Dos años de Madygraf

Aquella mañana pensaron que todo terminaba, pero en menos de veinticuatro horas tomaron ese destino y lo dieron vuelta. En el portón de ingreso de la planta que la imprenta R.R. Donnelley tenía en Garín apareció un cartelito que anunciaba la quiebra de la empresa, luego de 22 años de actividad. En lugar de marcar el 0800 que les daban cómo única salida, ese lunes 11 de agosto hicieron una asamblea en la que decidieron esperar un día y entrar. El martes 12 la patronal seguía ausente así que pidieron las llaves a los guardias y a las pocas horas reactivaron las rotativas, con el aporte de estudiantes universitarios que desbloquearon las máquinas. No pararon hasta que el primer camión de revistas salió en medio de aplausos. En estos dos años afrontaron todas las dificultades de producir solos, aunque también muchas satisfacciones. Aún pelean por la expropiación y para que el juez comercial no se siga quedando con el 10 por ciento de sus ganancias, pero se organizaron con una activa comisión de mujeres, juegoteca para los pibes y pibas, donaron cuadernos a las escuelas de la zona y tejieron sólidos vínculos con el resto de las empresas de zona norte, en solidaridad con sus conflictos. Los clientes les confesaron que las publicaciones de ahora, desde que se autogestionan, son de mejor calidad que antes. En un país en plena recesión mantienen 200 puestos de trabajo, con un salario que no llega a la canasta familiar pero que les da estabilidad. Y se dieron el lujo de recibir en sus galpones a los Artistas por el FIT, que en marzo dieron un concierto allí. La fórmula presidencial Del Caño-Bregman, apoyada durante la campaña por ese conjunto lírico, venía aportando parte de sus dietas para apuntalar a la cooperativa que bautizaron Madygraf, en homenaje a la hija de uno de los trabajadores. Ahora preparan un festival Rock sin yuta, para el sábado 20, porque “tal como hacen en Zanon” cuando hay recitales en el playón “nos cuidamos solos”. (foto Santiago Cichero)

Marco Pollo es una de las primeras caras que ve el visitante. Es de Mar del Plata, aunque ahora vive en Bella Vista con su compañera, y trabaja en la mesa de entradas de la ex Donnelley.

–¿Qué sienten al mirar atrás y recordar aquella mañana y la decisión de entrar?

–Bueno debo comenzar con un paréntesis. Una semana antes de la toma de la planta sufrí un incendio en mi casa y quede en coma inducido durante algunas semanas. Recibí la noticia de la toma, la fuerza de los compañeros y también la incertidumbre de aquellos días donde todo parecía desmoronarse. No teníamos mas que un puñado de revistas para hacer con un solo cliente, no cobrábamos porque el juez de la quiebra Gerardo Santicchia retenía los cheques. Nuestras compañeras, esposas, familiares y muchos amigos sostenían con mucho esfuerzo un fondo de lucha para bancarnos. Era indignante que dejaran un cartel con un 0800 para comunicarnos que cerraban las puertas y dejaban 400 familias en la calle. La decisión de entrar a la planta se tomo en una asamblea en la puerta también con los miedos sobre lo que iba a pasar, pero con la firmeza de haber aprendido que sin miedo no hay coraje como dijo un trabajador desde el puente grúa en el conflicto de la autopartista Gestamp.

–¿Cómo es la situación hoy a nivel productivo y también humano en la planta?

–Productivamente hemos logrado durante estos dos años sostener 200 puestos de trabajo, y esto solo en medio de un país en recesión, con despidos y recortes de horas, ya es un gran logro. Claro que no sin dificultades, el mercado gráfico también se ha retraído bastante y la competencia con las grandes fábricas de la industria es desigual, por el respaldo en capitales, los beneficios que les da el Estado y las posibilidades de acceder al crédito e insumos importados como papel. De todas formas fuimos creciendo en los títulos y folleterías que imprimimos. Si bien nuestro salario dista mucho de llegar a la canasta familiar, nos ha permitido lograr una relativa estabilidad. Nuestra capacidad en maquinaria es muy buena pero nuestro mayor capital es humano ya que aquí hay trabajadores comprometidos con la producción con muchos años en el oficio. Aquí las decisiones se toman en asamblea, tanto las políticas como las productivas. Estamos aprendiendo a confrontar las ideas y diferencias que surgen evitando dañar la necesaria unidad para mantener nuestra lucha.

–Si bien tienen diferencias con el movimiento de fábricas recuperadas hicieron un frente común para luchar contra el tarifazo, ¿es así?

–El tarifazo para quienes trabajamos en empresas recuperadas nos pega doblemente porque lo sentimos en nuestros hogares y también en la cooperativa. Fijate que pagábamos 50 mil pesos de luz antes del aumento y después se fue a mas de 270 mil, que son 1000 pesos menos para cada trabajador que además sufrimos el tarifazo en las casas. De todas formas nosotros nos movilizamos rápidamente junto a trabajadores de otras recuperadas y finalmente  el fallo judicial suspendió los aumentos. En cuanto a las fábricas recuperadas creo que la mayoría surgieron con la crisis del 2001 y demostraron que se puede producir sin patrones, pero también es verdad que el mercado es despiadado y te impone un mecanismo perverso de autoexplotación. El debate con los movimientos de recuperadas es que nosotros sostenemos que el Estado debe hacerse cargo expropiando sin pago las empresas recuperadas para estatizarlas dejando el control de la producción en manos de los propios trabajadores. Este debate sin embargo no impide que podamos trabajar en común como fue el caso de la lucha contra los tarifazos. En ese sentido creemos importante poner en la agenda nacional la necesidad de que el Estado otorgue trabajo en forma privilegiada a estas empresas. Nosotros por ejemplo tenemos la capacidad de producir libros, manuales, cuadernos y todo lo necesario para la educación de la población. El Estado consume mas del 70 por ciento del papel impreso en el país, es una decisión política distribuir esa producción entre las mas de 30 cooperativas gráficas.

–¿Cómo piensan reflotar el proyecto de expropiación?

–El proyecto de expropiación ya fue presentado nuevamente en comisiones por los diputados del FIT y a ellos les agradecemos esto y el haber colaborado con el fondo de lucha como hicieron Nicolás Del Caño y Christian Castillo donando parte de sus dietas parlamentarias, lo mismo que Myriam Bregman presentando el proyecto en la lucha contra el tarifazo. Nuevamente tiene que ver con una decisión política ya que el proyecto anterior fue votado por unanimidad en la Cámara de Diputados provincial pero el Senado se negó a tratarlo durante mas de un año y terminó perdiendo el estado parlamentario obligándonos a empezar de nuevo. Pero aún si lográramos una votación favorable es probable que después (la gobernadora María Eugenia) Vidal termine vetándola como viene sucediendo con varias expropiaciones en la provincia. Esto es muy antidemocrático ya que una persona decide por sobre cientos de diputados y senadores con la excusa de que el Estado provincial no tiene dinero para realizar las expropiaciones. Nos parece injusto que se pretenda indemnizar a gente que vació las empresas y las llevó a la quiebra, o como en nuestro caso inventó quiebras que son un verdadero fraude. El “sinceramiento” del que habla el gobierno se trata de sacarle a los que menos tienen para acrecentar las ganancias de los poderosos, desde que asumieron les entregaron las retenciones al campo y la industria con decretos y de la misma forma impusieron el aumento de tarifas.

–¿Lograron establecer lazos con la sociedad y con otras agrupaciones?

–Desde el primer momento supimos que para resistir teníamos que rodearnos de la solidaridad de la población. En 2015 imprimimos 20 mil cuadernos que repartimos en colegios de la zona donde alumnos, docentes y directivos nos recibieron con gran entusiasmo. Los trabajadores de esta planta siempre hemos sido solidarios con los trabajadores de otras empresas y la población. De aquí salió una gran caravana de autos a llevar colchones, ropa y alimentos al barrio Las Tunas en las inundaciones del 2014. Nosotros paramos para pedir por la absolución de los petroleros de Las Heras injustamente condenados a cadena perpetua. Cuando la multinacional Donnelley empezó a preparar los despidos nos hermanamos a la lucha de los trabajadores de Lear y juntos dijimos “familias en la calle nunca más”. Creo que todo eso de alguna manera vuelve en el apoyo que nos dan las distintas organizaciones y la comunidad en general.

–¿Su referencia es la experiencia de Zanon, en Neuquén?

–De alguna manera existen similitudes. Tanto ellos como nosotros defendimos los puestos de trabajo. No buscamos esta situación pero respondimos de la única forma que debíamos si queríamos mantener la fuente de trabajo. La otra era llamar al 0800, esperar la indemnización en cuotas y engrosar las filas de desempleados. Los compañeros de Zanon, que se acercaron a traernos su apoyo y toda su experiencia, cuando tuvieron necesidades productivas incorporaron a decenas de desocupados que habían rodeado la fábrica ante los intentos de desalojo. En nuestro caso incorporamos a nuestras esposas y familiares que lucharon codo a codo con nosotros, que no solo trabajan sino que robandole horas al sueño pusieron en pie una juegoteca para que nuestros hijos puedan tener un lugar agradable mientras trabajamos. Ellas son una gran orgullo en esta lucha. Volviendo a la ex Zanon hoy Fa.Sin.Pat ellos donaron cerámicos a hospitales y escuelas, nosotros donamos cuadernos pero en ambos casos mostramos que las fábricas deben ser del pueblo.

–¿Qué preparan para este segundo aniversario?

–Estamos cumpliendo dos años y hemos decidido mostrar este esfuerzo y el camino recorrido a la sociedad, levantar nuestros reclamos por la expropiación y por trabajo. Lo haremos con una gran campaña de difusión que culminará en una gran jornada el sábado 20 de agosto en la planta. Ese día tocaran Resistencia, Todopoderoso, Popular Marcial,  La chicharra, Roca de humo, La Delta Smokin trans band, Los reyes de la costa, y Monoblock. Habrá actividades desde las 11 de la mañana para niños con teatro y juegos, un bufete económico, exposiciones artísticas y proyecciones de nuestra lucha, Vamos a mostrar el gran apoyo que tiene nuestra justa causa con miles de jóvenes en un recital en el que, al igual que en los que realizan los trabajadores de Zanon, nos cuidaremos nosotros mismos y por eso lo denominamos Rock sin yuta.

Esa mujer, las mismas luchas

Carlos Pedro Blaquier y su Ingenio Ledesma son sinónimo de dictadura y desaparecidos. El recuerdo de la mujer que se hizo bandera de lucha, cuando cambian los que gobiernan pero no los que mandan.

 

Hace cuarenta años te secuestraban y desaparecías. Hoy te contaminan y te gatillan fácil. Libertador General San Martín es el botón de muestra perfecto, condensado, donde el poder económico es dueño de la vida y la muerte de su población, con la casta política y administrativa de turno y las fuerzas represivas a su servicio.

 

Salvo por excepcionales momentos, la impunidad siempre estuvo de su lado. Hasta su identidad se robó la familia Blaquier, dueña del ingenio azucarero y un emporio de empresas afines como la del papel, porque Libertador es llamado Pueblo Ledesma, y donde estos patrones son una presencia ominosa que impone miedo de hablar, de hacer y mucho más de protestar.

 

Ella lo padeció, lo enfrentó y lo denunció hasta su último aliento. Olga Márquez de Arédez era odontóloga y enseñaba historia, su marido Luis ejercía como pediatra hasta que entró como médico en el poderoso ingenio Ledesma. Ahí empezaron sus problemas, cuando el capataz lo cuestionaba por recetar “remedios caros” a la peonada. Había llegado a Libertador en la década del 50 para intentar paliar la altísima mortalidad infantil de los zafreros. Fue electo intendente del pueblo y tuvo otra osadía: pretender cobrarle impuestos a Blaquier, en tiempos de la “primavera camporista”. Luis Arédez fue secuestrado el 24 de marzo de 1976 y estuvo detenido un año hasta que lo liberaron. En mayo de 1977 desapareció por segunda vez, ya para no volver.

 

Olga, su compañera de vida, vio claramente el logotipo de Ledesma en la puerta de la camioneta donde se lo llevaron. Desde entonces, se organizó con las demás esposas de obreros desaparecidos, varios de ellos delegados del sindicato azucarero, y coordinó denuncias con los familiares de Jujuy, Salta y Tucumán cuando aún no había llegado la democracia.

 

Conoció a Adela Gard de Antokoletz y comenzó a dar vueltas a la plaza con un pañuelo blanco sobre su cabeza, con las Madres, exigiendo la aparición con vida de sus maridos e hijos. Los últimos años marchó sola en Pueblo Ledesma y así la retrató el documentalSol de Noche, de Eduardo Aliverti, Pablo Milstein y Norberto Ludin.

 

“Al morir Sixta, mi última compañera, entré en la disyuntiva bravísima de caminar sola o irme a mi casa. Cuando éramos muchas, después de caminar nos sentábamos debajo de un árbol. Ahí, juntas, hacíamos nuestra terapia de grupo, que recién ahora sé que era terapia”, decía Olga.

 

Sin importarle que la pensaran loca y activista, ella señalaba a los genocidas con su marcha silenciosa. Ante sus ocasionales visitantes solía pasar un dedo sobre la chapa de cualquier automóvil para mostrar “esa pasta negra y pegajosa que se va a nuestros pulmones y nos mata de a poco”. Aunque la empresa lo niega, y los médicos locales no lo diagnostican, el desecho de la caña de azúcar que Ledesma acumula en montañas a cielo abierto, a diez cuadras de la plaza principal del pueblo, flota en el aire.

 

Los encargados de relaciones públicas del emporio Blaquier repiten que “al segundo día uno se acostumbra” a ese olor penetrante a vómito que impacta al respirar. Es el bagazo, el residuo del tallo de la caña que queda después de que se le ha exprimido el jugo. Fresco tiene usos que van desde combustible hasta abono, pero seco puede producir bagazosis, una enfermedad provocada por la inhalación de ese polvo.

 

“Acá la gente se muere a los sesenta, de golpe, se caen en medio de la calle, y los corticoides corren como aspirinas”, dijo a esta cronista hace algunos años un exempleado del ingenio. En nombre de todos los que callaban por ese temor reverencial al patrón, del que depende todo el pueblo directa o indirectamente, Olga presentó un recurso de amparo para obligar a la empresa a detener esta contaminación. Cuando salió el fallo a su favor, ya había fallecido, en marzo de 2005. Pero también esa pulseada la ganó Blaquier porque finalmente la Corte Suprema declaró inadmisible el planteo.

 

Esa mujer murió de un cáncer de pulmón, probablemente inducido por la bagazosis, aunque según las autoridades sanitarias jujeñas “no hay registros” de casos de esa enfermedad en la zona. A esto los abogados que la representaron contestaban que “no es lo mismo la falta de registro que la inexistencia de la enfermedad”, y que el Ministerio de Salud de la Nación informó que la bagazosis sí puede producir cáncer. Ella los últimos jueves marchaba con barbijo.

Cuenta Eduardo Rueda, sobreviviente de la dictadura: “Olga se sumó a la lucha de sus antepasados, era descendiente de wichis por parte de madre, acá en Calilegua la historia no comenzó en los 70, mucho antes los hermanos guaraníes resistieron a las corporaciones de la época, pelearon semanas hasta que los derrotaron. Cuenta la leyenda que nuestro cacique Calilegua trepó hasta la cima del cerro y cuando estaban por atraparlo se tiró como símbolo de que no quería ser esclavo. No estamos solos en la lucha, lo importante es sumar”.

Serena pero firme, Olga decía que la única solución para que no haya villas a medio kilómetro de la empresa más grande de América Latina era la expropiación. En los años 90 fueron 1.200 los trabajadores del ingenio que quedaron desocupados, y así nacieron las villas del pueblo.

Durmiendo con el enemigo

La marcha por las víctimas de los Apagones del Terror, cuando en julio de 1976 cortaron el suministro eléctrico para secuestrar y desaparecer a obreros y activistas en Libertador, Calilegua y El Talar, era organizada cada año por Olga y las organizaciones de derechos humanos.

La de 2005 fue especialmente concurrida, y en plena democracia Blaquier se dio el lujo de conseguir informes de inteligencia de todos los que marchamos esa jornada, mientras se cantaba “Ledesma, cagones, ustedes contaminan y secuestran en furgones”.

Aquella movilización culminó con el emotivo entierro de las cenizas de Olga en la plaza donde había dado vueltas en ronda, debajo de una Santa Rita como la que tenía en su casa, a la que cuidaba de la “pasta pegajosa” del bagazo. Esa tarde dos mujeres indígenas, mineras, la despidieron con coplas.

Adriana Arédez, una de sus hijas, dijo: “Te acuso empresa Ledesma por la desaparición de mi padre y por los desaparecidos de Libertador General San Martín, porque pusiste las camionetas donde se los llevaron, te acuso por los treinta mil desaparecidos de todo el país porque pusiste plata para el golpe, y te acuso por la muerte de mi madre porque envenenaste el aire con prácticas irresponsables de explotación”.

La aristocrática familia Blaquier dice sin pudor que “alguna vez en este país va a ser bien visto tener éxito y dinero”. Será acaso porque lo poco que rompe la impunidad de la que gozan desde siempre son los escraches, como el que le realizaron a Nelly Arrieta de Blaquier, que sigue ocupando el filantrópico cargo de presidenta de la Asociación de Amigos del Museo de Bellas Artes.

Ellos, que construyeron su residencia como si fuera la Casa de Gobierno, y la llaman “la Rosadita”, pagan el peor salario del sector azucarero. A los trabajadores temporarios, los zafreros descendientes de los pocos indígenas sobrevivientes, los mantienen en condiciones de una explotación laboral que ronda la esclavitud, con jornadas de hasta 14 horas y cuando se enferman los despiden. En algunos casos se dan cuenta que no les hicieron los aportes jubilatorios durante 30 años, en otros quedan sin trabajo antes de la edad jubilatoria y por lo tanto se van sin nada.

La tercerización y la precarización predominan en la zafra, y el sindicato presentó sucesivas denuncias por incumplimientos de higiene y seguridad e irregularidades en los vehículos que utilizan. En las viviendas que usan en los lotes durante la cosecha detectaron falta de baños, toldos en lugar de techos, y riesgo de contaminación en un sector ubicado cerca de los piletones donde descargan desechos tóxicos de la fábrica de papel.

La crisis habitacional es otro denominador común, porque a medida que el imperio de los Blaquier fue ampliando sus negocios ocupó casi todas las tierras disponibles en Libertador.

El “Triángulo” son 15 hectáreas pegadas al ingenio, de las poquísimas que quedaron sin plantaciones de caña. En julio de 2011 un grupo de familias, cansado de las promesas del gobierno de que allí se construirían viviendas, las ocupó con el apoyo de la Corriente Clasista Combativa (CCC). A la semana fueron desalojados en forma violenta y hubo cuatro muertos. Las 700 familias lograron la expropiación pero no se construyeron viviendas, y la causa por la matanza sigue impune.

A fuerza de prepotencia, los ingenios azucareros, y Ledesma no es la excepción, impusieron el disciplinamiento de sus obreros apelando a variados recursos. Uno de ellos es la leyenda de El Familiar, un “espíritu” devorador que da poder y dinero a su poseedor a cambio de vidas humanas. “Hay que alimentarlo con sangre de los trabajadores para que la cosecha sea buena”, dicen. Su existencia fue (¿es?) tomada como real por una parte de la población de las plantaciones de azúcar en esa región, y en esta creencia se consuma la coacción de los dueños de los ingenios hacia sus peones, del mismo modo que “justifica” las desapariciones ocurridas durante la dictadura.

Los que mandan y los que gobiernan

Los cómplices civiles de la dictadura son parte del gobierno provincial y nacional, y el gobernador radical Gerardo Morales en particular pretende imponerse con una administración estilo feudal, avasallando las básicas garantías constitucionales luego de armar una justicia adicta en tiempo récord con amigos, parientes y correligionarios: llevó el número de integrantes del Superior Tribunal de cinco a nueve y designó a dos diputados radicales que acababan de votar la ampliación y a un tercero que también fue legislador de la UCR. Además, la hermana del vicegobernador fue designada en la Defensoría General.

Sin embargo, los Blaquier siempre gozaron de los favores de los sucesivos gobiernos, sin importar su color político, tanto si contaban con la legitimidad de los votos o fueron impuestos por un golpe de Estado. Durante su gestión, el exgobernador Eduardo Fellner tuvo en su gabinete a un integrante del estudio jurídico de los Blaquier.

El temor reverencial que lograron imponer en pueblo Ledesma tuvo el aporte esencial de la Iglesia, donde el cura párroco les decía a las madres de los desaparecidos “ustedes les han dado tanta libertad que se han vuelto comunistas, ¿qué esperan de un hijo comunista?”, como relata el film Sol de Noche.

La impunidad tuvo y tiene diversas caras, desde la instalación de una garita de la Gendarmería en medio de la planta (¿les suena el quincho de los represores en la Ford?), y el reconocimiento del excapataz de Ledesma de que “coimeaban a todos”, hasta las actuales recorridas de los patrulleros por el pueblo con policías y vigilantes privados del ingenio hostigando juntos a pibes que salen del colegio. “Las madres de chicos que aparecen muertos nos dicen que en la comisaría no les toman la denuncia”, cuentan en el Centro de Acción Popular Olga Márquez de Arédez (Capoma), que funciona en la casa donde vivían los Arédez en el pueblo.

Desde esa organización creada para continuar la lucha de Olga, también denuncian que Ledesma sólo pone los filtros en las chimeneas en julio, cuando viene gente de afuera para la marcha por los Apagones. “Tengo la esperanza de no irme de este mundo sin que algún gobierno le exija a la empresa que ponga filtros y que saquen las montañas de desechos de bagazo que enferma a la gente, alguien tiene que tomar la decisión, que estos señores feudales paguen sus impuestos”, decía Olga antes de morir sobre la evasión tributaria y la polución que perpetraron los Blaquier durante décadas.

En el colmo del cinismo, el entonces senador radical Morales a pocos días de la muerte de esa mujer pedía que Márquez de Arédez fuera declarada ciudadana ilustre en homenaje a su lucha. Ahora que gobierna la provincia, reprime a los obreros de Ledesma, y se ensaña con la organización que vertebró el reclamo de los pueblos originarios ¿dónde quedaron las buenas y oportunistas intenciones que expresó en aquel pedido, contador Morales?

Hoy como ayer

Carlos Pedro Blaquier, presidente de Ledesma S.A.A.I. y actualmente con falta de mérito en la causa que lo investiga por delitos de lesa humanidad, decía en enero de 2001 en La Nación: “Es comprensible, no justificable, que por las características de la naturaleza humana los menos dotados se consideren injustamente tratados e intenten sustituir a los mejores dotados, esto es lo que con toda razón se ha llamado la envidia igualitaria”.

Previsible argumentación del déspota patrón que apela a cualquier fin para mantener la dependencia. Pero a pesar de la desazón que sobrevino a la provisoria exculpación judicial de Blaquier, allá en Libertador no todos se han doblegado.

La agrupación Tupac Amaru estimó en 10 mil los manifestantes que participaron el jueves de la marcha por los cuarenta años de los Apagones del Terror, que esta vez no culminó su recorrido, desde Calilegua a Libertador General San Martín, en la plaza del pueblo como sucedía tradicionalmente sino en el piquete donde los obreros azucareros estaban protestando.

El 14 habían sido ferozmente reprimidos con balas de goma luego de haber votado un paro por tiempo indeterminado en reclamo de aumento de salario. En la cabecera de la movilización, suele mezclarse el reclamo histórico de las víctimas del genocidio con las demandas coyunturales. Así, esta vez se vieron carteles como el que rezaba “Justicia para Rosita Aliaga, Ni una menos”. Las actividades incluyen cada año un homenaje a Jorge Weisz, un militante de Vanguardia Comunista que organizó el clasismo en el ingenio Ledesma.

Publicada en La Izquierda Diario, domingo 24 de julio de 2016

nota original

El asesino de El Oso volvió al barrio

El coordinador del comedor Los Pibes, Angel “Lito” Borello, denunció el temor que viven en La Boca desde que se instaló Juan Carlos Duarte, el asesino de Cisneros en 2004.

De todos los lugares posibles para ir a vivir, el asesino de Martín “El Oso” Cisneros eligió mudarse de la cárcel a media cuadra del lugar donde mató a ese reconocido dirigente social de La Boca. Los vecinos pusieron carteles por todo el barrio a modo de escrache, para alertar que Juan Carlos Duarte, alias “Colchón”, está libre y circulando a pocos metros del paseo de economía social que lleva el nombre del militante popular asesinado el 25 de junio de 2004. “Golpear a dirigentes y militantes pareciera ser el signo de la época, estamos alertas porque no creemos que sea una casualidad, imaginar que vino acá porque no tenía otro lugar sería ingenuo”, dijo el coordinador del comedor Los Pibes, Angel “Lito” Borello. Cisneros murió por varios disparos que efectuó a quemarropa Duarte, un delincuente protegido por la policía, y el crimen derivó en una protesta ante la comisaría 24, que fue tomada por compañeros y vecinos de la víctima, uno de los episodios más difíciles del primer tramo de la gestión de Néstor Kirchner.

 

“Es fundamental denunciar esto y que no pase como hace doce años, cuando seis meses antes de la muerte del Oso se inició un sumario interno por amenazas y una causa por el robo de documentación del comedor”, apuntó el dirigente en diálogo con Página/12. De hecho, en aquel momento Duarte se fue de La Boca pero al poco tiempo regresó armado y dijo “volví para quedarme”.

 

Borello, quien había encabezado aquella toma de la comisaría, explicó que hay una “gran preocupación en el barrio porque está a 50 metros del mercado social que levantamos en estos 20 años de trabajo, es una provocación para nuestra organización en medio de este tiempo extraño y confuso que estamos viviendo”. Duarte fue condenado a 18 años por el crimen de Cisneros, y estaría libre en forma condicional. “No tenemos certezas sobre por qué salió de la cárcel porque no somos querellantes en la causa, aunque seguro que no fue por buena conducta”, indicó el dirigente. En una recorrida por el barrio pueden verse los afiches que alertan sobre la presencia de un “asesino suelto”, y el señalado Duarte seguiría “en la pesada, con fierros y falopa”, según comentan. “Es una acción provocadora que puede terminar en un hecho de violencia como el que ya protagonizó, algunos nos creen que viene a generar precisamente eso”, destacó Borello.

 

Duarte estaría alojado en lo que llaman “edificio Zanchetti”, donde se producía ropa de trabajo pero que terminó ocupado por unas veinte familias. “Ellos no tienen nada que ver, ésa no era su vivienda (por Duarte), pero el hecho es que está a 200 metros de donde mató al Oso, a menos de 50 de donde funciona el mercado todos los sábados, donde vendemos mercadería de la economía popular, y a 100 metros de un edificio de 33 familias creado por cooperativa de autogestión”, describió el coordinador de la organización social y política Los Pibes.

 

“Es un hecho grave que conmociona a todo el barrio, porque Duarte tiene una causa por violación en el puente Nicolás Avellaneda, y porque aún es reciente la agresión en el zonal 4 donde fueron atacados dos militantes sociales con un cuchillo, algo que no fue esclarecido. Es imposible no conjeturar que hay un hilo conductor”, agregó. Borello teme que Duarte pueda agredir a las familias de su organización, o que vuelva a actuar con el amparo que parece siguir teniendo.

 

“Estará en libertad condicional, no creemos que sea ilegal su liberación pero sin duda le han creado las condiciones y lo llamativo es que se haya venido a instalar tan cerca de donde asesinó a Martín, vamos a tomar contacto con la justicia porque él tiene derecho a su libertad pero nosotros tenemos derecho a estar en calma y no con miedo de que nos vengan a provocar”, enfatizó el dirigente.

 

A criterio de Borello, el regreso de Duarte es parte de un contexto de eventos: el ataque en mayo a cuchillazos a un integrante de la agrupación Boca es Pueblo, un incidente reciente en un restorán de la zona que sería un caso de gatillo fácil, el encarcelamiento de dirigentes populares como Milagro Sala y el ataque a tiros frente al local de Nuevo Encuentro. En reconocimiento a los vecinos y las “organizaciones amigas” que nos avisaron y se solidarizaron con el comedor Los Pibes, organizaron para el feriado del 9 de julio un “fogón y desayuno patriótico” con una radio abierta a cargo de FM Riachuelo, como una forma de “resistir y luchar” contra “este tipo de provocaciones”. En ese sentido, Borello concluyó que “esto no tendría que haber sucedido, no puede estar acá el autor de un asesinato que fue un mensaje mafioso y político contra las organizaciones populares”.

“No quería un muerto en Avellaneda”

f8091000de3f026d209837e21bc2e700_XL[1]“Los gobiernos de Duhalde y Solá están vinculados con este caso, no tengo dudas que hubo un acuerdo, no digo para provocar asesinatos pero sí para reprimir de esa manera”, dijo el ex intendente Oscar Laborde (foto) a esta periodista, al referirse a la causa judicial por las responsabilidades políticas de la masacre de Avellaneda, y se subió a un avión. Es que el actual representante especial para la Integración Económica y Social de la Cancillería había declarado como testigo pocas horas antes en ese expediente que la justicia federal acaba de reabrir, por la persistencia en su reclamo de los familiares y compañeros de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki, los piqueteros asesinados durante la represión al corte del Puente Pueyrredón, el 26 de junio de 2002. Ojos Vendados tuvo acceso a la declaración testimonial completa del ex funcionario, la primera que dio desde que sucedió la masacre que provocó el final anticipado del gobierno de Eduardo Duhalde. La querella, que ahora impulsan la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH) y la APDH La Matanza, sigue sosteniendo que hubo un plan detrás de la luz verde que tuvieron cuatro fuerzas policiales y de seguridad para desplegar la cacería de militantes de esa jornada. Pero la justicia había cerrado la causa porque “no había nada”, y para poder avanzar necesitaba “nombres”. Ahora Laborde contó, por ejemplo, que el ex secretario de Seguridad Juan José Alvarez le pidió que no hiciera mención pública sobre la presencia de la Prefectura en la represión. ¿Por qué? ¿Qué había que ocultar? También relató que cuando le dijo a Felipe Solá que a su criterio los gobiernos nacional y provincial habían actuado en conjunto, el ex gobernador y actual candidato massista le respondió que “lo habían puenteado”. Y recordó que en el municipio quiso armar un plan de acción porque los antecedentes le generaban “preocupación” respecto de la integridad de los manifestantes. “Todo me daba la impresión de que iba a pasar algo grave, le dije al comisario Fanchiotti que no quería un muerto en Avellaneda”.

  Ante la fiscal federal Paloma Ochoa, en quien delegó la reactivada investigación el juez Ariel Lijo, Laborde hizo un relato detallado de aquellas horas previas y posteriores a la masacre en el puente, la estación, que ahora fue rebautizada Darío y Maxi, y sus alrededores. Luego de dar sus datos personales, le informaron que estaba declarando en el expediente en el cual “se investiga la presunta responsabilidad que cabe atribuir a Eduardo Duhalde, presidente de la Nación en 2002, Carlos Ruckauf, ministro de Relaciones Exteriores, y Juan José Alvarez, secretario de Seguridad Interior, en orden a los homicidios de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki”. A continuación, el ex intendente de Avellaneda describió que el 26 de junio de aquel año, a las 9 de la mañana “tuvimos una reunión de gabinete municipal donde por los antecendentes que teníamos preocupantes elaboramos un plan de acción con los secretarios. Ahí se evaluó, yo expresé la preocupación que tenía por tres informaciones: una era la afirmación de Ruckauf donde reivindicaba el decreto firmado en el año ’75, cuando era ministro de Isabel Perón (en alusión al decreto con el cual ordenó a las Fuerzas Armadas ‘aniquilar el accionar de los elementos subversivos’). La otra era las declaraciones del jefe de Gabinete (Alfredo) Atanasof, donde decía que si querían subir al puente iba a haber una guerra, y tercero era la información del hospital Fiorito, que había recibido la orden de retirar a todos los pacientes excepto a los de terapia intensiva. Todo me daba la impresión de que iba a pasar algo grave”.

  En su declaración testimonial, Laborde dijo que “la noche anterior había tenido la visita de la actual diputada Adriana Puiggros, que presenció una conversación donde yo estaba discutiendo con el comisario (Alfredo) Fanchiotti, y le decía que no quería un muerto en Avellaneda. Entonces lo que se previó a partir de eso fue dividir a los secretarios cerca del puente, entre el viejo palacio municipal, que queda en Mitre al 300, y un establecimiento municipal que queda al lado de la estación Avellaneda, con la indicación de abrir las puertas a los manifestantes si éstos eran producto de represión. Ya en la conversación que había tenido con el comisario Fanchiotti la noche anterior sabía que iba a haber un clima de combatividad ese día, porque en realidad en Avellaneda teníamos periódicamente cortes en el puente y nunca había habido un clima así”.

  Laborde dijo que estuvo en la municipalidad hasta las 16 y que luego se fue a La Plata para entrevistarse con Solá. Ante las preguntas de los abogados Nahir Riesco, Cristian Blanco y Claudia Rizzo, el testigo describió que en esa oportunidad le dijo a Solá “que a los manifestantes los había matado la policía, tenía el testimonio directo de una persona en los brazos de la cual había desfallecido Santillán. Esta persona (Osvaldo Baqueiro) recibió amenazas personales y tuvo un accidente automovilístico por la rotura de los frenos”. El ex intendente de Avellaneda agregó: “Le dije a Felipe Solá (ex gobernador bonaerense) que en mi opinión el gobierno nacional y provincial habían actuado en conjunto. Me dijo que había sido ‘puenteado’, lo cual me pareció muy extraño y se lo dije”, agregó el ex funcionario sobre la respuesta que recibió de Solá, actual candidato a gobernador de Unidos por una Nueva Alternativa (UNA), la alianza que integra Sergio Massa, ex jefe de Gabinete y ex titular del Anses durante los últimos años del gobierno de Néstor Kirchner y los primeros de Cristina Fernández.

  Ante una pregunta sobre las llamadas que hizo ese día, Laborde dijo: “Hablé con Juan José Alvarez (ex secretario de Seguridad) sobre todo por el tema de que un empleado municipal, Silvio Pereyra, había recibido una bala de plomo, le impactó en la clavícula, la conservó y me vino a ver. Alvarez me dijo que había un programa que estaba por salir con el testimonio de este empleado, y que él había visto marchar por Irigoyen persiguiendo a los manifestantes tanto a la Bonaerense como a los ‘marrones’, refiriéndose a personal de la Prefectura. Alvarez me pidió que no saliera en el programa porque si era así quería decir que Prefectura había bajado a Avellaneda”, dijo Laborde.

Sangre por la espalda.

  En otro tramo de su declaración, el ex funcionario expresó: “Durante ese día percibí una persecución generalizada no sólo sobre el puente, en barrios como Gerli o Villa Tranquila, tenía testimonio de arrestos de manifestantes. Otra cosa extraña fue que sobre Mitre hicieron bajar a la gente de un colectivo de línea y tiraron una molotov adentro, eso era para dar la impresión de un caos generalizado en la ciudad”. Sobre ese hecho afirmó tener “la versión de que los autores habrían sido dos oficiales de la primera de Avellaneda vestidos de civil”. Laborde detalló que “el lugar donde más gente se refugió fue un establecimiento municipal cercano a la estación (auditorio Faure), unas 400 se refugiaron ahí. Y en ese lugar se da un acontecimiento donde Fanchiotti intentó junto a cuatro policías ingresar violentamente presionando la puerta de ingreso. Ahí esa persona que mencioné (Baqueiro) me relata que cuando sale ve caída a una persona, que luego supo que era Santillán, y cuando la levanta ve que tenía un chorro de sangre que le corría por la espalda, lo suben a una camioneta y finalmente fallece en el hospital Fiorito”.

  Dijo Laborde que cuando estuvo con Solá le habló de la información que tenía sobre los manifestantes, le preguntó por las razones del desalojo del Fiorito y por qué la policía había pisado el puente sin autorización provincial. “Solá me dijo que no sabía nada, que estaba desbordado”.

  De las conversaciones que tuvo el 26 con el comisario Fanchiotti, el ex intendente recuerda que en una de ellas el policía le dijo que estaba en diálogo con Oscar Rodríguez, en ese momento el número dos de la SIDE que conducía Carlos Soria. También detalló que se enteró por Marcelo Saín que ese día los policías no usaron una frecuencia especial, como suele suceder cuando hay un evento especial, sino “handys que no eran de la fuerza, es decir que tuvieron un sistema de comunicación propio” pero que no había sido provisto por la policía. Cuando la fiscal preguntó a Laborde si quería agregar algo, dijo: “Tengo la convicción sobre la articulación que hubo entre el gobierno nacional y provincial, el rol que tuvieron Atanasof y Rodríguez”.

Los infiltrados de siempre

  La querella le preguntó a Laborde si sabía sobre reuniones que habían realizado los movimientos piqueteros en mayo de ese año y días previos a la masacre, en un teatro de Avellaneda y en el polideportivo Gativa de Villa Domínico. El ex funcionario respondió que sí, porque “era movimientos que tenían actividad social y era común que me pidieran el espacio, y era tarea del municipio facilitar esos lugares”. El 22 y 23 de junio se había realizado la Asamblea Piquetera Nacional y allí los agentes espías de la SIDE habían tomado nota, enviados por Soria, de que los piqueteros habrían estado infiltrados por las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), y de que “se habló de revolución, de toma del poder y caos”. Con eso y otros recortes de prensa la SIDE armó la carpeta que les había pedido el ministro de Justicia, Jorge Vanossi, con precisiones acerca de “si los acontecimientos que estaban ocurriendo en el país podrían configurar algún delito contra la democracia.

  Y así fue, el gobierno de Duhalde dio instrucciones al procurador Nicolás Becerra para que investigara a los piqueteros por presunta “sedición”. Era la pata judicial del entramado que cerraba con el micro incendiado y los militantes “matándose entre ellos”, como salieron a decir enseguida sus funcionarios. A estos hechos se refieren los familiares y compañeros de Darío cuando hablan de un plan político, del que habrían participado varios miembros de su gabinete: Vanossi, Atanasof, Alvarez, el fallecido Soria, Rodríguez y el ex secretario general de la Presidencia Aníbal Fernández, además de Solá, en incluso algún empresario de medios que difundió la primera versión del “enfrentamiento”. Ese combo “justifico la represión porque se viene el caos y vienen por mí” era lo que creía que necesitaba Duhalde para sobrevivir pero terminó anticipando su salida del gobierno. Las secuencias fotográficas de los asesinatos, tomadas por los reportero Sergio Kowalewski, que conseguió esta cronista para Página12. Las de Pepe Mateos (que Clarín tenía pero no usó el primer día, como evidenció el documental “La crisis causó dos muertes”), le cambiaron los planes.

  Antes de ordenar el cierre de la causa el fiscal Miguel Osorio dijo que quedaban medidas por hacer, como un allanamiento de la división Inteligencia de la policía Bonaerense, en lugar del pedido por oficio como ordenó el juez Lijo, que fue respondido por Carlos Stornelli con un previsible “no hay nada” de interés para la causa. Y un nuevo cruces de las centenares de llamadas telefónicas.

  Ahora el expediente que fue reabierto, por pura insistencia de la nueva querella y de la movilización del Frente Popular Darío Santillán (FPDS), tiene muchos más nombres y líneas de investigación posibles. La ponderación sobre el avance está en manos de la fiscal Ochoa, quien posee una larga lista de testigos. De hecho, para empezar, nada de lo que dijo Laborde fue mencionado por Solá hace pocos días cuando salió a victimizarse por haber sido blanco de un escrache por parte del FPDS, cuyos militantes consideran que “si no hay justicia hay escrache”. Sin embargo, la justicia podría esta vez tener algo con que probar las responsabilidades políticas de aquella masacre. Al menos, por primera vez en muchos años, Alberto Santillán, papá de Darío, se mostró esperanzado. “Hemos dado un paso adelante contra la impunidad”, dijo a esta periodista poco después de la audiencia en los tribunales federales de Retiro.

“Ante un piquete el Estado enfrenta un ámbito protegido por la Constitución”

El juez federal Sebastián Casanello quizá simplemente haya frenado para tomar impulso. Este magistrado acaba de dictar la falta de mérito de los dos gendarmes imputados en la causa sobre el espionaje ilegal, conocida como Proyecto X y revelada por este sitio en noviembre de 2011 aún antes de recibir ese nombre periodístico. Sin embargo, es poco probable que la cúpula de Gendarmería y el propio ministerio de Seguridad hayan celebrado el fallo porque temen que las medidas de prueba ordenadas por Casanello indiquen que estaría decidido a avanzar más allá de los autores materiales. Además, en su resolución el juez advirtió que “no es tolerable” armar bases de datos para controlar actividades de trabajadores, dirigentes gremiales o políticos”, y destacó que “cuando se produce un piquete de trabajadores y representantes de movimientos sociales y políticos, el Estado se enfrenta con ámbitos expresamente protegidos por la Constitución”. De todos modos, la abogada Myriam Bregman, autora de la denuncia que dio inicio al proceso, apeló ante la Cámara Federal al considerar que sí había elementos de prueba suficientes para procesar a los gendarmes.

 

La gendarme Elizabeth Calisaya y su compañero Raúl Scheurman están acusados de haber realizado tareas de inteligencia ilegal durante las manifestaciones de los trabajadores de Kraft, y en situaciones anteriores a los cortes de ruta derivados de ese conflicto de 2009. Tal como recientemente fue identificado un ex militar con desempeño en la dictadura al frente de los operativos de infiltración, y al mando del procedimiento donde el llamado “gendarme carancho” se tiró adrede sobre el auto de uno de los trabajadores despedidos de la empresa Lear, que se manifestaba con su vehiculo a baja velocidad por la Panamericana, en la primera nota sobre Proyecto X dábamos cuenta de situaciones como esta:

 

–Yo soy delegado de fábrica, quería saber de qué medio sos, porque los compañeros tienen dudas.

–Prensa independiente, amigo.
–No, decime porque sino te sacamos a la mierda.
–Yo me voy solo, no te hagas drama.
–Bueno, andate.

(textual del video aportado por Gendarmería como prueba en la causa 481/09 del juzgado de Tres de Febrero, por corte de ruta).

 

El expediente que investiga el juez federal Casanello busca determinar si “dicho proceder ilícito, de haberse configurado, estuvo predeterminado de manera institucionalizada, es decir, si fue producto de órdenes provenientes de las altas esferas de la fuerza que direccionaron de antemano el desenvolvimiento de los subordinados”. Según explica el propio juez Casanello, “hablar de inteligencia ilegal supone pensar en un actuar que infrinja los límites impuestos por la ley de seguridad interior -24059-, la ley de inteligencia -25520- y el código procesal penal”, y define que “las tareas de inteligencia orientadas hacia individuos concretos deben incluirse en la función judicial por estar “circunscripta por las garantías individuales de libertad y

dignidad humana, y por las normas de procedimiento atributivas de sus concretas funciones”. En este sentido apunta que “si tanto juez y fiscal están sometidos a una serie de restricciones en orden a su actuar, ¿cómo no las tendrían los integrantes de las fuerzas de seguridad?”. Casanello también deberá determinar, eventualmente, si actuaron discrecionalmente por fuera de las órdenes de quienes dirigen el proceso penal, jueces y fiscales. Es decir, establecer si los gendarmes produjeron inteligencia prohibida en los términos de la ley 25.520, que establece que ningún organismo de inteligencia podrá obtener información, producir inteligencia o almacenar datos sobre personas, por el solo hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas, u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales, así como por la actividad lícita que desarrollen en cualquier esfera de acción”.

 

El magistrado recuerda que “la sospecha introducida por los querellantes, quienes se presentan como ‘organizaciones de derechos humanos, militantes sindicales, sociales y políticos’, y recogida por el fiscal, advierte sobre la existencia de una práctica institucional de despliegue de inteligencia ilegal sobre organizaciones sociales, políticas, gremiales, estudiantiles, y sobre sus militantes, que produciría información que luego es volcada, ‘blanqueada’, dicen, en expedientes judiciales donde se investigan manifestaciones, puntualmente, cortes de ruta”. Y por esa razón, “para echar luz sobre la imputación y poder dimensionarla es necesario contextualizar la actuación de los gendarmes, es decir enmarcarla en el conflicto gremial atravesado por la empresa Kraft, donde se observa el ejercicio de derechos –laborales, gremiales, civiles e incluso políticos- y, paralelamente, la colisión propia de toda medida de fuerza, con la posibilidad cierta de registrar conductas previstas en el Código Penal”.

 

Es en esta parte de la resolución que el juez afirma su punto de vista sobre cómo debe ser abordada, en casos como éste, la protesta social. “Estas conductas posiblemente antinormativas –de las que participan obreros, representantes gremiales, integrantes de movimientos sociales y políticos-, sin embargo, al ser la consecuencia de medidas de protesta social no pueden ser abordadas, ni en su represión ni en su juzgamiento, como simples casos de delincuencia común (…) algunas acciones de protesta pacíficas, pero infractoras de reglas, en ciertos casos pueden estar justificadas al amparo del ejercicio de un derecho constitucional y, en otros, ser objeto de una ponderación que termine excluyendo la responsabilidad”, escribió Casanello. Y cita a Hannah Arendt para enmarcar las manifestaciones en el concepto de “desobediencia civil”. A su criterio, “el empleo de vías de facto para interrumpir el tránsito vehicular, y de ese modo generar una visibilidad que pueda ser utilizada como medio para exigir el cumplimiento de demandas laborales, si se encuentra inspirado en un interés colectivo, podría constituir un hecho cuanto menos cercano a la desobediencia civil. Teóricos de la talla de Hannah Arendt han desarrollado hace tiempo la idea de que los ciudadanos recurren a la desobediencia civil cuando no poseen otro instrumento para que los gobernantes reparen efectivamente en la existencia y la justicia de sus reclamos”.

 

Luego, el magistrado reitera que el objeto de la investigación es “discriminar cuáles son los límites de la función de prevención o seguridad que debe respetar la fuerza para garantizar los derechos ciudadanos a la hora de actuar frente a hechos de protesta social, sobre todo cuando sus protagonistas son trabajadores, representantes gremiales, militantes políticos, entre otros actores de un mismo colectivo (…) La Gendarmería, como otras fuerzas de seguridad, debe limitarse a cumplir estrictamente con la ley. La actividad preventora debe ceñirse a evitar la conducta antinormativa, siempre dentro de esos límites legales, y la investigación debe producirse en la medida de las órdenes judiciales. Esto supone respetar los derechos involucrados y abstenerse de abordar campos que la exceden -como podrían ser interesarse en el conflicto gremial/político de la empresa y sus trabajadores- pues es allí donde aparece el riesgo de criminalizar la actividad política y gremial. En este ámbito, la discrecionalidad del actuar policial –en sentido amplio- debe ser muy reducida, pues la existencia de zonas grises, frente a este tipo de conflictos, se ofrece como campo fértil a la producción de inteligencia prohibida”.

 

Espionaje “intolerable”

 

A pesar de resolver que aún “no hay mérito” para procesar a los gendarmes imputados, el juez federal afirma que: “Cuando se produce un piquete de trabajadores y representantes de movimientos sociales y políticos, el Estado se enfrenta con ámbitos expresamente protegidos por la Constitución. Por eso, así como no sería posible que para evitar un corte de ruta el Estado se infiltre en una asamblea gremial o política, tampoco sería tolerable el armado de bases de datos para -bajo el pretexto de alcanzar una respuesta eficiente frente a los cortes de ruta- ingresar en el monitoreo y control de qué hace o deja de hacer un obrero, un delegado gremial o un dirigente político”.

 

Según Casanello, hubo órdenes judiciales pero aún no pudo comprobar si los gendarmes actuaron antes de ser emitidas las mismas, o por fuera de ellas. Sin embargo, en su fallo pondera que “sigue siendo necesario concentrar la atención en el modo en que la Gendarmería reúne y reproduce la información. Si se observa el ‘Protocolo para regular el funcionamiento y empleo del programa ´Project X´ se verá que existe una exhortación a realizar una búsqueda exhaustiva que se muestra difícil de conciliar con los límites estrictos antes aludidos”. Y cita como ejemplo, que uno de los campos a averiguar es “Personalidad, Hábitos y Otros Datos Personales: Es un campo muy complejo, incluye en el tipo de personas que adquirieron notoriedad pública –bases abiertas-, el tipo de personalidad (reservada, tímido, introvertido, extrovertido, etc), los hábitos normales (fumador, bebedor, mujeriego (SIC), etc) y la profesión, actividad y estudios cursados. En definitiva toda la información que surja de las bases públicas”), según las pruebas de la causa. En caso de comprobarse un “exceso será necesario establecer si el comportamiento fue compartimentado o si fue el producto de una disposición interna de la Gendarmería, que remita a sus autoridades centrales”. Y en tal sentido ordenó una serie de medidas que apuntan a verificar alguna de las dos hipótesis.

 

No es un gendarme, es la institución

 

Como suele suceder, la querella que encabeza la abogada Bregman (dirigente del Partido de los Trabajadores Socialistas y miembro del Ceprodh), hace una lectura diferente del expediente. “No estamos ante actos de inteligencia aislada de dos gendarmes, como parece analizar el juez de grado para dictar la agraviante falta de mérito. Es evidente que ellos no son más que el brazo ejecutor de una orden superior que decidió criminalizar la protesta social. Así, gran parte de las víctimas del espionaje terminaron con causas penales en su contra”, precisó la letrada en su apelación ante la Cámara Federal. “La impunidad de los crímenes que aquí se investigan estuvo planificada. Por ello, como cobertura de impunidad supieron colocar en el propio Protocolo que indica cómo debe almacenarse la información en el llamado ‘Proyecto X’ y otros documentos encontrados, los rótulos de ‘Reservado’, ‘Secreto’, ‘Estrictamente confidencial’. La actividad de inteligencia es una herramienta que se utiliza para colaborar con quienes deben tomar decisiones institucionales”, agregó.

 

“Luego de 34 meses de instrucción no podemos menos que preguntarnos ¿para qué sirvieron los allanamientos al Centro de Reunión de Información en dos oportunidades y al Edificio Centinela? ¿qué valoración se hace de la prueba colectada y de las testimoniales recibidas al perito interviniente? ¿qué conclusión se saca del cúmulo de causas de las cuales se tomó vista? Su resolutorio es completamentearbitrario. Toda la prueba del espionaje ilegal y sistemático llevado adelante por la Gendarmería durante años tiene un claro eje ordenador: la protestasocial”, afirmó Bregman. La abogada recordó que “de la documentación aportada oportunamente por el Ministerio de Seguridad de la Nación con relación  a la normativa que rige el actuar de la fuerza, surge claramente la ilegalidad de tales medidas y la prohibición legal de realizar ese tipo de actividades tal como lo explica claramente el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) en su presentación del “Amicus Curiae” de fecha 31 de agosto de 2012”.

 

Para la querellante, los gendarmes no pueden deslindar su responsabilidad en la “obediencia debida” a sus superiores o a la justicia. “Es evidente y pudo ser comprobado por el juez que no existe una orden judicial que ‘abarque todo lo actuado’ ya que de haber existido tamaña orden que indique infiltrarse entre manifestantes de civil, obtener datos sobre la filiación política y/o sindical de los manifestantes, futuras acciones a realizar en el marco del conflicto laboral, estaríamos hablando de órdenes judiciales ilícitas y, junto con la promoción de la denuncia que diera inicio a estas actuaciones, se debiera investigar la propia actuación judicial (…) Por otro lado, salvo que se pretenda argumentar la obediencia debida de un gendarme hacia un juez a pesar de lo manifiestamente ilícito de dicha orden, no habría forma de argumentar la falta de responsabilidad de los aquí imputados. Conclusión, no se trata de que estos dos gendarmes se ‘excedieran’ en órdenes dadas por jueces y fiscales, sino de la existencia de todo un armado ‘preventivo’ de obtención y registro de información para facilitar imputaciones en posteriores causas judiciales y para la instauración de un entramado de espionaje político y social”, describe la abogada en su presentación.

 

A modo de ejemplo sobre el funcionamiento de las bases de datos montadas por la Gendarmería y denunciadas como ilegales, Bregman explica que la delegada de Pepsico Lorena Gentile termina imputada por corte de ruta a partir de la identificación que de ella hacen dos gendarmes con la “base de datos” y finalmente la gendarme Calisaya, quien admite que lo logró “entremezclándose de civil entre los manifestantes”. En tanto, las llamadas de teléfono de su compañero, Leonardo Norniella, figuran como “interceptadas”. Y surge también como prueba que un gendarme encomendado para identificar al delegado de Kraft Ramón Bogado terminó elaborando un informe sobre las actividades del gremio de la alimentación.

 

Bregman también se quejó de la modificación del objeto procesal que había determinado la fiscalía, de que el juez haya comenzado por la parte más baja de la escala de mando de la Gendarmería y de que haya acotado el grupo de damnificados excluyendo, entre otros, a Carlos Zerrizuela, Vilma Ripoll, Néstor Pitrola. “Teniendo en cuenta la inmensa trascendencia pública de estos hechos, resultado que no hace más que confirmar la gravedad institucional que revisten los hechos denunciados, las implicancias y el resultado de esta causa no solo interesa a los aquí querellantes, sino que por el contrario importan a todo un conjunto social que se ve damnificado por la violación a sus más elementales libertades democráticas tales como: peticionar ante las autoridades, reclamar por sus derechos, libertad de reunión y de tener una filiación política sin sufrir persecuciones por ello”, señala la querellante a modo de síntesis.

Las imágenes del juicio a los petroleros y la palabra del cura de Las Heras

Nunca más verdadero el dicho que afirma la superioridad de la imagen sobre miles de palabras. En este demoledor videoestán las escenas de las declaraciones de los testigos del juicioen el que fueron condenados a prisión perpetua los trabajadores petroleros de Las Heras por el crimen del policía Jorge Sayago. Los aprietes, las torturas, las amenazas en boca de sus protagonistas.

http://www.youtube.com/watch?v=aeFLkU2Kl6w&feature=em-upload_owner

Y la palabra del cura de Las Heras, Luis Bicego. “Luego de Sayago hubo una caza de brujas al estilo de la represión militar”, afirmó el párroco que tuvo que alojar gente en la iglesia que temía ser implicada en el caso. También relató que el propio jefe de la policía de Santa Cruz denunció al grupo especial Geop por torturas y que “no pasó nada” porque “esa es la justicia que tenemos en esta provincia”. Y narró que los propios uniformados le confesaron que “tenía que suceder algo grande para que interviniera la Gendarmería”. Según le dijo a La Retaguardia, “el Papa sabe del caso de los petroleros porque yo le mandé una carta”.

http://www.laretaguardia.com.ar/2014/02/luis-bicego-parroco-de-las-heras.html#more

Petroleros de Las Heras condenados a perpetua

Con penas que van desde cinco años hasta perpetua, fueron condenados los trabajadores petroleros de Las Heras, acusados del crimen de un policía cometido durante el caliente conflicto de 2006 por trabajo, contra el impuesto a las ganancias y por su encuadre sindical. Recibieron prisión perpetua por homicidio agravado Ramón Inocencio Cortés, José Rosales y Hugo González. A Franco Padilla también lo condenaron por homicidio pero por ser menor fue remitido a tutoría. Pablo Mansilla, Carlos Mansilla, Daniel Aguilar, Néstor Aguilar y Ruben Bach recibieron condenas de cinco años de prisión por coacción agravada, y Darío Catrihuala, cinco años como partícipe necesario de lesiones graves. Sólo resultaron absueltos Juan Pablo Bilbao y Alexis Pérez. 

(En la foto el condenado Ramón Cortés se abraza con la Madre de Plaza de Mayo Elia Espen)

Hace casi siete años atrás Las Heras ardía. Había sido escenario de intensas protestas sindicales de los trabajadores petroleros, al tiempo que sus calles se llenaban de uniformados. El paro y los piquetes iban por la tercera semana cuando su vocero fue encarcelado. Sus compañeros acudieron a la alcaidía a pedir que lo liberaran y la policía intentó que se fueran, primero con palabras, luego con tiros al aire y por último con disparos al piso que rebotaron e hirieron a una concejal. Siguió la secuencia piedras, balas, piedras, balas, más policías especiales surgían y más gente se iba sumando hasta formar la pueblada. Los gases lograron dispersar a los manifestantes pero los balazos seguían. Los estruendos y el humo ya se sentían en toda la ciudad. “Cayó uno”, dijo alguien. Un oficial caído, otros que lo llevaban y al rato una ambulancia abandonaba la alcaidía.

El policía Jorge Sayago había sido herido y murió horas después. El juicio oral a los acusados de ese crimen comenzó en junio, y en pocas horas se conocerá la sentencia. De los 13 petroleros imputados, seis podrían recibir prisión perpetua por el homicidio. En el inicio de las audiencias, el tío de Sayago, Víctor Alvarez, había reiterado que quienes están sentados en el banquillo son unos “perejiles”. Una de las abogadas defensoras, Claudia Ferrero, afirmó que “no hay ninguna prueba concreta, todas fueron armadas por la brigada de investigaciones de Santa Cruz en base a apremios y torturas, aterrorizando a toda la población en esa época y consiguiendo testimonios falsos a través de amenazas y persecuciones”. La letrada fue recibida la semana pasada por el subsecretario de Derechos Humanos de la Nación, Luis Alén, junto a representantes de los organismos que integran el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia. Le entregaron unas 500 firmas  –entre ellas las de Adolfo Pérez Esquivel, Nora Cortiñas, Patricia Walsh, Carlos “Perro” Santillán, Pablo Micheli y Osvaldo Bayer—de entidades gremiales, estudiantiles y políticas del país y del exterior que piden la absolución de los acusados “en esta causa armada para criminalizar la protesta social”, según sostuvieron. Alén confirmó a Infojus Noticias que tras el encuentro pidió informes a los jueces que integran el Tribunal Oral de Caleta Olivia sobre la denuncia por torturas y la actuación de la fiscalía en el caso. “Cuando haya una respuesta evaluaremos nuestra intervención porque, según dijeron, el fiscal llamó a apartarse de la ley”, comentó el funcionario. El tribunal fue consultado pero no dio contestación alguna.

El fiscal de instrucción Ariel Candia había admitido que hubo gente que declaró en la instrucción luego de haber recibido “dos o tres cachetadas”, pero en su alegato agregó que “darle un cachetazo o ponerle una bolsa en la cabeza (a un testigo) no implica decirle lo que debe declarar”. Consultado por Infojus Noticias, Candia expresó que prefería no hablar antes de la sentencia. Sin embargo, ratificó que el fiscal de Cámara Carlos Rearte se había negado a desempeñarse en este juicio después de plantear la nulidad del requerimiento de elevación por considerar que era “impreciso e infundado”. Fue su último recurso dado que había rechazado en dos oportunidades que la causa llegara a instancia oral por estar “plagada de nulidades”. Candia, en cambio, sí se hizo cargo de la acusación.

El Comité por la Absolución de los Petroleros de Las Heras, integrado por comisiones internas, centros de estudiantes y otras organizaciones gremiales, políticas, sociales y de derechos humanos, partió hacia Caleta Olivia para presenciar la sentencia y participar de la movilización organizada por los gremios estatales de la ciudad. Otro grupo en Capital corta Callao y Corrientes desde las 7. “La familia Sayago necesita un juicio justo y éste no lo es”, dijo Juan José Ortega, secretario general de los empleados judiciales.

Los hechos

En diciembre de 2005 los desocupados exigían el cumplimiento de la promesa de Repsol-YPF de otorgar 149 puestos de trabajo. En ese contexto, los petroleros de Las Heras expresaron sus diferencias con el sindicato y comenzaron a cortar las rutas provinciales. Al reclamo contra el impuesto a las ganancias se sumó el del encuadre sindical (hacían el mismo trabajo que los petroleros pero estaban en la Uocra y cobraban mucho menos), además de mejoras en las condiciones de trabajo. Ya entonces denunciaban la tercerización laboral y establecieron una estratégica alianza inter-sindical. Luego de veintitrés días de huelga y cortes, la justicia emitió una orden contra los “cabecillas” de la protesta, tal como decía el escrito, que derivó en la detención de Mario Navarro, vocero de los petroleros del sector sindical disidente. Navarro fue encarcelado el 6 de febrero de 2006 mientras daba una entrevista en la FM local, Radio Soberanía. “Si lo habían metido preso a él venían por todos. Los concejales Lalo Camino, que ahora es intendente, y Roxana Tonino siempre habían estado apoyando, y fueron a hablar con el jefe de policía. Les dijo que Navarro estaba detenido e incomunicado por 48 horas. Y quería que la gente se fuera, pero ya había unas cien personas, varios compañeros míos de Indus, contratista de YPF”, declaró en el juicio Adrián Saucedo, uno de los detenidos de esa jornada.

Las Heras tenía  9.300 habitantes, y más de mil estuvieron en las calles. El gobierno envió refuerzos y el grupo Geop reprimió la manifestación. La multitud se abalanzó sobre los uniformados y varios policías fueron lesionados, con golpes de todo tipo. Había pasado la medianoche cuando se escucharon disparos y Sayago cayó herido. La abogada Ferrero afirma que “los investigadores dejaron el lugar sin perimetrar permitiendo que se alteraran las evidencias, probablemente para ocultar la utilización de postas de plomo. Lo que siguió fueron detenciones masivas para buscar un chivo expiatorio”. La ciudad quedó bajo permanente patrullaje policial. Diecisiete trabajadores de Indus, que habían logrado pasar al convenio petrolero cuando se llegó a un acuerdo en el conflicto, fueron detenidos y acusados del crimen del policía. A esas detenciones se sumaron las de algunos vecinos. Los medios locales fueron dando cuenta de que a muchos testigos les habían allanado su vivienda antes de declarar. El cura de Las Heras, Luis Bicego, cuestionó las detenciones y advirtió que formaban parte de una “caza de brujas”. Tres años más tarde fueron liberados los últimos presos. En ese momento el juicio oral por la muerte de Sayago había sido anulado “por fallas en la instrucción”, pero el gobierno de Santa Cruz apeló y siguieron imputados. Algunos de ellos acudieron a declarar en una causa que se abrió por las torturas, en la que había policías procesados. En ese expediente consta que durante los traslados los sacaron de los patrulleros en marcha para ser golpeados. Además, uno de sus compañeros de Sayago, el oficial Raúl Varela, inició acciones contra la policía de Santa Cruz por el mal desempeño de los jefes policiales en el hecho.

El juicio

La abogada Ferrero, que integra la Asociación de Profesionales en Lucha (Apel), compartió la defensa con Andrea Forgueras  y otros ocho letrados. Cuando comenzaron las declaraciones testimoniales, el testigo Leonardo Martínez dijo que no recordaba nada. Lo detuvieron 24 horas y en la siguiente audiencia declaró acorde a la posición de las querellas, que enseguida hicieron su alegato y pidieron prisión perpetua por homicidio agravado para seis de los acusados: Darío Cuatrihuala, Ramón Inocencio Cortés, Juan Pablo Bilbao. José Rosales, Hugo González y Franco Padilla. En tanto, para Pablo Mansilla, Carlos Mansilla, Daniel Aguilar, Néstor Aguilar y Rubén Bach pidieron seis años por el delito de coacción agravada, es decir, por incitar a la violencia. El abogado querellante Eduardo Iglesias se refirió a las denuncias por apremios ilegales diciendo que “que la defensa consideraba que Vialidad”, el lugar donde se realizaron los interrogatorios, “era un centro clandestino de detención y que Angulo (agente de la brigada) era hijo de Etchecolatz”.

Casi ninguno de los imputados quiso hablar, pero quienes lo hicieron causaron conmoción en la sala. Catrihuala está acusado de haber gritado a los compañeros que abran paso para que un francotirador, de quien se desconoce su identidad, disparara contra los policías. A Cortés lo acusan de haber golpeado en el cráneo al policía. A González le imputan haberle propinado un golpe con un objeto contundente, al igual que a Rosales. En tanto, Pérez está acusado de haber pateado la cara del policía cuando estaba en el suelo. La abogada Ferrero dijo a Infojus Noticias que le cuesta pensar en una condena. “Nunca sentí que habíamos destruido tanto una acusación, en términos técnicos, porque ni siquiera está determinado cómo fueron los hechos, que tres tiraron pero ninguno tiró, que Sayago tenía o no tenía casco, se superponen las versiones. Pero allá tienen la sensación de que serán condenados, y sí, políticamente, y más en este momento, puede pasar cualquier cosa”, afirmó. “Una  condena en este juicio nada tendrá que ver con la justicia sino con la defensa y preservación de un régimen de excepción contra los trabajadores y será un pésimo antecedente para los cientos de procesados por protestas sociales, entre ellos 52 maestros de Las Heras imputados en los últimos meses”, agregó.

El tribunal compuesto por los jueces Cristina Lembeye, Humberto Monelos y Juan Pablo Olivera dictará sentencia a las 12. Olivera ha fallado con anterioridad en disidencia, como en el mediático caso de las gemelas Casas, y es miembro de Justicia Legítima.

(Nota publicada originalmente en Infojus Noticias el 12 de diciembre de 2013, actualmente borrada de su archivo)

Nota recuperada

http://www.infojusnoticias.gov.ar/provinciales/petroleros-de-las-heras-tres-condenados-a-prision-perpetua-978.html

Allanaron la casa del espía Balbuena y su sección en la Federal

EXCLUSIVO DE OJOS VENDADOS

Allanaron la casa del infiltrado en agencia Walsh y lo encontraron allí, junto a su hermana.

El miércoles 22 se realizó un procedimiento similar en la sección Reunión de Información de la Policía Federal donde los investigadores secuestraron computadoras en las cuales los registros ya habían sido borrados. También se llevaron un listado con nombres de agentes de Inteligencia que pertenecen a la misma sección de la Federal en la que trabajaba Balbuena.

Las organizaciones infiltradas marcharon contra el espionaje y la criminalización de la protesta. Además, convocan al Otoño Antirrepresivo.

En el marco de la causa iniciada con la denuncia del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia-EMVJ (foto), personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) allanó por orden del juez federal Sergio Torres el domicilio de Américo Balbuena en San Martín. El agente que estuvo infiltrado once años en la agencia de noticias Rodolfo Walsh se encontraba allí cuando llegaron los efectivos, junto a su hermana, y aunque dispone de un arma, una pistola Glock, no se resistió ni se produjo ningún incidente. La vivienda es una construcción típica de hace unos 40 años y está ubicada sobre la calle Belgrano, en la zona céntrica de esa localidad bonaerense. En su interior había pocos muebles, un colchón en el piso, algunos objetos personales y libros. Los investigadores no hallaron computadoras ni elementos informáticos similares.

En tanto, durante el allanamiento en la sede central de la Policía Federal, de Moreno al 1500, la PSA secuestró el legajo de Balbuena donde constan sus antecedentes y los lugares dónde trabajó. También fueron allanadas las oficinas de la sección Reunión de Información división Análsis donde revistaba el espía, y se secuestraron computadoras y carpetas con documentación.  Los expertos detectaron que los registros habían sido borrados pero creen poder reconstruirlos. Junto al legajo de Balbuena encontraron también una nómina con los demás agentes que reportan a esa dependencia de la Federal.

La denuncia que elaboraron el Ceprodh, la Correpi, la Cadep y la Apel, y que avalaron dirigentes y partidos de izquierda, fue impulsada por el fiscal Carlos Stornelli, quien requirió la apertura de la acción penal contra Balbuena por la presunta violación de la ley de Inteligencia Nacional que prohibe la realización de tareas de espionaje interior.

Además de las medidas urgentes, que la justicia ya puso en marcha, los denunciantes solicitaron que el juez Torres pida informes al ministerio de Seguridad sobre las tareas asignadas a Balbuena, durante cuánto tiempo las desarrolló, quiénes eran sus superiores y quiénes son los demás agentes que trabajaban en esa dependencia de Inteligencia de la Policía Federal. La línea trazada por el juez Torres priorizó la búsqueda directa de todos los elementos que contribuyan a esclarecer estos interrogantes, aunque no descarta concretar también el requerimiento a la ministra Garré para que aporte, incluso, el resultado del sumario interno que dispuso hace dos semanas cuando la agencia Walsh denunció el caso.

Los denunciantes también solicitaron la declaración indagatoria de Balbuena, quien por ahora está ubicado por la justicia pero sin imputación concreta. Si la tuviera, eventualmente, tampoco perdería su libertad porque las penas previstas para el delito que se investiga son excarcelables.

En el escrito presentado ayer por el EMVJ, el equipo de abogados planteó que la pesquisa debe abarcar a toda la cadena de mandos de la Federal, incluídos los ministros de Seguridad e Interior de los gobiernos que se sucedieron durante los once años que duró la infiltración de Balbuena en la agencia Walsh.

Los investigadores ya habrían detectado que esta sección de Inteligencia de la Federal está regida por un decreto de 1963 que colisionaría con la legislación posterior que prohibió todo tipo de tareas de inteligencia sobre grupos sociales y políticos, específicamente la ley de Inteligencia.

Myriam Bregman, una de las abogadas que elaboró la denuncia, destacó que “si bien se dictó la ley de inteligencia bajo gobierno constitucional, ninguno de los gobiernos posteriores a la dictadura militar estableció penas específicas para la infiltración y el espionaje, por lo que se aplican delitos menores y referidos a otras cuestiones, protegiendo así esa deplorable actividad”.

Por su parte, los denunciantes que pertenecen a varias de las centenares de organizaciones que habrían sido infiltradas por Balbuena aspiran a que el avance de la causa judicial pueda culminar en alguna medida que inste al Poder Ejecutivo a desmantelar esa estructura de la Federal y a entregar a quienes fueron espiados toda su información.

Balbuena era un agente PCI (Personal Civil de Inteligencia) quien en la agencia Walsh se dedicó al seguimiento de las actividades de movimientos gremiales y sociales, su agenda y sus movilizaciones. Y desde ese lugar privilegiado concretó lazos de confianza y amistad con centenares de militantes y dirigentes.

Esta presentación del EMVJ es similar a la que realizaron en noviembre de 2011 para denunciar tareas de espionaje realizadas por la Gendarmería Nacional, en lo que terminó denominándose Proyecto X, nombre de uno de los programas informáticos usados por los gendarmes. Los primeros casos fueron denunciados por los trabajadores de Kraft pero luego la investigación judicial demostró que el arco de espiados era mucho más amplio.

Dice el escrito que ahora ya es parte de la causa que investiga el juez Torres: “durante los aproximadamente once años que Balbuena mantuvo su actividad como infiltrado en la mencionada Agencia Alternativa de noticias, simulando ser ‘militante’ se ocupó de cubrir periodísticamente la agenda de actividades políticas, a través de  la  cuales le permitió tener vínculos con distintos referentes y militantes de partidos políticos, organizaciones sociales, sindicales, estudiantiles, de derechos humanos, etc. Incluso realizar entrevistas dentro de los domicilios particulares de varios de ellos”.

“La infiltración de las fuerzas de seguridad en los movimientos sociales tiene como objetivo la criminalización de la protesta social. No estamos ante un caso aislado, cada fuerza tiene su grupo de espías, la Federal tiene un cuerpo de 1.000 agentes para esta tarea”, dijo Bregman, letrada del PTS y querellante en la causa Proyecto X.

Firmaron la denuncia contra Balbuena la propia agencia Walsh, la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, Liberpueblo, Cuba-MTR; Claudio DelleCarbonara, Christian Castillo y Federico Puy (PTS); Néstor Pitrola, Gabriel Solano y Alejandro Lipcovich (PO); Juan Carlos Giordano y José Castillo (IS); Alejandro Bodart y Vilma Ripoll (MST), Héctor Heberling (Nuevo MAS), Elena Hanono (PCR) y Natalia Saralegui (Tendencia Piquetera Revolucionaria).

Ayer, bajo la llovizna, el EMVJ marchó a Plaza de Mayo para denunciar que las organizaciones de derechos humanos, sociales, política y gremiales “somos víctimas del espionaje comandado por las fuerzas de seguridad del kirchnerismo”, y contra la “represión y la criminalización de la protesta”.

Alejandrina Barry, hija de asesinados por la dictadura y miembro del Ceprodh, dijo: marchamos también porque la criminalización de la protesta ha pegado un preocupante salto: en la provincia de Buenos Aires, la Bonaerense detuvo ilegalmente a delegados de ATE en La Plata; fueron atacados brutalmente integrantes de la comunidad Qom en Formosa; en la Ciudad de Macri se suceden desalojos violentos por parte de la Metropolitana, como en el Borda, el Parque Centenario, Sala Alberdi y recientemente en la Gráfica Mom en Pompeya; la Federal desaloja a vendedores ambulantes en Retiro; en Córdoba, detienen sin orden judicial a ocupantes de tierras fiscales; en Santa Fe se desalojó con balas de plomo en Empalme Graneros a los que reclaman un pedazo de tierra para vivir; en Famatina, los ambientalistas fueron reprimidos cuando se manifestaban contra la megaminería; por si esto fuera poco, en Santa Cruz reprimieron a trabajadores estatales y llevarán a juicio a petroleros de Las Heras”. 

La consigna que los unificó fue exigir el desmantelamiento del aparato de espionaje contra los luchadores, que entreguen las listas del personal infiltrado, el fin de la represión y criminalización de la protesta y el desprocesamiento a los más de cinco mil luchadores con causas“.

————————————————————————————————————————————

Y se viene el OTOÑO ANTIRREPRESIVO

 

Jornadas contra la represión y la criminalización de la protesta social

En los últimos meses, tres hechos represivos en la Ciudad de Buenos Aires volvieron a mostrarnos descarnadamente de qué modo las llamadas “fuerzas de seguridad” actúan como reaseguro de decisiones políticas y a la vez, de intereses económicos privados.

Más allá de su relevancia periodística, los hilos conductores de los tres hechos son los mismos: palos, gases, balas de goma sin reglamento, y balas de plomo también, para anular discusiones sobre el uso del espacio público (Parque Centenario), sobre quiénes acceden a la cultura (Sala Alberdi), sobre el uso de las tierras públicas para negocios privados (Hospital Borda) y antes, sobre la falta de vivienda (Parque Indoamericano). Las causas judiciales forman parte de este escenario a palos, y ya es natural que las detenciones ocurridas en medio de hechos de represión desemboquen en expedientes. Como complemento del acto represivo, la criminalización intenta aleccionar y disciplinar para evitar la reincidencia en el derecho a protestar, resistir, manifestar o estar en disidencia.

Detrás de este andamiaje y dentro de las leyes, los casos de infiltrados en organizaciones sociales (como Américo Balbuena, policía de la Federal infiltrado por años en la Agencia de Noticias Rodolfo Walsh) reviven las denuncias contra el Proyecto X y la ley antiterrorista, y conectan directamente el pasado histórico de la dictadura con la actualidad. Cada hecho de represión y judicialización de la protesta en todo el país durante la última década desnuda la contradicción de un gobierno que ha avanzado en el castigo a los represores de los ’70, mientras mantiene intacto el aparato represivo y sin sanción a los responsables de las reiteradas violaciones de los derechos humanos en democracia.

Apelando a los márgenes cuando hace falta, la tercerización de la represión aparece como brazo multitarea, poniendo a disposición barrabravas y efectivos de seguridad retirados o no, con ejemplos como la extinta UCEP en Buenos Aires o el grupo parapolicial GP5 en Mar del Plata, para limpiar de pobres las calles, “agilizar” desalojos o interviniendo en conflictos sociales como apoyo a las fuerzas policiales con desenlaces como el asesinato de Mariano Ferreyra.

Este escenario no es nuevo ni exclusivo de la Ciudad de Buenos Aires. Es un botón de muestra, que en estos días encuentra eco en todo el país.

Por eso es urgente convocarnos para encontrarnos y hablar en voz alta de la represión y la criminalización de la protesta social. Porque es necesario no naturalizarla, denunciarla ampliamente y resistirla.

¡Basta de Represión! ¡NO a la Criminalización de la protesta social!

Cine Debate

Viernes 24/5 a las 20hs en el Espacio de Cultura y Política Popular “El Cid” (Ángel Gallardo 752, 2º piso).
Proyección de videos sobre las políticas represivas del Estado en los últimos tiempos.

Festival artístico- cultural

Sábado 1/6 desde las 13hs en el Anfiteatro del Parque Lezama (Av. Paseo Colón y Brasil).
Serigrafía – Stencil – Exposición de fotos – Muralismo colectivo – Radio abierta -Intervenciones teatrales – Juegos – Taller de ula-ula – Taller de autodefensa – Feria – Batucada – Murga

  • Presentación del libro “La Justicia a cuentagotas” de Hijos La Plata – Charla debate.

Charla debate

Domingo 2/6 (horario y lugar a confirmar).

 

Sobre Ley Anti-terrorista y la lucha contra la represión.

 

Panelistas: Integrantes de CORREPI-COPODH-CADEP, Enrique “Cachito” Fukman del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, y testimonios de procesadxs por luchar.

http://argentina.indymedia.org/uploads/2013/05/oto_o_anti_represivo-01.jpg