La fiscal Ávila no acusa, defiende a Gendarmería

A la espera de los resultados de la autopsia de Santiago Maldonado, que podría derivar en un cambio en la carátula del caso, el juez federal Gustavo Lleral advirtió que “saber la causa de su muerte va a llevar un tiempo”. Lo dijo en referencia a las filtraciones sobre el informe preliminar, y a las conjeturas que éstas propician, por lo cual agregó que “se habla tanto y muchas veces sin saber”. Por otra parte, el magistrado respondió sobre la convocatoria a declarar del denominado testigo “E”. Como si los dichos de este joven mapuche identificado así en los documentos probatorios de la CIDH fuera el único capaz de esclarecer el caso, y luego de meses de no investigar el rol de la Gendarmería y de haber desacreditado las voces de los mapuches, la fiscal federal Silvina Ávila pidió al juez que lo identifique y lo cite. “Verificaremos luego si se trata del testigo del que todo el mundo habla”, dijo el magistrado con cautela.

En la resolución donde hizo este pedido, Ávila volvió a falsear y tergiversar documentos oficiales. Así como faltó a la verdad respecto de las prendas de Santiago en aquel informe que elevó al gobierno para que los funcionarios de Cambiemos respondan ante la ONU y la OEA –y que ocultó a la procuradora Alejandra Gils Carbó–, ahora sostuvo que la medida cautelar que dictó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para intimar al estado argentino a dar con Santiago Maldonado se basó exclusivamente en ese testimonio de identidad reservada (E), que paradójicamente no existía como tal en el momento en que ese organismo se pronunció. El corpus probatorio que motivó la cautelar emitida por la CIDH el 22 de agosto es un extenso informe que describió el accionar del Estado, negando la responsabilidad de Gendarmería y poniendo en duda que Maldonado haya estado en el lugar de los hechos.

El testimonio de E fue recogido por los abogados peticionantes entre el 11 y el 15 de septiembre como prueba de las violaciones a los derechos humanos que comenzaron con la represión en enero en la comunidad mapuche Pu Lof en Resistencia de Cushamen, y es quien afirmó que escapaban juntos de los balazos de los gendarmes cuando ingresaron al río Chubut, que Santiago no pudo cruzar y volvió a la orilla donde fue apresado por gendarmes. Lucas habría sido el último de los compañeros de Maldonado en verlo con vida, pero podría no ser la única persona que podría dar testimonio de ese momento, porque los gendarmes que lo rodeaban en ese momento nunca fueron interrogados al respecto.

Dijo Ávila que “la querella de la APDH (Córdoba) presentó ante la CIDH otros testigos, entre ellos el famoso E de nombre Lucas, dichas presentaciones dieron como resultado la resolución 32/17 y el trámite actual de una nueva medida cautelar”. Sin embargo, esa resolución tiene fecha del 22 de agosto, cuando ese testimonio fue recogido un mes después, y presentado el 22 de septiembre para pedir al gobierno una sanción por el incumplimiento de la medida cautelar. “E no es el fundamento, esa cautelar otorgada fue otorgada antes por el cúmulo de otros testimonios y pruebas, fotografías y videos aportados, Ávila ni siquiera toma en cuenta los hechos cronológicos, se maneja con absoluta impunidad”, dijo a Página12 una fuente del caso.

La fiscal fue aún más allá al pedir al juez Lleral que intime a los letrados de la APDH (Córdoba), en su caso Carlos González Quintana, y el otro peticionante, Fernando Cabaleiro, de Naturaleza de Derechos, porque al no hacer constar los datos filiatorios del testigo podrían haber violado una ley algo vetusta referida a las denuncias ante organismos internacionales. “Es un ataque infantil, sin leer las presentaciones, y nos amenaza en base a una ley de 1951, que penaliza a todo aquel que haga denuncias ante organismos internacionales, ni existía la Comisión de Derechos Humanos de la OEA, aquel que propiciare denuncias en el exterior contra el Estado argentino será pasible de una pena de inhabilitación de cinco a 25 años”.

La fiscal federal subrogante de Esquel insistió en que “en una acción de esta envergadura las partes querellantes habrán tomado los mínimos recaudos para registrar, al menos internamente, los datos filiatorios de quienes testimoniaron”. Al leer este párrafo la querella aludida recordó que la representante del Ministerio Público no tuvo un sólo recaudo respecto de todas las pruebas “que nunca recogió, como las postas de plomo del lugar de los hechos, y las medidas de prueba que nunca realizó como los allanamientos a las casas de los gendarmes y a la estancia de Benetton; además de dejar vencer los plazos para apelar el rechazo a las medidas solicitadas por ella misma, entre ellas el cruce de llamadas entre el jefe de Gabinete Pablo Noceti y los jefes del operativo de Gendarmería”.

En su momento, los peticionante ante la CIDH elevaron cuatro testimonios, dos de ellos ya habían declarado en la causa, Matías Santana y Soraya Maicoño, pero como los otros dos habían pedido reserva de identidad simplificaron colocando a cada uno una letra. Así el tercer testimonio sí se concretó en sede judicial, fue el de Ailinco Pilquiman, la joven que junto a su mamá llevó a Maldonado a la Lof el 31 de julio. En tanto E estuvo citado pero el ex juez del caso, Guido Otranto, levantó sucesivas veces la audiencia. Hasta que luego del allanamiento del 18 de septiembre, en el cual los testigos del caso fueron torturados durante doce horas, el joven volvió a sentir temor por su integridad física. Tanto Santana como Ariel Garzí. amigo de Santiago, sufrieron hostigamiento y campañas mediáticas que los desacreditaron luego de dar testimonio. A tal punto que la ministra Bullrich nombró públicamente a Garzí, quien había pedido protección y reserva de su identidad.

Ahora, en una nueva embestida contra los testigos, y mientras los gendarmes sospechados ya se disponen a mudarse a otras provincias, un matutino reveló que el testigo Lucas pertenece a la familia de otras dos testigos. Luego de haberlo calumniado al publicar que se desdijo para cobrar la recompensa de dos millones que ofrece el Estado a quien aporte información, lo cual fue desmentido por el propio juez Lleral, ahora ese medio difundió incluso a qué escuela concurría.

Esto sucede a pocos días de que la fiscal subrogante lograra separar de la causa a la Procuración de Violencia Institucional (Procuvin), a cargo del fiscal Félix Crous, que había tenido un papel destacado desde el primer día de la investigación. Ávila mantiene informado en forma directa al gobierno de cada detalle del caso, al mismo tiempo que negaba datos a los fiscales de la Procuvin. Durante estos meses, se negó a intervenir los teléfonos de los jefes de Gendarmería que la Procuvin consideraba esencial a los efectos de determinar si había una desaparición forzada en curso, y todas las medidas solicitadas por estos fiscales especiales eran acercadas con demora al juez de la causa. Tampoco accedió a allanar la estancia de Benetton como así las casa de los gendarmes sospechados, ni apeló el rechazo del juez Otranto al cruce de llamadas entre Noceti y los altos mandos de Gendarmería. Como si todo esto no fuera suficiente, mantiene un especial encono contra la abogada de la familia Maldonado, algo que la Procuvin intentó eliminar, sin éxito.

“Se comporta como si fuera abogada de Gendarmería”, dijo Verónica Heredia, letrada de la familia de Santiago, el 14 de septiembre en la puerta del Juzgado Federal de Esquel cuando salía de pedir los apartamientos de juez y fiscal en la causa.

Este dato y toda la peligrosidad que implica el rol de Ávila en el caso Maldonado fue descripto en detalle por el colega Daniel Satur en esta nota de La Izquierda Diario

La peligrosa permanencia de la fiscal

Por otra parte, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos  (APDH) solicitó que la fiscal federal Silvina Ávila sea apartada de la causa que investiga la muerte de Santiago Maldonado por entender que existe un conflicto de intereses que impiden avanzar en el esclarecimiento de las causales y el contexto de su muerte. El organismo de derechos humanos objetó que Ávila es la fiscal en la causa que dio origen al despliegue represivo de Gendarmería en el Pu Lof Resistencia Cushamen, que comenzó el 31 de julio para desalojar de la ruta 40 a los miembros de esa comunidad que protestaban por la detención de sus compañeros en Bariloche y la prisión de su lonko, Facundo Jones Huala.

Esa causa está caratulada NN s/entorpecimiento de servicios públicos, por la violación del artículo 194 del Código Penal, y al mismo tiempo interviene en el proceso que investiga investiga la desaparición y muerte de Santiago Maldonado. “En la del corte de ruta acusa a la comunidad y de alguna manera defendiendo a Gendarmería, mientras que en el expediente sería a la inversa, se trata de un conflicto de intereses, no ponemos en duda cómo llevó adelante la causa, y lo hacemos ahora porque para ampliar las pruebas hacen falta más indagatorias que ella no estaría en condiciones de propiciar”, dijo a Página12 Gisela Cardozo, de la APDH Nacional.

De hecho, mientras que en una de esas causas Ávila persigue a los miembros de la comunidad mapuche y robustece las actuaciones de la Gendarmería Nacional como parte interesada, en la otra, investiga a Gendarmería así como la legalidad del despliegue de los órganos coercitivos del Estado. “La APDH entiende que esta situación pone en dudas el control jurisdiccional imparcial de dichos actos, es decir,  brindar confianza de control judicial hacia otros órganos del Estado, lo que ha sido hasta ahora un factor importante de la falta de avances en la investigación”, indicó sobre la recusación que ahora deberá definir el juez federal Gustavo Lleral.

 

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“Hubo gritos de dolor que salían del alma”

“Ahora que se conoce lo que pintaba, escribía y tatuaba Santiago, entre todos tenemos que mantener viva su memoria, es la responsabilidad de los que seguimos luchando como personas concientes que queremos cambiar el mundo, que no sea sólo una consigna”. Fernando Jones Huala habla pausado, cuida las palabras como si las pesara. La semana pasada, junto a Soraya Maicoño tuvieron una reunión privada con el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Francisco Eguiguren, donde expusieron en detalle la persecución que están sufriendo como comunidad mapuche, así como la necesidad de que sean protegidos los testigos que vieron por última vez con vida a Maldonado en Pu Lof de Cushamen. Y se llevaron un compromiso de que el organismo intervendrá al respecto, probablemente con el dictado de una nueva medida cautelar. El joven vocero mapuche dijo que Eguiguren le preguntó por su hermano, el lonko Facundo Jones Huala, detenido en Esquel a la espera de un juicio de extradición en una causa que fue declarada nula porque los testigos en su contra sufrieron torturas. “Hacemos un llamado de alerta a todas las naciones originarias del mundo y luchadores sociales y de los derechos humanos”, expresó ante la inminente fijación de la fecha del nuevo proceso. Sobre la reacción de los miembros de su comunidad que presenciaron el hallazgo del cuerpo de Santiago dijo que “hubo gritos de dolor que salieron desde el alma”. En esta entrevista con Página12 admitió que hay más mapuches que no han declarado porque “tienen miedo”, dado que la justicia “no da garantías” suficientes. “Cuando uno proyecta su vida no elige tener un desaparecido y ser testigo de semejante crimen político”, dijo Jones Huala.

“Es importante que el resto de la sociedad comprenda que esto no le pasa solamente a un grupo de acá, es algo histórico, hay miles de desaparecidos de diversos los pueblos originarios por eso enviamos un saludo fraterno a ellos y a los movimientos sociales que entienden el rol del Estado en el encubrimiento y la impunidad”, agregó.

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Jones Huala y Maicoño viajaron a Montevideo porque la CIDH abrió un expediente a partir de la represión que sufrieron en enero, pero no participaron de la reunión de trabajo referida específicamente a la investigación por la desaparición forzada seguida de la muerte de Santiago Maldonado “por la gravedad del caso que ameritó la apertura de una causa autónoma”, aunque sí estuvieron los mismos abogados que los representan a ellos, de Naturaleza de Derechos y de la APDH. Sin embargo, Eguiguren los recibió al finalizar ese encuentro, con Jorge Mesa, director de Medidas Cautelares. “Detallamos el contexto y el nivel de violencia política e institucional, hablamos de la situación histórica que viven todos los pueblos originarios, mencionamos el rol de los medios en este proceso de estigmatización contra nosotros”, relató Jones Huala en diálogo con Página12. “Sin que nosotros lo mencionáramos, él preguntó sobre la detención de Facundo Jones Huala, y ahí le conté que fue el día que se juntó (Mauricio) Macri con (Claudio) Avruj, y Michelle Bachelet, cómo fue la detención y el trabajo del juez (Gustavo) Villanueva”, agregó este joven mapuche, de 28 años, que oficia de vocero (werken) de su comunidad. “El hostigamiento que denunciamos proviene del Estado y de grupos parapoliciales, que responden a Benetton y a terratenientes de la zona, hablamos también del rol de la Sociedad Rural Argentina. Y en un momento él mencionó que es relator de los derechos de los pueblos indígenas, y tiene conocimiento de este tipo de conflictos que se dan en toda América Latina. Estuvieron muy atentos a cada palabra nuestra, nos hicieron preguntas y fue una reunión extensa, pero ellos en ningún momento mostraron estar apurados para que finalizara, sino al contrario”.

–¿Qué dijeron los representantes de la CIDH?

–Al finalizar Eguiguren nos dijo que va a seguir personalmente de cerca el caso, y que una vez que estudiaran los detalles buscarían la forma de ayudarnos como comunidad con la situación de violencia que estamos padeciendo. Hay una posibilidad de que dicten medidas cautelares en favor de la comunidad, y de protección para su miembros. Se sorprendieron mucho cuando le dijimos que tuvimos que construir muros de piedra por la cantidad de veces que fue la policía, fuerzas de seguridad y grupos parapoliciales a dispararnos, en presencia de niños. Son situaciones permanentes que no trascienden en la prensa.

–¿Hablaron de la semana del 18 de septiembre, cuando tras el allanamiento hubo una ocupación del juzgado federal y luego quemaron las casas de mapuches en Vuelta del Río?

–Tratamos de dar un contexto general, se hizo mención a eso porque esa comunidad también pidió medidas cautelares por ese hecho. Pero el detalle está en los informes, videos y fotos que presentaron los abogados (de Naturaleza de Derechos y APDH) y que ya está en el sistema de la comisión.

–¿Su hermano afronta un nuevo juicio de extradición?

–Sí, y por eso Naturaleza de Derechos pedirá también una cautelar por él a la CIDH. En la reunión explicamos que existe una persecución política, las declaraciones de algunos funcionarios y los medios de desinformación. Sus derechos como miembro de un pueblo originario fueron vulnerados, violando tratados y convenios internacionales. Intervino la Cruz Roja Internacional para que a Facundo le reconocieran el derecho a la medicina propia mientras su salud se estaba agravando fuertemente. Comenté sobre la causa en Chile, Facundo no estuvo presente y las demás personas fueron absueltas por falta total de pruebas, se cayó el montaje político y judicial y mediático. 

–Si ese juicio se cayó ¿por qué está preso el lonko?

–Por decisiones políticas, no hace falta ser abogado porque al ver el expediente es evidente que está detenido ilegalmente. Una cosa es la causa en Chile y otra el proceso judicial por el pedido de extradición. El año pasado fue llevado adelante ese juicio, donde no se juzga por los motivos requeridos por el Estado chileno sino si se procede o no a dar la extradición. En ese proceso salieron a la luz la tortura al testigo Gonzalo Cabrera, el allanamiento ilegal que lo llevó a la detención, se procesaron a dos jefes de la Policía y la Brigada de Investigaciones de Chubut, y el espionaje ilegal de un agente de la AFI,entre otras irregularidades. Ese espionaje fue sobre Facundo, la familia y gente de comunidades mapuche tehuelche, periodistas, profesores, abogados, todos defensores del territorio. Por todo esto es que se le dio la libertad. Aún así, tras la reunión de Macri con Bachelet lo detienen de nuevo el 27 de junio, y enseguida aparecen más irregularidades, como por ejemplo que Chile no llegó a hacer el reclamo formal dentro del plazo que dicta la ley, la justicia argentina fuera de plazo aceptó el pedido de extradición. En un principio el juez Gustavo Villanueva le decía a los abogados que era una causa nueva, pasaban los días y no informaba las razones de la detención. Cuando nos enteramos que era la misma causa se denunció a Naciones Unidas y la CIDH. A principios de agosto la Corte Suprema confirmó la nulidad del primer juicio, pero esto no modificó en nada la actitud del juez. A pesar de todos estos vacíos legales que mantienen al lonko preso, se va a hacer un nuevo juicio de extradición, no se sabe si será el juez Guido Otranto o Villanueva. El lonko está detenido fuera de todos los plazos, por esto apelamos a Casación. Sabemos que van a poner la fecha con un corto plazo, porque quieren evitar que haya, como la vez pasada, 300 personas afuera de diferentes comunidades, organizaciones sociales y de derechos humanos. Convocamos a naciones originarias del mundo para que vengan, y a formar un parlamento de pueblos originarios para hablar sobre la situación de violencia que sufren en todas partes.

–¿Cómo vivió ser recibido en el Palacio Legislativo de Montevideo donde la CIDH hizo la reunión?

–Nunca había estado en una situación así, pero tengo una tranquilidad que llevo a todos lados, estamos encarando una lucha por la humanidad que nos toca como ser mapuche. Con esa convicción de aportar aunque sea un granito de arena para la humanidad es que llegamos ahí. Eguiguren es una persona muy serena, se le siente el nivel humanitario que tiene su persona. Una minoría de medios están comprometidos con la verdad y la seriedad, pero la mediatización en términos generales ha deformado y desviado todo, con un mayor sufrimiento hacia la familia, y hacia una sociedad que elige que no sucedan estas situaciones en una supuesta democracia. El mal que han hecho va más allá de las personas afectadas, es una maldad que se extiende generando mentiras y difamaciones. Otra parte de la sociedad ha perdido el sentido humanitario.

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–¿Cómo se sintió tras el hallazgo del cuerpo de Santiago?

–Fue una sensación de inexplicable dolor y sufrimiento que genera, hubo gritos de dolor que salían desde el alma de quienes vivieron ese momento. En el momento que vi el cuerpo sentí tristeza, por el nivel de inhumanidad que tiene parte de la humanidad. Luego vino la angustia y el llanto, que son inevitables. Cuando hay un porcentaje de personas con tal nivel de maldad somos todos vulnerables, no sólo nosotros. Pero los pueblos originarios estamos expuestos desde el momento en que vinieron a invadir y a masacrar a nuestra gente.

–¿Piensa que el cuerpo no estuvo allí desde el 1 de agosto?

–El lugar donde apareció no puede ser. Si supuestamente estuvo ahí, que es lo que quieren implantar, hace unos días era una orilla y era muy fácil de ver, arriba de una loma lejos del río, y ya se veía el bulto. Además en el momento del hallazgo no estuvo nadie de la comunidad, ni Sergio, ni la abogada, y ni siquiera el juez. Son cuestiones a tener en cuenta.

–Para esclarecer qué pasó con Santiago ¿es necesario que declaren más personas?

–Como se puede ver en los videos había más gente. No estaban solamente Santiago y Matías Santana ese día, eso es claro. Pero la realidad es que hay que ponerse en la carne propia de las personas y entender el miedo, el bloqueo ante esta situación. La gente todavía está asimilando toda esta situación, los testimonios están pero sucede que están tapados por todo lo que ha sucedido en torno a la desaparición de Santiago. Con Eguiguren hablamos de esto, y conversamos con otros organismos internacionales para ver de qué manera se pueden generar medidas de protección que motiven a estos testigos a prestar declaración. Pero al día de hoy tienen miedo, no es una negativa sino un miedo que los bloquea.

–¿Es cierto que cuando ustedes indicaron que no tenían garantías el juez Gustavo Lleral les respondió que él tampoco las tenía?

–Sé que eso es cierto.

–El testigo denominado con una letra ¿existe?

–Sí. Es verdad, fue tal cual como lo reflejó el trabajo que hicieron los abogados que presentaron la denuncia ante la CIDH. Lo que fue mentira es el mamarracho que armaron con que se desdijo, todo eso fue falso.

–¿Qué actitud tiene la comunidad respecto de la reconstrucción de los hechos?

–La gente de la comunidad ha dado su palabra tanto al juez como públicamente de acompañar las medidas como esa. La cosa es coordinar, porque es la época en que se realizan ceremonias.

–¿Y sobre el resguardo del lugar del hallazgo del cuerpo?

–La comunidad dio su palabra a la familia, además de al juez, de que la mayor protección era en sus manos. Son los principales que buscan verdad y justicia, luego de la familia, por supuesto. Ese compromiso se está cumpliendo y el lugar está intacto. Ahí vuelve a aparecer la mediatización, que sólo hace daño.

FOTOS Alejandra Bartoliche y Enfoque Rojo

en septiembre en buenos aires, de izquierda a derecha, fernando jones huala, daniel loncon y sergio nahuelquir

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