El arte de encubrir(se) con escuchas ilegales

En las próximas horas habrá dos importantes audiencias en Chubut, en las que se definirá si las escuchas a la familia Maldonado que la justicia declaró nulas son finalmente destruidas, y si la fiscal federal Silvina Avila sigue en el caso a pesar de haber sido recusada por las querellas. Sus argumentos para evitar que las conversaciones sean destruidas coinciden con las filtraciones de las mismas difundidas por algunos medios: la familia, los mapuches y los abogados fueron parte de un complot contra Gendarmería. El viejo truco de ensuciar a las víctimas para encubrir sus propias movidas en el expediente a favor del gobierno, desde el minuto cero del caso. “Escuchando a Sergio no iban a encontrar a Santiago”, dijo a Ojos Vendados la abogada de la familia, Verónica Heredia.

(foto Gustavo Zaninelli)

Contra viento y marea, la fiscal del caso Maldonado se aferra al expediente para evitar ser apartada, pero sigue recibiendo cuestionamientos porque insiste en su tesis de acusar a las víctimas de haber urdido una conspiración contra los que visten uniforme verdeoliva. Silvina Avila pidió que no sean destruidos los audios de las escuchas al entorno y la familia del tatuador, que desapareció hace diez meses luego de un operativo represivo de Gendarmería en la Pu Lof en Resistencia. Lo hizo al apelar la decisión del actual juez de la causa, Gustavo Lleral, quien hace un mes determinó que esas “pinchaduras” ordenadas por su antecesor, Guido Otranto, son nulas, ilegítimas e inconstitucionales para una investigación de habeas corpus. De hecho, fueron hechas cuando el cuerpo de Santiago aún no había aparecido. “El gobierno y la fiscal, pretenden descargar la responsabilidad por la muerte de Santiago en los mapuches, con su lógica, terminan castigando a quienes denunciaron los abusos y atropellos de las fuerzas de seguridad y premiando a sus responsables, pero siempre desde la Asamblea Permanante por los Derechos Humanos sostuvimos que el operativo fue violento e ilegal, se fraguó una flagrancia y resultó en la muerte de una persona”, dijo Gisela Cardozo, una de las presidentas de la APDH, querellante en la causa. “Patricia Bullrich se aferra a teorías de complot con el único fin de perseguir a los que denuncian los abusos y no investigar la cadena de mando en las responsabilidades”, agregó.

Avila y Otranto impulsan la causa abierta por la denuncia del ministerio de Seguridad, una de las tres querellas del gobierno contra los mapuches, que acusa a personas allegadas a Maldonado de haber entorpecido la investigación sobre su desaparición y muerte con la intención de inculpar a la Gendarmería. Tanto la fiscal como el juez usaron parte de esas conversaciones como supuestas pruebas de que hubo un “plan coordinado por los miembros de la comunidad”. La reciente difusión pública de parte de esas conversaciones privadas apuntó a tratar de desacreditar los testimonios clave del caso, que en su momento determinaron la emisión de una medida cautelar contra el Estado por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. El ataque oficialista de la mano de juez y fiscal incluye la acusación de asociación ilícita, fraude procesal y falsa denuncia contra los abogados peticionantes ante la CIDH, de Naturaleza de Derechos y APDH Córdoba, Fernando Cabaleiro y Carlos González Quintana, respectivamente.

En su último escrito para evitar la destrucción de los audios ordenada por el juez Lleral, la fiscal va más allá: los acusa de haber plantado la gorra del joven anarquista. En realidad, tal como pudo verificar esta periodista en el expediente, quien falseó información en un documento público fue el juez: al realizar el anuncio del hallazgo de la prenda en el territorio mapuche recuperado de Cushamen dijo que sucedió debajo de una “manta” cuando debió decir “mata o arbusto”, como informó la policía. Otranto, que aspira a ascender en su carrera con un cargo en un tribunal oral, suma pedidos de juicio político en el Consejo de la Magistratura con cada nuevo capítulo de esta saga.

En tanto, la querellante APDH amplió los argumentos para que la fiscal Avila sea apartada del caso Maldonado, al sostener que si hubo irregularidades en los procedimientos a ella también le cabe la responsabilidad. Su accionar en connivencia con Otranto fue expuesto a partir de que su secretaria es la esposa del juez, por eso fue solicitada también la salida de Rafaela Ricono. A criterio de la querella, el juez necesita salvar el bache del acta irregular, sobre un operativo que en lugar de presenciar vigiló a distancia desde la estancia de Benetton, acusando a los mapuches. “La fiscal Ávila repite nuevamente la versión del juez Otranto de los primeros días, pero las actas del primer rastrillaje contradicen mucho esa versión, una simple N que parece un descuido, cambia radicalmente el sentido de las cosas. Se pasa de la “mata” a la “manta” y de ahí a que plantaron una prueba. Hay contradicciones que merecen una seria investigación y que nosotros estamos denunciando”, explicó a Ojos Vendados Mauricio Rojas, abogado de APDH.

El elemento de sospecha que introduce Ávila en su apelación para que no sean destruidas las escuchas en realidad debería resultar un búmeran, y todo indica que cuando en Página12 esta periodista expuso las irregularidades de aquel operativo en la fiscalía de Esquel se pudieron nerviosos.

¿Mata o manta?

El 5 de agosto Otranto ordenó allanar los escuadrones 35 y 36 de Gendarmería, pero a fojas 192 consta que un día antes anunció por nota a sus jefes que serían allanados. Ese mismo día instruyó el primer rastrillaje del río, con la división canina que ya había tomado contacto con una prenda, el famoso cuellito, aportada por Sergio Maldonado. A fojas 186 el defensor Machado realiza su propia acta de procedimiento donde consta el hallazgo “detrás de los arbustos” de un “gorro color beige”, que un miembro de la comunidad reconoce como el que usaba Santiago. Y a cuatro metros, una vaina servida. Era la prueba que ratificaba el relato de los mapuche sobre la presencia del tatuador durante la represión el 1 de agosto. En su acta Otranto y su secretaria María Silvina Salvare insisten en denostar la actitud belicosa de los mapuche a quienes acusan de entorpecer la investigación, y de la misma se deduce que ninguno estuvo en el rastrillaje. “Nos acercamos hasta la estancia de la compañía Tierras del Sud donde fuimos atendidos por el señor Ronald McDonald (jefe de capataces de Benetton) (…) luego de ello regresamos a la ciudad de Esquel”. Hasta ahí nada sobre la gorra. “En horas de la noche se presentó en el juzgado el guía del can, Martín Villarroel”, quien les explicó que el “cuellito” no fue usado porque “durante dos días lo había tenido un integrante de la comunidad”. Según el acta de Otranto, cuando el guía les dijo que se retiraba “uno de ellos le entregó una gorra que se le dijo habían encontrado bajo una manta y que pertenecería a la víctima”. Nada dice el juez sobre la cadena de custodia de semejante prueba, ni por cuántas manos pasó hasta que el defensor Machado la embolsó para enviarla al laboratorio.  Pero agrega que en la Lof estaban dos empleadas de su juzgado.

A fojas 250, el acta circunstanciada firmada por el ayudante de la División Drogas Peligrosas Matías Maglione quien describe: “Siendo las 14.40 se comienza la búsqueda, hallándose a pocos centímetros del lugar que nos encontramos precisamente debajo de una planta autóctona del lugar boina con gorra de color blanco, por lo que es consultado si pertenecería a la persona buscada la ciudadana Claudina Pilquiman confirma que la prenda de vestir efectivamente corresponde a la persona de Santiago Maldonado. Consecuentemente el instructor del can impronta al perro con el olor de referencia”. Interrogada por los fiscales de la Procuvin (Procuración contra la Violencia Institucional), Pilquiman relatará que la boina fue avistada por una mujer que no es de la comunidad, y como la secretaria del juez tampoco estaba, esa persona no es otra que una de las dos empleadas que sí estuvieron en el lugar de los hechos, cuya identidad es reservada porque podrían ser convocadas como testigos si prospera alguna de las denuncias contra Otranto por encubrimiento agravado, abuso de autoridad y prevaricato.

En definitiva, Machado y los policías coinciden en que la prenda estaba entre los arbustos o matas, lo cual sitúa a Santiago donde desapareció. Pero en pleno apogeo de la campaña negacionista del gobierno contra la posibilidad de sumar un desaparecido en democracia a la lista, el juez escribió que la entregaron los mapuches. Y a diez meses, ambos buscan encubrir sus pasos con la misma tesis más que tirada de los pelos.

El destacamento policial está adentro de la estancia de Benetton

El destacamento policial está adentro de la estancia de Benetton (foto Gustavo Zaninelli)

No aclaren que oscurecen

Esta semana habrá en Chubut reuniones fundamentales para definir la continuidad de la fiscal y el destino de las escuchas. El jueves 7 la APDH y Verónica Heredia, abogada de la familia, participarán de la audiencia por la recusación de la fiscal Avila. En tanto, el martes 5 en la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia habrá una audiencia en la cual Lleral aportará sus argumentos para validar la orden de destruir el material que registró llamadas telefónicas interceptadas a Sergio Maldonado, hermano de Santiago, la mapuche Claudina Pilquiman, el amigo del tatuador Ariel Garzí y una integrante de la red de apoyo a las comunidades en conflicto, que según pudo saber este sitio, había prestado su línea al dueño del lugar donde vivía Maldonado en El Bolsón. Para Lleral resultó “evidente que la interceptación de las comunicaciones, la invasión de la privacidad del hermano de la víctima, no era el último recurso disponible para lograr datos conducentes al hallazgo de Santiago Maldonado”.

En su defensa, Otranto y Avila aducen que pidieron las escuchas por las contradicciones que habría entre testigos mapuches, y por la urgencia de encontrar al tatuador anarquista, que estaba desaparecido desde el 1 de agosto. Según ellos, hacía falta escuchar a Sergio Maldonado en caso de que los “encapuchados mapuches” se comunicaran con él. Para Avila y Otranto no sólo hubo testigos falaces sino también pruebas plantadas.

En un intento de salvar su responsabilidad, Avila puso primera: no sólo cargó contra los mapuches, sino también acusó a Sergio Maldonado de haber manipulado objetos de su hermano y al juez Lleral de haber desarrollado estrechos vínculos con la Pu Lof, hasta deslizó que pudo haber perdido los discos que contienen las escuchas. La fiscal sostiene que la misma noche en que desapareció Maldonado, Pilquiman fue a su casa en El Bolsón y retiró sus pertenencias, para luego plantar algunas en la escena del crimen. Y al amigo de Santiago, Ariel Garzí lo acusa de inventar una comunicación inexistente al celular del mochilero.“No podemos separar lo que pasó con Santiago Maldonado del escenario de persecución a las comunidades mapuches, por eso actuamos en la causa de Rafael Nahuel y nos solidarizamos con Facundo Jones Huala, que ha iniciado una nueva huelga de hambre”, agregó Cardozo, de APDH.

La fiscal Avila, ejerciendo como abogada de los uniformados según la familia Maldonado.

La fiscal Avila, ejerciendo como abogada de los uniformados según la familia Maldonado.

 

Verónica Heredia, abogada de la familia: “No iban a encontrar a Santiago escuchando a Sergio”.

Desde 25 de Mayo, donde se realizó la marcha por los diez meses de la desaparición de Santiago Maldonado, la abogada de la familia Verónica Heredia dijo a Ojos Vendados que “es mentira que con una escucha lo iban a encontrar, pero admiten que hicieron eso que no corresponde en un expediente de habeas corpus”.  Según Heredia, “Avila reconoce que lo hicieron en un proceso que no era legal y se escuda en que lo hicieron por la urgencia de encontrarlo con vida, pero era evidente que eso no iba a suceder escuchando las conversaciones de su hermano”.  En su razonamiento, la letrada explicó que si decidieron intervenir su teléfono es porque “estaban acusando a Sergio de saber dónde estaba Santiago, por eso es una contradicción en sí misma su apelación porque la propia fiscal reconoce la ilegalidad de esa pinchadura”.

No se sabe si el fiscal de Cámara Norberto Bellver sostendrá la apelación de Ávila. Fue el funcionario que en su momento se pronunció por el apartamiento del juez Guido Otranto del caso, por haber adelantado su opinión al diario La Nación. “Primero habría que resolver la recusación de Avila, antes de escuchar sus argumentos contra la destrucción de las escuchas”, expresó Heredia. El jueves en Rawson se verán las caras Avila, su secretaria Rafaela Ricono, a la sazón esposa de Otranto, con las querellas, en la audiencia de recusación.

Heredia, con Sergio Maldonado y su esposa, Andrea Antico

Heredia, con Sergio Maldonado y su esposa, Andrea Antico

 

La fiscal Ávila no acusa, defiende a Gendarmería

A la espera de los resultados de la autopsia de Santiago Maldonado, que podría derivar en un cambio en la carátula del caso, el juez federal Gustavo Lleral advirtió que “saber la causa de su muerte va a llevar un tiempo”. Lo dijo en referencia a las filtraciones sobre el informe preliminar, y a las conjeturas que éstas propician, por lo cual agregó que “se habla tanto y muchas veces sin saber”. Por otra parte, el magistrado respondió sobre la convocatoria a declarar del denominado testigo “E”. Como si los dichos de este joven mapuche identificado así en los documentos probatorios de la CIDH fuera el único capaz de esclarecer el caso, y luego de meses de no investigar el rol de la Gendarmería y de haber desacreditado las voces de los mapuches, la fiscal federal Silvina Ávila pidió al juez que lo identifique y lo cite. “Verificaremos luego si se trata del testigo del que todo el mundo habla”, dijo el magistrado con cautela.

En la resolución donde hizo este pedido, Ávila volvió a falsear y tergiversar documentos oficiales. Así como faltó a la verdad respecto de las prendas de Santiago en aquel informe que elevó al gobierno para que los funcionarios de Cambiemos respondan ante la ONU y la OEA –y que ocultó a la procuradora Alejandra Gils Carbó–, ahora sostuvo que la medida cautelar que dictó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para intimar al estado argentino a dar con Santiago Maldonado se basó exclusivamente en ese testimonio de identidad reservada (E), que paradójicamente no existía como tal en el momento en que ese organismo se pronunció. El corpus probatorio que motivó la cautelar emitida por la CIDH el 22 de agosto es un extenso informe que describió el accionar del Estado, negando la responsabilidad de Gendarmería y poniendo en duda que Maldonado haya estado en el lugar de los hechos.

El testimonio de E fue recogido por los abogados peticionantes entre el 11 y el 15 de septiembre como prueba de las violaciones a los derechos humanos que comenzaron con la represión en enero en la comunidad mapuche Pu Lof en Resistencia de Cushamen, y es quien afirmó que escapaban juntos de los balazos de los gendarmes cuando ingresaron al río Chubut, que Santiago no pudo cruzar y volvió a la orilla donde fue apresado por gendarmes. Lucas habría sido el último de los compañeros de Maldonado en verlo con vida, pero podría no ser la única persona que podría dar testimonio de ese momento, porque los gendarmes que lo rodeaban en ese momento nunca fueron interrogados al respecto.

Dijo Ávila que “la querella de la APDH (Córdoba) presentó ante la CIDH otros testigos, entre ellos el famoso E de nombre Lucas, dichas presentaciones dieron como resultado la resolución 32/17 y el trámite actual de una nueva medida cautelar”. Sin embargo, esa resolución tiene fecha del 22 de agosto, cuando ese testimonio fue recogido un mes después, y presentado el 22 de septiembre para pedir al gobierno una sanción por el incumplimiento de la medida cautelar. “E no es el fundamento, esa cautelar otorgada fue otorgada antes por el cúmulo de otros testimonios y pruebas, fotografías y videos aportados, Ávila ni siquiera toma en cuenta los hechos cronológicos, se maneja con absoluta impunidad”, dijo a Página12 una fuente del caso.

La fiscal fue aún más allá al pedir al juez Lleral que intime a los letrados de la APDH (Córdoba), en su caso Carlos González Quintana, y el otro peticionante, Fernando Cabaleiro, de Naturaleza de Derechos, porque al no hacer constar los datos filiatorios del testigo podrían haber violado una ley algo vetusta referida a las denuncias ante organismos internacionales. “Es un ataque infantil, sin leer las presentaciones, y nos amenaza en base a una ley de 1951, que penaliza a todo aquel que haga denuncias ante organismos internacionales, ni existía la Comisión de Derechos Humanos de la OEA, aquel que propiciare denuncias en el exterior contra el Estado argentino será pasible de una pena de inhabilitación de cinco a 25 años”.

La fiscal federal subrogante de Esquel insistió en que “en una acción de esta envergadura las partes querellantes habrán tomado los mínimos recaudos para registrar, al menos internamente, los datos filiatorios de quienes testimoniaron”. Al leer este párrafo la querella aludida recordó que la representante del Ministerio Público no tuvo un sólo recaudo respecto de todas las pruebas “que nunca recogió, como las postas de plomo del lugar de los hechos, y las medidas de prueba que nunca realizó como los allanamientos a las casas de los gendarmes y a la estancia de Benetton; además de dejar vencer los plazos para apelar el rechazo a las medidas solicitadas por ella misma, entre ellas el cruce de llamadas entre el jefe de Gabinete Pablo Noceti y los jefes del operativo de Gendarmería”.

En su momento, los peticionante ante la CIDH elevaron cuatro testimonios, dos de ellos ya habían declarado en la causa, Matías Santana y Soraya Maicoño, pero como los otros dos habían pedido reserva de identidad simplificaron colocando a cada uno una letra. Así el tercer testimonio sí se concretó en sede judicial, fue el de Ailinco Pilquiman, la joven que junto a su mamá llevó a Maldonado a la Lof el 31 de julio. En tanto E estuvo citado pero el ex juez del caso, Guido Otranto, levantó sucesivas veces la audiencia. Hasta que luego del allanamiento del 18 de septiembre, en el cual los testigos del caso fueron torturados durante doce horas, el joven volvió a sentir temor por su integridad física. Tanto Santana como Ariel Garzí. amigo de Santiago, sufrieron hostigamiento y campañas mediáticas que los desacreditaron luego de dar testimonio. A tal punto que la ministra Bullrich nombró públicamente a Garzí, quien había pedido protección y reserva de su identidad.

Ahora, en una nueva embestida contra los testigos, y mientras los gendarmes sospechados ya se disponen a mudarse a otras provincias, un matutino reveló que el testigo Lucas pertenece a la familia de otras dos testigos. Luego de haberlo calumniado al publicar que se desdijo para cobrar la recompensa de dos millones que ofrece el Estado a quien aporte información, lo cual fue desmentido por el propio juez Lleral, ahora ese medio difundió incluso a qué escuela concurría.

Esto sucede a pocos días de que la fiscal subrogante lograra separar de la causa a la Procuración de Violencia Institucional (Procuvin), a cargo del fiscal Félix Crous, que había tenido un papel destacado desde el primer día de la investigación. Ávila mantiene informado en forma directa al gobierno de cada detalle del caso, al mismo tiempo que negaba datos a los fiscales de la Procuvin. Durante estos meses, se negó a intervenir los teléfonos de los jefes de Gendarmería que la Procuvin consideraba esencial a los efectos de determinar si había una desaparición forzada en curso, y todas las medidas solicitadas por estos fiscales especiales eran acercadas con demora al juez de la causa. Tampoco accedió a allanar la estancia de Benetton como así las casa de los gendarmes sospechados, ni apeló el rechazo del juez Otranto al cruce de llamadas entre Noceti y los altos mandos de Gendarmería. Como si todo esto no fuera suficiente, mantiene un especial encono contra la abogada de la familia Maldonado, algo que la Procuvin intentó eliminar, sin éxito.

“Se comporta como si fuera abogada de Gendarmería”, dijo Verónica Heredia, letrada de la familia de Santiago, el 14 de septiembre en la puerta del Juzgado Federal de Esquel cuando salía de pedir los apartamientos de juez y fiscal en la causa.

Este dato y toda la peligrosidad que implica el rol de Ávila en el caso Maldonado fue descripto en detalle por el colega Daniel Satur en esta nota de La Izquierda Diario

La peligrosa permanencia de la fiscal

Por otra parte, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos  (APDH) solicitó que la fiscal federal Silvina Ávila sea apartada de la causa que investiga la muerte de Santiago Maldonado por entender que existe un conflicto de intereses que impiden avanzar en el esclarecimiento de las causales y el contexto de su muerte. El organismo de derechos humanos objetó que Ávila es la fiscal en la causa que dio origen al despliegue represivo de Gendarmería en el Pu Lof Resistencia Cushamen, que comenzó el 31 de julio para desalojar de la ruta 40 a los miembros de esa comunidad que protestaban por la detención de sus compañeros en Bariloche y la prisión de su lonko, Facundo Jones Huala.

Esa causa está caratulada NN s/entorpecimiento de servicios públicos, por la violación del artículo 194 del Código Penal, y al mismo tiempo interviene en el proceso que investiga investiga la desaparición y muerte de Santiago Maldonado. “En la del corte de ruta acusa a la comunidad y de alguna manera defendiendo a Gendarmería, mientras que en el expediente sería a la inversa, se trata de un conflicto de intereses, no ponemos en duda cómo llevó adelante la causa, y lo hacemos ahora porque para ampliar las pruebas hacen falta más indagatorias que ella no estaría en condiciones de propiciar”, dijo a Página12 Gisela Cardozo, de la APDH Nacional.

De hecho, mientras que en una de esas causas Ávila persigue a los miembros de la comunidad mapuche y robustece las actuaciones de la Gendarmería Nacional como parte interesada, en la otra, investiga a Gendarmería así como la legalidad del despliegue de los órganos coercitivos del Estado. “La APDH entiende que esta situación pone en dudas el control jurisdiccional imparcial de dichos actos, es decir,  brindar confianza de control judicial hacia otros órganos del Estado, lo que ha sido hasta ahora un factor importante de la falta de avances en la investigación”, indicó sobre la recusación que ahora deberá definir el juez federal Gustavo Lleral.

 

foto fiscales.gob