La década sin López

La causa por la desaparición del testigo es un rompecabezas mal armado. Las piezas están pero nadie las coloca en el lugar preciso para que tengan sentido. Las pistas más valiosas fueron desatendidas. No fue el poder político ni la justicia sino dos periodistas quienes más se acercaron a la verdad sobre el destino del Viejo, como le decían sus compañeras y compañeros.

(La ilustración es obra de Julio de puño y letra, quien estuvo desaparecido entre 1976 y 1979. Años después de su liberación, volcó los recuerdos del terror en 30 manuscritos que guardó en una caja de herramientas. Sus allegados sabían de la existencia de los textos, que Jorge Caterbetti publicó en el libro Memoria Escrita, editorial Marea, 2012).

“No hay nada”, es la respuesta habitual ante la consulta por la investigación judicial sobre el desaparecido testigo de quienes conocen y siguen el expediente. Sin embargo, a una década de su segundo secuestro una mirada profunda del caso requiere de una rectificación: no hay resultados porque pistas y pruebas valiosas sí están plasmadas pero fueron investigadas poco o nada, tarde y mal. Quienes condujeron el caso durante diez años descuidaron las líneas de investigación importantes, aquellas que apuntaban a los beneficiarios directos de la desaparición de López, en detrimento de las más banales o intencionadas para desviar el eje bien lejos de los represores. Sin una firme voluntad política, la responsabilidad es compartida por la justicia y las fuerzas de seguridad, que más bien entorpecieron cualquier avance. Y sobre todo, nunca hubo, a excepción de un período en que estuvo en manos de una secretaría especial a la cual no se le dio continuidad, un criterio de conectar y cruzar los datos. De hecho, un ex policía allegado a Etchecolatz conocía de Pehuajó, donde este torturador fue comisario, a una mujer policía que vivía en la casa frente a la cual se vio por última vez a López. De las comunicaciones del mismo 18 de septiembre surge que este uniformado habló ese día con la esposa de Etchecolatz. Pero los cruces telefónicos para dar sentido a estas pruebas, a diez años siguen pendientes.

Quienes sí cruzaron los datos fueron los periodistas Luciana Rosende y Werner Pertot, y en el marco de la investigación que continuaron luego de la publicación de su libro Los días sin López, dieron con una fuente, que pidió reserva de identidad, que les confirmó en vínculo entre el médico policial Carlos Falcone y la ex policía Susana Gopar, que figura en la agenda de Etchecolatz. Pertot y Rosende sí privilegiaron las líneas relacionadas a tres grupos con capacidad operativa para secuestrar a López:

El entorno de Etchecolatz. Su familia y su círculo íntimo podrían haber asistido o encargado el crimen. El mismo día de la desaparición de López, la mujer de Etchecolatz, Graciela Carballo, se comunica con un ex infante de Marina, Jorge Boynak, cuyo currículum apareció en la celda del genocida, quien el 18 de septiembre de 2006 le envía un mail en el que señala que la declaración de López era falsa. Ese correo electrónico luego fue reproducido por sitios web vinculados a los represores y los servicios de inteligencia. Pero no es la única persona que habla con Carballo ese día. También lo hizo el médico policial Carlos Falcone, quien fue denunciado en la causa por un familiar que lo acusó de haber participado del secuestro de López. Indicó que se había usado su auto para el secuestro y que el cuerpo de López habría sido arrojado al mar en Mar del Plata. El allanamiento a esa casa se hizo tres años más tarde, el auto estaba desmantelado y a la intemperie, encontraron manchas de sangre pero no pudieron extraer huellas ni un perfil genético para poder vincularlo a la desaparición de López. En las escuchas de la causa, Falcone, que figuraba en la agenda de Etchecolatz, no sólo hablaba con la mujer de represor sino que también tenía contactos otros sospechosos. Fue interrogado por el vehículo, que era robado, pero no se le hicieron preguntas sobre la desaparición de López.

Susana Gopar. Era una policía bonaerense que estaba en actividad en 2006. Cinco testigos reconstuyeron la caminata que hizo López la mañana que desapareció, y ese recorrido termina en la puerta de la casa de Gopar, en la avenida 66 “entre la verdulería y Edelap”. La mujer está en la agenda de Etchecolatz. A pesar de los insistentes pedidos de la querella de los letrados Guadalupe Godoy y Aníbal Hnatiuk nunca se allanó la vivienda de Gopar.

La conexión Gopar-Falcone. A partir de información suministrada a Rosende y Pertot por una persona allegada a uno de los sospechosos es posible reconstruir una conexión que no figura en el expediente judicial. Falcone, el médico policial vinculado a Etchecolatz, conocía a Susana Gopar de la época en que ambos vivían en Pehuajó. Según esta fuente, la familia de Gopar había trabajado en el campo de la de Falcone. En Pehuajó, además, Etchecolatz fue comisario durante 1975. La fuente, que pidió reserva de identidad, confirmó además que Falcone y Etchecolatz se conocieron en esa época y en Pehuajó. Así, en la investigación para su libro, los periodistas confirmaron que el ex policía allegado a Etchecolatz conocía de Pehuajó a la policía que vivía en la casa frente a la cual se vio por última vez a López. “El dato aislado cobra dimensión sumado a la compleja red de relaciones que hay entre los sospechosos”, afirma Pertot.

Los policías del Circuito Camps. Otra de las pistas importantes son los represores a los que López nombró en sus testimonios, que casi no fueron investigados en la causa. Uno de ellos es el ex jerarca de la Bonaerense Julio César Garachico, quien también se comunicó con Falcone y desapareció de Puerto Madryn a las pocas semanas del segundo secuestro de López. “Algunas cosas se hacen en forma figurativa en la causa, pero no en la realidad, cuando ordenaron intervenir y escuchar las llamadas de Garachico los espías de la SIDE respondieron que no podían porque no figuraba en la guía telefónica, esto es textual del expediente”, se indigna Nilda Eloy, sobreviviente de la dictadura y testigo junto a López en el juicio que dictó la primera condena a prisión perpetua contra Etchecolatz, que se produjo al día siguiente de que desapareciera el albañil de 76 años. Eloy habla de la misma causa en la que se “buscó” a López –de quien el ex ministro Aníbal Fernández había dicho que podía estar “tomando el té con la tía”– por los dichos de videntes y “mujeres pájaro”, en la cual asignaron todas las escuchas telefónicas de la familia al ex espía Jaime Stiuso y donde el ex ministro de Justicia bonaerense Ricardo Casal presentó para el cuarto aniversario un testigo falso que motivó el enorme e infructuoso operativo en el parque Pereyra Iraola.

Se trata de la misma investigación donde quedaron en evidencia los privilegios de los que gozaban los represores del pabellón de lesa humanidad de la cárcel de Marcos Paz, entre ellos Etchecolatz, a cuyas visitas nadie revisaba y que disponían de telefonía celular. Eloy recuerda que a pesar del aviso que les dio el Servicio Penitenciario Federal, y que motivó un segundo allanamiento esta vez sorpresivo, entre los papeles que le secuestraron a Etchecolatz había uno que decía “hay que lograr que un testigo se desdiga”. El dato, que nunca se tuvo en cuenta, abona la hipótesis de que López se negó a renegar de sus dichos y por eso nunca más volvió a aparecer.

Los penitenciarios bonaerenses. Fueron condenados en 2010 tenían el mismo interés que los policías bonaerenses para que se frenaran los juicios. López estuvo preso en la cárcel de La Plata y podía declarar también contra ellos en el respectivo juicio. En el expediente, hay una línea de investigación que lleva directamente a un ex jefe de Inteligencia del Servicio Penitenciario bonaerense. En el libro, Pertot y Rosende lo mencionan con la letra B e indican que tiene vinculación con otros investigados en la causa, entre ellos el médico policial Falcone, y también con los penitenciarios que iban a ser condenados en 2010.

La inaceptable impunidad

“Es demasiado dolor”, dice la abogada Godoy a PáginaI12 sobre la coincidencia de los diez años del segundo secuestro de López y los cuarenta de la Noche de los Lápices. “La línea más importante para mí sigue siendo la de los penitenciarios, porque tuvieron contacto no sólo con Etchecolatz sino también con militares que estaban preocupados por el enjuiciamiento que estaban sufriendo, además de policías en actividad”, precisa en referencia a la presunta “banda mixta” que desapareció al testigo. Godoy no cifra expectativas en la justicia pero sí en la posibilidad de “quebrar pactos de silencio, que depende de la capacidad que tengamos como campo popular de seguir haciendo el reclamo, como parte de la pelea del movimiento de derechos humanos que a cuarenta años sigue encontrando verdades y reclamando justicia”. A su criterio, esta década deja a López como “la certeza de que había que hacer los juicios, y las consecuencias de no afrontar en democracia las herencias de la dictadura, es la certeza de que la Bonaerense no tiene que existir tal como es”.

Pertot cubría los juicios en La Plata y estuvo el día de la condena a Etchecolatz, el 19 de septiembre de 2006. “Llegaban acordes de The Wall de Pink Floyd de afuera, había gente llorando cuando leyeron la sentencia y recuerdo los comentarios y los carteles de López. En ese momento su desaparición todavía era algo confuso, no lo terminábamos de aceptar, o no sabíamos qué pensar. Ahí todavía tenía la idea de que era algo que se iba a resolver, incluso con cierta velocidad. En algún aniversario, varios años más tarde, pensé, pero entonces, ¿esto va a quedar así? Eso me resulta inaceptable”, dice sobre el caso que reinstaló la percepción colectiva de que se puede desaparecer en democracia.

César, 13 años. Desaparecido

Chubut suma otro desaparecido a su oprobiosa lista. César Monsalvez tenía 13 años, era sobrino de un testigo que incriminó a policías en la violación de un menor y fue asesinado. Hasta ahora en esa provincia ni siquiera había un expediente abierto, pero a fines de abril la Cámara de Casación ordenó investigar su desaparición forzada, removió al juez y fiscal del caso y dijo que esto sucedió en el marco de “violencia institucional” que es una “realidad en Chubut”, tal como lo dijo la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia en la que condenó al país por la desaparición de Iván Torres. ¿Qué pasó con César?

Si acaso hubiera un ranking de peores provincias en cuanto a violencia institucional, con especial protagonismo de la policía y cobertura judicial, Chubut estaría peleando la punta. Allí desapareció Iván Torres, mataron a Julián Antillanca, y fueron fusilados los hermanos Aballay, quienes habían denunciado a la policía por el crimen de Antillanca. También murió Wilson Bustos y desapareció Luciano González. Ahora la justicia determinó que César Adrián Monsalvez –un adolescente de 13 años sobrino de un testigo que fue asesinado en el caso de Maximiliano “Pochi” Almonacid, otro joven torturado por la policía de Trelew—fue víctima de desaparición forzada.

Así lo decidió la Cámara de Casación, en un fallo que revocó una sentencia de la Cámara chubutense y removió al juez y al fiscal que intervinieron en el expediente. Los jueces de la sala IV de ese tribunal consideraron que en la desaparición de Monsalvez “no puede omitirse el marco referido a la realidad sobre violencia institucional en su oportunidad observada en la provincia de Chubut, y que fue considerado de modo contundente por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia dictada el 26 de agosto de 2011 en el caso ‘Torres Millacura y otros vs. Argentina’, en el que se hizo referencia concreta a que la desaparición forzada de personas como una práctica de la dictadura que se repite aun en democracia”.

César estaba en la secundaria. Era vago para el ejercicio físico, jamás hubiera ido caminando a la casa de su tía. El lunes 27 de mayo de 2013 salió a eso de las 10 de la mañana para visitarla y tendría que haber tomado un colectivo hacia el barrio Inta, en Trelew. Nunca llegó a su destino, tampoco volvió a su casa.

Su tío, Bruno Rodríguez Monsalvez, era el único testigo en la causa por detención ilegal, torturas y abuso sexual de “Pochi” Almonacid, de 16 años, ocurrido en enero de 2012 en una de las celdas de la comisaría 2da.de Trelew. Se suponía que Bruno estaba “protegido” pero el 26 de enero de 2012 fue asesinado a puñaladas en la calle.

César vivía con su mamá y con su abuela Marta, la mamá de Bruno, en una casa que está a dos cuadras de la comisaría 3ra. Luego del asesinato de su hijo, un móvil policial la siguió y desde adentro le gritaron que retirara la “cámara Gesell”, prueba donde Bruno había incriminado a los policías que agredieron a Almonacid. Fue la primera de una serie de intimidaciones, pero la familia Monsalvez no consiguió protección, ni siquiera el inicio de una causa que conectara ambos hechos. El fiscal Fabián Moyano y la jueza Ana Servent siguieron investigando una averiguación de paradero y rechazaron el habeas corpus. “Perdí a mi hijo, amenazaron y hostigaron a mi familia, y finalmente desaparecieron a mi hijastro”, había dicho Marta Monsalvez desesperada.

Uno de los argumentos de la justicia para desestimar la denuncia por la desaparición de César fue haberles dado “un” cuerpo. El 9 de julio de 2013 el fiscal le entregó a su madre, Cintia Monsalvez, el supuesto cuerpo de César, en un cajón cerrado y con un certificado de defunción que sólo decía NN. “Unos 100 policías en fila india habían rastrillado sin éxito el parque de la Memoria en Trelew, pero de pronto un chico que caminaba por ahí lo encontró”, dijo a Infojus Noticias la abogada Verónica Heredia, la misma letrada que interviene en el caso Torres, y recuerda que esa fue la única explicación que le dieron a la mamá de César. La causa de la muerte no fue establecida, no hubo autopsia y desconfían del resultado de ADN porque fue realizado sobre lo que quedaba en el cajón: sólo estaba la parte inferior de un cadáver, un par de piernas intactas. El fiscal y las autoridades habían declarado que el cuerpo “no presentaba signos de violencia”.

Para el fiscal, la ropa del cadáver era parecida a la que llevaba César, y el hallazgo de un carnet de transporte con su nombre fue suficiente, no encontró ningún indicio de que se tratara de una desaparición forzada. Casación opinó lo contrario. “En el supuesto caso de que el ADN fehaciente diera que es César no cambia la calificación legal, sería desaparición forzada seguida de muerte porque entre mayo y julio estuvo desaparecido”, apuntó Heredia. Algo muy similar escribieron los camaristas.

“Difamaron a un niño para ocultar su desaparición”

El fallo que lleva la firma de los jueces de Casación Gustavo Hornos, Juan Carlos Gemignani y Mariano Borinsky determinó que los funcionarios judiciales que intervinieron omitieron cumplir con la ley sobre desaparición forzada de personas, que establece la jurisdicción federal para investigar estos casos y la separación de las fuerzas de seguridad que pudieran estar implicadas, algo que Monsalvez y su abogada habían pedido durante meses, sin ser escuchadas.

Los camaristas repudiaron que los policías que supuestamente buscaban a César hayan recorrido casa por casa sembrando entre los vecinos la versión de que “andaba en la droga” y por eso seguramente iba a aparecer “suicidado” en algún basural. “Se pretendió difamar a un niño para ocultar su desaparición forzada”, destacaron.

Tampoco la sacaron barata los jueces de la Cámara de Apelaciones de Chubut, quienes habían desechado la calificación de desaparición “en base a información proporcionada por teléfono por parte de la ‘policía ordinaria’”. Por lo tanto, en Casación concluyeron que “se desoyeron todos los estándares en materia de investigación y sanción de hechos que configuren actos de desaparición forzada”. La sala IV de esa Cámara ordenó que se investigue si César Adrián Monsalvez fue víctima de tal delito, y que se aparte del caso al juez federal Hugo Sastre y al fiscal Fernando Gelvez. “No obsta a dicha calificación que se haya encontrado el cuerpo sin vida presuntamente del niño, dado que no se realizaron las diligencias pertinentes con la participación de la recurrente (la madre de César) para identificarlo en forma fehaciente, y dado que tampoco las autoridades dieron explicación alguna de cómo, cuándo, porqué y dónde, en su caso, perdió la vida el niño, por lo que pidió, asimismo, que se ordene la exhumación del cadáver para que se proceda a realizar los peritajes pertinentes a determinarlo”, ordenaron los jueces Hornos, Gemignani y Borinsky. En su fundamentación, Borinsky recordó también el fallo de la Corte IDH que condenó a Argentina por la muerte de Walter Bulacio, en el sentido de que este tribunal internacional marcó la importancia de que no se produzca la impunidad en estos casos porque ésta genera “la repetición crónica de las violaciones a los derechos humanos”.

La abogada Heredia se lamentó de que el fallo de Casación “no ha producido ningún tipo de impacto en la provincia, y tal es la impunidad que la semana pasada designaron Defensor del Pueblo a un comisario de la policía”. Cuando desapareció César un alto funcionario provincial del área de Seguridad había declarado que el hecho podría tener que ver con las condiciones de vulnerabilidad en que vivían los Monsalvez. Probablemente no se refería a ese estado en que están los jóvenes de origen humilde que sufren permanentemente de abusos por parte de la policía local, como concluyó la Corte IDH en el caso Torres, algo que ya en 2006 había dicho la propia secretaría de Derechos Humanos de la Nación. En la sentencia de la CIDH en el caso Torres la antropóloga Sofía Tiscornia había determinado que los jóvenes de barrios pobres se reúnen en las zonas céntricas de la ciudad, y es ahí donde entonces aparecen estas políticas territoriales de […] seguridad. La policía los detiene por varias razones, en algunos casos por demanda de los vecinos o […] de las personas que no quieren ver pobres cerca de su vista, en otros casos porque son reclutados para la comisión de delitos por la propia policía […]. Los jóvenes que se rebelan […] en general son torturados, apremiados y muchas veces muertos. Y por otra parte porque la policía también tiene que demostrar ante la superioridad que trabaja, y una de las formas de medir en muchos casos el trabajo de una comisaría es la cantidad de detenidos por averiguación de identidad. La misma policía ha dicho en sus investigaciones que tienen que salir a ‘hacer la estadística’, es decir, detener personas para poder llenar el número de detenidos mensual que la superioridad requiere. Por eso, se trata de un problema que va más allá de la voluntad o la mala intencionalidad de un grupo de policías, y que está en la propia estructura policial”.

Las muertes en dominó de quienes se animan a denunciar a la policía de esta provincia ya no son novedad: en la investigación por la desaparición de Iván Torres perdieron la vida siete personas. ¿El caso Almonacid sumará al caso Monsalvez, e irán así por el mismo sendero?