Desaparecer en democracia durante el mes de JUNIO

1 julio, 2022 by Adriana Meyer

VAMOS A USAR EL CALENDARIO COMO HERRAMIENTA DE MEMORIA, PARA ARMAR ESTE RECORDATORIO DE LOS DESAPARECIDOS Y LAS DESAPARECIDAS DESDE 1983 HASTA LA ACTUALIDAD. ES UNA OBRA COLECTIVA QUE SEGURAMENTE IRÁ CRECIENDO CON APORTES DE LECTORES Y LECTORAS. Habíamos comenzado con MAYO, vamos ahora con junio. A LO LARGO DE LAS ÚLTIMAS CUATRO DÉCADAS, DESAPARECIERON Sergio Ávalos, Carlos painevil, ATAHUALPA martinez vinaya, rubén calero, octavio romero, luis chiarelli, miguel fernández, oscar vouillez, jaime rocha, pablo benitez, josé luis silva, martín basualdo, héctor gómez, Antonio tricanao, Marcelo pérez, nelson chavero, carlos saldaña y pedro brandan. en cinco de estos casos nunca apareció el cuerpo.

Martín Basualdo y Héctor Gómez, Paraná, Entre Ríos
El 16 de junio de 1994 Basualdo y Gómez salieron juntos, eran amigos, hacia las
oficinas centrales del Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (IOSPER) a buscar leche en polvo para el bebé de uno de ellos. Nunca regresaron. Varios testigos afirmaron haberlos visto cuando eran subidos a un patrullero. A mediados de ese año en Paraná se desarrollaba buena parte de la Convención Nacional Constituyente. Apenas supo que a su hijo lo había levantado la policía, Isabel Basualdo no pudo contener las lágrimas. Es que ambos jóvenes habían cruzado fuertes palabras con policías y ya estaban señalados. Se habían criado en el barrio La Floresta, cerca del club Sportivo Urquiza donde Martín jugaba en las inferiores mientras terminaba la escuela. En busca de trabajo, Martín estuvo en Buenos Aires y en esos días llamaba con frecuencia a Isabel. (…)

Marcelo “Totín” Pérez, Paraná, Entre Ríos
Desapareció el 11 de marzo de 1994 y su cuerpo fue encontrado el 1° de junio de 1995 con un disparo en la cabeza que había ingresado por su boca. La última vez que se lo vio con vida fue ese domingo 11 entrando a la comisaría 5ª, la misma de la desaparición de Gómez y Basualdo, con larga historia de torturas. “Fue un verdadero centro legal de torturas y apremios”, dijo el abogado y miembro de la Liga Argentina de Defensa de los Derechos Humanos José Iparraguirre. En esa dependencia en 2002
habría otra desaparición. (…)

Nelson Chavero y Carlos Saldaña, Mendoza
El 21 de junio de 1991 Nelson Chavero, de 21 años, fue a buscar a su amigo Carlos Saldaña, de 20, para ir a un bar céntrico a ver por televisión un partido de fútbol entre las selecciones de Chile y Argentina. Se hicieron las once de la noche, Chavero acompañó a su novia hasta su casa, a una cuadra de la suya, y no volvieron a tener noticias de él, como tampoco de Saldaña. Pasaron treinta días sin novedades de los desaparecidos hasta que sus restos fueron encontrados en El Alpero, un paraje del desierto colindante con la provincia de San Juan, a unos 90 kilómetros de esta capital. Los cuerpos estaban carbonizados.(…)

José Luis Silva, Magdalena, Buenos Aires
El 26 de junio de 1994 este hombre de 34 años fue detenido frente atestigos por personal de la comisaría de Magdalena-La Plata, y apareció muerto en un pasaje cercano.

Pedro Brandan, Santiago del Estero
Desapareció el 6 de junio de 1992. Fue secuestrado en su propio camión, del que lo único que apareció fue el acoplado. La causa fue tramitada por el juzgado del crimen de la ciudad de La Banda, pero el expediente desapareció en junio de 1997 a manos de la policía. La acusación estaba dirigida contra el instructor de la policía de Santiago del Estero, Pedro Villareal.

Jaime Gustavo Rocha, Ciudad de Buenos Aires
Se habían hecho las diez de la noche en Liniers, Jaime Gustavo Rochasalía de un local al que le vendía sus manufacturas. Tenía 31 años, era hijo de bolivianos y su oficio era joyero. Era el 16 de junio de 2001. Nunca llegó a su casa en Ciudad Evita. (…)

Pablo D. Benítez, La Matanza, Buenos Aires
Tenía 24 años y desapareció el 23 de junio de 2001 mientras volvía dela cancha. El caso es idéntico al de Cáceres Chamorro e incluso al de Luciano Arruga: encontraron su cuerpo supuestamente atropellado por un vehículo, y lo enterraron como N.N.

Sergio Ávalos, Neuquén
Sergio tenía 18 años, era alumno de primer año en la Facultad de Economía de la Universidad Nacional del Comahue (UNC) y había llegado en 2003 desde ese pueblito del interior de la provincia, para estudiar la carrera de contador público nacional. Su padre era empleado del correo del pueblo, su familia tenía un pasar humilde, así que la UNC le concedió un lugar en un albergue estudiantil. La noche del 14 de junio de ese mismo año Sergio y sus compañeros habían tomado unas cervezas en la pensión y cerca de las 3 de la madrugada decidieron ir a El Fuerte-Las Palmas, la bailanta más famosa de la ciudad de Neuquén. Eran cinco jóvenes, él y otros tres del mismo pueblo. “Los amigos lo vieron por última vez alrededor de las seis de la mañana, nadie lo vio salir del boliche, habían quedado en encontrarse para ir a Picún Leufú por el Día del Padre, pero no apareció”, dice uno de los abogados de la familia, Sergio Heredia. Su hermana Mercedes Ávalos tenía la esperanza de encontrarlo. No era un muchacho de la noche y no acostumbraba ir a bailar. (…)

Oscar Vouillez, Río Grande, Tierra del Fuego
El domingo 20 de junio de 2004 hacía demasiado frío en Río Grande, cuando Oscar Vouillez salió hacia la casa de su hermano para saludarlo por el Día del Padre. “Oscar desapareció ese día, pasaron 24 horas y fuimos a hacer la denuncia muy preocupados, lo buscamos por todas partes, preguntamos a los vecinos, a sus amigos, y nadie tenía noticias de él. Fuimos hasta la frontera a ver si había salido de la isla, pero no sabían
que se estaba buscando a alguien, porque la policía no había avisado” (…)

Octavio Romero, Ciudad de Buenos Aires
Era suboficial de la Prefectura Naval Argentina, había nacido en Corrientes y tenía 33 años. Desapareció el 11 de junio de 2011 cuando salió de su departamento, en el centro porteño, hacia un encuentro con amigos en Parque Centenario. Iba camino a transformarse en el protagonista del primer casamiento igualitario en las filas de una fuerza de seguridad. Su pareja Gabriel Gerbach, se convirtió en querellante en una causa que por falta de resultados en la Justicia local ya llegó hasta la Comisión IDH. El cuerpo sin vida de Octavio fue hallado flotando en el río frente a la costa de Vicente López seis días después, desnudo, golpeado y con un alto grado de alcohol en sangre. Según la autopsia, sufrió golpes en la cabeza y fue arrojado al agua ya muerto. No tenía heridas defensivas. Su arma reglamentaria y su teléfono nunca aparecieron. (…)

Luis Estrada Chiarelli, La Rioja
Era un hombre de 48 años, de profesión arquitecto, que desapareció el 20 de junio de 2012. Días más tarde se encontró su cuerpo con un disparo en la cabeza, intentando simular un suicidio. Su hermana sostiene que la funcionaria provincial Teresa del Carmen Rojas le debía mucho dinero a Luis, por lo que contrató un policía para que lo asesinara.

Atahualpa Martínez Vinaya, Viedma, Chubut
Ata llegó a cumplir 19 años. Su familia es mapuche y aymara. Era de perfil bajo, pero de convicciones firmes. Cursaba 5º año en la escuela secundaria de Río Negro 18 y
anhelaba irse a Cuba a estudiar medicina. Pero antes quería garantizar a su hermana Ayelén y a su hijo de 3 años un pedazo de tierra para vivir. En 2008 –junto a otros jóvenes del barrio Mi Bandera y con la misma determinación con que cuidaba las ovejas cuando era pequeño bajo la atenta mirada de Nicolasa, su abuela mapuche–, ocupó unas tierras fiscales, hoy transformadas en el barrio 30 de Marzo. El 14 de junio de ese año Atahualpa estaba en casa de su madre, donde vivía junto a su hermana, su sobrina y su cuñado. Apareció su amigo, Juan Pablo Huayquillán, y salieron. Pasaron por el pub Miloca, se acomodaron en la barra, pidieron una pizza, la comieron juntos. En un momento, su amigo se fue al baño y cuando volvió Atahualpa no estaba. Cinco minutos, o menos. No intentó llamarlo al celular porque sabía que lo había dejado en la casa. Menos aún pensó en llamar a su madre o su hermana, no quería preocuparlas. Esperó un poco y se fue. Ya le contaría Ata qué pasó cuando se vieran al otro día,
vivían en la misma cuadra. A Atahualpa lo desaparecieron durante seis horas. (…)

Carlos Painevil, Allen, Neuquén
“El momento en que Carlos desaparece fue muy difícil para la familia, es algo que
uno no espera, no supimos qué hacer”, dice Claudia, hermana de Claudio Painevil, desaparecido el 2 de junio de 2012. “Mi hermano era taxista y bombero de la ciudad
de Allen, salió a hacer un viaje hacia Cipolletti y no se volvió a saber nada de él». (…)

Miguel Alejandro Fernández, Resistencia, Chaco
Integrante de la etnia qom, desapareció el 14 de junio de 2012 cuando era perseguido por la policía. Su cuerpo fue encontrado en una laguna del barrio. La comunidad, su familia y hasta algunos funcionarios han señalado groseras irregularidades en la investigación. Tenía 23 años.

Antonio Tricanao, Zapala, Neuquén
Desapareció el 21 de junio de 2020 y fue encontrado muerto el 5 de agosto en el puente Covunco, a 20 kilómetros de Zapala, en un lugar que ya había sido rastrillado y por donde transitan habitualmente pobladores rurales.

Desaparecer en democracia durante el mes de MAYO

31 mayo, 2022 by Adriana Meyer

Vamos a usar el calendario como herramienta de Memoria, para armar este Recordatorio de los desaparecidos y las desaparecidas desde 1983 hasta la actualidad. Es una obra colectiva que seguramente irá creciendo con aportes de lectores y lectoras. Comenzamos con MAYO. En el mes de mayo, a lo largo de las últimas cuatro décadas, desaparecieron César Monsalvez, Paulo Guardati, Luis Espinoza, Katherine Moscoso, Raúl «Boli» Saliwonczyh, Sandra Curimá, Matías Jaime, Dante Vázquez, Andrés Vázquez, Nicolás Escobar y Javier Morales Palma. En dos de estos casos el cuerpo nunca apareció.

César Adrián Monsalvez, Trelew, Chubut
Tenía 13 años cuando desapareció el 27 de mayo de 2013. Un mes después se encontró su cuerpo mutilado, pero fue identificado recién en 2019. César estaba en la secundaria. Era vago para el ejercicio físico, jamás hubiera ido caminando a la casa de su tía. El lunes 27 salió a eso de las diez de la mañana para visitarla y tendría que haber tomado un colectivo hacia el barrio Inta, en Trelew. Nunca llegó a su destino, tampoco volvió a su casa. Su tío, Bruno Rodríguez Monsalvez, era el único testigo en la causa por la detención ilegal, torturas y abuso sexual de “Pochi” Almonacid, de 16 años, ocurrido en enero de 2012 en una de las celdas de la comisaría 2ª de Trelew. Se suponía que Bruno estaba “protegido”, pero el 26 de enero de 2012 fue asesinado a puñaladas en la calle. César vivía con su mamá y con su abuela Marta, la mamá de Bruno, en una casa que está a dos cuadras de la comisaría 3ª. Luego del asesinato de su hijo, un móvil policial la siguió y desde adentro le gritaron que retirara la “cámara Gesell”, prueba en la que Bruno había incriminado a los policías que agredieron a Almonacid. Fue la primera de una serie de intimidaciones, pero la familia Monsalvez no consiguió protección, ni siquiera el inicio de una causa que conectara ambos hechos.

El fiscal Fabián Moyano y la jueza Ana Servent rechazaron el hábeas corpus. “Perdí a mi hijo, amenazaron y hostigaron a mi familia, y finalmente desaparecieron a mi hijastro”, había dicho Marta Monsalvez desesperada. Uno de los argumentos de la justicia para desestimar la denuncia por la desaparición de César fue haberles dado “un” cuerpo. El 9 de julio de 2013 el fiscal le entregó a su madre, Cintia Monsalvez, el supuesto cuerpo de César, en un cajón cerrado y con un certificado de defunción que solo decía N.N. “Unos 100 policías habían rastrillado sin éxito el Parque de la Memoria en Trelew, pero de pronto un chico que caminaba por ahí lo encontró”, dijo la abogada Verónica Heredia. Fue la única explicación que le dieron a la mamá de César. La causa de la muerte no fue establecida, y no hubo autopsia. La toma de ADN se hizo sobre lo que había en el cajón: solo estaba la parte inferior de un cadáver, un par de piernas intactas. En 2014 la Cámara de Casación ordenó investigar su desaparición forzada, removió al juez Hugo Sastre y al fiscal Fernando Gelvez, y dijo que esto sucedió en el marco de “violencia institucional que es una realidad en Chubut”, tal como había expresado la Corte IDH en la sentencia en la que condenó al país por la desaparición de Iván Torres. El fallo que llevó la firma de los jueces de Casación Gustavo Hornos, Juan Carlos Gemignani y Mariano Borinsky determinó que los funcionarios judiciales que intervinieron omitieron cumplir con la ley sobre desaparición forzada de personas, que establece la jurisdicción federal para investigar estos casos y la separación de las fuerzas de seguridad que pudieran estar implicadas, algo que Monsalvez y su abogada habían pedido durante meses. Los camaristas repudiaron que los policías que supuestamente buscaban a César hayan recorrido casa por casa sembrando entre los vecinos la versión de que “andaba en la droga” y por eso seguramente iba a aparecer “suicidado” en algún basural.

Paulo Cristian Guardati, Godoy Cruz, Mendoza
“No me voy a morir hasta encontrar a mi hijo”. Son las palabras que repite desde hace
29 años Hilda Lavizzari, madre de Paulo Cristian Guardati. El joven de 21 años fue visto por última vez cuando caminaba esposado y custodiado por un policía de civil por un boulevard del barrio La Estanzuela, del departamento Godoy Cruz, en la provincia de Mendoza. Hasta hoy no se sabe dónde está su cuerpo. Decenas de jueces tuvieron en sus manos esta causa, varias fojas del extensísimo expediente se perdieron con cada cambio de magistrado, y no hay ningún imputado ni condenado por esta desaparición forzada. El principal sospechoso y tres cómplices, todos policías, que estuvieron implicados y acusados desde el primer momento de la investigación, fueron sobreseídos. “Ni siquiera tengo una lápida donde llevar una flor”, dice la madre de Guardati, quien, a sus 77 años, ya con su pelo completamente blanco y con una difícil enfermedad que padece hace tiempo, jamás dejó de buscar a su hijo. Siempre recuerda las últimas palabras que escuchó de la boca de su hijo: “Vieja, voy al baile. No me esperes levantada”.

Guardati trabajaba de albañil. Había ido a un baile en la escuela Atilio Anastasi, en La Estanzuela, la noche del 23 de mayo de 1992 junto a sus amigos César Altamiranda, Ricardo Andrade, Roberto Ramírez y Cristian Reinoso. Cuando regresaban a sus casas, entre las 4.30 y las 5 de la madrugada del domingo 24 de mayo, tuvieron un problema con un policía de civil que caminaba por la vereda de enfrente. Según la declaración de Andrade y Ramírez, Guardati le habría lanzado una piedra al hombre que parecía seguirlos, y esto provocó que el policía disparara hacia el aire y corriera detrás de ellos. Los jóvenes escaparon hacia diferentes direcciones para no ser alcanzados, pero el policía eligió ir detrás de Guardati. Su amigo Andrade vio cuando el hombre lo alcanzó y lo tiró al suelo. Ramírez relató en su declaración el momento en que le puso las esposas. Los vecinos se asomaron a ver qué pasaba, luego algunos dirían que escucharon un disparo, otros que las detonaciones fueron ocho, pero sus relatos coincidieron en que un hombre joven, alto, de pelo corto –con un arma de fuego en una de sus manos “como la reglamentaria que usa la Policía”, vestido de civil con un jogging azul oscuro–, llevaba por el medio del boulevard de la calle 38 hacia el sur a Guardati, quien iba esposado. Por el camino en el que iban se dirigían al Destacamento de La Estanzuela. Su amigo Ramírez siguió a Guardati y a su captor hasta que llegaron hasta la vereda de esa dependencia policial, y se fue. Los amigos de Guardati creyeron que pasaría la noche detenido, especialmente por lanzarle un piedrazo a un efectivo, y que al día siguiente saldría en libertad, pero eso no ocurrió. La madre de Guardati esperó algunas horas y al no tener noticias de su hijo, y no saber dónde había sido llevado, el 25 de mayo hizo la denuncia en la comisaría 7ª de Godoy Cruz. Nada sería regular, los policías comenzaron la investigación sin informar a un juez de Instrucción, tal como lo establece el código de procedimientos penales de Mendoza. En febrero de 1993, la jueza Estela Garritano de Cejas procesó e imputó a los policías Walter Godoy, Oscar Luffi, Walter Páez y José Aracena por privación ilegítima de la libertad y por homicidio calificado. La magistrada llegó a la conclusión de que Paulo fue capturado por Godoy debido al testimonio de los amigos del joven y de los vecinos. Los otros tres efectivos, que estaban de guardia esa noche, fueron partícipes necesarios de la desaparición. Además, una veintena de personas fueron imputadas por falso testimonio y encubrimiento. Sin embargo, en abril de 1993, la Quinta Cámara del Crimen dictaminó en forma dividida la falta de mérito a favor de los cuatro policías acusados de privación ilegítima de la libertad y homicidio calificado, por lo que recuperaron la libertad. Finalmente, la Corte IDH consideró que los cuatro policías tuvieron responsabilidad en el hecho.

La desaparición de Guardati ocurrió cuando Mendoza era gobernada por el peronista Rodolfo Gabrielli. Su ministro de Gobierno era Alfredo Porras, quien en aquel momento se hacía cargo del accionar policial y penitenciario. Pero en 1998, en el gobierno de Arturo Lafalla, Mendoza tomó una decisión sin antecedentes: la provincia reconoció su responsabilidad y culpa en la desaparición forzada de Paulo Cristian Guardati, e intentó resarcir económicamente a su madre con una indemnización de 136 000 pesos. Sus abogados habían acudido a la Corte IDH y cuando esa instancia estaba por condenar a Argentina por violar el derecho de vida y libertad de Guardati, la Cancillería pactó una “solución amistosa”. De tal acuerdo surgieron dos comisiones, una de ellas encargada de fallar y obligar al Estado provincial a pagarle a Lavizzari una indemnización por la desaparición forzada de su hijo, lo que contó además con el aval de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza. La otra comisión se dedicó a investigar desde cero lo ocurrido con Guardati, y concluyeron que la decisión de la Cámara del Crimen fue equivocada al sobreseer a los cuatro policías. Los investigadores encontraron culpables a los cuatro acusados, pero ya no podían ser juzgados nuevamente por el mismo delito, por lo que pidieron que fueran expulsados de la fuerza policial. También denunciaron una extensa red de complicidades, pero no se identificó a nadie de la cadena de encubrimientos.

En agosto del 2020, en plena pandemia de coronavirus, un ex policía que está preso pidió hablar con la fiscal de Homicidios Claudia Ríos, a cargo del caso. En su declaración insistió con el abuso policial ocurrido hace 28 años y aseguró que el autor fue un efectivo que en ese momento integraba la Brigada Nocturna de Investigaciones. Sostuvo que el joven nunca entró al destacamento de La Estanzuela, sino que fue subido a una camioneta que usaba la Brigada y se lo llevaron. También dijo que el policía al que se refería había estado procesado en el inicio de la investigación, pero terminó sobreseído. Los abogados de Hilda prefirieron ser cautos porque no era la primera vez que un ex miembro de la fuerza brindaba datos incorrectos sobre el hecho. La fiscal pidió al Ministerio de Seguridad que subiera el monto de la recompensa a 300.000 pesos, algo que se repite en este tipo de casos, a pesar de las recomendaciones de los expertos en su contra. El ofrecimiento de dinero suele ser la vía de ingreso de casi todas las pistas que desvían las investigaciones lo más lejos posible del lugar donde habrían cometido el crimen los agentes que usan uniformes pagados por el Estado.

Luis Armando Espinoza, Simoca, Tucumán
El viernes 15 de mayo de 2020 los hermanos Luis Armando y Juan Antonio Espinoza salieron a caballo a visitar a un familiar, y se cruzaron con un operativo policial con el presunto objetivo de dispersar a los tiros una carrera cuadrera clandestina. Sin una orden judicial, el comisario de la localidad tucumana de Monteagudo, Rubén Montenegro, había convocado a nueve policías que fueron al procedimiento vestidos de civil y en autos particulares. Al llegar los policías comenzaron a disparar. “Juan se cayó del caballo. Vinieron los policías y comenzaron a golpearlo. Luis, que observó la escena, fue en su ayuda. También le pegaron. Juan escuchó unos tiros y después vio cómo se lo llevaban a un monte, y no supo nada más de él. Juan les preguntó qué había sido de Luis, y le dijeron que se había escondido entre la vegetación”, contó Lorena Espinoza, hermana de ambos. Luis y Juan no habían participado de la carrera, pero se toparon con los agentes en el camino. Venían persiguiendo a los de la carrera de caballos, y agarraron a Juan Antonio. Lo golpearon, tenía heridas en la cabeza, el pecho y los brazos. Estuvo esposado y detenido cerca de una hora, mientras la policía cercaba la zona e impedía el paso. En eso escuchó la voz de su hermano Luis que se acercó a los policías y les gritó que dejaran de pegarle. Juan Antonio alcanzó a verlo cuando la policía se le fue encima. Escuchó un tiro, le dieron un golpe y se desmayó.
Cuando lugareños y familiares se acercaron a asistirlo, les dijo que
alcanzó a ver que agarraban a Luis.

Los familiares de Luis fueron a preguntar si estaba detenido, les dijeron que no. Tampoco estaba herido en ningún hospital. Nadie sabía nada de él. Se pasaron la noche buscándolo. El domingo un grupo de familiares y vecinos de Espinoza realizaron un corte de ruta en la zona de Monteagudo, acusando directamente a la policía. “La policía lo llevó y lo tiró en otro lado”, gritaba su madre Gladys Herrera durante uno de los operativos, con helicópteros, drones y 200 policías de la Brigada de Investigaciones. Los policías de la comisaría de Monteagudo tardaron un día en comunicar lo sucedido a la fiscalía. La versión policial sostenía que acudieron porque se estaba violando la cuarentena, que los disparos habían sido al aire para disuadir y que Luis se había escapado monte adentro, deslizando incluso la posibilidad de que se escapaba porque había robado la recaudación de la carrera clandestina. Luis tenía dinero encima, pero porque había pasado a cobrar un trabajo cuyo pago le debían. Espinoza era un trabajador rural de 31 años, oriundo de Melcho, casado, con seis hijos. Pasaron cinco días y durante el peritaje de la camioneta policial aparecieron manchas de sangre. A esa altura, el ministro de Seguridad de la provincia, Claudio Maley, dispuso el pase a disponibilidad de nueve policías de la comisaría de Monteagudo, y esa noche fueron detenidos junto a un vigía comunal, luego de una serie de allanamientos donde se secuestraron autos, celulares y ropa, imputados del delito de desaparición forzada de persona por pedido de la fiscal Mónica García de Targa. Para evitar sorpresas, el Ministerio de Seguridad de la Nación seguía de cerca cada movimiento, y aportó cooperación técnica para la búsqueda. Numerosas personalidades y organizaciones de derechos humanos, sociales y políticas desplegaron el reclamo de aparición con vida de Luis Armando Espinoza por las calles y en las redes sociales. La investigación verificó que el cuerpo de Luis Espinoza fue trasladado hasta la comisaría de Monteagudo y desde allí partieron hacia Andalgalá.
Luego de una semana, la fiscalía y la policía judicial tucumana encontraron el cuerpo sin vida de Espinoza. Fue en alta montaña, en medio de precipicios empinados y vegetación tupida, en territorio de Catamarca. Bomberos voluntarios tuvieron que colgarse con arneses, entre una densa niebla, hasta que, en una de las barrancas, a 150 metros de profundidad, hallaron el cadáver envuelto en nylon negro, con una bolsa blanca en la cabeza. El cuerpo fue reconocido por su hermano Juan Antonio.

Dos de los imputados habían quebrado el pacto de silencio entre los policías. Los oficiales René Ardiles y José María Paz declararon lo que sabían y admitieron una participación menor en el encubrimiento. El cuerpo de Luis había sido llevado entre cuatro policías en el auto particular del subcomisario Rubén Montenegro y arrojado al vacío en las barrancas de la zona de Alpachiri. Poco antes de cumplirse un año de la desaparición y asesinato de Espinoza, el fiscal de homicidios del Centro Judicial de San Miguel de Tucumán, Carlos Sale, requirió la elevación a juicio de la causa con la imputación del delito de privación ilegítima de la libertad seguida de homicidio agravado por el uso de arma de fuego. A los nueve policías de la comisaría de Monteagudo –Rubén Montenegro, José Morales, Miriam González, René Ardiles, Víctor Salinas, Carlos Romano, José María Paz, Gerardo González Rojas y Claudio Zelaya– se suma el agravante de los incumplimientos de deberes de funcionario público. Además, también se imputa los delitos de privación ilegítima de la libertad y lesiones en perjuicio de Juan Espinoza, hermano de Luis. Los civiles involucrados son Héctor Villavicencio, quien oficiaba como vigía, y Álvaro González, quien ya recuperó su libertad. De acuerdo a la investigación, en ese operativo ilegal el oficial Morales disparó su arma reglamentaria modelo “Jericho” contra Luis Espinoza, fue un disparo por la espalda, a una distancia de 10 metros. Sin saber si Espinoza continuaba con vida, no prestó asistencia médica y comenzó el operativo de encubrimiento. A punto de llegar a juicio oral fue planteada la competencia del fuero federal.

El juez de la causa, Mario Velázquez, admitió que se trató de un hecho similar a lo que sucedía durante la dictadura. “Acá se privó a una persona de la libertad, se la hizo desaparecer y, habiéndola matado, se la tiró. Tiene todos los condimentos de la época más atroz de nuestra historia en manos del terrorismo de Estado”. El gobernador Juan Manzur había sido por esos días anfitrión del presidente Alberto Fernández, pero ninguno hizo mención pública alguna a la desaparición y muerte de Espinoza.

Katherine Moscoso, Monte Hermoso, Buenos Aires
Kathy Moscoso tenía 17 años y un leve retraso madurativo. Vivía desde muy pequeña con su abuela Marta Mesa y su tío Ezequiel Moscoso. Estudiaba en la Escuela Especial 501 de Monte Hermoso, se pasaba horas en la hamaca con sus auriculares y adoraba bailar. El domingo 17 de mayo de 2015 fue vista por última vez en el boliche Arenas, adonde había ido con sus amigas. Ese fin de semana Ezequiel –40 años, de oficio albañil– se había ido a Bahía Blanca. “Nunca volvió a casa, estuvo una semana desaparecida, la buscamos días enteros con los vecinos peinando todo el pueblo, hasta que aparece su teléfono cerca de nuestra casa y de uno de los sospechosos”, apunta. En esas horas desesperadas tuvieron que escuchar al fiscal Sebastián Foglia diciendo a radio La Brújula de Bahía Blanca que “la nocturnidad no tuvo nada que ver”, que “Katherine se había comunicado por Facebook, que estaba en Neuquén con su novio, y no quería volver más”. Puras patrañas. Su cuerpo sin vida apareció a las 22 del mismo día que el fiscal hizo esas declaraciones, en un lugar que ya había sido rastrillado, semienterrado en un médano cerca de su casa. La autopsia determinó que murió de asfixia, fue golpeada y sepultada cuando aún respiraba.

La familia Moscoso tiene su teoría sobre lo que pasó esa noche. “La llevaron engañada a una fiesta sexual, se resistió y por eso la mataron y la hicieron desaparecer. En la causa está acreditado que los patovicas del boliche organizaban fiestas sexuales junto con políticos en un lugar costero a 10 kilómetros de Monte Hermoso por la playa”, dice el tío de la adolescente. Katherine habría sido asesinada por personas vinculadas al poder político de la ciudad que tuvieron la posibilidad de encubrir el crimen, direccionar la investigación por medio de policías en los primeros tres días, y encubrir a los culpables los días posteriores a través de la Brigada de Investigaciones (DDI). La olla que destapó el femicidio de Katherine salpica a más de veinte personas, ex instructores judiciales, comisarios, policías, bomberos, ex funcionarios y empleados municipales, denunciados por presunto de abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento agravado; sin perjuicio de formar parte todos ellos de una asociación ilícita para ocultar pruebas, desviar la investigación, encubrir y proteger a los culpables, presionar y amenazar testigos y policías.

Matías Jaime, Villa Adelina, Buenos Aires
Era un estudiante de medicina de 18 años que desapareció el 5 de mayo de 2006.
Vivía en Carapachay y su cuerpo sin vida fue localizado a pocos metros de la comisaría de Villa Adelina, alrededor de las seis de la mañana. Estaba boca arriba con un fuerte impacto en la zona de la nuca “con pérdida de masa encefálica, en el medio de las dos vías del Ferrocarril Belgrano justo en el paso a nivel de la calle Soldado de Malvinas”, se lee en el parte policial. Estuvieron sospechados los jefes de la distrital conurbano norte y comisaría de Villa Adelina, capitán Adrián Daddona, oficial Ricardo Leyes y otros policías. Es otro de los casos por los que el Ministerio de Seguridad bonaerense ofrece recompensa a quien aporte datos para su esclarecimiento.

Dante Alejandro Vázquez, Corrientes
Dante tenía 25 años, cuando desapareció el 8 de mayo de 2009, mientras se encontraba bajo la custodia del Servicio Penitenciario de esa provincia, en la Unidad Penal 4 de Granja Yatay. Fue torturado y su cuerpo fue arrojado al pie de una barraca costera del río Paraná. Le faltaban muy pocos días para quedar en libertad.

Andrés Vázquez, Granja Yatay, Corrientes
El 15 de mayo de 2009 desapareció Andrés Vázquez, de 26 años. Las sospechas recaen sobre el Servicio Penitenciario de la provincia de Corrientes. Fue encontrado muerto junto a un arroyo en el interior de la Unidad Penal 4 de Granja Yatay, una cárcel de mínima seguridad donde estaba detenido, después de desaparecer del pabellón. Murió estrangulado.

Raúl “Boli” Saliwonczyh, Vicente López, Buenos Aires
Tenía 17 años el 10 de mayo de 2002 cuando fue visto al ser detenido por una camioneta de la comisaría 3a de Munro, partido de Vicente López, en el puente de Villate, y desde entonces continúa desaparecido. Hay testigos de que estuvo en la comisaría, donde fue golpeado. “En confianza” un policía contó a un vecino que “se les fue la mano”. Cinco meses después, sus padres –a quienes amenazaron diciéndoles que si no se olvidaban del asunto les iba a pasar lo mismo– se encadenaron a los Tribunales de San Isidro reclamando justicia. “Él iba caminando aquel día por la mañana cuando la policía de la comisaría de Munro lo detuvo para averiguar sus antecedentes, lo maltrató y se lo llevó. Hay muchos testigos de lo que sucedió, pero no quieren hablar porque tienen miedo”, dijo Mercedes Gutiérrez, la madre de Raúl. La policía negó haberlo detenido, dijo que le pidieron los documentos y lo dejaron ir.
Cuando se cumplieron cinco años de su desaparición hubo una movilización de Obelisco a Plaza de Mayo. Mercedes leyó en voz bien alta una carta. “¿Qué pasó con él? ¿Dónde está su cuerpo o donde lo tienen? Fue secuestrado y torturado en democracia. ¿Qué pasa con esta maldita justicia que es tan difícil de encontrar? ¿O hay que ser de clase alta? Los policías son delincuentes uniformados, que siguen la vieja escuela de ‘las botas’. Hemos sido manoseados, habiendo entregado ya seis petitorios, señor Presidente, lo consideramos una burla a nuestro dolor. El Estado tiene la obligación de devolverme a mi hijo con vida, o su cuerpo si está muerto. Aparición con vida de tantos desaparecidos en democracia que no salen a la luz”.

Nicolás Escobar, Tafí Viejo, Tucumán
Nicolás desapareció el 17 de mayo de 2015, hasta que su cuerpo fue encontrado en un zanjón donde los vecinos habían rastrillado antes. El joven de 14 años fue visto por última vez cuando un patrullero lo seguía.

Sandra Lorena Curimá, Perugorría, Corrientes
Sandra tenía 22 años, vivía en su casa situada en el establecimiento ganadero Santa Teresita, a unos 15 kilómetros de Perugorría, junto a su hijo de 2 años y sus padres Domingo Curimá y Rosa Báez. Salió el 27 de mayo de 2005 hacia el pueblo, estuvo dos días desaparecida hasta que su cuerpo sin vida fue hallado parcialmente sumergido en una alcantarilla. Familiares y vecinos organizaron una marcha de silencio por el pueblo, con antorchas y en reclamo por el esclarecimiento del femicidio, cerca de la parroquia hubo rezos por la muerte de Curimá y por la de Zunilda Giglio, quien había sido encontrada sin vida colgada de un puente dos años antes. Rosa y Domingo Curimá, con su abogado, habían sido recibidos en el juzgado y la fiscalía del caso. Luego de la tercera manifestación fue relevado el jefe de la comisaría local. La primera autopsia dejó un resultado que Sandra tuvo una “muerte dudosa”. Hubo especulaciones, algo no cerraba, de modo que el juez José Vega ordenó una segunda autopsia al cuerpo de la joven, a cargo de otros forenses. Ese estudio arrojó como resultado que la mujer habría muerto por asfixia o envenenamiento. Desde ese momento la carátula de la causa cambió de “muerte dudosa” a “supuesto homicidio”.

Javier Morales Palma, Lago Puelo, Chubut
Tenía 16 años y una discapacidad, está desaparecido desde el 29 de mayo de 2008.

Más pruebas contra la Policía Bonaerense y Federal en la causa por la desaparición y muerte de Facundo Castro

9 agosto, 2021 by Adriana Meyer

En los próximos días la causa por la desaparición y muerte de Facundo Astudillo Castro volverá a estar bajo los reflectores mediáticos con la llegada de Cristina Castro y sus abogados a Buenos Aires. Al mismo tiempo, el equipo de fiscales viajará a Bahía Blanca para concretar procedimientos pendientes. Mientras tanto en el expediente se siguen produciendo novedades. Algunas de fundamental importancia para reforzar las evidencias que ya había sobre la responsabilidad policial en la desaparición y muerte de Facundo Castro, detenido por la Bonaerense el 30 de abril de 2020 por violar el ASPO en la primera ola de la pandemia. Ciertos hallazgos salpican al secretario de Seguridad Sergio Berni

A saber:

Surgió información valiosa para los investigadores del análisis de lo poco que quedó en los teléfonos de los policías, que los cuatro implicados trataron de romper y borrar su contenido. Uno de los policías escribió que el fiscal provincial le dijo que con su actuación aquel día «salvó a toda la policía de Villarino». Cabe preguntarse, ¿la salvó de qué?
Aparecen los nombres de un abanico de personajes que reportan en forma directa al intendente de Villarino y al secretario de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, entre ellos el abogado Sebastián Martínez y Federico Montero, delegado de Berni en Bahía Blanca.
El peritaje realizado a los dos pedazos de piedra turmalina secuestrados –uno en un patrullero y el otro en la comisaría de Teniente Origone (el dije que llevaba Facundo al cuello al momento de su desaparición)– demostró que los trozos de mineral coinciden entre sí como parte de una única pieza.
Durante un reconocimiento en la zona del hallazgo de los restos del joven de Pedro Luro el testigo que los encontró dijo que ese día también estaba la zapatilla intacta de Facundo, pero que el fiscal Ulpiano Martínez y la Policía Federal no la secuestraron. La encontró Cristina al día siguiente.

«Salvar a la policía»

Hace algunas semanas la querella familiar y la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), querella institucional en calidad de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, realizaron un nuevo reconocimiento en el lugar donde fueron hallados los restos óseos de Facundo. El fiscal Horacio Azzolín y la fiscal federal de La Pampa Iara Silvestre –designada en la causa en reemplazo del fiscal federal Ulpiano Martínez quien se apartó del caso aduciendo «violencia moral»– estuvieron en el lugar y acompañaron el recorrido que realizaron los pescadores que encontraron el esqueleto incompleto y dieron aviso a las autoridades.

Durante ese procedimiento, uno de los pescadores dio precisiones sobre las características de esa zona de la ría, que visita asiduamente desde hace más de 20 años: “Podés caminar hasta la vera del agua sin enterrarte, sólo te vas a embarrar”, describió. Y agregó que “tendrías que ingresar más de diez metros a la ría para que el agua te llegue a la altura de la rodilla”. Sobre el lugar específico en donde se encontró el cuerpo, el pescador reconoció también que, cuando la marea sube, sólo queda cubierto por unos pocos centímetros de agua.

El testigo también recordó que, además de los restos óseos, habían encontrado a pocos metros una zapatilla y otras prendas de vestir. En ese momento, les señaló esos elementos al fiscal Ulpiano Martínez –a cargo de la instrucción– y el subcomisario de la Policía Federal José Pérez que dirigieron el operativo el día del hallazgo del cuerpo. Sin embargo, los funcionarios incumpliendo con sus obligaciones, no secuestraron esas pruebas. Recién al día siguiente, cuando ya estaba en el lugar el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), la mamá de Facundo, Cristina Castro, vio la zapatilla y se ordenó su secuestro para la causa. Más grave aún, uno de los testigos declaró que el día del hallazgo el esqueleto tenía los brazos pero al momento de levantarlo no estaban. Este pescador declaró que el 15 de agosto, día del hallazgo, un policía habló con Berni desde el lugar y le envió fotos. Este testimonio se encuentra grabado. Cristina Castro ya había dicho que ese día el secretario de Seguridad se comunicó con los allí presentes.

Con esta declaración esta semana será ampliada la denuncia que ya existe, a partir de una presentación de la CPM, en la Procuración General de Nación por mal desempeño en las funciones del fiscal Ulpiano Martínez, y se solicitará a las autoridades del Ministerio de Seguridad de Nación la investigación sobre la actuación del subcomisario Pérez, además de presentar una denuncia penal para que se investigue la conducta de ambos.

Dos turmalinas, un dije

Por otra parte, se incorporó a la causa el peritaje sobre los trozos de piedra de turmalina hallados en el puesto policial de Teniente Origone y en el baúl del móvil de la Policía Local de Bahía Blanca que según el registro de AVL, el 8 de mayo del año pasado estuvo varias horas en la zona del cangrejal donde semanas después se encontraron los restos óseos de Facundo. El informe pericial determinó que hay coincidencias entre los dos trozos analizados, que por otro lado fueron encontrados a partir del señalamiento de uno de los perros rastreadores que intervinieron. Cabe recordar que al momento de la desaparición, Facundo llevaba en su cuello un colgante con una piedra de turmalina como dije.

También se conocieron los primeros resultados de nuevos peritajes a los teléfonos celulares incautados a los agentes de la Policía de la Provincia de Buenos Aires Xiomara Flores, Jana Curruhinca, Alberto González y Mario Sosa; los cuatro efectivos que tuvieron contacto con Facundo el día que fue visto con vida por última vez. De la tarjeta de contactos de Sosa surge el nombre del policía Roberto Carlos Berríos, el mismo que hostigaba a Facundo y a sus compañeros en el Semillero Cultural con insultos y detenciones. Durante uno de los primeros operativos en búsqueda de su hijo, Cristina lo vio y en ese momento sintió la certeza de que lo habían matado. Además, Berríos es pareja de Paola Aguilera, que hace seis años revista en la Unidad Policial de Prevención Local de Bahía Blanca (UPPL), seccional a la que pertenece el patrullero Toyota Etios que a una semana de desaparecido se pasó de jurisdicción y anduvo por Villarino Viejo, muy cerca del cangrejal y donde los perros del perito Marcos Herrero encontraron el primer trozo de turmalina, como se dijo.

El informe realizado por la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) destaca el particular contacto entre González, el policía que estaba cargo del destacamento de Teniente Origone y detuvo a Facundo en la ruta el 30 de abril, y sus superiores. Resalta un comentario que hace el policía González sobre su declaración ante la Ayudantía Fiscal a cargo de García Dimas, donde tramitó en un principio la causa antes de pasar al fuero federal. “Me llamaron de Fiscalía y el Fiscal me dijo que con todos los datos que yo tenía, con la libreta, la foto y toda la historia, ‘usted con esto salvó a toda la policía de Villarino’. ‘Lo único que hubiera faltado’, me dijo, ‘era la patente del vehículo que sería la frutilla del postre, pero con esto ya está’”, escribió. El problema de las anotaciones de esa libreta, –pensada como coartada para poder decir ‘lo tuve al pibe, lo dejé ir, lo levantó fulanita de tal, acá lo tengo anotado’–, tienen un orden cronológico que no coincide con los hechos tal como el propio policía dice que sucedieron. ( Leer también González y sus versiones )

Como ocurrió en peritajes a teléfonos anteriores, hubo mucho material que no pudo recuperarse porque había sido eliminado por los policías, las aplicaciones desinstaladas o, incluso, dadas de baja las líneas telefónicas. Todavía restan los peritajes sobre los últimos teléfonos secuestrados en el allanamiento a la casa de Flores y Sosa. Otras medidas pendientes están en manos de Gendarmería: establecer por qué la ropa de Facundo estaba rota adentro de una mochila en perfectas condiciones, que apareció en el cangrejal un mes después que el cadáver. Y también identificar quién compró las líneas telefónicas que están a nombre de Facundo, mientras estaba desaparecido su cuerpo y activadas al día siguiente de que apareció. Alguien usó con esa finalidad el DNI de Facundo que nunca apareció.

“A pesar de los intentos por entorpecer la investigación, que las querellas venimos denunciando desde hace tiempo, tanto en la actuación del fiscal Ulpiano Martínez y la Jueza Marrón, aún se siguen produciendo pruebas valiosas, que no hacen más que ratificar la hiper intervención policial en torno a los hechos de esta causa, en la desaparición el 30 de abril y en las circunstancias en que se encontró el cuerpo de Facundo”, señalaron desde la CPM. En ese sentido, la Cámara de Casación debe aún resolver el pedido de recusación de la jueza Marrón realizado por los representantes del Ministerio Público Fiscal, a quienes la magistrada les rechaza absolutamente todas las medidas que piden, incluso en asuntos en los que la Cámara ya fijó posición. Esto produce una dilación que en algunos casos está generando el deterioro de determinadas pruebas. Los fiscales consideran que hay una «artera» intencionalidad de obstrucción a partir del explícito apoyo de Marrón a los uniformados. En sus informes plantean que «esas negativas están consolidando un cuadro de impunidad».

Mareas, libros y escuchas

Otras medidas de prueba realizadas con dudoso origen serán usadas para insistir en la teoría del «accidente», ya descartada por los investigadores pero que la jueza federal María Gabriela Marrón persiste en mantener viva, a exclusivo beneficio de los policías implicados. Se recordará el fuerte cruce del secretario de Seguridad bonaerense Sergio Berni en el programa Fuego amigo, cuando dijo que iba a llevar «un regalo» para convencer a una de los conductores de la inocencia de los uniformados a su mando. Si es que llega la prometida ofrenda, tendría la firma de un operador mediático.

Cuando un juez o jueza delegan la instrucción de una causa en manos de la fiscalía precisamente entrega a manos de fiscales la orientación de la investigación. Sin participación ni control de las partes –esto es, querellas y fiscalía– la jueza federal María Marrón dispuso de oficio la realización de un informe sobre la mareas al Instituto Argentino de Oceanografía (IADO) que, sin rigor científico y sin que sea esa su función, aventura hipótesis sobre un posible recorrido de Facundo para concluir que se trató de una muerte accidental mientras caminaba por la zona de cangrejal en Villarino Viejo. La fiscalía había solicitado un informe de mareas pero luego de cuatro meses lo que le entregaron excedía lo que había pedido, y fue calificado como tan «trucho» que directamente lo devolvió. Todo indica que la jueza quería ese documento si o si en el expediente, por lo cual ordenó de oficio hacer otro, una réplica que mencionaba la misma hipótesis, que resulto «incompleto y desprolijo», dado que se hizo en «tiempo record». Aunque los fiscales Silvestre, Azzolín y Heim pidieron la nulidad del mismo, Marrón lo incorporó igual a la causa.

Uno de los investigadores está convencido de que la aparición del informe del IADO, –que llegó a mencionar una profundidad de cuatro metros del mar sobre el cangrejal cuando todas las evidencias recogidas en la causa marcan que lo máximo que llega el agua es a la altura de las rodillas– coincide con la del libro del operador mediático de La Nueva (Provincia) y La Brújula, Germán Sasso. En el expediente que Sasso se jacta de conocer consta su participación directa en el devenir de los hechos que se investigan. De lo recuperado en los teléfonos, (hay uno de los policías que no borró todo), surge que el «periodista» mantuvo contacto con al menos dos de los sospechosos, antes y después de haber compartido un asado con la cúpula política y policial local, entre ellos el segundo de Sergio Berni en Bahía Blanca, Federico Montero. Casualmente, González habló con su colega Sosa y quedaron todos bajo el patrocinio letrado del abogado Sebastián Martínez, mano derecha del intendente de Villarino, Carlos Bevilaqua. Y fueron asistidos por un «psicólogo» de Bahía Blanca que estaría vinculado al secretario de Seguridad del gobierno de Axel Kiciloff. Los funcionarios de Villarino también están implicados por las irregularidades en los informes de tránsito y por otro hecho: el 1 de julio el presidente del Concejo Deliberante de Villarino fue escuchado en una conversación donde contaba que «Carlos» sabía del hallazgo de ropa de Facundo en la comisaría de Teniente Origone.

Sasso también aparece visitando en forma frecuente la casa del policía González e intercambiando mensajes amistosos en redes sociales con uno de los integrantes de la Cámara Federal de Bahía Blanca. Según la DATIP, hubo largas conversaciones de la policía Xiomara Flores, una de las sospechadas, con Sasso. Y aunque gran parte no pudieron recuperarse tras ser eliminadas por ella, sí se comprobó el contacto cotidiano, virtual y presencial, entre los policías y el «periodista». Tanto el intendente Bevilaqua como Sasso sostienen que la investigación no profundizó una supuesta pista narco como razón de la desaparición y muerte de Facundo. Los primeros días, sus voceros llegaron a decir que el joven de Pedro Luro no había desaparecido sino que estaba secuestrado por un problema de drogas. «Acá los únicos narcos son los policías procesados por la Cámara Federal que Berni puso al mando cuando cambió la jefatura luego de la muerte del hincha de Olimpo, Sergio Emanuel Castillo, el 9 de febrero de 2020», que participaron en el encubrimiento de lo que le pasó a Facundo, dijo uno de los investigadores de las querellas.

La fuente consultada especuló con la posibilidad de que el «regalo» que Berni le prometió a la periodista Catalina de Elía sea el libro que acaba de publicar el conductor de radio La Brújula, en el cual además de sus ya conocidas diatribas contra las querellas insiste con la teoría narco y una supuesta venganza contra policías corruptos. El informe de mareas descartado por los investigadores por considerarlo «trucho», podría ser el vertebrador de su discurso en la obra titulada «Operación Facundo». Caída la maniobra de la famosa testigo H (cuyas iniciales son E.H.R), para ubicar a Facundo en Bahía Blanca a cómo de lugar, el informe de mareas viene a reflotar la teoría del accidente. «Los baqueanos de la zona dan por tierra esta idea de que el agua había subido cuatro metros, como decía el primer informe trucho que fue devuelto al IADO», dijo la fuente para enfatizar lo absurdo de continuar planteando que Facundo se ahogó allí solo. Ahora bien, si efectivamente Berni estaba pensando en ese libro cuando hace un mes estuvo en el programa de Diego Schurman y De Elía cabe preguntarse cómo es que sabía tanto.

Cómo sigue

Los investigadores lograron una sintonía con la familia de Facundo y la querella institucional que permitió ir sobrellevando los sucesivos embates del sector del Poder Judicial y del Ministerio Público que funge de defensa de la Policía Bonaerense, y lograron avanzar incluso en plena pandemia. Consideran que, a pesar de todo, el saldo da positivo. En ese sentido, luego de algunas últimas medidas, todos los caminos conducen al llamado a declaración indagatoria de los y las policías sospechados. Cabe recordar que el primer fiscal del caso, Santiago Ulpiano Martínez, lo había hecho en el inicio de la causa pero con el único objetivo de beneficiarlos: la maniobra queda en evidencia porque cuando la jueza rechazó su solicitud no se tomó la molestia de apelar, para que se consolide con el paso del tiempo una falta de mérito e incluso un sobreseimiento. Probablemente, no contaban con el desembarco de los tres fiscales especializados.

Con información propia, de la agencia Andar y de La Izquierda Diario

“Fue como dicen que es el infierno”

9 agosto, 2018 by Adriana Meyer

Lautaro tiene siete y Joaquín nueve años. Junto a su mamá y su abuela fueron privados de la libertad durante las seis horas que los gendarmes hicieron lo que quisieron en la Pu Lof de Cushamen, los mantuvieron cautivos en la misma casilla de guardia donde había dormido Santiago Maldonado. “Tienen muchas metralletas, están preparados para un allanamiento. Empezaron a quemar ropa de compañeros, sillas, nuestros juguetes, todo. Balazos y gas lacrimógeno. Es como lo que dicen que es el infierno. Cuando lo veo a Santiago sentí como orgullo y lo dibujé. Lo mataron obviamente los policías”. Con sus palabras y sus dibujos contaron lo que vivieron el 1 de agosto al colectivo El Paso (www.elpaso.com.ar), un grupo de comunicadoras y comunicadores que relevaron pasado y presente de once de las comunidades mapuche de la Patagonia que vienen recuperando territorio desde los años ‘90. “Somos como un ciprés o un coihue, somos nativos, mapuche quiere decir hijos de la tierra. Y la tierra se está lamentando porque vienen a asesinarla, y a nosotros también”, cuentan los que dieron testimonio en ese trabajo interactivo que busca ser un primer paso en el acercamiento hacia estos pueblos originarios atravesados por el hostigamiento, la represión y la desaparición forzada. En 2003 desapareció el joven mapuche Iván Torres, por cuyo caso la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA condenó en 2011 al estado argentino. Dos años más tarde Cristian y Genaro Calfullanca se sumaron a una lista de 145 desaparecidos mapuche, según precisó la activista Moira Millán.

Facundo Jones Huala anunció que hacía huelga de hambre para exigir el fin del hostigamiento a los jóvenes mapuche que el 25 de noviembre bajaron el cuerpo moribundo de Rafael Nahuel del cerro en la Lof Lafken Winkul Mapu, en Villa Mascardi, La incursión de Prefectura sucedió dos días después de un violentísimo procedimiento de desalojo, que incluyó torturas a una niña mapuche, una machi (sanadora), a quien obligaron a comer tierra. Pero el lonko también había dejado de ingerir líquidos porque sus carceleros del Servicio Penitenciario no le permitían realizar la ceremonia del Wiñoy Tripantu –el año nuevo indígena o más bien el inicio del acercamiento de la Tierra al Sol– de acuerdo a la práctica de sus rituales ancestrales, que implicaba la entrada al penal de un número determinado de personas, un fogón, una conversación entre ancianos y jóvenes, cantos y juegos, a la espera del lucero del alba. Entre los elementos autorizados para ser ingresados a la cárcel de Esquel había cuchillos, y allá fueron los voceros oficialistas a burlarse.

Poco importa detenerse en ellos. Parecía una nimiedad el pedido del lonko. incluso en comparación con las batallas que venían librando. Su mamá Isabel y su compañera Andrea explicaron entonces que era como ir a Misa de Gallo en soledad, o hacerlo sin permitirle comulgar. En ese momento el patrón de pensamiento dominante crujió ante la evidencia de la complejidad del escenario donde transcurrió uno de los crímenes de Estado de mayor resonancia de las últimas décadas, que trasciende militancias y minorías intensas.

Entender cabalmente lo que pasó con Santiago implica transmutar la propia mirada, aunque no sea con empatía al menos con la mente abierta. Estaba por deseo propio en territorio mapuche, un pueblo originario que con hondas de revoleo disputa ese espacio al gigante de los United Colors. Ese grupo resolvió recuperar su identidad a través del regreso a su lugar de origen, los jóvenes dejaron los barrios marginales de las ciudades y se entregaron a un nuevo modo de vida que incluye abstenerse del alcohol y otras sustancias que alteran el estado de conciencia, que ellos mantienen alerta por su vínculo con la Mapu (madre tierra). El costo comenzaron a pagarlo a poco del inicio de la recuperación territorial, en 2015, y con la llegada de Cambiemos se convirtieron en el enemigo interno perfecto, víctimas de la misma represión estatal que alcanzó al Brujo. Balas de plomo y procesos judiciales los castigaron a pesar de que cubrieron sus rostros para no ser identificados. A un año de la desaparición de Maldonado, los pobladores de la Lof en Resistencia tienen decenas de causas abiertas –algunas iniciadas incluso antes, cuando los reprimieron en enero de 2017–, les aplican el Código Penal por ejercer su derecho a la protesta. En el expediente por la represión de noviembre en Villa Mascardi, ocurrida el mismo día que en 25 de Mayo velaban a Santiago, quedaron imputados Fausto Jones Huala y Lautaro González, quienes bajaron el cuerpo de Rafita, y el prefecto Javier Francisco Pintos que le disparó por la espalda sigue libre.

Los gritos de dolor de los mapuche cuando el cuerpo de Maldonado apareció literalmente delante de sus narices, en una parte del río Chubut donde buscan el agua cada día para cocinar y beber (muchos de los demás 800 kilómetros que tiene de extensión los controla Benetton), nacieron de sus entrañas porque el Brujo había sido por algunos meses parte de ellos. No estaba en la Lof de paseo o haciendo un estudio antropológico, acudió porque los jóvenes weichafes (guerreros) tenían a la mitad de los suyos presos en Bariloche luego de la represión a la protesta por el mes de prisión de Jones Huala, cuando la policía estrelló contra las rejas el rostro de su prima Romina y le partió los dientes. La muerte de Santiago no los puso en la mira, ya estaban marcados, aunque dio una visibilidad a su reclamo que jamás hubieran imaginado. También superó su capacidad de respuesta. Fueron tan intensos aquellos primeros días cuando Santiago Maldonado estaba desaparecido, que el miedo se mezcló con la desconfianza hacia la justicia huinca (blanca), los envolvió en un torbellino y los hizo trastabillar. Tuvieron que responder ya no a la maquinaria del gobierno sino a la familia Maldonado, hacer su aporte para esclarecer qué pasó en la orilla del río. Aún quienes respetan y comprenden sus creencias y su lucha esperan que completen esa tarea, que quedó trunca. Ellos contestan que aunque vuelvan a hablar no les creen.

Además de Matías Santana al menos seis de jóvenes mapuche habrían visto que se lo llevó un camión de Gendarmería, pero ese testimonio en la causa aún sigue sin ser respaldado por los demás. En lugar de cuestionar que los gendarmes lavaron los vehículos, el gobierno y sus comunicadores estrella levantaron el dedo para cuestionarlo y estigmatizarlo. Con la aparición del cuerpo el 17 de octubre el oficialismo, que había negado inicialmente su presencia en el lugar, consolidó la versión de que siempre estuvo ahí, sumergido en un pozo. Es más fácil culpar a las víctimas y acusarlas de mentir para ocultar que tampoco hay explicación lógica sobre los cuatro procedimientos previos en ese mismo lugar, que dieron negativo. Cambiemos y sus chupamedias festejaron cuando apareció el cadáver, dos días antes de las elecciones. No era para menos, se desinflaba así la presión internacional y local por su desaparición. Pero hasta hoy no dieron una sola explicación que quite a la familia decenas de dudas que abonan su sospecha de que ese cuerpo no estuvo allí 78 días.

Si acaso concediéramos que Maldonado estuvo en ese pozo y no en manos de los verdeoliva, está más que probado en la investigación que a las once de la mañana del 1 de agosto los gendarmes lo perseguían hasta el río a menos de un minuto de distancia. Como dijo su hermano, en cualquier escenario el Estado sigue siendo responsable, el operativo ilegal y la flagrancia inventada son hechos ya comprobados.

Contagia la cosmovisión que apunta al buen vivir en armonía con la naturaleza, le pasó a los amigos blancos de los mapuche, wenüy, que armaron una red de apoyo a las comunidades indígenas de la zona, y que actualmente también están criminalizados, amenazados y perseguidos. Le pasó a Maldonado, por eso detuvo su marcha de mochilero y se quedó en El Bolsón, a vivir en una biblioteca anarquista.

“En el lugar donde se lo encontró hasta hace dos semanas era orilla, no había agua”

21 octubre, 2017 by Adriana Meyer

“Vino llorando nuestro lamien (hermano del alma) Fernando, diciendo que habían plantado un cuerpo, y ahora no lo decimos con liviandad, nos pesa porque es tremendo y muestra el grado de vulnerabilidad en el que estamos todos”.

Soraya Maicoño, martes 17 de octubre a mediodía sobre el hallazgo del cuerpo de Santiago. (Fotos: Gustavo Zaninelli)

Hace dos semanas, cuando el juez federal Gustavo Lleral visitó la comunidad mapuche de Cushamen, compartió mates y tomó declaraciones a dos de sus integrantes ya tenía en mente realizar el tercer rastrillaje del río Chubut. El magistrado seguía estudiando las cuatro mil fojas del expediente que heredó de Guido Otranto, tenía sobre su escritorio las decenas de pedidos de medidas de prueba que venía solicitando la Procuvin, la mayoría de las cuales eran concedidas a cuentagotas por la fiscal Silvina Ávila y descartadas por Otranto, y también le llegó la sugerencia del jefe de los buzos de Prefectura sobre la necesidad de volver a “repasar” las aguas de ese cauce. Por esas horas también comenzaba a complicarse la situación del gendarme Emmanuel Echazú, que pretende querellar a los mapuches pero las dudas sobre su visible herida en la cara lo colocaron en condición de acusado en la causa. “Es llamativo que cuando hay un imputado aparezca un cuerpo, pero nosotros no tenemos la mente macabra para pergeñar hipótesis como hacen ellos, sabemos que a Santiago se lo llevó Gendarmería pero no sabemos quién plantó ese cuerpo allí, seguramente están todos involucrados, se siguen tapando entre ellos y los medios hegemónicos apuntan a que se sospeche sobre nosotros. ¿Quién tiene la infraestructura para tener un cuerpo tanto tiempo y que después aparezca, teniendo en cuenta la cantidad de rastrillajes que hicieron sin encontrar nada?”. Así resumía Soraya Maicoño el pensamiento de la comunidad que en 2015 recuperó su territorio en Cushamen, y que desde hace ochenta días se convirtió en el escenario que dio vuelta la agenda social y política por la desaparición y muerte del joven tatuador, que vivía desde abril en El Bolsón y había acudido a la Pu Lof en reclamo por los mapuches detenidos en Bariloche el 31 de julio, cuando reclamaban la libertad del lonko de esa comunidad, Facundo Jones Huala.

Este diario repasó con otras dos personas cómo fue el procedimiento judicial del martes en el que un buzo de la Prefectura Naval encontró el cuerpo en el río Chubut, que ayer la familia Maldonado reconoció como Santiago, y obtuvo un relato idéntico al que dio Maicoño en esta entrevista a Página12. Esta mujer mapuche, que una vez más oficia de vocera, fue la primera testigo clave del caso, cuando relató que vio a Maldonado aquel 1 de agosto en la casilla de guardia de la Lof, poco antes de ser detenida durante seis horas sobre la ruta 40 y mientras comenzaba el avance represivo de Gendarmería.

“Estamos atravesados por la consternación, siempre sostuvimos que a Santiago lo llevó Gendarmería en la represión a Pu Lof Resistencia Cushamen, una comunidad mapuche. Desde el 1 de agosto pasó de todo, el gobierno a través de sus medios hegemónicos se encargó de desviar la investigación a través de pistas falsas, que también promovían la estigmatización del pueblo mapuche, convertirnos en enemigos internos, terroristas y violentos. Nunca esperamos nada del oficialismo y sus medios que jamás intentaron profundizar que en realidad todo tiene que ver con el problema del territorio. Esto no fue un hecho fortuito, venimos denunciando hostigamiento y judicialización desde el primer momento en que se recuperó territorio. El 10 de enero en la represión hasta una niña de once años fue esposada en el suelo, quemaron juguetes a la vista de los niños. Y el terrorismo mediático difunde situaciones que rallan lo enfermo, escriben cosas que no tienen ni pies ni cabeza.

–¿Se sienten acusados por lo sucedido a Maldonado?

–No salimos nunca a desmentir los aberrantes escritos de algunos medios, con mentiras e inventos. Nuestra lucha es contra emprendimientos que apuntan a la destrucción de la tierra. Esta situación de desaparecer a una persona en el marco del reclamo de libertad de nuestro lonko, y todo lo que ha venido derivando pone luz sobre esta problemática, en la cual como pueblo mapuche siempre nos tocó ser los pobres, humillados, mano de obra barata.

–¿Con quién habló el juez Lleral cuando estuvo en la Lof y sobre qué?

–Interrogó a Ailinco Pilquiman, que ya había declarado en la causa: ella y su mamá habían llevado a Santiago a la comunidad el 31 y lo vieron el 1 mientras escapaba de los gendarmes. Y Nicolás Hernández, que es quien fue detenido conmigo en la ruta. Le planteamos que para que declaren todos necesitábamos garantías. Ahí el juez tuvo un comentario poco feliz, dijo ‘ni yo tengo garantías en este momento’. Luego vino de nuevo para organizar el rastrillaje, y así Andrea, Fernando Jones y yo nos reunimos dos veces la semana pasada. Era algo que iba a suceder si o si, no nos íbamos a oponer sino podía pasar lo que sucedió con el juez Otranto, hacerlo con violencia. Pero le dijimos que era impropio, que para qué lo iban a seguir buscando allí y que por qué no lo buscaron los primeros días en los escuadrones de Gendarmería. Entonces dijimos que participe la familia, que no haya operativo cerrojo como hacen que cierran las tres rutas de acceso a la Pu Lof, que no haya presencia de fuerzas policiales, sólo los perros, buzos y bomberos, y nosotros. Así fue como sucedió.

–¿Hubo alguna negociación o la comunidad le aportó datos sobre un cuerpo?

–No, para nada. Eso es parte de un invento y hay que tomarlo como de quien viene. No lo escribiste vos, ni Juan Alonso, sino el personaje más nefasto de esta situación.

–¿Cómo fue el procedimiento?

–El juez llegó a cerca de las 7.30, participaron Mabel Sánchez y Julio Saquero, de la APDH. Los lamien verificaron que nadie entrara con armas, nos dividimos en tres grupos, uno desde río arriba hacia el centro, otro en el centro que más que nada fueron los buzos, y otro que trabajó unos tres kilómetros río abajo, con los perros ahí estaba yo. Otros iban por la orilla de enfrente caminando con Mabel y Fernando Jones Huala, y otros integrantes de Pu Lof. Cerca de las 12 y media del mediodía subí a buscar un termo, porque hacía frío, para tomar unos mates y de pronto aparece llorando nuestro lamien Fernando (Jones Huala) diciendo que habían plantado un cuerpo. Fue como un baldazo agua fría, no lo podíamos creer. En ese momento el juez me llama y me muestra desde la barranca mirando hacia el río se veía perfectamente un bulto, desde el punto donde la Gendarmería se llevó a Santiago eran como unos 200 metros río arriba. La semana pasada en esa zona anduvieron trabajando Verónica Heredia y Alejandro Incháurregui. Para ellos y Sergio fue una canallada, cómo era posible que apareciera eso ahí si cinco días atrás no había nada.

–¿Qué le dijo Lleral?

–Me acaban de avisar el buzo, que vio un bulto, se acercó, lo tomó y era un cuerpo humano. No fue un perro sino un buzo, y en un lugar por donde ya habían pasado en todos los rastrillajes anteriores. Fue ahí mismo, hubiera sido obvio verlo en el último operativo que fue tan minucioso, con más de 300 efectivos, helicóptero y drones, Prefectura, Policía Científica de los dos lados del río, sin que participe nadie, ni los veedores de derechos humanos ni nosotros, ni los Maldonado. Si cae un animal al río el agua lo saca a la orilla y al día siguiente ya empezás a ver aves carroñeras. Se quiso sembrar un cuerpo, no lo decimos con liviandad, nos pesa un montón decirlo porque es tremendo. Sentimos el grado de vulnerabilidad en que nos encontramos, hace un mes quemaron la vivienda de un hermano en Vuelta del Río, muy adentro, nos estaban diciendo con la impunidad que se estaban manejando en el territorio.

–¿El bote en que iba Matías se dio vuelta?

–Sí, en ese iba también Sergio pero se bajó antes, y ellos siguieron río abajo. Se mojó, nos asustamos porque en un momento tampoco aparecía Matías. Iba solo con los prefectos.

–¿En el momento del hallazgo no había ninguno de ustedes?

–No, ni Sergio, ni Verónica, ni Mabel o Julio. Solamente un buzo.

–La propia resolución del juez preveía un allanamiento a la estancia Leleque ¿El procedimiento terminó con el hallazgo del cuerpo?

–Sí, una lamien escuchó por handy ‘positivo, con reservas’. Salió corriendo hacia la guardia muy asustada, y nos encontró a todos angustiados llorando por esta impunidad con que se estaban moviendo y hacen lo que quieren porque cómo apareció ahí cuando a pocos metros es donde buscamos agua cada día.

–¿Le expresaron esto al juez?

–Sí claro, tuvimos un montón de tiempo para seguir conversando con él, le explicamos todos los atropellos, que vivimos ahí, el jueves pasado estuvimos ahí trabajando y no había nada. Hay imágenes de cueros colgados nuestros justo en el lugar donde se encontró el cuerpo.

–¿Qué respondía?

–Nada, no decía nada. Vine acá a hacer un rastrillaje, se acaba de encontrar un cuerpo. Y detuvo todo ahí. Le planteamos por qué había tomado la decisión de hacerlo, y hablaba del jefe de Prefectura que se lo había sugerido. Desde un principio, desde la detención del lonko, todo es ilegal. En su resolución el juez no sólo planteaba encontrar un cuerpo sino continuar con un rastrillaje.

–¿No se tomó ninguna medida adicional luego del hallazgo?

–No, nada. No siguieron buscando pistas para saber por dónde surgió ese cuerpo. Le decíamos cómo puede ser que hubiera aparecido río arriba. En su despacho ya le habíamos dicho que el casco de la estancia de Benetton era la base de operaciones, que el 1 de agosto las camionetas salían y entraban desde ahí, como parte del operativo. Sergio se paraba sobre la barranca, y decía ‘mirá, son unos desgraciados, se ve desde acá arriba’. El acceso desde la estancia al río es directo, nuestro puesto de guardia no tiene siempre gente ni perro que pudiera haber ladrado. Verónica y Alejandro habían estado ahí días antes caminando, no vieron nada, y de repente llega el juez y en tres horas encuentra un cuerpo. Si realmente ese cuerpo estaba en el río desde el 1 lo habrían encontrado río abajo, o enganchado en unas ramas, en el primer rastrillaje o en el segundo.

–¿De dónde obtiene el dato el juez para hacer el tercer rastrillaje?

–De Prefectura. Julio Saquero se ofrece como testigo porque estuvo en todos los anteriores, sobre los informes que daban los buzos cuando salían del agua diciendo que acá es imposible que haya algo por la cantidad de ramas y raíces, y porque antes el río estaba mucho más bajo. En el lugar donde se lo encontró hasta hace dos semanas era orilla, después creció. No había llegado ningún perito y el juez estaba apurado para sacarlo del río para que no se lo lleve la corriente. Tuvimos que frenarlo, fíjese de poner un gomón, le dijimos. Verónica y Sergio le dijeron ‘si vamos a sacarlo hagámoslo bien’, y por eso es que hubo esa vigilia hasta las ocho que llegó Incháurregui y se organizó el retiro.

–¿Apenas apareció el cuerpo querían sacarlo?

–Sergio y Verónica se habían ido a hablar por teléfono a un lugar donde hay señal, estábamos con Andrea (Millañanco) y lo tuvimos que frenar. Cuando me lo sugirió le dije que había que esperar a la abogada, así como así no lo van a sacar. Los reflectores que pidió Lleral no llegaban, así que ya preparábamos un fuego para seguir con la vigilia de ese cuerpo, que no lo toquen, que no se lo lleve la corriente. Amigos de Santiago estaban afuera de la tranquera, los mapuches lloraban por lo que estaba pasando y en eso llega (Claudio) Avruj que quería pasar. La luz que se usó para levantar ese cuerpo fue la de la cámara del Poder Judicial y linternas nuestras. Ahora hay que saber qué pasó, qué le hicieron.

–¿Ustedes afirman que el cuerpo fue plantado? ¿Quién lo hizo y cómo?

–Creemos que hay un grupo de gente pagada por Benetton que conoce el territorio, que causó los incendios en Vuelta del Río y estuvo en el lugar con total impunidad, quizás en connivencia con Gendarmería. Sabemos quién se lo llevó, no sabemos quién lo plantó ahí, pero sí que fue con la complicidad del Estado y de Benetton. Claramente es una forma de demostrar el poder impune con que se manejan, sobre todo con esta comunidad que le puso límite a su avance. Buscan la forma de responsabilizarnos a nosotros de lo que ellos son culpables, porque en realidad es un modo de desviar la atención, para no hablar del conflicto real del Estado argentino respecto a todos los pueblos preexistentes. Nos tratan de indios violentos, pero somos claros, no tenemos ánimo terrorista ni pretendemos tener enfrentamientos sino estar unidos en defensa de la tierra. Ellos salieron a cazar a un mapuche y se encontraron con un blanco, ya tenemos hermanos mapuche desaparecidos por el conflicto territorial. Pero es la primera vez que pasó a un no mapuche, con una familia con recursos para buscarlo y una parte de la sociedad los acompañó por todos los derechos ganados en estos cuarenta años. Y se están haciendo eco del legítimo reclamo del pueblo mapuche, Santiago Maldonado estaba pidiendo por eso.

La década sin López

18 octubre, 2016 by Adriana Meyer

La causa por la desaparición del testigo es un rompecabezas mal armado. Las piezas están pero nadie las coloca en el lugar preciso para que tengan sentido. Las pistas más valiosas fueron desatendidas. No fue el poder político ni la justicia sino dos periodistas quienes más se acercaron a la verdad sobre el destino del Viejo, como le decían sus compañeras y compañeros.

(La ilustración es obra de Julio de puño y letra, quien estuvo desaparecido entre 1976 y 1979. Años después de su liberación, volcó los recuerdos del terror en 30 manuscritos que guardó en una caja de herramientas. Sus allegados sabían de la existencia de los textos, que Jorge Caterbetti publicó en el libro Memoria Escrita, editorial Marea, 2012).

«No hay nada», es la respuesta habitual ante la consulta por la investigación judicial sobre el desaparecido testigo de quienes conocen y siguen el expediente. Sin embargo, a una década de su segundo secuestro una mirada profunda del caso requiere de una rectificación: no hay resultados porque pistas y pruebas valiosas sí están plasmadas pero fueron investigadas poco o nada, tarde y mal. Quienes condujeron el caso durante diez años descuidaron las líneas de investigación importantes, aquellas que apuntaban a los beneficiarios directos de la desaparición de López, en detrimento de las más banales o intencionadas para desviar el eje bien lejos de los represores. Sin una firme voluntad política, la responsabilidad es compartida por la justicia y las fuerzas de seguridad, que más bien entorpecieron cualquier avance. Y sobre todo, nunca hubo, a excepción de un período en que estuvo en manos de una secretaría especial a la cual no se le dio continuidad, un criterio de conectar y cruzar los datos. De hecho, un ex policía allegado a Etchecolatz conocía de Pehuajó, donde este torturador fue comisario, a una mujer policía que vivía en la casa frente a la cual se vio por última vez a López. De las comunicaciones del mismo 18 de septiembre surge que este uniformado habló ese día con la esposa de Etchecolatz. Pero los cruces telefónicos para dar sentido a estas pruebas, a diez años siguen pendientes.

Quienes sí cruzaron los datos fueron los periodistas Luciana Rosende y Werner Pertot, y en el marco de la investigación que continuaron luego de la publicación de su libro Los días sin López, dieron con una fuente, que pidió reserva de identidad, que les confirmó en vínculo entre el médico policial Carlos Falcone y la ex policía Susana Gopar, que figura en la agenda de Etchecolatz. Pertot y Rosende sí privilegiaron las líneas relacionadas a tres grupos con capacidad operativa para secuestrar a López:

El entorno de Etchecolatz. Su familia y su círculo íntimo podrían haber asistido o encargado el crimen. El mismo día de la desaparición de López, la mujer de Etchecolatz, Graciela Carballo, se comunica con un ex infante de Marina, Jorge Boynak, cuyo currículum apareció en la celda del genocida, quien el 18 de septiembre de 2006 le envía un mail en el que señala que la declaración de López era falsa. Ese correo electrónico luego fue reproducido por sitios web vinculados a los represores y los servicios de inteligencia. Pero no es la única persona que habla con Carballo ese día. También lo hizo el médico policial Carlos Falcone, quien fue denunciado en la causa por un familiar que lo acusó de haber participado del secuestro de López. Indicó que se había usado su auto para el secuestro y que el cuerpo de López habría sido arrojado al mar en Mar del Plata. El allanamiento a esa casa se hizo tres años más tarde, el auto estaba desmantelado y a la intemperie, encontraron manchas de sangre pero no pudieron extraer huellas ni un perfil genético para poder vincularlo a la desaparición de López. En las escuchas de la causa, Falcone, que figuraba en la agenda de Etchecolatz, no sólo hablaba con la mujer de represor sino que también tenía contactos otros sospechosos. Fue interrogado por el vehículo, que era robado, pero no se le hicieron preguntas sobre la desaparición de López.

Susana Gopar. Era una policía bonaerense que estaba en actividad en 2006. Cinco testigos reconstuyeron la caminata que hizo López la mañana que desapareció, y ese recorrido termina en la puerta de la casa de Gopar, en la avenida 66 «entre la verdulería y Edelap». La mujer está en la agenda de Etchecolatz. A pesar de los insistentes pedidos de la querella de los letrados Guadalupe Godoy y Aníbal Hnatiuk nunca se allanó la vivienda de Gopar.

La conexión Gopar-Falcone. A partir de información suministrada a Rosende y Pertot por una persona allegada a uno de los sospechosos es posible reconstruir una conexión que no figura en el expediente judicial. Falcone, el médico policial vinculado a Etchecolatz, conocía a Susana Gopar de la época en que ambos vivían en Pehuajó. Según esta fuente, la familia de Gopar había trabajado en el campo de la de Falcone. En Pehuajó, además, Etchecolatz fue comisario durante 1975. La fuente, que pidió reserva de identidad, confirmó además que Falcone y Etchecolatz se conocieron en esa época y en Pehuajó. Así, en la investigación para su libro, los periodistas confirmaron que el ex policía allegado a Etchecolatz conocía de Pehuajó a la policía que vivía en la casa frente a la cual se vio por última vez a López. «El dato aislado cobra dimensión sumado a la compleja red de relaciones que hay entre los sospechosos», afirma Pertot.

Los policías del Circuito Camps. Otra de las pistas importantes son los represores a los que López nombró en sus testimonios, que casi no fueron investigados en la causa. Uno de ellos es el ex jerarca de la Bonaerense Julio César Garachico, quien también se comunicó con Falcone y desapareció de Puerto Madryn a las pocas semanas del segundo secuestro de López. «Algunas cosas se hacen en forma figurativa en la causa, pero no en la realidad, cuando ordenaron intervenir y escuchar las llamadas de Garachico los espías de la SIDE respondieron que no podían porque no figuraba en la guía telefónica, esto es textual del expediente», se indigna Nilda Eloy, sobreviviente de la dictadura y testigo junto a López en el juicio que dictó la primera condena a prisión perpetua contra Etchecolatz, que se produjo al día siguiente de que desapareciera el albañil de 76 años. Eloy habla de la misma causa en la que se «buscó» a López –de quien el ex ministro Aníbal Fernández había dicho que podía estar «tomando el té con la tía»– por los dichos de videntes y «mujeres pájaro», en la cual asignaron todas las escuchas telefónicas de la familia al ex espía Jaime Stiuso y donde el ex ministro de Justicia bonaerense Ricardo Casal presentó para el cuarto aniversario un testigo falso que motivó el enorme e infructuoso operativo en el parque Pereyra Iraola.

Se trata de la misma investigación donde quedaron en evidencia los privilegios de los que gozaban los represores del pabellón de lesa humanidad de la cárcel de Marcos Paz, entre ellos Etchecolatz, a cuyas visitas nadie revisaba y que disponían de telefonía celular. Eloy recuerda que a pesar del aviso que les dio el Servicio Penitenciario Federal, y que motivó un segundo allanamiento esta vez sorpresivo, entre los papeles que le secuestraron a Etchecolatz había uno que decía «hay que lograr que un testigo se desdiga». El dato, que nunca se tuvo en cuenta, abona la hipótesis de que López se negó a renegar de sus dichos y por eso nunca más volvió a aparecer.

Los penitenciarios bonaerenses. Fueron condenados en 2010 tenían el mismo interés que los policías bonaerenses para que se frenaran los juicios. López estuvo preso en la cárcel de La Plata y podía declarar también contra ellos en el respectivo juicio. En el expediente, hay una línea de investigación que lleva directamente a un ex jefe de Inteligencia del Servicio Penitenciario bonaerense. En el libro, Pertot y Rosende lo mencionan con la letra B e indican que tiene vinculación con otros investigados en la causa, entre ellos el médico policial Falcone, y también con los penitenciarios que iban a ser condenados en 2010.

La inaceptable impunidad

«Es demasiado dolor», dice la abogada Godoy a PáginaI12 sobre la coincidencia de los diez años del segundo secuestro de López y los cuarenta de la Noche de los Lápices. «La línea más importante para mí sigue siendo la de los penitenciarios, porque tuvieron contacto no sólo con Etchecolatz sino también con militares que estaban preocupados por el enjuiciamiento que estaban sufriendo, además de policías en actividad», precisa en referencia a la presunta «banda mixta» que desapareció al testigo. Godoy no cifra expectativas en la justicia pero sí en la posibilidad de «quebrar pactos de silencio, que depende de la capacidad que tengamos como campo popular de seguir haciendo el reclamo, como parte de la pelea del movimiento de derechos humanos que a cuarenta años sigue encontrando verdades y reclamando justicia». A su criterio, esta década deja a López como «la certeza de que había que hacer los juicios, y las consecuencias de no afrontar en democracia las herencias de la dictadura, es la certeza de que la Bonaerense no tiene que existir tal como es».

Pertot cubría los juicios en La Plata y estuvo el día de la condena a Etchecolatz, el 19 de septiembre de 2006. «Llegaban acordes de The Wall de Pink Floyd de afuera, había gente llorando cuando leyeron la sentencia y recuerdo los comentarios y los carteles de López. En ese momento su desaparición todavía era algo confuso, no lo terminábamos de aceptar, o no sabíamos qué pensar. Ahí todavía tenía la idea de que era algo que se iba a resolver, incluso con cierta velocidad. En algún aniversario, varios años más tarde, pensé, pero entonces, ¿esto va a quedar así? Eso me resulta inaceptable», dice sobre el caso que reinstaló la percepción colectiva de que se puede desaparecer en democracia.

A saber:

Aparecen los nombres de un abanico de personajes que reportan en forma directa al intendente de Villarino y al secretario de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, entre ellos el abogado Sebastián Martínez y Federico Montero, delegado de Berni en Bahía Blanca.

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