Allanaron la casa del espía Balbuena y su sección en la Federal

EXCLUSIVO DE OJOS VENDADOS

Allanaron la casa del infiltrado en agencia Walsh y lo encontraron allí, junto a su hermana.

El miércoles 22 se realizó un procedimiento similar en la sección Reunión de Información de la Policía Federal donde los investigadores secuestraron computadoras en las cuales los registros ya habían sido borrados. También se llevaron un listado con nombres de agentes de Inteligencia que pertenecen a la misma sección de la Federal en la que trabajaba Balbuena.

Las organizaciones infiltradas marcharon contra el espionaje y la criminalización de la protesta. Además, convocan al Otoño Antirrepresivo.

En el marco de la causa iniciada con la denuncia del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia-EMVJ (foto), personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) allanó por orden del juez federal Sergio Torres el domicilio de Américo Balbuena en San Martín. El agente que estuvo infiltrado once años en la agencia de noticias Rodolfo Walsh se encontraba allí cuando llegaron los efectivos, junto a su hermana, y aunque dispone de un arma, una pistola Glock, no se resistió ni se produjo ningún incidente. La vivienda es una construcción típica de hace unos 40 años y está ubicada sobre la calle Belgrano, en la zona céntrica de esa localidad bonaerense. En su interior había pocos muebles, un colchón en el piso, algunos objetos personales y libros. Los investigadores no hallaron computadoras ni elementos informáticos similares.

En tanto, durante el allanamiento en la sede central de la Policía Federal, de Moreno al 1500, la PSA secuestró el legajo de Balbuena donde constan sus antecedentes y los lugares dónde trabajó. También fueron allanadas las oficinas de la sección Reunión de Información división Análsis donde revistaba el espía, y se secuestraron computadoras y carpetas con documentación.  Los expertos detectaron que los registros habían sido borrados pero creen poder reconstruirlos. Junto al legajo de Balbuena encontraron también una nómina con los demás agentes que reportan a esa dependencia de la Federal.

La denuncia que elaboraron el Ceprodh, la Correpi, la Cadep y la Apel, y que avalaron dirigentes y partidos de izquierda, fue impulsada por el fiscal Carlos Stornelli, quien requirió la apertura de la acción penal contra Balbuena por la presunta violación de la ley de Inteligencia Nacional que prohibe la realización de tareas de espionaje interior.

Además de las medidas urgentes, que la justicia ya puso en marcha, los denunciantes solicitaron que el juez Torres pida informes al ministerio de Seguridad sobre las tareas asignadas a Balbuena, durante cuánto tiempo las desarrolló, quiénes eran sus superiores y quiénes son los demás agentes que trabajaban en esa dependencia de Inteligencia de la Policía Federal. La línea trazada por el juez Torres priorizó la búsqueda directa de todos los elementos que contribuyan a esclarecer estos interrogantes, aunque no descarta concretar también el requerimiento a la ministra Garré para que aporte, incluso, el resultado del sumario interno que dispuso hace dos semanas cuando la agencia Walsh denunció el caso.

Los denunciantes también solicitaron la declaración indagatoria de Balbuena, quien por ahora está ubicado por la justicia pero sin imputación concreta. Si la tuviera, eventualmente, tampoco perdería su libertad porque las penas previstas para el delito que se investiga son excarcelables.

En el escrito presentado ayer por el EMVJ, el equipo de abogados planteó que la pesquisa debe abarcar a toda la cadena de mandos de la Federal, incluídos los ministros de Seguridad e Interior de los gobiernos que se sucedieron durante los once años que duró la infiltración de Balbuena en la agencia Walsh.

Los investigadores ya habrían detectado que esta sección de Inteligencia de la Federal está regida por un decreto de 1963 que colisionaría con la legislación posterior que prohibió todo tipo de tareas de inteligencia sobre grupos sociales y políticos, específicamente la ley de Inteligencia.

Myriam Bregman, una de las abogadas que elaboró la denuncia, destacó que “si bien se dictó la ley de inteligencia bajo gobierno constitucional, ninguno de los gobiernos posteriores a la dictadura militar estableció penas específicas para la infiltración y el espionaje, por lo que se aplican delitos menores y referidos a otras cuestiones, protegiendo así esa deplorable actividad”.

Por su parte, los denunciantes que pertenecen a varias de las centenares de organizaciones que habrían sido infiltradas por Balbuena aspiran a que el avance de la causa judicial pueda culminar en alguna medida que inste al Poder Ejecutivo a desmantelar esa estructura de la Federal y a entregar a quienes fueron espiados toda su información.

Balbuena era un agente PCI (Personal Civil de Inteligencia) quien en la agencia Walsh se dedicó al seguimiento de las actividades de movimientos gremiales y sociales, su agenda y sus movilizaciones. Y desde ese lugar privilegiado concretó lazos de confianza y amistad con centenares de militantes y dirigentes.

Esta presentación del EMVJ es similar a la que realizaron en noviembre de 2011 para denunciar tareas de espionaje realizadas por la Gendarmería Nacional, en lo que terminó denominándose Proyecto X, nombre de uno de los programas informáticos usados por los gendarmes. Los primeros casos fueron denunciados por los trabajadores de Kraft pero luego la investigación judicial demostró que el arco de espiados era mucho más amplio.

Dice el escrito que ahora ya es parte de la causa que investiga el juez Torres: “durante los aproximadamente once años que Balbuena mantuvo su actividad como infiltrado en la mencionada Agencia Alternativa de noticias, simulando ser ‘militante’ se ocupó de cubrir periodísticamente la agenda de actividades políticas, a través de  la  cuales le permitió tener vínculos con distintos referentes y militantes de partidos políticos, organizaciones sociales, sindicales, estudiantiles, de derechos humanos, etc. Incluso realizar entrevistas dentro de los domicilios particulares de varios de ellos”.

“La infiltración de las fuerzas de seguridad en los movimientos sociales tiene como objetivo la criminalización de la protesta social. No estamos ante un caso aislado, cada fuerza tiene su grupo de espías, la Federal tiene un cuerpo de 1.000 agentes para esta tarea”, dijo Bregman, letrada del PTS y querellante en la causa Proyecto X.

Firmaron la denuncia contra Balbuena la propia agencia Walsh, la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, Liberpueblo, Cuba-MTR; Claudio DelleCarbonara, Christian Castillo y Federico Puy (PTS); Néstor Pitrola, Gabriel Solano y Alejandro Lipcovich (PO); Juan Carlos Giordano y José Castillo (IS); Alejandro Bodart y Vilma Ripoll (MST), Héctor Heberling (Nuevo MAS), Elena Hanono (PCR) y Natalia Saralegui (Tendencia Piquetera Revolucionaria).

Ayer, bajo la llovizna, el EMVJ marchó a Plaza de Mayo para denunciar que las organizaciones de derechos humanos, sociales, política y gremiales “somos víctimas del espionaje comandado por las fuerzas de seguridad del kirchnerismo”, y contra la “represión y la criminalización de la protesta”.

Alejandrina Barry, hija de asesinados por la dictadura y miembro del Ceprodh, dijo: marchamos también porque la criminalización de la protesta ha pegado un preocupante salto: en la provincia de Buenos Aires, la Bonaerense detuvo ilegalmente a delegados de ATE en La Plata; fueron atacados brutalmente integrantes de la comunidad Qom en Formosa; en la Ciudad de Macri se suceden desalojos violentos por parte de la Metropolitana, como en el Borda, el Parque Centenario, Sala Alberdi y recientemente en la Gráfica Mom en Pompeya; la Federal desaloja a vendedores ambulantes en Retiro; en Córdoba, detienen sin orden judicial a ocupantes de tierras fiscales; en Santa Fe se desalojó con balas de plomo en Empalme Graneros a los que reclaman un pedazo de tierra para vivir; en Famatina, los ambientalistas fueron reprimidos cuando se manifestaban contra la megaminería; por si esto fuera poco, en Santa Cruz reprimieron a trabajadores estatales y llevarán a juicio a petroleros de Las Heras”. 

La consigna que los unificó fue exigir el desmantelamiento del aparato de espionaje contra los luchadores, que entreguen las listas del personal infiltrado, el fin de la represión y criminalización de la protesta y el desprocesamiento a los más de cinco mil luchadores con causas“.

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Y se viene el OTOÑO ANTIRREPRESIVO

 

Jornadas contra la represión y la criminalización de la protesta social

En los últimos meses, tres hechos represivos en la Ciudad de Buenos Aires volvieron a mostrarnos descarnadamente de qué modo las llamadas “fuerzas de seguridad” actúan como reaseguro de decisiones políticas y a la vez, de intereses económicos privados.

Más allá de su relevancia periodística, los hilos conductores de los tres hechos son los mismos: palos, gases, balas de goma sin reglamento, y balas de plomo también, para anular discusiones sobre el uso del espacio público (Parque Centenario), sobre quiénes acceden a la cultura (Sala Alberdi), sobre el uso de las tierras públicas para negocios privados (Hospital Borda) y antes, sobre la falta de vivienda (Parque Indoamericano). Las causas judiciales forman parte de este escenario a palos, y ya es natural que las detenciones ocurridas en medio de hechos de represión desemboquen en expedientes. Como complemento del acto represivo, la criminalización intenta aleccionar y disciplinar para evitar la reincidencia en el derecho a protestar, resistir, manifestar o estar en disidencia.

Detrás de este andamiaje y dentro de las leyes, los casos de infiltrados en organizaciones sociales (como Américo Balbuena, policía de la Federal infiltrado por años en la Agencia de Noticias Rodolfo Walsh) reviven las denuncias contra el Proyecto X y la ley antiterrorista, y conectan directamente el pasado histórico de la dictadura con la actualidad. Cada hecho de represión y judicialización de la protesta en todo el país durante la última década desnuda la contradicción de un gobierno que ha avanzado en el castigo a los represores de los ’70, mientras mantiene intacto el aparato represivo y sin sanción a los responsables de las reiteradas violaciones de los derechos humanos en democracia.

Apelando a los márgenes cuando hace falta, la tercerización de la represión aparece como brazo multitarea, poniendo a disposición barrabravas y efectivos de seguridad retirados o no, con ejemplos como la extinta UCEP en Buenos Aires o el grupo parapolicial GP5 en Mar del Plata, para limpiar de pobres las calles, “agilizar” desalojos o interviniendo en conflictos sociales como apoyo a las fuerzas policiales con desenlaces como el asesinato de Mariano Ferreyra.

Este escenario no es nuevo ni exclusivo de la Ciudad de Buenos Aires. Es un botón de muestra, que en estos días encuentra eco en todo el país.

Por eso es urgente convocarnos para encontrarnos y hablar en voz alta de la represión y la criminalización de la protesta social. Porque es necesario no naturalizarla, denunciarla ampliamente y resistirla.

¡Basta de Represión! ¡NO a la Criminalización de la protesta social!

Cine Debate

Viernes 24/5 a las 20hs en el Espacio de Cultura y Política Popular “El Cid” (Ángel Gallardo 752, 2º piso).
Proyección de videos sobre las políticas represivas del Estado en los últimos tiempos.

Festival artístico- cultural

Sábado 1/6 desde las 13hs en el Anfiteatro del Parque Lezama (Av. Paseo Colón y Brasil).
Serigrafía – Stencil – Exposición de fotos – Muralismo colectivo – Radio abierta -Intervenciones teatrales – Juegos – Taller de ula-ula – Taller de autodefensa – Feria – Batucada – Murga

  • Presentación del libro “La Justicia a cuentagotas” de Hijos La Plata – Charla debate.

Charla debate

Domingo 2/6 (horario y lugar a confirmar).

 

Sobre Ley Anti-terrorista y la lucha contra la represión.

 

Panelistas: Integrantes de CORREPI-COPODH-CADEP, Enrique “Cachito” Fukman del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, y testimonios de procesadxs por luchar.

http://argentina.indymedia.org/uploads/2013/05/oto_o_anti_represivo-01.jpg

Caso Balbuena, el día después

La clave del espionaje de la Federal está en la estructura legal, intocada desde su creación en tiempos de la Libertadora. ¿Qué puede pasar en la investigación interna a la luz del decreto ley 9021/63 que habilita las prácticas que realizó Balbuena?

Ex comisario Luis Vicat confirma existe estructura en la Federal “que bordea la línea roja” entre lo legal y lo ilegal. Informe FM La Tribu http://www.vueltacangrejo.blogspot.com.ar/

La Alameda y otras organizaciones sociales piden habeas data.

Cómo sigue la vida en la agencia infiltrada por quien durante once años se hizo pasar por un compañero periodista y en verdad era PCI (Personal Civil de Inteligencia) de la Policía Federal. 

Enfoques en medios muy diferentes. 

A pocos días de la denuncia de la Walsh y de la conferencia de prensa donde centenares de organizaciones exigieron el desmantelamiento de las estructuras que realizan inteligencia interior, la lista de los infiltrados y la entrega del material recabado, el ministerio de Seguridad dejó trascender que serían investigados todos los jefes de la división a la que reportaba el agente Balbuena. En su artículo en PáginaI12, Raúl Kollmann afirmó que “la ministra Garré le ordenó al jefe de la Federal, Román Di Santo, que determine si otros funcionarios de la sección Reunión de Información incumplen la Ley de Inteligencia ya que, según Garré, es claramente incompatible ser PCI y trabajar en una agencia de noticias monitoreando las organizaciones sociales”.

Es decir, en principio surgía con claridad que Balbuena, al igual que los gendarmes de Proyecto X, habrían violado al menos una ley nacional. Aunque es altamente improbable que “trabajara por su cuenta”. Pero, en cualquier caso, el asunto es más complejo porque las normas que regulan internamente a la Federal lo habilitan a hacer lo que hizo, para sus jefes o por las suyas.

Veamos por qué.

Marcelo Saín, ex interventor de la Policía de Seguridad Aeroportuaria y actual diputado provincial, asegura que “la Policía Federal Argentina (PFA) es la única institución de seguridad de carácter nacional que, desde la instauración democrática, no ha sido objeto de ningún tipo de reforma o modernización institucional que erradique sus enclaves autoritarios y la ponga a tono con los parámetros de la seguridad pública democrática”. El experto afirma que el régimen profesional del personal de la PFA fue establecido durante la dictadura y que esas normas están vigentes, tanto como el decreto ley 9021/63 que instituyó la “Orgánica del Cuerpo de Informaciones de la PFA”, a partir del cual se conformó y se puso en funcionamiento un verdadero servicio paraestatal de informaciones e inteligencia no sujeto a ningún tipo de control administrativo, judicial ni parlamentario más allá del ejercido por algunos pocos miembros del Comisariato superior de la fuerza.

Ese cuerpo está compuesto por ‘agentes secretos’ abocados a las tareas específicas de la ‘especialidad de informaciones’ y cuyos cargos no son ‘incompatibles con otro empleo de la administración pública, provincial, municipal y privados’, es decir, estos agentes del recontraespionaje se pueden infiltrar en cualquier organismo público o privado, facultad que no tienen los agentes de la Secretaría de Inteligencia, regulada por la Ley 25.520 que fue sancionada en democracia”. Como si todo esto no fuera ya de por sí impactatante, Saín describió que “aquel cuerpo policial de informaciones cuenta con casi 1000 espías que se dividen en dos categorías, superior y subalterno, cada una de las cuales tiene sus propias jerarquías. Entre sus numerarios se encontraba Ciro James“, entre otros.

En el artículo Saín afirma que con esta estructura “intocada” la PFA adquirió una “autonomía operacional ‘por abajo’ como lo hizo ninguna fuerza de seguridad o inteligencia estatal. Y luego de describir las luces y sombras de la subordinación “por arriba” al gobierno kirchnerista, recuerda que en noviembre de 2009 la Federal abrió el paso a la pandilla de la barra de Vélez en un recital de rock que le costó la vida al joven Rubén Carballo. Muy similar descripción a la reciente zona liberada que esta misma fuerza dejó para que la patota de José Pedraza asesinara a Mariano Ferreyra.

Y se termina preguntando respecto de la evidente falta de reforma de la estructura interna de la Federal, “¿dónde quedó el impulso progresista” del mismo gobierno que creó la primera policía moldeada en democracia, con mando civil, controles externos y parlamentarios (la PSA), y también “¿qué hicieron hasta ahora los legisladores de la ‘república’ que mantienen un silencio cómplice ante semejante mojón autoritario moldeado por la herencia normativa e institucional de sucesivas dictaduras”.

Balbuena trabajó tranquilo por once años, sabiendo que su actividad estaba enmarcada en los propios reglamentos internos de la fuerza, a partir de un decreto del año 1963 que está vigente.

Entonces, ¿se planteará que hay una colisión entre esa norma y las leyes que prohiben la inteligencia interior? ¿hasta dónde llegará el caso Balbuena? ¿Será ésta la oportunidad de derribar ese enclave de espías?

(Nota de opinión de Marcelo Saín, PáginaI12, enero 2010) http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-139049-2010-01-26.html

Las organizaciones sociales espiadas acuden a la justicia

La agrupación La Alameda, dedicada a la denuncia de trabajo esclavo y trata de personas, fue uno de los blancos más recientes del espía Balbuena. Sus integrantes, que en la foto de esta nota decidieron taparse los rostros, presentaron un recurso de habeas data, de impecable redacción, en el que plantean que las reglas internas de la Federal colisionan con leyes nacionales y con la propia Constitución.

La semana próxima el Encuentro Memoria Verdad y Justicia (EMVJ) pediría un habeas data colectivo para exigir al Estado que entregue todos los datos recabados de las personas y organizaciones espiadas en el caso Balbuena.

La agencia Walsh reprodujo un artículo de La Retaguardia, en el que el abogado Soares afirmó que el objetivo de la infiltración no es sólo conseguir información sino también generar desconfianza entre las agrupaciones buscando su desorganización.

www.agenciawalsh.org

La vida sigue, la tarea del periodismo alternativo también.

Bajo el título “Presos políticos, hay que arrancarlxs de la cárcel con la lucha”, los colegas de la agencia de noticias Rodolfo Walsh escribieron esto:

(AW)Aclaración necesaria: Entre los perjuicios que nos produjo la infiltración del agente de Inteligencia Américo Balbuena, se halla el retraso de diversas producciones que quedaron postergadas por las tareas asumidas luego del “descubrimiento”. Por caso, un Boletín especial por el Día del Preso Político que ya no se publicará como tal. En sucesivas notas, ésta es una de ellas, daremos cuenta del tema. Gracias por la comprensión. Colectivo AW.

http://www.agenciawalsh.org/aw/

Repercusiones: La Vaca, Diario sobre Diarios y El País

Balbuena decía que trabajaba en una carpintería, pero llamaba la atención que siempre tenía la mayor disponibilidad horaria para cubrir cortes y manifestaciones. Resultó que esa empresa no existía. Retrato de un servicio, según lavaca.org. Perfil ratifica lo publicado por OJOS VENDADOS en tanto el buchón de la Federal habría sido botoneado por una interna con sus propios camaradas de armas en la fuerza. Y finalmente, ¿por qué los grandes medios le dieron tan poca cabida? La respuesta es de Martín Caparrós.

http://blogs.elpais.com/pamplinas/

http://lavaca.org/notas/retrato-de-un-servicio-el-agente-infiltrado-en-la-agencia-de-noticias-rodolfo-walsh/

http://www.diariosobrediarios.com.ar/dsd/notas/5/373-a-balbuena-lo-botonearon-desde-la-policia-.php#.UZGCx6JSjko

Los amigos del barrio pueden desaparecer

El periodista Miguel Graziano escribió En el cielo nos vemos, la historia de Jorge Julio López, y al pedirnos el prólogo de su obra nos permitió volcar una síntesis de nuestra experiencia en el seguimiento del caso durante los más de seis años que lleva sin aparecer. Editado por Peña Lillo-Continente, fue presentado el viernes 3 de mayo en la Feria del Libro, donde compartimos la palabra con el autor, el escritor Osvaldo Bayer y el editor Jorge Gurbanov.

El misterio sobre el destino de López no será revelado en el libro, porque la justicia que lo investigó sólo trazó caminos que no conducen a nada. Pero nos acercará al hombre destrás de la dolorosa figura del desaparecido, el único que sobrevivió a la dictadura para volver a desaparecer en democracia. Nos mostrará la “mezcla explosiva de ineptitud, complicidad y encubrimiento” de la que hablaba Adriana Calvo al referirse a los funcionarios a cargo de su búsqueda. Y nos dejará el amargo sabor de una evidencia incontrastable: una parte residual del aparato represivo sigue teniendo poder letal. Aunque no pudieron frenar los juicios por los delitos de lesa humanidad cometidos durante el genocidio de la dictadura cívico militar, sí consiguieron marcarles un límite.

“Un libro necesario, muy documentado”, dijo Bayer en la presentación. En tanto Graziano recordó que el testigo desaparecido en 2006 siempre repetía que “los argentinos tienen que saber lo que pasó” durante la dictadura, por eso se propuso que “los argentinos tienen que saber lo que pasó” con López. El editor Gurbanov dijo que “aunque no le podamos dar vida tenemos que visibilizarlo por su coraje”, y afirmó que el esclarecimiento del caso es “una deuda pendiente de este gobierno porque enfrenta a una justicia que no es tal”. Por nuestra parte, señalamos que el de López es un “crímen político impune”, y que el libro nos ayudó a comprender que los familiares no quisieron saber sobre sus padecimientos ni lo acompañaron cuando decidió convertirse en testigo y querellante porque consideran que su activismo politico fue el origen y la razón de que desapareciera dos veces.

Todos los caminos conducen a la nada
(a modo de prólogo)

López duele. Desde el primer día de su desaparición hasta hoy, duele. En el alma, en la conciencia, su recuerdo sigue estrujando las entrañas, con mayor intensidad para algunos, algo menos para otros. También habrá quien sólo tenga dudas o sienta una leve molestia al escuchar su nombre: Jorge Julio López, desaparecido en democracia.

Pocos saben que técnicamente la ausencia de López en los alegatos podría haber impedido la continuidad del juicio porque los sobrevivientes alegaban por sí mismos, no habían apoderado a sus abogados. De no haber mediado la excepción que hizo el Tribunal Oral Federal platense, que juzgó y condenó al torturador Miguel Osvaldo Etchecolatz a prisión perpetua por delitos cometidos en el marco de un genocidio, el juicio se hubiera anulado. ¿Sabrían esto los que se lo llevaron?

Quienes desde el poder se animaron a decir que López podía estar perdido lo hicieron al amparo de la propia incredulidad inicial de la familia. Mientras sus compañeros sobrevivientes no dudaron en afirmar que “lo chuparon”, su hijo decía que podía estar perdido. El relato de Graziano permite entender el lugar desde dónde hablaron: la negación de la propia condición de ex preso político de López. Cuando sus compañeros lo llamaban a su casa tenían que decir que era por algún trabajo de albañilería. En esa dimensión de su vida Tito, como le decían en la intimidad de su hogar, los tenía en contra. No quisieron saber sobre sus padecimientos en cautiverio durante la dictadura, tampoco acompañaron su decisión de declarar. Para ellos, su activismo político fue el origen y la razón del drama que los envolvió.

Su repaso de los hechos no sólo pone en contexto la desaparición de López, también nos ubica en el primer juicio luego de la anulación de las leyes de impunidad (Obediencia Debida y Punto Final),  aunque la primera sentencia fue la que condenó al represor Julio Simón (alias Turco Julián) en un proceso que había comenzado pocos días después que el del ex comisario Etchecolatz. El ex director de Investigaciones de la Policía Bonaerense había llegado en libertad al banquillo, pero la perdió cuando trascendió que poseía una pistola 9 milímetros en su casa de Mar del Plata.

Graziano reconstruye todas las fallidas búsquedas, pero antes muestra al hombre detrás del desaparecido. En el cielo nos vemos habla de ese pulóver amarillo que le había tejido su esposa Irene, que le sacaron durante el primer secuestro para ponérselo en la cabeza, y cuando López abrió los ojos se dio cuenta de que veía todo a través de los puntos de la prenda de lana. Quería llevarlo cuando declaró pero le dijeron que no hacía falta. Él sabía que no era un detalle menor. Cuando las defensas de los genocidas quieren invalidar los testimonios de los sobrevivientes apelan a que estaban vendados o encapuchados.

Del austero trazo de Graziano surge la historia para saber quién era López antes y después de su primer secuestro, cómo procesó en su interior la tortura y el encierro con familiares que no querían saber, de qué manera se animó a ser testigo, y cómo reconstruyó su memoria. Quien en un principio fue tildado de “viejo loco” terminó aportando a la justicia un dato que resultó irrefutable: la existencia de restos humanos en el campo clandestino de Arana. “Este fue el quemadero de cuerpos”, había dicho López durante una reconstrucción. Así había sido.

También están las piezas del rompecabezas que no encajan: las amenazas que sufrió el testigo Illiodo en el mismo momento en que López daba su testimonio, por qué nunca fue interrogada en la investigación la ex secretaria de Etchecolatz, por qué la propia Bonaerense dijo que el cadáver de Punta Lara era el de López.
Los diálogos con los funcionarios que estuvieron a cargo de la búsqueda desnudan su total desconcierto e impotencia. “Nosotros tenemos sólo el 20 por ciento del control de la fuerza”, confesó el ex ministro León Arslanian al referirse a la Bonaerense. Graziano demuestra que no estuvieron a la altura de las circunstancias –porque no pudieron o no supieron– pero varios de los interlocutores de aquellos funcionarios sostienen que no quisieron estarlo porque nunca hubo decisión política de esclarecer la desaparición de López. Cuando miembros de los organismos de derechos humanos insistían en que fueran echados los policías que habían tenido vínculos con la dictadura, la respuesta fue que había que anteponer “la gobernabilidad de la fuerza”. Si López hubiera sido prioridad de Estado no hubieran tardado dos años para apartar a la Bonaerense y calificar el caso como desaparición forzada de persona. O hubiera habido alguna respuesta política más enérgica luego de que la investigación pusiera al descubierto el escándalo de irregularidades en el llamado pabellón de lesa humanidad: una serie de privilegios de los que gozaban los represores detenidos en la cárcel de Marcos Paz, como acceso a telefonía celular, líneas no declaradas, visitas con registros irregulares y connivencia explícita del Servicio Penitenciario Federal que obligó a realizar un segundo allanamiento.

Algunas contradicciones expuestas hablan por sí solas, como cuando Arslanian dijo que López se “ausentaba” (el mismo término utilizado por quienes difundieron versiones delirantes y malintencionadas, y por los que denunciaron a sus compañeros por no haberlo cuidado). Esto fue negado por sus hijos y esposa en una de sus cartas públicas.

Por otra parte, el relato pone en evidencia qué dijo cada quien luego de reunirse con los funcionarios, qué declararon los protagonistas principales y los secundarios de esta historia al salir de los despachos oficiales.

“Se tardó mucho en hacer los juicios”, dijo la abogada Guadalupe Godoy. Se tardó demasiado en siquiera intentar concretar aquella consigna de las primeras movilizaciones de la democracia que exigía el “desmantelamiento del aparato represivo”. Si acaso hubo una evaluación del poder del enemigo a enfrentar con la política de juicios por crímenes de lesa humanidad, fue como mínimo insuficiente y equivocada. La imprevisión respecto de la protección integral de los testigos quedó brutalmente en evidencia con la segunda desaparición de López y la sucesiva ola de amenazas e incidentes similares. Un cuidado que siempre debió haber sido mucho más que custodiarlos con miembros de las mismas fuerzas sospechadas de seguir siendo parte de ese reciclado aparato represivo. Tardío, hubo un intento de ir al nudo de la cuestión con el armado de una red para identificar a posibles represores activos y conspirando. Pero también faltó decisión política, el organismo encargado nunca recibió los fondos necesarios y todo quedó en la nada.

“El gobierno de la provincia reconoció explícitamente que un centenar de represores seguían en actividad en la policía provincial y se comprometió a exonerarlos. Sin embargo, sólo ‘jubiló’ a 36 de ellos cuando lo apropiado hubiese sido no sólo expulsar a la totalidad sino iniciar una inmediata investigación acerca de su eventual complicidad con el secuestro de Julio”, dijo Nilda Eloy, sobreviviente y compañera de López en el juicio, a un mes de la desaparición. No estuvieron (o no quisieron estar) a la altura de las circunstancias. Treinta días tardaron para empezar a cruzar datos de las Fuerzas Armadas, Policía Bonaerense y Federal. Hasta que la resignación empezó a colarse en las respuestas. “¿Van a seguir aunque pase el tiempo?”, le preguntó Ruben López al gobernador Felipe Solá. “Se mantendrá el espíritu de trabajo conjunto  entre los gobiernos nacional y provincial”, dijo el funcionario. Ya al segundo mes el caso López empezó a tener cada vez menos lugar en la agenda pública. Al punto que años después Nilda concluyó que Jorge Julio López había desaparecido cuatro veces, la primera en dictadura, la segunda en democracia, la tercera de los medios y la cuarta del expediente judicial, cuando éste quedó un tiempo a la deriva entre juzgados.

¿Hay respuestas en el libro? No las hay porque no las tiene el caso. Graziano no suma una más a las hipótesis existentes, y cree que esta es una historia con final abierto, que solamente tendrá un cierre cuando sepamos la verdad de lo que pasó. Pero se queda con una idea que compartimos: a López lo habría abordado alguien que él conocía con la intención de obligarlo a desmentir el testimonio que prestó en el juicio contra Etchecolatz, y como el testigo se negó lo habrían hecho desaparecer. ¿Quiénes? Probablemente una banda mixta integrada por policías y militares, retirados y en actividad.  Pero la justicia no logró probarlo. Y el resto del expediente es una sucesión de amenazas, pistas disparatadas e interesadas, rastrillajes indiscriminados y misterios teñidos de mensajes mafiosos, como el episodio del hallazgo de las llaves de López. Una de sus abogadas en el juicio, Myriam Bregman, sostuvo una vez que la única esperanza de encontrar algo de esclarecimiento respecto de López era investigando a todos los que encubrieron y sembraron pistas falsas en la causa, un expediente donde hubo puro enchastre y las pocas pistas serias fueron arruinadas. Quienes estuvieron a cargo del caso hasta el día de hoy esgrimen sólo excusas sobre su rotundo fracaso, de modo que suscribimos que hayan sido omitidas. Si el expediente tuvo varios años de actividad fue por la incansable labor de los abogados Godoy y Aníbal Hnatiuk, quienes insisten en exigir justicia aún cuando sintieron más de una vez que les tomaban el pelo. Como cuando descubrieron que los investigadores policiales se pasaron meses escuchando las supuestas líneas intervenidas de Marcos Paz, y registraban las conversaciones de los presos comunes. ¿No se dieron cuenta que alguien les cambió la ficha?

Así como sucedía con los aniversarios del ataque a la AMIA, y ahora ocurre con la desaparición del joven Luciano Arruga,  cada año que pasaba sin López había algún anuncio para la ocasión.  Al principio sonaba a oportunismo, pero en perspectiva cuando se impone el silencio y el olvido al menos cada veinticuatro meses el tema volvía a los medios. Por nuestra parte, cada 16 de septiembre repetimos la frase de la sobreviviente Adriana Calvo, compañera de juicio con López, fallecida en diciembre de 2010. Ella definía la investigación sobre Julio como “una mezcla explosiva de inoperancia, encubrimiento y complicidad de los funcionarios y las fuerzas de seguridad”. Graziano recuerda que a un mes de la desaparición Eloy dijo que el caso mostraba “una descoordinación total entre los diferentes organismos de seguridad del Estado que, a esta altura, hace presuponer un alto grado de complicidad”. Sin ir tan lejos, la familia se quejaba que cada día venían desde distintas fuerzas a preguntarles lo mismo.

Miguel Bru, Iván Torres, Luciano Arruga y otras cincuenta personas desaparecieron en democracia. Pero López es la única que desapareció dos veces, primero durante la dictadura, en octubre de 1976, y luego durante el gobierno de Néstor Kirchner, el 18 de septiembre de 2006. El fallecido ex presidente lo nombró públicamente media docena de veces, y quizás muchas más en privado. No así su mujer, la actual presidenta Cristina Fernández de Kirchner. En cualquier caso, durante ambas administraciones el Estado fracasó en su búsqueda y sigue desaparecido.
López desapareció en democracia, aunque algunos consideren que eso sólo sucedía cuando gobernaban los sicarios del Estado. El Estado democrático debe asumir la responsabilidad por sus desaparecidos –como ya dijo la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Iván Torres– porque no pudo (de nuevo, no quiso) desmantelar el aparato represivo, porque decidió que la gobernabilidad se podía lograr a costa de dormir con los enemigos. Pues entonces asuma la clase política los costos. Los represores desfilan por los banquillos, que no es poco. Pero consiguieron que volvamos a convivir con la idea de que se puede desaparecer en Argentina.

Falta el Viejo, como le decían sus compañeros. Falta el testigo Jorge Julio López.

Primero por lo inconcebible, luego por la impotencia, ahora por la impunidad,  su ausencia sigue doliendo.

Adriana Meyer
Buenos Aires,  marzo 2013

Más en 

http://nopublicable.blogspot.com.ar/

https://www.facebook.com/pages/En-el-cielo-nos-vemos/130785043743114?hc_location=stream

Y la voz de Julio López en este mismo sitio, AM x AM

http://www.adrianameyer.com.ar/index.php/am-x-am/item/78-en-el-nombre-de-julio

Entrevista al periodista Miguel Graziano – InfoNews

http://www.infonews.com/2013/05/07/politica-74342-sola-reconocio-en-privado-que-fue-la-policia-la-que-secuestro-a-lopez.php