estado). Por su parte, el ex juez Mariano Bergés, abogado de Santillán, está convencido de que el ex jefe de la SIDE, Carlos Soria, “intentó convencer a Eduardo Duhalde que estaba en marcha un golpe por parte de los piqueteros con información falsa”. Y asegura que el ex presidente es el responsable de haber dado la orden de reprimir con tal magnitud.

“Es cierto que hubo luz verde o zona liberada como dicen”, afirma Bergés al referirse a la ferocidad de la cacería de los militantes de los movimientos de desocupados que aquel 26 de junio intentaron cortar el puente Pueyrredón en reclamo de alimentos, trabajo, planes de empleo, aumento de los subsidios de 150 a 300 pesos y el fin de la represión y procesamiento por actos de protesta. “La policía fue cebada, con orden de reprimir no de prevenir, en el juicio oral se demostró que fueron corriendo a buscar armas para meter balas de plomo, y así lo hicieron”, explica. Luego de participar en ese proceso que duró casi dos años, y del seguimiento de la investigación del fiscal Osorio, cuyo desempeño rescata en forma positiva, Bergés llegó a la conclusión de que el gobierno de Duhalde temió ser víctima de “otro diciembre de 2001”, y por eso la orden era no permitir que los piqueteros entren a Capital y lleguen a la Plaza de Mayo. “Esa decisión se toma en base a información falsa que aportó el entonces jefe de la SIDE, Soria, sobre un supuesto plan de desestabilización, un presunto golpe de Estado del cual, en realidad, no había ninguna prueba concreta”, dice. Se refiere al legajo que se le pidió a la SIDE durante el juicio oral, cuya copia y no otra cosa recibió también la causa federal, y cuya entrega por parte de los espías había sido autorizada por el ex presidente Néstor Kirchner. “Eran dos carpetas de recortes de donde no surgía el menor indicio, era papel pintado, el único dato era lo de Gatica”, apunta en alusión a la Asamblea Piquetera Nacional del 22 y 23 de junio de 2002 en el estadio Gatica de Avellaneda.

Cuando declaró en el juicio oral, el propio Soria dijo que había enviado a sus agentes para que tomaran nota de los discursos de esa asamblea, y con ese material elaboró un informe en el que sostenía que los piqueteros estaban infiltrados por las FARC, en referencia a la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. “Allí se habló de revolución, toma del poder, caos y volver al 19 y 20 de diciembre”, dijo. Y explicó que tomó esa iniciativa porque el ministro de Justicia, Jorge Vanossi, le había solicitado precisiones acerca de “si los acontecimientos que estaban ocurriendo en el país podían configurar algún tipo de delito contra la ley de Defensa de la Democracia”. De hecho, con ese material el 27 de junio el gobierno de Duhalde dio instrucciones al Procurador Nicolás Becerra para que investigara a los piqueteros por presunta “sedición”. A estos hechos se refieren los familiares cuando hablan de un plan político, que habría sido exitoso si las crónicas y fotos periodísticas no hubieran desbaratado la versión oficial de “se mataron entre ellos”. A diez años, Bergés afirma que está acreditado que la SIDE le “vendió” la idea del golpe al ex presidente, y que éste dio las directivas para impedirlo. Sin embargo, nada de esto le alcanzó a la justicia para una acusación penal.

La decisión del fiscal Osorio y del juez federal Ariel Lijo de archivar este expediente, concretada hace un mes, no puede ser revertida mediante una apelación. La única posibilidad de reactivarlo sería con la presentación de nuevos elementos de prueba, y en esto trabajan los abogados de los familiares. Osorio y Bergés coincidieron en marcar que quedó un cabo suelto: ambos le pidieron al juez el allanamiento de la secretaría de Inteligencia de la provincia de Buenos Aires, pero como la medida se hizo mediante un oficio y no con un operativo sorpresivo no hay garantía de que los espías provinciales no hayan ocultado algo. Las razones para buscar allí tienen que ver con que el propio Fanchiotti declaró que un día antes de la masacre los jefes de inteligencia fueron informados del plan “para aplicar represión con el objetivo de restablecer el orden con precisión quirúrgica”. Y en la causa está acreditado que la mañana del 26 los jefes policiales repasaron el operativo durante su desayuno junto a un agente de la SIDE al que conocían como tal, aunque no su identidad.

El fiscal también cuestionó las respuestas que recibió de la SIDE, que calificó de “mediocres”, y agregó que no hubo un trabajo serio de Asuntos Internos de ese organismo. Sobre el contenido de la llamada que habría hecho “un empleado” de la SIDE a Fanchiotti contestaron que había sido “para averiguar qué había sucedido” el 26 de junio durante la represión. “Es muy curioso, esa es la explicación oficial, demasiada casualidad”, dice Osorio, pero insiste en que con los elementos que obtuvo no alcanzaba para imputar a los ex funcionarios. Tampoco fue suficiente lo que consta en un cable de la agencia Infosic del 18 de junio de 2002, que describía una reunión de Duhalde en la Casa Rosada con Vanossi, Becerra y el fiscal Norberto Quantín para “definir directivas a jueces para prevenir y dispersar protestas y piquetes. La agencia indicaba que los funcionarios acordaron la “cobertura que tendrá el accionar policial en la justicia”. Y aunque declaró durante tres días como testigo en su fiscalía, las quejas de Fanchiotti fueron interpretadas como una tardía defensa. “Me hicieron una cama, me abandonaron, estoy preso por orden directa de Duhalde”, dijo el ex comisario al ser interrogado. Pero ratificó que su superior en la departamental de Lomas de Zamora, Félix Vega, sabía del plan, y que cuando quiso poner al frente del operativo a su segundo, Mario Mijín, el policía le dijo que “ni loco porque iba a haber quilombo”. Por eso terminó yendo él. Mijín apareció al poco tiempo suicidado. (Otro suicidio del caso fue el del vendedor de diarios de la estación Avellaneda). Sobre las llamadas que atendió ese día respondió con evasivas.

La causa 14.215 “Ruckauf y otros s/homicidio” del juzgado federal 4 había sido iniciada por Mabel Ruiz, la madre de Maximiliano Kosteki, fallecida en septiembre de 2003. El entonces canciller Carlos Ruckauf había dicho que volvería a firmar el decreto de aniquilamiento de la subversión, mientras que el ex jefe de gabinete Alfredo Atanasoff advertía que cortar el puente sería tomado como una declaración de guerra. Entre estas palabras y las dos muertes la justicia no pudo establecer conexión alguna. “Hubo una decisión de que no avanzara esta investigación, por eso a Duhalde le transmitimos la condena social por los asesinatos y lo escrachamos en cada uno de los lugares donde se presenta”, dice Federico Orchani, querellante en la causa y miembro del Frente Popular Darío Santillán. “Al poder judicial, la policía y el gobierno le decimos que no vamos a dejar de exigir justicia, se podrán cubrir o encubrir entre ellos y pensarán que son impunes, pero no es así, a pesar de que luego de tanta expectativa digan que no tiene nada”, advierte Alberto Santillán.

 

 

LA CAUSA POLICIAL: DOS CONDENAS SIN CONFIRMAR

Un día antes que terminara 2011, la Cámara de Casación bonaerense confirmó las condenas a prisión perpetua de los ex policías Alfredo Fanchiotti y Alejandro Acosta por el asesinato de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán. En el mismo fallo, para el cual los camaristas se tomaron casi años, determinaron que ninguno de los otros cinco policías que recibieron diversas condenas en el juicio que culminó en 2006 iría preso. Más aún, los jueces de la sala I del tribunal absolvieron al jefe de Fanchiotti, el ex titular de la departamental de Lomas de Zamora, Félix Osvaldo Vega, que tras el proceso oral y público había sido condenado a 4 años de prisión por encubrimiento. Es el policía que le dijo al ex diputado Luis Zamora, “tenemos experiencia, usted sabe perfectamente que se mataron entre ellos”. Los camaristas Horacio Piombo y Benjamín Sal Llargués sobreseyeron por prescripción a Celestino Robledo, que había sido condenado por usurpación de títulos y honores. Es un policía dado de baja que apareció aquel 26 de junio persiguiendo gente palo en mano. Otro beneficiado fue el oficial Mario de la Fuente, ex jefe de calle de la comisaría 1ra. de Avellaneda que llegó a estar prófugo, a quien le redujeron la pena de 4 a 3 años de cumplimiento condicional. Las apelaciones de la querella y de la defensa están ahora a estudio de la Corte Suprema de la provincia de Buenos Aires. Los familiares y compañeros de Kosteki y Santillán plantearán que uno de sus integrantes, Luis Genoud, debe excusarse de intervenir porque al momento de la masacre era ministro de Justicia provincial.

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