La fiscal Ávila no acusa, defiende a Gendarmería

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A la espera de los resultados de la autopsia de Santiago Maldonado, que podría derivar en un cambio en la carátula del caso, el juez federal Gustavo Lleral advirtió que “saber la causa de su muerte va a llevar un tiempo”. Lo dijo en referencia a las filtraciones sobre el informe preliminar, y a las conjeturas que éstas propician, por lo cual agregó que “se habla tanto y muchas veces sin saber”. Por otra parte, el magistrado respondió sobre la convocatoria a declarar del denominado testigo “E”. Como si los dichos de este joven mapuche identificado así en los documentos probatorios de la CIDH fuera el único capaz de esclarecer el caso, y luego de meses de no investigar el rol de la Gendarmería y de haber desacreditado las voces de los mapuches, la fiscal federal Silvina Ávila pidió al juez que lo identifique y lo cite. “Verificaremos luego si se trata del testigo del que todo el mundo habla”, dijo el magistrado con cautela.

En la resolución donde hizo este pedido, Ávila volvió a falsear y tergiversar documentos oficiales. Así como faltó a la verdad respecto de las prendas de Santiago en aquel informe que elevó al gobierno para que los funcionarios de Cambiemos respondan ante la ONU y la OEA –y que ocultó a la procuradora Alejandra Gils Carbó–, ahora sostuvo que la medida cautelar que dictó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para intimar al estado argentino a dar con Santiago Maldonado se basó exclusivamente en ese testimonio de identidad reservada (E), que paradójicamente no existía como tal en el momento en que ese organismo se pronunció. El corpus probatorio que motivó la cautelar emitida por la CIDH el 22 de agosto es un extenso informe que describió el accionar del Estado, negando la responsabilidad de Gendarmería y poniendo en duda que Maldonado haya estado en el lugar de los hechos.

El testimonio de E fue recogido por los abogados peticionantes entre el 11 y el 15 de septiembre como prueba de las violaciones a los derechos humanos que comenzaron con la represión en enero en la comunidad mapuche Pu Lof en Resistencia de Cushamen, y es quien afirmó que escapaban juntos de los balazos de los gendarmes cuando ingresaron al río Chubut, que Santiago no pudo cruzar y volvió a la orilla donde fue apresado por gendarmes. Lucas habría sido el último de los compañeros de Maldonado en verlo con vida, pero podría no ser la única persona que podría dar testimonio de ese momento, porque los gendarmes que lo rodeaban en ese momento nunca fueron interrogados al respecto.

Dijo Ávila que “la querella de la APDH (Córdoba) presentó ante la CIDH otros testigos, entre ellos el famoso E de nombre Lucas, dichas presentaciones dieron como resultado la resolución 32/17 y el trámite actual de una nueva medida cautelar”. Sin embargo, esa resolución tiene fecha del 22 de agosto, cuando ese testimonio fue recogido un mes después, y presentado el 22 de septiembre para pedir al gobierno una sanción por el incumplimiento de la medida cautelar. “E no es el fundamento, esa cautelar otorgada fue otorgada antes por el cúmulo de otros testimonios y pruebas, fotografías y videos aportados, Ávila ni siquiera toma en cuenta los hechos cronológicos, se maneja con absoluta impunidad”, dijo a Página12 una fuente del caso.

La fiscal fue aún más allá al pedir al juez Lleral que intime a los letrados de la APDH (Córdoba), en su caso Carlos González Quintana, y el otro peticionante, Fernando Cabaleiro, de Naturaleza de Derechos, porque al no hacer constar los datos filiatorios del testigo podrían haber violado una ley algo vetusta referida a las denuncias ante organismos internacionales. “Es un ataque infantil, sin leer las presentaciones, y nos amenaza en base a una ley de 1951, que penaliza a todo aquel que haga denuncias ante organismos internacionales, ni existía la Comisión de Derechos Humanos de la OEA, aquel que propiciare denuncias en el exterior contra el Estado argentino será pasible de una pena de inhabilitación de cinco a 25 años”.

La fiscal federal subrogante de Esquel insistió en que “en una acción de esta envergadura las partes querellantes habrán tomado los mínimos recaudos para registrar, al menos internamente, los datos filiatorios de quienes testimoniaron”. Al leer este párrafo la querella aludida recordó que la representante del Ministerio Público no tuvo un sólo recaudo respecto de todas las pruebas “que nunca recogió, como las postas de plomo del lugar de los hechos, y las medidas de prueba que nunca realizó como los allanamientos a las casas de los gendarmes y a la estancia de Benetton; además de dejar vencer los plazos para apelar el rechazo a las medidas solicitadas por ella misma, entre ellas el cruce de llamadas entre el jefe de Gabinete Pablo Noceti y los jefes del operativo de Gendarmería”.

En su momento, los peticionante ante la CIDH elevaron cuatro testimonios, dos de ellos ya habían declarado en la causa, Matías Santana y Soraya Maicoño, pero como los otros dos habían pedido reserva de identidad simplificaron colocando a cada uno una letra. Así el tercer testimonio sí se concretó en sede judicial, fue el de Ailinco Pilquiman, la joven que junto a su mamá llevó a Maldonado a la Lof el 31 de julio. En tanto E estuvo citado pero el ex juez del caso, Guido Otranto, levantó sucesivas veces la audiencia. Hasta que luego del allanamiento del 18 de septiembre, en el cual los testigos del caso fueron torturados durante doce horas, el joven volvió a sentir temor por su integridad física. Tanto Santana como Ariel Garzí. amigo de Santiago, sufrieron hostigamiento y campañas mediáticas que los desacreditaron luego de dar testimonio. A tal punto que la ministra Bullrich nombró públicamente a Garzí, quien había pedido protección y reserva de su identidad.

Ahora, en una nueva embestida contra los testigos, y mientras los gendarmes sospechados ya se disponen a mudarse a otras provincias, un matutino reveló que el testigo Lucas pertenece a la familia de otras dos testigos. Luego de haberlo calumniado al publicar que se desdijo para cobrar la recompensa de dos millones que ofrece el Estado a quien aporte información, lo cual fue desmentido por el propio juez Lleral, ahora ese medio difundió incluso a qué escuela concurría.

Esto sucede a pocos días de que la fiscal subrogante lograra separar de la causa a la Procuración de Violencia Institucional (Procuvin), a cargo del fiscal Félix Crous, que había tenido un papel destacado desde el primer día de la investigación. Ávila mantiene informado en forma directa al gobierno de cada detalle del caso, al mismo tiempo que negaba datos a los fiscales de la Procuvin. Durante estos meses, se negó a intervenir los teléfonos de los jefes de Gendarmería que la Procuvin consideraba esencial a los efectos de determinar si había una desaparición forzada en curso, y todas las medidas solicitadas por estos fiscales especiales eran acercadas con demora al juez de la causa. Tampoco accedió a allanar la estancia de Benetton como así las casa de los gendarmes sospechados, ni apeló el rechazo del juez Otranto al cruce de llamadas entre Noceti y los altos mandos de Gendarmería. Como si todo esto no fuera suficiente, mantiene un especial encono contra la abogada de la familia Maldonado, algo que la Procuvin intentó eliminar, sin éxito.

“Se comporta como si fuera abogada de Gendarmería”, dijo Verónica Heredia, letrada de la familia de Santiago, el 14 de septiembre en la puerta del Juzgado Federal de Esquel cuando salía de pedir los apartamientos de juez y fiscal en la causa.

Este dato y toda la peligrosidad que implica el rol de Ávila en el caso Maldonado fue descripto en detalle por el colega Daniel Satur en esta nota de La Izquierda Diario

La peligrosa permanencia de la fiscal

Por otra parte, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos  (APDH) solicitó que la fiscal federal Silvina Ávila sea apartada de la causa que investiga la muerte de Santiago Maldonado por entender que existe un conflicto de intereses que impiden avanzar en el esclarecimiento de las causales y el contexto de su muerte. El organismo de derechos humanos objetó que Ávila es la fiscal en la causa que dio origen al despliegue represivo de Gendarmería en el Pu Lof Resistencia Cushamen, que comenzó el 31 de julio para desalojar de la ruta 40 a los miembros de esa comunidad que protestaban por la detención de sus compañeros en Bariloche y la prisión de su lonko, Facundo Jones Huala.

Esa causa está caratulada NN s/entorpecimiento de servicios públicos, por la violación del artículo 194 del Código Penal, y al mismo tiempo interviene en el proceso que investiga investiga la desaparición y muerte de Santiago Maldonado. “En la del corte de ruta acusa a la comunidad y de alguna manera defendiendo a Gendarmería, mientras que en el expediente sería a la inversa, se trata de un conflicto de intereses, no ponemos en duda cómo llevó adelante la causa, y lo hacemos ahora porque para ampliar las pruebas hacen falta más indagatorias que ella no estaría en condiciones de propiciar”, dijo a Página12 Gisela Cardozo, de la APDH Nacional.

De hecho, mientras que en una de esas causas Ávila persigue a los miembros de la comunidad mapuche y robustece las actuaciones de la Gendarmería Nacional como parte interesada, en la otra, investiga a Gendarmería así como la legalidad del despliegue de los órganos coercitivos del Estado. “La APDH entiende que esta situación pone en dudas el control jurisdiccional imparcial de dichos actos, es decir,  brindar confianza de control judicial hacia otros órganos del Estado, lo que ha sido hasta ahora un factor importante de la falta de avances en la investigación”, indicó sobre la recusación que ahora deberá definir el juez federal Gustavo Lleral.

 

foto fiscales.gob

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