El arte de encubrir(se) con escuchas ilegales

En las próximas horas habrá dos importantes audiencias en Chubut, en las que se definirá si las escuchas a la familia Maldonado que la justicia declaró nulas son finalmente destruidas, y si la fiscal federal Silvina Avila sigue en el caso a pesar de haber sido recusada por las querellas. Sus argumentos para evitar que las conversaciones sean destruidas coinciden con las filtraciones de las mismas difundidas por algunos medios: la familia, los mapuches y los abogados fueron parte de un complot contra Gendarmería. El viejo truco de ensuciar a las víctimas para encubrir sus propias movidas en el expediente a favor del gobierno, desde el minuto cero del caso. “Escuchando a Sergio no iban a encontrar a Santiago”, dijo a Ojos Vendados la abogada de la familia, Verónica Heredia.

(foto Gustavo Zaninelli)

Contra viento y marea, la fiscal del caso Maldonado se aferra al expediente para evitar ser apartada, pero sigue recibiendo cuestionamientos porque insiste en su tesis de acusar a las víctimas de haber urdido una conspiración contra los que visten uniforme verdeoliva. Silvina Avila pidió que no sean destruidos los audios de las escuchas al entorno y la familia del tatuador, que desapareció hace diez meses luego de un operativo represivo de Gendarmería en la Pu Lof en Resistencia. Lo hizo al apelar la decisión del actual juez de la causa, Gustavo Lleral, quien hace un mes determinó que esas “pinchaduras” ordenadas por su antecesor, Guido Otranto, son nulas, ilegítimas e inconstitucionales para una investigación de habeas corpus. De hecho, fueron hechas cuando el cuerpo de Santiago aún no había aparecido. “El gobierno y la fiscal, pretenden descargar la responsabilidad por la muerte de Santiago en los mapuches, con su lógica, terminan castigando a quienes denunciaron los abusos y atropellos de las fuerzas de seguridad y premiando a sus responsables, pero siempre desde la Asamblea Permanante por los Derechos Humanos sostuvimos que el operativo fue violento e ilegal, se fraguó una flagrancia y resultó en la muerte de una persona”, dijo Gisela Cardozo, una de las presidentas de la APDH, querellante en la causa. “Patricia Bullrich se aferra a teorías de complot con el único fin de perseguir a los que denuncian los abusos y no investigar la cadena de mando en las responsabilidades”, agregó.

Avila y Otranto impulsan la causa abierta por la denuncia del ministerio de Seguridad, una de las tres querellas del gobierno contra los mapuches, que acusa a personas allegadas a Maldonado de haber entorpecido la investigación sobre su desaparición y muerte con la intención de inculpar a la Gendarmería. Tanto la fiscal como el juez usaron parte de esas conversaciones como supuestas pruebas de que hubo un “plan coordinado por los miembros de la comunidad”. La reciente difusión pública de parte de esas conversaciones privadas apuntó a tratar de desacreditar los testimonios clave del caso, que en su momento determinaron la emisión de una medida cautelar contra el Estado por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. El ataque oficialista de la mano de juez y fiscal incluye la acusación de asociación ilícita, fraude procesal y falsa denuncia contra los abogados peticionantes ante la CIDH, de Naturaleza de Derechos y APDH Córdoba, Fernando Cabaleiro y Carlos González Quintana, respectivamente.

En su último escrito para evitar la destrucción de los audios ordenada por el juez Lleral, la fiscal va más allá: los acusa de haber plantado la gorra del joven anarquista. En realidad, tal como pudo verificar esta periodista en el expediente, quien falseó información en un documento público fue el juez: al realizar el anuncio del hallazgo de la prenda en el territorio mapuche recuperado de Cushamen dijo que sucedió debajo de una “manta” cuando debió decir “mata o arbusto”, como informó la policía. Otranto, que aspira a ascender en su carrera con un cargo en un tribunal oral, suma pedidos de juicio político en el Consejo de la Magistratura con cada nuevo capítulo de esta saga.

En tanto, la querellante APDH amplió los argumentos para que la fiscal Avila sea apartada del caso Maldonado, al sostener que si hubo irregularidades en los procedimientos a ella también le cabe la responsabilidad. Su accionar en connivencia con Otranto fue expuesto a partir de que su secretaria es la esposa del juez, por eso fue solicitada también la salida de Rafaela Ricono. A criterio de la querella, el juez necesita salvar el bache del acta irregular, sobre un operativo que en lugar de presenciar vigiló a distancia desde la estancia de Benetton, acusando a los mapuches. “La fiscal Ávila repite nuevamente la versión del juez Otranto de los primeros días, pero las actas del primer rastrillaje contradicen mucho esa versión, una simple N que parece un descuido, cambia radicalmente el sentido de las cosas. Se pasa de la “mata” a la “manta” y de ahí a que plantaron una prueba. Hay contradicciones que merecen una seria investigación y que nosotros estamos denunciando”, explicó a Ojos Vendados Mauricio Rojas, abogado de APDH.

El elemento de sospecha que introduce Ávila en su apelación para que no sean destruidas las escuchas en realidad debería resultar un búmeran, y todo indica que cuando en Página12 esta periodista expuso las irregularidades de aquel operativo en la fiscalía de Esquel se pudieron nerviosos.

¿Mata o manta?

El 5 de agosto Otranto ordenó allanar los escuadrones 35 y 36 de Gendarmería, pero a fojas 192 consta que un día antes anunció por nota a sus jefes que serían allanados. Ese mismo día instruyó el primer rastrillaje del río, con la división canina que ya había tomado contacto con una prenda, el famoso cuellito, aportada por Sergio Maldonado. A fojas 186 el defensor Machado realiza su propia acta de procedimiento donde consta el hallazgo “detrás de los arbustos” de un “gorro color beige”, que un miembro de la comunidad reconoce como el que usaba Santiago. Y a cuatro metros, una vaina servida. Era la prueba que ratificaba el relato de los mapuche sobre la presencia del tatuador durante la represión el 1 de agosto. En su acta Otranto y su secretaria María Silvina Salvare insisten en denostar la actitud belicosa de los mapuche a quienes acusan de entorpecer la investigación, y de la misma se deduce que ninguno estuvo en el rastrillaje. “Nos acercamos hasta la estancia de la compañía Tierras del Sud donde fuimos atendidos por el señor Ronald McDonald (jefe de capataces de Benetton) (…) luego de ello regresamos a la ciudad de Esquel”. Hasta ahí nada sobre la gorra. “En horas de la noche se presentó en el juzgado el guía del can, Martín Villarroel”, quien les explicó que el “cuellito” no fue usado porque “durante dos días lo había tenido un integrante de la comunidad”. Según el acta de Otranto, cuando el guía les dijo que se retiraba “uno de ellos le entregó una gorra que se le dijo habían encontrado bajo una manta y que pertenecería a la víctima”. Nada dice el juez sobre la cadena de custodia de semejante prueba, ni por cuántas manos pasó hasta que el defensor Machado la embolsó para enviarla al laboratorio.  Pero agrega que en la Lof estaban dos empleadas de su juzgado.

A fojas 250, el acta circunstanciada firmada por el ayudante de la División Drogas Peligrosas Matías Maglione quien describe: “Siendo las 14.40 se comienza la búsqueda, hallándose a pocos centímetros del lugar que nos encontramos precisamente debajo de una planta autóctona del lugar boina con gorra de color blanco, por lo que es consultado si pertenecería a la persona buscada la ciudadana Claudina Pilquiman confirma que la prenda de vestir efectivamente corresponde a la persona de Santiago Maldonado. Consecuentemente el instructor del can impronta al perro con el olor de referencia”. Interrogada por los fiscales de la Procuvin (Procuración contra la Violencia Institucional), Pilquiman relatará que la boina fue avistada por una mujer que no es de la comunidad, y como la secretaria del juez tampoco estaba, esa persona no es otra que una de las dos empleadas que sí estuvieron en el lugar de los hechos, cuya identidad es reservada porque podrían ser convocadas como testigos si prospera alguna de las denuncias contra Otranto por encubrimiento agravado, abuso de autoridad y prevaricato.

En definitiva, Machado y los policías coinciden en que la prenda estaba entre los arbustos o matas, lo cual sitúa a Santiago donde desapareció. Pero en pleno apogeo de la campaña negacionista del gobierno contra la posibilidad de sumar un desaparecido en democracia a la lista, el juez escribió que la entregaron los mapuches. Y a diez meses, ambos buscan encubrir sus pasos con la misma tesis más que tirada de los pelos.

El destacamento policial está adentro de la estancia de Benetton

El destacamento policial está adentro de la estancia de Benetton (foto Gustavo Zaninelli)

No aclaren que oscurecen

Esta semana habrá en Chubut reuniones fundamentales para definir la continuidad de la fiscal y el destino de las escuchas. El jueves 7 la APDH y Verónica Heredia, abogada de la familia, participarán de la audiencia por la recusación de la fiscal Avila. En tanto, el martes 5 en la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia habrá una audiencia en la cual Lleral aportará sus argumentos para validar la orden de destruir el material que registró llamadas telefónicas interceptadas a Sergio Maldonado, hermano de Santiago, la mapuche Claudina Pilquiman, el amigo del tatuador Ariel Garzí y una integrante de la red de apoyo a las comunidades en conflicto, que según pudo saber este sitio, había prestado su línea al dueño del lugar donde vivía Maldonado en El Bolsón. Para Lleral resultó “evidente que la interceptación de las comunicaciones, la invasión de la privacidad del hermano de la víctima, no era el último recurso disponible para lograr datos conducentes al hallazgo de Santiago Maldonado”.

En su defensa, Otranto y Avila aducen que pidieron las escuchas por las contradicciones que habría entre testigos mapuches, y por la urgencia de encontrar al tatuador anarquista, que estaba desaparecido desde el 1 de agosto. Según ellos, hacía falta escuchar a Sergio Maldonado en caso de que los “encapuchados mapuches” se comunicaran con él. Para Avila y Otranto no sólo hubo testigos falaces sino también pruebas plantadas.

En un intento de salvar su responsabilidad, Avila puso primera: no sólo cargó contra los mapuches, sino también acusó a Sergio Maldonado de haber manipulado objetos de su hermano y al juez Lleral de haber desarrollado estrechos vínculos con la Pu Lof, hasta deslizó que pudo haber perdido los discos que contienen las escuchas. La fiscal sostiene que la misma noche en que desapareció Maldonado, Pilquiman fue a su casa en El Bolsón y retiró sus pertenencias, para luego plantar algunas en la escena del crimen. Y al amigo de Santiago, Ariel Garzí lo acusa de inventar una comunicación inexistente al celular del mochilero.“No podemos separar lo que pasó con Santiago Maldonado del escenario de persecución a las comunidades mapuches, por eso actuamos en la causa de Rafael Nahuel y nos solidarizamos con Facundo Jones Huala, que ha iniciado una nueva huelga de hambre”, agregó Cardozo, de APDH.

La fiscal Avila, ejerciendo como abogada de los uniformados según la familia Maldonado.

La fiscal Avila, ejerciendo como abogada de los uniformados según la familia Maldonado.

 

Verónica Heredia, abogada de la familia: “No iban a encontrar a Santiago escuchando a Sergio”.

Desde 25 de Mayo, donde se realizó la marcha por los diez meses de la desaparición de Santiago Maldonado, la abogada de la familia Verónica Heredia dijo a Ojos Vendados que “es mentira que con una escucha lo iban a encontrar, pero admiten que hicieron eso que no corresponde en un expediente de habeas corpus”.  Según Heredia, “Avila reconoce que lo hicieron en un proceso que no era legal y se escuda en que lo hicieron por la urgencia de encontrarlo con vida, pero era evidente que eso no iba a suceder escuchando las conversaciones de su hermano”.  En su razonamiento, la letrada explicó que si decidieron intervenir su teléfono es porque “estaban acusando a Sergio de saber dónde estaba Santiago, por eso es una contradicción en sí misma su apelación porque la propia fiscal reconoce la ilegalidad de esa pinchadura”.

No se sabe si el fiscal de Cámara Norberto Bellver sostendrá la apelación de Ávila. Fue el funcionario que en su momento se pronunció por el apartamiento del juez Guido Otranto del caso, por haber adelantado su opinión al diario La Nación. “Primero habría que resolver la recusación de Avila, antes de escuchar sus argumentos contra la destrucción de las escuchas”, expresó Heredia. El jueves en Rawson se verán las caras Avila, su secretaria Rafaela Ricono, a la sazón esposa de Otranto, con las querellas, en la audiencia de recusación.

Heredia, con Sergio Maldonado y su esposa, Andrea Antico

Heredia, con Sergio Maldonado y su esposa, Andrea Antico

 

De mochilas, celulares y diatomeas

Santiago era mochilero. Su cuerpo apareció luego de 77 días, sin vida. No así la mochila que tenía el 1 de agosto, cuando acudió a la comunidad mapuche de Cushamen a dar su apoyo porque la mitad de sus weichafe (guerreros) estaban presos en Bariloche, tras la represión a la protesta por la prisión de su líder Facundo Jones Huala. Sus amigos creen que ahí adentro también podría haber estado su celular, que tampoco apareció. No es el único enigma de una de las historias más tironeada por cierta prensa. Sin esperar las conclusiones de la junta médica, que será el viernes 24 y donde se juntarán los peritos de parte con el Cuerpo Médico Forense para elaborar el informe final, siguen las feroces operaciones dictadas desde el Ministerio de Seguridad para encubrir el accionar de los gendarmes, que en verdad fueron los últimos en verlo con vida. Y la investigación judicial se parece más a un rompecabezas mojado y con piezas destruidas. El aparato judicial y las campañas mediáticas han devaluado la palabra de los testigos por ser mapuches, los uniformados aún habiendo incurrido en contradicciones siguen callando sobre los minutos finales de la vida de Maldonado, y en ese contexto las informaciones del lentísimo avance de la causa continúan siendo utilizadas para desacreditar a los que sí hablaron, como el amigo que llamó Santiago luego de desaparecido.

Así, el hallazgo del cuerpo abrió una nueva etapa, en la cual no pocos festejan ante resultados parciales de la autopsia como si el caso ya estuviera resuelto exculpando a la Gendarmería, como pretende el gobierno desde el minuto cero, casi como si se tratara de un superclásico. Pero una lectura diferente de esos mismos datos lejos de cerrar nada, abre cada vez más interrogantes que esta cronista recogió de cinco fuentes del caso. “Es un duelo infinito, estamos estancados”, dijo Sergio Maldonado”, y volvió a plantear sus dudas sobre la aparición del cuerpo sin vida de su hermano.

La mochila

Maldonado había llegado en abril a El Bolsón, y se hizo amigo de Ariel Garzí, quien reconoció en uno de los tantos videos que circularon la mochila negra que llevaba el 31 de julio, cuando Claudina Pilquiman lo llevó hasta la Pu Lof en Resistencia, y donde pasó la noche en la casilla de guardia, sin pegar un ojo por el constante hostigamiento de los gendarmes con tiros y flashes de reflectores. Ya de día cuando comenzó el avance con camionetas y a los tiros, Santiago corrió hacia el río pero en un momento volvió sobre sus pasos hasta la casilla para buscar su mochila. Ahí lo vieron Claudina y su hija, Ailinco Pilquiman. Esa imagen pertenece al 1 de agosto, mientras los gendarmes requisaban a las mujeres y niños de otras casillas, quemaban colchones, ropa y juguetes junto a una de las viviendas, y secuestraban herramientas de trabajo, entre otras pertenencias de los mapuches. La mochila que se ve en esa foto nunca más apareció, según confirmaron tres fuentes del caso.

No era ninguna de las que secuestró el 18 de septiembre el juez federal Guido Otranto, apartado del caso por insuficiencia de imparcialidad, ni tampoco es la misma que aportó la familia, que cuando tuvo esa iniciativa de entregarla al nuevo juez Gustavo Lleral fue acusada por cierta prensa de haber “ocultado pruebas”. ¿Acaso alguien le preguntó a Gendarmería dónde están las pertenencias de Santiago que faltan? ¿Por qué nunca devolvieron lo que robaron a los mapuche? ¿Otranto no la encontró en el rastrillaje de los 800 kilómetros del río Chubut? En Buenos Aires fueron peritadas dos mochilas, pero los resultados de ADN habrían dado negativo.

Llamada, SMS y videos

Tal como había hecho en su momento ante el juez Otranto –y a pesar de haber sido detenido e imputado, y de haber sido hostigado en cinco oportunidades por la policía de Río Negro– Ariel Garzí se volvió a presentar en forma espontánea ante Lleral para ponerse a su disposición y pedirle que tomara en serio la prueba que ya aportó al expediente: la captura de pantalla donde consta que el 2 de agosto a las 15:23 se comunicó con la línea chilena de Santiago +05693XXXX486, la comunicación fue atendida y duró 22 segundos. Fue durante los primeros días de agosto, y a pesar de estar acompañado por el defensor oficial Fernando Machado, en el pasillo Otranto le preguntó si acaso venía por la recompensa. “Vine porque quiero que aparezca mi amigo”, le respondió Garzí. Otranto no sólo ignoró la prueba sino que tampoco implementó la protección que el joven pidió, por la persecución que venía padeciendo desde que lo detuvieron tras la represión de enero en la Pu Lof.

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Días atrás se conoció que la empresa chilena respondió no haber recibido ninguna llamada entrante desde el número de Garzí. Las fuentes consultadas por este diario indicaron que no hay constancias en el expediente de ninguna llamada atendida por las líneas que usaba Maldonado, en fecha posterior a su desaparición. Lo cual no implica, como dedujo cierta prensa, que el amigo faltó a la verdad. La llamada se produjo pero una posibilidad es que haya impactado en otro celular, como cuando las comunicaciones se cruzan, lo cual sucede en ocasiones si el abonado no tiene crédito. Las empresas Movistar, Claro y Personal dijeron que el ese celular chileno no usó sus antenas.

Sin embargo, Garzí insistió ante esta cronista que la llamada sí impactó, y se basa en los documentos de Telefónica que el experto Ariel Garbarz vió en septiembre en el expediente. Es cierto que la empresa chilena Wom informó que no existió en ese país, pero ellos sostienen que “fue entrante en Esquel y saliente en El Bolsón, detectada por antenas argentinas no chilenas”. En ese sentido es que Garzí argumenta que las pertenencias de su amigo, la mochila y ese celular, se las llevaron los gendarmes y por eso es lógico que haya sonado en Esquel. Garbarz aún no fue aceptado como perito de parte en la causa y viene denunciando que la fiscal Silvina Ávila le consultó sobre cómo proteger los datos de las comunicaciones celulares pero luego no lo recibió más y tampoco tomó las medidas que él sugirió. Lleral acaba de pedir información adicional sobre esa llamada a Estados Unidos.

Otra de las fuentes consultadas fue muy cauta respecto de esa línea porque no tiene certeza de que Santiago haya tenido consigo el celular cuando estuvo en el Lof.

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¿Habrán tenido en cuenta los investigadores otras comunicaciones, como el mensaje de texto que mandaron los mapuches aquella mañana diciendo “se llevaron al Brujo”? Al menos, el número de la línea que lo recibió consta en la causa. Lo que también forma parte ya del expediente es el contenido del teléfono de Santiago, donde aparecen murales, tatuajes, músicos callejeros y filmaciones de asambleas populares en Chile sobre reclamos de tierras de campesinos y trabajadores. Arte y solidaridad.

¿Pozo o no pozo?

El prefecto Leandro Ruata fue el responsable del rastrillaje del río que dió con el cuerpo de Maldonado, y, además, fue quien había tenido la iniciativa que convenció al juez Lleral sobre la necesidad de hacer un nuevo operativo. Ruata en su declaración testimonial del 26 de octubre dijo que la profundidad no superaba 1,40, que el agua era cristalina, que por ahí ya habían buscado en los anteriores procedimientos y que no había pozos, de esos que sí hay en otros tramos del río. En tanto, el sitio Cadena del Sur y Página12 publicaron las declaraciones del prefecto Juan Carlos Mussin, quien en coincidencia con Ruata declaró que la profundidad del río no superaba el metro y medio en agosto, que no había pozones en la zona donde se lo vio con vida a Santiago y que tampoco había grandes correntadas. Sin embargo, el jueves 2 un matutino publicó que “los buzos”, sin identificarlos, habrían afirmado que en el lugar donde estaba el cuerpo sin vida había “un pozo de 2,4 metros, entre vegetación, raíces y ramas de sauce” tan tupidas que impedían “casi el paso de la luz solar”. 

De la lectura de trece testimonios sobre ese operativo no surge una línea sobre “pozos” y todos coinciden en que el agua era tan clara que lo hicieron mayormente nadando en superficie, tipo snorkel, porque se veía el fondo. Una vez más, la versión publicada por Clarín se suma a su serie de ficción del puestero de Epuyén y la falsa retractación del testigo E. Eso que llaman posverdad.

En la médula de Santiago fueron encontradas algas unicelulares, de la familia de las diatomeas, que indicarían que estuvo en el agua desde su desaparición. Una alta fuente del caso sostuvo que bien podría tener que ver con que Santiago era vegetariano, y si acaso fuera de la flora acuática del río Chubut habría que verificar si corresponde a ese sitio específico donde fue encontrado o a otro tramo del curso de agua. La empresa Tierras del Sud, de Benetton, controla el caudal de una parte del río Chubut a través de un sistema de compuertas que lo alteran.

El hallazgo, una ramita

Según la versión oficial, que reproduce un gran matutino argentino, el cuerpo de Santiago habría estado enganchado entre la vegetación, y las ramas y raíces lo atraparon bajo el agua. Es decir, así habría permanecido sumergido durante todas estas semanas, hasta que lo encontró uno de los buzos de la Prefectura, a setenta metros de lugar donde los mapuches lo había visto por última vez. “Positivo con reservas”, fue el mensaje que envió por handy. Ahora bien, cuando el juez convocó a Soraya Maicoño, Andrea Millañanco, Sergio Maldonado, Andrea Antico y Verónica Heredia el cuerpo ya estaba flotando en la superficie del río, e incluso era visible desde la barranca. Los seis integrantes de Prefectura que declararon ante el juez, incluido Juan Altamirano que fue quien lo encontró, coincidieron en que el cuerpo estaba flotando cuando lo vieron, y que era visible desde la cima de la pendiente, y que al acercarse comprobaron que estaba sobre una rama. “El cuerpo estaba como apoyado en un sauce, que hacía una especie de tope para que el cuerpo no navegue”, dijo el buzo rescatista Marcos Montaña. En la maniobra para sacarlo del agua los buzos dijeron que no hacían pie, pero la profundidad era mayor ese día respecto del 1 de agosto por efecto de aumento del caudal por deshielo.

Por eso, el mayor de los Maldonado ratifica sus dudas. “Hipotéticamente murió ahogado, pero, ¿cómo?, ¿Estaba pescando? ¿Por qué cae ahí? ¿Murió en ese lugar o en otro lado? ¿Dónde estuvo el cuerpo? Es claro que los 78 días no estuvo en ese lugar. Si hipotéticamente estuvo en ese lugar, ¿qué hicieron en todos los rastrillajes?, ¿Por qué no lo vimos nosotros que pasamos por allí? El lugar se veía de todos lados. Cuando desapareció casi no había agua en ese lugar y cuando lo encontramos el cuerpo estaba sobre una ramita de un centímetro de espesor”.

Durante las horas posteriores al hallazgo, todos los presentes le insistían a Lleral que no podía ser, que ese cuerpo no estaba allí apenas tres días atrás. El magistrado no respondía y no tomó ninguna medida para verificar tal hipótesis, ni siquiera completó el allanamiento a la estancia Leleque, tal como había previsto en la orden que él mismo firmó el 13 de octubre.

Finalmente, el cuerpo fue removido cuando llegó el perito de la familia Maldonado, que permaneció casi ocho horas cuidando que nadie lo tocara. Si antes de llegar ellos alguien lo movió y o lo pusieron ahí es un interrogante que tienen. Para evitar que lo llevara la corriente el juez dispuso dos personas de guardia en la costa. La sospecha de Sergio consiste en que si estuvo ahí varios días se tendría que haber ido cuando sube y baja el agua. “Me opuse a que lo saquen hasta que llegara nuestro perito que estaba en viaje, por eso lo sacan tantas horas después porque no quería que cortarán nada ni tocarán nada. Por eso tenemos prueba de que estaba arriba de una ramita fina”, dijo a esta cronista.

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Saber nadar

Si la cuestión se redujera a la habilidad de una persona para manejarse en el agua, serían muchos más los sobrevivientes que los ahogados. Santiago pudo haber sabido nadar y ahogarse igual, aunque hiciera pie, porque fue obligado a meterse en ese río helado. No estaba paseando, ni de pesca, ni se cayó. Llegó al río huyendo, y desapareció. Su muerte sucedió en un operativo de más de 100 gendarmes, 50 de los cuales ingresaron al territorio mapuche de forma ilegal, con camionetas y un camión de la fuerza. Fue perseguido a poca distancia por un pelotón de una docena de uniformados con escopetas que disparaban hacia el río, con la orden expresa de detener manifestantes. Algunos, incluso, ingresaron a la Pu Lof con armas 9 mm.

El subalférez Echazú fue herido y, sin embargo, fue fotografiado riéndose. ¿Sus heridas pudieron haber sido causadas por Santiago mientras se defendía? En tal sentido, en estos momentos está siendo sometido a análisis de ADN las uñas del joven, así como del bastón retráctil, de unos 80 centímetros y finito, encontrado en uno de los bolsillos de su pantalón, que según sus amigos era de él. Ellos creen que pudo haberla llevado para su autodefensa. Echazú quedó imputado cuando fue a presentarse ante la fiscalía, luego de que este diario publicara que analizaban con peritos forenses sus heridas en la cara. Pero claro, nadie supo responder de qué lo acusan ni cuándo sería indagado, si es que eso sucede.

Algunos gendarmes se alejaron de la zona y regresaron a sus bases en la madrugada del 2 de agosto. Los peritajes de las camionetas señalan que fueron lavadas previamente, invocando un “reglamento” que los obliga a hacerlo. Un Eurocargo aparece en fotos con parte de la lona mojada. Sin embargo, ni la fiscal ni los jueces del caso profundizaron sobre los alcances de ese accionar y las fuertes contradicciones entre las declaraciones de los jefes y gendarmes. Todo esto no pudo haberse realizado sin la orden del comandante Juan Pablo Escola, que nunca dejó de estar en contacto con su superior, Diego Balari, y el funcionario de Seguridad Pablo Noceti. ¿Alguno de ellos habló hasta ahora salvo para cubrirse? Noceti gritó días atrás en su despacho que “ni muerto” entregaría su celular. Los mapuches ya hablaron, el cuerpo lo está haciendo, pero ya se cumplió el ciclo de pedirle pruebas a las propias víctimas. Es hora que hablen los victimarios.

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Final abierto

Es muy probable que los resultados finales establezcan que Maldonado perdió la vida por ahogamiento, así lo indica el agua que llegó a sus pulmones cuando aún estaba respirando. De manera sorprendente, esta conclusión preliminar disparó la instalación de que como murió ahogado entonces fue un accidente y los gendarmes no tuvieron nada que ver.

Quienes conciben la vida con lógica binaria apuestan al resultadismo futbolero, al blanco o negro, y bregan por la inexistencia de todo tipo de incertidumbre, como la que genera la espera de los resultados de una autopsia. Los abogados con experiencia de violaciones sistemáticas a los derechos humanos coinciden en que la causa final de muerte de una persona víctima del accionar de las fuerzas de seguridad de ningún modo explica la mecánica ni el motivo de la misma. Los casos ocurridos durante los gobiernos constitucionales posteriores a la dictadura cívico militar ponen en evidencia mecanismos de neutralización de responsabilidades para proteger a los agentes del Estado, y son casi siempre los mismos: se ahogó, lo chocó un auto, murió por inanición, tal como demuestran las causas por las desapariciones y muertes de los jóvenes Iván Torres, Miguel Bru, Luciano Arruga, Ezequiel Demonty, Sebastián Bordón, Franco Casco. ¿El caso Maldonado es diferente? En sus preparadas declaraciones testimoniales los gendarmes admitieron que llevaron armas de fuego, y en sus conversaciones quedó expuesto como querían “cazar al negro”, agarrar a uno, “darle corchazos para que tengan”.

“Va a llevar su tiempo establecer la causa de su muerte, se habla tanto, muchas veces sin saber”, dijo el juez Lleral días atrás. Él y la fiscal abren el paraguas ante un casi inevitable cambio de carátula, que quizás ni siquiera sea desaparición forzada seguida de muerte como propicia la abogada de la famillia Maldonado, pero que no necesariamente vaya a mejorar la situación procesal de los gendarmes. Quienes festejan la posibilidad de que se haya tratado de una “muerte accidental” no advierten que la calificación podría terminar en homicidio, con todos los agravantes que implica que haya sido cometido en medio de semejante situación represiva. Los caminos penales son insondables, pero algunas experiencias sirven para pensar escenarios posibles. En el caso de Ezequiel Demonty, el joven de 19 años cuyo cuerpo apareció flotando en las oscuras aguas del Riachuelo, tres policías fueron condenados a prisión perpetua por torturas seguida de muerte y privación ilegal de la libertad; en el caso de Franco Casco, que desapareció el 6 de octubre y apareció en el río Paraná el 30 de octubre, en septiembre fueron apresados 32 policías acusados por el crimen, la desaparición y el encubrimiento de los hechos.

Por el homicidio del militante, escritor y periodista Rodolfo Walsh fueron condenados a prisión perpetua los genocidas que lo habían mantenido desaparecido en las catacumbas de la ESMA. Aún sin el cuerpo, esa condena fue posible.

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