Más que un fiscal, un defensor de Astiz

EL FISCAL GENERAL DE MAR DEL PLATA FABIÁN FERNÁNDEZ GARELLO SE OPUSO A QUE EL REPRESOR FUERA DECLARADO PERSONA NO GRATA CUANDO ERA CONCEJAL EN 1995.

Más de veinte años pasaron, pero en los registros del Consejo Deliberante marplatense quedaron plasmados los enfáticos argumentos del entonces concejal Fabián Fernández Garello a favor de Alfredo Astiz, durante la sesión en la que este genocida fue declarado persona no grata en el municipio de General Pueyrredón. El actual fiscal general de Mar del Plata sostuvo entonces que “nos cabe de aquí en más impedir que sigamos revolviendo en el tacho el ‘efluente’ porque tenemos que pensar en un sistema democrático hacia el futuro”. Fernández Garello fue denunciado hace un mes por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), que lo acusó de crímenes de lesa humanidad originados en sus tareas de espionaje en la Policía Bonaerense durante la dictadura. “Estas actas muestran su desempeño político, que en pleno menemismo defendía la reconciliación con genocidas como Astiz y pedía olvidar el pasado, y evidencia una coherencia a lo largo de su vida”, dijo a PáginaI12 la directora general de la CPM, Sandra Raggio. El organismo había pedido su juicio político ante la Procuración y la Corte Suprema bonaerense.

La semana pasada Fernández Garello hizo su descargo ante el Máximo Tribunal y admitió haber actuado como agente en la Dirección de Inteligencia de la Policía bonaerense (Dippba) durante la dictadura, pero negó haber participado en los 17 episodios de espionaje que menciona la Comisión en su acusación, que está basada en los propios documentos de la Dippba del Archivo Provincial por la Memoria, que la CPM custodia por ley. PáginaI12 pudo saber que estas pruebas fueron bien ponderadas por sendos juzgados federales donde tramitan las causas que involucran al jefe de los fiscales marplanteses, entre otros represores: la referida al secuestro, tortura y asesinato de la militante del PST Ana María Martínez, y el expediente por el secuestro y tortura de militantes del Partido Comunista. El fiscal de esta última causa estaría evaluando la imputación concreta contra Fernández Garello.

Al momento de denunciarlo, desde la CPM precisaron también que su actuación como fiscal tampoco se había destacado por la defensa de los derechos humanos. “Este funcionario dirige en la actualidad la política criminal en Mar del Plata, y durante estos años los casos de violencia policial y penitenciaria nunca fueron investigados por los fiscales, no cumplían con la acordada que establece que en casos de personas muertas por policías o penitenciarios no puede intervenir la policía sino directamente los fiscales, ni tampoco se cumplía con la disposición de la Procuración que ordenaba investigar todas las muertes ocurridas en contextos de encierro”, dijo Roberto Cipriano García, secretario de la CPM. “Claramente protegía el accionar policial ilegal, nunca generó políticas destinadas a perseguir esas violencias”, agregó. En este sentido es que Raggio hablaba de la “coherencia” del fiscal.

Fue el actual juez de la Corte bonaerense Eduardo Pettigiani quien sacó a Fernández Garello de la policía y le dio empleo en la Dirección General de Administración cuando él era Secretario de Seguridad en tiempos de la gobernación de Eduardo Duhalde. Cuando Pettigiani fue candidato a intendente en Mar del Plata, Fernández Garello fue electo concejal del PJ. Tras la reforma de 1998 al Código de Procedimiento Penal provincial fue elegido, finalmente, fiscal general de la ciudad balnearia. Poco antes, en su paso por el Consejo Deliberante marplatense, no se privó de pronunciarse a favor de Astiz. “Indudablemente este señor ha sido actor de un proceso de violencia pero no ha sido el único, y qué tamaño debería tener la lista de aquellos que debiéramos declarar personas no gratas, me parece que el capitán (sic) Astiz ha sido objeto del repudio de cuanto cristiano está suelto en esta tierra”, dijo en el recinto Fernández Garello. Y calificó de “agresión ilegítima” al escrache que el ex capitán de Marina había sufrido poco antes en Bariloche. El entonces concejal se permitió expresar que “quizás debiera tener un familiar desaparecido para pensar de otra manera”, tras lo cual ratificó que votaba en contra de que Astiz fuera declarado persona no grata para no seguir revolviendo “el efluente”.

Jefe de fiscales marplatenses acusado por espionaje en dictadura

La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) denunció al actual fiscal general de Mar del Plata Fabián Fernández Garello por crímenes de lesa humanidad. Según documentación del Archivo Provincial por la Memoria, que la Comisión tiene bajo su custodia, el jefe de los fiscales marplatenses fue espía de la Bonaerense durante la dictadura. Entre sus actividades se infiltró en reuniones de las Madres de Plaza de Mayo y la Conferencia Episcopal. Además, desde el organismo afirman que como representante del Ministerio Público Fernández Garello protege el accionar policial ilegal en casos de violencia institucional. “Su pasado tiene relación directa con su accionar presente”, declaró Roberto Cipriano García, secretario de la CPM. Por su parte, Fernández Garello dijo “desconocer la documentación a la que se hace mención”, y se manifestó “ajeno” a los hechos denunciados.

El fiscal general fue subinspector de la Dirección de Inteligencia de la Policía bonaerense (Dipba) y desarrolló acciones de espionaje político y gremial, y de infiltración en organismos de derechos humanos en el marco del terrorismo de Estado. La CPM –que integran Adolfo Pérez Esquivel, Nora Cortiñas y Osvaldo Bayer, entre otros–  presentó toda la documentación probatoria ante la justicia federal de San Isidro, tras lo cual puso en conocimiento de los hechos a las máximas autoridades de la Suprema Corte de Justicia y la Procuración bonaerense, y solicitó su inmediata intervención. Ante la gravedad institucional del caso, la CPM pidió su juicio político y que sea separado de sus funciones.

Lesa humanidad

Según los documentos, Fernández Garello estaría involucrado en dos causas por delitos de lesa humanidad que tramitan en los juzgados federales de San Martín y San Isidro. En la primera se investiga el secuestro, tortura y asesinato de Ana María Martínez, y en la segunda el secuestro y tortura de militantes comunistas. Durante la dictadura, el ahora fiscal general de Mar del Plata, Fabián Uriel Fernández Garello, se desempeñó como oficial ayudante y luego como oficial subinspector en la delegación de San Martín de la Dipba. Entre 1978 y 1982, Fernández Garello participó en 17 intervenciones de actos de inteligencia en el marco de las acciones persecutorias y represivas que fueron constitutivas del terrorismo de Estado. Tenía poco más de veinte años y había ingresado a la policía en 1976.

Los documentos de la Dipba que custodia la CPM son secretos, pero según los escritos presentados a la justicia, a los que tuvo acceso PáginaI12, Fernández Garello y otros agentes de inteligencia están implicados en la causa que investiga los apremios ilegales contra un militante del Partido Comunista en 1982 y la detención de tres militantes del Partido Comunista, el 23 de Julio de 1981. El entonces oficial subinspector participó tanto del operativo conjunto, coordinado con oficiales de la Brigada de Investigaciones de San Martín y personal militar del Destacamento de Inteligencia 201 de Campo de Mayo, como también de los “interrogatorios” a los que fueron sometidos las víctimas.

Por otra parte, la CPM también envió documentación ampliatoria en la causa por la desaparición de Ana María Martínez, en el marco de los delitos de lesa humanidad cometidos en la zona militar IV, a cargo del Comando de Institutos Militares de Campo de Mayo.

En tanto, Fernández Garello afirmó que en el momento del secuestro y asesinato de Martínez “prestaba servicios en la Dirección General de Asuntos Judiciales con asiento en la Comisaría de Haedo para trabajar con Jueces del Departamento Judicial de Morón, dato que puede corroborarse accediendo a la información de mi legajo, por lo que resulto totalmente ajeno a ese hecho y a otros de similar naturaleza”. Según pudo saber PáginaI12, la Dipba articulaba con todas las dependencias judiciales y policiales de la provincia y del país, inclusive con la SIDE.

El espionaje político y gremial del espionaje queda en evidencia frente al material probatorio, donde aparecen memorandos de inteligencia referidos a conflictos en Textil Patagónico, Fiat Concord y Deutz Argentina, y también se constata el registro de murales y panfletos pertenecientes a distintos partidos y agrupaciones políticas”, expresó la CPM. “Estas acciones forman parte del proceder de la Dipba que operó como una suerte de policía política del estado terrorista, y otro rasgo central y sistemático del accionar de la Dipba fue la infiltración sobre organizaciones sociales y políticas”, agregó el organismo.

En ese sentido, Fernández Garello intervino en el informe que implicó la infiltración en una reunión mantenida entre autoridades de la Conferencia Episcopal Argentina y las Madres de Plaza de Mayo, y también se registran infiltraciones a cooperadoras escolares e incluso el seguimiento de una agencia de turismo que promovía viajes al Kremlin. “La búsqueda de ‘delitos de terrorismo’ era el objetivo, como persecución del comunismo”, sostuvo la CPM.

Así hoy como ayer

“Este funcionario dirige en la actualidad la política criminal en Mar del Plata, y durante estos años las investigaciones de casos de violencia policial y penitenciaria nunca fueron investigados por los fiscales, incluso no cumplían con la acordada 1390, que establece que en casos de personas muertas por policías o penitenciarios no puede intervenir la policía sino directamente los fiscales, ni tampoco se cumplía con la disposición de la Procuración que ordenaba investigar todas las muertes ocurridas en contextos de encierro”, dijo Cipriano García, secretario de la CPM. “Claramente protegía el accionar policial ilegal, de hecho nunca generó políticas destinadas a perseguir esas violencias”, agregó.

Para la CPM, “la gravedad de los hechos denunciados no sólo obliga a avanzar en las causas penales sino también requieren una respuesta política inmediata, la permanencia de Fernández Garello como fiscal general es inadmisible en democracia, se trata de una persona que fue parte del esquema represivo desplegado por el terrorismo de Estado”.

Según publicó La Izquierda Diario, fue el actual juez de la Corte bonaerense Eduardo Pettigiani quien sacó a Fernández Garello de la policía y le dio empleo en la Dirección General de Administración cuando él era Secretario de Seguridad en tiempos de la gobernación de Eduardo Duhalde. Cuando Pettigiani fue candidato a intendente en Mar del Plata, Fernández Garello fue electo concejal del PJ. Tras la reforma de 1998 al Código de Procedimiento Penal provincial fue elegido, finalmente, fiscal general de la ciudad balnearia.