Cuatro condenas en el “juicio a la protesta”

El Tribunal Oral de Río Gallegos condenó hoy a Ernesto Apendino, Juan José Vera y Ramón Arteaga por el incendio del edificio de Planeamiento, ocurrido el año pasado. Los trabajadores estatales recibieron una condena de tres años de prisión por los delitos de estrago simple, daño agravado y lesiones, pero pudieron recuperar su libertad porque habían estado encarcelados desde que sucedieron los hechos hasta el juicio, es decir, más de un año y por tanto se les dio por cumplida la pena. En tanto Reyes, fue condenado a dos años por el delito de daño. Y Luis “Pollo” Díaz, ex secretario adjunto de ATE, fue condenado a dos años como partícipe secundario. Fue quien se había autoinculpado.

La defensa de los estatales apelará el fallo porque considera que todo el proceso fue “armado” y tuvo la finalidad de conseguir una nueva condena a quienes impulsan acciones de protesta social. Y también impulsará las dos denuncias que se desprendieron de este juicio, una contra la jueza de instrucción Valeria López Leston por las irregularidades detectadas en la etapa de investigación según las declaraciones de varios testigos, y otra por las torturas que denunció haber sufrido uno de los imputados, Diego Reyes.

Por su parte, la CTA pedirá el juicio político de la jueza de instrucción Valeria López Leston y del fiscal Antonio Chan.

Los condenados cumplirán el resto de la pena en libertad, porque ya estuvieron presos más de un año, y deberán realizar tareas comunitarias de parquización, además de asistir a un curso sobre medio ambiente.

Según una encuesta, nueve de cada diez santacruceños los considera inocentes.

La sentencia fue repudiada por los familiares de los imputados, como así también por los gremios que se habían convocado ante el tribunal para apoyarlos, Adosac y demás entidades de ATE Santa Cruz, como así también el abogado del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos Carlos Platkowsky, que viajó para presenciar la audiencia. Los condenados deberán realizar tareas comunitarias y asistir a un curso sobre medio ambiente. “Canco” Vera tiene 30 años y 2 hijos, Arteaga 27 y un hijo y Apendino también a sus 26 años. Todos cobraban entre 3 mil 600 pesos y 5 mil de sueldo por eso reclamaban aumento el año pasado. Ahora sus abogados intentarán que vuelven a cobrarlo mientras cumplen la sentencia.

El incendio se había producido el 18 de octubre de 2013 durante una protesta salarial realizada por los estatales en el marco de las negociaciones paritarias. El fiscal Gabriel Giordano no acusó a la enfermera Liliana Benítez por falta de pruebas y a Reyes le bajó la pena a dos años por el delito de daño. Por eso ellos, que integraban el grupo inicial de los cinco estatales acusados, ya habían recuperado su libertad.

Salvo Benítez, que tuvo arresto domiciliario por problemas de salud, los demás acusados llegaron al banquillo con prisión preventiva, y en la primera audiencia uno de ellos denunció que durante el período que estuvo preso sufrió torturas por parte de la policía con el objetivo de que se declarara culpable de los hechos que le imputaban.  “Me desnudaron y me obligaron a leer así el Código Penal, me quebraron a golpes, estuve incomunicado y sin comida por cuatro días, querían que me hiciera cargo de algo que no hice pero junto a los compañeros somos los perejiles que pagamos por lo que hizo otro. Por eso quiero denunciar torturas y abuso de poder , dijo Diego Reyes cuando el juez Cabral le preguntó si quería agregar algo más a su declaración, en la que se pronunció inocente respecto del incendio.

Varios testigos dijeron que sus dichos habían sido tergiversados durante la instrucción de la causa, al tiempo que tres policías afirmaron que tenían órdenes de no apagar el fuego del edificio público en llamas, lo cual ratificó las denuncias de la defensa y los familiares de los acusados en cuanto al “armado” del proceso. Según el diario Nuevo Día, la periodista local Mirta Espina declaró que ese día escuchó decir a unos jóvenes que estaban con combustible en el lugar, que los había convocado un diputado nacional.

El Tribunal Oral de Río Gallegos ordenó sean investigadas las irregularidades de la instrucción y las torturas que denunciaron los acusados, al mismo tiempo que la actuación del ex secretario general de ATE Santa Cruz, Raúl Gómez.

Más detalles de la audiencia final en

http://www.laizquierdadiario.com/Condenaron-a-estatales-de-Rio-Gallegos-en-un-juicio-armado