Avanza la causa contra Bullrich y, oh casualidad, vandalizan cartel de Maldonado y Nahuel

Mientras Moira Millán, referente mapuche, se presentará mañana como querellante en la denuncia penal presentada por la APDH contra la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y otros funcionarios de su gabinete, el sábado por la noche fue vandalizada la imagen gigante de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel ubicada en Esquel.

Según informó el diario El Chubut, se presume aprovechando el escaso movimiento del lugar, los responsables se acercaron hasta la plazoleta de la Memoria y arrojaron pintura roja sobre la imagen de los dos jóvenes que perdieron la vida en el marco de intervenciones de la Gendarmería Nacional y Prefectura Naval Argentina. Celeste Palavecino, de la APDH Esquel, confió, “suponemos que en la madrugada del domingo dañaron con un baldazo de pintura roja el cartel en Memoria de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel. Y también se tomaron el trabajo de ocultar las letras que decían Verdad y Justicia. Verdad y Justicia es el reclamo que tenemos todos los organismos de derechos humanos por la vulneración de derechos”.

Señaló que “Rafael Nahuel pertenecía a una comunidad mapuche de Lago Mascardi, en San Carlos de Bariloche, y fue asesinado por la espalda de un tiro. Y Santiago Maldonado fue desaparecido y luego su cuerpo apareció muerto en el Río Chubut, siendo un caso que nos atraviesa a todas las vecinas y a todos los vecinos de Esquel, y son dos casos tan paradigmáticos en el contexto de recuperaciones territoriales de comunidades originarias que dejan en evidencia que el odio de los genocidas sigue intacto”. Asimismo, hizo hincapié en que “el cartel ya había sido dañado cuando estaba colocado en la ruta y un vehículo lo derribó. Ahora sufrimos esto de la pintura, que más allá del daño natural, es un daño a la memoria colectiva. Y la mirada de Santiago nos sigue preguntando que pasó con la Justicia, porque la causa para investigar su muerte esta cerrada, más allá de que recientemente se hizo el juicio contra el médico por la filtración de las fotos del cuerpo sin vida”.

REPUDIO DE ORGANIZACIONES DE DDHH
“Repudiamos este acto despreciable y llamamos a todas las organizaciones sociales a adherir a este repudio y a colaborar en la pronta reconstrucción del cartel”, manifestó a través de un comunicado la APDH Esquel.
“Los ojos de Santiago y Rafael siguen abiertos y sus miradas solidarias siguen dando testimonio de que la lucha continúa. Esta “intervención” en rojo es la evidencia tangible que las mismas manos cobardes que asesinaron a Santiago y Rafael, acá en la Patagonia, son las mismas manos odiantes que intentan tapar nuestro justo reclamo de Verdad y Justicia por ellos. Pero estamos de pie, aquí y en toda Latinoamérica, con los mismos reclamos contra los mismos opresores que vienen por el agua, la tierra y nuestras vidas: con la certeza de que no existe pintura que pueda tapar la lucha por memoria, verdad y justicia, y que ante cada reacción odiante, reaccionaremos con firmeza y dignidad”.
Por su parte, la Red por la Identidad Esquel de Abuelas de Plaza de Mayo también se sumó a las manifestaciones de rechazo. “La Red por la Identidad de Esquel repudia enérgicamente el claro acto de provocación sobre las imágenes de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel. Lamenta que existan grupos y/o personas intolerantes a las reivindicaciones de Memoria, Verdad y Justicia, ya que son las bases para una vida digna en Democracia, que nos incluya a todes por igual”.

En tanto, desde el Movimiento de Mujeres indígenas por el buen vivir convocan a una conferencia de prensa y acompañar el jueves 21/11 10 am en las puertas de los Tribunales de Comodoro Py.

Recientemente la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) denunció en la justicia a la ministra Bullrich, a su ex jefe de Gabinete, Pablo Noceti, y a otros funcionarios de la cartera, como autores de un plan criminal ejecutado contra las comunidades mapuches. La denuncia quedó radicada en el juzgado de María Laura Capuchetti, y alcanza también al ex secretario de Cooperación con los Poderes Judiciales, Legislativos y Ministerio Público Fiscal, Gonzalo Cane, al ex jefe de gabinete Pablo Noceti y al secretario de Seguridad, Gerardo Milman.

«Desde el Movimiento venimos denunciando junto a nuestra lamngen y weychafe Moira Millán la difamación y persecución política hacia su persona y militancia en la defensa de la vida en los territorios. Moira a sufrido amenazas de muerte y un proceso de judicialición en el cual, quedó dos veces absuelta ante la falta de fundamentos en las acusaciones llevadas a cabo por el Juez Guido Otranto. En el informe presentado por Patricia Bulrrich en diciembre del 2017, se difama a Moira Millán como vocera de la RAM, con la complicidad de los medios hegemónicos de desinformación como Clarín y TN. Este plan sistematizado que es parte de las políticas genocidas que sostienen los Estados nación, no quedará impune. La verdad se hará justicia», indicaron en un comunicado referido a la referente de la comunidad mapuche recuperada Pillán Mahuiza, de Chubut. «Marici weu! Mil veces venceremos!», agregaron.

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El arte de encubrir(se) con escuchas ilegales

En las próximas horas habrá dos importantes audiencias en Chubut, en las que se definirá si las escuchas a la familia Maldonado que la justicia declaró nulas son finalmente destruidas, y si la fiscal federal Silvina Avila sigue en el caso a pesar de haber sido recusada por las querellas. Sus argumentos para evitar que las conversaciones sean destruidas coinciden con las filtraciones de las mismas difundidas por algunos medios: la familia, los mapuches y los abogados fueron parte de un complot contra Gendarmería. El viejo truco de ensuciar a las víctimas para encubrir sus propias movidas en el expediente a favor del gobierno, desde el minuto cero del caso. «Escuchando a Sergio no iban a encontrar a Santiago», dijo a Ojos Vendados la abogada de la familia, Verónica Heredia.

(foto Gustavo Zaninelli)

Contra viento y marea, la fiscal del caso Maldonado se aferra al expediente para evitar ser apartada, pero sigue recibiendo cuestionamientos porque insiste en su tesis de acusar a las víctimas de haber urdido una conspiración contra los que visten uniforme verdeoliva. Silvina Avila pidió que no sean destruidos los audios de las escuchas al entorno y la familia del tatuador, que desapareció hace diez meses luego de un operativo represivo de Gendarmería en la Pu Lof en Resistencia. Lo hizo al apelar la decisión del actual juez de la causa, Gustavo Lleral, quien hace un mes determinó que esas “pinchaduras” ordenadas por su antecesor, Guido Otranto, son nulas, ilegítimas e inconstitucionales para una investigación de habeas corpus. De hecho, fueron hechas cuando el cuerpo de Santiago aún no había aparecido. “El gobierno y la fiscal, pretenden descargar la responsabilidad por la muerte de Santiago en los mapuches, con su lógica, terminan castigando a quienes denunciaron los abusos y atropellos de las fuerzas de seguridad y premiando a sus responsables, pero siempre desde la Asamblea Permanante por los Derechos Humanos sostuvimos que el operativo fue violento e ilegal, se fraguó una flagrancia y resultó en la muerte de una persona”, dijo Gisela Cardozo, una de las presidentas de la APDH, querellante en la causa. “Patricia Bullrich se aferra a teorías de complot con el único fin de perseguir a los que denuncian los abusos y no investigar la cadena de mando en las responsabilidades”, agregó.

Avila y Otranto impulsan la causa abierta por la denuncia del ministerio de Seguridad, una de las tres querellas del gobierno contra los mapuches, que acusa a personas allegadas a Maldonado de haber entorpecido la investigación sobre su desaparición y muerte con la intención de inculpar a la Gendarmería. Tanto la fiscal como el juez usaron parte de esas conversaciones como supuestas pruebas de que hubo un “plan coordinado por los miembros de la comunidad”. La reciente difusión pública de parte de esas conversaciones privadas apuntó a tratar de desacreditar los testimonios clave del caso, que en su momento determinaron la emisión de una medida cautelar contra el Estado por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. El ataque oficialista de la mano de juez y fiscal incluye la acusación de asociación ilícita, fraude procesal y falsa denuncia contra los abogados peticionantes ante la CIDH, de Naturaleza de Derechos y APDH Córdoba, Fernando Cabaleiro y Carlos González Quintana, respectivamente.

En su último escrito para evitar la destrucción de los audios ordenada por el juez Lleral, la fiscal va más allá: los acusa de haber plantado la gorra del joven anarquista. En realidad, tal como pudo verificar esta periodista en el expediente, quien falseó información en un documento público fue el juez: al realizar el anuncio del hallazgo de la prenda en el territorio mapuche recuperado de Cushamen dijo que sucedió debajo de una “manta” cuando debió decir “mata o arbusto”, como informó la policía. Otranto, que aspira a ascender en su carrera con un cargo en un tribunal oral, suma pedidos de juicio político en el Consejo de la Magistratura con cada nuevo capítulo de esta saga.

En tanto, la querellante APDH amplió los argumentos para que la fiscal Avila sea apartada del caso Maldonado, al sostener que si hubo irregularidades en los procedimientos a ella también le cabe la responsabilidad. Su accionar en connivencia con Otranto fue expuesto a partir de que su secretaria es la esposa del juez, por eso fue solicitada también la salida de Rafaela Ricono. A criterio de la querella, el juez necesita salvar el bache del acta irregular, sobre un operativo que en lugar de presenciar vigiló a distancia desde la estancia de Benetton, acusando a los mapuches. “La fiscal Ávila repite nuevamente la versión del juez Otranto de los primeros días, pero las actas del primer rastrillaje contradicen mucho esa versión, una simple N que parece un descuido, cambia radicalmente el sentido de las cosas. Se pasa de la “mata” a la “manta” y de ahí a que plantaron una prueba. Hay contradicciones que merecen una seria investigación y que nosotros estamos denunciando”, explicó a Ojos Vendados Mauricio Rojas, abogado de APDH.

El elemento de sospecha que introduce Ávila en su apelación para que no sean destruidas las escuchas en realidad debería resultar un búmeran, y todo indica que cuando en Página12 esta periodista expuso las irregularidades de aquel operativo en la fiscalía de Esquel se pudieron nerviosos.

¿Mata o manta?

El 5 de agosto Otranto ordenó allanar los escuadrones 35 y 36 de Gendarmería, pero a fojas 192 consta que un día antes anunció por nota a sus jefes que serían allanados. Ese mismo día instruyó el primer rastrillaje del río, con la división canina que ya había tomado contacto con una prenda, el famoso cuellito, aportada por Sergio Maldonado. A fojas 186 el defensor Machado realiza su propia acta de procedimiento donde consta el hallazgo “detrás de los arbustos” de un “gorro color beige”, que un miembro de la comunidad reconoce como el que usaba Santiago. Y a cuatro metros, una vaina servida. Era la prueba que ratificaba el relato de los mapuche sobre la presencia del tatuador durante la represión el 1 de agosto. En su acta Otranto y su secretaria María Silvina Salvare insisten en denostar la actitud belicosa de los mapuche a quienes acusan de entorpecer la investigación, y de la misma se deduce que ninguno estuvo en el rastrillaje. “Nos acercamos hasta la estancia de la compañía Tierras del Sud donde fuimos atendidos por el señor Ronald McDonald (jefe de capataces de Benetton) (…) luego de ello regresamos a la ciudad de Esquel”. Hasta ahí nada sobre la gorra. “En horas de la noche se presentó en el juzgado el guía del can, Martín Villarroel”, quien les explicó que el “cuellito” no fue usado porque “durante dos días lo había tenido un integrante de la comunidad”. Según el acta de Otranto, cuando el guía les dijo que se retiraba “uno de ellos le entregó una gorra que se le dijo habían encontrado bajo una manta y que pertenecería a la víctima”. Nada dice el juez sobre la cadena de custodia de semejante prueba, ni por cuántas manos pasó hasta que el defensor Machado la embolsó para enviarla al laboratorio.  Pero agrega que en la Lof estaban dos empleadas de su juzgado.

A fojas 250, el acta circunstanciada firmada por el ayudante de la División Drogas Peligrosas Matías Maglione quien describe: “Siendo las 14.40 se comienza la búsqueda, hallándose a pocos centímetros del lugar que nos encontramos precisamente debajo de una planta autóctona del lugar boina con gorra de color blanco, por lo que es consultado si pertenecería a la persona buscada la ciudadana Claudina Pilquiman confirma que la prenda de vestir efectivamente corresponde a la persona de Santiago Maldonado. Consecuentemente el instructor del can impronta al perro con el olor de referencia”. Interrogada por los fiscales de la Procuvin (Procuración contra la Violencia Institucional), Pilquiman relatará que la boina fue avistada por una mujer que no es de la comunidad, y como la secretaria del juez tampoco estaba, esa persona no es otra que una de las dos empleadas que sí estuvieron en el lugar de los hechos, cuya identidad es reservada porque podrían ser convocadas como testigos si prospera alguna de las denuncias contra Otranto por encubrimiento agravado, abuso de autoridad y prevaricato.

En definitiva, Machado y los policías coinciden en que la prenda estaba entre los arbustos o matas, lo cual sitúa a Santiago donde desapareció. Pero en pleno apogeo de la campaña negacionista del gobierno contra la posibilidad de sumar un desaparecido en democracia a la lista, el juez escribió que la entregaron los mapuches. Y a diez meses, ambos buscan encubrir sus pasos con la misma tesis más que tirada de los pelos.

El destacamento policial está adentro de la estancia de Benetton

El destacamento policial está adentro de la estancia de Benetton (foto Gustavo Zaninelli)

No aclaren que oscurecen

Esta semana habrá en Chubut reuniones fundamentales para definir la continuidad de la fiscal y el destino de las escuchas. El jueves 7 la APDH y Verónica Heredia, abogada de la familia, participarán de la audiencia por la recusación de la fiscal Avila. En tanto, el martes 5 en la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia habrá una audiencia en la cual Lleral aportará sus argumentos para validar la orden de destruir el material que registró llamadas telefónicas interceptadas a Sergio Maldonado, hermano de Santiago, la mapuche Claudina Pilquiman, el amigo del tatuador Ariel Garzí y una integrante de la red de apoyo a las comunidades en conflicto, que según pudo saber este sitio, había prestado su línea al dueño del lugar donde vivía Maldonado en El Bolsón. Para Lleral resultó “evidente que la interceptación de las comunicaciones, la invasión de la privacidad del hermano de la víctima, no era el último recurso disponible para lograr datos conducentes al hallazgo de Santiago Maldonado”.

En su defensa, Otranto y Avila aducen que pidieron las escuchas por las contradicciones que habría entre testigos mapuches, y por la urgencia de encontrar al tatuador anarquista, que estaba desaparecido desde el 1 de agosto. Según ellos, hacía falta escuchar a Sergio Maldonado en caso de que los “encapuchados mapuches” se comunicaran con él. Para Avila y Otranto no sólo hubo testigos falaces sino también pruebas plantadas.

En un intento de salvar su responsabilidad, Avila puso primera: no sólo cargó contra los mapuches, sino también acusó a Sergio Maldonado de haber manipulado objetos de su hermano y al juez Lleral de haber desarrollado estrechos vínculos con la Pu Lof, hasta deslizó que pudo haber perdido los discos que contienen las escuchas. La fiscal sostiene que la misma noche en que desapareció Maldonado, Pilquiman fue a su casa en El Bolsón y retiró sus pertenencias, para luego plantar algunas en la escena del crimen. Y al amigo de Santiago, Ariel Garzí lo acusa de inventar una comunicación inexistente al celular del mochilero.“No podemos separar lo que pasó con Santiago Maldonado del escenario de persecución a las comunidades mapuches, por eso actuamos en la causa de Rafael Nahuel y nos solidarizamos con Facundo Jones Huala, que ha iniciado una nueva huelga de hambre”, agregó Cardozo, de APDH.

La fiscal Avila, ejerciendo como abogada de los uniformados según la familia Maldonado.

La fiscal Avila, ejerciendo como abogada de los uniformados según la familia Maldonado.

 

Verónica Heredia, abogada de la familia: “No iban a encontrar a Santiago escuchando a Sergio”.

Desde 25 de Mayo, donde se realizó la marcha por los diez meses de la desaparición de Santiago Maldonado, la abogada de la familia Verónica Heredia dijo a Ojos Vendados que “es mentira que con una escucha lo iban a encontrar, pero admiten que hicieron eso que no corresponde en un expediente de habeas corpus”.  Según Heredia, “Avila reconoce que lo hicieron en un proceso que no era legal y se escuda en que lo hicieron por la urgencia de encontrarlo con vida, pero era evidente que eso no iba a suceder escuchando las conversaciones de su hermano”.  En su razonamiento, la letrada explicó que si decidieron intervenir su teléfono es porque “estaban acusando a Sergio de saber dónde estaba Santiago, por eso es una contradicción en sí misma su apelación porque la propia fiscal reconoce la ilegalidad de esa pinchadura”.

No se sabe si el fiscal de Cámara Norberto Bellver sostendrá la apelación de Ávila. Fue el funcionario que en su momento se pronunció por el apartamiento del juez Guido Otranto del caso, por haber adelantado su opinión al diario La Nación. “Primero habría que resolver la recusación de Avila, antes de escuchar sus argumentos contra la destrucción de las escuchas”, expresó Heredia. El jueves en Rawson se verán las caras Avila, su secretaria Rafaela Ricono, a la sazón esposa de Otranto, con las querellas, en la audiencia de recusación.

Heredia, con Sergio Maldonado y su esposa, Andrea Antico

Heredia, con Sergio Maldonado y su esposa, Andrea Antico

 

La fiscal Ávila no acusa, defiende a Gendarmería

A la espera de los resultados de la autopsia de Santiago Maldonado, que podría derivar en un cambio en la carátula del caso, el juez federal Gustavo Lleral advirtió que «saber la causa de su muerte va a llevar un tiempo». Lo dijo en referencia a las filtraciones sobre el informe preliminar, y a las conjeturas que éstas propician, por lo cual agregó que «se habla tanto y muchas veces sin saber». Por otra parte, el magistrado respondió sobre la convocatoria a declarar del denominado testigo «E». Como si los dichos de este joven mapuche identificado así en los documentos probatorios de la CIDH fuera el único capaz de esclarecer el caso, y luego de meses de no investigar el rol de la Gendarmería y de haber desacreditado las voces de los mapuches, la fiscal federal Silvina Ávila pidió al juez que lo identifique y lo cite. «Verificaremos luego si se trata del testigo del que todo el mundo habla», dijo el magistrado con cautela.

En la resolución donde hizo este pedido, Ávila volvió a falsear y tergiversar documentos oficiales. Así como faltó a la verdad respecto de las prendas de Santiago en aquel informe que elevó al gobierno para que los funcionarios de Cambiemos respondan ante la ONU y la OEA –y que ocultó a la procuradora Alejandra Gils Carbó–, ahora sostuvo que la medida cautelar que dictó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para intimar al estado argentino a dar con Santiago Maldonado se basó exclusivamente en ese testimonio de identidad reservada (E), que paradójicamente no existía como tal en el momento en que ese organismo se pronunció. El corpus probatorio que motivó la cautelar emitida por la CIDH el 22 de agosto es un extenso informe que describió el accionar del Estado, negando la responsabilidad de Gendarmería y poniendo en duda que Maldonado haya estado en el lugar de los hechos.

El testimonio de E fue recogido por los abogados peticionantes entre el 11 y el 15 de septiembre como prueba de las violaciones a los derechos humanos que comenzaron con la represión en enero en la comunidad mapuche Pu Lof en Resistencia de Cushamen, y es quien afirmó que escapaban juntos de los balazos de los gendarmes cuando ingresaron al río Chubut, que Santiago no pudo cruzar y volvió a la orilla donde fue apresado por gendarmes. Lucas habría sido el último de los compañeros de Maldonado en verlo con vida, pero podría no ser la única persona que podría dar testimonio de ese momento, porque los gendarmes que lo rodeaban en ese momento nunca fueron interrogados al respecto.

Dijo Ávila que “la querella de la APDH (Córdoba) presentó ante la CIDH otros testigos, entre ellos el famoso E de nombre Lucas, dichas presentaciones dieron como resultado la resolución 32/17 y el trámite actual de una nueva medida cautelar”. Sin embargo, esa resolución tiene fecha del 22 de agosto, cuando ese testimonio fue recogido un mes después, y presentado el 22 de septiembre para pedir al gobierno una sanción por el incumplimiento de la medida cautelar. “E no es el fundamento, esa cautelar otorgada fue otorgada antes por el cúmulo de otros testimonios y pruebas, fotografías y videos aportados, Ávila ni siquiera toma en cuenta los hechos cronológicos, se maneja con absoluta impunidad”, dijo a Página12 una fuente del caso.

La fiscal fue aún más allá al pedir al juez Lleral que intime a los letrados de la APDH (Córdoba), en su caso Carlos González Quintana, y el otro peticionante, Fernando Cabaleiro, de Naturaleza de Derechos, porque al no hacer constar los datos filiatorios del testigo podrían haber violado una ley algo vetusta referida a las denuncias ante organismos internacionales. “Es un ataque infantil, sin leer las presentaciones, y nos amenaza en base a una ley de 1951, que penaliza a todo aquel que haga denuncias ante organismos internacionales, ni existía la Comisión de Derechos Humanos de la OEA, aquel que propiciare denuncias en el exterior contra el Estado argentino será pasible de una pena de inhabilitación de cinco a 25 años”.

La fiscal federal subrogante de Esquel insistió en que “en una acción de esta envergadura las partes querellantes habrán tomado los mínimos recaudos para registrar, al menos internamente, los datos filiatorios de quienes testimoniaron”. Al leer este párrafo la querella aludida recordó que la representante del Ministerio Público no tuvo un sólo recaudo respecto de todas las pruebas “que nunca recogió, como las postas de plomo del lugar de los hechos, y las medidas de prueba que nunca realizó como los allanamientos a las casas de los gendarmes y a la estancia de Benetton; además de dejar vencer los plazos para apelar el rechazo a las medidas solicitadas por ella misma, entre ellas el cruce de llamadas entre el jefe de Gabinete Pablo Noceti y los jefes del operativo de Gendarmería”.

En su momento, los peticionante ante la CIDH elevaron cuatro testimonios, dos de ellos ya habían declarado en la causa, Matías Santana y Soraya Maicoño, pero como los otros dos habían pedido reserva de identidad simplificaron colocando a cada uno una letra. Así el tercer testimonio sí se concretó en sede judicial, fue el de Ailinco Pilquiman, la joven que junto a su mamá llevó a Maldonado a la Lof el 31 de julio. En tanto E estuvo citado pero el ex juez del caso, Guido Otranto, levantó sucesivas veces la audiencia. Hasta que luego del allanamiento del 18 de septiembre, en el cual los testigos del caso fueron torturados durante doce horas, el joven volvió a sentir temor por su integridad física. Tanto Santana como Ariel Garzí. amigo de Santiago, sufrieron hostigamiento y campañas mediáticas que los desacreditaron luego de dar testimonio. A tal punto que la ministra Bullrich nombró públicamente a Garzí, quien había pedido protección y reserva de su identidad.

Ahora, en una nueva embestida contra los testigos, y mientras los gendarmes sospechados ya se disponen a mudarse a otras provincias, un matutino reveló que el testigo Lucas pertenece a la familia de otras dos testigos. Luego de haberlo calumniado al publicar que se desdijo para cobrar la recompensa de dos millones que ofrece el Estado a quien aporte información, lo cual fue desmentido por el propio juez Lleral, ahora ese medio difundió incluso a qué escuela concurría.

Esto sucede a pocos días de que la fiscal subrogante lograra separar de la causa a la Procuración de Violencia Institucional (Procuvin), a cargo del fiscal Félix Crous, que había tenido un papel destacado desde el primer día de la investigación. Ávila mantiene informado en forma directa al gobierno de cada detalle del caso, al mismo tiempo que negaba datos a los fiscales de la Procuvin. Durante estos meses, se negó a intervenir los teléfonos de los jefes de Gendarmería que la Procuvin consideraba esencial a los efectos de determinar si había una desaparición forzada en curso, y todas las medidas solicitadas por estos fiscales especiales eran acercadas con demora al juez de la causa. Tampoco accedió a allanar la estancia de Benetton como así las casa de los gendarmes sospechados, ni apeló el rechazo del juez Otranto al cruce de llamadas entre Noceti y los altos mandos de Gendarmería. Como si todo esto no fuera suficiente, mantiene un especial encono contra la abogada de la familia Maldonado, algo que la Procuvin intentó eliminar, sin éxito.

“Se comporta como si fuera abogada de Gendarmería”, dijo Verónica Heredia, letrada de la familia de Santiago, el 14 de septiembre en la puerta del Juzgado Federal de Esquel cuando salía de pedir los apartamientos de juez y fiscal en la causa.

Este dato y toda la peligrosidad que implica el rol de Ávila en el caso Maldonado fue descripto en detalle por el colega Daniel Satur en esta nota de La Izquierda Diario

La peligrosa permanencia de la fiscal

Por otra parte, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos  (APDH) solicitó que la fiscal federal Silvina Ávila sea apartada de la causa que investiga la muerte de Santiago Maldonado por entender que existe un conflicto de intereses que impiden avanzar en el esclarecimiento de las causales y el contexto de su muerte. El organismo de derechos humanos objetó que Ávila es la fiscal en la causa que dio origen al despliegue represivo de Gendarmería en el Pu Lof Resistencia Cushamen, que comenzó el 31 de julio para desalojar de la ruta 40 a los miembros de esa comunidad que protestaban por la detención de sus compañeros en Bariloche y la prisión de su lonko, Facundo Jones Huala.

Esa causa está caratulada NN s/entorpecimiento de servicios públicos, por la violación del artículo 194 del Código Penal, y al mismo tiempo interviene en el proceso que investiga investiga la desaparición y muerte de Santiago Maldonado. “En la del corte de ruta acusa a la comunidad y de alguna manera defendiendo a Gendarmería, mientras que en el expediente sería a la inversa, se trata de un conflicto de intereses, no ponemos en duda cómo llevó adelante la causa, y lo hacemos ahora porque para ampliar las pruebas hacen falta más indagatorias que ella no estaría en condiciones de propiciar”, dijo a Página12 Gisela Cardozo, de la APDH Nacional.

De hecho, mientras que en una de esas causas Ávila persigue a los miembros de la comunidad mapuche y robustece las actuaciones de la Gendarmería Nacional como parte interesada, en la otra, investiga a Gendarmería así como la legalidad del despliegue de los órganos coercitivos del Estado. “La APDH entiende que esta situación pone en dudas el control jurisdiccional imparcial de dichos actos, es decir,  brindar confianza de control judicial hacia otros órganos del Estado, lo que ha sido hasta ahora un factor importante de la falta de avances en la investigación”, indicó sobre la recusación que ahora deberá definir el juez federal Gustavo Lleral.

 

foto fiscales.gob

Esa maldita costumbre de encubrir

“La historia se repite dos veces. La primera como tragedia, la segunda como farsa”.Karl Marx, El 18 Brumario de Luis Bonaparte.

A tres semanas desde la última vez que fue visto Santiago Maldonado, una a una fueron cayendo las mentiras oficiales, Ahora fueron por el desvío, que, paradójicamente, podría llevar a la punta del ovillo de un armado previo: el incendio de un puesto en Epuyén supuestamente por parte de Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), en el cual Maldonado podría haber sido herido con un puñal. Ante el compacto montaje oficial. cabe preguntarse: ¿La familia, los amigos y las constancias del expediente son acaso menos creíbles que las conjeturas oficiales respecto a que Maldonado habría sido víctima de un puestero de la zona que se defendió cuando un grupo pro-mapuche lo atacó? Esa “hipótesis” lanzada por la secretaría de Seguridad ningunea el relato de la familia y los amigos de Santiago, como si no hubiera una larga historia de víctimas silenciadas. El juez le admite a Interpol que Santiago está desaparecido desde que fue «perseguido» por Gendarmería el 1 de agosto pero no avanza contra esa fuerza y el gobierno aún se permite dudar sobre su presencia en el lugar de los hechos. (foto archivo personal familia Maldonado).

Son los hippies rubios de El Bolsón. Santiago, “Brujo” o “Lechu” como lo llaman, se juntó el domingo 30 de julio con su amigo Ariel y le anticipó que pensaba ir de visita a la comunidad mapuche Pu Lof en Resistencia, de Cushamen. Su estado de salud no mostraba indicio alguno de haber sido apuñalado. Cinco días más tarde Ariel preocupado por la ausencia de su amigo lo llamó al celular, alguien atendió sin responder durante 22 segundos y la comunicación se interrumpió. Así lo declaró este joven ante el juez federal Guido Otranto en la causa por la desaparición de Santiago Maldonado. Los mapuches a los que iba a ver lo conocían y por eso reconocieron que era a él a quien agarraron los gendarmes la mañana del 1 de agosto durante el operativo represivo en esa comunidad, lo golpearon y lo metieron en una camioneta Unimog. Santiago había hablado con su mamá, Stella Peloso, el jueves 27 y si hubiera estado lastimado ella lo habría sabido. Mientras usinas oficiales alimentan el foco mediático con una versión que exculpa a la Gendarmería, la principal hipótesis respecto a la responsabilidad de esa fuerza sigue siendo, tal como sucede sistemáticamente en las investigaciones por desapariciones de personas en democracia, la más descuidada por parte de la justicia. De hecho, la fiscalía federal aún no se pronunció sobre el pedido de la abogada de la familia para cambiar la carátula de NN, averiguación de paradero por la de desaparición forzada de persona. Los nombres de los 130 gendarmes que entraron a la comunidad disparando balas de goma ingresaron al expediente que instruye la justicia federal recién hace dos días, pero el abogado de esa fuerza de seguridad ya tiene copias para ir armando la defensa porque, inexplicablemente, el juez federal Guido Otranto los aceptó como parte en la causa.

“Santiago es vegetariano, un pibe pacífico, en la feria de El Bolsón lo conocen todos, tirar esto de un posible apuñalado es muy bajo pero ya podemos esperar que digan cualquier cosa”, define su hermano Sergio, con un tono que ya denota más cansancio que indignación. 

A tres semanas desde la última vez que fue visto Santiago Maldonado, una a una fueron cayendo las mentiras oficiales: que los mapuches y la familia obstruyen la pesquisa, que la Gendarmería repelió la agresión de piedras de ocho mapuches cuando en realidad antes había hostigado y detenido a tres mujeres de la comunidad, que hay un “bando” que insiste en la desaparición siendo que en el expediente consta la denuncia por este delito desde la foja cero con testimonios y la denuncia de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (Apdh) de Esquel.

No funcionaron el video trucho de Entre Ríos y los barrios enteros donde todos usaban barba y rastas. Ahora fueron por el desvío, que, paradójicamente, podría llevar a la punta del ovillo de un armado previo: el incendio de un puesto en Epuyén supuestamente por parte de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), en el cual Maldonado podría haber sido herido con un puñal. ¿Basado en qué? Nadie se atendió en los hospitales de la zona y una de las líneas celulares de Santiago se habría activado ese día en Epuyen. ¿Santiago se desangró en el desierto?

En este punto una parte de los investigadores se pregunta: ¿La familia, los amigos y las constancias del expediente son acaso menos creíbles que las conjeturas oficiales respecto a que Maldonado habría sido víctima de un puestero de la zona que se defendió cuando un grupo pro-mapuche lo atacó? Esa “hipótesis” lanzada por la secretaría de Seguridad ningunea el relato de la familia y los amigos de Santiago, como si no hubiera una larga historia de víctimas silenciadas.

PáginaI12 tuvo acceso a partes de los expedientes judiciales y reconstruyó los hechos a partir de fuentes judiciales, peritos, las querellas y la familia. Los investigadores coincidieron en que la justicia hizo medidas básicas, pero destacaron que “luego de siete días todo se hace tarde y mal”. Y agregaron que “esta demora es lo habitual en los casos de violencia institucional por lo cual es inevitable trazar similitudes con anteriores desapariciones en democracia. Es un mismo patrón, demorar las medidas preliminares lo cual concede una ventana de tiempo a la fuerza sospechada, y luego lanzar versiones distractivas, como fue el hallazgo de un cadáver NN en Punta Lara a pocos días de la desaparición del testigo Jorge Julio López”.

Miente, miente que algo quedará

Ariel había presentado un habeas corpus preventivo porque desde enero la policía de El Bolsón lo sometía a un permanente hostigamiento. Había sido detenido junto a uno de los hermanos de Facundo Jones Huala, el lonko de la comunidad Pu Lof Resistencia Cushamen preso en Bariloche y en huelga de hambre, luego de la feroz represión a los mapuches que reclaman su derecho a una parte de las tierras de la estancia del empresario Luciano Benetton. Cuando esta semana escuchó por televisión a la ministra Patricia Bullrich decir su nombre completo y su dirección durante la audiencia en el Senado llamó preocupado a su abogada. Se suponía que sería protegido dado que es uno de los testigos de identidad reservada del caso Maldonado.

El buzo. “Ni de casualidad estuvo Santiago en ese hecho de Epuyén, Ariel es su amigo, habló con él ese fin de semana y estaba perfecto de salud. Son amigos, los hippies del pueblo pero a Ariel lo persiguen como a los mapuches porque los apoya. Es él quien aporta el buzo de Santiago para que los perros busquen rastros, no es de otra persona como dicen por ahí”, dijo Verónica Heredia, abogada de la familia Maldonado, a PáginaI12. “Dicen por ahí” que esa prenda la habría proporcionado la comunidad mapuche para “sembrar evidencia falsa”. El rastro de Maldonado lo siguen los canes en base al olor de una gorra y un cuello polar encontrados donde fue golpeado, según los testigos que así lo declararon ante el juez.

Celulares. “Tenía tres, y como uno es de Chile fue suficiente para generar la suspicacia de sus nexos internacionales. Es todo un delirio. Hay actividad de llamadas hasta el 21 en uno de los aparatos y hasta el 27 en otro, pero además en el que está registrado en Chile se recibe la llamada de su amigo Ariel el día 4 de agosto”, agregó la letrada en diálogo con este diario desde Esquel. “Hay un teléfono que tenía un chip de Chile porque había estado ahí, y después había otro con otro número que no se si sería de él o no, pero lo usaba para sus tareas de tatuajes y figura en los folletos que repartía”, describió Sergio Maldonado, hermano de Santiago.

¿Plomo?. En la causa están siendo sometidas a pericias las municiones de goma que aparecieron en la escena. Pero según dos fuentes los gendarmes también tiraron con balas de plomo, lo cual consta en una causa diferente contra Gendarmería por “hostigamiento”, iniciada por las dos mujeres de la comunidad que fueron detenidas en el operativo represivo.

Gendarmes. Según el expediente hubo dos gendarmes mujeres heridas. Aún resulta incomprobable para las fuentes saber a qué se deben las amenazas que estaría recibiendo el jefe del escuadrón 35 de El Bolsón, Fabián Méndez.

Es falso que la Gendarmería actuó “de oficio” por la flagrancia del delito de arrojar piedras con “hondas boleadoras”. Esta es la línea de tiempo de los hechos:

31 de julio

–13.00: Seis gendarmes informan que hay siete vehículos detenidos por el corte de la ruta nacional 40.

–19.20: En presencia del comandante Fabián Méndez “se hacen fotografías y filmaciones por ser zona despoblada sin testigos”.

1 de agosto

–3.30: Personal del escuadrón 35 El Bolsón apoyado por personal del 36 Esquel aprovechando (sic) que los manifestantes no se encontraban sobre la ruta procedieron a desarmar cuatro barricadas compuestas por palos, árboles cortados, piedras y chatarras distribuidas estratégicamente.

–5.00: Labran el acta ante la ausencia de manifestantes no hubo enfrentamientos con personal uniformado. Una vez despejada la ruta en cumplimiento de la orden judicial se informó lo actuado al magistrado interviniente telefónicamente.

–9.00: El 1er alferez Daniel Gómez observa un vehículo gris que ingresa por un camino ubicado al margen de la ruta a la construcción ubicada a 400 metros.

–10.30: Observan egresar al vehículo y ordena a un vehículo oficial realizar un seguimiento controlado. Lo detienen e identifican a sus ocupantes, entre ellos la testigo Soraya. Luego los liberan pero sujetos a la causa 3144/2017 NN s/entorpecimiento de servicios públicos”. Se hacen tomas fotográficas y videos de rigor.

–11.15: En cumplimiento del oficio 972/2017 se procedió al despeje del corredor antes mencionado. Entre 8 y 10 personas se encontraban obstruyendo la normal circulación encapuchadas ostentando piedras que lanzan al personal de Gendarmería.

–13.30: Escuadrón 35 ingresan a través de la tranquera a fin de proceder a la aprehensión de los agresores.

Esta cronología da cuenta de que la comunicación con el juez Otranto no se produce luego de la pedrada con que los mapuches intentaron resistir el desalojo de la ruta, como sostuvo la ministra Bullricj, sino varias horas antes de la misma. Y omite detalle alguno sobre Santiago Maldonado. Su nombre recién aparece a fojas 1, en la denuncia de Julio Saquero, de la Apdh de Esquel, y en la declaración de una testigo de la comunidad ante el defensor oficial Fernando Machado.

A diferencia del escueto relato de los uniformados, la mujer describió que ingresaron al territorio en medio de disparos, empujando a sus hijos y quemando las carpas y pertenencias de los mapuches. “Búsquenlos”, era el grito que repetían. “Uno de los integrantes del Lof vio cuando se llevaban detenido al compa Santiago Peloso (apellido materno del desaparecido)”, dijo la testigo. Su mayor preocupación era evitar los efectos traumáticos de lo que habían vivido esa mañana en sus hijos, porque afirmó que “episodios de violencia son frecuentes”. Y aportó tres vainas servidas antimotín de 70 milímetros, y una sin percutar. Por su parte, Saquero ante el defensor Machado declaró que el ciudadano Santiago Peloso estaba presente durante el procedimiento de la Gendarmería para desalojar la ruta 40, “de quien no se tienen más datos ni contacto alguno”, y que luego de verificar que no estuviera detenido en ninguna comisaría dejaba constancia de que se encontraba desaparecido. Una semana más tarde, a fojas 44 la fiscal federal subrogante Avalos pide a Gendarmería el detalle del personal y vehículos que intervinieron en la represión, así como solicita al juez el audio de una entrevista al subsecretario de Seguridad Pablo Nocetti.

Según figura en el listado de medidas adoptadas en la causa hasta el 14 de agosto, el juez solicitó a la División Rastros de la Policía Federal que determine si las huellas encontradas en el allanamiento de la vivienda donde paraba Santiago en El Bolsón pertenecen a él. A dos semanas del hecho, Otranto volvió a pedir el listado de quienes participaron del procedimiento represivo y la lista de vehículos utilizados “en el término improrrogable de 24 horas”. Gendarmería se tomó 72 horas para entregar, finalmente, los 130 nombres. El juez toma nota de las pruebas que le aporta el defensor oficial sobre el lavado de las camionetas y la rotura de una de las fajas de seguridad, pero lo único que hace al respecto es “requerir los datos de la persona que hizo entrega de los mismos”.

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Encubrir desde el minuto cero: episodio Epuyén.

“Gendarmería le responde a la fiscal que participaron del operativo sólo ocho gendarmes, de los cuales cuatro son mujeres, y a partir de ese momento comprendí que esa fuerza es la responsable acá, ocultaron desde el minuto cero”, se indigna Verónica Heredia, abogada de la familia Maldonado. PáginaI12 le había preguntado sobre cuál de todas las pruebas recogidas hasta ahora es la más contundente sobre el destino que pudo haber tenido el joven artista. Sin abrir especulaciones sobre los resultados de los peritajes de las muestras de sangre y cabellos halladas en los sucesivos allanamientos en el lugar y en el escuadrón 35 de Esquel, la letrada sí ponderó los testimonios. “Son contundentes y precisos, un testigo ve que Santiago no cruza el río, que lo agarran los gendarmes y lo golpean y una testigo observa cómo lo suben primero al Unimog, y luego lo pasan a una camioneta”, resume.

 

En el mismo escrito donde la abogada Heredia le pidió a la fiscal el cambio de calificación –tal como corresponde en estos casos según lo que había dispuesto la Procuradora General Alejandra Gils Carbó en el caso de la desaparición de Sergio Ávalos– consta una “oposición” que dio la primera señal de alerta. La letrada tuvo sospechas de que la muestra de sangre de Sergio Maldonado iba a ser cotejada en otro expediente penal y manifestó que como representante de la familia se oponía a que esa prueba fuera utilizada en otra investigación que no fuera la vinculada a la desaparición de Santiago.

Pocos días después, casualmente, estalla la versión del puestero –o más bien capataz del puesto de Benetton en Epuyén– apuñalando a uno de sus atacantes, quien según el gobierno podría ser el joven desaparecido. El círculo podría cerrarse con otra medida ad hoc: la solicitud del contenido de la historia clínica de Maldonado que fue requerido al hospital local. Si bien el incendio del puesto de Epuyén existió, como así su derivada causa penal, y tuvo mucho impacto en los pobladores de la zona, algunas voces dudan que haya sido obra de la RAM. En una entrevista de La Izquierda Diario, la madre de Facundo Jones Huala, el lonko de la comunidad mapuche de Cushamen detenido y en huelga de hambre, dijo que “muchos pueden tener miedo a quedar pegados porque se comieron el cuento de la RAM. Hoy leía una noticia sobre gente de Cholila que quedó sin trabajo y salió a hacer un corte de ruta y ya salieron a decir que era la RAM la que cortaba. Van quedando claras algunas cosas. ¿Quién es la RAM, los mapuches o los milicos?”.

http://www.laizquierdadiario.com/Maria-Isabel-Huala-A-Santiago-lo-desaparecieron-porque-lo-confundieron-con-un-mapuche?id_rubrique=1201

 A confesión de parte

El juez federal Guido Otranto declaró a una radio local que él “no afirma ni niega” que la Gendarmería sea la principal responsable de la desaparición de Santiago Maldonado. Sin embargo, según consta en su pedido a Interpol del 9 de agosto para requerir el “paradero internacional” del joven, el magistrado le dijo al jefe de esa fuerza que “el señor Maldonado fue visto por última vez en el Lof en Resistencia de Cushamen en instancias en que integraba un grupo de personas que eran perseguidas por personal de la Gendarmería Nacional luego de ser sorprendidos intentando cortar la circulación en la ruta nacional 40”. Perseguir como sinónimo de reprimir, dice el juez, en una cabal admisión de los hechos que se contradice con la parsimonia con que actúa respecto de esa fuerza de seguridad, al punto que autorizó que la misma tenga acceso al expediente, y siendo que la parte que investiga la fiscalía respecto de la desaparición forzada de Maldonado se encuentra bajo secreto de sumario. “Ya sucedió otras veces, el secreto es para la parte que representamos a la víctima”, se quejó la abogada Verónica Heredia.

Derechos ancestrales

“El criterio soy yo”, respondió el juez Otranto a los mapuches y a los militantes de derechos humanos que le pedían tiempo para consensuar los términos del ingreso al territorio, tal como establecen las leyes que protegen los derechos de los pueblos indígenas, incorporadas a la Constitución Nacional en 1994. Es el mismo magistrado que cincuenta y tres días antes de la desaparición de Maldonado informaba a la prensa que había archivado una denuncia contra Ricardo Parisi, el concejal de Cambiemos en Esquel quien, el miércoles 12 de abril de 2017 en una sesión del Concejo Deliberante local había proferido brutales insultos racistas y discriminatorios contra los mapuches. El concejal Parisi había afirmado a los gritos: “ustedes son unos negros de mierda; yo soy blanquito y no tengo sangre ni mapuche ni tehuelche”. Semejante afirmación iba dirigida a un grupo de mujeres del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOEME) de Esquel y del Consejo Municipal de la Mujer.

Como si hubiera dicho “el Estado soy yo”, Otranto y los gendarmes no respetaron lo acordado en cuanto a no pisar los sitios que los mapuches consideran intocables. Dijo esta semana Julio Saquero a Página12: “Así es acá, donde viven estos mismos funcionarios y lo saben, pero parece que el poder judicial no está a la altura de lo que establecen las leyes internacionales por eso en lugar de darles protección han sido históricamente la herramienta para atacarlos”. Todo indica el Legislativo tampoco estuvo a la altura porque a la ministra Bullrich nadie le mencionó las normas que protegen el territorio mapuche cuando insistió en que “no colaboran” con la investigacióm.

Epílogo

Las autoridades judiciales y políticas ignoran, descalifican o tergiversan los dichos de la familia y los amigos del “hippie” Maldonado, del mismo modo que cuando desapareció Jorge Julio López insistían con que podía ser “un viejito perdido que se fue a tomar el té a la casa de su tía”. Una vez más, ¿quién da verosimilitud a los hechos que van apareciendo, las interpretaciones del gobierno y algunos medios o quienes los recogen, abogados, fiscales, defensores, familiares y organismos ddhh?

El conjunto de operaciones sobre el expediente y en los medios, además de las afirmaciones públicas de los funcionarios macristas no podrían definirse de otra manera que como una gran farsa orientada a poner un velo sobre un nuevo episodio trágico que se suma a las 200 desapariciones sucedidas bajo gobiernos democráticos, según datos de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional. Sin embargo, Maldonado es el primero en ser desaparecido en circunstancias de la represión a una protesta social.

¿Cómo desarticular una farsa? La causa está desdoblada, el juez Otranto se quedó con el trámite de los tres habeas corpus iniciales, y en sus manos no hay nada sobre el episodio de Epuyén. La investigación por el delito de desaparición forzada está delegada en la fiscalía de Alejandra Avalos, quien decretó el secreto de sumario. Entonces, las “versiones” sólo pueden surgir de fuentes oficiales o de la propia fiscalía que rompe su medida.

Como quien ajusta la lente de una cámara fotográfica, para tomar dimensión de los niveles a los que puede alcanzar el encubrimiento y la impunidad en Chubut, cabe recordar que durante el caso por la desaparición de Iván Torres, por el cual fue condenado el Estado argentino por parte del Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, murieron siete personas, entre testigos y amigos de la víctima.

Germán Maldonado dijo frente al Congreso que Santiago, egresado de Bellas Artes, era artista y músico, que escribía y amaba viajar. Pero Maldonado es llamado “tatuador”, “artesano” o directamente “activista de la RAM” de rastas largas, que vivía en comunidad y leía bibliografía “revolucionaria” a favor de la causa mapuche, por quienes no escuchan a la familia sino al gobierno. “Bullrich no nos pidió disculpas por no haberlo ubicado con vida”, dijo Sergio Maldonado a Página12 desde Bariloche. “Lo del puestero es una payasada lo que dicen del puestero para desviar todo, el último día que habló con mi vieja fue el 27, y está en el listado de llamadas del teléfono con el que hablaba con ella y mi abuela”, enfatizó. Y agregó: “Lo único que falta es que saquen un cuchillo ensangrentado, que lo hayan tenido guardado desde el día 21, sería totalmente ridículo pero ya no sé lo que pueden inventar. Se lo vió después de esa fecha, no tuvo nada que ver ni participó en lo que pasó en ese lugar, sigue desviando la atención”. Para este comerciante de 48 años cuya vida se dió vuelta hace tres semanas, “es tan simple, alcanza con que vayan a preguntar a la biblioteca de El Bolsón, adonde iba siempre a tomar mate y a charlar por largos ratos”. Sergio lo quiere de vuelta, para volver a abrazarlo (como en la foto que acompaña esta nota), y confiesa que es algo «chocante» ver el rostro de su hermano por todas partes cuando en verdad a él no lo gustaba ser fotografiado.

Ayer en 25 de Mayo, ciudad de origen de los Maldonado, hubo mural, recuerdo y homenaje.

25 de Mayo x Maldonado

Así, una a una van cayendo las mentiras oficiales: que los mapuches y la familia obstruyen, que la Gendarmería repelió la agresión de piedras de ocho mapuches cuando en realidad antes había detenido a tres mujeres de la comunidad (el video difundido por C5N que sería parte de la causa evidencia que la ruta ya estaba despejada cuando los uniformados se lanzaron a la cacería de los mapuches), que hay un “bando” que insiste en la desaparición siendo que en el expediente consta la denuncia por este delito desde la foja cero, como publicó este diario hace cuatro días.

“El énfasis del gobierno en desviar y tergiversar pone aún más en evidencia que propicia el encubrimiento directo de una desaparición de persona ocurrida durante un operativo represivo en medio de la Patagonia”, opinó una alta fuente del caso. La dinámica vertiginosa que se va desplegando como capítulos de una serie de terror propicia el olvido de momentos significativos, como la respuesta del juez Otranto cuando le exigieron que ordenara a la Gendarmería retirarse del lugar de los hechos, donde sigue apostada hasta hoy. “No puedo, está por orden del gobierno nacional”.

Santiago en presente está desaparecido, la multitud que exigió en Plaza de Mayo su aparición con vida pretende que no integre esa lista que con el paso del tiempo obliga a mencionarlos en pasado. La desaparición forzada de personas en democracia es la historia que se repite.