Cambian los gobiernos, siguen los espías

La punta del ovillo es esa maldita costumbre de los uniformados de espiar puertas adentro, en este caso otra vez la Gendarmería y una vez más a periodistas y organizaciones del campo popular. Así quedó expuesto que el gobierno de Cambiemos utiliza informes de inteligencia de esa fuerza de seguridad, basados en el espionaje sobre agrupaciones políticas, sociales y de derechos humanos, como así también a los periodistas Gustavo Sylvestre y Mauro Federico.

Esta periodista publicó el primer artículo sobre la existencia del sistema montado por los gendarmes, lo que más tarde se conocería como Proyecto X. Fue en noviembre de 2011 en PáginaI12, sin firma, y en lo sucesivo en este portal OJOS VENDADOS que apenas nacía. Vaya casualidad, o no, que este relanzamiento y rescate de un posible naufragio en la web –gracias los geniales expertos en diseño e informática Juan Marchetto y Leonardo Vázquez– tenga que ver con la continuidad de una actividad que está prohibida por las tres leyes nacionales que son el pilar del principio democrático de demarcación: las fuerzas militares y de seguridad tienen prohibido practicar inteligencia interna por las leyes de Defensa, Seguridad e Inteligencia.

Mientras los funcionarios kirchneristas negaban o minimizaban los alcances del espionaje, nacía una causa, a la que se sumó el Cels (Centro de Estudios Legales y Sociales) como amicus curiae, que varios otros medios comenzaron a seguir y que ahora cuenta con una ampliación porque los gobiernos cambian de signo pero mantienen las mañas. http://adrianameyer.com.ar/proyecto-x-existe-la-justicia-investiga-lo-que-revelamos-en-ojos-vendados/

La foto que ilustra este texto fue tomada por los gendarmes espías y constaba en aquella denuncia original. Entre el grupo de manifestantes la mujer del pañuelo blanco es la Madre de Plaza de Mayo Elia Espen.

Según informó hace pocos días el diario Ámbito Financiero, el gobierno de Macri dio órdenes a la Gendarmería para que recoja y reporte las actividades de quienes puedan generar  “hipótesis desestabilizadoras”. No se trata de espionaje a ciertas organizaciones sino que todas las manifestaciones son incluidas en un mismo informe de “inteligencia”

Algunas de esas “hipótesis” son las manifestaciones y cacerolazos contra el tarifazo de los servicios de luz, gas y agua; cortes de trabajadores municipales de la Provincia de Buenos Aires; marchas por la reapertura de paritarias en numerosas provincias y actos por la libertad de Milagro Sala.

La diputada del PTS-Frente de Izquierda y fundadora del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH) Myriam Bregman señaló que “toda manifestación social es incluida en el informe. Así como el Gobierno anterior hacía informes sobre los ambientalistas de Gualeguachú, hay informes de Aníbal Fernández diciendo que a partir del año 2009 con la crisis económica había que tener especial control sobre las manifestaciones, evidentemente este Gobierno tiene una continuidad absoluta en esta práctica”.

Así ayer como hoy

El método de infiltrar uniformados en manifestaciones de trabajadores, movimientos de derechos humanos para recabar información y almacenarla luego en una base de datos conocida como Proyecto X, salió a la luz cuando Bregman denunció que la Gendarmería se había infiltrado en una manifestación de los trabajadores de Kraft-Terrabusi (hoy Mondelez) en el marco de un conflicto por despidos discriminatorios por parte de la patronal norteamericana para luego, con la información recabada, armar causas contra trabajadores que habían sido parte del conflicto como Javier “Poke” Hermosilla que en ese momento era delegado de base de la empresa. La denuncia fue determinante en la posterior renuncia de la entonces ministra de Seguridad, Nilda Garré.

Ahora salieron a la luz catorce páginas que dan cuenta cómo se maneja la Gendarmería en este procedimiento ilegal, haciendo un relevo de información sobre dos medidas de fuerza sindical de los municipales de la capital de Jujuy y sobre el paro del Frente de Gremios Estatales en esa provincia. Como relata Gloria Pagés en La Izquierda Diario, “resulta llamativa la cantidad de tinta dedicada a dar cuenta de la presencia de numerosos organismos de derechos humanos en Jujuy los días 9 y 10 de septiembre que viajaron para denunciar las violaciones sistemáticas a las libertades democráticas y las situación represiva en la provincia, y al Encuentro que allí realizó el CeProDH.

Junto con copias de volantes y afiches que denuncian el Estado policial en Jujuy, los gendarmes realizan su propio análisis de la información recabada: “Se aprecia que (estos dirigentes) y sectores no afines al oficialismo provincial y nacional, se encuentran llevando a cabo una campaña de desprestigio contra el Gobierno mediante los medios de comunicación social, Facebook, Twitter y prensa digital de la provincia de Jujuy. Se estima que estas actividades se irán incrementando en forma paulatina con el objeto de perjudicar la imagen del Gobierno provincial y nacional, con el fin de crear situaciones que distraiga al P.E.P. en sus objetivos gubernamentales”. Al igual que sucedía cuando espiaban el conflicto de Kraft, los gendarmes se permiten análisis socio políticos en sus informes. En aquella oportunidad evaluaban los niveles de conflictividad dentro del sindicato de la Alimentación.

Ahora los gendarmes espías señalan la peligrosidad tanto de la Comisión de organismos que, impulsada por el CeProDH, integraron organismos de derechos humanos como el CELS, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, Correpi, la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos (AEDD), el Comité por la Libertad de Milagro Sala entre otros, que recibió el 9 de septiembre en San Salvador múltiples y graves denuncias sobre lo que se ha dado en llamar “Estado policial” en la provincia.

Los informes de Gendarmería dan cuenta también de la realización del Encuentro del CEPRODH, que reunió a decenas de jóvenes, trabajadores, abogados y estudiantes de Derecho de todo el país en la Facultad de Humanidades de la capital jujeña.

“Las actividades y denuncias que nosotros hacemos, como haber ido a Jujuy a denunciar la situación represiva, lo hacemos de forma pública, así que el espionaje no tiene el objetivo de enterarse qué actividades vamos a hacer sino más bien de preparar algún tipo de represalia, lo cual es muy preocupante”, indicó Bregman, una de las impulsoras de las denuncias y la campaña contra el régimen represivo en Jujuy.

images-1

“No nos sorprende pero no lo vamos a naturalizar”

“Lo peor que podemos hacer con esto es naturalizar, pensar que no pasa nada y no tiene ninguna consecuencia. En Argentina siempre las consecuencias del espionaje han sido terribles porque los gobiernos pasan pero la información de inteligencia queda”, indicó la diputada trotskista.

Lo cierto es que esto no es nuevo. Parte de la “pesada herencia” es el famoso sistema de espionaje denominado Proyecto X, denunciado por Bregman en 2011, por el cual la cúpula de la Gendarmería está siendo aún investigada. La ley de inteligencia 25.520 prohíbe expresamente que el Estado “obtenga información, produzca inteligencia o almacene datos sobre personas por el sólo hecho de su raza, fe religiosa, orientación o identidad sexual, acciones privadas u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias o laborales”. Del mismo modo, la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales, impide almacenar “datos sensibles”, es decir aquellos que revelen “opiniones políticas, convicciones religiosas, filosóficas o morales, y afiliación sindical”. Los antecedentes mencionados en la nota de 2011 en Ojos Vendados dan cuenta que el Estado y los sucesivos gobiernos violan sistemáticamente sus propias leyes.

“La Policía Federal tiene un cuerpo especial de informaciones para realizar espionaje político, tenemos denuncias hechas en las cuales somos querellantes por inteligencia hecha por la SIDE sobre nuestras organizaciones, tenemos el Proyecto X de Gendarmería y ahora vemos que el Gobierno continúa con esa práctica, y cuando eran oposición realizaban denuncias permanentemente, llegan al gobierno y utilizan estos mismos mecanismos y cuerpos de inteligencia que no se desarticulan”, denunció Bregman.

Y agregó: “algunos vienen incluso de la dictadura militar, el propio Jaime Stiusso ha declarado que él ingresó en la SIDE en el año 1972 y siguió en funciones hasta hace bastante poco, esta continuidad en las personas también es la continuidad de la información que van recabando de las organizaciones sociales, políticas. Todo reclamo popular, de los trabajadores contra el gobierno es tomado como un ataque que merece ser investigado” indicó la diputada, que denunció también que fue víctima de amenazas en el teléfono de su despacho y de una carta intimidatoria de Ledesma y Carlos Blaquier.

La misma ministra de Seguridad Patricia Bullrich que hacía encendidas denuncias contra el Proyecto X del kirchnerismo es hoy la responsable del espionaje que se está denunciando bajo el gobierno de Cambiemos. Son los mismos responsables de mandar a esta fuerza junto a Prefectura y la Federal al Gran Buenos Aires y a Santa Fe para militarizar los barrios, provocando cada vez más casos brutales de violencia contra la juventud y los sectores más empobrecidos.

Tanto Bregman como Alejandrina Barry y Matías Aufieri, también integrantes del CeProDH, hicieron saber que “no vamos a naturalizar que por denunciar las violaciones a los derechos humanos nos persigan, nos intimiden”. Así, presentaron un pedido de informes en el Congreso Nacional para que la ministra de Seguridad rinda cuentas sobre estas actividades de espionaje ilegal por parte de las fuerzas de seguridad a su cargo. Y también acudieron a la justicia para ampliar la denuncia original sobre Proyecto X y presentarse como querellantes.

Teléfono para Patricia Bullrich

La ministra de Seguridad Patricia Bullrich debe ahora explicar estas actividades de espionaje ilegal. En efecto, porque según las fuentes en las que se basó la nota periodística, la información reunida por Gendarmería Nacional “luego de ser procesada, se enviaría al Ministerio de Seguridad de la Nación”. En la presentación efectuada se acompañaron las copias de los documentos que recibió la redacción del matutino. Uno de los informes de inteligencia, el más detallado, se realizó sobre el CeProDH y el encuentro de Jujuy, con fotografías de sus referentes. Este documento, denominado “Antecedentes del mes en la Provincia de Jujuy”, se señala en particular que los referentes “Vilca y Natalia Morales del Frente de Izquierda de Jujuy se encuentran cursando invitaciones a dirigentes de otras provincia para que asistan a este evento”.

Como expresa el escrito presentado ante el Juzgado Federal N° 7 a cargo de Sebastián Casanello, este dato es tan grave como llamativo ya que “tratándose esas convocatorias a dirigentes de invitaciones personalizadas y no públicas, es evidente que dichas afirmaciones no pudieron hacerse efectuando una simple recopilación de información pública si no que dicha información podría haberse originado en escuchas o intercepción ilegal de los teléfonos o los e-mails de los dirigentes señalados”.

En la presentación judicial se solicitó que se investigue tanto a quienes pudieran haber realizado estas tareas de espionaje como a quienes en última instancia se sirven de aquellas, es decir, el gobierno nacional de Cambiemos y el de la provincia de Jujuy a cargo de Gerardo Morales.

Bregman enfatizó que “los gobiernos pasan pero la información de inteligencia queda”, y destacó que “nadie del gobierno nacional hasta ahora ha dicho nada. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, denunciaba estas prácticas cuando formaba parte de la oposición pero hoy se vale de ellas para espiar a quienes denuncian las violaciones a los derechos humanos. Y desde el Ceprodh afirman que “así como hemos denunciado el ’Proyecto X’ efectuado por el gobierno kirchnerista y continuamos peleando para que se procese y encarcele a los responsables, presentamos esta denuncia ante la justicia como parte de la pelea por terminar con el espionaje e infiltración del Gobierno Nacional a todos los que salen a reclamar por sus derechos y enfrentan la persecución y el ataque a las libertades democráticas”.

 

Los espías, impunes y premiados.

Según denunció días atrás La Izquierda Diario, luego de que trascendiera que uno de los responsables del contingente de gendarmes que desembarcó en Rosario esta semana, el Comandante Claudio Miguel Brilloni, oficia como Director de Inteligencia Criminal en el Proyecto X, se divulgó que el uniformado fue promocionado por el ex ministro de Seguridad Sergio Berni en 2015 y que además fue uno de los que comandó la entorpecida búsqueda de los hermanos Lanatta y Víctor Schillaci, cuando se fugaron del penal bonaerese de General Alvear.

A propósito de esto, el dirigente del PTS en el Frente de Izquierda Octavio Crivaro señaló: “Las tropas de gendarmería llegaron a Santa Fe, lideradas por el Comandante Brilloni. Él es Director de Inteligencia Criminal en el Proyecto X, un proyecto que denunciamos en 2013 junto a mi compañera Myriam Bregman, desde el PTS en el Frente de Izquierda, junto a organismos de Derechos Humanos. Esta denuncia hizo público que la Gendarmería se infiltraba en organizaciones, manifestaciones y eventos políticos. Los documentos develados gracias a la investigación del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos probaron que en Rosario también se llevó adelante espionaje durante asambleas en ANSES, así como durante medidas de fuerza de ATE, AMSAFE, COAD y otros sectores”.

Crímenes de la Alianza, sentencia por la masacre de diciembre de 2001

Publicada en La Izquierda Diario, 22 de mayo de 2016

Hubo un país en llamas, corralitos, saqueos y rebelión popular. Hubo una orden: “Quiero 50 detenciones y la plaza libre”, represión y 38 muertos. Hubo un juicio oral y hoy habrá sentencia.

Era lo que quedaba del gobierno de la Alianza, cuyo presidente Fernando de la Rúa escaparía en helicóptero un día después de haber decretado el estado de sitio y ordenado la represión de los manifestantes.

Durante la madrugada del 20 de diciembre de 2001 la sangre de Jorge Demetrio Cárdenas ya había corrido por las escalinatas del Congreso, una imagen que recorrió el mundo porque la policía ya había empezado a balear a los indignados.

“Ante la indignación por el cierre de industrias que se venía dando por la crisis y el decreto de estado de sitio, fui a defender la democracia”, dijo uno de los testigos cuando le preguntaron por qué fue a Plaza de Mayo.

La Corte Suprema avaló que De la Rúa haya quedado ausente del banquillo de los acusados, lo que significa que la justicia le creyó al expresidente que “no vio nada” de lo que pasaba afuera de la Casa Rosada y sentó el peligroso precedente de que los uniformados y sus mandantes pueden reprimir amparados en el estado de sitio, porque fue ese decreto de la agónica administración delarruista el detonante de la bronca.

Luego de interminables dilaciones, en febrero de 2014 comenzó el proceso oral y público contra apenas un funcionario, el exsecretario de Seguridad Enrique Mathov, quien está imputado junto al exjefe de la Policía Federal Rubén Santos y otros jefes policiales por el homicidio culposo de Carlos “Petete” Almirón, Gastón Riva, Diego Lamagna, Gustavo Benedetto y Alberto Márquez, cinco de los 38 manifestantes asesinados en todo el país en aquella masacre.

“No vayan a atarle las manos a la policía”

Si el juicio había tardado 13 años, el proceso en sí mismo duró más de dos, con centenares de testigos y más de una zozobra por las chicanas judiciales desplegadas hasta último momento por las defensas.

Mathov en su descargo dijo que quienes protestaban “no eran maestras jardineras”, que no sabe “qué pasó ese día” y que la jueza federal Servini de Cubría es quien debería dar explicaciones sobre la represión.

En el último tramo del juicio Mathov optó por el silencio, a diferencia del exjefe de la Federal, Santos, quien envió un certero mensaje de advertencia a los jueces José Martínez Sobrino, Adrián Martín y Rodrigo Giménez Uriburu: “Si algún policía cometió exceso corresponderá que se lo juzgue, pero la sociedad tampoco quiere una policía atada de pies y manos frente a quienes pretenden arrogarse facultades que no poseen alterando la paz y el orden público”.

Santos pidió también al Tribunal Oral Federal 6 que está a punto de emitir el veredicto que “mida las consecuencias de su sentencia”. Vaya paradoja viniendo del jefe del operativo represivo que, precisamente, no midió ninguna consecuencia, se cargó varias vidas y ahora aún se pregunta: “¿Qué nos pasará por cumplir nuestro deber?”

Cambiar la historia o repetirla

Santos hizo carrera en parte por ciertas habilidades argumentativas, y no fueron azarosas sus últimas palabras. Más allá del tono intimidatorio hacia los jueces, puso en evidencia que el dilema de los magistrados es sentar un antecedente en la jurisprudencia que limite la potestad represiva del poder político en situaciones de protesta popular masiva, como fueron las jornadas del 19 y 20 de diciembre de 2001.

Si bien este juicio abarca sólo el operativo porteño, la misma luz verde tuvieron todas las policías del país. ¿O acaso no estaba diciendo “bajen las armas, acá sólo hay pibes comiendo” cuando fue asesinado Pocho Lepratti en Rosario?

La parte de la querella que impulsa el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) sostuvo durante estos años que el estado de sitio fue dictado en forma ilegal, pero la justicia no lo consideró de esa manera. Tal es así que De la Rúa pudo ratificar su sobreseimiento.

Para el Cels, De la Rúa decretó el estado de sitio sin dar intervención al Congreso, con la excusa de que estaba en receso. Y además fue tan irregular su aplicación que en el texto del mismo figuran los nombres de los detenidos, es decir que hicieron arrestos “de facto” y luego blanquearon a algunos poniendo sus nombres en el decreto que decía que estaban a disposición del Poder Ejecutivo.

“Pero aún en el entendimiento de la supuesta legalidad de esa medida extrema, tienen que hacerse cargo de las consecuencias de haberlo aplicado de la manera que lo hicieron, es como manejar borracho, no está prohibido pero puede tener efectos letales con sanciones penales”, sostiene Rodrigo Borda, representante de familiares de Lamagna y Riva, dos de las víctimas.

Aunque es clara la diferencia de magnitud y gravedad quizá sea válida la comparación a pocas horas de que los policías y Mathov escuchen su sentencia, que debería condenarlos por su responsabilidad penal en la matanza que pretenden amparar en el estado de sitio.

Sin embargo, a pesar de haber batallado duramente para lograr que Mathov, Santos y los demás policías sean condenados, los querellantes no descartan que haya absoluciones porque son conscientes de la naturaleza política del caso y tampoco están lidiando con un tribunal que ostente excepciones en el universo conservador de la llamada “familia judicial”.

Podría argumentarse que el actual contexto político no es favorable, pero la tibia brisa que pretendió renovar al rancio poder de la justicia tampoco logró vencer, en su momento, el fuerte espíritu corporativo de las castas gobernantes -que más que controlarse entre sí perpetúan su mutua protección- y no hubo condenas al poder político en casos como, por citar algunos, el asesinato de Kosteki y Santillán o la causa Fuentealba II.

Morir sobre el asfalto

Uno era experto en acrobacias con la bicicleta, otro estaba trabajando de motoquero, uno más era militante social, el cuarto tenía apenas 23 años y el quinto, un poco más mayor, vendía seguros. A los cinco, así como a Cárdenas horas antes, los llevó la bronca hasta el microcentro y murieron fusilados por la Policía Federal.

Sus familiares convocan para mañana a acompañarlos en los tribunales federales de Retiro para escuchar la sentencia de este juicio histórico “para exigir justicia por los muertos y los heridos”, que fueron centenares.

Durante los dos años de juicio quedó más que probada la decisión política de reprimir y el rol que tuvo cada uno de los imputados en la coordinación de aquel procedimiento. Los argumentos de las defensas rebotaron una y otra vez sin éxito: no hubo francotiradores ni tampoco disparos de los manifestantes.

Uno de los testimonios más relevantes fue el del ex subcomisario Francisco Miglino, quien detalló que a las 9.20 Mathov lo llamó a Santos, quien desde la llamada “sala de situación” veía pocos manifestantes. Apenas Santos cortó la comunicación con el funcionario dijo: “Hay que desalojar la plaza. Quiero 50 detenidos”.

Las Madres de Plaza de Mayo habían decidido anticipar su tradicional acto de los jueves en la plaza para las 10 y a las 11.15 fueron reprimidas por la Caballería. La difusión televisiva de esas imágenes no impidió que la masacre continuara.

La reconstrucción de los hechos con las emisiones de audio policiales, además de fotos y videos tomaron otra dimensión con la declaración de Miglino, tras la cual quedó probado que la orden del Poder Ejecutivo era “desalojar” a como dé lugar.

¿Absueltos?

Lejos, en la etapa de instrucción, quedó el intento de una parte de la querella de acusarlos por homicidio doloso, porque no se pudo probar que haya existido la orden de matar, como es habitual en estos casos. Así, los imputados podrían ser condenados por homicidio “culposo”, es decir, por las muertes pero sin que hayan tenido intención de provocarlas.

El exdirector de Seguridad Metropolitana de la Federal, el imputado Raúl Andreozzi, intentó defenderse aduciendo que “la policía está mal preparada y equipada, y como no había más municiones de goma usaron las de plomo”.

Para el abogado del Cels Rodrigo Borda este tipo de argumentos usados por la defensa, lejos de quitarles responsabilidad, les agrava la imputación a los acusados que, además de Mathov y Santos, son Andreozzi y el exjefe de la dirección de Operaciones de la Federal, Norberto Gaudiero, por las cinco muertes y 117 lesiones. Jorge Cárdenas quedó herido y murió tiempo después, incluso llegó a ir a manifestaciones exigiendo castigo a los culpables, pero la justicia nunca incorporó su caso al expediente. También serán juzgados otros exefectivos policiales en calidad de responsables directos de los disparos.

Los acusados jugaron a echarse culpas entre sí, de hecho Gaudiero también escuchó a Santos exigir las 50 detenciones. Y agregó que el exjefe de la Federal dijo que “el estado de sitio está por encima de la justicia” luego de recibir la comunicación de la jueza que le alertaba sobre la gravedad de los hechos y le decía que “ya hubo un muerto”, en alusión a Cárdenas que parecía haber perdido la vida allí mismo, en las escalinatas del Congreso.

Un escenario posible es que en la sentencia prime la teoría de los “excesos” y sean condenados sólo algunos policías que dispararon, aunque muchos jefes policiales declararon que acataban “órdenes políticas y de la justicia”. Para los abogados de las víctimas las pruebas son más que suficientes para condenarlos a todos.

El Tribunal puede argumentar lo contrario para sostener la absolución de algunos o tomar como válido lo que tiene en sus manos: las evidencias de una masacre como consecuencia de la orden del gobierno de De la Rúa de reprimir una manifestación para liberar las calles y así “ganar tiempo” para negociar una salida política con la oposición peronista. En ese sentido, emitirían una sentencia condenatoria de los responsables, tal como exigen los familiares de los asesinados, que esperaron 15 años para llegar a este juicio y pretenden que sirva para cambiar la historia de las represiones en democracia.

Será la diferencia entre mantener intacta la potestad discrecional del poder político para imponerse a sangre y fuego o animarse a limitarlo en resguardo de la integridad física de los ciudadanos y su derecho a la protesta.

ORIGINAL en LID