La década sin López

La causa por la desaparición del testigo es un rompecabezas mal armado. Las piezas están pero nadie las coloca en el lugar preciso para que tengan sentido. Las pistas más valiosas fueron desatendidas. No fue el poder político ni la justicia sino dos periodistas quienes más se acercaron a la verdad sobre el destino del Viejo, como le decían sus compañeras y compañeros.

(La ilustración es obra de Julio de puño y letra, quien estuvo desaparecido entre 1976 y 1979. Años después de su liberación, volcó los recuerdos del terror en 30 manuscritos que guardó en una caja de herramientas. Sus allegados sabían de la existencia de los textos, que Jorge Caterbetti publicó en el libro Memoria Escrita, editorial Marea, 2012).

“No hay nada”, es la respuesta habitual ante la consulta por la investigación judicial sobre el desaparecido testigo de quienes conocen y siguen el expediente. Sin embargo, a una década de su segundo secuestro una mirada profunda del caso requiere de una rectificación: no hay resultados porque pistas y pruebas valiosas sí están plasmadas pero fueron investigadas poco o nada, tarde y mal. Quienes condujeron el caso durante diez años descuidaron las líneas de investigación importantes, aquellas que apuntaban a los beneficiarios directos de la desaparición de López, en detrimento de las más banales o intencionadas para desviar el eje bien lejos de los represores. Sin una firme voluntad política, la responsabilidad es compartida por la justicia y las fuerzas de seguridad, que más bien entorpecieron cualquier avance. Y sobre todo, nunca hubo, a excepción de un período en que estuvo en manos de una secretaría especial a la cual no se le dio continuidad, un criterio de conectar y cruzar los datos. De hecho, un ex policía allegado a Etchecolatz conocía de Pehuajó, donde este torturador fue comisario, a una mujer policía que vivía en la casa frente a la cual se vio por última vez a López. De las comunicaciones del mismo 18 de septiembre surge que este uniformado habló ese día con la esposa de Etchecolatz. Pero los cruces telefónicos para dar sentido a estas pruebas, a diez años siguen pendientes.

Quienes sí cruzaron los datos fueron los periodistas Luciana Rosende y Werner Pertot, y en el marco de la investigación que continuaron luego de la publicación de su libro Los días sin López, dieron con una fuente, que pidió reserva de identidad, que les confirmó en vínculo entre el médico policial Carlos Falcone y la ex policía Susana Gopar, que figura en la agenda de Etchecolatz. Pertot y Rosende sí privilegiaron las líneas relacionadas a tres grupos con capacidad operativa para secuestrar a López:

El entorno de Etchecolatz. Su familia y su círculo íntimo podrían haber asistido o encargado el crimen. El mismo día de la desaparición de López, la mujer de Etchecolatz, Graciela Carballo, se comunica con un ex infante de Marina, Jorge Boynak, cuyo currículum apareció en la celda del genocida, quien el 18 de septiembre de 2006 le envía un mail en el que señala que la declaración de López era falsa. Ese correo electrónico luego fue reproducido por sitios web vinculados a los represores y los servicios de inteligencia. Pero no es la única persona que habla con Carballo ese día. También lo hizo el médico policial Carlos Falcone, quien fue denunciado en la causa por un familiar que lo acusó de haber participado del secuestro de López. Indicó que se había usado su auto para el secuestro y que el cuerpo de López habría sido arrojado al mar en Mar del Plata. El allanamiento a esa casa se hizo tres años más tarde, el auto estaba desmantelado y a la intemperie, encontraron manchas de sangre pero no pudieron extraer huellas ni un perfil genético para poder vincularlo a la desaparición de López. En las escuchas de la causa, Falcone, que figuraba en la agenda de Etchecolatz, no sólo hablaba con la mujer de represor sino que también tenía contactos otros sospechosos. Fue interrogado por el vehículo, que era robado, pero no se le hicieron preguntas sobre la desaparición de López.

Susana Gopar. Era una policía bonaerense que estaba en actividad en 2006. Cinco testigos reconstuyeron la caminata que hizo López la mañana que desapareció, y ese recorrido termina en la puerta de la casa de Gopar, en la avenida 66 “entre la verdulería y Edelap”. La mujer está en la agenda de Etchecolatz. A pesar de los insistentes pedidos de la querella de los letrados Guadalupe Godoy y Aníbal Hnatiuk nunca se allanó la vivienda de Gopar.

La conexión Gopar-Falcone. A partir de información suministrada a Rosende y Pertot por una persona allegada a uno de los sospechosos es posible reconstruir una conexión que no figura en el expediente judicial. Falcone, el médico policial vinculado a Etchecolatz, conocía a Susana Gopar de la época en que ambos vivían en Pehuajó. Según esta fuente, la familia de Gopar había trabajado en el campo de la de Falcone. En Pehuajó, además, Etchecolatz fue comisario durante 1975. La fuente, que pidió reserva de identidad, confirmó además que Falcone y Etchecolatz se conocieron en esa época y en Pehuajó. Así, en la investigación para su libro, los periodistas confirmaron que el ex policía allegado a Etchecolatz conocía de Pehuajó a la policía que vivía en la casa frente a la cual se vio por última vez a López. “El dato aislado cobra dimensión sumado a la compleja red de relaciones que hay entre los sospechosos”, afirma Pertot.

Los policías del Circuito Camps. Otra de las pistas importantes son los represores a los que López nombró en sus testimonios, que casi no fueron investigados en la causa. Uno de ellos es el ex jerarca de la Bonaerense Julio César Garachico, quien también se comunicó con Falcone y desapareció de Puerto Madryn a las pocas semanas del segundo secuestro de López. “Algunas cosas se hacen en forma figurativa en la causa, pero no en la realidad, cuando ordenaron intervenir y escuchar las llamadas de Garachico los espías de la SIDE respondieron que no podían porque no figuraba en la guía telefónica, esto es textual del expediente”, se indigna Nilda Eloy, sobreviviente de la dictadura y testigo junto a López en el juicio que dictó la primera condena a prisión perpetua contra Etchecolatz, que se produjo al día siguiente de que desapareciera el albañil de 76 años. Eloy habla de la misma causa en la que se “buscó” a López –de quien el ex ministro Aníbal Fernández había dicho que podía estar “tomando el té con la tía”– por los dichos de videntes y “mujeres pájaro”, en la cual asignaron todas las escuchas telefónicas de la familia al ex espía Jaime Stiuso y donde el ex ministro de Justicia bonaerense Ricardo Casal presentó para el cuarto aniversario un testigo falso que motivó el enorme e infructuoso operativo en el parque Pereyra Iraola.

Se trata de la misma investigación donde quedaron en evidencia los privilegios de los que gozaban los represores del pabellón de lesa humanidad de la cárcel de Marcos Paz, entre ellos Etchecolatz, a cuyas visitas nadie revisaba y que disponían de telefonía celular. Eloy recuerda que a pesar del aviso que les dio el Servicio Penitenciario Federal, y que motivó un segundo allanamiento esta vez sorpresivo, entre los papeles que le secuestraron a Etchecolatz había uno que decía “hay que lograr que un testigo se desdiga”. El dato, que nunca se tuvo en cuenta, abona la hipótesis de que López se negó a renegar de sus dichos y por eso nunca más volvió a aparecer.

Los penitenciarios bonaerenses. Fueron condenados en 2010 tenían el mismo interés que los policías bonaerenses para que se frenaran los juicios. López estuvo preso en la cárcel de La Plata y podía declarar también contra ellos en el respectivo juicio. En el expediente, hay una línea de investigación que lleva directamente a un ex jefe de Inteligencia del Servicio Penitenciario bonaerense. En el libro, Pertot y Rosende lo mencionan con la letra B e indican que tiene vinculación con otros investigados en la causa, entre ellos el médico policial Falcone, y también con los penitenciarios que iban a ser condenados en 2010.

La inaceptable impunidad

“Es demasiado dolor”, dice la abogada Godoy a PáginaI12 sobre la coincidencia de los diez años del segundo secuestro de López y los cuarenta de la Noche de los Lápices. “La línea más importante para mí sigue siendo la de los penitenciarios, porque tuvieron contacto no sólo con Etchecolatz sino también con militares que estaban preocupados por el enjuiciamiento que estaban sufriendo, además de policías en actividad”, precisa en referencia a la presunta “banda mixta” que desapareció al testigo. Godoy no cifra expectativas en la justicia pero sí en la posibilidad de “quebrar pactos de silencio, que depende de la capacidad que tengamos como campo popular de seguir haciendo el reclamo, como parte de la pelea del movimiento de derechos humanos que a cuarenta años sigue encontrando verdades y reclamando justicia”. A su criterio, esta década deja a López como “la certeza de que había que hacer los juicios, y las consecuencias de no afrontar en democracia las herencias de la dictadura, es la certeza de que la Bonaerense no tiene que existir tal como es”.

Pertot cubría los juicios en La Plata y estuvo el día de la condena a Etchecolatz, el 19 de septiembre de 2006. “Llegaban acordes de The Wall de Pink Floyd de afuera, había gente llorando cuando leyeron la sentencia y recuerdo los comentarios y los carteles de López. En ese momento su desaparición todavía era algo confuso, no lo terminábamos de aceptar, o no sabíamos qué pensar. Ahí todavía tenía la idea de que era algo que se iba a resolver, incluso con cierta velocidad. En algún aniversario, varios años más tarde, pensé, pero entonces, ¿esto va a quedar así? Eso me resulta inaceptable”, dice sobre el caso que reinstaló la percepción colectiva de que se puede desaparecer en democracia.

“No quería un muerto en Avellaneda”

f8091000de3f026d209837e21bc2e700_XL[1]“Los gobiernos de Duhalde y Solá están vinculados con este caso, no tengo dudas que hubo un acuerdo, no digo para provocar asesinatos pero sí para reprimir de esa manera”, dijo el ex intendente Oscar Laborde (foto) a esta periodista, al referirse a la causa judicial por las responsabilidades políticas de la masacre de Avellaneda, y se subió a un avión. Es que el actual representante especial para la Integración Económica y Social de la Cancillería había declarado como testigo pocas horas antes en ese expediente que la justicia federal acaba de reabrir, por la persistencia en su reclamo de los familiares y compañeros de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki, los piqueteros asesinados durante la represión al corte del Puente Pueyrredón, el 26 de junio de 2002. Ojos Vendados tuvo acceso a la declaración testimonial completa del ex funcionario, la primera que dio desde que sucedió la masacre que provocó el final anticipado del gobierno de Eduardo Duhalde. La querella, que ahora impulsan la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH) y la APDH La Matanza, sigue sosteniendo que hubo un plan detrás de la luz verde que tuvieron cuatro fuerzas policiales y de seguridad para desplegar la cacería de militantes de esa jornada. Pero la justicia había cerrado la causa porque “no había nada”, y para poder avanzar necesitaba “nombres”. Ahora Laborde contó, por ejemplo, que el ex secretario de Seguridad Juan José Alvarez le pidió que no hiciera mención pública sobre la presencia de la Prefectura en la represión. ¿Por qué? ¿Qué había que ocultar? También relató que cuando le dijo a Felipe Solá que a su criterio los gobiernos nacional y provincial habían actuado en conjunto, el ex gobernador y actual candidato massista le respondió que “lo habían puenteado”. Y recordó que en el municipio quiso armar un plan de acción porque los antecedentes le generaban “preocupación” respecto de la integridad de los manifestantes. “Todo me daba la impresión de que iba a pasar algo grave, le dije al comisario Fanchiotti que no quería un muerto en Avellaneda”.

  Ante la fiscal federal Paloma Ochoa, en quien delegó la reactivada investigación el juez Ariel Lijo, Laborde hizo un relato detallado de aquellas horas previas y posteriores a la masacre en el puente, la estación, que ahora fue rebautizada Darío y Maxi, y sus alrededores. Luego de dar sus datos personales, le informaron que estaba declarando en el expediente en el cual “se investiga la presunta responsabilidad que cabe atribuir a Eduardo Duhalde, presidente de la Nación en 2002, Carlos Ruckauf, ministro de Relaciones Exteriores, y Juan José Alvarez, secretario de Seguridad Interior, en orden a los homicidios de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki”. A continuación, el ex intendente de Avellaneda describió que el 26 de junio de aquel año, a las 9 de la mañana “tuvimos una reunión de gabinete municipal donde por los antecendentes que teníamos preocupantes elaboramos un plan de acción con los secretarios. Ahí se evaluó, yo expresé la preocupación que tenía por tres informaciones: una era la afirmación de Ruckauf donde reivindicaba el decreto firmado en el año ’75, cuando era ministro de Isabel Perón (en alusión al decreto con el cual ordenó a las Fuerzas Armadas ‘aniquilar el accionar de los elementos subversivos’). La otra era las declaraciones del jefe de Gabinete (Alfredo) Atanasof, donde decía que si querían subir al puente iba a haber una guerra, y tercero era la información del hospital Fiorito, que había recibido la orden de retirar a todos los pacientes excepto a los de terapia intensiva. Todo me daba la impresión de que iba a pasar algo grave”.

  En su declaración testimonial, Laborde dijo que “la noche anterior había tenido la visita de la actual diputada Adriana Puiggros, que presenció una conversación donde yo estaba discutiendo con el comisario (Alfredo) Fanchiotti, y le decía que no quería un muerto en Avellaneda. Entonces lo que se previó a partir de eso fue dividir a los secretarios cerca del puente, entre el viejo palacio municipal, que queda en Mitre al 300, y un establecimiento municipal que queda al lado de la estación Avellaneda, con la indicación de abrir las puertas a los manifestantes si éstos eran producto de represión. Ya en la conversación que había tenido con el comisario Fanchiotti la noche anterior sabía que iba a haber un clima de combatividad ese día, porque en realidad en Avellaneda teníamos periódicamente cortes en el puente y nunca había habido un clima así”.

  Laborde dijo que estuvo en la municipalidad hasta las 16 y que luego se fue a La Plata para entrevistarse con Solá. Ante las preguntas de los abogados Nahir Riesco, Cristian Blanco y Claudia Rizzo, el testigo describió que en esa oportunidad le dijo a Solá “que a los manifestantes los había matado la policía, tenía el testimonio directo de una persona en los brazos de la cual había desfallecido Santillán. Esta persona (Osvaldo Baqueiro) recibió amenazas personales y tuvo un accidente automovilístico por la rotura de los frenos”. El ex intendente de Avellaneda agregó: “Le dije a Felipe Solá (ex gobernador bonaerense) que en mi opinión el gobierno nacional y provincial habían actuado en conjunto. Me dijo que había sido ‘puenteado’, lo cual me pareció muy extraño y se lo dije”, agregó el ex funcionario sobre la respuesta que recibió de Solá, actual candidato a gobernador de Unidos por una Nueva Alternativa (UNA), la alianza que integra Sergio Massa, ex jefe de Gabinete y ex titular del Anses durante los últimos años del gobierno de Néstor Kirchner y los primeros de Cristina Fernández.

  Ante una pregunta sobre las llamadas que hizo ese día, Laborde dijo: “Hablé con Juan José Alvarez (ex secretario de Seguridad) sobre todo por el tema de que un empleado municipal, Silvio Pereyra, había recibido una bala de plomo, le impactó en la clavícula, la conservó y me vino a ver. Alvarez me dijo que había un programa que estaba por salir con el testimonio de este empleado, y que él había visto marchar por Irigoyen persiguiendo a los manifestantes tanto a la Bonaerense como a los ‘marrones’, refiriéndose a personal de la Prefectura. Alvarez me pidió que no saliera en el programa porque si era así quería decir que Prefectura había bajado a Avellaneda”, dijo Laborde.

Sangre por la espalda.

  En otro tramo de su declaración, el ex funcionario expresó: “Durante ese día percibí una persecución generalizada no sólo sobre el puente, en barrios como Gerli o Villa Tranquila, tenía testimonio de arrestos de manifestantes. Otra cosa extraña fue que sobre Mitre hicieron bajar a la gente de un colectivo de línea y tiraron una molotov adentro, eso era para dar la impresión de un caos generalizado en la ciudad”. Sobre ese hecho afirmó tener “la versión de que los autores habrían sido dos oficiales de la primera de Avellaneda vestidos de civil”. Laborde detalló que “el lugar donde más gente se refugió fue un establecimiento municipal cercano a la estación (auditorio Faure), unas 400 se refugiaron ahí. Y en ese lugar se da un acontecimiento donde Fanchiotti intentó junto a cuatro policías ingresar violentamente presionando la puerta de ingreso. Ahí esa persona que mencioné (Baqueiro) me relata que cuando sale ve caída a una persona, que luego supo que era Santillán, y cuando la levanta ve que tenía un chorro de sangre que le corría por la espalda, lo suben a una camioneta y finalmente fallece en el hospital Fiorito”.

  Dijo Laborde que cuando estuvo con Solá le habló de la información que tenía sobre los manifestantes, le preguntó por las razones del desalojo del Fiorito y por qué la policía había pisado el puente sin autorización provincial. “Solá me dijo que no sabía nada, que estaba desbordado”.

  De las conversaciones que tuvo el 26 con el comisario Fanchiotti, el ex intendente recuerda que en una de ellas el policía le dijo que estaba en diálogo con Oscar Rodríguez, en ese momento el número dos de la SIDE que conducía Carlos Soria. También detalló que se enteró por Marcelo Saín que ese día los policías no usaron una frecuencia especial, como suele suceder cuando hay un evento especial, sino “handys que no eran de la fuerza, es decir que tuvieron un sistema de comunicación propio” pero que no había sido provisto por la policía. Cuando la fiscal preguntó a Laborde si quería agregar algo, dijo: “Tengo la convicción sobre la articulación que hubo entre el gobierno nacional y provincial, el rol que tuvieron Atanasof y Rodríguez”.

Los infiltrados de siempre

  La querella le preguntó a Laborde si sabía sobre reuniones que habían realizado los movimientos piqueteros en mayo de ese año y días previos a la masacre, en un teatro de Avellaneda y en el polideportivo Gativa de Villa Domínico. El ex funcionario respondió que sí, porque “era movimientos que tenían actividad social y era común que me pidieran el espacio, y era tarea del municipio facilitar esos lugares”. El 22 y 23 de junio se había realizado la Asamblea Piquetera Nacional y allí los agentes espías de la SIDE habían tomado nota, enviados por Soria, de que los piqueteros habrían estado infiltrados por las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), y de que “se habló de revolución, de toma del poder y caos”. Con eso y otros recortes de prensa la SIDE armó la carpeta que les había pedido el ministro de Justicia, Jorge Vanossi, con precisiones acerca de “si los acontecimientos que estaban ocurriendo en el país podrían configurar algún delito contra la democracia.

  Y así fue, el gobierno de Duhalde dio instrucciones al procurador Nicolás Becerra para que investigara a los piqueteros por presunta “sedición”. Era la pata judicial del entramado que cerraba con el micro incendiado y los militantes “matándose entre ellos”, como salieron a decir enseguida sus funcionarios. A estos hechos se refieren los familiares y compañeros de Darío cuando hablan de un plan político, del que habrían participado varios miembros de su gabinete: Vanossi, Atanasof, Alvarez, el fallecido Soria, Rodríguez y el ex secretario general de la Presidencia Aníbal Fernández, además de Solá, en incluso algún empresario de medios que difundió la primera versión del “enfrentamiento”. Ese combo “justifico la represión porque se viene el caos y vienen por mí” era lo que creía que necesitaba Duhalde para sobrevivir pero terminó anticipando su salida del gobierno. Las secuencias fotográficas de los asesinatos, tomadas por los reportero Sergio Kowalewski, que conseguió esta cronista para Página12. Las de Pepe Mateos (que Clarín tenía pero no usó el primer día, como evidenció el documental “La crisis causó dos muertes”), le cambiaron los planes.

  Antes de ordenar el cierre de la causa el fiscal Miguel Osorio dijo que quedaban medidas por hacer, como un allanamiento de la división Inteligencia de la policía Bonaerense, en lugar del pedido por oficio como ordenó el juez Lijo, que fue respondido por Carlos Stornelli con un previsible “no hay nada” de interés para la causa. Y un nuevo cruces de las centenares de llamadas telefónicas.

  Ahora el expediente que fue reabierto, por pura insistencia de la nueva querella y de la movilización del Frente Popular Darío Santillán (FPDS), tiene muchos más nombres y líneas de investigación posibles. La ponderación sobre el avance está en manos de la fiscal Ochoa, quien posee una larga lista de testigos. De hecho, para empezar, nada de lo que dijo Laborde fue mencionado por Solá hace pocos días cuando salió a victimizarse por haber sido blanco de un escrache por parte del FPDS, cuyos militantes consideran que “si no hay justicia hay escrache”. Sin embargo, la justicia podría esta vez tener algo con que probar las responsabilidades políticas de aquella masacre. Al menos, por primera vez en muchos años, Alberto Santillán, papá de Darío, se mostró esperanzado. “Hemos dado un paso adelante contra la impunidad”, dijo a esta periodista poco después de la audiencia en los tribunales federales de Retiro.

Manual sobre la ingeniería del espionaje y la criminalización de la protesta

En esta entrevista la abogada Myriam Bregman –impulsora de la denuncia inicial de la causa conocida como Proyecto X— aborda los interrogantesque despierta el descubrimiento de que, una vez más, una de las fuerzas de seguridad hizo inteligencia interior sobre militantes y organizaciones sociales de un amplio espectro ideológico, una actividad que está prohibida por las leyes vigentes. En especial, explica que en el 95 por ciento de los casos los gendarmes actuaron sin orden judicial alguna. Y que si hubiesen existido tales directivas también serían ilegales. “La red nacional de espionaje y monitoreo montada por la Gendarmería responde a disposiciones internas, y su objetivo es el armado de causas penales”, afirmó la letrada.

El documento que ilustra esta nota enumera las “principales organizaciones que originaron las expresiones sociales monitoreadas por la fuerza”, según detallaron los gendarmes en el extenso listado que figura en el expediente. Son más de mil, de casi todas las provincias, y están desde los docentes universitarios de la Conadu hasta los taxistas autoconvocados de Tucumán. El listado completo se publica en otra nota de esta sección

http://www.adrianameyer.com.ar/index.php/item/95-m%C3%A1s-pruebas-confirman-el-espionaje-de-gendarmer%C3%ADa-proyecto-x

–¿Cómo detectaron el espionaje y la infiltración de la Gendarmería en sus organizaciones?

 

–A partir del inicio de varias causas penales contra los delegados antiburocráticos de KraftPepsico y otras empresas multinacionales de la zona norte del gran Buenos Aires, notamos que estas causas tenían un denominador común: la Gendarmería Nacional aportaba distintos tipos de pruebas, como informes de inteligencia con caracterización de los conflictos sindicales, la clasificación política de los delegados, las tendencias sindicales dentro de los gremios.

A la vez, fuimos advertidos por los mismos compañeros trabajadores que nos indicaban que la Gendarmería enviaba a agentes sin identificación para que se mezclen entre ellos cuando se manifestaban. Esto lo pudimos constatar gracias a las filmaciones que realizaban los mismos trabajadores y también de las mismas causas iniciadas contra los trabajadores; los gendarmes que fueron citados a declarar para indicar si habían visto a los delegados, mencionaban que es una práctica habitual de ellos entremezclarse de civil para obtener datos y que habían podido constatar algunos de esos datos con una “base de datos” que ellos tenían.

Con esta prueba que ya considerábamos irrefutable, fue que iniciamos, junto a una decena de personalidades y organismos de derechos humanos, la querella presentada el 22 de noviembre de 2011 denunciando que se realizaba inteligencia ilegal y la violación de toda la legislación en la materia.

Tras casi un año se dieron a conocer el resultado de las pericias sobre las computadoras de Campo de Mayo y las del edificio Centinela de la Gendarmería nacional, donde funciona el Proyecto X, y el resultado fue de una gravedad aún mayor que la denunciada. Con la pericia informática se constató que la Gendarmería Nacional “monitorea” permanentemente las actividades de unas 1000 organizaciones, gremiales, políticas, de derechos humanos susceptibles de “Alteración del Orden Público (AOP)”. Usamos la palabra “monitoreo” porque es la utiliza la propia fuerza, y aclaramos que las situaciones de AOP pueden ser desde una huelga de hambre, hasta una huelga o una cualquier forma de manifestación de un reclamo.

–¿Qué es Proyecto X?

–Nosotros pedimos que Gendarmería informe todas las bases de datos con las que cuenta, y el Comandante Héctor Schenone dio cuenta de su existencia en un escrito presentado ante el Juzgado federal N ° 7 a finales de diciembre de 2011. A partir de esa presentación y de las pruebas que teníamos, se ordenó un peritaje sobre el servidor en la que está esa base de datos y sobre el Centro de Reunión de Campo de Mayo. Los resultados dieron que existían alrededor de 500 informes provenientes de distintos puntos del país, sobre las actividades de cuerpos de delegados combativos, organismos de derechos humanos, informes sobre las villas, entre otros, (facsímil)

Con ese nombre tan llamativo, “Proyecto X” pasó a ser el nombre popular de toda la causa sobre espionaje, de esta red nacional de infiltración, inteligencia y monitoreo que posee la Gendarmería Nacional sobre el conjunto de los sectores populares, sobre los  trabajadores y en especial sobre las comisiones internas gremiales combativas y de izquierda.

–¿Qué sucedió luego de la denuncia inicial? ¿Con qué objetivo se hizo un back up y quién lo ordenó?

–Entre los datos que arrojaron las pericias presentadas a mediados de febrero de este año, encontramos que un día después de la presentación de la denuncia y que apareciera publicada en Página/12 el mismo 22 de noviembre de 2011, se hizo una copia de seguridad de la información del servidor del Proyecto X. Y posteriormente, en febrero de 2012 cuando trascendió en forma masiva la existencia del Proyecto X, se realizó otro back up. Esto nos llamó la atención, porque, como venimos denunciando, es probable que los back up realizados hayan sido para borrar y ocultar información.

–El gobierno sigue diciendo que los gendarmes actuaron en base a órdenes de la justicia, ustedes sostienen que no es cierto. ¿Hay algo en el expediente que demuestre que actuaron sin instrucciones judiciales?

–Claro, los cientos de informes de todo tipo de movilizaciones, reuniones y actos no pudieron salir de alguna orden judicial.

Según surge de los propios informes de inteligencia, la Gendarmería Nacional cuando tiene que realizar alguna diligencia por orden judicial, deja constancia en el marco de qué expediente judicial se trata. En los documentos encontrados en las computadoras peritadas, en el 95% de los casos, los informes de inteligencia no dejan constancia alguna de que se trate de alguna diligencia judicial.

Pero hay otro tema que debemos dejar claro. Si hubiese existido una orden judicial que exigía, por ejemplo, hacer informes sobre las tendencias políticas dentro de los delegados de Kraft, ello igualmente es absolutamente ilegal. En el país donde la “obediencia debida” es sinónimo de impunidad, sobran las explicaciones.

En sus pocas declaraciones al respecto, distintos representantes del gobierno tratan de enmarcar ésta actividad ilegal de la Gendarmería en la investigación de procesos penales, para así deslindarse de responsabilidad y cargar la misma sobre la justicia, lo cierto es que con la información que ya contamos en el expediente, la red nacional de espionaje y monitoreo montada por la Gendarmería responde a disposiciones internas. La más completa es una del año 2009, momento en que Aníbal Fernández se encontraba al frente de las fuerzas represivas. A ese motivo creemos que se deben todos los agravios que nos dirigió últimamente el senador Fernández.

 

–¿Por qué la Gendarmería habría tomado la iniciativa de espiar a militantes y organizaciones? ¿Cómo llega el producto del espionaje a los expedientes quecriminalizan la protesta?

–Precisamente ese es unos puntos que se tienen que determinar con la investigación. La extensión en el tiempo, al menos desde el 2004 a principios del 2012, el hecho que abarque las funciones de Fernández y Nilda Garré, la defensa que han hecho de la Gendarmería cuando apareció la denuncia, incluso la propia Presidente de la Nación salió a defender el Proyecto X y a aseverar que habían detenido a un cargamento de drogas con ese proyecto cuando estaba precintado y sin uso en ese momento, son todos elementos que nos hacen pensar que hay una orden política detrás.

Hoy en día, con los informes encontrados y el hecho de que la mayoría de los delegados y activistas sindicales de la zona norte de KraftPepsico, Frigorífico Río Platense se encuentren con causas penales abiertas, se demuestra que uno de los fines concretos de ésta red de espionaje e inteligencia es el armado de éstas causas penales, para condicionar justamente a los luchadores y delegados sindicales cuando salen a la calle para reclamar por aumento de salario, contra los despidos y suspensiones, por el fin del impuesto al salario o por sus derechos.

Recordemos que Hermosilla, delegado de Kraft y militante del PTS, tiene 10 procesos penales, y fue citado 16 veces a indagatoria por la Justicia Federal de San Martín.

La base probatoria de todos los expedientes penales son informes de inteligencia de la Gendarmería Nacional , junto con el testimonio de los mismos gendarmes que admiten lisa y llanamente la infiltración entre los manifestantes.

Es decir, la Gendarmería cuenta con información previa, y cuando la justicia requiere iniciar un proceso penal contra los trabajadores de alguna fábrica, la Gendarmería ya sabe a quien apuntará y empieza a “blanquear” judicialmente la información que ya poseía de antemano.

–Eventualmente, ¿este tipo de prácticas podrían ser ordenadas por la justicia en la investigación de cuáles delitos?

–Si fuesen solicitados por la justicia igualmente sería ilegal. Pero en el 95% de los informes no hay orden judicial.

Gran parte de los casos por los cuales los delegados y activistas gremiales se encuentran procesados, son por manifestaciones que interrumpieron el tránsito, y que junto con la mayoría de los juristas sostienen que de ninguna manera pueden tratarse como delitos penales a las interrupciones de tránsito ya que no se dan los elementos que el propio tipo penal requiere.  Es un artículo del Código Penal que fue introducido por la dictadura de Onganía y que hasta el día de hoy se utiliza como herramienta prioritaria para perseguir luchadores.

 

–¿Cómo funciona el mecanismo de la criminalización de la protesta? ¿Quién impulsa y motoriza las denuncias? ¿Cuál es el rol de las fuerzas de seguridad?

–Existen funcionarios judiciales como el fiscal Paulo Starc, que luego del papelón cometido en el caso Pomar cuando era funcionario de Scioli se dedicó en forma casi exclusiva a perseguir trabajadores combativos de la zona norte del gran Buenos Aires. Esta actividad claramente persecutoria fue avalada por el juez subrogante Mariano Larrea y lo que es peor, completamente respaldado por la Cámara Federal de San Martín, en sus dos salas, también sobre las consideraciones que podamos hacer sobre su ideología ya que es tristemente conocida en el país.

Ellos se basan para el armado de causas y para su posterior justificación y presentación con las formas de un expediente judicial, en los informes que le provee la fuerza favorita del gobierno nacional: la Gendarmería.

En el caso del Poder Judicial de la zona norte del Gran Buenos Aires, nos consta que se proveen de los informes de la Gendarmería con sede en Campo de Mayo, específicamente, de los que provienen del Centro de Reunión de Información.

Pero no podemos dejar de considerar que hay un interés político en sostener la existencia de éstas causas. Con su existencia se pretende tener condicionado justamente a los sectores más combativos del sindicalismo que nosotros llamamos de “base”. Los trabajadores del gremio de la Alimentación procesados y que pronto irán a juicio oral, son opositores a Daer, aliado de la Casa Rosada.

–A partir de la visibilidad que tomó el caso Proyecto X, ¿es posible pensar en un efecto en cadena que tienda a la anulación de los cinco mil procesos abiertos por protesta social?

–Si, nosotros estamos exigiendo la anulación de los procesos. También sabemos de los límites que existe ante la multiplicidad de juzgados que intervienen. Por eso cada año junto a otros organismos de derechos humanos impulsamos proyectos de ley para que se anulen en su conjunto las causas penales contra los trabajadores y luchadores sociales.

Lamentablemente, muchos de los legisladores de la oposición patronal que hoy se muestran escandalizados por el espionaje de la Gendarmería , y tantos otros diputados oficialistas que afirman que no se criminaliza la protesta social, jamás han dado tratamiento al proyecto de anulación de los procesos penales, que ha quedado en manos de unas pocas personas y en forma esporádica.

Claro, qué pueden decir los diputados del PRO por ejemplo cuando el propio jefe de Gobierno de la Ciudad , Mauricio Macri instauró una red igual como una de sus primeras medidas de gobierno,  junto con la implementación de una patota parapolicial llamada UCEP. O los diputados que responden a Binner cuando la provincia de Santa Fe encabeza los índices de gatillo fácil policial y de muerte de militantes en los últimos tiempos. Y el caso de la testigo en causas de lesa humanidad Silvia Suppo en Santa Fe está tan impune como el de Julio López en la provincia de Buenos Aires.

–¿Hasta dónde cree que podrá llegar la justicia?

–Conocemos bien los límites que pone el propio sistema judicial a este tipo de investigaciones que involucran al poder político. Sin ir más lejos, todavía seguimos peleando porque nos entreguen los archivos secretos del espionaje en la dictadura.

Hemos luchado contra el letargo judicial, y fue nuestra actividad la que prácticamente impulsó el expediente para que tuviera algún grado de avance.  Propusimos las pruebas, aportamos todo lo que estuvo a nuestro alcance.

El paso del tiempo conspira contra la producción de pruebas. El allanamiento realizado por el anterior juez de la causa, Norberto Oyarbide en Campo de Mayo, fue hecho 9 meses después de nuestra denuncia, tiempo más que suficiente para que se eliminara todo tipo de pruebas.

Hemos efectuado un primer llamado a indagatorias para que desde ahí se pueda avanzar en las responsabilidades del caso, para abajo en la cadena de mandos, pero fundamentalmente para arriba. Queremos llegar a la cúspide de esto.

–A juzgar por las últimas novedades hay un cambio en la investigación luego del pase a manos del juez Casanello ¿esto es así?

 

–Es muy temprano para aventurar un “cambio en la investigación” desde que Casanello se hizo cargo del Juzgado en octubre del 2012. Fueron solo unos meses donde se dio a conocer una pericia que tardó casi un año en realizarse.

La semana pasada los trabajadores denunciantes, junto a algunas Madres de Plaza de Mayo y organismos de derechos humanos, le solicitaron en una entrevista al Juez Casanello mayor celeridad en la investigación para que se termine con este escandaloso espionaje, y que se empiece a avanzar en las responsabilidad penales y políticas del caso.

Hasta el momento el juzgado no ha resuelto el pedido de indagatoria realizado el 1 de marzo.

Este 24 de marzo será la principal bandera con la que saldremos a las calles junto al Encuentro Memoria Verdad y Justicia. Todos saben lo que significa en la Argentina estar en una lista negra de una fuerza de seguridad.