Lxs locxs de la azotea

La multinacional de los saladitos y gaseosas prefiere mujeres obreras porque tienen las manos más pequeñas para la producción, pero no quiere que se embaracen ni que reclamen ascensos porque hasta hace muy poco –hasta que la organización fue sumando logros– eso era sólo para hombres. Tampoco ven con “buenos ojos” los directivos de la planta de Pepsico Snacks en Florida que las trabajadoras se hayan sumado junto con sus compañeros a los paros de mujeres contra la violencia machista. “Estamos todas rotas y nos quieren descartar”, dicen las trabajadoras aludiendo a las marcas en el cuerpo que deja la tarea a destajo en la línea de producción. Pero son esos mismos cuerpos los que sacaron la defensa de los puestos de trabajo a la calle y a la discusión pública, los que volvieron a decir Ni Una Menos para seguir complejizando los sentidos de la violencia machista.

“Estas no son lágrimas, los gases irritan pero no me hacen llorar. Resistimos hasta el final, valió la pena el aguante”. Al final de la violenta represión y desalojo de la planta de Pepsico snacks, en Florida, Catalina Balaguer tiene la cara hinchada y la mirada enrojecida, igual que otros compañeros y compañeras, se baña la cara en leche para aliviar los efectos del gas pimienta que la policía lanzó directo a los ojos. “Se la pasan diciendo que no hay trabajo porque las empresas se robotizan pero nosotras somos los robots, somos la extensión humana de esas máquinas que escupen 250 paquetes por minuto para que nosotras los empaquemos. A todos los que se sacan fotos con el cartel Ni Una Menos: sepan que también es violencia dejar a las mujeres sin trabajo”.

Así terminaba la segunda jornada de vigilia en la planta de Pepsico snacks, que se inició cuando los rumores de desalojo se intensificaron. El cierre de la compañía se había anunciado con un cartel pegado en el portón y la decisión en asamblea había sido proteger las máquinas del vaciamiento, proteger sus medios de producción. Catalina, Katy para sus compañeras, ya sabe de represiones pero lo que pasó la semana pasada, cuando el operativo no se fijó en daños para ponerse al servicio de la flexibilización laboral -hasta hubo que desalojar un jardín de infantes lindero, con algunos niños intoxicados-, la obliga a contener sus sentimientos para poder hablar frente a las cámaras que registraron la violencia: “Estamos rotas, dejamos la vida en esta fábrica y ahora nos reprimen así”. Ahora sí está desencajada.

Es la continuidad de dos décadas de peleas cotidianas por condiciones de trabajo dignas dentro de la Pepsico Snacks en Florida Oeste. “Las leonas”, como se empezó a conocer a las trabajadoras de la fábrica de saladitos, habían logrado modificar en estos años su categoría por el tipo de tareas que desarrollaban, algo que no existe en ninguna otra fábrica de alimentos. También consiguieron que las compañeras con lesiones graves por los acelerados ritmos de producción tuvieran tareas livianas en lugar de ser despedidas. Y también hicieron propias las acciones convocados desde Ni Una Menos: el paro nacional de mujeres del 19 de octubre del año pasado y el paro internacional de mujeres del 8 de marzo de este año; acciones que la dirección empresaria toleró igual que se tolera un trago de hiel. De hecho, voceros de Pepsico admitieron a Página12 que la comisión interna es “demasiado combativa”. Balaguer fue y es parte de la génesis de esa organización sindical. “Los chicitos que producimos acá los van a hacer en la planta de La Matanza; el objetivo de la empresa, avalado por el gobierno, el sindicato y la jueza, es político: sacarnos a nosotras. Pepsico no tuvo crisis en 2001 y ahora menos”, dice.

PEPSICO AGUANTE

Horas antes –cuando se había cerrado la puerta de hierro, esa que la Infantería no pudo tirar abajo– Balaguer había quedado del lado de afuera, apoyada por sus compañeras y compañeros de la fábrica y de su partido, el PTS. Ardía el fogón del acampe, y la juventud calentaba gargantas cantando “acá en Florida hay una planta que no se cierra, no más despidos, todos adentro y que la crisis la paguen ellos”. Como telón de fondo, una luna difusa de tanta humedad ayudaba a ver la ronda del mate que los manifestantes compartían y las papitas Lays que repartía uno de los trabajadores.

“Todo lo que declararon de inviabilidad no existe, contaminación tampoco, en 2009 los cerraron por contaminar el arroyo pero ya está solucionado. La conflictiva relación con nosotros es porque exigimos la efectivización de los tercerizados, no permitirles que los de agencia estén tres meses y los echen y haber conseguido la categoría superior para las mujeres”. Antes, ser “medio oficial” era algo que correspondía sólo a los hombres.

“Nosotras hacemos los trabajos más repetitivos, que son los que te lesionan con hernias y tendinitis, hay compañeras operadas de ambas manos y de la columna, con implantes. Eso es estar continuamente en la línea de producción, con calor y con frío, Pudimos salir de esa categoría más baja, algo inédito en el gremio, peleando con el apoyo de ellos y de los delegados”, describe Liz Vilque. La última pelea fue para bajar el peso de cada caja, que también las lastimaba. “La empresa siempre quiere más rentabilidad a costa nuestra, la tecnología tiene que estar también para cuidarnos a nosotras e incluso para reducir las jornadas laborales, los turnos rotativos te rompen la salud, pero nuestras vidas valen más que sus ganancias”, agrega Vilque y convida café, para sostener la noche larga.

Medianoche

“En este tiempo conquistamos la conciencia de muchos compañeros y la nuestra misma como trabajadoras, así podemos caracterizar bien al otro en forma independiente de su género, hay que combinar el feminismo obrero con el feminismo de clase”, dice Balaguer. Su apellido entró en los libros de derecho cuando en 2006 la Corte Suprema falló a su favor y ordenó que fuera reincorporada al considerarla “delegada de hecho”, porque había sido despedida por su actividad sindical pero no tenía fueros. La pelea puertas adentro de PepsiCo había empezado en los años ‘90, en defensa de las y los tercerizados y contra las inhumanas condiciones que les imponían en las líneas de producción, desde entonces ella y su compañero Leonardo Norniella, fallecido en 2015, lideraron una organización opositora dentro del gremio de la Alimentación, la lista Bordó.  Fallo histórico que amparó al activismo

Para Balaguer conquistar la conciencia es “comprender que esta empresa siempre avasalló, cuando nos atacó en 2001 eligió a cien mujeres precarizadas para despedirlas, eso nos hizo enojar mucho, a mí en particular porque me solidaricé y también me echaron. Ese día la jefa de recursos humanos me dijo ‘mirá Katy, lo que te pasa a vos también me podría pasar a mí’. Y yo le respondí ‘no se confunda, no somos lo mismo, usted es personal jerárquico y yo soy una obrera, no tenemos nada que ver. Por eso cuando de a poco nos fuimos organizando teníamos muy claro con las compañeras que el problema es de clase, no sólo de género”. Lo dice, sobre todo, en relación a Indira Nooyi , bautizada “la Dama de Hierro de Wall Street -agrega Balaguer-, por ser la CEO mejor paga del planeta. Poco antes del inicio del conflicto en la planta de Florida declaró que a pesar de ‘la inestabilidad geopolítica’ y ‘los altos niveles de inflación’ observados en Argentina y Brasil ‘nuestros negocios están funcionando bien’”. Por eso insistieron tanto en los últimos días las obreras y obreros de Pepsico en refutar la supuesta crisis como razón del cierre. Y le rogaban al periodismo que investigara esto en lugar de invocar el libre derecho de una empresa a despedir, algo que legalmente no existe, tal como quedó expresado en los fundamentos del fallo de la Cämara del Trabajo que dictaminó la ilegalidad del accionar de la empresa y ordenó reinstalarlos y reinstalarlas en sus puestos. La dimensión que tomó el conflicto luego del salvaje operativo de desalojo, además, produjo que muchas de las personas que habían firmado el acuerdo indemnizatorio estén acudiendo ante la justicia para impugnarlo y reclamar que la empresa vuelva a darles tareas como a las 120 que lo habían rechazado.

“Tener a esa CEO puede parecer políticamente correcto pero en las fábricas no hay políticas de género. Cuando en 2002 hice la campaña por mi reincorporación llovían las denuncias de trabajadoras de distintos lugares del mundo por las condiciones en que estaban, el acoso, los abusos, la falta del derecho a sindicalizarse… Denunciamos nuestra situación. Así logramos la licencia por maternidad cuando antes había compañeras que se fajaban para cuidar su fuente de trabajo, peleamos la categoría por encima del convenio y los hombres estuvieron con nosotras, firmaron el petitorio para tener guardería y que las compañeras lastimadas tuvieran tareas livianas en lugar de ser echadas o puestas en una jaula, como sucedía antes”.

Balaguer, en sus 47, se define obrera y feminista y encuentra definiciones en los hechos cotidianos, donde todo se vuelve político. “Nosotras también discutimos nuestros problemas personales, nos involucramos en lo que nos acosa, ya ni siquiera se puede decir que somos sostenes de hogar porque terminamos siendo las más precarizadas, hemos sacado pronunciamientos en solidaridad con diferentes situaciones, hemos marchado los 8 de marzo, conquistamos espacios para trabajar la no violencia y lo hicimos junto con los varones. Creemos que hay que cuestionar todo, así nos convertimos en sujetos políticos, lo dijimos en una carta como trabajadoras para el colectivo de Ni Una Menos: la violencia está en las instituciones, en las fábricas, no sólo es doméstica, y nos hermanamos con las compañeras que la sufren pero entendemos que hay que dar una pelea por el conjunto de todo lo que nos oprime”. Katy comenta que se siente orgullosa de la fuerza que le dan sus compañeras, y se emociona al mencionar la temprana muerte de su compañero Leo. Durante la vigilia el recuerdo de su ánimo combativo volverá una y otra vez.

Pepsico Cati y Camilo

Dos de la mañana

Vanina Roda es soltera, tiene dos hijas, de 18 y 15, y hace 17 años entró a la planta. Nunca pudo estudiar porque tenía horarios rotativos de trabajo. Es una de las dos obreras que decidieron quedarse adentro a resistir el desalojo. “En 2001 conocimos a Leo -Norniella, compañero de Balaguer- porque habían despedido a las compañeras de agencia. Costó llegar a este nivel de conciencia para poder enfrentarnos al sindicato y a la patronal. Fuimos la primera fábrica en zona Norte en organizarnos, luego vinieron Stani y Kraft”. Roda destaca que la principal conquista fue “el tema de las mujeres porque Pepsico siempre fue una fábrica machista, te dicen que no podés y nosotras dijimos sí podemos tener mejor sueldo, sí podeos tener una guardería”.

La otra obrera que subió a la azotea el jueves 13 de julio para resistir el desalojo, fue Mónica Ortiz, que tiene 33 años, estudia filosofía en un terciario de San Miguel y hace ocho que trabaja en Pepsico. “Acá si quedabas embarazada y no les convenías buscaban la forma de echarte. En otras fábricas se fajan cuando se embarazan y acá no lo permitíamos, es algo enorme. Y estábamos peleando por una licencia por hijo enfermo y contra el acoso de los supervisores, hay historias en las que mediante asambleas los terminaban echando”, cuenta. “A mí me pasó, cuando veía que se nos acercaban Katy o Leo ya estábamos marcadas, no nos daban extras que eran indispensables en esa época, siempre estábamos en la lista negra”, relata Vanina.

Pepsico Camilo y Leo

En esta sucursal fabril de los snacks y las gaseosas, que promocionan algunas estrellas del fútbol, siempre fueron mayoría las mujeres porque el menor tamaño de sus manos agiliza las tareas. Olga Arce, 42 años y 18 en la fábrica, acota que hubo más de un supervisor despedido por acoso laboral e incluso sexual. “Es una fábrica donde ascendían a los hombres, sobre todo si estaban con el sindicato, pero las mujeres estaban 20 años en empaque y no cambiaban de categoría, hubo asambleas y se discutió pedir una categoría más, hicimos paros hasta que lo logramos”, completa Ortiz. Una empacadora de Pepsico gana unos 16 mil pesos al mes, y una “medio oficial” un poco más, en reconocimiento al manejo de las máquinas que hacen las operarias. La planta de Florida tiene 6 líneas con 4 a 6 máquinas cada una, y por ejemplo, la de papas fritas produce entre 300 a 500 cajas por día en ocho horas.

Olga tiene bien clara la rutina que ahora se detuvo: llegar a la línea de producción, limpiar la sustancia que le da sabor a la harina de maíz para que no queden restos en los paquetitos de chicitos, que son como polenta inflada, después el control de higiene y salubridad; y además empacar, volver a limpiar y arreglar las máquinas si se rompen. “Cuando entré había que trabajar 16 horas por día, te obligaban a hacer 8 extras, de lunes a jueves, el viernes hacía ocho, y cuando entraba el sábado 12 horas, y a veces más. Es peor que el turno americano. Si estabas por agencia y quedabas embarazada te echaban, si eras efectiva pero te embarazabas al poquito tiempo quedabas marcada por los supervisores, ellos te decían ‘no vas a quedar preñada’. Con el tiempo una se dio cuenta que eso estaba mal, no es normal que te digan que no podés tener hijos”, describe Arce.

Pepsico chicas

En los años noventa no se podían mover de la máquina sin pedir permiso, ni para ir al baño. “Las máquinas tiraban 240 paquetes por minuto, era un desastre, todo por el piso. Cuando entré éramos siete por máquina, redujeron a cuatro, y finalmente pretendían que dos trabajen a 240 golpes (paquetitos por minuto). Por eso decimos que estamos rotas. Pero por constancia de organización fuimos tomando conciencia y los pudimos bajar a 40”.

Hay trabajadoras que tienen implantes en la columna y fueron operadas de ambas manos, otras sufren problemas en la rotación del brazo. Por eso el delegado Camilo Mones se cansó de explicar a los medios que ellas y ellos se aferraban a esos puestos porque la fábrica los había roto, ahora los quería descartar y con historias clínicas tan llenas de dolencias les sería imposible volver a ser empleados. “Lo que querían es barrer las conquistas para poner gente más flexible, y no es como dicen sacar a los zurdos porque todas tenemos categorías de medio oficial, quedaron afuera todos, también los de la verde (de la lista de Rodolfo Daer)”, destaca Roda, y se ajusta el uniforme azul de PepsiCo, que las hace parecer astronautas. “Volvimos a la época en que metían en la jaula a las lesionadas, habían empezado a no darle tareas, las ponían en reserva de puesto’, y luego de un año te despiden”, dice Arce.

Cuatro a.m.

La sirena de la fábrica, esa que activan cada mañana en el ingreso de las empleadas sobre la calle Posadas, como un bélico despertador para vecinos y manifestantes, empezó a sonar ni bien aparecieron las camionetas de la Gendarmería para rodear el perímetro de la planta: ocho manzanas de un barrio que combina casas bajas con fábricas como Granix y Banghó. ¿El desayuno de quienes ocupan la planta? Los saladitos de la multinacional que sobraron de la noche.

La madrugada del jueves se creía que el desalojo ya no iba a suceder, que estaban todos los medios para proteger a trabajadores y trabajadoras, que los chicos de la escuela Manuel Dorrego empezaban a llegar (y luego terminaron debajo de las mesas y con las mucosas irritadas porque los gases llegaron a sus aulas). Pero de pronto se escuchó el grito de una mujer: “ahí llegaron”, señalaba a unas cincuenta mujeres de la Policía Bonaerense con cinco patrulleros. ¿Mujeres contra mujeres?, pensaron. Pero faltaba que apareciera el resto: una vez dada la orden política, los casi mil efectivos de Infantería avanzaron y arrasaron con todo y todos.

PEPSICO CHOQUE

“Nosotras queremos trabajar, en lugar de eso nos dan palos y balas; todo el tiempo demostramos que Pepsico no tiene crisis, que todo esto es un fraude, se lo dijimos al Ministerio, a la patronal, a los medios, hablamos con diputados y diputadas, todo el mundo se enteró”, dice Katy usando los micrófonos para, al menos, denunciar el atropello.

–Ustedes, como mujeres deben cuidarse muchísimo -dijo un cronista de C5N calculando la diferencia de fuerzas entre los uniformados y las trabajadoras.

–Nos venimos cuidando desde que entramos a esta empresa, PepsiCo siempre fue violenta, pero nosotras nos organizamos y nos defendimos. Ahora hay que preguntarle a la gobernadora Vidal, que es mujer, ¿va a permitir que mil tipos nos caguen a palos por el simple hecho de reclamar trabajo? -contestó la delegada desde su improvisada tribuna pública.

Ni María Eugenia Vidal, ni el fiscal Gastón Larramendi -que pidió un desalojo “nocturno” por riesgo de “contaminación”-, menos aún la jueza Andrea Rodríguez Mentasty escucharon. Y además, como relató el secretario de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Cristian Ritondo, fue el presidente Mauricio Macri quien exigió “firmeza” para desaloja la planta.

Las nueve

“Estábamos rodeados, no quería marearme por el humo y caerme porque la terraza no tenía barandas, la idea era salir enteros, sin tragedias, pero el peor momento había sido la impotencia cuando reprimían abajo”, recuerda Vanina Roda. Desde abajo se escuchó cuando dos de sus compañeros le gritaban a la Infantería “si suben nos tiramos”. Luego de desesperarse viendo cómo molían a golpes y gases a su gente, las familias y los militantes del Partido de los Trabajadores Socialistas que resistían abajo, temían por su propia integridad, además de que los habían amenazado con “cagarlos a palos”. Por eso como garantía exigían que entre una comisión de medios y de los diputados y diputadas que se habían acercado: un nutrido grupo del Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT), más otros dos del Frente para la Victoria y el Movimiento Evita. Antes habían reclamado, sin éxito, la presencia del jefe del operativo, que fue transmitido en vivo por casi todos los canales y radios, el Facebook de los laburantes de Pepsico y LID TV. A los ya clásicos gases pimienta en los rostros, balas de goma y palazos, la Bonaerense sumó dos horas de hostigamiento a la prensa para impedir el registro de la barbarie. En ningún momento se identificó el jefe del procedimiento.

PEPSICO TECHO

“Estábamos en plena negociación cuando los policías rompieron un caño maestro de gas, podía volar todo el barrio, ahí sí nos agarró una desesperación para avisar que cerraran el gas desde abajo”, cuenta Roda. Pero nadie en la calle parecía entender la dimensión del peligro. Hasta que Olga Arce escuchó, corrió por las casas rogando ayuda a los vecinos y finalmente dio con un trabajador de Pepsico que vive justo enfrente, sobre Roca. Con la ayuda de algunos fornidos militantes rompieron el candado y la puerta de la casilla del gas, y lograron interrumpir su fuga. “Nadie reaccionaba, sólo los que trabajamos ahí nos dimos cuenta del riesgo que había, estaba desesperada, le decía a la gente que no fume, por suerte el gas iba por Roca hacia Constituyentes”. La Infantería había entrado a la planta sin las medidas de seguridad necesarias para sacar a los ocupantes, ni el apoyo de paramédicos o bomberos.

Pepsico barricada y cascos

Como los policías estaban entretenidos pegando en el corralito del ingreso de la esquina de Urquiza y Posadas a la prensa y a los legisladores, los manifestantes habían podido reagruparse, prendieron las gomas de la barricada y cantaban alternadamente “qué vergúenza das Vidal, reprimís a las obreras que están defendiendo su derecho al pan” y “Macri basura, vos sos la dictadura”. Por momentos los de arriba parecían cantar con ellos por los movimientos de sus brazos en alto, y ahí sonaba más fuerte “la clase obrera es una y sin fronteras” y “Pepsico escucha, tu lucha es nuestra lucha”. A pesar del ruido y el denso humo negro de los neumáticos en llamas, un grupo se dio cuenta de que en la azotea uno de los obreros se había descompuesto por su diabetes. “Nos tiraron su medicación adentro de una zapatilla, estaba sentado pálido pero lo salvamos”. Finalmente llegaron Nicolás Del Caño, Christian Castillo y Luis Zamora hasta el techo y ahí sí aceptaron bajar. “Fue muy emocionante la salida, cantando ‘no queremos más despidos, no queremos represión, para los trabajadores ya la reincorporación’”, recuerda Mónica. Al rato, los treinta locos y locas de la azotea se abrazaban con Alejandrina Barry y Victoria Moyano Artigas, hijas de desaparecidos y miembros del Ceprodh, cuyos abogados habían logrado aquel fallo Balaguer once años atrás.

Pepsico techo humo negro

Las doce. Epílogo

Vanina decidió quedarse adentro aún sabiendo que venían 700 policías, como comentaban los días previos. “Yo sentía que tenía que estar ahí para resistir lo más que pudiéramos”, dice. “Tenés que preparar a los tuyos cuando hacés algo así porque lo van a ver por televisión cuando te desalojan. Éramos conscientes del riesgo pero lo que hacíamos era justo y había que hacerlo. Yo quería estar ahí”, insiste Mónica y cuando ya no queda nada de esas lágrimas que sacan los gases agrega: “Vinieron compañeros y compañeras que arreglaron con la empresa y nos dijeron que lo hicieron bajo amenaza, con llamadas a cualquier hora, haciendo presión psicológica de que si no se iban a quedar sin nada. Pero ahora quieren sumarse a la lucha por la reapertura”. “Cuando ese día feriado estábamos llamando compañeras y haciendo asamblea nos llamó la empresa para arreglar y era la una de la mañana”, agrega. Mantuvieron sus turnos de trabajo, y el 26 cuando pensaban cortar la Panamericana, muchas mujeres discutieron fuertemente ir a cortar igual a pesar de que había un enorme operativo policial. La interna propuso ingresar a la fábrica para cuidar los medios de producción, para que no se las llevaran, una posibilidad que sigue latente.

“Ni Una Menos sin trabajo”, dice la leyenda que se hicieron imprimir las obreras sobre las camperas del uniforme de la empresa, con ellas marcharon el último martes cuando ya la espectacularidad de la represión había pasado y los medios no trasmitían en directo. Ellas saben que lo que lograron en la planta de Florida no es sólo para ese grupo de trabajadoras, es también una pedagogía para alentar a otras a pelear por sus derechos: guarderías, licencias maternales, protección de su salud. Todo eso que las empresas llaman “costos laborales”. Todo eso que cuando falta, el movimiento de mujeres sabe que es otra forma de violencia.

Ni una menos sin trabajo

Cambian los gobiernos, siguen los espías

La punta del ovillo es esa maldita costumbre de los uniformados de espiar puertas adentro, en este caso otra vez la Gendarmería y una vez más a periodistas y organizaciones del campo popular. Así quedó expuesto que el gobierno de Cambiemos utiliza informes de inteligencia de esa fuerza de seguridad, basados en el espionaje sobre agrupaciones políticas, sociales y de derechos humanos, como así también a los periodistas Gustavo Sylvestre y Mauro Federico.

Esta periodista publicó el primer artículo sobre la existencia del sistema montado por los gendarmes, lo que más tarde se conocería como Proyecto X. Fue en noviembre de 2011 en PáginaI12, sin firma, y en lo sucesivo en este portal OJOS VENDADOS que apenas nacía. Vaya casualidad, o no, que este relanzamiento y rescate de un posible naufragio en la web –gracias los geniales expertos en diseño e informática Juan Marchetto y Leonardo Vázquez– tenga que ver con la continuidad de una actividad que está prohibida por las tres leyes nacionales que son el pilar del principio democrático de demarcación: las fuerzas militares y de seguridad tienen prohibido practicar inteligencia interna por las leyes de Defensa, Seguridad e Inteligencia.

Mientras los funcionarios kirchneristas negaban o minimizaban los alcances del espionaje, nacía una causa, a la que se sumó el Cels (Centro de Estudios Legales y Sociales) como amicus curiae, que varios otros medios comenzaron a seguir y que ahora cuenta con una ampliación porque los gobiernos cambian de signo pero mantienen las mañas. http://adrianameyer.com.ar/proyecto-x-existe-la-justicia-investiga-lo-que-revelamos-en-ojos-vendados/

La foto que ilustra este texto fue tomada por los gendarmes espías y constaba en aquella denuncia original. Entre el grupo de manifestantes la mujer del pañuelo blanco es la Madre de Plaza de Mayo Elia Espen.

Según informó hace pocos días el diario Ámbito Financiero, el gobierno de Macri dio órdenes a la Gendarmería para que recoja y reporte las actividades de quienes puedan generar  “hipótesis desestabilizadoras”. No se trata de espionaje a ciertas organizaciones sino que todas las manifestaciones son incluidas en un mismo informe de “inteligencia”

Algunas de esas “hipótesis” son las manifestaciones y cacerolazos contra el tarifazo de los servicios de luz, gas y agua; cortes de trabajadores municipales de la Provincia de Buenos Aires; marchas por la reapertura de paritarias en numerosas provincias y actos por la libertad de Milagro Sala.

La diputada del PTS-Frente de Izquierda y fundadora del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH) Myriam Bregman señaló que “toda manifestación social es incluida en el informe. Así como el Gobierno anterior hacía informes sobre los ambientalistas de Gualeguachú, hay informes de Aníbal Fernández diciendo que a partir del año 2009 con la crisis económica había que tener especial control sobre las manifestaciones, evidentemente este Gobierno tiene una continuidad absoluta en esta práctica”.

Así ayer como hoy

El método de infiltrar uniformados en manifestaciones de trabajadores, movimientos de derechos humanos para recabar información y almacenarla luego en una base de datos conocida como Proyecto X, salió a la luz cuando Bregman denunció que la Gendarmería se había infiltrado en una manifestación de los trabajadores de Kraft-Terrabusi (hoy Mondelez) en el marco de un conflicto por despidos discriminatorios por parte de la patronal norteamericana para luego, con la información recabada, armar causas contra trabajadores que habían sido parte del conflicto como Javier “Poke” Hermosilla que en ese momento era delegado de base de la empresa. La denuncia fue determinante en la posterior renuncia de la entonces ministra de Seguridad, Nilda Garré.

Ahora salieron a la luz catorce páginas que dan cuenta cómo se maneja la Gendarmería en este procedimiento ilegal, haciendo un relevo de información sobre dos medidas de fuerza sindical de los municipales de la capital de Jujuy y sobre el paro del Frente de Gremios Estatales en esa provincia. Como relata Gloria Pagés en La Izquierda Diario, “resulta llamativa la cantidad de tinta dedicada a dar cuenta de la presencia de numerosos organismos de derechos humanos en Jujuy los días 9 y 10 de septiembre que viajaron para denunciar las violaciones sistemáticas a las libertades democráticas y las situación represiva en la provincia, y al Encuentro que allí realizó el CeProDH.

Junto con copias de volantes y afiches que denuncian el Estado policial en Jujuy, los gendarmes realizan su propio análisis de la información recabada: “Se aprecia que (estos dirigentes) y sectores no afines al oficialismo provincial y nacional, se encuentran llevando a cabo una campaña de desprestigio contra el Gobierno mediante los medios de comunicación social, Facebook, Twitter y prensa digital de la provincia de Jujuy. Se estima que estas actividades se irán incrementando en forma paulatina con el objeto de perjudicar la imagen del Gobierno provincial y nacional, con el fin de crear situaciones que distraiga al P.E.P. en sus objetivos gubernamentales”. Al igual que sucedía cuando espiaban el conflicto de Kraft, los gendarmes se permiten análisis socio políticos en sus informes. En aquella oportunidad evaluaban los niveles de conflictividad dentro del sindicato de la Alimentación.

Ahora los gendarmes espías señalan la peligrosidad tanto de la Comisión de organismos que, impulsada por el CeProDH, integraron organismos de derechos humanos como el CELS, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, Correpi, la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos (AEDD), el Comité por la Libertad de Milagro Sala entre otros, que recibió el 9 de septiembre en San Salvador múltiples y graves denuncias sobre lo que se ha dado en llamar “Estado policial” en la provincia.

Los informes de Gendarmería dan cuenta también de la realización del Encuentro del CEPRODH, que reunió a decenas de jóvenes, trabajadores, abogados y estudiantes de Derecho de todo el país en la Facultad de Humanidades de la capital jujeña.

“Las actividades y denuncias que nosotros hacemos, como haber ido a Jujuy a denunciar la situación represiva, lo hacemos de forma pública, así que el espionaje no tiene el objetivo de enterarse qué actividades vamos a hacer sino más bien de preparar algún tipo de represalia, lo cual es muy preocupante”, indicó Bregman, una de las impulsoras de las denuncias y la campaña contra el régimen represivo en Jujuy.

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“No nos sorprende pero no lo vamos a naturalizar”

“Lo peor que podemos hacer con esto es naturalizar, pensar que no pasa nada y no tiene ninguna consecuencia. En Argentina siempre las consecuencias del espionaje han sido terribles porque los gobiernos pasan pero la información de inteligencia queda”, indicó la diputada trotskista.

Lo cierto es que esto no es nuevo. Parte de la “pesada herencia” es el famoso sistema de espionaje denominado Proyecto X, denunciado por Bregman en 2011, por el cual la cúpula de la Gendarmería está siendo aún investigada. La ley de inteligencia 25.520 prohíbe expresamente que el Estado “obtenga información, produzca inteligencia o almacene datos sobre personas por el sólo hecho de su raza, fe religiosa, orientación o identidad sexual, acciones privadas u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias o laborales”. Del mismo modo, la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales, impide almacenar “datos sensibles”, es decir aquellos que revelen “opiniones políticas, convicciones religiosas, filosóficas o morales, y afiliación sindical”. Los antecedentes mencionados en la nota de 2011 en Ojos Vendados dan cuenta que el Estado y los sucesivos gobiernos violan sistemáticamente sus propias leyes.

“La Policía Federal tiene un cuerpo especial de informaciones para realizar espionaje político, tenemos denuncias hechas en las cuales somos querellantes por inteligencia hecha por la SIDE sobre nuestras organizaciones, tenemos el Proyecto X de Gendarmería y ahora vemos que el Gobierno continúa con esa práctica, y cuando eran oposición realizaban denuncias permanentemente, llegan al gobierno y utilizan estos mismos mecanismos y cuerpos de inteligencia que no se desarticulan”, denunció Bregman.

Y agregó: “algunos vienen incluso de la dictadura militar, el propio Jaime Stiusso ha declarado que él ingresó en la SIDE en el año 1972 y siguió en funciones hasta hace bastante poco, esta continuidad en las personas también es la continuidad de la información que van recabando de las organizaciones sociales, políticas. Todo reclamo popular, de los trabajadores contra el gobierno es tomado como un ataque que merece ser investigado” indicó la diputada, que denunció también que fue víctima de amenazas en el teléfono de su despacho y de una carta intimidatoria de Ledesma y Carlos Blaquier.

La misma ministra de Seguridad Patricia Bullrich que hacía encendidas denuncias contra el Proyecto X del kirchnerismo es hoy la responsable del espionaje que se está denunciando bajo el gobierno de Cambiemos. Son los mismos responsables de mandar a esta fuerza junto a Prefectura y la Federal al Gran Buenos Aires y a Santa Fe para militarizar los barrios, provocando cada vez más casos brutales de violencia contra la juventud y los sectores más empobrecidos.

Tanto Bregman como Alejandrina Barry y Matías Aufieri, también integrantes del CeProDH, hicieron saber que “no vamos a naturalizar que por denunciar las violaciones a los derechos humanos nos persigan, nos intimiden”. Así, presentaron un pedido de informes en el Congreso Nacional para que la ministra de Seguridad rinda cuentas sobre estas actividades de espionaje ilegal por parte de las fuerzas de seguridad a su cargo. Y también acudieron a la justicia para ampliar la denuncia original sobre Proyecto X y presentarse como querellantes.

Teléfono para Patricia Bullrich

La ministra de Seguridad Patricia Bullrich debe ahora explicar estas actividades de espionaje ilegal. En efecto, porque según las fuentes en las que se basó la nota periodística, la información reunida por Gendarmería Nacional “luego de ser procesada, se enviaría al Ministerio de Seguridad de la Nación”. En la presentación efectuada se acompañaron las copias de los documentos que recibió la redacción del matutino. Uno de los informes de inteligencia, el más detallado, se realizó sobre el CeProDH y el encuentro de Jujuy, con fotografías de sus referentes. Este documento, denominado “Antecedentes del mes en la Provincia de Jujuy”, se señala en particular que los referentes “Vilca y Natalia Morales del Frente de Izquierda de Jujuy se encuentran cursando invitaciones a dirigentes de otras provincia para que asistan a este evento”.

Como expresa el escrito presentado ante el Juzgado Federal N° 7 a cargo de Sebastián Casanello, este dato es tan grave como llamativo ya que “tratándose esas convocatorias a dirigentes de invitaciones personalizadas y no públicas, es evidente que dichas afirmaciones no pudieron hacerse efectuando una simple recopilación de información pública si no que dicha información podría haberse originado en escuchas o intercepción ilegal de los teléfonos o los e-mails de los dirigentes señalados”.

En la presentación judicial se solicitó que se investigue tanto a quienes pudieran haber realizado estas tareas de espionaje como a quienes en última instancia se sirven de aquellas, es decir, el gobierno nacional de Cambiemos y el de la provincia de Jujuy a cargo de Gerardo Morales.

Bregman enfatizó que “los gobiernos pasan pero la información de inteligencia queda”, y destacó que “nadie del gobierno nacional hasta ahora ha dicho nada. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, denunciaba estas prácticas cuando formaba parte de la oposición pero hoy se vale de ellas para espiar a quienes denuncian las violaciones a los derechos humanos. Y desde el Ceprodh afirman que “así como hemos denunciado el ’Proyecto X’ efectuado por el gobierno kirchnerista y continuamos peleando para que se procese y encarcele a los responsables, presentamos esta denuncia ante la justicia como parte de la pelea por terminar con el espionaje e infiltración del Gobierno Nacional a todos los que salen a reclamar por sus derechos y enfrentan la persecución y el ataque a las libertades democráticas”.

 

Los espías, impunes y premiados.

Según denunció días atrás La Izquierda Diario, luego de que trascendiera que uno de los responsables del contingente de gendarmes que desembarcó en Rosario esta semana, el Comandante Claudio Miguel Brilloni, oficia como Director de Inteligencia Criminal en el Proyecto X, se divulgó que el uniformado fue promocionado por el ex ministro de Seguridad Sergio Berni en 2015 y que además fue uno de los que comandó la entorpecida búsqueda de los hermanos Lanatta y Víctor Schillaci, cuando se fugaron del penal bonaerese de General Alvear.

A propósito de esto, el dirigente del PTS en el Frente de Izquierda Octavio Crivaro señaló: “Las tropas de gendarmería llegaron a Santa Fe, lideradas por el Comandante Brilloni. Él es Director de Inteligencia Criminal en el Proyecto X, un proyecto que denunciamos en 2013 junto a mi compañera Myriam Bregman, desde el PTS en el Frente de Izquierda, junto a organismos de Derechos Humanos. Esta denuncia hizo público que la Gendarmería se infiltraba en organizaciones, manifestaciones y eventos políticos. Los documentos develados gracias a la investigación del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos probaron que en Rosario también se llevó adelante espionaje durante asambleas en ANSES, así como durante medidas de fuerza de ATE, AMSAFE, COAD y otros sectores”.

Liberaron a 2 de los 5 enjuiciados de ATE Santa Cruz

“Si tenemos compañeros presos, todos seguimos presos”, dijo Patricia Benítez al ser liberada y absuelta en el juicio oral contra cinco trabajadores de ATE Santa Cruz por el incendio de un edificio público en el marco de una protesta salarial, ocurrido el 19 de octubre de 2013. El Tribunal Oral de Río Gallegos, que preside el juez Joaquín Cabral, absolvió a la enfermera Benítez (en la foto de ambo rosa) y concedió la libertad inmediata a Diego Reyes. Esto sucedió en la última audiencia de alegatos porque Reyes ya había cumplido 14 meses detenido y el fiscal Gabriel Giordano le imputó el delito de daños al móvil que circulaba por las inmediaciones del día del incendio, que implica una pena menor a la del delito por el que llegó a juicio. Para el resto de los trabajadores, Ernesto Apendino, Juan José Vera y Ramón Arteaga, el fiscal pidió cinco años de prisión, según la defensa, “sin absolutamente ninguna prueba”.

El veredicto de este juicio –que los organismos sociales y de derechos humanos llaman “proceso a la protesta” y en el que los acusados denunciaron haber sido torturados para autoincriminarse, hubo irregularidades en la instrucción y la propia policía admitió que hubo órdenes de no apagar el incendio– será dictado el lunes 1 de diciembre.

A la salir del tribunal, Benítez dijo: “No tiene precio lo que me hicieron, todavía tenemos esperanzas de que cosas como éstas (la absolución) van a seguir pasando y vamos a estar con cada uno de ellos, con sus familias porque hoy todavía no estoy libre, si tenemos compañeros presos, todos estamos presos. Estamos todos juntos, desde acá envío la solidaridad a los más de 6 mil procesados en el país, que no somos delincuentes”. La enfermera instó a la Cámara para que “no se quede a mitad de camino porque falta investigar a los verdaderos culpables. Nosotros somos simples trabajadores que salimos a reclamar porque no nos alcanza para llegar a fin de mes”.

Alejandrina Barry, que participó de la audiencia en nombre de Ceprodh (Centro de Profesionales por los Derechos Humanos) destacó la doble sensación de alegría y bronca. “Salimos por un lado con mucha alegría cuando liberaron a los compañeros, pero es una injusticia terrible que hayan pasado un año presos cuando se demostró que no tenían pruebas. La liberación tendría que haber sido para todos porque este es un juicio armado solo para aleccionar a los trabajadores”. Y agregó: “Como dijo Ramón Arteaga en su alegato final ’soy inocente igual que todos mis compañeros, estamos todos juntos acá como lo estuvimos siempre en la pelea, porque yo estaba ese día peleando porque ganaba 3300 pesos y no me alcanzaba para comer’”.

Elia Espen, Madre de Plaza de Mayo que también viajó para presenciar los alegatos, visitó a los tres trabajadores acusados que continúan detenidos en la Alcaidía. “Me quedó la impresión de que es una causa armada, se supo que hubo un grupo de encapuchados que terminaron perjudicando a los trabajadores acusados de algo que no hicieron, como pasó con los petroleros de Las Heras”, dijo Espen luego del encuentro con Vera, Apendino y Arteaga. “Quedó reafirmado un compromiso: ellos de mantenerse fuertes y nosotros redoblar la lucha hasta conseguir su libertad”, finalizó Barry.

LA DENUNCIA POR TORTURAS

A lo largo de las audiencias del proceso oral y público la mayor conmoción fue causada por las denuncias de torturas que hizo el acusado Diego Reyes, y que también dijeron haber sufrido los demás imputados. “Soy uno de los perejiles y quiero denunciar tortura, abuso de autoridad y abuso de poder”, comenzó Reyes apenas el juez Cabral le dijo si quería agregar algo más. El imputado hizo un detallado relato de las torturas y tratos vejatorios de los que fue víctima. “Fui golpeado desde el primer día, me tiraban al piso la comida, venían encapuchados a apretarme”, dijo. Sobre el momento de su detención, Reyes relató: “De mi laburo me sacaron como delincuente, estuve cuatro días incomunicado, a mi señora nadie le informó nada, tuvo que buscarme sola, recorría comisaría por comisaría”.

Reyes estuvo en la comisaría 1ra, luego fue trasladado a la comisaría 5ta. “No había comido durante cuatro días, me tiraron al calabozo y me desmayé, después me dieron comida podrida, era un asco, me trataron como un perro, después me hicieron leer el Código Penal desnudo a la intemperie y me obligaron a dormir desnudo en el piso del calabozo. Otro día, durante una requisa donde fui brutalmente golpeado me provocaron una fisura interna y me tuve que pelear para que me llevaran al médico”, declaró.

Meses después se produjo un motín donde nuevamente es golpeado con saña, le pegan patadas en la cabeza en todo el cuerpo, y cuando la guardia de Infantería ingresó a la comisaría le rompieron el tabique nasal y la boca. “No paraba de sangrar y me tenían esposado, arrodillado, ellos iban y venían y me pegaban a ver si iba a denunciar algo, me rompieron todo, después me dieron clonazepam, yo nunca había tomado”, denunció este trabajador imputado por el incendio del edificio de Planeamiento, en Río Gallegos, en octubre de 2013.

Antes de terminar, y ante la conmoción que habían provocado sus palabras en los funcionarios judiciales y el público, Reyes agregó: “Derechos Humanos nunca se presentó acá y esto lo quiero denunciar ante ustedes y las cámaras, y quiero que se tome toda esta denuncia porque no sé cómo me va a tratar la policía ahora. Tengo miedo”. Y agregó que tras una revisación médica le encontraron un quiste en la cabeza, producto de los golpes que sufrió.

IRREGULAR INSTRUCCIÓN

El acusado Reyes también había señalado a la jueza Valeria López Leston, que estuvo a cargo de la instrucción de la causa, y dijo que lo “manipuló” para que se haga cargo de los hechos y así saldría en libertad. “Yo no me iba a hacer cargo de algo que no hice porque soy inocente”, dijo Reyes, y agregó que desde la secretaría administrativa del juzgado le dijeron que debía confesar lo que había pasado con el incendio porque si no lo iban a trasladar.

En tanto, la testigo Ana María Espinoza dijo que todas las partes de su declaración fueron modificadas en el juzgado. “Hay omisiones y agregados que yo no dije, que luego fueron utilizados por la jueza de instrucción Valeria López Leston para procesar a los cinco militantes de ATE Santa Cruz y negar en tres oportunidades su excarcelación”, dijo. Otra testigo, Yeni Millapel, declaró haber sido inducida por la magistrada y su secretario para declarar en contra de sus compañeros. Durante una de las audiencias se reprodujo una grabación tomada por la testigo, donde la jueza formulaba una pregunta pero transcribía otra y no delía ni dejaba que los testigos leyeran su propia declaración, según denunció la Comisión por la Libertad de los Presos de ATE Santa Cruz.

La jueza López Leston declaró a medios locales que “no hubo ningún error” durante la instrucción y que quienes la acusan responden a “intereses personales”.

LA ZONA LIBERADA

“Fue un año largo, porque si bien ellos estaban presos nosotros también lo estábamos con ellos” expresó Norma Garrigue, madre de Ernesto Apendino, notablemente sensibilizada. “En este juicio se evidenció lo que denunciamos desde el principio, el abandono por parte del Estado en la cuestión de seguridad de preservar los bienes públicos en medio de una interna política entre el gobierno nacional y el provincial. Y como siempre en Santa Cruz, cuando hay este tipo de internas los que los pagan son los trabajadores como ocurrió en el 2006 con los condenados a perpetua de Las Heras”, dijo Garrigue ante medios locales y nacionales. “Se dedicaron a encarcelar y enjuiciar a los trabajadores cuando los bomberos y policías tenían orden de no actuar” agregó la mujer en base a la declaración de varios policías durante el juicio.

En tal sentido, Alfonso Lobo, referente de CTA Autónoma Santa Cruz, advirtió la responsabilidad de Raúl Gómez como parte esencial de la organización y actividad que venía desarrollando el sindicato que estaba a su cargo, y apuntó que “quedo la directiva de la fiscalía para iniciar una investigación sobre su responsabilidad”. Por otro lado, señaló la necesidad de investigar la inacción del personal policial y del cuerpo de bomberos. “Daba mucha pena escuchar cómo comisarios mayores que estuvieron en el interior del edifico explicaron delante del tribunal por qué no hicieron lo que debían (apagar el incendio). Todos coincidieron, tanto policías como bomberos, de que la orden era no hacer nada; esto es lo que constituye la zona liberada de la que nosotros veníamos denunciando desde el inicio del juicio”.

Durante las declaraciones de una veintena de testigos, la mayoría de ellos policías, la Comisión resumió que “fue una sucesión interminable de contradicciones, por momentos se volvió difícil saber de qué estaban hablando. Parecían haber estado en lugares y momentos diferentes. No solo el horario de inicio, sino también como, con qué y fundamentalmente quienes iniciaron el incendio. Ninguno de ellos reconoció a Diego Reyes, Juan Jose Vera, Alberto Arteaga, Ernesto Apendino y Patricia Benítez como autores del delito que les inculpan”.

Además, el policía Sandoval en su testimonio no dejó dudas sobre la existencia de una zona liberada. Se encontraba afectado al sistema de prevención en el edificio incendiado junto a otros 15 policías, 5 bomberos y el comisario Morales a cargo del operativo de seguridad. Morales en ningún momento ordenó intervenir ni prevenir el incendio. Sandoval además aportó un video donde da cuenta que su tarea era filmar lo ocurrido. “¿Para qué filmaría si no era para después aportar los videos al armado de una causa que llegaría a incriminar inocentes?”, se preguntó la Comisión.  “A pesar de sus videos, se ve que no logró siquiera filmar a los compañeros porque, justamente, no estaban en el lugar”, concluyó.

En el inicio del juicio, se habían presentado secuencias fotográficas que sólo mostraban decenas de estatales indignados, sí, porque el gobierno les había ofrecido 180 pesos de aumento a sus salarios de 5 mil pesos.

¿QUIÉNES SON LOS ACUSADOS?

Diego Reyes nació en Catamarca, hace 14 años se instaló en Gallegos en busca de trabajo, hoy, con 32 años tiene una hija, y su salario no llegaba a 5000 pesos.

Juan Jose “Canco” Vera tiene 30 años y dos hijos, ganaba 4500 pesos realizando tareas de generales de mantenimiento en Educación.

Ramón Alberto Arteaga a los 27 años es padre de un hijo, ganaba 3600 pesos trabajando en el Consejo de Educación, y 2000 debía destinarlos a pagar el alquiler de su casa.

Ernesto Apendino, el más joven de los detenidos, tiene 26 años, un hijo a cargo y trabajaba en la Subsecretaría de Pesca con un sueldo de 4700 y un alquiler de 2200.

Patricia Benítez es salteña, y hace 15 años migró por trabajo a Santa Cruz; tiene 48 años y 4 hijos. Es enfermera universitaria del Hospital Regional, trabaja también en el dispensario municipal como monotributista, entre los dos trabajos llegaba a 12000 pesos pero paga 4000 de alquiler.

Todos ellos dejaron de cobrar el salario desde que fueron detenidos, hace más de un año. Son trabajadores estatales que habían salido a pelear por su sueldo en una provincia que tiene la canasta familiar más costosa del país.