Manual sobre la ingeniería del espionaje y la criminalización de la protesta

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En esta entrevista la abogada Myriam Bregman –impulsora de la denuncia inicial de la causa conocida como Proyecto X— aborda los interrogantesque despierta el descubrimiento de que, una vez más, una de las fuerzas de seguridad hizo inteligencia interior sobre militantes y organizaciones sociales de un amplio espectro ideológico, una actividad que está prohibida por las leyes vigentes. En especial, explica que en el 95 por ciento de los casos los gendarmes actuaron sin orden judicial alguna. Y que si hubiesen existido tales directivas también serían ilegales. “La red nacional de espionaje y monitoreo montada por la Gendarmería responde a disposiciones internas, y su objetivo es el armado de causas penales”, afirmó la letrada.

El documento que ilustra esta nota enumera las “principales organizaciones que originaron las expresiones sociales monitoreadas por la fuerza”, según detallaron los gendarmes en el extenso listado que figura en el expediente. Son más de mil, de casi todas las provincias, y están desde los docentes universitarios de la Conadu hasta los taxistas autoconvocados de Tucumán. El listado completo se publica en otra nota de esta sección

http://www.adrianameyer.com.ar/index.php/item/95-m%C3%A1s-pruebas-confirman-el-espionaje-de-gendarmer%C3%ADa-proyecto-x

–¿Cómo detectaron el espionaje y la infiltración de la Gendarmería en sus organizaciones?

 

–A partir del inicio de varias causas penales contra los delegados antiburocráticos de KraftPepsico y otras empresas multinacionales de la zona norte del gran Buenos Aires, notamos que estas causas tenían un denominador común: la Gendarmería Nacional aportaba distintos tipos de pruebas, como informes de inteligencia con caracterización de los conflictos sindicales, la clasificación política de los delegados, las tendencias sindicales dentro de los gremios.

A la vez, fuimos advertidos por los mismos compañeros trabajadores que nos indicaban que la Gendarmería enviaba a agentes sin identificación para que se mezclen entre ellos cuando se manifestaban. Esto lo pudimos constatar gracias a las filmaciones que realizaban los mismos trabajadores y también de las mismas causas iniciadas contra los trabajadores; los gendarmes que fueron citados a declarar para indicar si habían visto a los delegados, mencionaban que es una práctica habitual de ellos entremezclarse de civil para obtener datos y que habían podido constatar algunos de esos datos con una “base de datos” que ellos tenían.

Con esta prueba que ya considerábamos irrefutable, fue que iniciamos, junto a una decena de personalidades y organismos de derechos humanos, la querella presentada el 22 de noviembre de 2011 denunciando que se realizaba inteligencia ilegal y la violación de toda la legislación en la materia.

Tras casi un año se dieron a conocer el resultado de las pericias sobre las computadoras de Campo de Mayo y las del edificio Centinela de la Gendarmería nacional, donde funciona el Proyecto X, y el resultado fue de una gravedad aún mayor que la denunciada. Con la pericia informática se constató que la Gendarmería Nacional “monitorea” permanentemente las actividades de unas 1000 organizaciones, gremiales, políticas, de derechos humanos susceptibles de “Alteración del Orden Público (AOP)”. Usamos la palabra “monitoreo” porque es la utiliza la propia fuerza, y aclaramos que las situaciones de AOP pueden ser desde una huelga de hambre, hasta una huelga o una cualquier forma de manifestación de un reclamo.

–¿Qué es Proyecto X?

–Nosotros pedimos que Gendarmería informe todas las bases de datos con las que cuenta, y el Comandante Héctor Schenone dio cuenta de su existencia en un escrito presentado ante el Juzgado federal N ° 7 a finales de diciembre de 2011. A partir de esa presentación y de las pruebas que teníamos, se ordenó un peritaje sobre el servidor en la que está esa base de datos y sobre el Centro de Reunión de Campo de Mayo. Los resultados dieron que existían alrededor de 500 informes provenientes de distintos puntos del país, sobre las actividades de cuerpos de delegados combativos, organismos de derechos humanos, informes sobre las villas, entre otros, (facsímil)

Con ese nombre tan llamativo, “Proyecto X” pasó a ser el nombre popular de toda la causa sobre espionaje, de esta red nacional de infiltración, inteligencia y monitoreo que posee la Gendarmería Nacional sobre el conjunto de los sectores populares, sobre los  trabajadores y en especial sobre las comisiones internas gremiales combativas y de izquierda.

–¿Qué sucedió luego de la denuncia inicial? ¿Con qué objetivo se hizo un back up y quién lo ordenó?

–Entre los datos que arrojaron las pericias presentadas a mediados de febrero de este año, encontramos que un día después de la presentación de la denuncia y que apareciera publicada en Página/12 el mismo 22 de noviembre de 2011, se hizo una copia de seguridad de la información del servidor del Proyecto X. Y posteriormente, en febrero de 2012 cuando trascendió en forma masiva la existencia del Proyecto X, se realizó otro back up. Esto nos llamó la atención, porque, como venimos denunciando, es probable que los back up realizados hayan sido para borrar y ocultar información.

–El gobierno sigue diciendo que los gendarmes actuaron en base a órdenes de la justicia, ustedes sostienen que no es cierto. ¿Hay algo en el expediente que demuestre que actuaron sin instrucciones judiciales?

–Claro, los cientos de informes de todo tipo de movilizaciones, reuniones y actos no pudieron salir de alguna orden judicial.

Según surge de los propios informes de inteligencia, la Gendarmería Nacional cuando tiene que realizar alguna diligencia por orden judicial, deja constancia en el marco de qué expediente judicial se trata. En los documentos encontrados en las computadoras peritadas, en el 95% de los casos, los informes de inteligencia no dejan constancia alguna de que se trate de alguna diligencia judicial.

Pero hay otro tema que debemos dejar claro. Si hubiese existido una orden judicial que exigía, por ejemplo, hacer informes sobre las tendencias políticas dentro de los delegados de Kraft, ello igualmente es absolutamente ilegal. En el país donde la “obediencia debida” es sinónimo de impunidad, sobran las explicaciones.

En sus pocas declaraciones al respecto, distintos representantes del gobierno tratan de enmarcar ésta actividad ilegal de la Gendarmería en la investigación de procesos penales, para así deslindarse de responsabilidad y cargar la misma sobre la justicia, lo cierto es que con la información que ya contamos en el expediente, la red nacional de espionaje y monitoreo montada por la Gendarmería responde a disposiciones internas. La más completa es una del año 2009, momento en que Aníbal Fernández se encontraba al frente de las fuerzas represivas. A ese motivo creemos que se deben todos los agravios que nos dirigió últimamente el senador Fernández.

 

–¿Por qué la Gendarmería habría tomado la iniciativa de espiar a militantes y organizaciones? ¿Cómo llega el producto del espionaje a los expedientes quecriminalizan la protesta?

–Precisamente ese es unos puntos que se tienen que determinar con la investigación. La extensión en el tiempo, al menos desde el 2004 a principios del 2012, el hecho que abarque las funciones de Fernández y Nilda Garré, la defensa que han hecho de la Gendarmería cuando apareció la denuncia, incluso la propia Presidente de la Nación salió a defender el Proyecto X y a aseverar que habían detenido a un cargamento de drogas con ese proyecto cuando estaba precintado y sin uso en ese momento, son todos elementos que nos hacen pensar que hay una orden política detrás.

Hoy en día, con los informes encontrados y el hecho de que la mayoría de los delegados y activistas sindicales de la zona norte de KraftPepsico, Frigorífico Río Platense se encuentren con causas penales abiertas, se demuestra que uno de los fines concretos de ésta red de espionaje e inteligencia es el armado de éstas causas penales, para condicionar justamente a los luchadores y delegados sindicales cuando salen a la calle para reclamar por aumento de salario, contra los despidos y suspensiones, por el fin del impuesto al salario o por sus derechos.

Recordemos que Hermosilla, delegado de Kraft y militante del PTS, tiene 10 procesos penales, y fue citado 16 veces a indagatoria por la Justicia Federal de San Martín.

La base probatoria de todos los expedientes penales son informes de inteligencia de la Gendarmería Nacional , junto con el testimonio de los mismos gendarmes que admiten lisa y llanamente la infiltración entre los manifestantes.

Es decir, la Gendarmería cuenta con información previa, y cuando la justicia requiere iniciar un proceso penal contra los trabajadores de alguna fábrica, la Gendarmería ya sabe a quien apuntará y empieza a “blanquear” judicialmente la información que ya poseía de antemano.

–Eventualmente, ¿este tipo de prácticas podrían ser ordenadas por la justicia en la investigación de cuáles delitos?

–Si fuesen solicitados por la justicia igualmente sería ilegal. Pero en el 95% de los informes no hay orden judicial.

Gran parte de los casos por los cuales los delegados y activistas gremiales se encuentran procesados, son por manifestaciones que interrumpieron el tránsito, y que junto con la mayoría de los juristas sostienen que de ninguna manera pueden tratarse como delitos penales a las interrupciones de tránsito ya que no se dan los elementos que el propio tipo penal requiere.  Es un artículo del Código Penal que fue introducido por la dictadura de Onganía y que hasta el día de hoy se utiliza como herramienta prioritaria para perseguir luchadores.

 

–¿Cómo funciona el mecanismo de la criminalización de la protesta? ¿Quién impulsa y motoriza las denuncias? ¿Cuál es el rol de las fuerzas de seguridad?

–Existen funcionarios judiciales como el fiscal Paulo Starc, que luego del papelón cometido en el caso Pomar cuando era funcionario de Scioli se dedicó en forma casi exclusiva a perseguir trabajadores combativos de la zona norte del gran Buenos Aires. Esta actividad claramente persecutoria fue avalada por el juez subrogante Mariano Larrea y lo que es peor, completamente respaldado por la Cámara Federal de San Martín, en sus dos salas, también sobre las consideraciones que podamos hacer sobre su ideología ya que es tristemente conocida en el país.

Ellos se basan para el armado de causas y para su posterior justificación y presentación con las formas de un expediente judicial, en los informes que le provee la fuerza favorita del gobierno nacional: la Gendarmería.

En el caso del Poder Judicial de la zona norte del Gran Buenos Aires, nos consta que se proveen de los informes de la Gendarmería con sede en Campo de Mayo, específicamente, de los que provienen del Centro de Reunión de Información.

Pero no podemos dejar de considerar que hay un interés político en sostener la existencia de éstas causas. Con su existencia se pretende tener condicionado justamente a los sectores más combativos del sindicalismo que nosotros llamamos de “base”. Los trabajadores del gremio de la Alimentación procesados y que pronto irán a juicio oral, son opositores a Daer, aliado de la Casa Rosada.

–A partir de la visibilidad que tomó el caso Proyecto X, ¿es posible pensar en un efecto en cadena que tienda a la anulación de los cinco mil procesos abiertos por protesta social?

–Si, nosotros estamos exigiendo la anulación de los procesos. También sabemos de los límites que existe ante la multiplicidad de juzgados que intervienen. Por eso cada año junto a otros organismos de derechos humanos impulsamos proyectos de ley para que se anulen en su conjunto las causas penales contra los trabajadores y luchadores sociales.

Lamentablemente, muchos de los legisladores de la oposición patronal que hoy se muestran escandalizados por el espionaje de la Gendarmería , y tantos otros diputados oficialistas que afirman que no se criminaliza la protesta social, jamás han dado tratamiento al proyecto de anulación de los procesos penales, que ha quedado en manos de unas pocas personas y en forma esporádica.

Claro, qué pueden decir los diputados del PRO por ejemplo cuando el propio jefe de Gobierno de la Ciudad , Mauricio Macri instauró una red igual como una de sus primeras medidas de gobierno,  junto con la implementación de una patota parapolicial llamada UCEP. O los diputados que responden a Binner cuando la provincia de Santa Fe encabeza los índices de gatillo fácil policial y de muerte de militantes en los últimos tiempos. Y el caso de la testigo en causas de lesa humanidad Silvia Suppo en Santa Fe está tan impune como el de Julio López en la provincia de Buenos Aires.

–¿Hasta dónde cree que podrá llegar la justicia?

–Conocemos bien los límites que pone el propio sistema judicial a este tipo de investigaciones que involucran al poder político. Sin ir más lejos, todavía seguimos peleando porque nos entreguen los archivos secretos del espionaje en la dictadura.

Hemos luchado contra el letargo judicial, y fue nuestra actividad la que prácticamente impulsó el expediente para que tuviera algún grado de avance.  Propusimos las pruebas, aportamos todo lo que estuvo a nuestro alcance.

El paso del tiempo conspira contra la producción de pruebas. El allanamiento realizado por el anterior juez de la causa, Norberto Oyarbide en Campo de Mayo, fue hecho 9 meses después de nuestra denuncia, tiempo más que suficiente para que se eliminara todo tipo de pruebas.

Hemos efectuado un primer llamado a indagatorias para que desde ahí se pueda avanzar en las responsabilidades del caso, para abajo en la cadena de mandos, pero fundamentalmente para arriba. Queremos llegar a la cúspide de esto.

–A juzgar por las últimas novedades hay un cambio en la investigación luego del pase a manos del juez Casanello ¿esto es así?

 

–Es muy temprano para aventurar un “cambio en la investigación” desde que Casanello se hizo cargo del Juzgado en octubre del 2012. Fueron solo unos meses donde se dio a conocer una pericia que tardó casi un año en realizarse.

La semana pasada los trabajadores denunciantes, junto a algunas Madres de Plaza de Mayo y organismos de derechos humanos, le solicitaron en una entrevista al Juez Casanello mayor celeridad en la investigación para que se termine con este escandaloso espionaje, y que se empiece a avanzar en las responsabilidad penales y políticas del caso.

Hasta el momento el juzgado no ha resuelto el pedido de indagatoria realizado el 1 de marzo.

Este 24 de marzo será la principal bandera con la que saldremos a las calles junto al Encuentro Memoria Verdad y Justicia. Todos saben lo que significa en la Argentina estar en una lista negra de una fuerza de seguridad.

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