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Exigen al Estado abrir los archivos sobre Julio López

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f0ba2bfd8f936a77d3b146acfe9443c7_XL[1]La apertura de los archivos del Estado no es una consigna vacía. A nueve años de la desaparición de Jorge Julio López –sobreviviente de la dictadura y testigo en la causa que condenó al genocida Miguel Etchecolatz– fue presentado en el Congreso un proyecto de ley que exige la apertura de los archivos en poder del Estado referidos a este desaparecido. López es uno de los casi 200 que nunca más aparecieron en democracia, pero es el único que desapareció dos veces, el  27 de octubre de 1976 y el 18 de septiembre de 2006, el día en que escucharía los alegatos durante el juicio contra el represor que lo había secuestrado. La diputada nacional Myriam Bregman (PTS-FIT), impulsora de la norma, enumeró los casos en los que ya comprobaron de manera concreta la elaboración de informes secretos por parte de los agentes de Inteligencia de diversos organismos del Estado, infiltrados en organizaciones sindicales, sociales y políticas. Y junto a los participantes de la audiencia pública coincidió en que se trata de una práctica de la dictadura que siguió sin pausa durante la democracia. “Bajo los gobiernos constitucionales las fuerzas armadas y de seguridad jamás abandonaron el método de la desaparición de personas, así lo hicieron en La Tablada, con Miguel Bru, y tantos otros”, afirmó Bregman.

“Hemos demostrado que los archivos de la dictadura existen, en la causa de Alejandrina Barry la SIDE nos envió los que tenía guardados desde el año ’74. Pero mucho más cerca en el tiempo nos consta que la SIDE y las agencias de inteligencia de los distintos organismos del Estado también tienen acumulada información de estos años, seguramente tienen sobre (el genocida Miguel) Etchecolatz y Julio López”, arrancó Bregman luego de mencionar a todas los referentes políticos y de derechos humanos que estaban presentes. “En nuestra denuncia conocida como Proyecto X demostramos que tenía información completa sobre muchos de los que estamos aquí, hay datos sobre viajes de Cortiñas a Trelew, y como el ejemplo del compañero de la CCC que estaba fichado y le seguían imputando causas a pesar de que estaba fallecido. Ahí probamos que la Gendarmería tiene información de todos los que militan”, agregó.  Cuando habían pasado siete meses de la desaparición de López, desde Justicia Ya La Plata ya denunciaban que el informe de la SIDE en el expediente judicial se había basado en datos de la guía telefónica y preguntas genéricas a los vecinos. “El que comandaba la elaboración de esos informes era el ex agente Antonio Stiuso, tratando de encubrir a la Policía Bonaerense y a los demás responsables de la desaparición de López”, dijo Bregman.

La audiencia pública para presentar el proyecto de ley que exige la apertura de los archivos en poder del Estado referidos a la desaparición de Jorge Julio López contó con la presencia de María del Carmen Verdú (Correpi), Carlos Zaidman (Multisectorial La Plata), Elsa Pavón (Asociación Anahí), Nora Cortiñas (Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora), Pablo Pimentel (APDH La Matanza), Sebastián Iacoponi (Izquierda Revolucionaria), Graciela Rosenblum (LADH), Nicolás Tauber (Liberpueblo), Patricia Walsh (diputada mandato cumplido y querellante en la causa ESMA), Claudia Ferrero (Apel), Carla Lacorte, Jorge Sobrado, Gloria Pagés, Luis Bonomi (Ceprodh), Christian Castillo (PTS), Ana Laura Lastra (comisión interna Indec), Enrique “Cachito” Fukman (AEDD) y despedidos de Coca Cola y LAN.

Nicolás del Caño, coautor del proyecto, envió un saludo por estar de viaje, al igual que Pablo López (PO). También enviaron su mensaje el diputado Ricardo Cucovillo y Juan Carlos Zabalza, al igual que Nilda Eloy y María Laura Bretal desde La Plata, Mirta Baravalle y Elia Espen (Madres Línea Fundadora), Roberto Gargarella, Félix Dïaz, Daniel Stragá, Liliana Mazea, Hilda Pressman, Natalia González Seligra y Graciela Ledo.

Bregman mencionó como paradigmático del espionaje para mantener esos archivos estatales el caso de Américo Balbuena, oficial de Inteligencia de la Policía Federal que estuvo una década infiltrado en la agencia Rodolfo Walsh, y destacó que esa causa judicial está en el juzgado federal 12 de Sergio Torres y la tienen “paralizada con la excusa de que el Consejo de la Magistratura no envía los fondos para hacer un peritaje de las computadoras” que usó el espía. “Todo esto demuestra que se hace inteligencia sobre las organizaciones sindicales, sociales y políticas, y es impensado que apenas se iniciaba el primer juicio luego de que fueran anuladas las leyes de Obediencia Debida y Punto Final en La Plata en 2006 la Gendarmería, la SIDE y el 601 no iban a estar haciendo inteligencia ahí”, dijo la diputada del PTS en el Frente de Izquierda. “Hasta hace poco el 601 tuvo infiltrado a Raúl Tarifeño en el MST de Neuquén, iba a todas las reuniones con los desocupados y los trabajadores de Zanon”, recordó. La abogada, una de la fundadoras del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, destacó que otra respuesta “sugestiva” de la SIDE cuando pidieron informes sobre el juicio a Etchecolatz fue responderles con un dossier de cada uno de los querellantes en el siguiente proceso de lesa humanidad, el que condenó al capellán Christian Von Wernich. “Estos juicios estaban siendo monitoreados”, dijo. “La mecánica era inversa, cada vez que los querellantes descubríamos una prueba que vinculaba a los miembros de alguna fuerza de seguridad con la desaparición de López, recién ahí los organismos de inteligencia del Estado blanqueaban la información que tenían, esto es porque llevaban investigaciones paralelas”, agregó.

Sobre López, la diputada recordó que luego de seis meses de su desaparición el ex presidente Néstor Kirchner dijo por cadena nacional: “Todo hace pensar que ha actuado lo que se conocía como mano de obra desocupada, elementos paramilitares o parapoliciales que quieren amedrentar y lograr su objetivo de mantener la impunidad, reclaman imponer una amnistía”. Por lo tanto, Bregman enfatizó: “Cuando decimos que las fuerzas armadas y de seguridad están involucradas en la desaparición de López no estamos haciendo una suposición, en ese momento el presidente de la Nación reconoció que fueron ellos los que lo secuestraron. Habría que analizar por qué con eso no se hizo nada, y por eso este caso demuestra el doble discurso de autodenominarse gobierno de los derechos humanos y por otro lado reconocían que actuaban estas patotas”. De esta manera,  “el camino quedó allanado para que la Federal y la Bonaerense empantanaran la causa para que nunca sepamos qué pasó con Julio”.

Antes de terminar, Bregman afirmó que ahora los juicios por delitos de lesa humanidad se encuentran en una nueva disyuntiva. “Si aquella amnistía que pretendieron imponer no se logró fue porque nosotros dimos una respuesta contundente, enfrentamos el terror que querían imponer saliendo a la calle con la Multisectorial de La Plata, Berisso y Ensenada y el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, de manera ejemplar. Si los juicios de lesa humanidad siguen en pie no es por una concesión del Estado sino porque supimos enfrentar aquella ola de amenazas que siguió a la desaparición de López”, dijo. En ese momento mencionó que estaba presente Patricia Walsh, quien como diputada logró la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final.

“Hubo tres conferencias, en la fundación Hannah Arendt, en la Universidad San Andrés y en la Universidad Católica, buscan un nuevo punto final, acompañado por editoriales del diario La Nación que propician el diálogo, que no es otra cosa que reconciliación con los genocidas”, expresó. Y a su criterio, el objetivo es que no se abran nuevos procesos, que apenas sigan los que ya están sumando condenas contra Etchecolatz o Menéndez, pero esencialmente pretenden frenar los procesos a los responsables civiles de la dictadura. “No quieren que avancen las causas contra Blaquier, Papel Prensa, editorial Atlántida, Massot”, enumeró.

A pesar de haber sufrido recientemente un accidente, Cachito Fukman mantuvo su contudencia habitual. “A nueve años la única respuesta del Estado fue el encubrimiento y la impunidad. Tres días después de la desaparición de Jorge, Aníbal Fernández no dijo ‘todo el Estado está buscándolo’ sino ‘estará tomando el té en la casa de la tía’, es decir estuvo encubriendo a aquellos que lo secuestraron. Felipe Solá, entonces gobernador de la provincia de Buenos Aires, luego de una marcha tremenda en La Plata bajo la lluvia donde se nos erizaba la piel porque no podíamos creer que gritábamos aparición con vida y castigo a los culpables, pero cuando le exigimos que pase a disponibilidad a todos los miembros de la Policía Bonaerense que venían desde la dictadura su respuesta fue ‘tengo que garantizar la gobernabilidad’, o sea ‘tengo que garantizar la impunidad. Y el entonces presidente Kirchner, dos semanas después dijo ‘tenemos que buscarlo a Julio’, o sea entrega la responsabilidad de la aparición de López al pueblo argentino, se la saca de encima. La actual presidenta Cristina Fernández, nunca lo nombró”, expresó este sobreviviente de la dictadura. A su criterio, la justicia “también garantizó la impunidad porque cada pista seria quedaba empantanada”. Por eso, dijo, “no hay razón para que ningún diputado no apoye la apertura de los archivos, porque en este país los secretos son sólo para el pueblo”. Poco antes había mencionado que durante la investigación judicial hubo personas vinculadas a los sospechosos que tuvieron acceso al expediente.

A su turno, Nora Cortiñas, también criticó a Aníbal Fernández por aquellas declaraciones sobre el paradero de López “tan despreciativas como las que hace ahora sobre cada desaparición, cada golpiza a los trabajadores, sobre Félix Díaz”. Para esta Madre de Plaza de Mayo, “nunca hubo intención de encontrarlo, y menos de castigar a los responsables”.  Cortiñas dijo que “estos servicios que no son de inteligencia, son espías, y hacen archivos, hay que abrir por todos lados”. Y relató que el ministro de Defensa le envió una carta que ella misma le había escrito a la consuegra de Juan Gelman pero que le habían robado los militares durante la dictadura. “Cómo no van a tener todo sobre los desaparecidos”, afirmó. “Los políticos no se comprometen con estos temas, como no lo hacen con las cuatro comunidades que hace meses están esperando que la Presidenta las reciba”, agregó. Luego de hacer alguna broma con su edad, la emblemática referente de lucha por los derechos humanos redobló la apuesta y sugirió que habría que pedir también la apertura de los archivos de la Iglesia, porque “varios de sus miembros fueron partícipes de la dictadura y de la entrega de los bebés robados”. Antes de irse, emocionó a todos y todas al señalar: “Apúrense con estas iniciativas, las Madres ya estamos llegando a los noventa, ahora a la marcha de los jueves voy yo sola con la bandera de la Fundadora”.

María del Carmen Verdú se remontó a los primeros días de la democracia al recordar que el primer desaparecido fue un joven de apellido Franco, el 24 de diciembre de 1983 en Rosario. Y recordó el llamado “libro azul” que elaboró el ex ministro del Interior Carlos Corach con informes de inteligencia entre 1991 y 1996, con detalles sobre las marchas de jubilados, por Walter Bulacio y de estudiantes contra la ley federal de Educación. “En el juzgado de Liporaci, en una causa bizarra sobre quiénes financiaban a Correpi y al PTS, encontramos grabaciones de reuniones que incluso se habían hecho en el living de la casa de compañeros, por eso nos consta que nos espían”, dijo. Verdú relató, además, que hace pocas semanas un fiscal de Neuquén presentó los elementos de prueba para imputar a una comunidad mapuche “que tiene el descaro de reclamar la restitución de las tierras ilegalmente ocupadas por Benetton”, y entre los papeles “se le fue un legajo con informes de inteligencia sobre asambleístas de la zona que pelean contra la minería extractivista y sobre miembros de la comunidad mapuche”.

La fundadora de Correpi enfatizó que “la desaparición de Jorge Julio López visibilizó a la existencia de desaparecidos en democracia, es la confirmación de que se trata de una práctica que el Estado argentino no cesó de utilizar en diciembre de 1983”, y describió que de los más de 200 casos que cuenta su organización la mayoría son “pibes trabajadores, hijos de trabajadores, vistos por última vez cuando fueron subidos a un patrullero, y terminaron asesinados en la tortura porque ‘se les fue la mano y se les quedó’, como dicen ellos mismos, y entonces hacen desaparecer el cuerpo y las constancias administrativas”. Para Verdú “hay que recordar a los desaparecidos de los ’90 en Mendoza, Garrido, Baigorria y Guardatti; Gómez, Basualdo y Gorosito en Entre Ríos; Andrés Núñez en el ’90, Miguel Bru en 1994; la docena de desaparecidos en Comodoro Rivadavia, entre ellos Iván Torres; Facundo Rivera, en Córdoba; Luciano Arruga, Daniel Solano, un caso particular porque fue selectiva, lo fueron a buscar porque era un trabajador que estaba empezando a organizarse en un ámbito muy explotado como es la cosecha de la fruta”. En este contexto, la abogada del caso Bulacio recordó que la Presidenta dijo en 2013 “hoy afortunadamente nadie puede desaparecer de ningún lado”, pero agregó que “la desmiente nuestra larga lista”.

Claudia Ferrero destacó que la presentación masiva de habeas corpus por López, en su mayoría rechazados, con el agravante de que en algún caso les hicieron pagar las costas, una nefasta tradición de los jueces de la dictadura. Y recordó que su compañero del Partido Obrero, el dirigente Pablo Rieznik fallecido recientemente, fue parte de la lucha por la aparición de Jorge Julio López.

Pablo Pimentel y Carlos Zaidman señalaron la importancia de que este proyecto sea tratado y lamentaron la ausencia de otros legisladores, sobre todo los miembros de la comisión de Derechos Humanos. Graciela Rosenblum saludó el proyecto y destacó como señal de impunidad la reciente liberación de los integrantes de la Triple A acusados en la causa de Graciela Pane.

Patricia Walsh denunció que el 40 por ciento de los genocidas condenados tiene prisión domiciliaria, y, contra el discurso gubernamental, señaló que lo que es ejemplar en este país es la lucha, y no el Gobierno ni su pretendida defensa de los derechos humanos. Por su parte Nicolás Tauber apoyó y llamó a impulsar el proyecto y la movilización por López.

Finalmente, Christian Castillo recordó a Adriana Calvo que fue la primera en denunciar que López estaba desaparecido. “Daniel Scioli se jacta de la Policía Bonaerense, la misma que desapreció a Julio y la misma que tiene entre sus hombres a asesinos de gatillo fácil como Salmo (el policía que baleó a nuestra compañera Carla Lacorte), que hasta hace poco seguía en funciones; o a los responsables de la Masacre de la Comisaría 1era de Quilmes, masacre en la que la Bonaerense fue, como en el caso López, la que estuvo a cargo de la investigación”, precisó el dirigente del PTS.

TEXTO COMPLETO DEL PROYECTO DE LEY – Bregman-Del Caño

APERTURA Y PUBLICIDAD DE LOS ARCHIVOS REFERIDOS A LA DESAPARICIÓN DE JORGE JULIO LÓPEZ EL 18/09/2006

 

Artículo 1°.-  El Poder Ejecutivo Nacional deberá disponer la inmediata apertura y publicidad de los archivos, informes, expedientes y/o todo tipo de documentación producidos y/o almacenados por los organismos que se detallan a continuación así como de cualquiera de sus cuerpos especiales y de inteligencia: Policía Federal Argentina, ex Secretaría de Inteligencia del Estado y de todos aquellos organismos que la hayan sucedido, Servicio Penitenciario Federal, Gendarmería Nacional y Prefectura Nacional, como así también la información del mismo tenor producida por las Fuerzas Armadas de la República Argentina; ello desde el primer día de junio de 2006 hasta la actualidad, en lo concerniente a:

a) el proceso judicial en el cual se juzgaron las responsabilidades de Miguel Osvaldo Etchecolatz (causa 2251/06, «Etchecolatz Miguel Osvaldo s/homicidio calificado»)

b) la investigación judicial que tramita bajo el número de causa 16.060 del Juzgado Federal N° 1 de la Ciudad de La Plata, caratulada “López, Jorge Julio s/ Desaparición forzada de personas”.

c) toda otra investigación y/o actuación de cualquier otra índole que existiere en relación a la desaparición forzada de Jorge Julio López producida el 18 de septiembre de 2006.

A través del Poder Ejecutivo Nacional se solicitarán al Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires los archivos, informes, expedientes y/o todo tipo de documentación producidos y/o almacenados en lo concerniente a las causas detalladas en los puntos a), b) y c) con relación a la Policía de la Provincia de Buenos Aires incluyendo todos sus cuerpos especiales y al Servicio Penitenciario Bonaerense.

 

Deberá incluirse sin excepción alguna toda la información clasificada como pública así como la reservada y la secreta.

Artículo 2º.– La apertura y publicidad de archivos, expedientes y documentación dispuesta en el artículo precedente, deberá contemplar las actividades realizadas, ordenadas y/o sugeridas por parte de miembros del Estado ya sea nacional, provincial o municipal -incluyendo los pertenecientes a órganos de inteligencia-, con respecto a la actividad de los querellantes, testigos y todo otro colectivo o individuo que haya tenido participación en el marco de las causas judiciales antes mencionadas.

Si existiese información que hubiere sido remitida a cualquier otro órgano del Estado, incluyendo a los antes mencionados, deberá indicarse ese destino detalladamente y procederse de igual manera a lo establecido en este artículo respecto a su apertura y publicidad.

Artículo 3º.- Sancionada la presente ley el Poder Ejecutivo Nacional deberá entregar a la Cámara de Diputados de la Nación toda la información emanada en virtud de los artículos 1° y 2º de la presente, con un plazo no mayor a los treinta días.

La Cámara de Diputados de la Nación deberá resguardar, almacenar, clasificar, conservar y dar a conocer todos los archivos, nóminas, expedientes y demás documentación que sea remitida por el Poder Ejecutivo Nacional según lo dispuesto por los artículos 1° y 2º de la presente ley.

Artículo 4°.- Tendrán acceso irrestricto y sin limitación alguna al conjunto de los archivos, nóminas, expedientes y toda la documentación citada en los artículos precedentes:

a) los querellantes en las causas mencionadas en el artículo 1º de la presente ley;

b) los organismos de derechos humanos públicamente reconocidos;

c) toda persona física o jurídica que tenga un interés legítimo en el acceso a la información recabada o bien se encuentre considerada en la información surgida.

Artículo 5°.- Quedan excluidos de los alcances del artículo 4° los integrantes de las Fuerzas Armadas, de Seguridad, y de inteligencia de todas las jurisdicciones existentes en el territorio nacional, incluyendo a quienes se encuentren en situación de retiro, al personal civil de cualquiera de estos órganos, así como a cualquier persona vinculada a delitos de lesa humanidad.

Artículo 6°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

FUNDAMENTOS

Sr. Presidente:

A nueve años de la desaparición del testigo y querellante en causas de lesa humanidad Jorge Julio López, traemos a consideración el siguiente proyecto de ley a fin de disponer la apertura de los archivos, informes, expedientes y/o todo tipo de documentación  que estén en poder de la Policía Bonaerense, la Policía Federal Argentina, el Servicio Penitenciario Federal, el Servicio Penitenciario Bonaerense, el Ejército, la Fuerza Aérea y/o la Armada Argentina, así como los archivos pertenecientes a la ex Secretaría de Inteligencia del Estado y los organismos que la han sucedido, relacionados con la segunda desaparición forzada de Julio López.

Se deberá incluir la información que haya sido clasificada como pública como así también como reservada o secreta. Dada la gravedad y trascendencia social que tiene la desaparición de López, no hay fundamentos para aguardar los plazos establecidos por la legislación respectiva ni ninguna restricción de otro tipo. Hay que saber cuál fue el destino de Julio y quiénes fueron sus secuestradores.

En el marco del primer juicio oral iniciado desde la nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, el 18 de septiembre de 2006 se produjo la segunda desaparición forzada de Jorge Julio López, militante secuestrado, desaparecido y torturado durante la dictadura cívico militar en el llamado “Circuito Camps”. La declaración testimonial de López fue relevante para acreditar la participación directa del ex comisario bonaerense Miguel Osvaldo Etchecolatz en el plan genocida que tuvo lugar en la Argentina entre 1976 y 1983.

Al momento de la segunda desaparición de López, en la policía de la Provincia de Buenos Aires aún quedaban en funciones 9.026 efectivos que habían actuado durante la dictadura en la cual había ocurrido la primera desaparición del querellante.

Desde un primer momento, numerosos organismos de derechos humanos han señalado la gravedad del hecho, en contraposición al encubrimiento que lentamente se fue tejiendo desde distintos estamentos del Estado provincial y nacional, incluyendo al Poder Judicial. Se abonó durante largo tiempo la teoría de que “López se hallaba perdido”, instruyéndose una causa por averiguación de paradero, perdiendo así un valioso tiempo en la investigación. Fue necesaria un dura pelea de los organismos intervinientes en la causa para que meses después se reconozca la desaparición forzada de López  y pase así la causa a la Justicia Federal, donde su búsqueda y la de los responsables de su desaparición no corrió mejor suerte.

Cambios de jueces, de secretarías, decenas de líneas de investigación, incluso las más inauditas que incluyeron las señaladas por brujos, videntes y “pendulistas”, fueron constituyeron lo que hemos denominado como “monumento a la impunidad”.

Es especialmente recordada la aseveración de Adriana Calvo (que fuera miembro de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos), sobreviviente del “Circuito Camps”, querellante y testigo clave en decenas de causas, quién aquella mañana cuando Julio no llegó al tribunal donde tendrían lugar los alegatos contra Etchecolatz, rápidamente sentenció: “Julio está desaparecido”.

Pero tuvo lugar una verdadera política de Estado consistente en negar lo realmente ocurrido, en lo que terminó constituyendo un aberrante acto de encubrimiento de los secuestradores de López. Recién en el año 2008, la Cámara Federal de La Plata apartó a la Policía Bonaerense de la investigación que durante esos primeros años estuvo incluso en manos del actual jefe de la fuerza, Hugo Matzkin, quien por entonces fuera jefe del área de investigaciones complejas.

Vale recordar, que luego la investigación estuvo durante años dirigida por un juez federal de La Plata proveniente de la dictadura como Manuel Blanco, lo cual no hace más que sumar otro absurdo en el marco de la deliberada impunidad y parálisis construida en torno al hecho. La conclusión es que al día de hoy no existe aún un solo imputado por la desaparición, lo cual ha llevado a los organismos querellantes a presentarse ante la Comisión Interamericana por los Derechos Humanos.

Han abundado las evidencias que involucraban en la desaparición de López a miembros retirados y en actividad de fuerzas de seguridad y penitenciarias con estrechas relaciones con genocidas, entre ellos algunos de los detenidos en el pabellón de lesa humanidad de la Unidad Carcelaria de Marcos Paz, donde entre otros se hallaba detenido Miguel Etchecolatz, en condiciones de una flexibilidad e informalidad tal, que luego de varios años han ameritado el procesamiento de seis efectivos del Servicio Penitenciario Federal debido a que su conducta imposibilitó desarrollar diversas líneas de investigación.

Es evidente que es el Estado Nacional es quien tiene que dar respuestas alrededor de la desaparición forzada de Jorge Julio López y es por ello que deberá arbitrar todas las medidas tendientes a informar qué es lo que ha ocurrido con el testigo. El Gobierno Nacional tiene las herramientas para disponer la apertura total e irrestricta de toda la información, y por su intermedio también, de solicitar a la Gobernación de la provincia de Buenos Aires disponga idéntica medida dada la gravedad del caso.

No puede volver a repetirse lo que ocurre con los llamados “archivos de la represión”. Al día de la fecha, las causas en curso por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico militar cuentan como prueba casi exclusiva con el testimonio brindado por los sobrevivientes de los centros de tortura y exterminio, como es precisamente el caso de Julio López. Asimismo la mayoría de los crímenes cometidos por la organización paraestatal denominada «Triple A» continúan impunes.

Solo en forma aislada, esporádica, se han encontrado esos archivos tanto en manos privadas como en las propias dependencias del Estado. Pero a la par, en todos estos años se ha evidenciado la falsedad de la afirmación de que los archivos de la represión no existen.

Un ejemplo contundente es el que se acreditó en el tramo de la causa ESMA, expediente N° 14217/03 que continúa en etapa de instrucción en el juzgado Federal N°12, en los casos de Juan Alejandro Barry y Susana Mata, cuando ante el requerimiento de su hija Alejandrina Barry, querellante en la causa, la propia Secretaría de Inteligencia (ex SIDE) confirmó poseer información sobre Juan Alejandro Barry, su hermano Enrique Barry y su compañera Susana Mata, todos ellos desaparecidos. Tanto era el interés de los represores por conservar todo en forma absolutamente documentada, que hay pruebas fehacientes de que incluso se microfilmaron los documentos. Esto se probó tanto en la causa ESMA como en otras.

Entendemos que en esta tónica, mal podría entonces no existir información secreta sobre la desaparición de López ocurrida en el año 2006, en la cual indefectiblemente han participado miembros de las fuerzas del Estado, tanto en su desaparición como en la investigación posterior.

En ese sentido, no es menor el escabroso hecho descubierto por los organismos  en una actividad encabezada por Chicha Mariani el día 12 de agosto de 2006 reclamando por su nieta apropiada Clara Anahí Mariani, donde estuvo presente Julio López, y en las fotografías tomadas en el acto se ve cerca de él a un personaje que luego se identificó como el ex policía bonaerense, Oscar Chicano, que evidentemente se dedicaba a seguir todos sus movimientos de López.

Destacamos que en nuestro proyecto reclamamos también la apertura de archivos a las Fuerzas Armadas porque por ejemplo hoy en el Ejército Argentino, reportan más de 1.400 agentes de inteligencia con lo cual no hay que descartar que posean valiosa información.

En el presente proyecto se propone que los organismos de derechos humanos de reconocido funcionamiento en el país tengan acceso irrestricto a esa información junto con los demás interesados directos en el caso, planteándose la lógica excepción de los integrantes de las Fuerzas de Seguridad y Fuerzas Armadas y de todas aquellos victimarios que se encuentren involucradas en el hecho investigado.

Es necesario que se produzcan medidas efectivas para dar con esa información que termine con la escandalosa parálisis de la causa 16.060 que investiga la desaparición de López, de allí la imperiosa necesidad de una ley nacional que lo establezca.

Por las razones expuestas y las que brindaré oportunamente, es que solicito la aprobación del presente proyecto de ley.

«Ante un piquete el Estado enfrenta un ámbito protegido por la Constitución»

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El juez federal Sebastián Casanello quizá simplemente haya frenado para tomar impulso. Este magistrado acaba de dictar la falta de mérito de los dos gendarmes imputados en la causa sobre el espionaje ilegal, conocida como Proyecto X y revelada por este sitio en noviembre de 2011 aún antes de recibir ese nombre periodístico. Sin embargo, es poco probable que la cúpula de Gendarmería y el propio ministerio de Seguridad hayan celebrado el fallo porque temen que las medidas de prueba ordenadas por Casanello indiquen que estaría decidido a avanzar más allá de los autores materiales. Además, en su resolución el juez advirtió que “no es tolerable” armar bases de datos para controlar actividades de trabajadores, dirigentes gremiales o políticos”, y destacó que “cuando se produce un piquete de trabajadores y representantes de movimientos sociales y políticos, el Estado se enfrenta con ámbitos expresamente protegidos por la Constitución”. De todos modos, la abogada Myriam Bregman, autora de la denuncia que dio inicio al proceso, apeló ante la Cámara Federal al considerar que sí había elementos de prueba suficientes para procesar a los gendarmes.

 

La gendarme Elizabeth Calisaya y su compañero Raúl Scheurman están acusados de haber realizado tareas de inteligencia ilegal durante las manifestaciones de los trabajadores de Kraft, y en situaciones anteriores a los cortes de ruta derivados de ese conflicto de 2009. Tal como recientemente fue identificado un ex militar con desempeño en la dictadura al frente de los operativos de infiltración, y al mando del procedimiento donde el llamado “gendarme carancho” se tiró adrede sobre el auto de uno de los trabajadores despedidos de la empresa Lear, que se manifestaba con su vehiculo a baja velocidad por la Panamericana, en la primera nota sobre Proyecto X dábamos cuenta de situaciones como esta:

 

–Yo soy delegado de fábrica, quería saber de qué medio sos, porque los compañeros tienen dudas.

–Prensa independiente, amigo.
–No, decime porque sino te sacamos a la mierda.
–Yo me voy solo, no te hagas drama.
–Bueno, andate.

(textual del video aportado por Gendarmería como prueba en la causa 481/09 del juzgado de Tres de Febrero, por corte de ruta).

 

El expediente que investiga el juez federal Casanello busca determinar si “dicho proceder ilícito, de haberse configurado, estuvo predeterminado de manera institucionalizada, es decir, si fue producto de órdenes provenientes de las altas esferas de la fuerza que direccionaron de antemano el desenvolvimiento de los subordinados”. Según explica el propio juez Casanello, “hablar de inteligencia ilegal supone pensar en un actuar que infrinja los límites impuestos por la ley de seguridad interior -24059-, la ley de inteligencia -25520- y el código procesal penal”, y define que “las tareas de inteligencia orientadas hacia individuos concretos deben incluirse en la función judicial por estar “circunscripta por las garantías individuales de libertad y

dignidad humana, y por las normas de procedimiento atributivas de sus concretas funciones”. En este sentido apunta que “si tanto juez y fiscal están sometidos a una serie de restricciones en orden a su actuar, ¿cómo no las tendrían los integrantes de las fuerzas de seguridad?”. Casanello también deberá determinar, eventualmente, si actuaron discrecionalmente por fuera de las órdenes de quienes dirigen el proceso penal, jueces y fiscales. Es decir, establecer si los gendarmes produjeron inteligencia prohibida en los términos de la ley 25.520, que establece que ningún organismo de inteligencia podrá obtener información, producir inteligencia o almacenar datos sobre personas, por el solo hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas, u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales, así como por la actividad lícita que desarrollen en cualquier esfera de acción”.

 

El magistrado recuerda que “la sospecha introducida por los querellantes, quienes se presentan como ‘organizaciones de derechos humanos, militantes sindicales, sociales y políticos’, y recogida por el fiscal, advierte sobre la existencia de una práctica institucional de despliegue de inteligencia ilegal sobre organizaciones sociales, políticas, gremiales, estudiantiles, y sobre sus militantes, que produciría información que luego es volcada, ‘blanqueada’, dicen, en expedientes judiciales donde se investigan manifestaciones, puntualmente, cortes de ruta”. Y por esa razón, “para echar luz sobre la imputación y poder dimensionarla es necesario contextualizar la actuación de los gendarmes, es decir enmarcarla en el conflicto gremial atravesado por la empresa Kraft, donde se observa el ejercicio de derechos –laborales, gremiales, civiles e incluso políticos- y, paralelamente, la colisión propia de toda medida de fuerza, con la posibilidad cierta de registrar conductas previstas en el Código Penal”.

 

Es en esta parte de la resolución que el juez afirma su punto de vista sobre cómo debe ser abordada, en casos como éste, la protesta social. “Estas conductas posiblemente antinormativas –de las que participan obreros, representantes gremiales, integrantes de movimientos sociales y políticos-, sin embargo, al ser la consecuencia de medidas de protesta social no pueden ser abordadas, ni en su represión ni en su juzgamiento, como simples casos de delincuencia común (…) algunas acciones de protesta pacíficas, pero infractoras de reglas, en ciertos casos pueden estar justificadas al amparo del ejercicio de un derecho constitucional y, en otros, ser objeto de una ponderación que termine excluyendo la responsabilidad”, escribió Casanello. Y cita a Hannah Arendt para enmarcar las manifestaciones en el concepto de “desobediencia civil”. A su criterio, “el empleo de vías de facto para interrumpir el tránsito vehicular, y de ese modo generar una visibilidad que pueda ser utilizada como medio para exigir el cumplimiento de demandas laborales, si se encuentra inspirado en un interés colectivo, podría constituir un hecho cuanto menos cercano a la desobediencia civil. Teóricos de la talla de Hannah Arendt han desarrollado hace tiempo la idea de que los ciudadanos recurren a la desobediencia civil cuando no poseen otro instrumento para que los gobernantes reparen efectivamente en la existencia y la justicia de sus reclamos”.

 

Luego, el magistrado reitera que el objeto de la investigación es “discriminar cuáles son los límites de la función de prevención o seguridad que debe respetar la fuerza para garantizar los derechos ciudadanos a la hora de actuar frente a hechos de protesta social, sobre todo cuando sus protagonistas son trabajadores, representantes gremiales, militantes políticos, entre otros actores de un mismo colectivo (…) La Gendarmería, como otras fuerzas de seguridad, debe limitarse a cumplir estrictamente con la ley. La actividad preventora debe ceñirse a evitar la conducta antinormativa, siempre dentro de esos límites legales, y la investigación debe producirse en la medida de las órdenes judiciales. Esto supone respetar los derechos involucrados y abstenerse de abordar campos que la exceden -como podrían ser interesarse en el conflicto gremial/político de la empresa y sus trabajadores- pues es allí donde aparece el riesgo de criminalizar la actividad política y gremial. En este ámbito, la discrecionalidad del actuar policial –en sentido amplio- debe ser muy reducida, pues la existencia de zonas grises, frente a este tipo de conflictos, se ofrece como campo fértil a la producción de inteligencia prohibida”.

 

Espionaje “intolerable”

 

A pesar de resolver que aún “no hay mérito” para procesar a los gendarmes imputados, el juez federal afirma que: “Cuando se produce un piquete de trabajadores y representantes de movimientos sociales y políticos, el Estado se enfrenta con ámbitos expresamente protegidos por la Constitución. Por eso, así como no sería posible que para evitar un corte de ruta el Estado se infiltre en una asamblea gremial o política, tampoco sería tolerable el armado de bases de datos para -bajo el pretexto de alcanzar una respuesta eficiente frente a los cortes de ruta- ingresar en el monitoreo y control de qué hace o deja de hacer un obrero, un delegado gremial o un dirigente político”.

 

Según Casanello, hubo órdenes judiciales pero aún no pudo comprobar si los gendarmes actuaron antes de ser emitidas las mismas, o por fuera de ellas. Sin embargo, en su fallo pondera que “sigue siendo necesario concentrar la atención en el modo en que la Gendarmería reúne y reproduce la información. Si se observa el ‘Protocolo para regular el funcionamiento y empleo del programa ´Project X´ se verá que existe una exhortación a realizar una búsqueda exhaustiva que se muestra difícil de conciliar con los límites estrictos antes aludidos”. Y cita como ejemplo, que uno de los campos a averiguar es “Personalidad, Hábitos y Otros Datos Personales: Es un campo muy complejo, incluye en el tipo de personas que adquirieron notoriedad pública –bases abiertas-, el tipo de personalidad (reservada, tímido, introvertido, extrovertido, etc), los hábitos normales (fumador, bebedor, mujeriego (SIC), etc) y la profesión, actividad y estudios cursados. En definitiva toda la información que surja de las bases públicas”), según las pruebas de la causa. En caso de comprobarse un “exceso será necesario establecer si el comportamiento fue compartimentado o si fue el producto de una disposición interna de la Gendarmería, que remita a sus autoridades centrales”. Y en tal sentido ordenó una serie de medidas que apuntan a verificar alguna de las dos hipótesis.

 

No es un gendarme, es la institución

 

Como suele suceder, la querella que encabeza la abogada Bregman (dirigente del Partido de los Trabajadores Socialistas y miembro del Ceprodh), hace una lectura diferente del expediente. “No estamos ante actos de inteligencia aislada de dos gendarmes, como parece analizar el juez de grado para dictar la agraviante falta de mérito. Es evidente que ellos no son más que el brazo ejecutor de una orden superior que decidió criminalizar la protesta social. Así, gran parte de las víctimas del espionaje terminaron con causas penales en su contra”, precisó la letrada en su apelación ante la Cámara Federal. “La impunidad de los crímenes que aquí se investigan estuvo planificada. Por ello, como cobertura de impunidad supieron colocar en el propio Protocolo que indica cómo debe almacenarse la información en el llamado ‘Proyecto X’ y otros documentos encontrados, los rótulos de ‘Reservado’, ‘Secreto’, ‘Estrictamente confidencial’. La actividad de inteligencia es una herramienta que se utiliza para colaborar con quienes deben tomar decisiones institucionales”, agregó.

 

“Luego de 34 meses de instrucción no podemos menos que preguntarnos ¿para qué sirvieron los allanamientos al Centro de Reunión de Información en dos oportunidades y al Edificio Centinela? ¿qué valoración se hace de la prueba colectada y de las testimoniales recibidas al perito interviniente? ¿qué conclusión se saca del cúmulo de causas de las cuales se tomó vista? Su resolutorio es completamentearbitrario. Toda la prueba del espionaje ilegal y sistemático llevado adelante por la Gendarmería durante años tiene un claro eje ordenador: la protestasocial”, afirmó Bregman. La abogada recordó que “de la documentación aportada oportunamente por el Ministerio de Seguridad de la Nación con relación  a la normativa que rige el actuar de la fuerza, surge claramente la ilegalidad de tales medidas y la prohibición legal de realizar ese tipo de actividades tal como lo explica claramente el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) en su presentación del “Amicus Curiae” de fecha 31 de agosto de 2012”.

 

Para la querellante, los gendarmes no pueden deslindar su responsabilidad en la “obediencia debida” a sus superiores o a la justicia. “Es evidente y pudo ser comprobado por el juez que no existe una orden judicial que ‘abarque todo lo actuado’ ya que de haber existido tamaña orden que indique infiltrarse entre manifestantes de civil, obtener datos sobre la filiación política y/o sindical de los manifestantes, futuras acciones a realizar en el marco del conflicto laboral, estaríamos hablando de órdenes judiciales ilícitas y, junto con la promoción de la denuncia que diera inicio a estas actuaciones, se debiera investigar la propia actuación judicial (…) Por otro lado, salvo que se pretenda argumentar la obediencia debida de un gendarme hacia un juez a pesar de lo manifiestamente ilícito de dicha orden, no habría forma de argumentar la falta de responsabilidad de los aquí imputados. Conclusión, no se trata de que estos dos gendarmes se ‘excedieran’ en órdenes dadas por jueces y fiscales, sino de la existencia de todo un armado ‘preventivo’ de obtención y registro de información para facilitar imputaciones en posteriores causas judiciales y para la instauración de un entramado de espionaje político y social”, describe la abogada en su presentación.

 

A modo de ejemplo sobre el funcionamiento de las bases de datos montadas por la Gendarmería y denunciadas como ilegales, Bregman explica que la delegada de Pepsico Lorena Gentile termina imputada por corte de ruta a partir de la identificación que de ella hacen dos gendarmes con la “base de datos” y finalmente la gendarme Calisaya, quien admite que lo logró “entremezclándose de civil entre los manifestantes”. En tanto, las llamadas de teléfono de su compañero, Leonardo Norniella, figuran como “interceptadas”. Y surge también como prueba que un gendarme encomendado para identificar al delegado de Kraft Ramón Bogado terminó elaborando un informe sobre las actividades del gremio de la alimentación.

 

Bregman también se quejó de la modificación del objeto procesal que había determinado la fiscalía, de que el juez haya comenzado por la parte más baja de la escala de mando de la Gendarmería y de que haya acotado el grupo de damnificados excluyendo, entre otros, a Carlos Zerrizuela, Vilma Ripoll, Néstor Pitrola. “Teniendo en cuenta la inmensa trascendencia pública de estos hechos, resultado que no hace más que confirmar la gravedad institucional que revisten los hechos denunciados, las implicancias y el resultado de esta causa no solo interesa a los aquí querellantes, sino que por el contrario importan a todo un conjunto social que se ve damnificado por la violación a sus más elementales libertades democráticas tales como: peticionar ante las autoridades, reclamar por sus derechos, libertad de reunión y de tener una filiación política sin sufrir persecuciones por ello”, señala la querellante a modo de síntesis.

Habría mil espías como Balbuena

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La causa judicial por la infiltración de la Policía Federal en la agencia de noticias Rodolfo Walsh avanza a ritmo sostenido. Ya declararon varios testigos, entre ellos el diputado provincial Marcelo Saín (Nuevo Encuentro) quien ratificó la existencia de la división de esa fuerza dedicada al espionaje, que cuenta con sustento legal (un decreto de 1963) y donde revistarían unos mil agentes. Además, el jefe de Gabinete Jorge Capitanich se comprometió a responder sobre la «revisión» de esa normativa, a la que ningún gobierno hasta hoy se decidió a derogar. Además, ¿cómo siguió la vida en la agencia Walsh?

 

Primero fue el estupor, años de entrevistas a dirigentes de todos los colores políticos pero sobre todo del llamado “campo popular”, cronistas que compartieron notas durante más de una década con el falso periodista que resultó ser un agente de la Federal. Luego vino la denuncia pública, cuando hace un año la agencia de noticias Rodolfo Walsh anunció haber descubierto que uno de sus integrantes, Américo Balbuena, más conocido por todos como el Pelado, era un oficial de inteligencia de la policía, un PCI (personal civil de inteligencia). Y finalmente hubo una demanda ante la justicia penal que generó una causa, hoy en plena actividad. Hace pocos días declaró el diputado provincial Marcelo Saín y describió el funcionamiento de la división Reunión de Información de la Federal donde revistaba Balbuena. Mientras el expediente avanza, en su reciente informe al Parlamento el jefe de Gabinete Jorge Capitanich confirmó que Balbuena y su jefe están en “disponibilidad preventiva”, y se comprometió a responder por escrito sobre la “revisión” y eventual “derogación” del decreto que creó la unidad de la Policía Federal en la que revistarían otros mil agentes como Balbuena, que vienen manteniéndose intocables a través de los sucesivos gobiernos democráticos.

La primera pregunta que le hicieron a Saín fue si ratificaba el contenido de un artículo que publicó en PáginaI12 hace más de cuatro años. Bajo el título de Los intocables, el ex interventor de la Policía de Seguridad Aeroportuaria había afirmado que la Policía Federal, creada en 1943, es la única fuerza que desde el inicio del período democrático en 1983 no ha sido objeto de “ningún tipo de reforma o modernización institucional que erradique sus enclaves autoritarios y la ponga a tono con los parámetros de la seguridad pública democrática”. La única modificación fue a instancias del diputado socialista Simón Lázara, que en 1991 eliminó la potestad de los federales de detener personas sólo para su identificación o averiguación de antecedentes. A través del decreto-ley 9.021 de 1963, durante el gobierno de José María Guido, fue creada la “Orgánica del Cuerpo de Informaciones de la Policía Federal Argentina”, esto es, “un verdadero servicio paraestatal de informaciones e inteligencia no sujeto a ningún tipo de contralor administrativo, judicial y parlamentario más allá que el ejercido por algunos pocos miembros del comisariato superior de la fuerza”. Según detalló Saín, ese cuerpo está compuesto por “agentes secretos” abocados a las tareas específicas de la “especialidad de informaciones” y cuyos cargos no son “incompatibles con otro empleo de la administración pública, provincial, municipal y privados”. Fue bajo este paraguas que Balbuena se infiltró durante más de 10 años en la agencia Walsh, porque esa norma habilita a estos agentes a infiltrarse en cualquier organismo público y privado, una facultad que no tienen ni siquiera los espías de la Secretaría de Inteligencia. “Este cuerpo policial de informaciones cuenta con casi 1000 espías que se dividen superiores y subalternos, y entre sus numerarios se encontraba Ciro James y otros secuaces que cambiaron de bando con alguna notoriedad pública”, apuntó Saín en el artículo, y lo ratificó ante la justicia. A su criterio, la Federal tiene un nivel de autonomía “por abajo” superior a cualquier otra fuerza de seguridad.

En su declaración, el legislador de Nuevo Encuentro aclaró que la reglamentación de 1967 asignó a ese Cuerpo de Inteligencia de la PFA la realización de actividades de inteligencia y contrainteligencia, posee jerarquías propias en un escalafón diferente a los demás policías, está exento de las normas que regulan al personal de la administración pública, y se encuentra habilitado para desempeñar empleos tanto en el ámbito privado como público con el objetivo de poder “infiltrarse y hacer espionaje sobre integrantes, actividades, relaciones y circunstancias”. Y acotó un detalle no menor: sus miembros tienen prohibido identificarse como integrantes de ese cuerpo.

 

Un Balbuena, ¿miles de Balbuenas?

A instancias de la abogada querellante Myriam Bregman, le preguntaron sobre la cifra de mil agentes que mencionó, y Saín respondió que la calculó en base al presupuesto asignado a esa división de la Federal. Tras afirmar que el monto es muy elevado, dijo que “si hay asignación presupuestaria del Congreso para financiar este cuerpo, ello no sólo lo convalida sino que da cuenta que luego de 30 años de democracia sigue funcionando fuera del marco de las normas que regulan la seguridad interior y la inteligencia nacional”. El diputado diferenció a quienes realizan actividades de inteligencia criminal que apuntan a la problemática delictiva, y dijo que éstos espías, en cambio, desarrollan “espionaje político”. Saín aclaró que se trata de dos cuerpos diferentes, y que los compañeros de Balbuena han contado con una cobertura legal que proviene de épocas dictatoriales que “confrontan con la legalidad democrática en este tema”.

En cuanto a la tan mentada justificación de que actúan por órdenes de la justicia, Saín fue contundente: “Las tareas de investigación criminal ordenadas por autoridades judiciales no son desarrolladas por este Cuerpo, porque no forma parte de sus funciones asistir a jueces y/o fiscales sino sólo hacer tareas de recolección de información y de inteligencias indicadas por sus superiores”.

Hace un año, tras la denuncia pública en conferencia de prensa y una movilización a Plaza de Mayo, organizaciones de derechos humanos y partidos de izquierda acompañaron a los periodistas de la agencia Walsh e iniciaron una causa penal contra el oficial mayor de Inteligencia Américo Alejandro Balbuena porque afirman haber sido víctimas de su espionaje. El caso quedó en manos del juez federal Sergio Torres y el fiscal Carlos Stornelli, a quienes se les solicitó que determinen en qué fechas operó el agente y quiénes eran sus jefes, entre otras medidas de prueba. Una de las primeras que el magistrado puso en marcha fue el allanamiento de la casa de Balbuena, en San Martín, donde lo encontraron junto a su hermana. Aunque el espía tenía una pistola Glock no la utilizó. Fue el 21 de mayo de 2013 y los investigadores sólo hallaron pocos muebles, algunos libros, un colchón en el piso y unos pocos objetos personales. Al día siguiente hubo un procedimiento similar en la sede de la Federal, donde los peritos comprobaron que los registros de las computadoras habían sido borrados. Pero secuestraron el legajo de Balbuena –que lo describe como un agente locuaz y colaborador, y da cuenta de varios cursos de inteligencia que realizó– y una lista de nombres de otros agentes que serían sus compañeros de trabajo en la sección Reunión de Información. Ese es uno de los interrogantes a resolver en la causa ¿cuántos más hay? Los investigadores podrían recibir información de otra dependencia de la Federal que les permitiría determinar con precisión esa cifra. Y en tal caso, ¿correrán el mismo destino de Balbuena, que luego de las denuncias fue puesto en disponibilidad en mayo de 2013 por la ex ministra Nilda Garré?

Para dejar constancia en el expediente sobre la forma de operar de Balbuena ya declararon en el expediente varios testigos, entre ellos Rodolfo Grinberg, uno de los fundadores de la agencia Walsh y ex compañero de colegio de Balbuena, Enrique Fukman, sobreviviente de la ESMA y miembro de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, Oscar Kuperman, del MTR Cuba, los dirigentes del MST Vilma Ripoll y del PTS Claudio Dellecarbonara, además de los diputados Saín y Christian Castillo (PTS-FIT). Dellecarbonara relató cómo Balbuena se inmiscuía en cada conflicto que había en el Subte, y se pasaba horas en las instalaciones del subterráneo tratando de averiguar qué opinaba cada uno y cuáles serían los pasos a seguir. “La manera de entrar era con un trato campechano. Te decía que apoyaba nuestra lucha, que él era un trabajador más”, dijo el delegado de la línea B. De hecho, quienes lo conocieron afirman que se camuflaba muy bien porque se hacía pasar por un “periodista militante”, comprometido con las causas de las notas que cubría, pero siempre con una actitud entre ingenua y bonachona. Entraba en confianza y le tenían afecto pero casi todos coincidían en que “era raro”. Tan preparado fue su desempeño que Balbuena eligió una prestigiosa escuela terciaria de radio, de orientación progresista, para obtener su título.

Por su parte, Castillo declaró que en algunos actos o movilizaciones era el único “periodista” presente, a veces acudía a reuniones abiertas de coordinación que no habían sido difundidas, y en los actos hacía entrevistas a todos los dirigentes pero luego esas declaraciones no aparecían en sus notas periodísticas. “Preguntaba hacia dónde iba la marcha, qué iban a hacer después, y tenía conocimiento personal con muchos dirigentes”, apuntó el legislador provincial. Según explicó, cuando tomó contacto con los cronogramas de las movilizaciones descriptos en causas judiciales iniciadas contra manifestantes pudo constatar que eran similares a los informes de Balbuena. “Sabemos que esto no puede ser un hecho aislado sino un modo de operar de la PFA y una política de infiltración”, agregó. A diferencia de lo que sucedió en la provincia de Buenos Aires, donde el área de Inteligencia de la Policía Bonaerense fue abierta y se transformó en el Archivo de la Memoria, esto jamás sucedió en la Federal por lo cual, según el diputado, “puede suponerse la continuidad de esa actividad expresamente prohibida por las leyes de Inteligencia y de Seguridad Interior”.

El 8 de mayo declaró el dirigente del Partido Obrero Gabriel Solano, en la misma línea que los dirigentes que acudieron a dar cuenta de la forma de manejarse de Balbuena. A modo de ejemplo recordó que en un Congreso de la juventud del Partido Obrero Balbuena se hizo presente para recavar los nombres de los militantes que habían sido electos para la dirección nacional de la organización. Al finalizar su declaración, en la cual estuvo acompañado por la abogada Bregman, Solano señaló: “Balbuena no es una excepción. El trabajo de espionaje sobre el movimiento popular se realiza de manera sistemática y es ordenado directamente desde el gobierno. Lo prueba también el Proyecto X, armado por la Gendarmería de Berni, o la Secretaría de Inteligencia del Ejército que responde a Milani. Es necesario avanzar en determinar las responsabilidades políticas del caso. Quiénes manejaron a la Policía Federal en los años que Balbuena realizaba un trabajo de espionaje fueron Aníbal Fernández y Nilda Garré, quiénes siguen siendo funcionarios. La culpables del espionaje están en el poder”.

Una golondrina no hace verano

Balbuena no fue el primero pero debería ser el último. Así piensan los querellantes que acompañaron a los periodistas de la agencia Walsh para que la justicia investigue las leyes que habrían estado violando en forma sistemática estos espías. Durante su declaración testimonial, Saín recordó los casos de la secretaria privada de Gustavo Béliz, cuando era concejal porteño, y el más reciente de James, uno de los integrantes de la red de espionaje del macrismo. Pero en la cronología ya publicada por Ojos Vendados los antecedentes de esta mala costumbre de espiar fronteras adentro se remonta a los años ’80 con las actividades del Departamento de Protección del Orden Constitucional (Depoc), y luego con el espionaje durante la administración menemista plasmado en el “libro azul” de la Policía Federal donde habían recolectado información personal y política sobre 250 personas, en su mayoría militantes de izquierda. Casi todas las fuerzas de seguridad nacionales y provinciales tienen algún caso, como el espionaje de los marinos de la base Zar, el de la Fuerza Aérea denunciado porPáginaI12, y más recientemente el que habría implementado la Gendarmería a través del denominado Proyecto X.

Durante el último informe del jefe de Gabinete en la Cámara de Diputados, ante una consulta del legislador Nicolás del Caño (PTS-FIT), Jorge Capitanich dijo que “en relación al caso de Américo Balbuena, cuando el ministerio de Seguridad tomó conocimiento de sus actividades en la agencia Walsh se inició una investigación sumaria para determinar si hay incompatibilidad entre su desempeño como oficial de Inteligencia y su participación en la agencia de noticias; y hay cargos contra él y contra su superior directo pero la investigación administrativa interna se encuentra a la espera de la actuación judicial que pudiera implicar una sanción aún más grave”. El funcionario agregó que “también se plantea claramente la revisión de la vigencia del decreto (que creó la división Reunión de Información) y sus modificaciones para su derogación y funcionamiento, pero eso se lo voy a transmitir en el transcurso de la semana próxima por nota”. Fue el 3 de abril pero Del Caño aún no recibió la respuesta prometida, por lo cual se disponía a reclamarla.

Además

¿Qué pasó en la agencia Walsh, a un año del descubrimiento del infiltrado? Entrevista a uno de sus fundadores

http://www.argenpress.info/2014/04/a-un-ano-del-descubrimiento-de-la.html

Y todos los capítulos de la historia de Balbuena

http://www.adrianameyer.com.ar/index.php/item/113-mi-colega-era-un-espía-de-la-federal

Caso Balbuena, el día después

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La clave del espionaje de la Federal está en la estructura legal, intocada desde su creación en tiempos de la Libertadora. ¿Qué puede pasar en la investigación interna a la luz del decreto ley 9021/63 que habilita las prácticas que realizó Balbuena?

Ex comisario Luis Vicat confirma existe estructura en la Federal «que bordea la línea roja» entre lo legal y lo ilegal. Informe FM La Tribu http://www.vueltacangrejo.blogspot.com.ar/

La Alameda y otras organizaciones sociales piden habeas data.

Cómo sigue la vida en la agencia infiltrada por quien durante once años se hizo pasar por un compañero periodista y en verdad era PCI (Personal Civil de Inteligencia) de la Policía Federal. 

Enfoques en medios muy diferentes. 

A pocos días de la denuncia de la Walsh y de la conferencia de prensa donde centenares de organizaciones exigieron el desmantelamiento de las estructuras que realizan inteligencia interior, la lista de los infiltrados y la entrega del material recabado, el ministerio de Seguridad dejó trascender que serían investigados todos los jefes de la división a la que reportaba el agente Balbuena. En su artículo en PáginaI12, Raúl Kollmann afirmó que «la ministra Garré le ordenó al jefe de la Federal, Román Di Santo, que determine si otros funcionarios de la sección Reunión de Información incumplen la Ley de Inteligencia ya que, según Garré, es claramente incompatible ser PCI y trabajar en una agencia de noticias monitoreando las organizaciones sociales».

Es decir, en principio surgía con claridad que Balbuena, al igual que los gendarmes de Proyecto X, habrían violado al menos una ley nacional. Aunque es altamente improbable que «trabajara por su cuenta». Pero, en cualquier caso, el asunto es más complejo porque las normas que regulan internamente a la Federal lo habilitan a hacer lo que hizo, para sus jefes o por las suyas.

Veamos por qué.

Marcelo Saín, ex interventor de la Policía de Seguridad Aeroportuaria y actual diputado provincial, asegura que «la Policía Federal Argentina (PFA) es la única institución de seguridad de carácter nacional que, desde la instauración democrática, no ha sido objeto de ningún tipo de reforma o modernización institucional que erradique sus enclaves autoritarios y la ponga a tono con los parámetros de la seguridad pública democrática». El experto afirma que el régimen profesional del personal de la PFA fue establecido durante la dictadura y que esas normas están vigentes, tanto como el decreto ley 9021/63 que instituyó la «Orgánica del Cuerpo de Informaciones de la PFA», a partir del cual se conformó y se puso en funcionamiento un verdadero servicio paraestatal de informaciones e inteligencia no sujeto a ningún tipo de control administrativo, judicial ni parlamentario más allá del ejercido por algunos pocos miembros del Comisariato superior de la fuerza.

Ese cuerpo está compuesto por ‘agentes secretos’ abocados a las tareas específicas de la ‘especialidad de informaciones’ y cuyos cargos no son ‘incompatibles con otro empleo de la administración pública, provincial, municipal y privados’, es decir, estos agentes del recontraespionaje se pueden infiltrar en cualquier organismo público o privado, facultad que no tienen los agentes de la Secretaría de Inteligencia, regulada por la Ley 25.520 que fue sancionada en democracia». Como si todo esto no fuera ya de por sí impactatante, Saín describió que «aquel cuerpo policial de informaciones cuenta con casi 1000 espías que se dividen en dos categorías, superior y subalterno, cada una de las cuales tiene sus propias jerarquías. Entre sus numerarios se encontraba Ciro James«, entre otros.

En el artículo Saín afirma que con esta estructura «intocada» la PFA adquirió una «autonomía operacional ‘por abajo’ como lo hizo ninguna fuerza de seguridad o inteligencia estatal. Y luego de describir las luces y sombras de la subordinación «por arriba» al gobierno kirchnerista, recuerda que en noviembre de 2009 la Federal abrió el paso a la pandilla de la barra de Vélez en un recital de rock que le costó la vida al joven Rubén Carballo. Muy similar descripción a la reciente zona liberada que esta misma fuerza dejó para que la patota de José Pedraza asesinara a Mariano Ferreyra.

Y se termina preguntando respecto de la evidente falta de reforma de la estructura interna de la Federal, «¿dónde quedó el impulso progresista» del mismo gobierno que creó la primera policía moldeada en democracia, con mando civil, controles externos y parlamentarios (la PSA), y también «¿qué hicieron hasta ahora los legisladores de la ‘república’ que mantienen un silencio cómplice ante semejante mojón autoritario moldeado por la herencia normativa e institucional de sucesivas dictaduras».

Balbuena trabajó tranquilo por once años, sabiendo que su actividad estaba enmarcada en los propios reglamentos internos de la fuerza, a partir de un decreto del año 1963 que está vigente.

Entonces, ¿se planteará que hay una colisión entre esa norma y las leyes que prohiben la inteligencia interior? ¿hasta dónde llegará el caso Balbuena? ¿Será ésta la oportunidad de derribar ese enclave de espías?

(Nota de opinión de Marcelo Saín, PáginaI12, enero 2010) http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-139049-2010-01-26.html

Las organizaciones sociales espiadas acuden a la justicia

La agrupación La Alameda, dedicada a la denuncia de trabajo esclavo y trata de personas, fue uno de los blancos más recientes del espía Balbuena. Sus integrantes, que en la foto de esta nota decidieron taparse los rostros, presentaron un recurso de habeas data, de impecable redacción, en el que plantean que las reglas internas de la Federal colisionan con leyes nacionales y con la propia Constitución.

La semana próxima el Encuentro Memoria Verdad y Justicia (EMVJ) pediría un habeas data colectivo para exigir al Estado que entregue todos los datos recabados de las personas y organizaciones espiadas en el caso Balbuena.

La agencia Walsh reprodujo un artículo de La Retaguardia, en el que el abogado Soares afirmó que el objetivo de la infiltración no es sólo conseguir información sino también generar desconfianza entre las agrupaciones buscando su desorganización.

www.agenciawalsh.org

La vida sigue, la tarea del periodismo alternativo también.

Bajo el título «Presos políticos, hay que arrancarlxs de la cárcel con la lucha», los colegas de la agencia de noticias Rodolfo Walsh escribieron esto:

(AW)Aclaración necesaria: Entre los perjuicios que nos produjo la infiltración del agente de Inteligencia Américo Balbuena, se halla el retraso de diversas producciones que quedaron postergadas por las tareas asumidas luego del «descubrimiento». Por caso, un Boletín especial por el Día del Preso Político que ya no se publicará como tal. En sucesivas notas, ésta es una de ellas, daremos cuenta del tema. Gracias por la comprensión. Colectivo AW.

http://www.agenciawalsh.org/aw/

Repercusiones: La Vaca, Diario sobre Diarios y El País

Balbuena decía que trabajaba en una carpintería, pero llamaba la atención que siempre tenía la mayor disponibilidad horaria para cubrir cortes y manifestaciones. Resultó que esa empresa no existía. Retrato de un servicio, según lavaca.org. Perfil ratifica lo publicado por OJOS VENDADOS en tanto el buchón de la Federal habría sido botoneado por una interna con sus propios camaradas de armas en la fuerza. Y finalmente, ¿por qué los grandes medios le dieron tan poca cabida? La respuesta es de Martín Caparrós.

http://blogs.elpais.com/pamplinas/

http://lavaca.org/notas/retrato-de-un-servicio-el-agente-infiltrado-en-la-agencia-de-noticias-rodolfo-walsh/

http://www.diariosobrediarios.com.ar/dsd/notas/5/373-a-balbuena-lo-botonearon-desde-la-policia-.php#.UZGCx6JSjko

Manual sobre la ingeniería del espionaje y la criminalización de la protesta

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En esta entrevista la abogada Myriam Bregman –impulsora de la denuncia inicial de la causa conocida como Proyecto X— aborda los interrogantesque despierta el descubrimiento de que, una vez más, una de las fuerzas de seguridad hizo inteligencia interior sobre militantes y organizaciones sociales de un amplio espectro ideológico, una actividad que está prohibida por las leyes vigentes. En especial, explica que en el 95 por ciento de los casos los gendarmes actuaron sin orden judicial alguna. Y que si hubiesen existido tales directivas también serían ilegales. «La red nacional de espionaje y monitoreo montada por la Gendarmería responde a disposiciones internas, y su objetivo es el armado de causas penales», afirmó la letrada.

El documento que ilustra esta nota enumera las «principales organizaciones que originaron las expresiones sociales monitoreadas por la fuerza», según detallaron los gendarmes en el extenso listado que figura en el expediente. Son más de mil, de casi todas las provincias, y están desde los docentes universitarios de la Conadu hasta los taxistas autoconvocados de Tucumán. El listado completo se publica en otra nota de esta sección

http://www.adrianameyer.com.ar/index.php/item/95-m%C3%A1s-pruebas-confirman-el-espionaje-de-gendarmer%C3%ADa-proyecto-x

–¿Cómo detectaron el espionaje y la infiltración de la Gendarmería en sus organizaciones?

 

–A partir del inicio de varias causas penales contra los delegados antiburocráticos de Kraft, Pepsico y otras empresas multinacionales de la zona norte del gran Buenos Aires, notamos que estas causas tenían un denominador común: la Gendarmería Nacional aportaba distintos tipos de pruebas, como informes de inteligencia con caracterización de los conflictos sindicales, la clasificación política de los delegados, las tendencias sindicales dentro de los gremios.

A la vez, fuimos advertidos por los mismos compañeros trabajadores que nos indicaban que la Gendarmería enviaba a agentes sin identificación para que se mezclen entre ellos cuando se manifestaban. Esto lo pudimos constatar gracias a las filmaciones que realizaban los mismos trabajadores y también de las mismas causas iniciadas contra los trabajadores; los gendarmes que fueron citados a declarar para indicar si habían visto a los delegados, mencionaban que es una práctica habitual de ellos entremezclarse de civil para obtener datos y que habían podido constatar algunos de esos datos con una “base de datos” que ellos tenían.

Con esta prueba que ya considerábamos irrefutable, fue que iniciamos, junto a una decena de personalidades y organismos de derechos humanos, la querella presentada el 22 de noviembre de 2011 denunciando que se realizaba inteligencia ilegal y la violación de toda la legislación en la materia.

Tras casi un año se dieron a conocer el resultado de las pericias sobre las computadoras de Campo de Mayo y las del edificio Centinela de la Gendarmería nacional, donde funciona el Proyecto X, y el resultado fue de una gravedad aún mayor que la denunciada. Con la pericia informática se constató que la Gendarmería Nacional “monitorea” permanentemente las actividades de unas 1000 organizaciones, gremiales, políticas, de derechos humanos susceptibles de “Alteración del Orden Público (AOP)”. Usamos la palabra “monitoreo” porque es la utiliza la propia fuerza, y aclaramos que las situaciones de AOP pueden ser desde una huelga de hambre, hasta una huelga o una cualquier forma de manifestación de un reclamo.

–¿Qué es Proyecto X?

–Nosotros pedimos que Gendarmería informe todas las bases de datos con las que cuenta, y el Comandante Héctor Schenone dio cuenta de su existencia en un escrito presentado ante el Juzgado federal N ° 7 a finales de diciembre de 2011. A partir de esa presentación y de las pruebas que teníamos, se ordenó un peritaje sobre el servidor en la que está esa base de datos y sobre el Centro de Reunión de Campo de Mayo. Los resultados dieron que existían alrededor de 500 informes provenientes de distintos puntos del país, sobre las actividades de cuerpos de delegados combativos, organismos de derechos humanos, informes sobre las villas, entre otros, (facsímil)

Con ese nombre tan llamativo, “Proyecto X” pasó a ser el nombre popular de toda la causa sobre espionaje, de esta red nacional de infiltración, inteligencia y monitoreo que posee la Gendarmería Nacional sobre el conjunto de los sectores populares, sobre los  trabajadores y en especial sobre las comisiones internas gremiales combativas y de izquierda.

–¿Qué sucedió luego de la denuncia inicial? ¿Con qué objetivo se hizo un back up y quién lo ordenó?

–Entre los datos que arrojaron las pericias presentadas a mediados de febrero de este año, encontramos que un día después de la presentación de la denuncia y que apareciera publicada en Página/12 el mismo 22 de noviembre de 2011, se hizo una copia de seguridad de la información del servidor del Proyecto X. Y posteriormente, en febrero de 2012 cuando trascendió en forma masiva la existencia del Proyecto X, se realizó otro back up. Esto nos llamó la atención, porque, como venimos denunciando, es probable que los back up realizados hayan sido para borrar y ocultar información.

–El gobierno sigue diciendo que los gendarmes actuaron en base a órdenes de la justicia, ustedes sostienen que no es cierto. ¿Hay algo en el expediente que demuestre que actuaron sin instrucciones judiciales?

–Claro, los cientos de informes de todo tipo de movilizaciones, reuniones y actos no pudieron salir de alguna orden judicial.

Según surge de los propios informes de inteligencia, la Gendarmería Nacional cuando tiene que realizar alguna diligencia por orden judicial, deja constancia en el marco de qué expediente judicial se trata. En los documentos encontrados en las computadoras peritadas, en el 95% de los casos, los informes de inteligencia no dejan constancia alguna de que se trate de alguna diligencia judicial.

Pero hay otro tema que debemos dejar claro. Si hubiese existido una orden judicial que exigía, por ejemplo, hacer informes sobre las tendencias políticas dentro de los delegados de Kraft, ello igualmente es absolutamente ilegal. En el país donde la “obediencia debida” es sinónimo de impunidad, sobran las explicaciones.

En sus pocas declaraciones al respecto, distintos representantes del gobierno tratan de enmarcar ésta actividad ilegal de la Gendarmería en la investigación de procesos penales, para así deslindarse de responsabilidad y cargar la misma sobre la justicia, lo cierto es que con la información que ya contamos en el expediente, la red nacional de espionaje y monitoreo montada por la Gendarmería responde a disposiciones internas. La más completa es una del año 2009, momento en que Aníbal Fernández se encontraba al frente de las fuerzas represivas. A ese motivo creemos que se deben todos los agravios que nos dirigió últimamente el senador Fernández.

 

–¿Por qué la Gendarmería habría tomado la iniciativa de espiar a militantes y organizaciones? ¿Cómo llega el producto del espionaje a los expedientes quecriminalizan la protesta?

–Precisamente ese es unos puntos que se tienen que determinar con la investigación. La extensión en el tiempo, al menos desde el 2004 a principios del 2012, el hecho que abarque las funciones de Fernández y Nilda Garré, la defensa que han hecho de la Gendarmería cuando apareció la denuncia, incluso la propia Presidente de la Nación salió a defender el Proyecto X y a aseverar que habían detenido a un cargamento de drogas con ese proyecto cuando estaba precintado y sin uso en ese momento, son todos elementos que nos hacen pensar que hay una orden política detrás.

Hoy en día, con los informes encontrados y el hecho de que la mayoría de los delegados y activistas sindicales de la zona norte de Kraft, Pepsico, Frigorífico Río Platense se encuentren con causas penales abiertas, se demuestra que uno de los fines concretos de ésta red de espionaje e inteligencia es el armado de éstas causas penales, para condicionar justamente a los luchadores y delegados sindicales cuando salen a la calle para reclamar por aumento de salario, contra los despidos y suspensiones, por el fin del impuesto al salario o por sus derechos.

Recordemos que Hermosilla, delegado de Kraft y militante del PTS, tiene 10 procesos penales, y fue citado 16 veces a indagatoria por la Justicia Federal de San Martín.

La base probatoria de todos los expedientes penales son informes de inteligencia de la Gendarmería Nacional , junto con el testimonio de los mismos gendarmes que admiten lisa y llanamente la infiltración entre los manifestantes.

Es decir, la Gendarmería cuenta con información previa, y cuando la justicia requiere iniciar un proceso penal contra los trabajadores de alguna fábrica, la Gendarmería ya sabe a quien apuntará y empieza a “blanquear” judicialmente la información que ya poseía de antemano.

–Eventualmente, ¿este tipo de prácticas podrían ser ordenadas por la justicia en la investigación de cuáles delitos?

–Si fuesen solicitados por la justicia igualmente sería ilegal. Pero en el 95% de los informes no hay orden judicial.

Gran parte de los casos por los cuales los delegados y activistas gremiales se encuentran procesados, son por manifestaciones que interrumpieron el tránsito, y que junto con la mayoría de los juristas sostienen que de ninguna manera pueden tratarse como delitos penales a las interrupciones de tránsito ya que no se dan los elementos que el propio tipo penal requiere.  Es un artículo del Código Penal que fue introducido por la dictadura de Onganía y que hasta el día de hoy se utiliza como herramienta prioritaria para perseguir luchadores.

 

–¿Cómo funciona el mecanismo de la criminalización de la protesta? ¿Quién impulsa y motoriza las denuncias? ¿Cuál es el rol de las fuerzas de seguridad?

–Existen funcionarios judiciales como el fiscal Paulo Starc, que luego del papelón cometido en el caso Pomar cuando era funcionario de Scioli se dedicó en forma casi exclusiva a perseguir trabajadores combativos de la zona norte del gran Buenos Aires. Esta actividad claramente persecutoria fue avalada por el juez subrogante Mariano Larrea y lo que es peor, completamente respaldado por la Cámara Federal de San Martín, en sus dos salas, también sobre las consideraciones que podamos hacer sobre su ideología ya que es tristemente conocida en el país.

Ellos se basan para el armado de causas y para su posterior justificación y presentación con las formas de un expediente judicial, en los informes que le provee la fuerza favorita del gobierno nacional: la Gendarmería.

En el caso del Poder Judicial de la zona norte del Gran Buenos Aires, nos consta que se proveen de los informes de la Gendarmería con sede en Campo de Mayo, específicamente, de los que provienen del Centro de Reunión de Información.

Pero no podemos dejar de considerar que hay un interés político en sostener la existencia de éstas causas. Con su existencia se pretende tener condicionado justamente a los sectores más combativos del sindicalismo que nosotros llamamos de “base”. Los trabajadores del gremio de la Alimentación procesados y que pronto irán a juicio oral, son opositores a Daer, aliado de la Casa Rosada.

–A partir de la visibilidad que tomó el caso Proyecto X, ¿es posible pensar en un efecto en cadena que tienda a la anulación de los cinco mil procesos abiertos por protesta social?

–Si, nosotros estamos exigiendo la anulación de los procesos. También sabemos de los límites que existe ante la multiplicidad de juzgados que intervienen. Por eso cada año junto a otros organismos de derechos humanos impulsamos proyectos de ley para que se anulen en su conjunto las causas penales contra los trabajadores y luchadores sociales.

Lamentablemente, muchos de los legisladores de la oposición patronal que hoy se muestran escandalizados por el espionaje de la Gendarmería , y tantos otros diputados oficialistas que afirman que no se criminaliza la protesta social, jamás han dado tratamiento al proyecto de anulación de los procesos penales, que ha quedado en manos de unas pocas personas y en forma esporádica.

Claro, qué pueden decir los diputados del PRO por ejemplo cuando el propio jefe de Gobierno de la Ciudad , Mauricio Macri instauró una red igual como una de sus primeras medidas de gobierno,  junto con la implementación de una patota parapolicial llamada UCEP. O los diputados que responden a Binner cuando la provincia de Santa Fe encabeza los índices de gatillo fácil policial y de muerte de militantes en los últimos tiempos. Y el caso de la testigo en causas de lesa humanidad Silvia Suppo en Santa Fe está tan impune como el de Julio López en la provincia de Buenos Aires.

–¿Hasta dónde cree que podrá llegar la justicia?

–Conocemos bien los límites que pone el propio sistema judicial a este tipo de investigaciones que involucran al poder político. Sin ir más lejos, todavía seguimos peleando porque nos entreguen los archivos secretos del espionaje en la dictadura.

Hemos luchado contra el letargo judicial, y fue nuestra actividad la que prácticamente impulsó el expediente para que tuviera algún grado de avance.  Propusimos las pruebas, aportamos todo lo que estuvo a nuestro alcance.

El paso del tiempo conspira contra la producción de pruebas. El allanamiento realizado por el anterior juez de la causa, Norberto Oyarbide en Campo de Mayo, fue hecho 9 meses después de nuestra denuncia, tiempo más que suficiente para que se eliminara todo tipo de pruebas.

Hemos efectuado un primer llamado a indagatorias para que desde ahí se pueda avanzar en las responsabilidades del caso, para abajo en la cadena de mandos, pero fundamentalmente para arriba. Queremos llegar a la cúspide de esto.

–A juzgar por las últimas novedades hay un cambio en la investigación luego del pase a manos del juez Casanello ¿esto es así?

 

–Es muy temprano para aventurar un “cambio en la investigación” desde que Casanello se hizo cargo del Juzgado en octubre del 2012. Fueron solo unos meses donde se dio a conocer una pericia que tardó casi un año en realizarse.

La semana pasada los trabajadores denunciantes, junto a algunas Madres de Plaza de Mayo y organismos de derechos humanos, le solicitaron en una entrevista al Juez Casanello mayor celeridad en la investigación para que se termine con este escandaloso espionaje, y que se empiece a avanzar en las responsabilidad penales y políticas del caso.

Hasta el momento el juzgado no ha resuelto el pedido de indagatoria realizado el 1 de marzo.

Este 24 de marzo será la principal bandera con la que saldremos a las calles junto al Encuentro Memoria Verdad y Justicia. Todos saben lo que significa en la Argentina estar en una lista negra de una fuerza de seguridad.