Cambian los gobiernos, siguen los espías

La punta del ovillo es esa maldita costumbre de los uniformados de espiar puertas adentro, en este caso otra vez la Gendarmería y una vez más a periodistas y organizaciones del campo popular. Así quedó expuesto que el gobierno de Cambiemos utiliza informes de inteligencia de esa fuerza de seguridad, basados en el espionaje sobre agrupaciones políticas, sociales y de derechos humanos, como así también a los periodistas Gustavo Sylvestre y Mauro Federico.

Esta periodista publicó el primer artículo sobre la existencia del sistema montado por los gendarmes, lo que más tarde se conocería como Proyecto X. Fue en noviembre de 2011 en PáginaI12, sin firma, y en lo sucesivo en este portal OJOS VENDADOS que apenas nacía. Vaya casualidad, o no, que este relanzamiento y rescate de un posible naufragio en la web –gracias los geniales expertos en diseño e informática Juan Marchetto y Leonardo Vázquez– tenga que ver con la continuidad de una actividad que está prohibida por las tres leyes nacionales que son el pilar del principio democrático de demarcación: las fuerzas militares y de seguridad tienen prohibido practicar inteligencia interna por las leyes de Defensa, Seguridad e Inteligencia.

Mientras los funcionarios kirchneristas negaban o minimizaban los alcances del espionaje, nacía una causa, a la que se sumó el Cels (Centro de Estudios Legales y Sociales) como amicus curiae, que varios otros medios comenzaron a seguir y que ahora cuenta con una ampliación porque los gobiernos cambian de signo pero mantienen las mañas. http://adrianameyer.com.ar/proyecto-x-existe-la-justicia-investiga-lo-que-revelamos-en-ojos-vendados/

La foto que ilustra este texto fue tomada por los gendarmes espías y constaba en aquella denuncia original. Entre el grupo de manifestantes la mujer del pañuelo blanco es la Madre de Plaza de Mayo Elia Espen.

Según informó hace pocos días el diario Ámbito Financiero, el gobierno de Macri dio órdenes a la Gendarmería para que recoja y reporte las actividades de quienes puedan generar  “hipótesis desestabilizadoras”. No se trata de espionaje a ciertas organizaciones sino que todas las manifestaciones son incluidas en un mismo informe de “inteligencia”

Algunas de esas “hipótesis” son las manifestaciones y cacerolazos contra el tarifazo de los servicios de luz, gas y agua; cortes de trabajadores municipales de la Provincia de Buenos Aires; marchas por la reapertura de paritarias en numerosas provincias y actos por la libertad de Milagro Sala.

La diputada del PTS-Frente de Izquierda y fundadora del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH) Myriam Bregman señaló que “toda manifestación social es incluida en el informe. Así como el Gobierno anterior hacía informes sobre los ambientalistas de Gualeguachú, hay informes de Aníbal Fernández diciendo que a partir del año 2009 con la crisis económica había que tener especial control sobre las manifestaciones, evidentemente este Gobierno tiene una continuidad absoluta en esta práctica”.

Así ayer como hoy

El método de infiltrar uniformados en manifestaciones de trabajadores, movimientos de derechos humanos para recabar información y almacenarla luego en una base de datos conocida como Proyecto X, salió a la luz cuando Bregman denunció que la Gendarmería se había infiltrado en una manifestación de los trabajadores de Kraft-Terrabusi (hoy Mondelez) en el marco de un conflicto por despidos discriminatorios por parte de la patronal norteamericana para luego, con la información recabada, armar causas contra trabajadores que habían sido parte del conflicto como Javier “Poke” Hermosilla que en ese momento era delegado de base de la empresa. La denuncia fue determinante en la posterior renuncia de la entonces ministra de Seguridad, Nilda Garré.

Ahora salieron a la luz catorce páginas que dan cuenta cómo se maneja la Gendarmería en este procedimiento ilegal, haciendo un relevo de información sobre dos medidas de fuerza sindical de los municipales de la capital de Jujuy y sobre el paro del Frente de Gremios Estatales en esa provincia. Como relata Gloria Pagés en La Izquierda Diario, “resulta llamativa la cantidad de tinta dedicada a dar cuenta de la presencia de numerosos organismos de derechos humanos en Jujuy los días 9 y 10 de septiembre que viajaron para denunciar las violaciones sistemáticas a las libertades democráticas y las situación represiva en la provincia, y al Encuentro que allí realizó el CeProDH.

Junto con copias de volantes y afiches que denuncian el Estado policial en Jujuy, los gendarmes realizan su propio análisis de la información recabada: “Se aprecia que (estos dirigentes) y sectores no afines al oficialismo provincial y nacional, se encuentran llevando a cabo una campaña de desprestigio contra el Gobierno mediante los medios de comunicación social, Facebook, Twitter y prensa digital de la provincia de Jujuy. Se estima que estas actividades se irán incrementando en forma paulatina con el objeto de perjudicar la imagen del Gobierno provincial y nacional, con el fin de crear situaciones que distraiga al P.E.P. en sus objetivos gubernamentales”. Al igual que sucedía cuando espiaban el conflicto de Kraft, los gendarmes se permiten análisis socio políticos en sus informes. En aquella oportunidad evaluaban los niveles de conflictividad dentro del sindicato de la Alimentación.

Ahora los gendarmes espías señalan la peligrosidad tanto de la Comisión de organismos que, impulsada por el CeProDH, integraron organismos de derechos humanos como el CELS, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, Correpi, la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos (AEDD), el Comité por la Libertad de Milagro Sala entre otros, que recibió el 9 de septiembre en San Salvador múltiples y graves denuncias sobre lo que se ha dado en llamar “Estado policial” en la provincia.

Los informes de Gendarmería dan cuenta también de la realización del Encuentro del CEPRODH, que reunió a decenas de jóvenes, trabajadores, abogados y estudiantes de Derecho de todo el país en la Facultad de Humanidades de la capital jujeña.

“Las actividades y denuncias que nosotros hacemos, como haber ido a Jujuy a denunciar la situación represiva, lo hacemos de forma pública, así que el espionaje no tiene el objetivo de enterarse qué actividades vamos a hacer sino más bien de preparar algún tipo de represalia, lo cual es muy preocupante”, indicó Bregman, una de las impulsoras de las denuncias y la campaña contra el régimen represivo en Jujuy.

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“No nos sorprende pero no lo vamos a naturalizar”

“Lo peor que podemos hacer con esto es naturalizar, pensar que no pasa nada y no tiene ninguna consecuencia. En Argentina siempre las consecuencias del espionaje han sido terribles porque los gobiernos pasan pero la información de inteligencia queda”, indicó la diputada trotskista.

Lo cierto es que esto no es nuevo. Parte de la “pesada herencia” es el famoso sistema de espionaje denominado Proyecto X, denunciado por Bregman en 2011, por el cual la cúpula de la Gendarmería está siendo aún investigada. La ley de inteligencia 25.520 prohíbe expresamente que el Estado “obtenga información, produzca inteligencia o almacene datos sobre personas por el sólo hecho de su raza, fe religiosa, orientación o identidad sexual, acciones privadas u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias o laborales”. Del mismo modo, la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales, impide almacenar “datos sensibles”, es decir aquellos que revelen “opiniones políticas, convicciones religiosas, filosóficas o morales, y afiliación sindical”. Los antecedentes mencionados en la nota de 2011 en Ojos Vendados dan cuenta que el Estado y los sucesivos gobiernos violan sistemáticamente sus propias leyes.

“La Policía Federal tiene un cuerpo especial de informaciones para realizar espionaje político, tenemos denuncias hechas en las cuales somos querellantes por inteligencia hecha por la SIDE sobre nuestras organizaciones, tenemos el Proyecto X de Gendarmería y ahora vemos que el Gobierno continúa con esa práctica, y cuando eran oposición realizaban denuncias permanentemente, llegan al gobierno y utilizan estos mismos mecanismos y cuerpos de inteligencia que no se desarticulan”, denunció Bregman.

Y agregó: “algunos vienen incluso de la dictadura militar, el propio Jaime Stiusso ha declarado que él ingresó en la SIDE en el año 1972 y siguió en funciones hasta hace bastante poco, esta continuidad en las personas también es la continuidad de la información que van recabando de las organizaciones sociales, políticas. Todo reclamo popular, de los trabajadores contra el gobierno es tomado como un ataque que merece ser investigado” indicó la diputada, que denunció también que fue víctima de amenazas en el teléfono de su despacho y de una carta intimidatoria de Ledesma y Carlos Blaquier.

La misma ministra de Seguridad Patricia Bullrich que hacía encendidas denuncias contra el Proyecto X del kirchnerismo es hoy la responsable del espionaje que se está denunciando bajo el gobierno de Cambiemos. Son los mismos responsables de mandar a esta fuerza junto a Prefectura y la Federal al Gran Buenos Aires y a Santa Fe para militarizar los barrios, provocando cada vez más casos brutales de violencia contra la juventud y los sectores más empobrecidos.

Tanto Bregman como Alejandrina Barry y Matías Aufieri, también integrantes del CeProDH, hicieron saber que “no vamos a naturalizar que por denunciar las violaciones a los derechos humanos nos persigan, nos intimiden”. Así, presentaron un pedido de informes en el Congreso Nacional para que la ministra de Seguridad rinda cuentas sobre estas actividades de espionaje ilegal por parte de las fuerzas de seguridad a su cargo. Y también acudieron a la justicia para ampliar la denuncia original sobre Proyecto X y presentarse como querellantes.

Teléfono para Patricia Bullrich

La ministra de Seguridad Patricia Bullrich debe ahora explicar estas actividades de espionaje ilegal. En efecto, porque según las fuentes en las que se basó la nota periodística, la información reunida por Gendarmería Nacional “luego de ser procesada, se enviaría al Ministerio de Seguridad de la Nación”. En la presentación efectuada se acompañaron las copias de los documentos que recibió la redacción del matutino. Uno de los informes de inteligencia, el más detallado, se realizó sobre el CeProDH y el encuentro de Jujuy, con fotografías de sus referentes. Este documento, denominado “Antecedentes del mes en la Provincia de Jujuy”, se señala en particular que los referentes “Vilca y Natalia Morales del Frente de Izquierda de Jujuy se encuentran cursando invitaciones a dirigentes de otras provincia para que asistan a este evento”.

Como expresa el escrito presentado ante el Juzgado Federal N° 7 a cargo de Sebastián Casanello, este dato es tan grave como llamativo ya que “tratándose esas convocatorias a dirigentes de invitaciones personalizadas y no públicas, es evidente que dichas afirmaciones no pudieron hacerse efectuando una simple recopilación de información pública si no que dicha información podría haberse originado en escuchas o intercepción ilegal de los teléfonos o los e-mails de los dirigentes señalados”.

En la presentación judicial se solicitó que se investigue tanto a quienes pudieran haber realizado estas tareas de espionaje como a quienes en última instancia se sirven de aquellas, es decir, el gobierno nacional de Cambiemos y el de la provincia de Jujuy a cargo de Gerardo Morales.

Bregman enfatizó que “los gobiernos pasan pero la información de inteligencia queda”, y destacó que “nadie del gobierno nacional hasta ahora ha dicho nada. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, denunciaba estas prácticas cuando formaba parte de la oposición pero hoy se vale de ellas para espiar a quienes denuncian las violaciones a los derechos humanos. Y desde el Ceprodh afirman que “así como hemos denunciado el ’Proyecto X’ efectuado por el gobierno kirchnerista y continuamos peleando para que se procese y encarcele a los responsables, presentamos esta denuncia ante la justicia como parte de la pelea por terminar con el espionaje e infiltración del Gobierno Nacional a todos los que salen a reclamar por sus derechos y enfrentan la persecución y el ataque a las libertades democráticas”.

 

Los espías, impunes y premiados.

Según denunció días atrás La Izquierda Diario, luego de que trascendiera que uno de los responsables del contingente de gendarmes que desembarcó en Rosario esta semana, el Comandante Claudio Miguel Brilloni, oficia como Director de Inteligencia Criminal en el Proyecto X, se divulgó que el uniformado fue promocionado por el ex ministro de Seguridad Sergio Berni en 2015 y que además fue uno de los que comandó la entorpecida búsqueda de los hermanos Lanatta y Víctor Schillaci, cuando se fugaron del penal bonaerese de General Alvear.

A propósito de esto, el dirigente del PTS en el Frente de Izquierda Octavio Crivaro señaló: “Las tropas de gendarmería llegaron a Santa Fe, lideradas por el Comandante Brilloni. Él es Director de Inteligencia Criminal en el Proyecto X, un proyecto que denunciamos en 2013 junto a mi compañera Myriam Bregman, desde el PTS en el Frente de Izquierda, junto a organismos de Derechos Humanos. Esta denuncia hizo público que la Gendarmería se infiltraba en organizaciones, manifestaciones y eventos políticos. Los documentos develados gracias a la investigación del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos probaron que en Rosario también se llevó adelante espionaje durante asambleas en ANSES, así como durante medidas de fuerza de ATE, AMSAFE, COAD y otros sectores”.

Liberaron a 2 de los 5 enjuiciados de ATE Santa Cruz

“Si tenemos compañeros presos, todos seguimos presos”, dijo Patricia Benítez al ser liberada y absuelta en el juicio oral contra cinco trabajadores de ATE Santa Cruz por el incendio de un edificio público en el marco de una protesta salarial, ocurrido el 19 de octubre de 2013. El Tribunal Oral de Río Gallegos, que preside el juez Joaquín Cabral, absolvió a la enfermera Benítez (en la foto de ambo rosa) y concedió la libertad inmediata a Diego Reyes. Esto sucedió en la última audiencia de alegatos porque Reyes ya había cumplido 14 meses detenido y el fiscal Gabriel Giordano le imputó el delito de daños al móvil que circulaba por las inmediaciones del día del incendio, que implica una pena menor a la del delito por el que llegó a juicio. Para el resto de los trabajadores, Ernesto Apendino, Juan José Vera y Ramón Arteaga, el fiscal pidió cinco años de prisión, según la defensa, “sin absolutamente ninguna prueba”.

El veredicto de este juicio –que los organismos sociales y de derechos humanos llaman “proceso a la protesta” y en el que los acusados denunciaron haber sido torturados para autoincriminarse, hubo irregularidades en la instrucción y la propia policía admitió que hubo órdenes de no apagar el incendio– será dictado el lunes 1 de diciembre.

A la salir del tribunal, Benítez dijo: “No tiene precio lo que me hicieron, todavía tenemos esperanzas de que cosas como éstas (la absolución) van a seguir pasando y vamos a estar con cada uno de ellos, con sus familias porque hoy todavía no estoy libre, si tenemos compañeros presos, todos estamos presos. Estamos todos juntos, desde acá envío la solidaridad a los más de 6 mil procesados en el país, que no somos delincuentes”. La enfermera instó a la Cámara para que “no se quede a mitad de camino porque falta investigar a los verdaderos culpables. Nosotros somos simples trabajadores que salimos a reclamar porque no nos alcanza para llegar a fin de mes”.

Alejandrina Barry, que participó de la audiencia en nombre de Ceprodh (Centro de Profesionales por los Derechos Humanos) destacó la doble sensación de alegría y bronca. “Salimos por un lado con mucha alegría cuando liberaron a los compañeros, pero es una injusticia terrible que hayan pasado un año presos cuando se demostró que no tenían pruebas. La liberación tendría que haber sido para todos porque este es un juicio armado solo para aleccionar a los trabajadores”. Y agregó: “Como dijo Ramón Arteaga en su alegato final ’soy inocente igual que todos mis compañeros, estamos todos juntos acá como lo estuvimos siempre en la pelea, porque yo estaba ese día peleando porque ganaba 3300 pesos y no me alcanzaba para comer’”.

Elia Espen, Madre de Plaza de Mayo que también viajó para presenciar los alegatos, visitó a los tres trabajadores acusados que continúan detenidos en la Alcaidía. “Me quedó la impresión de que es una causa armada, se supo que hubo un grupo de encapuchados que terminaron perjudicando a los trabajadores acusados de algo que no hicieron, como pasó con los petroleros de Las Heras”, dijo Espen luego del encuentro con Vera, Apendino y Arteaga. “Quedó reafirmado un compromiso: ellos de mantenerse fuertes y nosotros redoblar la lucha hasta conseguir su libertad”, finalizó Barry.

LA DENUNCIA POR TORTURAS

A lo largo de las audiencias del proceso oral y público la mayor conmoción fue causada por las denuncias de torturas que hizo el acusado Diego Reyes, y que también dijeron haber sufrido los demás imputados. “Soy uno de los perejiles y quiero denunciar tortura, abuso de autoridad y abuso de poder”, comenzó Reyes apenas el juez Cabral le dijo si quería agregar algo más. El imputado hizo un detallado relato de las torturas y tratos vejatorios de los que fue víctima. “Fui golpeado desde el primer día, me tiraban al piso la comida, venían encapuchados a apretarme”, dijo. Sobre el momento de su detención, Reyes relató: “De mi laburo me sacaron como delincuente, estuve cuatro días incomunicado, a mi señora nadie le informó nada, tuvo que buscarme sola, recorría comisaría por comisaría”.

Reyes estuvo en la comisaría 1ra, luego fue trasladado a la comisaría 5ta. “No había comido durante cuatro días, me tiraron al calabozo y me desmayé, después me dieron comida podrida, era un asco, me trataron como un perro, después me hicieron leer el Código Penal desnudo a la intemperie y me obligaron a dormir desnudo en el piso del calabozo. Otro día, durante una requisa donde fui brutalmente golpeado me provocaron una fisura interna y me tuve que pelear para que me llevaran al médico”, declaró.

Meses después se produjo un motín donde nuevamente es golpeado con saña, le pegan patadas en la cabeza en todo el cuerpo, y cuando la guardia de Infantería ingresó a la comisaría le rompieron el tabique nasal y la boca. “No paraba de sangrar y me tenían esposado, arrodillado, ellos iban y venían y me pegaban a ver si iba a denunciar algo, me rompieron todo, después me dieron clonazepam, yo nunca había tomado”, denunció este trabajador imputado por el incendio del edificio de Planeamiento, en Río Gallegos, en octubre de 2013.

Antes de terminar, y ante la conmoción que habían provocado sus palabras en los funcionarios judiciales y el público, Reyes agregó: “Derechos Humanos nunca se presentó acá y esto lo quiero denunciar ante ustedes y las cámaras, y quiero que se tome toda esta denuncia porque no sé cómo me va a tratar la policía ahora. Tengo miedo”. Y agregó que tras una revisación médica le encontraron un quiste en la cabeza, producto de los golpes que sufrió.

IRREGULAR INSTRUCCIÓN

El acusado Reyes también había señalado a la jueza Valeria López Leston, que estuvo a cargo de la instrucción de la causa, y dijo que lo “manipuló” para que se haga cargo de los hechos y así saldría en libertad. “Yo no me iba a hacer cargo de algo que no hice porque soy inocente”, dijo Reyes, y agregó que desde la secretaría administrativa del juzgado le dijeron que debía confesar lo que había pasado con el incendio porque si no lo iban a trasladar.

En tanto, la testigo Ana María Espinoza dijo que todas las partes de su declaración fueron modificadas en el juzgado. “Hay omisiones y agregados que yo no dije, que luego fueron utilizados por la jueza de instrucción Valeria López Leston para procesar a los cinco militantes de ATE Santa Cruz y negar en tres oportunidades su excarcelación”, dijo. Otra testigo, Yeni Millapel, declaró haber sido inducida por la magistrada y su secretario para declarar en contra de sus compañeros. Durante una de las audiencias se reprodujo una grabación tomada por la testigo, donde la jueza formulaba una pregunta pero transcribía otra y no delía ni dejaba que los testigos leyeran su propia declaración, según denunció la Comisión por la Libertad de los Presos de ATE Santa Cruz.

La jueza López Leston declaró a medios locales que “no hubo ningún error” durante la instrucción y que quienes la acusan responden a “intereses personales”.

LA ZONA LIBERADA

“Fue un año largo, porque si bien ellos estaban presos nosotros también lo estábamos con ellos” expresó Norma Garrigue, madre de Ernesto Apendino, notablemente sensibilizada. “En este juicio se evidenció lo que denunciamos desde el principio, el abandono por parte del Estado en la cuestión de seguridad de preservar los bienes públicos en medio de una interna política entre el gobierno nacional y el provincial. Y como siempre en Santa Cruz, cuando hay este tipo de internas los que los pagan son los trabajadores como ocurrió en el 2006 con los condenados a perpetua de Las Heras”, dijo Garrigue ante medios locales y nacionales. “Se dedicaron a encarcelar y enjuiciar a los trabajadores cuando los bomberos y policías tenían orden de no actuar” agregó la mujer en base a la declaración de varios policías durante el juicio.

En tal sentido, Alfonso Lobo, referente de CTA Autónoma Santa Cruz, advirtió la responsabilidad de Raúl Gómez como parte esencial de la organización y actividad que venía desarrollando el sindicato que estaba a su cargo, y apuntó que “quedo la directiva de la fiscalía para iniciar una investigación sobre su responsabilidad”. Por otro lado, señaló la necesidad de investigar la inacción del personal policial y del cuerpo de bomberos. “Daba mucha pena escuchar cómo comisarios mayores que estuvieron en el interior del edifico explicaron delante del tribunal por qué no hicieron lo que debían (apagar el incendio). Todos coincidieron, tanto policías como bomberos, de que la orden era no hacer nada; esto es lo que constituye la zona liberada de la que nosotros veníamos denunciando desde el inicio del juicio”.

Durante las declaraciones de una veintena de testigos, la mayoría de ellos policías, la Comisión resumió que “fue una sucesión interminable de contradicciones, por momentos se volvió difícil saber de qué estaban hablando. Parecían haber estado en lugares y momentos diferentes. No solo el horario de inicio, sino también como, con qué y fundamentalmente quienes iniciaron el incendio. Ninguno de ellos reconoció a Diego Reyes, Juan Jose Vera, Alberto Arteaga, Ernesto Apendino y Patricia Benítez como autores del delito que les inculpan”.

Además, el policía Sandoval en su testimonio no dejó dudas sobre la existencia de una zona liberada. Se encontraba afectado al sistema de prevención en el edificio incendiado junto a otros 15 policías, 5 bomberos y el comisario Morales a cargo del operativo de seguridad. Morales en ningún momento ordenó intervenir ni prevenir el incendio. Sandoval además aportó un video donde da cuenta que su tarea era filmar lo ocurrido. “¿Para qué filmaría si no era para después aportar los videos al armado de una causa que llegaría a incriminar inocentes?”, se preguntó la Comisión.  “A pesar de sus videos, se ve que no logró siquiera filmar a los compañeros porque, justamente, no estaban en el lugar”, concluyó.

En el inicio del juicio, se habían presentado secuencias fotográficas que sólo mostraban decenas de estatales indignados, sí, porque el gobierno les había ofrecido 180 pesos de aumento a sus salarios de 5 mil pesos.

¿QUIÉNES SON LOS ACUSADOS?

Diego Reyes nació en Catamarca, hace 14 años se instaló en Gallegos en busca de trabajo, hoy, con 32 años tiene una hija, y su salario no llegaba a 5000 pesos.

Juan Jose “Canco” Vera tiene 30 años y dos hijos, ganaba 4500 pesos realizando tareas de generales de mantenimiento en Educación.

Ramón Alberto Arteaga a los 27 años es padre de un hijo, ganaba 3600 pesos trabajando en el Consejo de Educación, y 2000 debía destinarlos a pagar el alquiler de su casa.

Ernesto Apendino, el más joven de los detenidos, tiene 26 años, un hijo a cargo y trabajaba en la Subsecretaría de Pesca con un sueldo de 4700 y un alquiler de 2200.

Patricia Benítez es salteña, y hace 15 años migró por trabajo a Santa Cruz; tiene 48 años y 4 hijos. Es enfermera universitaria del Hospital Regional, trabaja también en el dispensario municipal como monotributista, entre los dos trabajos llegaba a 12000 pesos pero paga 4000 de alquiler.

Todos ellos dejaron de cobrar el salario desde que fueron detenidos, hace más de un año. Son trabajadores estatales que habían salido a pelear por su sueldo en una provincia que tiene la canasta familiar más costosa del país.