El Estado fue condenado por la masacre de Rincón Bomba, el genocidio contra el pueblo pilagá

5 julio, 2019 by Adriana Meyer

(«Calendario». Obra de los artistas plásticos Hugo Vidal y Cristina Piffer)

En el primer caso en América Latina y a 72 años de la Masacre de Rincón Bomba la justicia condenó al Estado Nacional y estableció reparaciones patrimoniales, becas y un monumento. El juez federal de Formosa, Fernando Carbajal, hizo lugar a la demanda que había presentado la Federación de Comunidades Indígenas del Pueblo Pilagá en un fallo en el que encontró respondable al estado argentino de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante aquella matanza, ocurrida el 10 de octubre de 1947 y los días que siguieron en la localidad formoseña de Las Lomitas y Pozo del Tigre, donde fueron asesinados cientos de integrantes de ese pueblo originario por parte de la Gendarmería y la Fuerza Aérea. “Por primera vez en el subcontinente hay una sentencia a favor de una acción por resarcimiento civil interpuesta a favor de un pueblo originario por el genocidio de más de mil niños, ancianos, mujeres y hombres ocurrido hace más de siete décadas, por aplicación de la teoría de la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad”, dijo a LID el abogado Julio César García, quien junto a Carlos Díaz patrocinó a los familiares de aquellas víctimas. En el fallo, al que accedió este diario, el magistrado cuestionó la “mentalidad supremacista de la Gendarmería”.

“En Argentina los indígenas han permanecido invisivilizados, incluso cuando se los menciona, se lo hace desde lo folklórico o desde ese dato lacerante que es la pobreza, pocos se preguntan el por qué o el cómo, llegaron a tal situación de exclusión, de negación de su identidad, de olvido en las políticas públicas. Rincón Bomba, la Matanza del Pueblo Pilaga, este etnocidio de un pueblo indígena ha empezado a tener una respuesta, por puro racismo por pura arbitrariedad, por absoluta complicidad de los poderes estatuidos y de una sociedad que hace de sus miedos, unos monstruos al que el estado de derecho le suele molestar. El fallo es una bocanada de optimismo, de dignidad y repara heridas abiertas después de 72 años de dolor”, agregó el letrado.

Los sobrevivientes de aquella masacre recordaron que “ese día, miles de personas que se encontraban reunidas en La Bomba convocadas por Tonkiet, un sanador y líder espiritual pilagá, y fueron violentamente reprimidas al negarse a abandonar el paraje”. Las familias huyeron por el monte mientras eran perseguidas y capturadas por miembros de la Gendarmería Nacional, extendiendo la masacre durante más de dos semanas y en un territorio de unos 1000 km cuadrados. “A los fusilamientos del día 10 se sumaron nuevos asesinatos en distintos parajes, la violación fue utilizada como arma contra las mujeres y muchos niños y ancianos murieron de hambre y de sed. Aquellos niños y niñas que hoy ya son ancianos fueron capturados y llevados a las colonias indígenas”, evocaron. Allí permanecieron por varios años y algunos con el tiempo lograron reunirse con sus familiares y reconstruir sus vidas. A pesar del manto de silencio con el que se cubrió estos hechos, la memoria de los sobrevivientes permaneció y se transmitió a las nuevas generaciones.

En su sentencia, Carbajal consideró que los hechos “constituyen crímenes de lesa humanidad violatorios del Estatuto de Roma, y generan responsabilidad civil por los daños causados, los cuales deben reparados por el Estado Nacional Argentino”, y estableció en beneficio de la etnia pilagá la reparación de los daños ocasionados, tanto patrimoniales como no patrimoniales.

Establecer que la sentencia constituye por sí misma un medio reparatorio, ordenando su publicación en la página web oficial del Ministerio de Justicia de la Nación y del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y mantener la misma por el plazo mínimo de tres años. Ordenar la publicación en el Boletín Oficial
Ordenar al Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología incluir al día “10 de Octubre” en las efemérides nacionales como recordatorio de la “Masacre de La Bomba”, y en coordinación con INAI y la Federación de Comunidades Indígenas del Pueblo Pilagá, redactar, imprimir y distribuir un material impreso de difusión para uso educativo, tomando como base los hechos que se tienen por probados en esta sentencia, a los fines de su utilización en los establecimientos educativos para sensibilizar a la población sobre los hechos del caso.
Ordenar al Estado Nacional realizar en el lugar donde sucedieron los hechos un monumento conmemorativo de la Masacre.
Ordenar al Estado Nacional el otorgamiento de las becas estudiantiles: doce equivalentes a un salario mínimo vital y móvil (SMVM), durante el plazo mínimo de diez años, para la realización de estudios universitarios y terciarios para jóvenes integrantes de la etnia Pilagá; treinta becas por importe cada de ellas del cincuenta por ciento del SMVM durante doce años, para jóvenes escolarizados de la etnia Pilagá.
Condenar al Estado Nacional a pagar una indemnización directa a la Federación de Comunidades Indígenas del Pueblo Pilagá en la suma de pesos equivalente a al SMVM. Será abonada a razón de setenta y dos SMVM por año en un solo pago.
Ordenar al Estado Nacional a destinar, en los próximos diez años, la suma de pesos equivalente a seis mil SMV en inversiones públicas en beneficio de los integrantes de la etnia Pilagá, para promover el desarrollo de dicho pueblo. Las inversiones a realizar por el Estado serán a requerimiento e indicación de la “Federación de Comunidades Indígenas del Pueblo Pilagá”, y deberá cumplirse en forma progresiva.

Estado impávido, víctimas solas

En los considerandos de la sentencia el juez Carbajal afirmó que “desde el inicio del proceso, si bien se produjeron cambios políticos en la conducción del Estado, su conducta permaneció inalterable por su falta de voluntad de aporte alguno al hecho investigado, pues su actuación procesal nunca expresó la trascendencia histórica ni aportó una solución de la controversia diferente a la decisión judicial”. A criterio del magistrado, “el Estado Nacional no se ha encontrado a la altura de las circunstancias históricas que esta causa ameritaba pues hubiera sido esperable que impulsado por el reclamo formulado, re examinara sus propios actos, y los actos cumplidos por sus funcionarios en la pretérita época sujeta a revisión en esta causa, y contribuyera de manera activa a la reconstrucción de la verdad histórica, tanto mediante el reconocimiento de aquellos hechos que no pueden razonablemente controvertirse, como aquellos otros que se necesitó reconstruir con las otras voces: las de las propias víctimas y las fuentes documentales directas e indirectas aportadas por la parte querellante”. En otro párrafo afirmó que “las víctimas se han encontrado solas frente a un Estado que se ha mostrado impávido frente al reclamo de justicia de los pueblos originarios, que no solo debieron esperar décadas para que los hechos pudieran ser investigados y exhibidos, sino que aún ahora siguen siendo ignorados en su reclamo de ser visualizados y reconocidos.

“Indios salvajes, animales”

Al analizar la actuación de la Gendarmería el juez Carbajal destacó que “es notable que a fines del siglo XX, año 1991, en una publicación oficial de esa fuerza hay un testimonio literal de un sargento que expresaba sobre las víctimas en éstos términos: ‘Estos indios eran casi como salvajes, animales’. Lo hizo sin formularse, tan siquiera, una salvedad editorial sobre tales expresiones de inocultable contenido supremacista. Estos censurables prejuicios raciales, que se deslizan en los diferentes testimonios, sirven para validar la sinceridad de estos testigos en la confirmación de los hechos principales. Los testimonios de las propias fuerzas de represión son generosos en detalles fácticos, pero también muestran claramente los prejuicios racistas y culturales que afectaban a los integrantes de las fuerzas de seguridad e infectaban el cuerpo social en su totalidad y, lamentablemente, muchos de ellos persisten en la actualidad”.

El Junkers de la Fuerza Aérea Argentina.

Setenta años después se logró procesar al comandante del avión que ametralló a decenas de civiles indefensos, comandante Carlos Smachetti. El uso de la aviación para la represión del pueblo pilagá expresa la desproporción en la actuación del Estado. El fiscal Alfredo Fernández Bedoya verificó que “el día 15 de octubre del año 1947, a las 16.35 el avión JU52-T153 partió de la base aérea El Palomar en comisión a la Ciudad de Formosa. El día 23 de octubre del año 1947, a las 12.43 horas regresó el avión JU52-T153, que partiera con destino a la Ciudad de Formosa, de lo cual se concluye que el avión permaneció una semana en el territorio en conflicto”. En el artículo “De aviones y lanzas, el último malón”, hay una crónica que pretende ser poética y termina confirmando los sucesos. “El cronista concluye afirmando que esta intervención de la Fuerza Aérea en el ‘último malón’ fue el ‘enfrentamiento parcial e incruento pero significativo de la lanza con el avión”, sin advertir que con esa figura describía desde el punto de vista fáctico la desproporción existente entre los sujetos intervinientes, que convertía en criminal e inhumanos los actos realizados por sus camaradas”, dijo el juez. “Arriba en el cielo, protegido por las alturas, un grupo de hombres uniformados y armados con una ametralladora Colt Calibre 7.65mm, capaz de disparar 600 tiros por minuto, se ‘enfrentan’ contra ciudadanos civiles desarmados, hambreados, con sed, con las ropas desgarradas, cargando sus enseres y huyendo con sus niños y ancianos a cuestas, los cuales deben abandonar a su suerte en el monte para intentar salvar sus propias vidas”.

Fusilar bebés, violar mujeres e infiltrar a los “perros”

“Si bien los hechos que se tienen por probados hasta ahora son lo suficientemente graves para justificar un severísimo reproche a la actuación del Estado Nacional y sus agentes, lo que sucedió en los días posteriores alcanzó ribetes de gravedad extrema, a tal punto que ni siquiera sus protagonistas lo intentan justificar”. Concluido el ataque en la zona del madrejón, los indígenas mayormente desarmados y atacados con el fuego cruzado de dos puestos de ametralladoras e innumerables armas de mano de los gendarmes intervinientes, se dieron a la fuga hacia el norte, este y oeste, iniciándose a partir de allí por parte de la Gendarmería la persecución y matanza sistemática de la población civil en fuga. Allá por la década del ‘40 los gendarmes ya se infiltraban. “También se verificó la intervención de personal civil, quizás funcionarios de Gendarmería u otras fuerzas actuando de incógnito, o civiles que colaboraban con las fuerzas”.

Sin duda el más escalofriante de los testimonios recogidos, el que más claro muestra el nivel de deshumanización al cual se llegó, es el evento relatado por Ramón Rosa Galván: “En una de esas encontramos una criaturita que ve que una china había perdido cuando escapaba por el caraguatal. Asinita era una chinita cinco o seis meses tenía, y el jefe que venía al frente de la comisión ordenó que le metieran un tiro en la cabeza, ¡eso he visto yo!. Vimos a los gendarmes llegar a caballo como a las 12 o a la una y quedamos encerrados en las tierras de Curesti todo el día bajo el sol. Los gendarmes preguntaban si se podía abrir fuego sobre los ‘perros‘, pero el comandante decía que todavía no, que no era el momento. Entonces los Gendarmes le hablaron al Cacique Tapiceno por medio de su lenguaraz. Le dijeron que si le daban una o dos chicas ellos no abrirían fuego. Entonces agarraron a la chica más linda de todas y el mismo comandante la llevó para el monte y la violó”, describió el juez en su fallo.

En los registros de una de las fosas comunes halladas, la más importante, los peritos informan que “descubrimos un conjunto de restos óseos correspondientes a un grupo de 27 cadáveres, colocados de manera irregular algunos arriba de otros, otros cruzados, flexionados, otros de cubito lateral derecho, otros de cúbito lateral izquierdo, algunos presentan dentro del cráneo, porciones de huesos largo de otros cadáveres, lo que nos indicaba que ciertas víctimas presentaban estallido de cráneo, producidos probablemente por impactos de proyectiles de alta velocidad”.

El ocultamiento en Bartolomé de la Casas, el “Ghetto Pilagá”
“Si no hubieran cortado el monte hubiéramos podido encontrar todas las balas incrustadas en los árboles, pero pasaron las topadoras y se llevaron los ranchos y los árboles. Si hubieran dejado el árbol grande donde yo me escondí podríamos encontrar las balas y ya no podría seguir mintiendo. Todos podrían verlo”, declaró el sobreviviente Ni ́daciye. El último acto de ocultamiento fue recluir a los pocos cientos de sobrevivientes en la reducción Colonia Aborigen Bartolomé de Las Casas del cual no podían salir y estaban sometidos a trabajo esclavo en los algodonales.

La demanda judicial pudo ser interpuesta recién 65 años más tarde. “A los abogados Carlos Alberto Díaz y Julio César García que promovieron esta acción desde 2005 les cabe el mérito de haber promovido actos trascendentes de preservación de la prueba que, de no haberse realizado en tiempo oportuno, podrían haberse perdido para siempre. Las audiencias públicas se realizaron exitosamente por dicho compromiso profesional y adquirieron calidad por la comparencia de los miembros de la comunidad a las mismas, aprovechándose de manera adecuada el mecanismo de resolución del conflicto que fuera propuesto por esta magistratura, y al cual adhirieron las partes con encomiable rectitud y buena fe procesal”, resumió Carbajal.

“Fue como dicen que es el infierno”

9 agosto, 2018 by Adriana Meyer

Lautaro tiene siete y Joaquín nueve años. Junto a su mamá y su abuela fueron privados de la libertad durante las seis horas que los gendarmes hicieron lo que quisieron en la Pu Lof de Cushamen, los mantuvieron cautivos en la misma casilla de guardia donde había dormido Santiago Maldonado. “Tienen muchas metralletas, están preparados para un allanamiento. Empezaron a quemar ropa de compañeros, sillas, nuestros juguetes, todo. Balazos y gas lacrimógeno. Es como lo que dicen que es el infierno. Cuando lo veo a Santiago sentí como orgullo y lo dibujé. Lo mataron obviamente los policías”. Con sus palabras y sus dibujos contaron lo que vivieron el 1 de agosto al colectivo El Paso (www.elpaso.com.ar), un grupo de comunicadoras y comunicadores que relevaron pasado y presente de once de las comunidades mapuche de la Patagonia que vienen recuperando territorio desde los años ‘90. “Somos como un ciprés o un coihue, somos nativos, mapuche quiere decir hijos de la tierra. Y la tierra se está lamentando porque vienen a asesinarla, y a nosotros también”, cuentan los que dieron testimonio en ese trabajo interactivo que busca ser un primer paso en el acercamiento hacia estos pueblos originarios atravesados por el hostigamiento, la represión y la desaparición forzada. En 2003 desapareció el joven mapuche Iván Torres, por cuyo caso la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA condenó en 2011 al estado argentino. Dos años más tarde Cristian y Genaro Calfullanca se sumaron a una lista de 145 desaparecidos mapuche, según precisó la activista Moira Millán.

Facundo Jones Huala anunció que hacía huelga de hambre para exigir el fin del hostigamiento a los jóvenes mapuche que el 25 de noviembre bajaron el cuerpo moribundo de Rafael Nahuel del cerro en la Lof Lafken Winkul Mapu, en Villa Mascardi, La incursión de Prefectura sucedió dos días después de un violentísimo procedimiento de desalojo, que incluyó torturas a una niña mapuche, una machi (sanadora), a quien obligaron a comer tierra. Pero el lonko también había dejado de ingerir líquidos porque sus carceleros del Servicio Penitenciario no le permitían realizar la ceremonia del Wiñoy Tripantu –el año nuevo indígena o más bien el inicio del acercamiento de la Tierra al Sol– de acuerdo a la práctica de sus rituales ancestrales, que implicaba la entrada al penal de un número determinado de personas, un fogón, una conversación entre ancianos y jóvenes, cantos y juegos, a la espera del lucero del alba. Entre los elementos autorizados para ser ingresados a la cárcel de Esquel había cuchillos, y allá fueron los voceros oficialistas a burlarse.

Poco importa detenerse en ellos. Parecía una nimiedad el pedido del lonko. incluso en comparación con las batallas que venían librando. Su mamá Isabel y su compañera Andrea explicaron entonces que era como ir a Misa de Gallo en soledad, o hacerlo sin permitirle comulgar. En ese momento el patrón de pensamiento dominante crujió ante la evidencia de la complejidad del escenario donde transcurrió uno de los crímenes de Estado de mayor resonancia de las últimas décadas, que trasciende militancias y minorías intensas.

Entender cabalmente lo que pasó con Santiago implica transmutar la propia mirada, aunque no sea con empatía al menos con la mente abierta. Estaba por deseo propio en territorio mapuche, un pueblo originario que con hondas de revoleo disputa ese espacio al gigante de los United Colors. Ese grupo resolvió recuperar su identidad a través del regreso a su lugar de origen, los jóvenes dejaron los barrios marginales de las ciudades y se entregaron a un nuevo modo de vida que incluye abstenerse del alcohol y otras sustancias que alteran el estado de conciencia, que ellos mantienen alerta por su vínculo con la Mapu (madre tierra). El costo comenzaron a pagarlo a poco del inicio de la recuperación territorial, en 2015, y con la llegada de Cambiemos se convirtieron en el enemigo interno perfecto, víctimas de la misma represión estatal que alcanzó al Brujo. Balas de plomo y procesos judiciales los castigaron a pesar de que cubrieron sus rostros para no ser identificados. A un año de la desaparición de Maldonado, los pobladores de la Lof en Resistencia tienen decenas de causas abiertas –algunas iniciadas incluso antes, cuando los reprimieron en enero de 2017–, les aplican el Código Penal por ejercer su derecho a la protesta. En el expediente por la represión de noviembre en Villa Mascardi, ocurrida el mismo día que en 25 de Mayo velaban a Santiago, quedaron imputados Fausto Jones Huala y Lautaro González, quienes bajaron el cuerpo de Rafita, y el prefecto Javier Francisco Pintos que le disparó por la espalda sigue libre.

Los gritos de dolor de los mapuche cuando el cuerpo de Maldonado apareció literalmente delante de sus narices, en una parte del río Chubut donde buscan el agua cada día para cocinar y beber (muchos de los demás 800 kilómetros que tiene de extensión los controla Benetton), nacieron de sus entrañas porque el Brujo había sido por algunos meses parte de ellos. No estaba en la Lof de paseo o haciendo un estudio antropológico, acudió porque los jóvenes weichafes (guerreros) tenían a la mitad de los suyos presos en Bariloche luego de la represión a la protesta por el mes de prisión de Jones Huala, cuando la policía estrelló contra las rejas el rostro de su prima Romina y le partió los dientes. La muerte de Santiago no los puso en la mira, ya estaban marcados, aunque dio una visibilidad a su reclamo que jamás hubieran imaginado. También superó su capacidad de respuesta. Fueron tan intensos aquellos primeros días cuando Santiago Maldonado estaba desaparecido, que el miedo se mezcló con la desconfianza hacia la justicia huinca (blanca), los envolvió en un torbellino y los hizo trastabillar. Tuvieron que responder ya no a la maquinaria del gobierno sino a la familia Maldonado, hacer su aporte para esclarecer qué pasó en la orilla del río. Aún quienes respetan y comprenden sus creencias y su lucha esperan que completen esa tarea, que quedó trunca. Ellos contestan que aunque vuelvan a hablar no les creen.

Además de Matías Santana al menos seis de jóvenes mapuche habrían visto que se lo llevó un camión de Gendarmería, pero ese testimonio en la causa aún sigue sin ser respaldado por los demás. En lugar de cuestionar que los gendarmes lavaron los vehículos, el gobierno y sus comunicadores estrella levantaron el dedo para cuestionarlo y estigmatizarlo. Con la aparición del cuerpo el 17 de octubre el oficialismo, que había negado inicialmente su presencia en el lugar, consolidó la versión de que siempre estuvo ahí, sumergido en un pozo. Es más fácil culpar a las víctimas y acusarlas de mentir para ocultar que tampoco hay explicación lógica sobre los cuatro procedimientos previos en ese mismo lugar, que dieron negativo. Cambiemos y sus chupamedias festejaron cuando apareció el cadáver, dos días antes de las elecciones. No era para menos, se desinflaba así la presión internacional y local por su desaparición. Pero hasta hoy no dieron una sola explicación que quite a la familia decenas de dudas que abonan su sospecha de que ese cuerpo no estuvo allí 78 días.

Si acaso concediéramos que Maldonado estuvo en ese pozo y no en manos de los verdeoliva, está más que probado en la investigación que a las once de la mañana del 1 de agosto los gendarmes lo perseguían hasta el río a menos de un minuto de distancia. Como dijo su hermano, en cualquier escenario el Estado sigue siendo responsable, el operativo ilegal y la flagrancia inventada son hechos ya comprobados.

Contagia la cosmovisión que apunta al buen vivir en armonía con la naturaleza, le pasó a los amigos blancos de los mapuche, wenüy, que armaron una red de apoyo a las comunidades indígenas de la zona, y que actualmente también están criminalizados, amenazados y perseguidos. Le pasó a Maldonado, por eso detuvo su marcha de mochilero y se quedó en El Bolsón, a vivir en una biblioteca anarquista.

El arte de encubrir(se) con escuchas ilegales

4 junio, 2018 by Adriana Meyer

En las próximas horas habrá dos importantes audiencias en Chubut, en las que se definirá si las escuchas a la familia Maldonado que la justicia declaró nulas son finalmente destruidas, y si la fiscal federal Silvina Avila sigue en el caso a pesar de haber sido recusada por las querellas. Sus argumentos para evitar que las conversaciones sean destruidas coinciden con las filtraciones de las mismas difundidas por algunos medios: la familia, los mapuches y los abogados fueron parte de un complot contra Gendarmería. El viejo truco de ensuciar a las víctimas para encubrir sus propias movidas en el expediente a favor del gobierno, desde el minuto cero del caso. «Escuchando a Sergio no iban a encontrar a Santiago», dijo a Ojos Vendados la abogada de la familia, Verónica Heredia.

(foto Gustavo Zaninelli)

Contra viento y marea, la fiscal del caso Maldonado se aferra al expediente para evitar ser apartada, pero sigue recibiendo cuestionamientos porque insiste en su tesis de acusar a las víctimas de haber urdido una conspiración contra los que visten uniforme verdeoliva. Silvina Avila pidió que no sean destruidos los audios de las escuchas al entorno y la familia del tatuador, que desapareció hace diez meses luego de un operativo represivo de Gendarmería en la Pu Lof en Resistencia. Lo hizo al apelar la decisión del actual juez de la causa, Gustavo Lleral, quien hace un mes determinó que esas “pinchaduras” ordenadas por su antecesor, Guido Otranto, son nulas, ilegítimas e inconstitucionales para una investigación de habeas corpus. De hecho, fueron hechas cuando el cuerpo de Santiago aún no había aparecido. “El gobierno y la fiscal, pretenden descargar la responsabilidad por la muerte de Santiago en los mapuches, con su lógica, terminan castigando a quienes denunciaron los abusos y atropellos de las fuerzas de seguridad y premiando a sus responsables, pero siempre desde la Asamblea Permanante por los Derechos Humanos sostuvimos que el operativo fue violento e ilegal, se fraguó una flagrancia y resultó en la muerte de una persona”, dijo Gisela Cardozo, una de las presidentas de la APDH, querellante en la causa. “Patricia Bullrich se aferra a teorías de complot con el único fin de perseguir a los que denuncian los abusos y no investigar la cadena de mando en las responsabilidades”, agregó.

Avila y Otranto impulsan la causa abierta por la denuncia del ministerio de Seguridad, una de las tres querellas del gobierno contra los mapuches, que acusa a personas allegadas a Maldonado de haber entorpecido la investigación sobre su desaparición y muerte con la intención de inculpar a la Gendarmería. Tanto la fiscal como el juez usaron parte de esas conversaciones como supuestas pruebas de que hubo un “plan coordinado por los miembros de la comunidad”. La reciente difusión pública de parte de esas conversaciones privadas apuntó a tratar de desacreditar los testimonios clave del caso, que en su momento determinaron la emisión de una medida cautelar contra el Estado por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. El ataque oficialista de la mano de juez y fiscal incluye la acusación de asociación ilícita, fraude procesal y falsa denuncia contra los abogados peticionantes ante la CIDH, de Naturaleza de Derechos y APDH Córdoba, Fernando Cabaleiro y Carlos González Quintana, respectivamente.

En su último escrito para evitar la destrucción de los audios ordenada por el juez Lleral, la fiscal va más allá: los acusa de haber plantado la gorra del joven anarquista. En realidad, tal como pudo verificar esta periodista en el expediente, quien falseó información en un documento público fue el juez: al realizar el anuncio del hallazgo de la prenda en el territorio mapuche recuperado de Cushamen dijo que sucedió debajo de una “manta” cuando debió decir “mata o arbusto”, como informó la policía. Otranto, que aspira a ascender en su carrera con un cargo en un tribunal oral, suma pedidos de juicio político en el Consejo de la Magistratura con cada nuevo capítulo de esta saga.

En tanto, la querellante APDH amplió los argumentos para que la fiscal Avila sea apartada del caso Maldonado, al sostener que si hubo irregularidades en los procedimientos a ella también le cabe la responsabilidad. Su accionar en connivencia con Otranto fue expuesto a partir de que su secretaria es la esposa del juez, por eso fue solicitada también la salida de Rafaela Ricono. A criterio de la querella, el juez necesita salvar el bache del acta irregular, sobre un operativo que en lugar de presenciar vigiló a distancia desde la estancia de Benetton, acusando a los mapuches. “La fiscal Ávila repite nuevamente la versión del juez Otranto de los primeros días, pero las actas del primer rastrillaje contradicen mucho esa versión, una simple N que parece un descuido, cambia radicalmente el sentido de las cosas. Se pasa de la “mata” a la “manta” y de ahí a que plantaron una prueba. Hay contradicciones que merecen una seria investigación y que nosotros estamos denunciando”, explicó a Ojos Vendados Mauricio Rojas, abogado de APDH.

El elemento de sospecha que introduce Ávila en su apelación para que no sean destruidas las escuchas en realidad debería resultar un búmeran, y todo indica que cuando en Página12 esta periodista expuso las irregularidades de aquel operativo en la fiscalía de Esquel se pudieron nerviosos.

¿Mata o manta?

El 5 de agosto Otranto ordenó allanar los escuadrones 35 y 36 de Gendarmería, pero a fojas 192 consta que un día antes anunció por nota a sus jefes que serían allanados. Ese mismo día instruyó el primer rastrillaje del río, con la división canina que ya había tomado contacto con una prenda, el famoso cuellito, aportada por Sergio Maldonado. A fojas 186 el defensor Machado realiza su propia acta de procedimiento donde consta el hallazgo “detrás de los arbustos” de un “gorro color beige”, que un miembro de la comunidad reconoce como el que usaba Santiago. Y a cuatro metros, una vaina servida. Era la prueba que ratificaba el relato de los mapuche sobre la presencia del tatuador durante la represión el 1 de agosto. En su acta Otranto y su secretaria María Silvina Salvare insisten en denostar la actitud belicosa de los mapuche a quienes acusan de entorpecer la investigación, y de la misma se deduce que ninguno estuvo en el rastrillaje. “Nos acercamos hasta la estancia de la compañía Tierras del Sud donde fuimos atendidos por el señor Ronald McDonald (jefe de capataces de Benetton) (…) luego de ello regresamos a la ciudad de Esquel”. Hasta ahí nada sobre la gorra. “En horas de la noche se presentó en el juzgado el guía del can, Martín Villarroel”, quien les explicó que el “cuellito” no fue usado porque “durante dos días lo había tenido un integrante de la comunidad”. Según el acta de Otranto, cuando el guía les dijo que se retiraba “uno de ellos le entregó una gorra que se le dijo habían encontrado bajo una manta y que pertenecería a la víctima”. Nada dice el juez sobre la cadena de custodia de semejante prueba, ni por cuántas manos pasó hasta que el defensor Machado la embolsó para enviarla al laboratorio. Pero agrega que en la Lof estaban dos empleadas de su juzgado.

A fojas 250, el acta circunstanciada firmada por el ayudante de la División Drogas Peligrosas Matías Maglione quien describe: “Siendo las 14.40 se comienza la búsqueda, hallándose a pocos centímetros del lugar que nos encontramos precisamente debajo de una planta autóctona del lugar boina con gorra de color blanco, por lo que es consultado si pertenecería a la persona buscada la ciudadana Claudina Pilquiman confirma que la prenda de vestir efectivamente corresponde a la persona de Santiago Maldonado. Consecuentemente el instructor del can impronta al perro con el olor de referencia”. Interrogada por los fiscales de la Procuvin (Procuración contra la Violencia Institucional), Pilquiman relatará que la boina fue avistada por una mujer que no es de la comunidad, y como la secretaria del juez tampoco estaba, esa persona no es otra que una de las dos empleadas que sí estuvieron en el lugar de los hechos, cuya identidad es reservada porque podrían ser convocadas como testigos si prospera alguna de las denuncias contra Otranto por encubrimiento agravado, abuso de autoridad y prevaricato.

En definitiva, Machado y los policías coinciden en que la prenda estaba entre los arbustos o matas, lo cual sitúa a Santiago donde desapareció. Pero en pleno apogeo de la campaña negacionista del gobierno contra la posibilidad de sumar un desaparecido en democracia a la lista, el juez escribió que la entregaron los mapuches. Y a diez meses, ambos buscan encubrir sus pasos con la misma tesis más que tirada de los pelos.

El destacamento policial está adentro de la estancia de Benetton (foto Gustavo Zaninelli)

No aclaren que oscurecen

Esta semana habrá en Chubut reuniones fundamentales para definir la continuidad de la fiscal y el destino de las escuchas. El jueves 7 la APDH y Verónica Heredia, abogada de la familia, participarán de la audiencia por la recusación de la fiscal Avila. En tanto, el martes 5 en la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia habrá una audiencia en la cual Lleral aportará sus argumentos para validar la orden de destruir el material que registró llamadas telefónicas interceptadas a Sergio Maldonado, hermano de Santiago, la mapuche Claudina Pilquiman, el amigo del tatuador Ariel Garzí y una integrante de la red de apoyo a las comunidades en conflicto, que según pudo saber este sitio, había prestado su línea al dueño del lugar donde vivía Maldonado en El Bolsón. Para Lleral resultó “evidente que la interceptación de las comunicaciones, la invasión de la privacidad del hermano de la víctima, no era el último recurso disponible para lograr datos conducentes al hallazgo de Santiago Maldonado”.

En su defensa, Otranto y Avila aducen que pidieron las escuchas por las contradicciones que habría entre testigos mapuches, y por la urgencia de encontrar al tatuador anarquista, que estaba desaparecido desde el 1 de agosto. Según ellos, hacía falta escuchar a Sergio Maldonado en caso de que los “encapuchados mapuches” se comunicaran con él. Para Avila y Otranto no sólo hubo testigos falaces sino también pruebas plantadas.

En un intento de salvar su responsabilidad, Avila puso primera: no sólo cargó contra los mapuches, sino también acusó a Sergio Maldonado de haber manipulado objetos de su hermano y al juez Lleral de haber desarrollado estrechos vínculos con la Pu Lof, hasta deslizó que pudo haber perdido los discos que contienen las escuchas. La fiscal sostiene que la misma noche en que desapareció Maldonado, Pilquiman fue a su casa en El Bolsón y retiró sus pertenencias, para luego plantar algunas en la escena del crimen. Y al amigo de Santiago, Ariel Garzí lo acusa de inventar una comunicación inexistente al celular del mochilero.“No podemos separar lo que pasó con Santiago Maldonado del escenario de persecución a las comunidades mapuches, por eso actuamos en la causa de Rafael Nahuel y nos solidarizamos con Facundo Jones Huala, que ha iniciado una nueva huelga de hambre”, agregó Cardozo, de APDH.

La fiscal Avila, ejerciendo como abogada de los uniformados según la familia Maldonado.

Verónica Heredia, abogada de la familia: “No iban a encontrar a Santiago escuchando a Sergio”.

Desde 25 de Mayo, donde se realizó la marcha por los diez meses de la desaparición de Santiago Maldonado, la abogada de la familia Verónica Heredia dijo a Ojos Vendados que “es mentira que con una escucha lo iban a encontrar, pero admiten que hicieron eso que no corresponde en un expediente de habeas corpus”. Según Heredia, “Avila reconoce que lo hicieron en un proceso que no era legal y se escuda en que lo hicieron por la urgencia de encontrarlo con vida, pero era evidente que eso no iba a suceder escuchando las conversaciones de su hermano”. En su razonamiento, la letrada explicó que si decidieron intervenir su teléfono es porque “estaban acusando a Sergio de saber dónde estaba Santiago, por eso es una contradicción en sí misma su apelación porque la propia fiscal reconoce la ilegalidad de esa pinchadura”.

No se sabe si el fiscal de Cámara Norberto Bellver sostendrá la apelación de Ávila. Fue el funcionario que en su momento se pronunció por el apartamiento del juez Guido Otranto del caso, por haber adelantado su opinión al diario La Nación. “Primero habría que resolver la recusación de Avila, antes de escuchar sus argumentos contra la destrucción de las escuchas”, expresó Heredia. El jueves en Rawson se verán las caras Avila, su secretaria Rafaela Ricono, a la sazón esposa de Otranto, con las querellas, en la audiencia de recusación.

Heredia, con Sergio Maldonado y su esposa, Andrea Antico

«Un gendarme casi me mata»

23 enero, 2018 by Adriana Meyer

Pagina/12 accedió a una declaración del músico Nicasio Luna, quien detalló la persecución de Gendarmería del 1º de agosto.

“Mientras escapaba veo a Santiago corriendo hacia el río delante de mí con su mochila puesta, y personal de Gendarmería que nos seguía desde atrás, cuando llegamos al río nos insultaban, nos tiraban piedras y uno me apuntó con la escopeta mientras otros gritaban ‘fuego libre’”. Esta frase es parte del relato de lo que vivió Nicasio Luna, el payador chileno que estuvo en la Lof en Resistencia de Cushamen durante la represión del 1 de agosto, cuando Santiago Maldonado fue visto por última vez con vida, y es parte de una declaración espontánea que presentó ante las autoridades de ese país. Decidió hacerla pública, en forma exclusiva a través de PáginaI12, porque dice que su familia fue víctima de amedrentamientos por parte de la Policía de Investigaciones chilena. Aunque sabe que el hermano de Maldonado había solicitado que sea citado a declarar, Luna explica que no volvió a Argentina porque no estarían dadas las garantías sobre sus derechos por el nivel de conflictividad generado en torno a las demandas de las comunidades mapuches. Sin embargo, enterado del requerimiento para atestiguar en la causa acudió a la Defensoría y al ministerio de Derechos Humanos de su país. El resultado son nueve carillas que confirman lo que sostiene Sergio Maldonado: más allá de los resultados de una pericia forense, Santiago murió escapando de medio centenar de gendarmes armados.

“Así como en Chile, en Argentina el conflicto mapuche de la Araucanía ha hecho una escalada que está vulnerando derechos”, dijo a PáginaI12 Juan Francisco Pulgar Castillo, el abogado que acompañó a Luna en su declaración ante el Servicio de Víctimas de Criminalística Forense.

En noviembre este diario informó que sus documentos y efectos personales habían quedado entre los elementos secuestrados por los gendarmes tras la represión en Cushamen, y que cuando se presentó a retirarlos el juez federal Guido Otranto lo dejo ir sin interrogarlo. Cuando aún Maldonado permanecía desaparecido, su hermano Sergio le envió un mensaje a Luna para contactarlo y le preguntaba si había estado en la Lof a fines de julio. Pulgar Castillo le respondió explicando la falta de garantías para aportar su testimonio, a lo cual Maldonado contestó que el juez del caso llamaría a Nicasio. “Esa situación nunca ocurrió y tampoco hubo más mensajes”, precisó el abogado. En la última ronda de citaciones, el juez federal Gustavo Lleral incluyó a Luna, a partir del video que presentó la abogada Verónica Heredia, con el programa de la televisión chilena Informe Especial, donde el músico cuenta haber estado en la represión junto a Santiago. Sin embargo, a Luna no le llegó la notificación formal sino un operativo en el que su madre fue intimidada.

La defensa de la tierra

El relato de Luna coincide y se complementa con los testimonios mapuches de la causa. “Seguí a uno de los muchachos de la comunidad porque no conocía la zona, y cuando llegamos al río la única opción de no ser capturado por los gendarmes era lanzarme al río y cruzarlo, a pesar de no saber nadar. Me ayudó sostenerme de las ramas de sauce, quedé agarrado hundiéndome a unos cuatro metros de la costa, en ese momento llegaron cuatro efectivos de Gendarmería y me vieron que estaba inmovilizado en el agua. Comenzaron a insultarme y a lanzarme piedras, y uno de ellos me apuntó con la escopeta que portaba, mientras el superior que estaba con los escopeteros le decía ‘fuego libre’, pero quien portaba el arma no lo quiso hacer o simplemente se le trabó”, dijo Luna sobre lo sucedido segundos después de que se separó de Maldonado.

“Como payador vivo viajando a Argentina, mi último ingreso fue el 11 de julio, paso internacional Bolsón”, relató. Tres días después participó de un encuentro de payadores, y quedó varado en Bariloche por un fuerte nevazón, donde fue acogido por la comunidad Colan Nahuel. El 28 de julio estuvo en la peña por la liberación del lonko Facundo Jones Huala, organizada en El Bolsón por FM Alas. “Cuando terminé de cantar se acercaron a felicitarme personas que no conocía, después supe que uno era Santiago”, detalló. Al día siguiente participó de una marcha en Esquel por la misma causa, que fue reprimida. “El 30 Claudina Pilquiman me invitó a visitar su comunidad, yo portaba mi mochila negra marca Extreme que contenía una bombacha negra, polera bordó, un cuchillo, dos manzanas, una libreta donde escribo mis versos, ropa interior, cepillo de dientes, mi celular, cédula chilena y 500 pesos”, describió Luna. Son los mismos elementos detallados en el acta de Gendarmería que secuestró sus pertenencias, según el expediente de la justicia federal de Chubut. Aclaró que “nunca prestó su teléfono celular a nadie de la comunidad”, y que dejó la mochila en la casilla de guardia de la Lof.

“En Bolsón subió Santiago, con otra persona. Lo llamaban Brujo. El corte de la ruta 40 fue a las 11 del 31, se me solicitó cubrirme el rostro para evitar ser reconocido por las fuerzas policiales, ser perseguido y sometido a represalias, esto basado en hechos anteriores que contaban los integrantes dela Pu Lof. Se hicieron barricadas y se entregaba información a los automovilistas, sin incidentes con la policía”. Luna dijo que habló con Maldonado, quien le contó que “compatibilizaba con la causa porque era la lucha por la defensa de la tierra”. Más tarde cuando Gendarmería quiso desalojarlos fue recibida con piedras, pero Luna destacó que ni él ni Maldonado las arrojaron. El músico chileno relató que esa noche no pudieron dormir porque “desde camionetas blancas efectuaron disparos hacia la Lof”.

Cerca de las 11 del 1 Gendarmería desplegó un camión y camionetas, y ellos retomaron el corte de la ruta 40. “Sólo tenía para mi defensa una onda de revoleo, igual que Santiago, pero sabíamos usarla, los de Gendarmería disparaban escopetas y pistolas. En ese momento más de 50 avanzaron, una camioneta se nos venía encima a toda velocidad, quedé cerca de la guardia donde se refugiaban dos mujeres con niños”. Tal como ya contaron los jóvenes mapuches, los gendarmes cortaron el candado de la tranquera “y se lanzaron para apresarnos, por eso corrimos hacia el río Chubut porque no había hacia donde escapar”. Luego de mencionar el intento de fusilamiento del que fue víctima, Luna dijo que se atrevió a cruzar el río. “Me dio la mano un joven, nos refugiamos con otros muchachos, y Matías Santana comentó que vio a los gendarmes llevarse al Brujo con sus binoculares”.

Desde el cerro el músico observó que habían quemado las pequeñas construcciones de la Lof. Cerca de las 18 volvió a buscar su mochila, y las mujeres le dijeron que los gendarmes la habían revisado y se la llevaron. Luego salieron a buscar al Brujo, “especulando con que podían habérselo llevado los gendarmes, como vio uno de los muchachos”. Al día siguiente de la represión, “llegó la vocera del Pu Lof Soraya Maicoño quien nos dijo que un periodista informaba que la persona desaparecida era Santiago Maldonado, siendo que la comunidad sólo lo conocía como Brujo, este hecho nos confirmaba que había sido capturado por Gendarmería, no sabíamos de qué otra forma pudo haberlo identificado el periodista, pero así lo posteó en Facebook”, dijo Luna. Este dato también fue revelado por PáginaI12, y Bustos fue interrogado como testigo pero nadie le preguntó cómo supo lo que escribió.

Luego de cinco días, Luna acudió a buscar sus pertenencias al juzgado de Otranto, pero sólo le devolvieron la cédula y el dinero. El 2 de octubre su padre le informó que la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) lo buscaba en Cochrane por el caso Maldonado y habían interrogado a su madre. Entonces viajó a Talca para contactar al perito forense Francisco Pulgar Castillo “el cual es mi amigo, para pedirle asesoría”. Este profesional pertenece a la Defensoría Penal Pública de esa localidad.

¿Por qué ahora y desde Chile?

“Adjunto mi testimonio prestado de manera voluntaria que he entregado al Instituto de Derechos Humanos y a la Defensoría Penal Pública, para resguardarme de eventuales apremios que ya sufrieron mis familiares”, expresó Luna desde Chile. “La idea es terminar con las especulaciones sobre Nicasio, tales como el uso de su teléfono por parte de Santiago Maldonado”, apuntó Pulgar Castillo, quien como perito intervino en casos de resonancia en ese país. “La entrevista a Nicasio Luna es una declaración extra judicial, pero más allá del formalismo da cuenta de su actuar en tierras argentinas y chilenas. Por el nivel de conflictos que viven las comunidades mapuches con sus respectivos Estados, claramente genera incertidumbre sobre la trasparencia de las diligencias, lo que se corrobora acá en Chile por el actuar intrusivo de la PDI en la casa de Luna, sin una orden judicial”. El payador dijo que la PDI entró a casa de su madre “por si me encontraba escondido, también acudiendo al trabajo de ella generándole el perjuicio correspondiente”. Y agregó: “Todos mis movimientos dentro y fuera del territorio nacional los hice por pasos habilitados y controlados por la policía chilena y argentina. He participado en programas de radio, televisión y encuentro de payadores, lo cual consta en mis redes sociales”. Finalmente, en la carta que envió a esta periodista apuntó: “Espero una nueva citación de la PDI de Coyhaique o de la Fiscalía de los Lagos para responder un presunto cuestionario enviado por la justicia argentina, pero por transparencia le adjunto mi testimonio”.

Los Maldonado y las querellas sabían de la existencia del payador pero cada vez que preguntaban por él les decían que estaba perdido, que nadie lo encontraba. Ahora que apareció está en manos de la diplomacia y los exhortos judiciales que su relato llegue, finalmente, al vapuleado expediente del caso Maldonado.

(foto Informe Especial TVN)

“En el lugar donde se lo encontró hasta hace dos semanas era orilla, no había agua”

21 octubre, 2017 by Adriana Meyer

“Vino llorando nuestro lamien (hermano del alma) Fernando, diciendo que habían plantado un cuerpo, y ahora no lo decimos con liviandad, nos pesa porque es tremendo y muestra el grado de vulnerabilidad en el que estamos todos”.

Soraya Maicoño, martes 17 de octubre a mediodía sobre el hallazgo del cuerpo de Santiago. (Fotos: Gustavo Zaninelli)

Hace dos semanas, cuando el juez federal Gustavo Lleral visitó la comunidad mapuche de Cushamen, compartió mates y tomó declaraciones a dos de sus integrantes ya tenía en mente realizar el tercer rastrillaje del río Chubut. El magistrado seguía estudiando las cuatro mil fojas del expediente que heredó de Guido Otranto, tenía sobre su escritorio las decenas de pedidos de medidas de prueba que venía solicitando la Procuvin, la mayoría de las cuales eran concedidas a cuentagotas por la fiscal Silvina Ávila y descartadas por Otranto, y también le llegó la sugerencia del jefe de los buzos de Prefectura sobre la necesidad de volver a “repasar” las aguas de ese cauce. Por esas horas también comenzaba a complicarse la situación del gendarme Emmanuel Echazú, que pretende querellar a los mapuches pero las dudas sobre su visible herida en la cara lo colocaron en condición de acusado en la causa. “Es llamativo que cuando hay un imputado aparezca un cuerpo, pero nosotros no tenemos la mente macabra para pergeñar hipótesis como hacen ellos, sabemos que a Santiago se lo llevó Gendarmería pero no sabemos quién plantó ese cuerpo allí, seguramente están todos involucrados, se siguen tapando entre ellos y los medios hegemónicos apuntan a que se sospeche sobre nosotros. ¿Quién tiene la infraestructura para tener un cuerpo tanto tiempo y que después aparezca, teniendo en cuenta la cantidad de rastrillajes que hicieron sin encontrar nada?”. Así resumía Soraya Maicoño el pensamiento de la comunidad que en 2015 recuperó su territorio en Cushamen, y que desde hace ochenta días se convirtió en el escenario que dio vuelta la agenda social y política por la desaparición y muerte del joven tatuador, que vivía desde abril en El Bolsón y había acudido a la Pu Lof en reclamo por los mapuches detenidos en Bariloche el 31 de julio, cuando reclamaban la libertad del lonko de esa comunidad, Facundo Jones Huala.

Este diario repasó con otras dos personas cómo fue el procedimiento judicial del martes en el que un buzo de la Prefectura Naval encontró el cuerpo en el río Chubut, que ayer la familia Maldonado reconoció como Santiago, y obtuvo un relato idéntico al que dio Maicoño en esta entrevista a Página12. Esta mujer mapuche, que una vez más oficia de vocera, fue la primera testigo clave del caso, cuando relató que vio a Maldonado aquel 1 de agosto en la casilla de guardia de la Lof, poco antes de ser detenida durante seis horas sobre la ruta 40 y mientras comenzaba el avance represivo de Gendarmería.

“Estamos atravesados por la consternación, siempre sostuvimos que a Santiago lo llevó Gendarmería en la represión a Pu Lof Resistencia Cushamen, una comunidad mapuche. Desde el 1 de agosto pasó de todo, el gobierno a través de sus medios hegemónicos se encargó de desviar la investigación a través de pistas falsas, que también promovían la estigmatización del pueblo mapuche, convertirnos en enemigos internos, terroristas y violentos. Nunca esperamos nada del oficialismo y sus medios que jamás intentaron profundizar que en realidad todo tiene que ver con el problema del territorio. Esto no fue un hecho fortuito, venimos denunciando hostigamiento y judicialización desde el primer momento en que se recuperó territorio. El 10 de enero en la represión hasta una niña de once años fue esposada en el suelo, quemaron juguetes a la vista de los niños. Y el terrorismo mediático difunde situaciones que rallan lo enfermo, escriben cosas que no tienen ni pies ni cabeza.

–¿Se sienten acusados por lo sucedido a Maldonado?

–No salimos nunca a desmentir los aberrantes escritos de algunos medios, con mentiras e inventos. Nuestra lucha es contra emprendimientos que apuntan a la destrucción de la tierra. Esta situación de desaparecer a una persona en el marco del reclamo de libertad de nuestro lonko, y todo lo que ha venido derivando pone luz sobre esta problemática, en la cual como pueblo mapuche siempre nos tocó ser los pobres, humillados, mano de obra barata.

–¿Con quién habló el juez Lleral cuando estuvo en la Lof y sobre qué?

–Interrogó a Ailinco Pilquiman, que ya había declarado en la causa: ella y su mamá habían llevado a Santiago a la comunidad el 31 y lo vieron el 1 mientras escapaba de los gendarmes. Y Nicolás Hernández, que es quien fue detenido conmigo en la ruta. Le planteamos que para que declaren todos necesitábamos garantías. Ahí el juez tuvo un comentario poco feliz, dijo ‘ni yo tengo garantías en este momento’. Luego vino de nuevo para organizar el rastrillaje, y así Andrea, Fernando Jones y yo nos reunimos dos veces la semana pasada. Era algo que iba a suceder si o si, no nos íbamos a oponer sino podía pasar lo que sucedió con el juez Otranto, hacerlo con violencia. Pero le dijimos que era impropio, que para qué lo iban a seguir buscando allí y que por qué no lo buscaron los primeros días en los escuadrones de Gendarmería. Entonces dijimos que participe la familia, que no haya operativo cerrojo como hacen que cierran las tres rutas de acceso a la Pu Lof, que no haya presencia de fuerzas policiales, sólo los perros, buzos y bomberos, y nosotros. Así fue como sucedió.

–¿Hubo alguna negociación o la comunidad le aportó datos sobre un cuerpo?

–No, para nada. Eso es parte de un invento y hay que tomarlo como de quien viene. No lo escribiste vos, ni Juan Alonso, sino el personaje más nefasto de esta situación.

–¿Cómo fue el procedimiento?

–El juez llegó a cerca de las 7.30, participaron Mabel Sánchez y Julio Saquero, de la APDH. Los lamien verificaron que nadie entrara con armas, nos dividimos en tres grupos, uno desde río arriba hacia el centro, otro en el centro que más que nada fueron los buzos, y otro que trabajó unos tres kilómetros río abajo, con los perros ahí estaba yo. Otros iban por la orilla de enfrente caminando con Mabel y Fernando Jones Huala, y otros integrantes de Pu Lof. Cerca de las 12 y media del mediodía subí a buscar un termo, porque hacía frío, para tomar unos mates y de pronto aparece llorando nuestro lamien Fernando (Jones Huala) diciendo que habían plantado un cuerpo. Fue como un baldazo agua fría, no lo podíamos creer. En ese momento el juez me llama y me muestra desde la barranca mirando hacia el río se veía perfectamente un bulto, desde el punto donde la Gendarmería se llevó a Santiago eran como unos 200 metros río arriba. La semana pasada en esa zona anduvieron trabajando Verónica Heredia y Alejandro Incháurregui. Para ellos y Sergio fue una canallada, cómo era posible que apareciera eso ahí si cinco días atrás no había nada.

–¿Qué le dijo Lleral?

–Me acaban de avisar el buzo, que vio un bulto, se acercó, lo tomó y era un cuerpo humano. No fue un perro sino un buzo, y en un lugar por donde ya habían pasado en todos los rastrillajes anteriores. Fue ahí mismo, hubiera sido obvio verlo en el último operativo que fue tan minucioso, con más de 300 efectivos, helicóptero y drones, Prefectura, Policía Científica de los dos lados del río, sin que participe nadie, ni los veedores de derechos humanos ni nosotros, ni los Maldonado. Si cae un animal al río el agua lo saca a la orilla y al día siguiente ya empezás a ver aves carroñeras. Se quiso sembrar un cuerpo, no lo decimos con liviandad, nos pesa un montón decirlo porque es tremendo. Sentimos el grado de vulnerabilidad en que nos encontramos, hace un mes quemaron la vivienda de un hermano en Vuelta del Río, muy adentro, nos estaban diciendo con la impunidad que se estaban manejando en el territorio.

–¿El bote en que iba Matías se dio vuelta?

–Sí, en ese iba también Sergio pero se bajó antes, y ellos siguieron río abajo. Se mojó, nos asustamos porque en un momento tampoco aparecía Matías. Iba solo con los prefectos.

–¿En el momento del hallazgo no había ninguno de ustedes?

–No, ni Sergio, ni Verónica, ni Mabel o Julio. Solamente un buzo.

–La propia resolución del juez preveía un allanamiento a la estancia Leleque ¿El procedimiento terminó con el hallazgo del cuerpo?

–Sí, una lamien escuchó por handy ‘positivo, con reservas’. Salió corriendo hacia la guardia muy asustada, y nos encontró a todos angustiados llorando por esta impunidad con que se estaban moviendo y hacen lo que quieren porque cómo apareció ahí cuando a pocos metros es donde buscamos agua cada día.

–¿Le expresaron esto al juez?

–Sí claro, tuvimos un montón de tiempo para seguir conversando con él, le explicamos todos los atropellos, que vivimos ahí, el jueves pasado estuvimos ahí trabajando y no había nada. Hay imágenes de cueros colgados nuestros justo en el lugar donde se encontró el cuerpo.

–¿Qué respondía?

–Nada, no decía nada. Vine acá a hacer un rastrillaje, se acaba de encontrar un cuerpo. Y detuvo todo ahí. Le planteamos por qué había tomado la decisión de hacerlo, y hablaba del jefe de Prefectura que se lo había sugerido. Desde un principio, desde la detención del lonko, todo es ilegal. En su resolución el juez no sólo planteaba encontrar un cuerpo sino continuar con un rastrillaje.

–¿No se tomó ninguna medida adicional luego del hallazgo?

–No, nada. No siguieron buscando pistas para saber por dónde surgió ese cuerpo. Le decíamos cómo puede ser que hubiera aparecido río arriba. En su despacho ya le habíamos dicho que el casco de la estancia de Benetton era la base de operaciones, que el 1 de agosto las camionetas salían y entraban desde ahí, como parte del operativo. Sergio se paraba sobre la barranca, y decía ‘mirá, son unos desgraciados, se ve desde acá arriba’. El acceso desde la estancia al río es directo, nuestro puesto de guardia no tiene siempre gente ni perro que pudiera haber ladrado. Verónica y Alejandro habían estado ahí días antes caminando, no vieron nada, y de repente llega el juez y en tres horas encuentra un cuerpo. Si realmente ese cuerpo estaba en el río desde el 1 lo habrían encontrado río abajo, o enganchado en unas ramas, en el primer rastrillaje o en el segundo.

–¿De dónde obtiene el dato el juez para hacer el tercer rastrillaje?

–De Prefectura. Julio Saquero se ofrece como testigo porque estuvo en todos los anteriores, sobre los informes que daban los buzos cuando salían del agua diciendo que acá es imposible que haya algo por la cantidad de ramas y raíces, y porque antes el río estaba mucho más bajo. En el lugar donde se lo encontró hasta hace dos semanas era orilla, después creció. No había llegado ningún perito y el juez estaba apurado para sacarlo del río para que no se lo lleve la corriente. Tuvimos que frenarlo, fíjese de poner un gomón, le dijimos. Verónica y Sergio le dijeron ‘si vamos a sacarlo hagámoslo bien’, y por eso es que hubo esa vigilia hasta las ocho que llegó Incháurregui y se organizó el retiro.

–¿Apenas apareció el cuerpo querían sacarlo?

–Sergio y Verónica se habían ido a hablar por teléfono a un lugar donde hay señal, estábamos con Andrea (Millañanco) y lo tuvimos que frenar. Cuando me lo sugirió le dije que había que esperar a la abogada, así como así no lo van a sacar. Los reflectores que pidió Lleral no llegaban, así que ya preparábamos un fuego para seguir con la vigilia de ese cuerpo, que no lo toquen, que no se lo lleve la corriente. Amigos de Santiago estaban afuera de la tranquera, los mapuches lloraban por lo que estaba pasando y en eso llega (Claudio) Avruj que quería pasar. La luz que se usó para levantar ese cuerpo fue la de la cámara del Poder Judicial y linternas nuestras. Ahora hay que saber qué pasó, qué le hicieron.

–¿Ustedes afirman que el cuerpo fue plantado? ¿Quién lo hizo y cómo?

–Creemos que hay un grupo de gente pagada por Benetton que conoce el territorio, que causó los incendios en Vuelta del Río y estuvo en el lugar con total impunidad, quizás en connivencia con Gendarmería. Sabemos quién se lo llevó, no sabemos quién lo plantó ahí, pero sí que fue con la complicidad del Estado y de Benetton. Claramente es una forma de demostrar el poder impune con que se manejan, sobre todo con esta comunidad que le puso límite a su avance. Buscan la forma de responsabilizarnos a nosotros de lo que ellos son culpables, porque en realidad es un modo de desviar la atención, para no hablar del conflicto real del Estado argentino respecto a todos los pueblos preexistentes. Nos tratan de indios violentos, pero somos claros, no tenemos ánimo terrorista ni pretendemos tener enfrentamientos sino estar unidos en defensa de la tierra. Ellos salieron a cazar a un mapuche y se encontraron con un blanco, ya tenemos hermanos mapuche desaparecidos por el conflicto territorial. Pero es la primera vez que pasó a un no mapuche, con una familia con recursos para buscarlo y una parte de la sociedad los acompañó por todos los derechos ganados en estos cuarenta años. Y se están haciendo eco del legítimo reclamo del pueblo mapuche, Santiago Maldonado estaba pidiendo por eso.

Esa maldita costumbre de encubrir

20 agosto, 2017 by Adriana Meyer

“La historia se repite dos veces. La primera como tragedia, la segunda como farsa”.Karl Marx, El 18 Brumario de Luis Bonaparte.

A tres semanas desde la última vez que fue visto Santiago Maldonado, una a una fueron cayendo las mentiras oficiales, Ahora fueron por el desvío, que, paradójicamente, podría llevar a la punta del ovillo de un armado previo: el incendio de un puesto en Epuyén supuestamente por parte de Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), en el cual Maldonado podría haber sido herido con un puñal. Ante el compacto montaje oficial. cabe preguntarse: ¿La familia, los amigos y las constancias del expediente son acaso menos creíbles que las conjeturas oficiales respecto a que Maldonado habría sido víctima de un puestero de la zona que se defendió cuando un grupo pro-mapuche lo atacó? Esa “hipótesis” lanzada por la secretaría de Seguridad ningunea el relato de la familia y los amigos de Santiago, como si no hubiera una larga historia de víctimas silenciadas. El juez le admite a Interpol que Santiago está desaparecido desde que fue «perseguido» por Gendarmería el 1 de agosto pero no avanza contra esa fuerza y el gobierno aún se permite dudar sobre su presencia en el lugar de los hechos. (foto archivo personal familia Maldonado).

Son los hippies rubios de El Bolsón. Santiago, “Brujo” o “Lechu” como lo llaman, se juntó el domingo 30 de julio con su amigo Ariel y le anticipó que pensaba ir de visita a la comunidad mapuche Pu Lof en Resistencia, de Cushamen. Su estado de salud no mostraba indicio alguno de haber sido apuñalado. Cinco días más tarde Ariel preocupado por la ausencia de su amigo lo llamó al celular, alguien atendió sin responder durante 22 segundos y la comunicación se interrumpió. Así lo declaró este joven ante el juez federal Guido Otranto en la causa por la desaparición de Santiago Maldonado. Los mapuches a los que iba a ver lo conocían y por eso reconocieron que era a él a quien agarraron los gendarmes la mañana del 1 de agosto durante el operativo represivo en esa comunidad, lo golpearon y lo metieron en una camioneta Unimog. Santiago había hablado con su mamá, Stella Peloso, el jueves 27 y si hubiera estado lastimado ella lo habría sabido. Mientras usinas oficiales alimentan el foco mediático con una versión que exculpa a la Gendarmería, la principal hipótesis respecto a la responsabilidad de esa fuerza sigue siendo, tal como sucede sistemáticamente en las investigaciones por desapariciones de personas en democracia, la más descuidada por parte de la justicia. De hecho, la fiscalía federal aún no se pronunció sobre el pedido de la abogada de la familia para cambiar la carátula de NN, averiguación de paradero por la de desaparición forzada de persona. Los nombres de los 130 gendarmes que entraron a la comunidad disparando balas de goma ingresaron al expediente que instruye la justicia federal recién hace dos días, pero el abogado de esa fuerza de seguridad ya tiene copias para ir armando la defensa porque, inexplicablemente, el juez federal Guido Otranto los aceptó como parte en la causa.

“Santiago es vegetariano, un pibe pacífico, en la feria de El Bolsón lo conocen todos, tirar esto de un posible apuñalado es muy bajo pero ya podemos esperar que digan cualquier cosa”, define su hermano Sergio, con un tono que ya denota más cansancio que indignación.

A tres semanas desde la última vez que fue visto Santiago Maldonado, una a una fueron cayendo las mentiras oficiales: que los mapuches y la familia obstruyen la pesquisa, que la Gendarmería repelió la agresión de piedras de ocho mapuches cuando en realidad antes había hostigado y detenido a tres mujeres de la comunidad, que hay un “bando” que insiste en la desaparición siendo que en el expediente consta la denuncia por este delito desde la foja cero con testimonios y la denuncia de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (Apdh) de Esquel.

No funcionaron el video trucho de Entre Ríos y los barrios enteros donde todos usaban barba y rastas. Ahora fueron por el desvío, que, paradójicamente, podría llevar a la punta del ovillo de un armado previo: el incendio de un puesto en Epuyén supuestamente por parte de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), en el cual Maldonado podría haber sido herido con un puñal. ¿Basado en qué? Nadie se atendió en los hospitales de la zona y una de las líneas celulares de Santiago se habría activado ese día en Epuyen. ¿Santiago se desangró en el desierto?

En este punto una parte de los investigadores se pregunta: ¿La familia, los amigos y las constancias del expediente son acaso menos creíbles que las conjeturas oficiales respecto a que Maldonado habría sido víctima de un puestero de la zona que se defendió cuando un grupo pro-mapuche lo atacó? Esa “hipótesis” lanzada por la secretaría de Seguridad ningunea el relato de la familia y los amigos de Santiago, como si no hubiera una larga historia de víctimas silenciadas.

PáginaI12 tuvo acceso a partes de los expedientes judiciales y reconstruyó los hechos a partir de fuentes judiciales, peritos, las querellas y la familia. Los investigadores coincidieron en que la justicia hizo medidas básicas, pero destacaron que “luego de siete días todo se hace tarde y mal”. Y agregaron que “esta demora es lo habitual en los casos de violencia institucional por lo cual es inevitable trazar similitudes con anteriores desapariciones en democracia. Es un mismo patrón, demorar las medidas preliminares lo cual concede una ventana de tiempo a la fuerza sospechada, y luego lanzar versiones distractivas, como fue el hallazgo de un cadáver NN en Punta Lara a pocos días de la desaparición del testigo Jorge Julio López”.

Miente, miente que algo quedará

Ariel había presentado un habeas corpus preventivo porque desde enero la policía de El Bolsón lo sometía a un permanente hostigamiento. Había sido detenido junto a uno de los hermanos de Facundo Jones Huala, el lonko de la comunidad Pu Lof Resistencia Cushamen preso en Bariloche y en huelga de hambre, luego de la feroz represión a los mapuches que reclaman su derecho a una parte de las tierras de la estancia del empresario Luciano Benetton. Cuando esta semana escuchó por televisión a la ministra Patricia Bullrich decir su nombre completo y su dirección durante la audiencia en el Senado llamó preocupado a su abogada. Se suponía que sería protegido dado que es uno de los testigos de identidad reservada del caso Maldonado.

El buzo. “Ni de casualidad estuvo Santiago en ese hecho de Epuyén, Ariel es su amigo, habló con él ese fin de semana y estaba perfecto de salud. Son amigos, los hippies del pueblo pero a Ariel lo persiguen como a los mapuches porque los apoya. Es él quien aporta el buzo de Santiago para que los perros busquen rastros, no es de otra persona como dicen por ahí”, dijo Verónica Heredia, abogada de la familia Maldonado, a PáginaI12. “Dicen por ahí” que esa prenda la habría proporcionado la comunidad mapuche para “sembrar evidencia falsa”. El rastro de Maldonado lo siguen los canes en base al olor de una gorra y un cuello polar encontrados donde fue golpeado, según los testigos que así lo declararon ante el juez.

Celulares. “Tenía tres, y como uno es de Chile fue suficiente para generar la suspicacia de sus nexos internacionales. Es todo un delirio. Hay actividad de llamadas hasta el 21 en uno de los aparatos y hasta el 27 en otro, pero además en el que está registrado en Chile se recibe la llamada de su amigo Ariel el día 4 de agosto”, agregó la letrada en diálogo con este diario desde Esquel. “Hay un teléfono que tenía un chip de Chile porque había estado ahí, y después había otro con otro número que no se si sería de él o no, pero lo usaba para sus tareas de tatuajes y figura en los folletos que repartía”, describió Sergio Maldonado, hermano de Santiago.

¿Plomo?. En la causa están siendo sometidas a pericias las municiones de goma que aparecieron en la escena. Pero según dos fuentes los gendarmes también tiraron con balas de plomo, lo cual consta en una causa diferente contra Gendarmería por “hostigamiento”, iniciada por las dos mujeres de la comunidad que fueron detenidas en el operativo represivo.

Gendarmes. Según el expediente hubo dos gendarmes mujeres heridas. Aún resulta incomprobable para las fuentes saber a qué se deben las amenazas que estaría recibiendo el jefe del escuadrón 35 de El Bolsón, Fabián Méndez.

Es falso que la Gendarmería actuó “de oficio” por la flagrancia del delito de arrojar piedras con “hondas boleadoras”. Esta es la línea de tiempo de los hechos:

31 de julio

–13.00: Seis gendarmes informan que hay siete vehículos detenidos por el corte de la ruta nacional 40.

–19.20: En presencia del comandante Fabián Méndez “se hacen fotografías y filmaciones por ser zona despoblada sin testigos”.

1 de agosto

–3.30: Personal del escuadrón 35 El Bolsón apoyado por personal del 36 Esquel aprovechando (sic) que los manifestantes no se encontraban sobre la ruta procedieron a desarmar cuatro barricadas compuestas por palos, árboles cortados, piedras y chatarras distribuidas estratégicamente.

–5.00: Labran el acta ante la ausencia de manifestantes no hubo enfrentamientos con personal uniformado. Una vez despejada la ruta en cumplimiento de la orden judicial se informó lo actuado al magistrado interviniente telefónicamente.

–9.00: El 1er alferez Daniel Gómez observa un vehículo gris que ingresa por un camino ubicado al margen de la ruta a la construcción ubicada a 400 metros.

–10.30: Observan egresar al vehículo y ordena a un vehículo oficial realizar un seguimiento controlado. Lo detienen e identifican a sus ocupantes, entre ellos la testigo Soraya. Luego los liberan pero sujetos a la causa 3144/2017 NN s/entorpecimiento de servicios públicos”. Se hacen tomas fotográficas y videos de rigor.

–11.15: En cumplimiento del oficio 972/2017 se procedió al despeje del corredor antes mencionado. Entre 8 y 10 personas se encontraban obstruyendo la normal circulación encapuchadas ostentando piedras que lanzan al personal de Gendarmería.

–13.30: Escuadrón 35 ingresan a través de la tranquera a fin de proceder a la aprehensión de los agresores.

Esta cronología da cuenta de que la comunicación con el juez Otranto no se produce luego de la pedrada con que los mapuches intentaron resistir el desalojo de la ruta, como sostuvo la ministra Bullricj, sino varias horas antes de la misma. Y omite detalle alguno sobre Santiago Maldonado. Su nombre recién aparece a fojas 1, en la denuncia de Julio Saquero, de la Apdh de Esquel, y en la declaración de una testigo de la comunidad ante el defensor oficial Fernando Machado.

A diferencia del escueto relato de los uniformados, la mujer describió que ingresaron al territorio en medio de disparos, empujando a sus hijos y quemando las carpas y pertenencias de los mapuches. “Búsquenlos”, era el grito que repetían. “Uno de los integrantes del Lof vio cuando se llevaban detenido al compa Santiago Peloso (apellido materno del desaparecido)”, dijo la testigo. Su mayor preocupación era evitar los efectos traumáticos de lo que habían vivido esa mañana en sus hijos, porque afirmó que “episodios de violencia son frecuentes”. Y aportó tres vainas servidas antimotín de 70 milímetros, y una sin percutar. Por su parte, Saquero ante el defensor Machado declaró que el ciudadano Santiago Peloso estaba presente durante el procedimiento de la Gendarmería para desalojar la ruta 40, “de quien no se tienen más datos ni contacto alguno”, y que luego de verificar que no estuviera detenido en ninguna comisaría dejaba constancia de que se encontraba desaparecido. Una semana más tarde, a fojas 44 la fiscal federal subrogante Avalos pide a Gendarmería el detalle del personal y vehículos que intervinieron en la represión, así como solicita al juez el audio de una entrevista al subsecretario de Seguridad Pablo Nocetti.

Según figura en el listado de medidas adoptadas en la causa hasta el 14 de agosto, el juez solicitó a la División Rastros de la Policía Federal que determine si las huellas encontradas en el allanamiento de la vivienda donde paraba Santiago en El Bolsón pertenecen a él. A dos semanas del hecho, Otranto volvió a pedir el listado de quienes participaron del procedimiento represivo y la lista de vehículos utilizados “en el término improrrogable de 24 horas”. Gendarmería se tomó 72 horas para entregar, finalmente, los 130 nombres. El juez toma nota de las pruebas que le aporta el defensor oficial sobre el lavado de las camionetas y la rotura de una de las fajas de seguridad, pero lo único que hace al respecto es “requerir los datos de la persona que hizo entrega de los mismos”.

Encubrir desde el minuto cero: episodio Epuyén.

“Gendarmería le responde a la fiscal que participaron del operativo sólo ocho gendarmes, de los cuales cuatro son mujeres, y a partir de ese momento comprendí que esa fuerza es la responsable acá, ocultaron desde el minuto cero”, se indigna Verónica Heredia, abogada de la familia Maldonado. PáginaI12 le había preguntado sobre cuál de todas las pruebas recogidas hasta ahora es la más contundente sobre el destino que pudo haber tenido el joven artista. Sin abrir especulaciones sobre los resultados de los peritajes de las muestras de sangre y cabellos halladas en los sucesivos allanamientos en el lugar y en el escuadrón 35 de Esquel, la letrada sí ponderó los testimonios. “Son contundentes y precisos, un testigo ve que Santiago no cruza el río, que lo agarran los gendarmes y lo golpean y una testigo observa cómo lo suben primero al Unimog, y luego lo pasan a una camioneta”, resume.

En el mismo escrito donde la abogada Heredia le pidió a la fiscal el cambio de calificación –tal como corresponde en estos casos según lo que había dispuesto la Procuradora General Alejandra Gils Carbó en el caso de la desaparición de Sergio Ávalos– consta una “oposición” que dio la primera señal de alerta. La letrada tuvo sospechas de que la muestra de sangre de Sergio Maldonado iba a ser cotejada en otro expediente penal y manifestó que como representante de la familia se oponía a que esa prueba fuera utilizada en otra investigación que no fuera la vinculada a la desaparición de Santiago.

Pocos días después, casualmente, estalla la versión del puestero –o más bien capataz del puesto de Benetton en Epuyén– apuñalando a uno de sus atacantes, quien según el gobierno podría ser el joven desaparecido. El círculo podría cerrarse con otra medida ad hoc: la solicitud del contenido de la historia clínica de Maldonado que fue requerido al hospital local. Si bien el incendio del puesto de Epuyén existió, como así su derivada causa penal, y tuvo mucho impacto en los pobladores de la zona, algunas voces dudan que haya sido obra de la RAM. En una entrevista de La Izquierda Diario, la madre de Facundo Jones Huala, el lonko de la comunidad mapuche de Cushamen detenido y en huelga de hambre, dijo que “muchos pueden tener miedo a quedar pegados porque se comieron el cuento de la RAM. Hoy leía una noticia sobre gente de Cholila que quedó sin trabajo y salió a hacer un corte de ruta y ya salieron a decir que era la RAM la que cortaba. Van quedando claras algunas cosas. ¿Quién es la RAM, los mapuches o los milicos?”.

http://www.laizquierdadiario.com/Maria-Isabel-Huala-A-Santiago-lo-desaparecieron-porque-lo-confundieron-con-un-mapuche?id_rubrique=1201

A confesión de parte

El juez federal Guido Otranto declaró a una radio local que él “no afirma ni niega” que la Gendarmería sea la principal responsable de la desaparición de Santiago Maldonado. Sin embargo, según consta en su pedido a Interpol del 9 de agosto para requerir el “paradero internacional” del joven, el magistrado le dijo al jefe de esa fuerza que “el señor Maldonado fue visto por última vez en el Lof en Resistencia de Cushamen en instancias en que integraba un grupo de personas que eran perseguidas por personal de la Gendarmería Nacional luego de ser sorprendidos intentando cortar la circulación en la ruta nacional 40”. Perseguir como sinónimo de reprimir, dice el juez, en una cabal admisión de los hechos que se contradice con la parsimonia con que actúa respecto de esa fuerza de seguridad, al punto que autorizó que la misma tenga acceso al expediente, y siendo que la parte que investiga la fiscalía respecto de la desaparición forzada de Maldonado se encuentra bajo secreto de sumario. “Ya sucedió otras veces, el secreto es para la parte que representamos a la víctima”, se quejó la abogada Verónica Heredia.

Derechos ancestrales

“El criterio soy yo”, respondió el juez Otranto a los mapuches y a los militantes de derechos humanos que le pedían tiempo para consensuar los términos del ingreso al territorio, tal como establecen las leyes que protegen los derechos de los pueblos indígenas, incorporadas a la Constitución Nacional en 1994. Es el mismo magistrado que cincuenta y tres días antes de la desaparición de Maldonado informaba a la prensa que había archivado una denuncia contra Ricardo Parisi, el concejal de Cambiemos en Esquel quien, el miércoles 12 de abril de 2017 en una sesión del Concejo Deliberante local había proferido brutales insultos racistas y discriminatorios contra los mapuches. El concejal Parisi había afirmado a los gritos: “ustedes son unos negros de mierda; yo soy blanquito y no tengo sangre ni mapuche ni tehuelche”. Semejante afirmación iba dirigida a un grupo de mujeres del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOEME) de Esquel y del Consejo Municipal de la Mujer.

Como si hubiera dicho “el Estado soy yo”, Otranto y los gendarmes no respetaron lo acordado en cuanto a no pisar los sitios que los mapuches consideran intocables. Dijo esta semana Julio Saquero a Página12: “Así es acá, donde viven estos mismos funcionarios y lo saben, pero parece que el poder judicial no está a la altura de lo que establecen las leyes internacionales por eso en lugar de darles protección han sido históricamente la herramienta para atacarlos”. Todo indica el Legislativo tampoco estuvo a la altura porque a la ministra Bullrich nadie le mencionó las normas que protegen el territorio mapuche cuando insistió en que “no colaboran” con la investigacióm.

Epílogo

Las autoridades judiciales y políticas ignoran, descalifican o tergiversan los dichos de la familia y los amigos del “hippie” Maldonado, del mismo modo que cuando desapareció Jorge Julio López insistían con que podía ser “un viejito perdido que se fue a tomar el té a la casa de su tía”. Una vez más, ¿quién da verosimilitud a los hechos que van apareciendo, las interpretaciones del gobierno y algunos medios o quienes los recogen, abogados, fiscales, defensores, familiares y organismos ddhh?

El conjunto de operaciones sobre el expediente y en los medios, además de las afirmaciones públicas de los funcionarios macristas no podrían definirse de otra manera que como una gran farsa orientada a poner un velo sobre un nuevo episodio trágico que se suma a las 200 desapariciones sucedidas bajo gobiernos democráticos, según datos de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional. Sin embargo, Maldonado es el primero en ser desaparecido en circunstancias de la represión a una protesta social.

¿Cómo desarticular una farsa? La causa está desdoblada, el juez Otranto se quedó con el trámite de los tres habeas corpus iniciales, y en sus manos no hay nada sobre el episodio de Epuyén. La investigación por el delito de desaparición forzada está delegada en la fiscalía de Alejandra Avalos, quien decretó el secreto de sumario. Entonces, las “versiones” sólo pueden surgir de fuentes oficiales o de la propia fiscalía que rompe su medida.

Como quien ajusta la lente de una cámara fotográfica, para tomar dimensión de los niveles a los que puede alcanzar el encubrimiento y la impunidad en Chubut, cabe recordar que durante el caso por la desaparición de Iván Torres, por el cual fue condenado el Estado argentino por parte del Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, murieron siete personas, entre testigos y amigos de la víctima.

Germán Maldonado dijo frente al Congreso que Santiago, egresado de Bellas Artes, era artista y músico, que escribía y amaba viajar. Pero Maldonado es llamado “tatuador”, “artesano” o directamente “activista de la RAM” de rastas largas, que vivía en comunidad y leía bibliografía “revolucionaria” a favor de la causa mapuche, por quienes no escuchan a la familia sino al gobierno. “Bullrich no nos pidió disculpas por no haberlo ubicado con vida”, dijo Sergio Maldonado a Página12 desde Bariloche. “Lo del puestero es una payasada lo que dicen del puestero para desviar todo, el último día que habló con mi vieja fue el 27, y está en el listado de llamadas del teléfono con el que hablaba con ella y mi abuela”, enfatizó. Y agregó: “Lo único que falta es que saquen un cuchillo ensangrentado, que lo hayan tenido guardado desde el día 21, sería totalmente ridículo pero ya no sé lo que pueden inventar. Se lo vió después de esa fecha, no tuvo nada que ver ni participó en lo que pasó en ese lugar, sigue desviando la atención”. Para este comerciante de 48 años cuya vida se dió vuelta hace tres semanas, “es tan simple, alcanza con que vayan a preguntar a la biblioteca de El Bolsón, adonde iba siempre a tomar mate y a charlar por largos ratos”. Sergio lo quiere de vuelta, para volver a abrazarlo (como en la foto que acompaña esta nota), y confiesa que es algo «chocante» ver el rostro de su hermano por todas partes cuando en verdad a él no lo gustaba ser fotografiado.

Ayer en 25 de Mayo, ciudad de origen de los Maldonado, hubo mural, recuerdo y homenaje.

Así, una a una van cayendo las mentiras oficiales: que los mapuches y la familia obstruyen, que la Gendarmería repelió la agresión de piedras de ocho mapuches cuando en realidad antes había detenido a tres mujeres de la comunidad (el video difundido por C5N que sería parte de la causa evidencia que la ruta ya estaba despejada cuando los uniformados se lanzaron a la cacería de los mapuches), que hay un “bando” que insiste en la desaparición siendo que en el expediente consta la denuncia por este delito desde la foja cero, como publicó este diario hace cuatro días.

“El énfasis del gobierno en desviar y tergiversar pone aún más en evidencia que propicia el encubrimiento directo de una desaparición de persona ocurrida durante un operativo represivo en medio de la Patagonia”, opinó una alta fuente del caso. La dinámica vertiginosa que se va desplegando como capítulos de una serie de terror propicia el olvido de momentos significativos, como la respuesta del juez Otranto cuando le exigieron que ordenara a la Gendarmería retirarse del lugar de los hechos, donde sigue apostada hasta hoy. “No puedo, está por orden del gobierno nacional”.

Santiago en presente está desaparecido, la multitud que exigió en Plaza de Mayo su aparición con vida pretende que no integre esa lista que con el paso del tiempo obliga a mencionarlos en pasado. La desaparición forzada de personas en democracia es la historia que se repite.

«Resistimos hasta el final y seguiremos»

14 julio, 2017 by Adriana Meyer

Luego de varias noches de vigilia, los despedidos intuyeron que ayer la policía avanzaría contra ellos. Pero no imaginaron la violencia del operativo ordenado por el gobierno macrista. «No hubo un muerto de casualidad, esto fue como me lo que contaba mi viejo, que era de la Ford, donde desaparecieron a la interna. Resistimos hasta el final y vamos a seguir», dijo el delegado Luis Medina eufórico a minutos de salir de la planta junto a los demás, libres en la calle, rodeados de periodistas, cámaras y militancia que cantaba «se va a acabar la burocracia sindical, paro general». (fotos Rodrigo Wilson Enfoque Rojo)

“Están cebados, sacados”. “Esto parece el 2001, actúan como en la dictadura”. “Volvieron”. Entre una y otra arremetida represiva del cuerpo de Infantería de la Policía Bonaerense, frente al portón principal de PepsiCo, azorados y con los rostros desencajados, manifestantes, diputados y periodistas no podían creer lo que estaban viviendo. Había sido una larga noche de vigilia, con centenares de trabajadores y militantes apostados en los tres accesos de la planta de Florida, ubicada en medio de un barrio que combina casillas de chapa con chalets de tejas, con vecinos que salieron a batir cacerolas en apoyo a las y los obreros y que terminaron teniendo que sacar a sus hijos del jardín de infantes y la escuela por los gases. La imagen de la madrugada fueron los obreros desde los techos, como en los ’70, agradeciendo el aguante de la segunda noche de espera al operativo de desalojo. La foto de la mañana fueron ellos al lado de las hijas de desaparecidos Victoria Moyano Artigas y Alejandrina Barry al borde de la cornisa rodeadas de policías. Luego de los palazos y las corridas, vino el momento de mayor tensión. Tras casi una hora de pelearse a los gritos con los jefes del operativo, el grupo de diputados que habían llegado, entre ellos Miguel Funes y Leonardo Grosso (FpV), logró que ingresaran Nicolás del Caño (FIT-PTS) y Luis Zamora (AyL) para garantizar la integridad de quienes estaban adentro, dado que la Bonaerense ya había entrado con gases para sacarlos. «Qué verguenza das Vidal, reprimís a las obreras que están defendiendo su derecho al pan», fue uno de los cantos que se escuchó durante la represión contra una fábrica donde la mayoría son mujeres sostenes de hogar.

Cuando cerca de las 2 de la mañana el delegado Camilo Mones dijo con el megáfono desde el techo “vamos a combatir la batalla de PepsiCo” varios se miraron como si sonara exagerado.

Dos horas antes todavía se podía entrar a la fábrica de saladitos, donde las instalaciones aparecían en buen estado y hasta relucientes. En la oficina de ingreso, el fondo de lucha y una máquina de café. “Miente la empresa, lo que producimos acá lo van a hacer en otros países, el propósito que tienen, avalados por el gobierno, el sindicato y la justicia, es político, nos quieren liquidar porque en 20 años logramos conquistas que no hay en ninguna otra fábrica de la alimentación, como la categoría superior a la que antes no accedían las mujeres, que hacían empaque, el laburo más pesado y menos remunerado”, dijo Liz Fernández a PáginaI12. “Cocinaron todo entre ellos y en el ministerio nos ofrecieron indemnizaciones y unos cursos que rechazamos. La categoría que logramos puedan acceder mujeres antes era reservada a los hombres, tocar máquinas, acá peleamos contra el machismo en las empresas y en los convenios, paramos el 8 de marzo”, agregó. “Los supuestos problemas de costos que les traemos nosotros son 20 años de peleas a favor de los tercerizados, no permitir que los de agencia estén tres meses y se vayan”, apuntó Leandro “Garza” Gómez.

La ocupación había sido decidida en asamblea cuando se enteraron que la empresa quería llevarse las máquinas a la planta de Mar del Plata, con personal temporario. “La empieza quiere reabrir pero sin nosotros, pero no nos vamos a ir aunque nos saquen, si logramos quedarnos nos ponemos a producir, la idea es resistir, estamos despedidos pero el desalojo no significa el fin del reclamo, la empresa solo busca más rentabilidad y el gobierno la avaló porque buscan eso en todas las demás”, agregó. Afuera, Mones decía a la multitud: “No buscamos ser un ejemplo para la clase trabajadora, ni que nos echen, ni que cierre la fábrica. Pero por defender nuestros mínimos derechos nos tiraron a la calle, nosotros adentro y ustedes afuera vamos a resistir todo lo que podamos”.

Catalina Balaguer es delegada y trabaja en PepsiCo desde hace 20 años. “Cuando nos atacó la fábrica apuntó a las mujeres, yo me solidaricé y por eso me echaron, siempre avasalló. Por eso nos fuimos organizando, cuando hice campaña por mi reincorporación llovían los reclamos de todas las filiales del mundo por maltratos, abusos y falta de sindicalización”, recordó. El derecho laboral argentino tiene un fallo que lleva su apellido porque logró un fallo de reinstalación que la reconocía como “delegada de hecho”. La habían despedido aduciendo “bajo rendimiento”, pero tuvo que ser reincorporada cuando quedó demostrado que fue una acción antisindical y discriminatoria efectuada por la empresa por su actividad gremial. “Acá hubo compañeras que se fajaban estando embarazadas porque no les daban licencia por maternidad, peleamos tener una guardería, y que las compañeras lastimadas por los ritmos de producción tuvieran otras tareas porque antes eran echadas o puestas en una jaula”, agrega Balaguer y acomoda sus rastas negras.

Listo, se cierra el portón. Ese mismo que horas más tarde no podrían abrir los policías ni con barretas de hierro. Un grupo adentro, entre ellos las víctimas de la dictadura Moyano y Barry, y los demás afuera, en vigilia, con gomas y pallets apostados en las calles y frente a cada portón de la enorme planta. Un obrero de PepsiCo repartía saladitos para matizar la espera, hasta que cerca de las 4 de la madrugada comenzaron los movimientos. “Son como 12 vehículos, tres escuadrones, están en Constituyentes y General Paz”, comentó una pareja que venía al trote por calle Urquiza. Muy lentamente aparecieron las camionetas verdes de la Gendarmería y rodearon todo el perímetro de la fábrica. Comenzó a sonar la sirena de la fábrica. Se escuchó el ruido de cacerolas, eran los vecinos que salieron a solidarizarse. “Vamos aguanten”, les decía una señora con saco polar y pantuflas rosas.

Pasaban las horas, se terminó el café y el agotamiento de dos jornadas sucesivas de vigilias empezaba a notarse en los cuerpos. Poco antes de las ocho, aparecieron sobre San Martín medio centenar de mujeres policías de la Bonaerense. Comenzaron las corridas, reforzar algunos puntos, y el alerta de “ahora sí se viene”, cuando ya parecía que no, que hoy tampoco sería el día. Finalmente, arremetió la Gendarmería con todo barriendo a los manifestantes del acceso principal, y los corrió incluso dando vuelta la manzana, en medio de las casas y escuelas del barrio. Las caras rojas y los ojos reventados por el gas, cortes en los rostros, desmayados iban cayendo mientras otros los rescataban y entre todos se reagrupaban para, al rato, volver cantando contra el macrismo y su policía ultra violenta. Un viejo militante decía “así nos cazaban hace 41 años por las calles, en las universidades, en los sindicatos y en las fábricas los grupos de tareas”.

Comenzaron a llegar los medios y los diputados, Patricio del Corro, Christian Castillo, Nathalia Seligra, Vilma Ripoll, Fernando Vilordo, además de Zamora, Del Caño, Funes y Grosso. Pero ese portón terminó siendo un corralito de terror. En un reducido espacio entre la planta, las calles laterales y las casas unos 300 uniformados hacían cordones para impedir el regreso de los manifestantes, y también de la prensa. Hubo abiertas sucesivas provocaciones por parte de Bonaerenses, como cuando un camarógrafo pasó el cordón femenino y el jefe del operativo le gritó “te hacés el vivo porque son mujeres”.

Al rato, otra barrida de policías pretendió correr a diputados y periodistas, mientras la policía forzaba el portón y entraba a PepsiCo. Los puntos de ataque se habían multiplicado y al rato el periodista de Crónica Aldo Romano fue atacado tan solo cuando se acercó al kiosko, y ni siquiera los gritos de los legisladores frenaron la feroz paliza, que ligaron todos. Fue en ese momento que el jefe del procedimiento fue increpado por el colega de Romano y por el ex diputado Del Caño, a lo cual el policía le respondió “que no venga a hacer populismo acá”. El dirigente le gritó en la cara “acá están pegando a periodistas, camarógrafos, usted es responsable por su integridad, de qué populismo habla”.

Vale todo

Poco después por la calle Urquiza hicieron pasar una camioneta de traslado de detenidos, y mientras los legisladores intentaban organizar una comisión para preservar a los ocupantes que estaban a punto de ser sacados de la planta, se escucharon gritos y pedidos de auxilio desde el interior del vehículo. Matías Aufieri y Carlos Platkowski, abogados del Ceprodh, comenzaron desesperados a gritar para exigir que dijeran a quién llevaban herido allí adentro, que los liberaran si estaban lastimados o dijeran a dónde los llevarían. La respuesta fue poner primera y casi atropellarlos a ellos, a varios manifestantes y a esta cronista.

Los Bonaerenses al rato metieron otra camioneta, pegada al portón. Se escucharon cantos desde adentro que se acercaban. “Unidad de los trabajadores, y al que no le gusta, se jode”, venían gritando los ocupantes que empezaron a salir y en lugar de ser llevados detenidos con el cordón armado por abogados y diputados siguieron de largo caminando media cuadra. Con una bomba de gas en la mano, Mones dijo ante las cámaras. “Desde el 20 de junio las compañeras lloran en la puerta de la fábrica, los chicos con frío, y hoy la policía bonaerense nos trata así, mi viejo que era un obrero de Ford me contó esto, que a su comisión interna la hicieron desaparecer, lo dicen los libros de historia y yo con 43 años jamás viví esto, que pasa en esta pseudo democracia. La vez pasada reprimieron a las organizaciones sociales en la 9 de Julio, hoy de casualidad no hubo un muerto acá en Florida Oeste”, dijo el delegado. “La peleamos hasta el final y vamos a seguir”, agregó.

Mientras los empleados de municipio Vicente López a toda velocidad recogían los restos de las carpas donde habían acampado las obreras, el fiscal Gastón Larramendi recibía a las y los abogados que reclamaban por los cinco detenidos. El argumento que adujo la empresa y la fiscalía para ordenar el desalojo fue un riesgo de contaminación, algo por demás llamativo porque el despacho de Larramendi queda exactamente enfrente de PepsiCo. “No hay ninguna contaminación, hubo y se solucionó en 2009, cuando empezaron a pagar para el tratamiento del agua”, había dicho más temprano Liz García, obrera despedida, a Página12. El fiscal dijo lamentar haber tenido que dictar esa orden, a lo cual la abogada Bregman le respondió: Señor fiscal, su nombre va a estar asociado al de los peores represores”.

Cambian los gobiernos, siguen los espías

1 noviembre, 2016 by Adriana Meyer

La punta del ovillo es esa maldita costumbre de los uniformados de espiar puertas adentro, en este caso otra vez la Gendarmería y una vez más a periodistas y organizaciones del campo popular. Así quedó expuesto que el gobierno de Cambiemos utiliza informes de inteligencia de esa fuerza de seguridad, basados en el espionaje sobre agrupaciones políticas, sociales y de derechos humanos, como así también a los periodistas Gustavo Sylvestre y Mauro Federico.

Esta periodista publicó el primer artículo sobre la existencia del sistema montado por los gendarmes, lo que más tarde se conocería como Proyecto X. Fue en noviembre de 2011 en PáginaI12, sin firma, y en lo sucesivo en este portal OJOS VENDADOS que apenas nacía. Vaya casualidad, o no, que este relanzamiento y rescate de un posible naufragio en la web –gracias los geniales expertos en diseño e informática Juan Marchetto y Leonardo Vázquez– tenga que ver con la continuidad de una actividad que está prohibida por las tres leyes nacionales que son el pilar del principio democrático de demarcación: las fuerzas militares y de seguridad tienen prohibido practicar inteligencia interna por las leyes de Defensa, Seguridad e Inteligencia.

Mientras los funcionarios kirchneristas negaban o minimizaban los alcances del espionaje, nacía una causa, a la que se sumó el Cels (Centro de Estudios Legales y Sociales) como amicus curiae, que varios otros medios comenzaron a seguir y que ahora cuenta con una ampliación porque los gobiernos cambian de signo pero mantienen las mañas. http://adrianameyer.com.ar/proyecto-x-existe-la-justicia-investiga-lo-que-revelamos-en-ojos-vendados/

La foto que ilustra este texto fue tomada por los gendarmes espías y constaba en aquella denuncia original. Entre el grupo de manifestantes la mujer del pañuelo blanco es la Madre de Plaza de Mayo Elia Espen.

Según informó hace pocos días el diario Ámbito Financiero, el gobierno de Macri dio órdenes a la Gendarmería para que recoja y reporte las actividades de quienes puedan generar “hipótesis desestabilizadoras”. No se trata de espionaje a ciertas organizaciones sino que todas las manifestaciones son incluidas en un mismo informe de “inteligencia”

Algunas de esas “hipótesis” son las manifestaciones y cacerolazos contra el tarifazo de los servicios de luz, gas y agua; cortes de trabajadores municipales de la Provincia de Buenos Aires; marchas por la reapertura de paritarias en numerosas provincias y actos por la libertad de Milagro Sala.

La diputada del PTS-Frente de Izquierda y fundadora del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH) Myriam Bregman señaló que “toda manifestación social es incluida en el informe. Así como el Gobierno anterior hacía informes sobre los ambientalistas de Gualeguachú, hay informes de Aníbal Fernández diciendo que a partir del año 2009 con la crisis económica había que tener especial control sobre las manifestaciones, evidentemente este Gobierno tiene una continuidad absoluta en esta práctica”.

Así ayer como hoy

El método de infiltrar uniformados en manifestaciones de trabajadores, movimientos de derechos humanos para recabar información y almacenarla luego en una base de datos conocida como Proyecto X, salió a la luz cuando Bregman denunció que la Gendarmería se había infiltrado en una manifestación de los trabajadores de Kraft-Terrabusi (hoy Mondelez) en el marco de un conflicto por despidos discriminatorios por parte de la patronal norteamericana para luego, con la información recabada, armar causas contra trabajadores que habían sido parte del conflicto como Javier «Poke» Hermosilla que en ese momento era delegado de base de la empresa. La denuncia fue determinante en la posterior renuncia de la entonces ministra de Seguridad, Nilda Garré.

Ahora salieron a la luz catorce páginas que dan cuenta cómo se maneja la Gendarmería en este procedimiento ilegal, haciendo un relevo de información sobre dos medidas de fuerza sindical de los municipales de la capital de Jujuy y sobre el paro del Frente de Gremios Estatales en esa provincia. Como relata Gloria Pagés en La Izquierda Diario, “resulta llamativa la cantidad de tinta dedicada a dar cuenta de la presencia de numerosos organismos de derechos humanos en Jujuy los días 9 y 10 de septiembre que viajaron para denunciar las violaciones sistemáticas a las libertades democráticas y las situación represiva en la provincia, y al Encuentro que allí realizó el CeProDH.

Junto con copias de volantes y afiches que denuncian el Estado policial en Jujuy, los gendarmes realizan su propio análisis de la información recabada: “Se aprecia que (estos dirigentes) y sectores no afines al oficialismo provincial y nacional, se encuentran llevando a cabo una campaña de desprestigio contra el Gobierno mediante los medios de comunicación social, Facebook, Twitter y prensa digital de la provincia de Jujuy. Se estima que estas actividades se irán incrementando en forma paulatina con el objeto de perjudicar la imagen del Gobierno provincial y nacional, con el fin de crear situaciones que distraiga al P.E.P. en sus objetivos gubernamentales”. Al igual que sucedía cuando espiaban el conflicto de Kraft, los gendarmes se permiten análisis socio políticos en sus informes. En aquella oportunidad evaluaban los niveles de conflictividad dentro del sindicato de la Alimentación.

Ahora los gendarmes espías señalan la peligrosidad tanto de la Comisión de organismos que, impulsada por el CeProDH, integraron organismos de derechos humanos como el CELS, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, Correpi, la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos (AEDD), el Comité por la Libertad de Milagro Sala entre otros, que recibió el 9 de septiembre en San Salvador múltiples y graves denuncias sobre lo que se ha dado en llamar “Estado policial” en la provincia.

Los informes de Gendarmería dan cuenta también de la realización del Encuentro del CEPRODH, que reunió a decenas de jóvenes, trabajadores, abogados y estudiantes de Derecho de todo el país en la Facultad de Humanidades de la capital jujeña.

“Las actividades y denuncias que nosotros hacemos, como haber ido a Jujuy a denunciar la situación represiva, lo hacemos de forma pública, así que el espionaje no tiene el objetivo de enterarse qué actividades vamos a hacer sino más bien de preparar algún tipo de represalia, lo cual es muy preocupante”, indicó Bregman, una de las impulsoras de las denuncias y la campaña contra el régimen represivo en Jujuy.

“No nos sorprende pero no lo vamos a naturalizar”

“Lo peor que podemos hacer con esto es naturalizar, pensar que no pasa nada y no tiene ninguna consecuencia. En Argentina siempre las consecuencias del espionaje han sido terribles porque los gobiernos pasan pero la información de inteligencia queda”, indicó la diputada trotskista.

Lo cierto es que esto no es nuevo. Parte de la “pesada herencia” es el famoso sistema de espionaje denominado Proyecto X, denunciado por Bregman en 2011, por el cual la cúpula de la Gendarmería está siendo aún investigada. La ley de inteligencia 25.520 prohíbe expresamente que el Estado “obtenga información, produzca inteligencia o almacene datos sobre personas por el sólo hecho de su raza, fe religiosa, orientación o identidad sexual, acciones privadas u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias o laborales”. Del mismo modo, la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales, impide almacenar “datos sensibles”, es decir aquellos que revelen “opiniones políticas, convicciones religiosas, filosóficas o morales, y afiliación sindical”. Los antecedentes mencionados en la nota de 2011 en Ojos Vendados dan cuenta que el Estado y los sucesivos gobiernos violan sistemáticamente sus propias leyes.

“La Policía Federal tiene un cuerpo especial de informaciones para realizar espionaje político, tenemos denuncias hechas en las cuales somos querellantes por inteligencia hecha por la SIDE sobre nuestras organizaciones, tenemos el Proyecto X de Gendarmería y ahora vemos que el Gobierno continúa con esa práctica, y cuando eran oposición realizaban denuncias permanentemente, llegan al gobierno y utilizan estos mismos mecanismos y cuerpos de inteligencia que no se desarticulan”, denunció Bregman.

Y agregó: “algunos vienen incluso de la dictadura militar, el propio Jaime Stiusso ha declarado que él ingresó en la SIDE en el año 1972 y siguió en funciones hasta hace bastante poco, esta continuidad en las personas también es la continuidad de la información que van recabando de las organizaciones sociales, políticas. Todo reclamo popular, de los trabajadores contra el gobierno es tomado como un ataque que merece ser investigado” indicó la diputada, que denunció también que fue víctima de amenazas en el teléfono de su despacho y de una carta intimidatoria de Ledesma y Carlos Blaquier.

La misma ministra de Seguridad Patricia Bullrich que hacía encendidas denuncias contra el Proyecto X del kirchnerismo es hoy la responsable del espionaje que se está denunciando bajo el gobierno de Cambiemos. Son los mismos responsables de mandar a esta fuerza junto a Prefectura y la Federal al Gran Buenos Aires y a Santa Fe para militarizar los barrios, provocando cada vez más casos brutales de violencia contra la juventud y los sectores más empobrecidos.

Tanto Bregman como Alejandrina Barry y Matías Aufieri, también integrantes del CeProDH, hicieron saber que “no vamos a naturalizar que por denunciar las violaciones a los derechos humanos nos persigan, nos intimiden”. Así, presentaron un pedido de informes en el Congreso Nacional para que la ministra de Seguridad rinda cuentas sobre estas actividades de espionaje ilegal por parte de las fuerzas de seguridad a su cargo. Y también acudieron a la justicia para ampliar la denuncia original sobre Proyecto X y presentarse como querellantes.

Teléfono para Patricia Bullrich

La ministra de Seguridad Patricia Bullrich debe ahora explicar estas actividades de espionaje ilegal. En efecto, porque según las fuentes en las que se basó la nota periodística, la información reunida por Gendarmería Nacional “luego de ser procesada, se enviaría al Ministerio de Seguridad de la Nación”. En la presentación efectuada se acompañaron las copias de los documentos que recibió la redacción del matutino. Uno de los informes de inteligencia, el más detallado, se realizó sobre el CeProDH y el encuentro de Jujuy, con fotografías de sus referentes. Este documento, denominado “Antecedentes del mes en la Provincia de Jujuy”, se señala en particular que los referentes “Vilca y Natalia Morales del Frente de Izquierda de Jujuy se encuentran cursando invitaciones a dirigentes de otras provincia para que asistan a este evento”.

Como expresa el escrito presentado ante el Juzgado Federal N° 7 a cargo de Sebastián Casanello, este dato es tan grave como llamativo ya que “tratándose esas convocatorias a dirigentes de invitaciones personalizadas y no públicas, es evidente que dichas afirmaciones no pudieron hacerse efectuando una simple recopilación de información pública si no que dicha información podría haberse originado en escuchas o intercepción ilegal de los teléfonos o los e-mails de los dirigentes señalados”.

En la presentación judicial se solicitó que se investigue tanto a quienes pudieran haber realizado estas tareas de espionaje como a quienes en última instancia se sirven de aquellas, es decir, el gobierno nacional de Cambiemos y el de la provincia de Jujuy a cargo de Gerardo Morales.

Bregman enfatizó que “los gobiernos pasan pero la información de inteligencia queda”, y destacó que “nadie del gobierno nacional hasta ahora ha dicho nada. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, denunciaba estas prácticas cuando formaba parte de la oposición pero hoy se vale de ellas para espiar a quienes denuncian las violaciones a los derechos humanos. Y desde el Ceprodh afirman que «así como hemos denunciado el ’Proyecto X’ efectuado por el gobierno kirchnerista y continuamos peleando para que se procese y encarcele a los responsables, presentamos esta denuncia ante la justicia como parte de la pelea por terminar con el espionaje e infiltración del Gobierno Nacional a todos los que salen a reclamar por sus derechos y enfrentan la persecución y el ataque a las libertades democráticas».

Los espías, impunes y premiados.

Según denunció días atrás La Izquierda Diario, luego de que trascendiera que uno de los responsables del contingente de gendarmes que desembarcó en Rosario esta semana, el Comandante Claudio Miguel Brilloni, oficia como Director de Inteligencia Criminal en el Proyecto X, se divulgó que el uniformado fue promocionado por el ex ministro de Seguridad Sergio Berni en 2015 y que además fue uno de los que comandó la entorpecida búsqueda de los hermanos Lanatta y Víctor Schillaci, cuando se fugaron del penal bonaerese de General Alvear.

A propósito de esto, el dirigente del PTS en el Frente de Izquierda Octavio Crivaro señaló: “Las tropas de gendarmería llegaron a Santa Fe, lideradas por el Comandante Brilloni. Él es Director de Inteligencia Criminal en el Proyecto X, un proyecto que denunciamos en 2013 junto a mi compañera Myriam Bregman, desde el PTS en el Frente de Izquierda, junto a organismos de Derechos Humanos. Esta denuncia hizo público que la Gendarmería se infiltraba en organizaciones, manifestaciones y eventos políticos. Los documentos develados gracias a la investigación del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos probaron que en Rosario también se llevó adelante espionaje durante asambleas en ANSES, así como durante medidas de fuerza de ATE, AMSAFE, COAD y otros sectores”.

«Ante un piquete el Estado enfrenta un ámbito protegido por la Constitución»

30 septiembre, 2014 by Adriana Meyer

El juez federal Sebastián Casanello quizá simplemente haya frenado para tomar impulso. Este magistrado acaba de dictar la falta de mérito de los dos gendarmes imputados en la causa sobre el espionaje ilegal, conocida como Proyecto X y revelada por este sitio en noviembre de 2011 aún antes de recibir ese nombre periodístico. Sin embargo, es poco probable que la cúpula de Gendarmería y el propio ministerio de Seguridad hayan celebrado el fallo porque temen que las medidas de prueba ordenadas por Casanello indiquen que estaría decidido a avanzar más allá de los autores materiales. Además, en su resolución el juez advirtió que “no es tolerable” armar bases de datos para controlar actividades de trabajadores, dirigentes gremiales o políticos”, y destacó que “cuando se produce un piquete de trabajadores y representantes de movimientos sociales y políticos, el Estado se enfrenta con ámbitos expresamente protegidos por la Constitución”. De todos modos, la abogada Myriam Bregman, autora de la denuncia que dio inicio al proceso, apeló ante la Cámara Federal al considerar que sí había elementos de prueba suficientes para procesar a los gendarmes.

La gendarme Elizabeth Calisaya y su compañero Raúl Scheurman están acusados de haber realizado tareas de inteligencia ilegal durante las manifestaciones de los trabajadores de Kraft, y en situaciones anteriores a los cortes de ruta derivados de ese conflicto de 2009. Tal como recientemente fue identificado un ex militar con desempeño en la dictadura al frente de los operativos de infiltración, y al mando del procedimiento donde el llamado “gendarme carancho” se tiró adrede sobre el auto de uno de los trabajadores despedidos de la empresa Lear, que se manifestaba con su vehiculo a baja velocidad por la Panamericana, en la primera nota sobre Proyecto X dábamos cuenta de situaciones como esta:

–Yo soy delegado de fábrica, quería saber de qué medio sos, porque los compañeros tienen dudas.

–Prensa independiente, amigo.
–No, decime porque sino te sacamos a la mierda.
–Yo me voy solo, no te hagas drama.
–Bueno, andate.

(textual del video aportado por Gendarmería como prueba en la causa 481/09 del juzgado de Tres de Febrero, por corte de ruta).

El expediente que investiga el juez federal Casanello busca determinar si “dicho proceder ilícito, de haberse configurado, estuvo predeterminado de manera institucionalizada, es decir, si fue producto de órdenes provenientes de las altas esferas de la fuerza que direccionaron de antemano el desenvolvimiento de los subordinados”. Según explica el propio juez Casanello, “hablar de inteligencia ilegal supone pensar en un actuar que infrinja los límites impuestos por la ley de seguridad interior -24059-, la ley de inteligencia -25520- y el código procesal penal”, y define que “las tareas de inteligencia orientadas hacia individuos concretos deben incluirse en la función judicial por estar “circunscripta por las garantías individuales de libertad y

dignidad humana, y por las normas de procedimiento atributivas de sus concretas funciones”. En este sentido apunta que “si tanto juez y fiscal están sometidos a una serie de restricciones en orden a su actuar, ¿cómo no las tendrían los integrantes de las fuerzas de seguridad?”. Casanello también deberá determinar, eventualmente, si actuaron discrecionalmente por fuera de las órdenes de quienes dirigen el proceso penal, jueces y fiscales. Es decir, establecer si los gendarmes produjeron inteligencia prohibida en los términos de la ley 25.520, que establece que ningún organismo de inteligencia podrá obtener información, producir inteligencia o almacenar datos sobre personas, por el solo hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas, u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales, así como por la actividad lícita que desarrollen en cualquier esfera de acción”.

El magistrado recuerda que “la sospecha introducida por los querellantes, quienes se presentan como ‘organizaciones de derechos humanos, militantes sindicales, sociales y políticos’, y recogida por el fiscal, advierte sobre la existencia de una práctica institucional de despliegue de inteligencia ilegal sobre organizaciones sociales, políticas, gremiales, estudiantiles, y sobre sus militantes, que produciría información que luego es volcada, ‘blanqueada’, dicen, en expedientes judiciales donde se investigan manifestaciones, puntualmente, cortes de ruta”. Y por esa razón, “para echar luz sobre la imputación y poder dimensionarla es necesario contextualizar la actuación de los gendarmes, es decir enmarcarla en el conflicto gremial atravesado por la empresa Kraft, donde se observa el ejercicio de derechos –laborales, gremiales, civiles e incluso políticos- y, paralelamente, la colisión propia de toda medida de fuerza, con la posibilidad cierta de registrar conductas previstas en el Código Penal”.

Es en esta parte de la resolución que el juez afirma su punto de vista sobre cómo debe ser abordada, en casos como éste, la protesta social. “Estas conductas posiblemente antinormativas –de las que participan obreros, representantes gremiales, integrantes de movimientos sociales y políticos-, sin embargo, al ser la consecuencia de medidas de protesta social no pueden ser abordadas, ni en su represión ni en su juzgamiento, como simples casos de delincuencia común (…) algunas acciones de protesta pacíficas, pero infractoras de reglas, en ciertos casos pueden estar justificadas al amparo del ejercicio de un derecho constitucional y, en otros, ser objeto de una ponderación que termine excluyendo la responsabilidad”, escribió Casanello. Y cita a Hannah Arendt para enmarcar las manifestaciones en el concepto de “desobediencia civil”. A su criterio, “el empleo de vías de facto para interrumpir el tránsito vehicular, y de ese modo generar una visibilidad que pueda ser utilizada como medio para exigir el cumplimiento de demandas laborales, si se encuentra inspirado en un interés colectivo, podría constituir un hecho cuanto menos cercano a la desobediencia civil. Teóricos de la talla de Hannah Arendt han desarrollado hace tiempo la idea de que los ciudadanos recurren a la desobediencia civil cuando no poseen otro instrumento para que los gobernantes reparen efectivamente en la existencia y la justicia de sus reclamos”.

Luego, el magistrado reitera que el objeto de la investigación es “discriminar cuáles son los límites de la función de prevención o seguridad que debe respetar la fuerza para garantizar los derechos ciudadanos a la hora de actuar frente a hechos de protesta social, sobre todo cuando sus protagonistas son trabajadores, representantes gremiales, militantes políticos, entre otros actores de un mismo colectivo (…) La Gendarmería, como otras fuerzas de seguridad, debe limitarse a cumplir estrictamente con la ley. La actividad preventora debe ceñirse a evitar la conducta antinormativa, siempre dentro de esos límites legales, y la investigación debe producirse en la medida de las órdenes judiciales. Esto supone respetar los derechos involucrados y abstenerse de abordar campos que la exceden -como podrían ser interesarse en el conflicto gremial/político de la empresa y sus trabajadores- pues es allí donde aparece el riesgo de criminalizar la actividad política y gremial. En este ámbito, la discrecionalidad del actuar policial –en sentido amplio- debe ser muy reducida, pues la existencia de zonas grises, frente a este tipo de conflictos, se ofrece como campo fértil a la producción de inteligencia prohibida”.

Espionaje “intolerable”

A pesar de resolver que aún “no hay mérito” para procesar a los gendarmes imputados, el juez federal afirma que: “Cuando se produce un piquete de trabajadores y representantes de movimientos sociales y políticos, el Estado se enfrenta con ámbitos expresamente protegidos por la Constitución. Por eso, así como no sería posible que para evitar un corte de ruta el Estado se infiltre en una asamblea gremial o política, tampoco sería tolerable el armado de bases de datos para -bajo el pretexto de alcanzar una respuesta eficiente frente a los cortes de ruta- ingresar en el monitoreo y control de qué hace o deja de hacer un obrero, un delegado gremial o un dirigente político”.

Según Casanello, hubo órdenes judiciales pero aún no pudo comprobar si los gendarmes actuaron antes de ser emitidas las mismas, o por fuera de ellas. Sin embargo, en su fallo pondera que “sigue siendo necesario concentrar la atención en el modo en que la Gendarmería reúne y reproduce la información. Si se observa el ‘Protocolo para regular el funcionamiento y empleo del programa ´Project X´ se verá que existe una exhortación a realizar una búsqueda exhaustiva que se muestra difícil de conciliar con los límites estrictos antes aludidos”. Y cita como ejemplo, que uno de los campos a averiguar es “Personalidad, Hábitos y Otros Datos Personales: Es un campo muy complejo, incluye en el tipo de personas que adquirieron notoriedad pública –bases abiertas-, el tipo de personalidad (reservada, tímido, introvertido, extrovertido, etc), los hábitos normales (fumador, bebedor, mujeriego (SIC), etc) y la profesión, actividad y estudios cursados. En definitiva toda la información que surja de las bases públicas”), según las pruebas de la causa. En caso de comprobarse un “exceso será necesario establecer si el comportamiento fue compartimentado o si fue el producto de una disposición interna de la Gendarmería, que remita a sus autoridades centrales”. Y en tal sentido ordenó una serie de medidas que apuntan a verificar alguna de las dos hipótesis.

No es un gendarme, es la institución

Como suele suceder, la querella que encabeza la abogada Bregman (dirigente del Partido de los Trabajadores Socialistas y miembro del Ceprodh), hace una lectura diferente del expediente. “No estamos ante actos de inteligencia aislada de dos gendarmes, como parece analizar el juez de grado para dictar la agraviante falta de mérito. Es evidente que ellos no son más que el brazo ejecutor de una orden superior que decidió criminalizar la protesta social. Así, gran parte de las víctimas del espionaje terminaron con causas penales en su contra”, precisó la letrada en su apelación ante la Cámara Federal. “La impunidad de los crímenes que aquí se investigan estuvo planificada. Por ello, como cobertura de impunidad supieron colocar en el propio Protocolo que indica cómo debe almacenarse la información en el llamado ‘Proyecto X’ y otros documentos encontrados, los rótulos de ‘Reservado’, ‘Secreto’, ‘Estrictamente confidencial’. La actividad de inteligencia es una herramienta que se utiliza para colaborar con quienes deben tomar decisiones institucionales”, agregó.

“Luego de 34 meses de instrucción no podemos menos que preguntarnos ¿para qué sirvieron los allanamientos al Centro de Reunión de Información en dos oportunidades y al Edificio Centinela? ¿qué valoración se hace de la prueba colectada y de las testimoniales recibidas al perito interviniente? ¿qué conclusión se saca del cúmulo de causas de las cuales se tomó vista? Su resolutorio es completamentearbitrario. Toda la prueba del espionaje ilegal y sistemático llevado adelante por la Gendarmería durante años tiene un claro eje ordenador: la protestasocial”, afirmó Bregman. La abogada recordó que “de la documentación aportada oportunamente por el Ministerio de Seguridad de la Nación con relación a la normativa que rige el actuar de la fuerza, surge claramente la ilegalidad de tales medidas y la prohibición legal de realizar ese tipo de actividades tal como lo explica claramente el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) en su presentación del “Amicus Curiae” de fecha 31 de agosto de 2012”.

Para la querellante, los gendarmes no pueden deslindar su responsabilidad en la “obediencia debida” a sus superiores o a la justicia. “Es evidente y pudo ser comprobado por el juez que no existe una orden judicial que ‘abarque todo lo actuado’ ya que de haber existido tamaña orden que indique infiltrarse entre manifestantes de civil, obtener datos sobre la filiación política y/o sindical de los manifestantes, futuras acciones a realizar en el marco del conflicto laboral, estaríamos hablando de órdenes judiciales ilícitas y, junto con la promoción de la denuncia que diera inicio a estas actuaciones, se debiera investigar la propia actuación judicial (…) Por otro lado, salvo que se pretenda argumentar la obediencia debida de un gendarme hacia un juez a pesar de lo manifiestamente ilícito de dicha orden, no habría forma de argumentar la falta de responsabilidad de los aquí imputados. Conclusión, no se trata de que estos dos gendarmes se ‘excedieran’ en órdenes dadas por jueces y fiscales, sino de la existencia de todo un armado ‘preventivo’ de obtención y registro de información para facilitar imputaciones en posteriores causas judiciales y para la instauración de un entramado de espionaje político y social”, describe la abogada en su presentación.

A modo de ejemplo sobre el funcionamiento de las bases de datos montadas por la Gendarmería y denunciadas como ilegales, Bregman explica que la delegada de Pepsico Lorena Gentile termina imputada por corte de ruta a partir de la identificación que de ella hacen dos gendarmes con la “base de datos” y finalmente la gendarme Calisaya, quien admite que lo logró “entremezclándose de civil entre los manifestantes”. En tanto, las llamadas de teléfono de su compañero, Leonardo Norniella, figuran como “interceptadas”. Y surge también como prueba que un gendarme encomendado para identificar al delegado de Kraft Ramón Bogado terminó elaborando un informe sobre las actividades del gremio de la alimentación.

Bregman también se quejó de la modificación del objeto procesal que había determinado la fiscalía, de que el juez haya comenzado por la parte más baja de la escala de mando de la Gendarmería y de que haya acotado el grupo de damnificados excluyendo, entre otros, a Carlos Zerrizuela, Vilma Ripoll, Néstor Pitrola. “Teniendo en cuenta la inmensa trascendencia pública de estos hechos, resultado que no hace más que confirmar la gravedad institucional que revisten los hechos denunciados, las implicancias y el resultado de esta causa no solo interesa a los aquí querellantes, sino que por el contrario importan a todo un conjunto social que se ve damnificado por la violación a sus más elementales libertades democráticas tales como: peticionar ante las autoridades, reclamar por sus derechos, libertad de reunión y de tener una filiación política sin sufrir persecuciones por ello”, señala la querellante a modo de síntesis.

Proyecto X existe, la justicia investiga lo que revelamos en OJOS VENDADOS

10 julio, 2013 by Adriana Meyer

Hay un expediente en la justicia federal porteña que investiga la presunta realización de tareas de inteligencia interior en el marco del denominado Proyecto X y otros sistemas de recolección de datos. Y las pruebas que ya forman parte de la causa hablan por sí mismas. En noviembre de 2011 revelamos que la Gendarmería utilizó recursos humanos y materiales para espiar a dirigentes sociales con el objetivo de criminalizar sus protestas: los datos recabados en forma ilegal iban a parar a los expedientes abiertos contra líderes y militantes por cortes de rutas y manifestaciones por conflictos sociales y sindicales, en su mayoría de la zona norte del Gran Buenos Aires. A principios de este año trascendió que los investigadores del juez federal Sebastián Casanello habían determinado que el arco de organizaciones espiadas era muchísimo más amplio.

Y ayer allanaron por segunda vez dependencias de Campo de Mayo, ahora con la Policía de Seguridad Aeroportaria.

El procedimiento se realiza en el Centro de Reunión de Información de Campo de Mayo en el marco de la causa conocida como PROYECTO X, donde se investiga el espionaje de la Gendarmería Nacional contra comisiones internas y organizaciones sociales y de la izquierda. Myriam Bregman, abogada del PTS y querellante en la causa refirió que el juez Oyarbide realizó un operativo similar con la Policía Federal, pero “en aquella oportunidad se llevó adelante en forma defectuosa y ahora logramos que se complete la medida para determinar lo que venimos denunciando: que en Campo de Mayo hay una estructura de espionaje ilegal”. La denuncia original fue presentada por el CeProDH (Centro de Profesionales por los Derechos Humanos) y otras organizaciones de Derechos Humanos junto a la comisión interna de Kraft y Pepsico, a cuyos miembros se les iniciaron causas penales basadas en informes de inteligencia ilegales de Gendarmería. El abogado Agustín Comas, sostuvo que “así como hemos denunciado la responsabilidad gubernamental en el caso, seguiremos denunciando a la justicia de San Martín absolutamente cómplice, que con sus jueces y fiscales es la que permitió que la Gendarmería haya llegado tan lejos”. Y Bregman aportó un dato: “Pese a la denuncia, el Proyecto X continúa en pie. Hemos detectado recientemente que se usó en una nueva causa contra un delegado gremial de la fábrica Alicorp –ex Jabón Federal-, brindando datos sobre su cargo gremial y militancia política en el Partido de los Trabajadores Socialistas/PTS, algo absolutamente prohibido por la ley”.

A excepción de dos casos, en los más de cincuenta hechos de espionaje denunciados (recolección de datos personales, fotos, confección de base de datos con datos personales y políticos, relatos detallados del contenido de reuniones sindicales y hasta análisis de conflitividad gremial) NO hubo una orden judicial, como sostiene el gobierno, porque los magistrados conocen los claros límites legales y constitucionales que tienen las tareas de inteligencia interior en nuestro país. A tal punto que varias de las causas iniciadas con las «pruebas» recogidas en estos procedimientos comenzaron a ser anuladas y los sindicalistas quedaron sobreseídos (ver notas previas en esta sección). Un juez comentó en off que en los pocos casos en que algún magistrado dio intervención a los gendarmes por cortes de ruta, los uniformados se extralimitaron respecto de lo que se les había pedido. Los dirigentes políticos y sindicales espiados piden ahora la anulación de todos los procesos abiertos por protesta social.

Ante la reciente mención de la Presidenta que cuestionó a quienes «montaron un inventado Proyecto X», la abogada denunciante del caso, Myriam Bregman, expresó su preocupación porque consideró que es «un mensaje coercitivo y de impunidad dado que justo en este momento la investigación está en su segunda etapa de peritajes, tras lo cual la justicia deberá decidir sobre las indagatorias a la cúpula de la Gendarmería». En los hechos, fue el propio ex jefe de esa fuerza, Héctor Schenone quien admitió ante la justicia la existencia del programa «Project X» de entrecruzamiento de datos, tal como muestra el documento que ilustra esta página, aportado por el ex funcionario cuando fue citado.

Por otra parte, OJOS VENDADOS pudo saber que hay otra causa en la que los gendarmes fueron denunciados por haber obtenido información de manera ilegal. El juez Casanello había ordenado a la Policía Federal y a la Gendarmería que investiguen una denuncia anónima por venta ilegal de drogas. Ambas fuerzas hicieron tareas de inteligencia e informaron que en ese domicilio no había nada ilegal, y la causa fue archivada. Pero al tiempo volvieron los gendarmes y dijeron que si bien allí no había nada, unas casas más allá y en otra cuadra sí encontraron algo. Casanello emitió un fallo, acompañado por el fiscal Miguel Osorio, donde declaró nula toda la prueba obtenida, ordenó que se destruya y que esos domicilio se saquen de todas las bases de datos en que hayan ingresado porque nadie había dado la orden de investigar en la cuadra siguiente sino en una casa en particular, sostuvo que laGendarmería sólo es auxiliar de la justicia y que no puede decidir espiar otras casas por su cuenta. Ahora los gendarmes serán investigados porque habrían cometido delitos de acción pública.

Repetimos la versión completa de la primera nota sobre el caso (PáginaI12, noviembre 2011) cuyas fotos son las que tomaron los gendarmes a Victoria Moyano, nieta recuperada, y a Elia Espen, Madre de Plaza de Mayo, durante marchas en apoyo a los trabajadores de Kraft. También publicamos los links de los artículos de Clarín de marzo de este año, y las notas relacionadas al tema en este mismo sitio.

Y por último, una de las pruebas fundamentales de la causa: la lista de las miles de organizaciones espiadas por la Gendarmería en todo el país.

http://www.clarin.com/gobierno/Proyecto_X-Gendarmeria-Espionaje_0_877112428.html

http://www.clarin.com/zona/espio-Gendarmeria-mil-organizaciones_0_880112088.html

–Yo soy delegado de fábrica, quería saber de qué medio sos, porque los compañeros tienen dudas.

–Prensa independiente, amigo.
–No, decime porque sino te sacamos a la mierda.
–Yo me voy solo, no te hagas drama.
–Bueno, andate.

Este diálogo pertenece al video de una marcha aportado como prueba por la Gendarmería en la causa 481/09 del juzgado de Tres de Febrero.

Es uno de los tantos episodios por los cuales organizaciones de derechos humanos y militantes sindicales, sociales y políticos denunciarán que en diversas protestas gremiales y sociales «se ha identificado trabajo de inteligencia ilegal por parte de la Gendarmería Nacional», hechos de los cuales dicen haber sido damnificados tanto en forma individual como colectiva. Las revelaciones surgen de las actas de esa fuerza labradas durante varios cortes de ruta y manifestaciones por conflictos en fábricas de la zona norte ocurridos en los últimos cinco años, y también en marchas por el asesinato del militante del PO Mariano Ferreyra, como así también de las declaraciones testimoniales de los gendarmes en las causas judiciales en las que están imputados los mismos dirigentes identificados por ellos en las diversas marchas y cortes de calles y rutas. Según los documentos a los que esta periodista tuvo acceso exclusivo, los uniformados admitieron que se «entremezclaron con la multitud vestidos de civil» para «conocer a los cabecillas de las manifestaciones», y que pudieron realizar su tarea con éxito, es decir, encontrar a quien buscaban, con la ayuda de «bases de datos de la fuerza». Incluso reconocieron que sacaron fotos de los manifestantes con sus celulares. En el caso del ex delegado de Kraft Ramón Bogado, llegaron a describir qué tipo de reuniones se hacían en su domicilio e incluso lo que allí se decidía.

Los delegados y trabajadores Lorena Gentile, Javier Hermosilla y Leonardo Norniella, junto a la nieta recuperada María Victoria Moyano Artigas y a la hija de desaparecidos Alejandrina Barry; con el apoyo de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, la Correpi (Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional), la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, Elia Espen, Madre de Plaza de Mayo, y Juan Carlos Capurro, del Comité de Acción Jurídica de la CTA y vicepresidente de la Federación Internacional de Derechos Humanos, impulsarán esta denuncia con el patrocinio de Myriam Bregman y los demás abogados del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (Ceprodh), como así también de la Asociación de Abogados Laboralistas. En ella solicitan que la justicia le pida explicaciones a la Gendarmería sobre «órdenes y reglamentos referidos al funcionamiento de los ‘centros de reunión de información'» a los que aluden los gendarmes en sus testimonios, en los que estarían archivados «datos de manifestantes y organizaciones sociales, políticas, estudiantiles, sindicales o de derechos humanos», y que se informe sobre «toda normativa referente a la participación en las manifestaciones públicas y conflictos gremiales». Según lo descripto en las actas de Gendarmería, miembros de esa fuerza pertenecientes a la Unidad Especial de Procedimiento Judicial, realizaron estas «identificaciones» en las puertas de las fábricas «para la reunión de información», así como de ambas sedes del ministerio de Trabajo de la Nación, en ocasión de las marchas que allí sucedieron. «Solicitamos se investigue si dicha fuerza tiene una estructura de inteligencia que sistematiza datos sobre organizaciones sociales, políticas, estudiantiles, sindicales y de derechos humanos, y en su caso se investigue quiénes dieron las órdenes para que funcione dicha estructura y quiénes resultan responsables ya sea en calidad de autores, partícipes o cómplices de la realización de tareas de espionaje ilegalsobre las organizaciones referidas», pedirán en su querella. Consultado al respecto, el ministerio de Seguridad no dió ninguna respuesta.

“La Gendarmería parece dispuesta a regular el conflicto gremial a través de este espionaje sobre comisiones internas combativas y aquellos que se solidarizan con ellos, y esto nos parece peligroso porque ahora cada trabajador que sale a luchar sabe que sus dirigentes están siendo enjuiciados y espiados”, expresó Bregman. “Venimos denunciando que hay cinco mil procesos abiertos contra luchadores, y la Gendarmería empezó a ponerle nombre y apellido a esas personas, que son protagonistas en las protestas, no es al bulto, seleccionan a quien perseguir”, completó. Más allá de plantear que los gendarmes que participaron de estos hechos podrían haber incurrido en incumplimiento de los deberes de funcionario o abuso de autoridad, los denunciantes pretenden que se investigue “la responsabilidad de los máximos oficiales de la Gendarmería dado que lo que aquí se denuncia es una práctica que aparece como institucional”. En tal sentido, recordaron que las leyes de Inteligencia y de Seguridad Interior establecen que “ningún organismo de inteligencia podrá obtener información, producir inteligencia o almacenar datos sobre personas por el solo hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales”, y que la resolución 38/2003 sobre los organismos de inteligencia de las fuerzas de seguridad y policiales “prohíbe las tareas sobre organizaciones sociales y políticas, porque la policía realizaba esas tareas y la jurisprudencia determinó que ello es ilegal”.

Prensa independiente, gendarme encubierto.

Los letrados del Ceprodh analizaron el contenido de una decena de expedientes, que tienen como imputados a Hermosilla, Gentile y Norniella, y también a Néstor Pitrola (PO) y Vilma Ripoll (MST-Proyecto Sur) por haber participado de un corte de ruta en apoyo a los despedidos de la ex Terrabusi. De esas causas surge el detalle de estas actividades que vienen desplegando los gendarmes, en algunos casos sin ninguna orden judicial, y en otros extralimitándose más allá del pedido puntual del juzgado. La información que los uniformados habrían obtenido “clandestinamente” se va blanqueando con su presentación en estos expedientes judiciales. A pesar de que estos juzgados de primera instancia la hayan tomado por válida, es posible que surjan nulidades por el origen de estas “pruebas”.

En su vocabulario los gendarmes hablan de «cabecillas», «en forma encubierta” y de “Centros de Reunión de Información”, términos que remiten a la dictadura. Y títulos como: “Información resultante explotación fuentes públicas y MM CC SS locales” o “Informe de los hechos producido por personal de Inteligencia del Centro de Reunión de Información ‘Campo de Mayo’ de Gendarmería Nacional”.
En la causa 620/2010 del juzgado federal 2 de Tres de Febrero la gendarme Elizabeth Calisaya declaró que «encontrándose vestida de civil se entremezcló con la multitud, de manera encubierta, y comenzó a recabar los datos de las personas en cuestión (que terminaron imputadas en ese expediente por un corte de ruta), preguntando entre los que se manifestaban el nombre de los cabecillas, obteniendo los datos de los imputados Gentile, Norniella y Coria». De hecho, Leonardo Norniella es un reconocido delegado de Pepsico, y Oscar Coria lo era de Kraft antes de ser despedido. «Esta modalidad es rutinaria cuando se dan los cortes de ruta a efectos de conocer a los cabecillas de las manifestaciones», agregó en su declaración testimonial. Calisaya aclaró que al principio se confundió porque preguntó por Norieta, pero luego «lo aclaró a través de la base de datos con que cuenta la fuerza en la cual se desempeña, dado que no era la primera vez que Norniella encabezaba un corte”. Los denunciantes consideran que la Gendarmería debe responder qué datos contienen esas bases que le permiten a la agente identificar “correctamente” a Norniella, Gentile y Coria como delegados de Kraft y Pepsico, como así también quién ordenó la confección de ese archivo y quiénes acceden a él.
En la causa 481/09, del mismo juzgado el gendarme Raúl Ernesto Sheurman relató que durante una manifestación “intentó ubicar a dos personas que ya conoce como ‘organizadores’ de otros cortes, pero como no pudo sacar fotos de ellos le sacó a otros manifestantes ‘con el celular’ para no sufrir reprimendas de los manifestantes”.
En la causa 5234/10 del juzgado federal 1 de San Martín Jorge Sobrado, ex detenido desaparecidos, es mencionado por el gendarme Rodríguez López por haber participado en un acto de solidaridad con los trabajadores de la empresa CAT, y agrega que «ya lo conocía de las protestas de Kraft». Sin embargo, los denunciantes sostienen que «Sobrado jamás fue indicado como participante de las medidas de protesta de los trabajadores de Kraft». *En la causa 481/09 surgen fotografías y videos aportados por la Gendarmería, con primeros planos a militantes de derechos humanos como Elia Espen y María Victoria Moyano Artigas. En las filmaciones consta como los gendarmes se hacen pasar por periodistas, y al ser increpados por delegados de fábrica sobre a qué medio pertenecen responden «prensa independiente».
En la causa 141/07 la Gendarmería informó sobre el domicilio particular del delegado Ramón Bogado que «a simple vista se pudo determinar que el lugar no se trata de una finca destinada a vivienda familiar sino de un local destinado a reuniones gremiales, se observan movimientos de unas 50 personas organizando una manifestación para el día 7 de mayo frente a la empresa en protesta de los salarios percibidos (sic)». En otro informe los gendarmes describen que el gremio de la alimentación «se encuentra dividido en dos sectores, uno ‘radicalizado’ y otro ‘más componedor’; evalúan si el conflicto de Kraft tiene apoyo, que el delegado Javier Hermosilla “proyecta su incidencia sobre el resto de los trabajadores” y que “fue quien mejor explicó el conflicto a los MM CC SS”, y hasta por qué sucedieron los despidos. “Se estima como probable la intervención del ministerio de Trabajo en las próximas horas, dictando la conciliación obligatoria”, escriben los gendarmes.
El 21 de agosto de 2009 al mediodía los trabajadores de Kraft tenían previsto manifestarse sobre la Panamericana, a la altura del kilómetro 35. Pero ya a las 10.45 tanto la Gendarmería, comandante Julio Panozzo) y Autopistas del Sol, Eduardo Pomsztein, sabían de la protesta. ¿Cómo accedieron a esa información? En el acta labrada por el juzgado federal 1 de San Isidro, Pomsztein dice que se lo informó el comandante Díaz Aragón, a cargo del Escuadrón de Gendarmería afectado al Acceso Norte. Díaz Aragón jamás fue citado a dar explicaciones de cómo accedió a ese dato.
En el marco de ese proceso el comandante Cristin Rodríguez informa: “En el lugar (Henry Ford y Panamericana) se encontraban aproximadamente 10 personas en preparativos de lo que se denomina ‘olla popular’, a la espera de un grupo que se encontraba en la Capital negociando condiciones laborales ante el ministerio de Trabajo”. A fojas 176/177 el mismo comandante hace un detallado informe sobre el conflicto gremial, en el que describe las reuniones en el ministerio de Trabajo, quiénes participaban de ellas, qué grupos acudieron en apoyo a manifestarse en la calle y hasta cuándo serían los próximos encuentros.
Otra de las actividades de los uniformados denunciados fue clasificar a los manifestantes según el Centro de Estudiantes al que pertenecen, y establecer una «cronología de las medidas de fuerza» referida a las acciones realizadas en Capital en apoyo a los conflictos mencionados. En las numerosas actas labradas por los gendarmes hay un persistente interés por el encuadre político o gremial que pudieran tener los manifestantes. Incluso han llegado a nombrar como presente en las marchas a personas que habían fallecido meses antes, es decir que «el autor del ‘delito’ estaba decidido previamente no en base a una acción concreta de éste sino por una decisión tomada en un oscuro escritorio donde se indicó que determinadas personas debían ser criminalizadas, espiadas y llevadas ante un tribunal, sin más». Es el caso del dirigente de la Corriente Clasista y Combativa Luis Cubilla, que murió el 11 de junio de 2009 y fue mencionado por los gendarmes aduciendo que lo vieron manifestarse el 20 y 21 de agosto de ese año.

No es la primera vez que sucede, la tentación de espiar a los ciudadanos parece ser irresistible para las fuerzas armadas y de seguridad, aún en democracia y a pesar de la legislación que lo prohibe. Quienes pidieron que estos hechos sean investigados aspiran a que sea la última.

CRIMINALIZAR LA PROTESTA SOCIAL – Avanza la causa Proyecto X

Tras la denuncia, con los primeros hallazgos de la investigación judicial el caso comenzó a llamarse Proyecto X. Tal es la denominación de una de las bases de datos que usaron los gendarmes, junto al Sistema de Antecedentes de Gendarmería SAG y Sistema de Gestión Operativa SGO, por ejemplo, en los casos de Luciano Arruga, Florencia Penacchi, Antonini Wilson y Felisa Miceli. Aunque la auditoría interna que hizo el ministerio de Seguridad no encontró ninguno de los elementos de la acusación, las propias respuestas de la Gendarmería al juzgado confirman las actividades descriptas por los querellantes. Según los organismos de derechos humanos y sociales denunciantes, “el escándalo provocó una gran crisis en el gobierno porque apuntó al contrato fundacional del kirchnerismo en cuanto a la no criminalización de la protesta social, y ahora quedó demostrado cómo tienen todo un andamiaje para hacerlo”.

El fiscal federal Gerardo Pollicita determinó la necesidad de investigar si agentes de la Gendarmería de modo institucionalizado tuvieron un actuar en desmedro de las leyes 24.059 y 25.520. Previo al requerimiento fiscal el ministerio de Seguridad informó sobre la existencia de las bases de datos, pero no mencionó la que tiene sede en Campo de Mayo, de donde, según los denunciantes, salió la información para incriminar a los militantes y manifestantes. Y envió al juzgado una auditoría interna propia que dio resultado negativo, es decir que niega las acusaciones. En su conferencia de prensa del 24 de febrero, la ministra del área Nilda Garré sostuvo que el Proyecto X no se usaba porque estaba “obsoleto”. Sin embargo, recientemente la presidenta Cristina Fernández afirmó que habían hecho un hallazgo de droga a través de ese sistema. En concreto, a partir de la difusión de la denuncia, Proyecto X dejó de utilizarse pero la Gendarmería está pidiendo que los dejen volver a hacerlo porque dicen que de otro modo no pueden cumplir con los requerimientos judiciales. En las respuestas de la Gendarmería a las preguntas de la fiscalía consta que lo usaron hasta la fecha de la auditoría interna.

El juez del caso, Norberto Oyarbide, nombró a un perito de la SIDE con identidad reservada, algo que rechazaron los denunciantes porque sostienen que ese organismo de inteligencia responde al Poder Ejecutivo, que es el investigado.

La Gendarmería también informó sobre la directiva del Director Nacional 01/2009 que regula la actuación de los “elementos del despliegue ante hechos de alteraciones al orden público”, que además de mencionar si deben colocar vallas, si deben dispersar dejando una vía de salida y cómo tomar contacto con el juez, describen que “se practica reunir información, a fin de identificar a los dirigentes o delegados y/o representantes ‘líderes’ del grupo de manifestantes, tratando de documentar todo mediante tomas fotográficas, filmaciones, grabaciones”. En el Anexo 2 consta que establecen la conformación de un “equipo de registro fílmico y fotográfico cuya misión es la de captar imágenes de lo que sucede dentro de una manifestación para eventualmente (sic) ser utilizadas, de ser necesario ante un proceso judicial”. Según dijo la abogada Myriam Bregman a Ojos Vendados, “esto demuestra que filman sin orden judicial y después blanquean según las necesidades de las causas, juntan información y después deciden qué hacer con ella, tal como venimos denunciando”.

Entre la documentación remitida al juzgado figura el texto completo de esa directiva firmada por el jefe de los gendarmes, Héctor Schenone, en el que habla de la crisis económica mundial, de la cual nuestro país no es ajeno, de la situación en el conurbano e indica con las siglas CRN a los cortes de rutas nacionales. Entre las “actividades previas” indica: “Lograr una adecuada y eficiente reunión de información y producción de Inteligencia, necesaria para definir el Escenario Nacional y determinar el empleo operacional de GNA (Gendarmería Nacional Argentina), en los Escenarios Regionales emergentes atento la problemática social de cada lugar (prioridades); a fin de brindar un adecuado asesoramiento a la conducción de la Fuerza”. Y luego de indicar cómo producir y difundir los informes, expresa: “Todo lo expuesto precedentemente, se propone que se establezca claramente, en atención al marco legal que posee el Sistema de Inteligencia Criminal, en especial, a lo referido a los distintos procedimientos, medios de reunión y mecanismos de difusión, para que la información o la inteligencia producida sea utilizada en forma oportuna e integralmente por los escalones de la Fuerza que deban adoptar previsiones para una eventual y futura acción operacional”.

En el Anexo IV aparecen correos electrónicos, y uno de ellos es un informe sobre la Corriente Clasista Combativa (CCC) en Jujuy, un croquis, el nombre del dirigente del lugar y hasta la temperatura. También recomiendan que en las manifestaciones públicas hay que mantener lejos el periodismo para no dañar la imagen de la institución y “neutralizar en forma sutil su accionar”.

En la inspección ocular al edificio Centinela del 9 de mayo los peritos encontraron precintado el sector de Proyecto X, y determinaron que necesitan elementos especiales para realizar los peritajes. Por su parte, el juez Oyarbide se declaró incompetente por las acusaciones referidas a la base de datos de Campo de Mayo, que fue el eje de la denuncia mientras que todo lo que trascendió luego sobre Proyecto X surge de la propia documentación y respuestas de la Gendarmería. El juez remitió el caso a la justicia de San Martín, lo cual fue apelado por la querella por considerar que en esa jurisdicción “avalaron” el espionaje y donde tramitan la mayoría de las causas contra dirigentes de la zona norte.

Los denunciantes apuntaron que “la responsabilidad esta vez no puede ser achacada a gobernadores, a la bonaerense o a la burocracia, sino que es exclusiva del Poder Ejecutivo”. Y subrayaron que, además de haber violado la Ley Nacional de Inteligencia, también fueron avasalladas la ley de protección de datos personales y la prohibición de actuar en manifestaciones sin identificación. En definitiva, esta metodología pone al descubierto, según indicaron las organizaciones denunciantes, que “la inmensa mayoría de las causas penales contra luchadores fueron armadas de esta manera: con actas redactadas en el lugar de las manifestaciones públicas por efectivos de las fuerzas de seguridad, que resultan luego los exclusivos testigos, por lo cual esos procesos deberían caer por su absoluta nulidad”. El informe sobre la criminalización de la protesta social en Argentina relevó 2268 casos, que se suman a centenares de la CTA. Pero la amplia mayoría de los procesados pertenecen a partidos de izquierda trotskista, en especial al Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS).

Antecedentes de inteligencia interior

ESA MALA COSTUMBRE DE ESPIAR FRONTERAS ADENTRO

El uso de los recursos humanos y materiales del Estado para realizar tareas de inteligencia o espionaje, aunque vedado por la ley, se reitera en las últimas décadas en variados ámbitos, desde la estructura montada por el jefe de Gobierno Mauricio Macri hasta las actividades de los marinos de la base Almirante Zar. Pero los antecedentes se remontan a 1997, cuando el ministro menemista Carlos Corach realizó «espionaje ideológico» a pobladores, organizaciones y dirigentes de las «villas de emergencia».

Dos años más tarde, el también menemista Carlos Alderete usaba los recursos del PAMI para espiar a políticos de la Alianza, periodistas y jubilados. En 2000 el Ejército hizo seguimientos a la justicia federal en Córdoba. Ese mismo año, en marzo, cinco oficiales de la Fuerza Aérea fueron procesados por hacer tareas de inteligencia a una decena de periodistas, a una ONG de mujeres y a agrupaciones estudiantiles y políticas. El caso de los aviadores espías había sido revelado por Página/ 12, y uno de los periodistas espiados llegó a ser indemnizado. Seis meses más tarde, el juez Martín Silva Garretón ordenó a la Policía Federal, al Poder Ejecutivo y al ministerio del Interior que «pongan fin de inmediato a toda actividad de servicios de inteligencia» sobre partidos políticos y organizaciones sociales.

En marzo de 2007 la policía salteña investigó a docentes en huelga. Y en julio del mismo año este diario informó que fiscales y policías federales entregaron informes a la Unidad de Apoyo para la Investigación de Delitos Complejos en Materia de Drogas (UFIDRO) sobre la «presunta amenaza del narcoterrorismo de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia)». En esos trabajos pusieron bajo la lupa los «secuestros de la Triple Frontera» y las actividades en el país del vocero de las FARC, Javier Calderón. Entre los «denunciados» de participar en ellas figuraban Luis Farinello, Adolfo Pérez Esquivel, Patricio Echegaray y la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo. «Estos informes, en los que se describen actividades políticas y sociales pero no se habla ni de un porro, habilitan a que nos investiguen a todos los militantes sociales que, por ejemplo, participamos de varios foros en la Triple Frontera por el tema del acuífero. Apuntan a deslegitimar a dirigentes populares vinculándolos con las FARC y a insistir con que la Triple Frontera es ‘ese sitio oscuro a atacar’, como sostiene (George) Bush», había dicho en aquel momento la Liga Argentina por los Derechos del Hombre.

http://www.aq000353.ferozo.com/index.php/item/97-manual-sobre-la-ingenier%C3%ADa-del-espionaje-y-la-criminalizaci%C3%B3n-de-la-protesta

http://www.aq000353.ferozo.com/index.php/item/82-el-cels-se-hizo-amigo-del-juzgado-que-investiga-el-proyecto-x

http://www.aq000353.ferozo.com/index.php/item/73-los-gendarmes-nos-quisieron-lavar-la-cabeza

http://www.aq000353.ferozo.com/index.php/item/71-avanza-la-causa-por-el-espionaje-se-cierra-la-que-imput%C3%B3-a-delegados-espiados

PRINCIPALES ORGANIZACIONES QUE ORIGINARON LAS EXPRESIONES SOCIALES MONITOREADAS POR LA FUERZA

GREMIOS DE ALCANCE NACIONAL

Docentes Universitarios agrupados en la CONADU y CONADU Histórica.
Comisión de Esposas de Militares Retirados (CEMIR).
Entidades del campo agrupadas en la CRA, FAA, SRA y CONINAGRO juntos con autoconvocados y mujeres por la lucha.
Los choferes de micros de larga distancia agrupados en la UTA.
Federación de Transporte Rurales Argentinos de Santa Fe, Federaciones de Transportes de Cargas, Filiales de Córdoba, Entre Ríos, conjuntamente con Transportistas Autoconvocados.
Personal de SENASA.
Empresas de cargas agrupadas en la Unión Ferroviaria (UF).
Asociación Antidroga de la República Argentina.
Bloque Petrolero Patagónico (Neuquén y Río Negro, Chubut y Santa Cruz).
Sindicato Único de Personal de Aduana (SUPARA).
Sindicato de Obreros de Estaciones de Servicios, Garajes, y Playas de Estacionamientos (SOESGYPE).
Federación de Obreros y Empleados de Estaciones de Servicios (FECOBA).
Mujeres agropecuarias autoconvocadas del ámbito nacional.
Trabajadores agrupados en la UOCRA.
Productores agropecuarios agrupados en la FAA.
Unión Docentes Argentinos (UDA).
Trabajadores de organismos de la Administración Pública Nacional agrupados en ATE.
Docentes agrupados en la CTERA.
Productores agropecuarios autoconvocados, de la región de la Pampa Húmeda y pcia. de San Luis.
Docentes agrupados en la CTERA, UDA y CTA.
Empleados de las distintas empresas de las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP).
Empleado del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
Trabajadores del SENASA agrupado en ATE.
Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA).
Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Central de Trabajadores Argentino (CTA) y el Centro Nacional de Jubilados y Pensionados.
Confederación de Trabajadores Municipales de la Republica Argentina.
Asociación Bancaria (AB).
Sindicato de Choferes de Camiones.
Choferes de REPSOL YPF agrupados en el Sindicato de Camioneros.
Sindicato de Maquinistas de Trenes agrupados en La Fraternidad.
Central de Trabajadores Argentinos (CTA).
Trabajadores de la Administración de Parques Nacionales, agrupados en ATE.
Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval (FEMPINRA).
Coordinadora de Pueblos Originarios.
Sindicatos de las Áreas Marítimas, Aérea y Terrestre agrupados en la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT).
Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines de la República Argentina a (CECHA).

CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

Familiares y amigos de las víctimas de Cromañón.
Ex trabajadores Portuarios.
Empleado del PAMI-INSSJP, nucleados en ATE.
Agrupación HIJOS.
Trabajadores del teatro Colon Agrupados en ATE
Asociación de las Madres del Dolor y vecinos autos convocados.
Asociación de Trabajadores del Estado (ATE – CTA).
Movimiento Universitario “Sur” y estudiantes secundarios de distintos colegios de la Ciudad.
Mujeres agropecuarias autoconvocadas del interior del país
Trabajadores de la Salud, agrupados en ATE.
Empleados del Ministerio de Trabajo de la Nación.
Profesionales en Formación del Sistema de Salud Porteño
Movimiento Patriótico Revolucionario “Quebracho” y otras organizaciones sociales y DDHH.
Docentes agrupados en UTE ADEMYS – CTERA y SADOP.
Varias organizaciones sociales, sindicales y movimientos campesinos.
El gremio de Pilotos de Aerolíneas (APLA).
Unión de Aviadores de Líneas Aéreas (UALA).
Asociación de Pensionados y Jubilados.
Desocupados del MIJD.
Asociación Gremial de Docentes Universitarios (AGDU – UBA).
Trabajadores de Unión Obrera Metalúrgica (UOM).
Integrantes de la Asamblea de San Telmo.
Estudiantes de agronomía de la UBA, integrantes de la Agrupación Pampa Sur.
Asociación del personal de los Organismo de Previsión Social (APOPS).
Agrupación Tendencia Juvenil Revolucionaria (TJR).
Bloque Piquetero Nacional y otras organizaciones sociales.
Integrantes de la Comisión “Salvemos al Tren”.
Sindicato Único de Trabajadores del Espectáculo Público. (SUTEP).
Asociación bancaria (AB).
Desocupados de la CCC
Sindicato de peones de Taxis de la Ciudad.
Tripulantes de la empresa LAN.
Asociación de Jubilados y Pensionados de la Argentina.
Estudiantes Universitarios de la FUBA.
Trabajadores de organismos de la Administración Pública Nacional, agrupados en ATE.
Federación de Trabajadores de la Cultura y la Comunicación (FETRACON).
Central de los Trabajadores Argentinos (CTA).
Estudiantes del Instituto de Enseñanza Superior Nro 1 “Alicia MOREAU de JUSTO”.
Movimiento Libres del Sur y Desocupados de Barrio de Pie.
Trabajadores de la salud agrupados en ATE.
Vecinos de la Villa 20-.
Trabajadores Culturales De La Ciudad.
Unión Trabajadores de la Educación, agrupada en (UTE) – CTERA.
Estudiantes secundarios y Docentes.
Estudiantes secundarios de los colegios, Carlos Pellegrini, Normal 1, Escuela de Cerámica Nro 1 y Escuela Julio Cortazar otros establecimientos escolares.
Integrantes de distintas organizaciones, estudiantes y gremios.
Comité Académico de la Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo.
Distintas organizaciones sociales.
Integrantes de la Asociación de Ahorristas.
Estudiantes de la Facultad de Ciencias Médicas.
Distintas organizaciones sociales de mujeres.
Familia de discapacitados.
Unión de Personal Militar – Asociación Civil (UPM).
Habitantes de las Villas 31 y 31 Bis del Barrio de Retiro.Distintas agrupaciones de jubilados.
Integrantes de la Asociación Civil de la Casa del Encuentro y otras organizaciones.
Sindicato Unido Portuarios Argentinos (SUPA).
Organismos Nacionales de Salud.
Residentes de la Comunidad Boliviana en Argentina.
Trabajadores del teatro Colón.
Sindicato de Choferes de Camiones.
Choferes de diferentes líneas de colectivos.
Trabajadores de Aerolíneas Argentinas y Austral.
Residentes de la Comunidad Boliviana en Argentina.
Asociación Docentes de Enseñanza Media y Superior (ADEMYS).
Docentes del Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica (ISER).
Asociación de Familiares y Amigos de los Presos Políticos de Argentina (AFyAPPA).
Empleados de las distintas Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP).
Vecinos del Barrio de La Boca junto con instituciones escolares de la zona.
Familiares y amigos de víctimas de la violencia e impunidad institucional y otros sectores sociales.
Sindicato Independiente de Mensajeros y Cadetes. (SIMECA).
Integrantes de la CTA y otras organizaciones sociales.
Asambleas Ciudadana “Rutas Libres”.
Trabajadores y empresarios dueños de restaurantes, bares y cafés.
Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC).
Familiares y amigos de un joven asesinado el 22 de agosto pasado.
Trabajadores del INDEC, agrupados en ATE.
Empleados del IOSE y trabajadores de ATE.
Desocupados de Barrios de Pie.
Docentes del programa «Adultos 2000».
Trabajadores del Hospital Garran.
Trabajadores del Hospital Francés.
Trabajadores del Hospital Penna.
Desocupados del Movimiento “Teresa Rodríguez – La Dignidad”.
Vecinos y organizaciones sociales de distintos barrios de la ciudad.
Cooperativas de Viviendas de la Ciudad.
Trabajadores de los Hospitales Gutiérrez y Álvarez.
Trabajadores de la salud e Investigadores del Instituto “Malbrán” y otros organismos de la salud.
Asociación en Defensa de la Vivienda Familiar de la República Argentina (ADERIFRA).
Vecinos autoconvocados del Barrio de Constitución, Movimiento de Trabajadores Excluidos que agrupa a varias Cooperativas de Cartoneros.
Trabajadores del Hospital “Argerich” y otras organizaciones sociales.
Personal de los hospitales de la Ciudad agrupados en UPCN.
Movimiento barrios de pie y vecinos de la villa 31 de Retiro.
Multisectorial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Vecinos del barrio Balvanera.
Vecinos de Villa Soldati.
Productores agropecuarios agrupados en la Mesa de Enlace Provincial de Entre Ríos.
Ex Soldados conscriptos de las clases 53, 54, 55, 58 y 59.
Ex Conscriptos que fueron desplegados al Sur del paralelo 42, durante la Guerra de Malvinas.
Integrantes del Polo Obrero.
Agrupación Convergencia Socialista, la asamblea de San Telmo e Izquierda de los trabajadores.
Médicos y Profesionales de la Salud de la CABA.
Autoconvocados de distintos barrios porteños.
Médicos residentes y profesionales de la salud de la Ciudad.

BUENOS AIRES

Familiares e integrantes del «Frente Darío Santillán» y Maximiliano Kosteki.
Productores Rurales de la Provincia.
Ex trabajadores de la Empresa Textil “MAFISSA” de Olmos – La Plata.
Transportistas de cargas.
Empleados de la UOCRA
Trabajadores metalúrgicos agrupados en la UOM, delegación Campana.
Organizaciones Sociales, Corriente Clasista y Combativa (CCC) Federación de Tierra y Vivienda (FTV).
Empleados del PAMI, delegación Quilmes.
Docentes del centro Universitario Merlo, CBC de la UBA
Agrupación Convergencia Socialista.
La coordinadora contra la represión Policial e Institucional (CORREPI).
Habitantes de distintos barrios de Vicente López.
Habitantes carenciados de la zona de José León Suárez, que realizan tareas en el Ceamse.
Vecinos de la localidad de Escobar.
Desocupados y otros sectores sociales.
Integrantes de Organizaciones Sociales, “MST”, “CCC”, “Polo Obrero” y “MTD Lugano”.
Habitantes autoconvocados de Gral. Rodríguez.
Vecinos autoconvocados de la localidad de Martínez.
Habitantes autoconvocados de la Matanza.
Empleados de la fábrica “KRAFT FOODS ARGENTINA” de la localidad de Gral. Pacheco.
Empleados de peajes de la AU “Oeste”.
Comisiones directivas del SUTEBA (zona sur).
Docentes agremiados en ATE “zona sur” de Loma de Zamora.
Docentes y Alumnos de las Escuelas Nros 116 y 203 de La Matanza.
Integrante de la Asamblea del Delta y Río de la Plata.
Centro de profesionales de los derechos humanos y otras organizaciones.
Productores de la FAA, autoconvocados, integrantes de la CCC y trabajadores de las AFJP de Bahía Blanca.
Productores agropecuarios agrupados en la FAA y en la Sociedad Rural de San Pedro.
Movimiento denominado “Chicos del Pueblo” y otras organizaciones sociales de Moreno.
Agrupación Movimiento de Organización Social (MOS):
Trabajadores del frigorífico INCOB (RN 3 km 693), de Bahía Blanca.
Desocupados de la CCC, FTV MTD y otros sectores sociales de La Matanza.
Personal no docente agrupado en ATE.
Docentes agrupados en SUTEBA y ATE.
Maestros agrupados en la Unión Docente de la Provincia de Buenos Aires (UDOCBA).
Integrantes del MST y del PO.
Vecinos carenciados de “Villa Hidalgo” de San Martín.
Trabajadores de la Planta de Emprendimientos Ferroviarios S.A. seccional San Martín.
Vecinos de la localidad de Lezama, partido de Chascomús.
Trabajadores agrupados en la UOCRA de la Central Nuclear “Atucha II”.
Integrantes del Movimiento Barrio de Pie.
Integrantes del Frente Popular Darío Santillán.
Desocupados del Movimiento Barrios de Pie.
Médicos y profesionales de hospitales públicos bonaerenses agrupados en CICOP.
Familiares, amigos y vecinos de un comerciante asesinado en la localidad de Palomar.
Habitantes del partido de Tigre.
Habitantes del partido de San Isidro.
Vecinos autoconvocados de Lomas del Mirador partido la Matanza y otras organizaciones.
Familias carenciadas del Barrio Stella Maris de Bahía Blanca.
Organizaciones sociales de La Plata.
Integrantes de la Asociación Antidroga de la República Argentina, Comisión de Madres Contra el Delito, Enlace Vecinal Núñez Chico, Foro de Seguridad Villa Madero y otras organizaciones no gubernamentales.
Empleados del Banco de la Provincia de Buenos Aires (BAPRO
Trabajadores de la empresa de transporte de pasajeros «Ecotrans».
Trabajadores de la empresa «ARCOR».
Choferes de colectivos de la Empresa 278 que presta servicios en la zona de Lomas de Zamora, Quilmes y Almirante Brown.
Sindicato de choferes de camiones.
Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA).
Trabajadores agrupados en el gremio ATE.
Empleados de la Fábrica PSA CITROEN – PEUGEOT San Martín.
Trabajadores Judiciales de la Provincia.
Empleados municipales Tornquist.
Trabajadores del Hospital Posadas (Haedo).
Integrantes de la Coordinadora de Bachilleratos Populares.
Vecinos del barrio de Mataderos.
Vecino de la Horqueta (San Isidro).
Productores tamberos.
Vecinos autoconvocados.
Federación Agraria Argentina (FAA).
Vecinos de la Base 5 Rafael Castillo – La Matanza.
Trabajadores municipales de Punta Alta.
Productores rurales agrupados en la CARBAP.
Trabajadores municipales de Carmen de Patagones.
Trabajadores del Peaje, ubicado en la AU Ricchieri de Tapiales.
Trabajadores de la empresa La Filomena (fábrica de envases plásticos).
Vecinos del peaje de la RN 8 y RP 6.
Organizaciones Sociales de la localidad de Banfield y de La Plata.
Distintos gremios estatales (CTA, docentes, judiciales y profesionales de la salud).
Asociación Judicial Bonaerense.
Los gremios docentes de SUTEBA, FEB , UDA, AMET Y SADOP.
Organizaciones sociales.
Trabajadores del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI)
Foro Ambiental Bonaerense y Vecinos autoconvocados de La Plata.
Sindicacto de la Industria de la Carne y sus Derivados del Gran Bs As y Zona Sur de la Provincia (SICGBA):
Trabajadores civiles de la Armada agremiados en ATE (Bahía Blanca).
Empleados de la fabrica Ecotermo agremiados en la UOM. (Hurlingham).
Habitantes de barrios aledaños al Centro Atómico «Ezeiza», ONG y ambientalistas de la zona.
Vecinos de Ingeniero Bundge.
Trabajadores estatales, agrupados en el Frente de Gremios Estatales, ATE, Viales, SOEM, Judiciales y UPCN de Bahía Blanca.
Estudiantes de Arte de escuelas públicas de Avellaneda.
Trabajadores municipales de Bahía Blanca.
Ciudadanos de nacionalidad paraguaya alojados en el Penal de Marcos Paz.
La Comisión de Residentes de la provincia de Buenos Aires.
Concejo Directivos de ATE.
Habitantes de la localidad de Cnel. Brandsen.
Vecinos autoconvocados de Ciudad Evita, Aldo Bonzi, Tapiales, Laferrere y González Catán.
Vecinos autoconvocados de Hudson y Ensenada y Punta Lara.
Vecinos autoconvocados de Gonnet, City Bell y Villa Elisa.

CATAMARCA

Empleados de la Cooperativa de Tamberos (COOTALI) del Dpto. Valle Viejo.
Empleados municipales de la localidad de “Valle Viejo”.
Empleados municipales de Capayán agrupados en SOEM
Empleados Municipales de la ciudad capital, agrupados en el SOEM.
Vecinos autoconvocados de la localidad de Saujil.
Trabajadores de la empresa “CEHOSA”.
Vecinos autoconvocados del Barrio San Antonio de la capital
Empleados de la Municipalidad de Antofagasta de la Sierra.
Empleados de la Empresa “ALMACOR” que realiza refacciones de una Escuela de la localidad de San José, Dpto. Santa María.
Docentes preuniversitarios de Fray Mamerto Esquiú.
Productores rurales de la provincia.
Productores agropecuarios y otros sectores sociales.
Productores tabacaleros de la localidad de Los Altos, Dpto Santa Rosa.
Productores agropecuarios de la localidad de Los Altos, Dpto Santa Rosa.
Trabajadores municipales temporarios del Dpto. Santa María.
Empleados Municipales, agrupados en el SOEM y delegaciones del interior.
Veteranos de Guerra del conflicto bélico de 1982- de San Fernando del Valle de Catamarca.
Trabajadores de Rentas de la provincia.
Vecinos de Pomán.
Trabajadores de la Secretaria del Agua y Medio Ambiente.
Operarios de la empresa «ENCATA» S. A.
Empleados municipales de las localidades de El Alto, Fiambalá y Pomán.
Empleados de la fábrica “Arcor” de Recreo, agrupados en el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA).
Padres de alumnos de la Escuela EGB de la localidad de Aconquija (distante a 190 Km de la ciudad capital).
Unión de asambleas ciudadanas (UAC).
Servicio de transporte urbano de pasajeros de las empresas GM, Cooperativa «San Fernando» y «25 de Agosto».
Docentes municipales de San Fernando del Valle de Catamarca.
Personal no docente de la Universidad Nacional de Catamarca (UNCA).
Autoconvocados de la Salud.
Empleados municipales de Tinogasta.
Asociación de Trabajadores Estatales (ATE).
Militantes del Polo Obrero.
Trabajadores metalúrgicos afiliados a la UOM.
Ambientalistas de Tinogasta, Belén, Santa María y Andalgalá.
Trabajadores despedidos de la empresa de energía eléctrica EDECAT.
Vecinos de la localidad de Miraflores, Dpto Capayán.
Municipales de la localidad de Mutquin Dpto. Poman.
Trabajadores de la salud agrupados en ATSA.
Autoconvocados por la Vida.
Docentes agrupados en ATECA, SUTECA, UDA y SADOP.
Sectores agrupados en el Polo Obrero de San Fernando del Valle de Catamarca.
Habitantes del Bº Villa Eumelia de la ciudad capital.
Trabajadores no docentes de la provincia.

CÓRDOBA

Coordinadora de Gremios Estatales (SEP, Frente Gremial Docente UEPC, SADOP, AMET, ADEME, UDA, ADIUC y Luz y Fuerza).
Organizaciones Sociales, Sindicales y de Derechos Humanos.
Productores agropecuarios de la provincia.
Federación y Transportistas Autoconvocados de la Provincia.
Empleados de la fábrica «Arcor» de la localidad Colonia Caroya.
Integrantes del Gremio AOMA (Asociación de Obreros y Mineros de la Argentina),
Empleados del Correo Argentino de la Capital Provincial.
Docentes agrupados en UEPC y SADOP.
Docentes autoconvocados.”Lista Fucsia”
Distintas organizaciones sociales.
Empleados municipales agrupados en el (SUOEM) de la Capital Provincial.
Trabajadores del Servicio de Emergencia 107 de la municipalidad de Córdoba.
Empleados de la Empresa de ECOGAS, de la Ciudad Capital.
Personal de la Caja de Jubilaciones, Retiros y Pensiones de la provincia de Córdoba.
Centro de residentes Bolivianos.
Trabajadores del Sindicato de SMATA, delegación de Córdoba.
Docentes de la escuela preuniversitaria, Manuel Belgrano de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC).
Vecinos del Barrio «Poeta Lugones» de la ciudad de Córdoba.
Centros de estudiantes, vecinales y otros sectores sociales de la ciudad de «Carlos Paz».
Vecinos de la localidad de Unquillo.
Vecinos autoconvocados de la ciudad de capital.
Vecino de la villa «Kilómetro 8″de la capital.
Docentes de la Escuela preuniversitaria, Manuel Belgrano de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC).
Detenidos en el penal de “BOWER” Dpto Santa Maria.
Docentes e investigadores Universitarios de Córdoba (ADIUC)
Empleados municipales agrupados en el SUOEM.
Asociación de Jubilados Autoconvocados de Córdoba (AJUPROCOR).
Unión de Empleados de la Construcción Argentina (UECARA).
Distintas Organizaciones Sociales.
Empleados de la Legislatura provincial.
Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA).
Trabajadores de la Unión de Obreros Metalúrgicos (UOM).
Remiseros de la ciudad de Córdoba.
Usuarios del Transporte Urbano de Pasajeros y vecinos autoconvocados de Córdoba.
Sindicato de Peones de Taxis.
Asociación de permisionarios de Taxis.
Empleados judiciales agremiados a UEJN.
Habitantes de la ciudad de Río Tercero.
Remiseros agrupados en la CAPROPER, PRACAC y las Cooperativas Vip y AUTOCOOP.
Habitantes del Bº Nuestro Hogar III de la ciudad de Córdoba.
Unión Empleados de la Construcción y Afines de la Republica Argentina (UECARA).
Unión de Policías y Penitenciarios Argentina Córdoba (UPPAC).
Trabajadores de la Empresa Caminos de la Sierras S.A. (concesionaria de la red de acceso a Córdoba).
Trabajadores de la empresa de transporte público “FONO BUS”.
Trabajadores de la empresa autopartista Gestam – Automoción (desarrollo y fabricación de componentes y conjuntos metálicos para el automóvil).
Choferes agrupados en la Asociación Obrera de la Industria del Transporte Automotor (AOITA).
Centro de Estudiantes del Instituto de Culturas Aborígenes.
Vecinos del Barrio “El Talar de Mendiolaza” de Córdoba.
Trabajadores contratados de la Empresa “SADIA”, agrupados en la UOCRA, que presta servicio en la Central Nuclear de Embalse.
Empleados de las distintas empresas de las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP) de Córdoba.
Centro de Estudiantes del Instituto de Culturas Aborígenes.
Trabajadores Bancarios.
Transportistas de la planta aceitera “Gral. Deheza S.A” de la ciudad de Río Primero.
Empleados de la fábrica “Arcor” agrupados en el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA).
Empleados de la empresa “Argentoil“(fábrica de tubos de GNC).
Empleados de la Empresa de ECOGAS, de la Ciudad Capital.
Personal de la Caja de Jubilaciones, Retiros y Pensiones de la provincia de Córdoba.
Docentes universitarios de la UNC. Agrupados en (ADIUC).
Trabajadores de la empresa de recolección de residuos Cliba Ingeniería Ambiental de la ciudad de Córdoba, agrupados en el Sindicato de Camioneros.
Empleados del Hospital San Roque de Córdoba.
Vecinos autoconvocados de las localidades de Unquillo, Mendiolaza, Río Ceballos, Salsipuedes, Alta Gracia y Malvinas Argentinas.
Coordinadora Córdoba en Defensa del Agua y la Vida (CCODV).
Trabajadores de la Emisora «LV2» Radio Gral. Paz de Córdoba.
Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona (CARTEZ), FAA y otros sectores agropecuarios.

CORRIENTES

Multisectorial (docentes, salud, gráficos y la agrupación denominada Familia Policial).

Multisectorial de empleados estatales (UPCP, ATE, CTA, CGT, ATSA, AOEM).
Familiares, autoconvocados, personal retirados de la Policía y del Servicio Penitenciario y sectores sociales de Corrientes.
Gremio Docente, agrupados en el (SUTECO)
Sindicato de la Industria de la Alimentación de la localidad de Gobernador Virasoro
Pobladores y autoridades municipales de Concepción y santa RoEmpleados de comercio y estudiantes.
Efectivos de la Policía Federal Argentina delegación Corrientes.
Familiares y Vecinos de un ciudadano fallecido en un accidente de tránsito.
Ladrilleros de la zona periférica de la ciudad de Corrientes.
Desocupados del Movimiento Social de “Barrios a Pie”.
Estudiantes Universitarios de la UNNE.
Habitantes autoconvocados de las localidades de Alvear y Gdor Virasoro.
Choferes del transporte urbano de pasajeros agrupados en UTA, seccional Corrientes.
Empleados municipales de la ciudad de Corrientes agrupados en el AOEM y (FESTRANCO).
Productores Rurales de la Provincia.
Transportistas de cargas.
Central de Trabajadores Argentinos (CTA) y otras organizaciones sociales de Corrientes.
Obreros de la textil «Tipoití» de la ciudad de Corrientes.
Ex conscriptos que fueron desplegados al Sur del paralelo 42, de la Guerra de Malvinas.
Habitantes de los barrios «La Olla», «Ongay» y «Paloma de la Paz» de la ciudad de Corrientes.
Productores agropecuarios de la Provincia.
Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de Corrientes (APROSAC).
Oleros de la ciudad de Corrientes.
Trabajadores Docentes, de la Salud, AFJP y personal en actividad y retirado de la policía y penitenciaria provincial.
Empresarios y trabajadores del sector industrial yerbatero.
Trabajadores del frigorífico “Premium Beef” de Curuzú Cuatiá.
Trabajadores municipales de la provincia agrupados en AOEM.
Trabajadores de la salud agrupados en ATSA.
Docentes agrupados en ACDP.
Internos de la Penitenciaria Nro 6 de la localidad de “San Cayetano”.
Ex obreros del frigorífico «Tomás Arias» de San Cayetano.
Desocupados de Barrios de Pie.
Trabajadores judiciales de la provincia (SITRAJ).

CHACO

Desocupados de los Movimiento «17 de Julio», «Tupac Amaru», PO y MTL de Resistencia, y Movimiento Federal de la Dignidad» de la ciudad de Barranqueras.
Movimiento Independiente de Jubilados Desocupados (MIJD).
Trabajadores del transporte Público Urbano y Metropolitano agremiados en la Unión Tranviario Automotor (UTA )
Trabajadores agremiados en la delegación de la UOCRA Resistencia.
Agrupación “Che Guevara” y el MIJD.
Vendedores ambulantes de la ciudad de Resistencia.
Movimiento “Barrios de Pie” y otras organizaciones sociales de Resistencia.
Habitantes de los barrios Cristo Rey, Ángel de la Guarda, Parque Autónoma y Don Santiago de la ciudad de Resistencia.
Foro Multisectorial del Gasoducto del NEA.
Docentes agrupados en SITECH – FEDERACIÓN.
Trabajadores del Frigorífico «Toba» de Puerto Tirol.
Asociación de Minifundistas «28 de Noviembre».
Policías retirados de la provincia, autodenominados «Policías autoconvocados».
Choferes del transporte urbano de pasajeros agrupados en UTA.
Transportistas de cargas.
Productores agrarios de la provincia.
Empleados Municipales de la localidad de Vilelas.
Multisectorial de Resistencia.
Agrupación de Empleados Autoconvocados de Vialidad Provincial.
Desocupados del Movimiento Territorial de Liberación y el Movimiento «Teresa Rodríguez» de Resistencia.
Docentes de ATECH y UTRE-CTERA.

CHUBUT

Vecinos autoconvocados de la ciudad de Esquel.
Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut (ATECH).
Trabajadores de la empresa «Burgwart» (Subcontratista de Pan American Energy, desarrolla sus actividades en los sectores sólidos, líquidos de Comodoro Rivadavia.
Personal jerárquico del Petróleo que realiza actividades en la Cuenca del Golfo San Jorge – Comodoro Rivadavia.
Sindicato del Personal de Seguridad Privada de la Patagonia (disidente del gremio UPSAR) de Cerro Dragón – C Rivadavia.
Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut (ATECH), Sindicato de Trabajadores de la Educación (SITRAED).
Trabajadores nucleados en la UOCRA disidentes de Cerro Dragón.
Trabajadores de la UOCRA que realizan trabajos en la Empresa “Burgwardt”, subcontratista de la Firma Pan American Energy.
Coordinadora de Trabajadores Desocupados “Aníbal VERON” de Trelew.
Personal jerárquico de la empresa “Petrosar” (subcontratista de Pan American Energy) de Comodoro Rivadavia.
Sindicato del Personal Jerárquicos, agrupados en el Sindicato del Petróleo y Gas Privado.
Operarios pesqueros agrupados en el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA).
Trabajadores de la empresa “Key Energy” de Comodoro Rivadavia, agrupados en el Sindicato de Petróleo y Gas Privado (SPYGP).
Trabajadores del Diario “Jornada” de la ciudad de Trelew.
Trabajadores agrupados en el Sindicato de Petróleo y Gas Privado.
Sindicato de Camioneros.
Trabajadores pesqueros de Puerto Madryn.
Trabajadores nucleados en la UOCRA disidentes de Cerro Dragón.
Trabajadores agrupados en UOCRA de Comodoro Rivadavia.
Trabajadores, agrupados en la UOCRA de la localidad de Trelew.
Trabajadores, agrupados en la UOCRA de la localidad de Rawson.
Trabajadores, agrupados en la UOCRA de Puerto Madryn.
Sindicato de Trabajadores Judiciales de Chubut (SITRAJUCH).

ENTRE RÍOS

Vecinos autoconvocados, agrupaciones ecologistas y sectores sociales de la provincia.
Productores Agropecuarios agrupados en la Mesa de Enlace Provincial.
Municipales de “Paraná”.
Médicos Cirujanos del Hospital Materno Infantil “San Roque” y del hospital “Gral. “San Martín” – Paraná.
Productores agropecuarios de la provincia.
Federación del Transporte Automotor de Cargas (FETAC), delegación (ER).
Productores agropecuarios agrupados en la FAA.
Taxistas de la ciudad de Concepción del Uruguay.
Trabajadores municipales de la localidad de Concepción del Uruguay.
Vecinos de la localidad de María Grande.
Integrantes de la Mesa de Enlace Provincial y productores de La Pampa, Córdoba, Santa Fe y San Luis.
Movimiento de mujeres de Entre Ríos.
Asociación de Pequeños Productores del Centro – Norte de Entre Ríos (APPROCENER) de la Paz.
Multisectorial de Paraná.
Trabajadores del Registro Civil de Paraná agrupados en UPCN.
Empleados agrupados en UPCN.
Trabajadores agrupados en ATE.
Conductores de funcionarios públicos de la provincia.
Trabajadores judiciales (AJER).
Central de Trabajadores Argentino (CTA), Corriente Clasista y Combativa (CCC).
Habitantes de la localidad Pueblo Gral. Belgrano (a 2,5 Km de Gualeguaychú).
Trabajadores del Hospital «Justo José de Urquiza» de Concepción del Uruguay y nosocomios «Delicia Masvernat» y «Ramón Carrillo» de Concordia.
Residentes médicos.
Docentes universitarios.
Estudiantes universitarios Terciarios y Secundarios de Paraná.
Trabajadores nucleados en la Federación Entrerriana del Sindicato de Trabajadores Municipales (FESTRAM).
Trabajadores nucleados en la Asociación Sindical de Obreros y empleados de la Municipalidad (ASOEM) de la provincia
Trabajadores del frigorífico “Angus” de la ciudad de Paraná.
Docentes agrupados en AGMER, AMET, UDA y SADOP.
Familiares de personas desaparecidas de Paraná.
Agrupación de Familiares de Víctimas de la Inseguridad (VIDAER).
Desocupados de la CCC y la Corriente Estudiantil Popular y Antiimperialista (CEPA).
Trabajadores agrupados en la UPCN de Paraná.
Vendedores ambulantes de Paraná.
Pescadores de Victoria.
Trabajadores agrupados en SMATA, delegación Paraná.
Obreros y empleados de Correos y telecomunicaciones.
Trabajadores de Luz y Fuerza y directivos de la empresa Energía de Entre Ríos S. A (ENERSA).
Trabajadores del Registro Civil de Paraná agrupados en UPCN.
Jubilados nucleados en la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER).
Trabajadores del Instituto de Ayuda Financiera de la Acción Social (IAFAS).
Trabajadores agrupados en la UOCRA de Concepción del Uruguay.
Empleados agrupados en UPCN.
Conductores de funcionarios públicos de la provincia.
Central de Trabajadores Argentino (CTA), Corriente Clasista y Combativa (CCC).
Trabajadores de Obra Sanitarias de Paraná.
Trabajadores de la Administración Pública agrupados en ATE.
Empleados de Rentas, agrupados en ATE de Paraná.
Trabajadores de la Empresa Citricuela ”COSICO”.
Empleados del Parque Nacional «El Palmar» de Colón.
Trabajadores del Instituto del Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (IOSPER), agrupados en ATE.

FORMOSA

Aborígenes de la «Etnia Wichi» de la zona de Ramón Lista.
Integrantes de Taxi fleteros y Estibadores de Clorinda.
Productores Frutihortícolas de la provincia.
Docentes autoconvocados y agrupados en el gremio “Voz Docente” y SADOP.
Desocupados de la CCC y Aborígenes de la “Etnia “Toba”.
Movimiento Libres del Sur Barrios de Pie de la Provincia.
Productores agropecuarios de la localidad Naineck, Laguna Blanca, Riacho He He y El Espinillo.
Empleados agrupados en ATE.
Empleados de la Municipalidad de Clorinda.
Trabajadores de la Cooperativa de Provisión de Obras y Servicios Públicos de Clorinda.
Empleados de la Salud de Clorinda.
Trabajadores de la Cooperativa de Provisión de Obras y Servicios Públicos de Clorinda.
Maestros agrupados en Voz Docente.
Asociación de Productores de Bananeros de Formosa.
Sindicato de Camioneros de Formosa.
Organizaciones sociales del barrio Obrero de la ciudad de Formosa.
Asociación Judicial de Formosa.
Sindicato de Luz y Fuerza.
Empleados municipales (SOEMFOR).
Trabajadores de la construcción, agrupados en la (UOCRA).
Personal de la salud de la Provincia.
Juventud de Pie y la coordinadora juvenil de la Memoria.
Productores agrupados en la Federación Agraria Argentina, Filial “El Colorado” y zonas aledañas.
Remiseros y allegados de la localidad de Formosa.
Trabajadores de la salud del hospital “Eva Perón” agremiado en ATE, de la localidad de Ingeniero Juárez.
Empleados despedidos del HCD de Palo Santo.
Aborígenes de la Etnia «Wichi» de Ingeniero Juárez.
Aborígenes de la Etnia «Wichi» del paraje «Las Palmitas»
Maestros Especiales de Modalidad aborígenes (MEMAS), de la localidad de El Potrillo.
Asociación de Productores de Bananas de Laguna Naineck.
Habitantes del barrio «25 de Mayo» de Clorinda.
Alumnos de la Escuela Provincial de Educación Media Nro 31 de la ciudad de Formosa.
Empleados aborígenes de la municipal de «Pozo de Maza».
Trabajadores nucleados en la Asociación Judicial de Formosa.
Trabajadores de las AFJP.
Aborígenes de la Colonia “Bartolomé de las Casas” (172- km de Formosa).
Productores agrarios agrupados en el Frente Nacional Campesino (FNC).
Asociación de productores del bañado la Estrella (APROBAE).

JUJUY

Multisectorial de San Salvador de Jujuy, conformada por (ATE, CTA, ATSA, CEDEMS, SEOM, APUAP y ADEP) y Frente de Gremios Estatales.
Trabajadores municipales de San Salvador de Jujuy, agrupados en el SEOM.
Empleados del Juzgado de Faltas de la ciudad capital.
Docentes de la Escuela Municipal Marina Vilte de la ciudad capital.
Agrupación “Santa Cecilia” de San Salvador de Jujuy.
Agrupación “Quebrada” y “Puna”.
Desocupados y Trabajadores de Cooperativas de Viviendas y Obras Públicas de Perico y Palpalá.
Docentes Universitarios e Investigadores de la (UNJU) de Jujuy.
Padres de alumnos de la Escuela Nro 90 de la localidad de Tres Cruces.
Desocupados de la Asociación del “Éxodo Jujeño” y otros sectores.
Multisectorial de La Quiaca.
Empleados municipales de la provincia.
Integrantes de la Cooperativa de Viviendas de la localidad de Palpalá.
Beneficiarios de Plantes de Sociales de San Pedro.
La Asociación de Docente e Investigadores de la Universidad Nacional de «Jujuy» (ADIUNJU).
Trabajadores y desocupados de la UOCRA, CTA, MTL Y Agrupación Argentina Grande de S. S de Jujuy, La Quiaca, San Pedro, Abra Pampa y Lib. Gral. San Martín.
Empleados de la Dirección Provincial de Inmuebles.
Docentes de ADEP, jubilados provinciales autoconvocados y otros sectores sociales de Lib. Gral. San Martín.
Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA).
Trabajadores de Taxis de San Salvador de Jujuy.
Trabajadores de remises y taxis de la localidad de Ledesma.
Pequeños Productores de la localidades de La Almona y Juan Galán y otro parajes de Aborígenes de la Provincia.
Sindicato de trabajadores viales de la provincia (SITRAVIP).
Jubilados autoconvocados de Lib. Gral. San Martín.
Central de Trabajadores Argentinos, Desocupados y otras organizaciones sociales de San Salvador de Jujuy.
Desocupados agrupados en la CCC.
Desocupados de la CCC la localidad de Lib. Gral. San Martín.
Desocupados del Frente Barrial «Avelino Bazán» y «Tupaj Katari».
Desocupados agrupados en la ODIJ, CTA, Organización Barrial “Tupac Amaru” de Palpalá, Perico, San Pedro y San Salvador de Jujuy.
Desocupados de la Organización No Gubernamental Argentina Grande.
Personal del Banco de Acción Social (BAS).
Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Jujuy (ADIUNJU).
Desocupados de la Corriente del Pueblo, vecinos autoconvocados cooperativistas y otros sectores de La Quiaca.
Trabajadores del Poder Judicial de la Provincia.
Empleado de la empresa Jujeña de Energía S.A.
Asociación Profesionales Universitarios de la Provincia (APUAP).
Trabajadores municipales agrupados en el SEOM.
Desocupados de la Corriente Clasista y Combativa (CCC) de San Salvador de Jujuy.
Multisectorial de Abra Pampa.
Trabajadores de Cooperativas de la localidad de Perico.
Trabajadores de distintas Cooperativas de Trabajo de Palpalá, La Quiaca y San Salvador de Jujuy.
Trabajadores de le empresa de transporte de pasajeros COTA NORTE.
Ambientalista de la Fundación Prohuna de la Provincia y otras organizaciones sociales.
Desocupados del Frente Popular del Interior Provincial.
Trabajadores agrupados en Asociación Obreros Mineros del interior Provincial.
Porteros, personal de maestranzas y cocineros de escuelas de Jujuy.
Desocupados de la Corriente Clasista y Combativa (CCC) de la localidades de San Pedro y La Esperanza, medianos y pequeños productores agropecuarios de Jujuy y otras organizaciones sociales.
Habitantes de la localidad de Fraile Pintado.
Habitantes del barrio Sumaypacha, Dpto Tilcara.
Sindicato Unido de Trabajadores Auxiliares de Taxis de San Salvador de Jujuy.
Aborígenes y Multisectorial de la localidad de Abra Pampa.
Trabajadores de Ingenio Azucarero “La Esperanza”, Dpto. San Pedro.
Comunidades aborígenes de la provincia.

LA PAMPA

Aborígenes de la localidad de 25 de Mayo.
Productores autoconvocados de CARBAP.
Trabajadores de la educación agrupados en SADOP. AMET, UTELPA y CTA.
Transportistas de cargas.
Trabajadores agrupados en el Sindicato de Gas Privados de Río Negro y de Neuquén.
Vecinos de la localidad de “25 de Mayo”.
Productores agropecuarios de la provincia.
Productores agropecuarios de la provincia.
Empleados estatales agrupados en el FGE (ATE, UPCN, SITRAVIP, SIPOS, judiciales, SOEM, entre otros).
Habitantes de la Santa Rosa.

LA RIOJA

Vecinos autoconvocados de Chilecito, Famatina y otros sectores sociales.
CGT, delegación local
Ex trabajadores de la fábrica de aceituna «Servifasa».
Trabajadores de la ex Curtiembre «Yoma» de Nonogasta.
Empleados Municipales de las Pcias de La Rioja, Salta y Jujuy .
Personal de la Subsecretaría de Trabajo, Delegación Chilecito.
Trabajadores autoconvocados de la Salud.
Vecinos de los barrios Carlos Saúl Menem y 2-0 de Mayo de la ciudad capital.
Municipales de La Rioja.
Asociación de Trabajadores Judiciales (ATJ).
Empleados de la construcción de la localidad de Chilecito.
Ambientalitas “Asamblea Ciudadana Por La Vida”.
Sindicato de Camioneros.

MENDOZA

Ex trabajadores de YPF.
Choferes de Ómnibus de corta y media distancia agrupados en el Sindicato del Personal de Micros y Ómnibus (SIPEMON).
Internos de la Penitenciaria Provincial.
Docentes y no docentes del Instituto de Seguridad Pública.
Docentes de la Universidad Nacional de Cuyo.
Empleados Estatales, Judiciales y de la Salud.
Trabajadores de la salud
Vecinos del Paraje «El Sosneado» – Dpto. San Rafael.
Vecinos y comerciantes autoconvocados de la ciudad de Mendoza.
Trabajadores agrupados en la Unión Personal de Juegos y Casinos de Mendoza.
Trabajadores de la fábrica «La Camagnola» de la localidad Palmira.
Docentes agrupados en SADOP.
Federación de Sindicatos Municipales.
Trabajadores municipales de los Dptos Godoy Cruz, Maipú, Las Heras y Guaymallén.
Comerciales y transportistas de Malargüe.
Trabajadores ferroviarios agrupados en Unión Ferroviaria y La Fraternidad.
Trabajadores de gremios estatales de San Martín.
Docentes agrupados en SUTE.
Trabajadores de todas las AFJP, Delegación Mendoza.
Trabajadores agrupados el Sindicato de la Carne.
Trabajadores agrupados en ATE.
Trabajadores profesionales de la salud nucleados en AMPROS.
Asociación Agentes de Transportes Aduaneros (ATA), destacados en el Complejo Migratorio de Punta de Vacas.
Empleados Bancarios de Mendoza.
Auxiliares de oficinas fiscales de la provincia.
Trabajadores estatales nucleados en SITEA. (Sindicato Trabajadores Estatales Autoconvocados).
Recicladores de residuos de la localidad de Guaymallén.
Sindicato Único de Celadores de Mendoza.
Docentes de la Universidad Nacional de Cuyo.
Unión Vecinal de la localidad de Cacheuta de Luján de Cuyo.
Habitantes del barrio “Santa Ana” del Dpto. de Guaymallén.
Trabajadores de la Salud agrupados en ATE, ATSA y AMPROS.
Municipales de Las Heras.
Padres y Docentes de la Escuela 1-145 de El Algarrobal, Dpto. Las Heras.
Empleados contratados del Htal. Central, de la ciudad de Mendoza.
Distintas organizaciones sociales
Estudiantes Universitarios.
Productores Agropecuarios autoconvocados.
Trabajadores de supermercados.
Empleados del penal juvenil, que depende de la dirección de Niñez, Adolescencia, Ancianidad, Discapacidad y Familia.
Sindicato de Trabajadores Estatales Autoconvocados (SITEA).
Productores y Multisectorial de Alvear.

MISIONES

Trabajadores estatales agrupados en ATE y CTA.
Empleados de la Salud Pública, afiliados a la UPCN.
Trabajadores de transporte de Pasajeros de corta y media distancia, de la provincia.
Trabajadores del Parque Nacional Iguazú.
Desocupados de la CCC.
Empleados de ATE del Hospital “Ramón Madariaga” de Posadas.
Cosechadores de yerba mate (Tareferos Autoconvocados) de la localidad de Oberá.
Integrantes de Asociaciones de Oleros y Afectados por la represa Yacyretá (EBY).
Vecinos autoconvocados de Eldorado.
Trabajadores y afiliados de la AFJP.
Vecinos autoconvocados del sector denominado 2000 Hectáreas – Pto Iguazú.
Empleados de la salud del Hospital “Samic” de Eldorado.
Pequeños productores, pueblos originarios y otros sectores sociales.
Empleados de la municipalidad de la ciudad de Posadas, agrupados en ATE
Docentes Universitarios agrupados en la ADUNAM.
Habitantes de Puerto Iguazú.
Coordinadora de Trabadores Desocupados (CTD), Aníbal Verón de Posadas.
Comisión Barrial de los sin tierras de ala localidad de Comandante Andresito.
Padres de alumnos y docentes autoconvocados de Puerto Iguazú.
Municipales de Oberá afiliados a ATE.
Comerciantes de Puerto Iguazú.
Docentes Universitarios (UNaM).
Productores de Tabaco de Leandro N Alem y otras localidades aledañas.
Trabajadores del Ingenio Azucarero «San Javier».
Productores de Yerba y Té de San Pedro y San Vicente.
Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de Posadas (SOEMP).
Trabajadores de la fábrica de maderas «FIYOINT S.A.» de San Ignacio.
Trabajadores de taxis y remises de la ciudad de Posadas.
Vecinos autoconvocados de Eldorado y Posadas.
Habitantes autoconvocados de la localidad de Montecarlos.
Empleados de la Administración pública de la provincia, nucleados en ATE.
Padres autoconvocados de la Escuela 694 de la localidad de Puerto Iguazú.
Confederación de Trabajadores Argentino (CTA), y otros sectores sociales.
Ambientalista, vecinos de la localidad de “El Alcázar” y de otras localidades.
Organizaciones sociales y gremiales.
Desocupados de la CCC de Posadas.
Empleados de SENASA.
Motoqueros y bicicleteros de Puerto Iguazú.
Empleados del Ministerio de Hacienda de la provincia, afiliados a ATE.
Empleado de la cooperativa de electricidad (CEUROSP).de la localidad de Concepción de La Sierra.
Empleados judiciales.
Empleados de la Cooperativa de Electricidad de Leandro N. Alem.
Trabajadores de la Administración de Parques Nacionales, agrupados en ATE.
Integrantes de Asociaciones de Oleros y Afectados por la represa Yacyretá (EBY).
Trabajadores de la empresa papelera «BENFIDE» de Puerto Piray.

NEUQUÉN

Trabajadores del Ministerio de Acción Social, Porteros y Administrativos, gremios de (EPAS) y (EPEN), agrupados en ATE.
Choferes y propietarios de taxis de la ciudad capital.
Docentes agrupados en ATEN, ATE – CTA y SEJUN.
Coordinadora del Centro de Estudiantes Secundarios y la Agrupación de Hijos del Alto Valle.
Habitantes de las localidades de Ramón Castro, Mariano Moreno, Covunco, Las Coloradas y Zapala.
Productores ganaderos y agricultores de Zapala y zonas aledañas.
Personal, auxiliares de servicio y empleados administrativos del Consejo Provincial de Educación (CPE).
Desocupados de la localidad de “Chos Malal”.
Docentes, padres y alumnos de distintos Establecimientos Educativos de Neuquén.
Habitantes de Villa la Angostura.
Trabajadores agrupados en CTA – ATE de la localidad de Mariano Moreno; a 20 Km de Zapala.
Madres Luchadoras de la localidad de Plottier.
Habitantes del Bº. Confluencia de la ciudad de Neuquén.
Miembros de la comunidad mapuche «Kaxipayiñ».
Trabajadores del Ministerio de Acción Social, agrupados en ATE.
Empleados de Rentas (ATE).
Empleados Municipales de Andacollo, Dpto Minas.
Aborígenes Mapuches de la Comunidad “Cayún” del Paraje “Trompul”, ubicado a 12- Km de San Martín de los Andes.
Comunidad Mapuche Pailifilú, del Paraje Malleo, ubicado a 27 Km de Junín de los Andes.
Mujeres pertenecientes a planes sociales de Plaza Huincul.
Habitantes del Barrio La Sirena de Neuquén
Familiares y amigos de dos jóvenes muertos por causa de un accidente de transito en la ciudad Neuquén.
Trabajadores de Agua y Saneamiento (EPAS) nucleado en ATE.
Integrantes del Movimiento por la Recuperación del Petróleo (CTA, Barrios de Pie y Corriente Clasista y Combativa, entre otros).
Trabajadores del Hospital de la localidad de Centenario, agrupados en ATE.
Integrantes del movimiento Barrio de Pie.
Corporación Forestal Neuquina (CORFONE).
Movimiento de Trabajadores Desocupados de la ciudad de Neuquén.
Empleados judiciales, agrupados en el SEJUN.
Desocupados del Hospital de la localidad de Plaza Huincul.
Distintas organizaciones sociales, estudiantes y otros sectores sociales.
Docentes agrupados en ATEN.
Distintos gremios agrupados en ATE, ADUNC y otros sectores sociales.
Empleados públicos de Plaza Huincul.
Empleados municipales de Plaza Huincul y monotributistas.
Trabajadores de distintas AFJP de Neuquén y Cipolletti (RN).
Desocupados de la localidad de Centenario.
Habitantes de la localidade de Añelo.
Habitantes de la localidad de San Patricio del Chañar.
Familias de La Chacra IV de San Martín de los Andes.
Vecinos y comerciantes de Plottier.
Ambientalistas y integrantes de Organizaciones Sociales no Gubernamentales.
Desocupados de la provincia.
Empleados Municipales de la localidad de Senillosa.
Desocupados de Cultral Có, afiliados a la UOCRA.
Empleados judiciales (SEJUN).
Empleados de Rentas, Catastro y Lotería La Neuquina.
Empleados del Ente Provincial de agua y saneamiento.
Ex empleados municipales de la localidad Mariano Moreno.
Empleados municipales agrupados en SITRAMUNE.
Empleados de peajes de «Caminos del Comahue».
Trabajadores de los registros civiles de la provincia.
Docentes de la Universidad Nacional del Comahue nucleados en ADUNC.
Empleados agrupados en ATE, ATEN, CTA y organizaciones sociales.
Aborígenes de la comunidad Mapuche «CURRUHUINCA» de San Martín de los Andes.
Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA), de Neuquén y Río Negro.
Habitantes de la localidad de Centenario dedicados a la crianza de animales silvestre (liebre criolla).
Auxiliares y Administrativos del Consejo Provincial de Educación, agrupados en ATE.
Empleados del Peaje de la “Empresa Caminos del Valle” afiliados al Sindicato Único de Trabajadores de Peajes y Afines (SUTPA).
Comunidad Mapuche “Wente Trewel” de la localidad Picún Leufú.
Desocupados de la localidad de Buta Ranquil, Dpto. Pehuenches.
Estudiantes Universitarios.
Trabajadores de salud agrupados en ATE.
Aborígenes de la Comunidad “Paisil Antriao” de Villa la Angostura.
Trabajadores de la Cooperativa de Luz y Fuerza (CALF), Cooperativa de Eléctrica y Telefónica de Cultral Co (COPELCO) y Cooperativa de Servicios Públicos Plottier y Zapala.
Aborígenes Mapuches de las comunidades Maliqueo y Curipán.
Choferes de la empresa INDALO.
Sindicato del Petróleo y Gas Privado de Río Negro y Neuquén.
Trabajadores del Mercado Concentrador.
Personal del Parque Nacional «Lanín», agrupados en ATE.
Trabajadores de la Empresa FASINPAT (ex Zanón).
Desocupados afiliados a la UOCRA, de Plaza Huincul.
Desocupados agrupados en la UOCRA de la localidad de Plottier.
Desocupados y empleados tercerizados de la municipalidad de Zapala.
Empleados del Registro Civil del Neuquén.

RÍO NEGRO

Empleados agremiados en ATE.
Ciudadanos de la comunidad Mapuche de la zona de Bariloche.
Empleados municipales de la Provincia.
Habitantes del Barrio “Omega” de San Carlos de Bariloche.
Trabajadores agremiados al Sindicato de Camioneros de Río Negro.
Trabajadores hospitalarios agrupados en ATE.
Empleados de las empresas disecadoras de frutas Gregorio, Numo y Noel (ex Valley Evaporating Company S.A.I.C.).
Familias de las localidades de Chacramonte, Paso Córdoba y Emeta.
Habitantes del paraje “Las Jarillas de la localidad de “Catriel”.
Federación de Productores del Altos Valle de la Provincia.
Habitantes carenciados del Barrio de Nahuel Hue de San Carlos de Bariloche.
Productores Frutícolas de la zona del Alto Valle.
Ocupantes de terrenos en Cerro de la Ventana, ubicada en cercanías de San Carlos de Bariloche.
Mapuches de la Comunidad “Quiñe Traun Peñi”.
Trabajadores de la Empresa “MCC Minera Sierra Grande, agrupados en la (AOMA).
Empleados judiciales agrupados en SITRAJUR.
Docentes agrupados en la Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro (UNTER), CTA y ATE.

SALTA

Empleados municipales agrupados en ATE y SOEM de la ciudad de Salta.
Aborígenes de la Comunidad “Quebrachal II” de la localidad de Gral. Ballivián.
Distintas organizaciones sociales y barriales de Salvador Mazza.
Desocupados del Bº San Silvestre y UTD “Aníbal Verón” de Tartagal y MIJD.
Remiseros Ilegales de Salta.
Integrantes de Comunidades aborígenes de la provincia.
Aborígenes de la comunidad “Padre Coll Nuevo” de Santa Victoria Este.
Sindicato petrolero privados de la provincia de Salta y Jujuy.
Asociación de Trabajadores Unidos de de la localidad de Gral Güemes.
Conductores de taxis no habilitados de Orán.
Habitantes de la localidad de Salvador Mazza.
Trabajadores contratados de la municipalidad de Salvador Mazza.
Operarios de la empresa “Saigro” subcontratista de “PLUSPETROL”.
Ex trabajadores de YPF y la Unión Trabajadores Desocupados (UTD) de Gral. Mosconi.
Trabajadores del Ingenio Azucarero «El Tabacal» de la localidad de Hipólito Yrigoyen.
Desocupados de Tartagal y Gral Mosconi.
Aborígenes de Santa Victoria Este.
Familias carenciadas de la localidad de «Rosario de Lerma.
Trabajadores Municipales de la localidad de Aguaray.
Frente Intergremial Docente (AMET, ADEP, ATE, UDA y SADOP).
Asociación de Profesionales de la Salud de Salta.
Asociación de Profesionales Materno Infantil Salta (ASPROMIN).
Movimiento de Trabajadores Desocupados (MTD) y Movimiento Nuevos Rumbos de Tartagal.
Docentes Autoconvocados.
Trabajadores no docentes.
Aborígenes de la comunidad de “La Esperanza, La Puntana y Santa Maria” de la localidad de Santa Victoria Este.
Central de Trabajadores Argentinos (CTA) filial Salta.
Unión Tranviarios Automotor (UTA).
Transportistas de cargas.
Movimiento de Trabajadores Desocupados (MTD) y Movimiento Nuevos Rumbos de Tartagal.
Obreros de la Construcción de la Localidad de Los Toldos, ubicado a 150 Km de Orán.
Concesionarios de Estacionamiento Medido de Salta.
Desocupados de Embarcación.
Ex empleados de la empresa “Jac Servicios” subcontratista de la empresa Refinor S.A. (Campo Duran).
Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar del Ingenio “San Isidro”.
Aborígenes de la comunidad de Misión La Paz.
Ex trabajadores de la educación.
Choferes del Transporte Interurbano de Pasajeros de las empresas “San Antonio” y “Fénix”, de la localidad de Prof. Salvador Mazza.
Productores agropecuarios de la provincia.
Desocupados de la ciudad de Tartagal y Mosconi.
Desocupados del Movimiento de Trabajadores “17 de Octubre” de Gral. Mosconi.
Desocupados de la localidad de Gral. Güemes.
Desocupados de la localidad de Pichanal.
Desocupados denominados del «Sector 5» de Salvador Mazza.
Desocupado del movimiento Aníbal Veron.
Ex trabajadores de la educación.
Docentes de la enseñanza técnica agremiados en AMET.
Aborígenes de la comunidad Lapacho I de Tartagal.
Unión de Docentes Argentinos (UDA), delegación Salta.
Aborígenes de Tartagal.
Empleados del Poder Judicial y el Ministerio Público de la provincia.
Desocupados de Tartagal y Aguaray.
Aborígenes de distintas etnias; de la localidad de Tartagal y zonas aledañas.
Pobladores de la localidad de Fortín Dragones nucleados en la Comisión «Pro Fortín 2008».
Empleados agremiados en SMATA.
Agrupación de Trabajadores Desocupados (ATD – MIJD) de ORÁN.
Aborígenes de distintas etnias del Dpto Gral. Mosconi.
Desocupados de la localidad de Enrique Mosconi.
Empleados de la Secretaría de Medio Ambiente y Obras Públicas de la Municipalidad de Salta.
Habitantes de la localidad de Fortín Dragones nucleados en la Comisión “Pro Fortín 2008”.
Aborígenes Wichi de las comunidades La Chirola, Media Luna, Pozo Las Moras, El Carpintero y misión Algarrobito, de la localidad de Dragones.
Empleados municipales de General Güemes.
Remiseros denominados ilegales de la ciudad de Salta.
Empleados municipales agremiados en «SOEM».
Docentes universitarios de la provincia, nucleados en ADIUNSa.

SANTA FE

Trabajadores municipales agrupados en la FESTRAM.
Sindicato de Pescadores de la Provincia de Santa Fe (SIPESA).
Trabajadores contratados del ingenio azucarero “Las Toscas”.
Mujeres Rurales y Urbanas de la ciudad de Santa Fe.
Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) de Rosario.
Integrantes de la Corriente Clasista Combativa (CCC.) y Barrios de Pie.
Trabajadores de la empresa “Frimetal – Gafa” de Rosario.
Taxistas de Rosario y otras organizaciones sociales.
Desocupados del Movimiento Popular Libertador San Martín y otras organizaciones de Rosario.
Productores agrarios agrupados en la FAA y autoconvocados.
Central de Trabajadores Argentinos (CTA).
Trabajadores provinciales del Ministerio de Desarrollo Social.
Trabajadores de la Administración Provincial de Impuestos (API).
Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados y la Asociación de trabajadores de la Sanidad (ATSA).
Empleados agrupados en la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN) de Villa Constitución.
Asociación Civil “Las Diversas”.
Trabajadoras agrupadas en el Sindicato de Amas de Casa.
Trabajadores de Villa Constitución.
Central de Trabajadores Argentinos (CTA) de Rosario.
Desocupados de la CCC.
Desocupados del MIJD.
Vecinos autosconvocados de la ciudad de Rosario.
Docentes agremiados a la Asociación de Magisterio de Santa Fe (AMSAFE) y SADOP.
Transportistas autoconvocados de la Provincia.
Productores rurales de la provincia.
Integrante de del Movimiento Patriótico Revolucionario “Quebracho”, Convergencia Socialista, junto a la Asamblea de Santelmo.
Federación Santafesina de Entidades de Jubilados y la Mesa Coordinadora de Jubilados.
Empleados de los frigoríficos “Recreo” de Recreo y “Finexcor” de Nelson.
Transporte Urbano de Pasajeros de la ciudad de Santa Fe.
Movimientos Barrios de Pie, de “Buenos Aires”
Sindicato de Peones de Taxis de la ciudad de Rosario.
Profesionales y trabajadores del Hospital Italiano de Rosario.
Auxiliares de la educación agremiada en ATE (Rosario).
Desocupados de la CCC y Pueblos Originarios en Lucha de Rosario.
Trabajadores de la ciudad de Rafaela agrupados en la CGT local.
Trabajadores Bancarios de la ciudad de Rosario.
Federación Agraria Argentina (FAA).
Cartoneros y Carreros autoconvocados de Rosario.
Sindicato de Choferes de Camiones.
Empleados del Frigorífico «Don Alejandro» de la ciudad de Santa Fe.
Organizaciones sociales agrupadas en la CTA
Organizaciones sociales y Multisectorial de Rosario.
Productores agropecuarios de la provincia.
Distintas organizaciones y ONG de Santa Fe.
Trabajadores rurales de la localidad de Florencia.
Movimiento Nacional “los Chicos del Pueblo”.
Docentes Universitarios agremiados en COAD Y APUR.
Docentes de la Universidad nacional de Rosario.
Docentes de la Universidad Tecnológica Nacional.(UTN).
Empleados de la Empresa Automotriz General Motors agremiados en SMATA.

SANTA CRUZ

Trabajadores judiciales de la provincia.
Desocupados de la localidad de Pico Truncado.
Trabajadores de la UOCRA que prestan servicio en la empresa «Refinor», en la localidad de Cañadón Seco.
Multisectorial de Río Gallegos.
Trabajadores de la UOCRA Zona Sur de la Provincia.
Familias carenciadas de Río Gallegos.
Trabajadores afiliados a la UOCRA de Río Gallegos.
Trabajadores de las empresas “Skanska” y “Chevron”, agrupados en el Sindicato de Petroleros y as Privado de la Cuenca Austral.
Trabajadores de la Empresa Weatheford – Cañadón Seco (construcción de montaje y ensamble en pozos petroleros).
Trabajadores del Hospitales Regional de Río Gallegos.
Jubilados de la provincia.
Trabajadores agrupados en ATE.
Organizaciones sociales de Ríos Gallegos.
Trabajadores del Hospital zonal de Caleta Olivia, agrupados en ATE.
Asociación Gremial Obreros Marítimos Unidos (AGOMU) de Caleta Olivia.
Empleados de tránsito de la municipalidad de Río Gallegos.
Empleados de la empresa constructora “UGA S. A” de Río Gallegos.
Desocupados de Pico Truncado.
Obreros de la construcción afiliados a la UOCRA, de Caleta Olivia.
Sindicato del Petróleo y Gas Privado de la Provincia.
Personal de la empresa de seguridad SEARCH que brinda seguridad en todas las plantas petroleras de la Zona Norte.
Empleados Municipales de Puerto Deseado.
Empleados de Servicios Públicos Sociedad del Estado de Caleta Olivia.
Desocupados del Polo Obrero de Caleta Olivia.
Familias carenciadas de Río Gallegos.
Familiares de un detenido acusado de homicidio, en la ciudad de Río Gallegos.
Estibadores de la Empresa Conarpesa de de Caleta Paula.
Asociación de Docentes de Santa Cruz (ADOSAC) y ATE.
Choferes de taxis de Río Gallego.
Empleados de la «FM NEWS MULTIMEDIOS S.A.», de Río Gallegos.
Obreros de las empresas «Gotti» y «Austral», afiliados a la UOCRA de Caleta Olivia.
Empleados de Servicios Públicos Sociedad del Estado de Caleta Olivia.
Personal Jerárquico de las Empresas Petroleras de la Zona Norte (Caleta Olivia, Las Heras, Pico Truncado y Cañadón Seco).
Trabajadores de la salud del Hospital de la Cuenca Carbonífera de Río Turbio.
Familias de distintos asentamientos de Río Gallegos.
Trabajadores de Parques Nacionales, agrupados en ATE de la localidad de Calafate.
Empleado de las empresas petroleras de las localidades de Las Heras, Los Perales, Los Monos.
Operarios de la planta de gas “Barbas las Vegas”, perteneciente a Petrobrás.
Trabajadores agrupados en el Sindicato de Petróleo y Gas Privado de la Cuenca Austral.

SANTIAGO DEL ESTERO

Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE).
Movimiento Teresa Rodríguez de Sgo del Estero.
Trabajadores de la Educación (ATESE), (SADOP), (UDA) y CISADEMS.
Docentes del Círculo Santiagueño de Enseñanza Media y Superior (CISADEM).
Alumnos de la Universidad Católica de Santiago del Estero y Fieles Religiosos.
Trabajadores agrupados en CGT, UPCN y CTA.
Aborigenes y campesinos de Atamisqui.
Empleados Judiciales de la Provincia.
Habitantes de la localidad de Quimilí.
Transportistas de cargas de la provincia.
Productores agrarios de la provincia.
Asociación de Defensa al Consumidor de la ciudad Capital.
Federación de Obreros y empelados de Estaciones de Servicios.
Empleados municipales agremiados en (SUOEM)
Trabajadores del trasporte público de pasajeros de las líneas 110, 112-, 114- y 116 de la empresa “ERSA”.
Jubilados de la Provincia.
Trabajadores ambulantes de la antigua terminal de ómnibus de la ciudad capital.
Familiares, amigos de los 40 muertos del penal de varones y distintas organizaciones sociales de la provincia.
Docentes de la Universidad Nacional de Santiago del Estero (UNSE).
Agrupación «Tincunaku» (Ambientalistas de las Termas de Río Hondo).

SAN JUAN

Ambientalistas de la provincia.
Sindicato Único de Trabajadores de la Educación (SUTEN).
Docente de la Universidad Nacional, creadores Universitario Sanjuanino y Asociación de Docente Investigadores (ADICUS).
Trabajadores municipales.
Trabajadores agrupados en ATE.
Distintas organizaciones sociales.
Habitantes carenciados de la localidad de Calingasta.
Íntergremial de la salud (médicos, enfermeros y bioquímicos).
Trabajadores nucleados en el Sindicato de Empleados de Comercio.
Empleados de la AFJP de la provincia.
Ínter gremial de la salud (médicos, enfermeros y bioquímicos).
Docentes provinciales del gremio UDAP, UDA Y AMET.

SAN LUÍS

Asociación de Docentes Universitarios de la provincia.
Productores agrarios de la provincia.
Choferes del transporte de pasajeros de corta y media distancia.
Transportistas de cargas

TIERRA DEL FUEGO

Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF) y (ATSA), agrupados en ATE.
Proveedores del Estado Pcial.
Trabajadores de la empresa textil «Australtex» de Río Grande.
Habitantes y organizaciones sociales de Ushuaia.
Familiares y vecinos autoconvocados de Río Grande.
Trabajadores de la Construcción, agrupados en la UOCRA de Ushuaia.
Vecinos de la ciudad de Río Grande.
Personal del servicio de odontología de Ushuaia.
Trabajadores de la fábrica “Cozzuol Fueguina”.
Trabajadores de la Empresa “Australtex SA” de Río Grande.
Empleados del Instituto Provincial de Regulación de Apuestas (UPCN).
Empleados de la Administración Pública Provincial (ATE).
Bomberos voluntarios de Río Grande, Tolhuín y Ushuaia.
Adjuticatarios y la Unión de Inquilinos de Río Grande.
Empleados de Puertos, Obras Sanitarias, Energías, IPV y Vialidad, agrupados en ATE.
Trabajadores de ATE de Ushuaia.

TUCUMÁN

Ambientalistas locales junto a sus pares de Catamarca y Salta, agrupados en la Asamblea Socioambiental del (ASANOA).
Productores rurales de la Provincia.
Docentes privados (SADOP).
Unión de Docentes Tucumanos (UDT).
Jubilados de la provincia y Organizaciones Sociales.
Trabajadores municipales.
Trabajadores del Ingenio “Aguilares”.
Trabajadores agrupados en la Asociación Bancaria.
Integrantes de la agrupación denominada «El Andamio – Avalanchanorte».
Familias carenciadas de San Miguel de Tucumán.
Choferes del transporte urbano de pasajeros de las líneas 3, 10, y 12 y sus anexos 103 y 110, de San Miguel de Tucumán.
Taxistas autoconvocados de la ciudad de Tucumán.
Empleados de las AFJP.
Desocupados del PO.
Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores. (UATRE).
Corriente clasista y Combativa CCC
ONG´s, vecinos y comerciantes de San Miguel de Tucumán.
Familiares de Victimas de la Impunidad de San Miguel de Tucumán.
Vecinos de la localidad de Yerba Buena.
Auxiliares de Escuelas Estatales, agrupados en UPCN.
Distintas organizaciones sociales de S M de Tucumán.
Puesteros del “Mercado del Norte”, en San Miguel de Tucumán.
Productores de la provincia, agrupados en la SR, FAA y en la Comisión de Autoconvocados.
Transportistas de cargas autoconvocados.
Productores azucareros agrupados en “Cañeros del Sur”
Integrantes de la Comisión Provincial del Patrimonio Cultural.
Sindicato de Municipales del Interior Provincial.
Retirados de la policías de la provincia
Maestros agrupados en la Unión Docentes de Tucumán (UDT) y otros gremios.
Trabajadores del servicio de enfermería del Centro de Salud “Zanón Santillán” de la ciudad capital.
Docentes agrupados en APEM.
Organizaciones sociales y gremiales.
Docentes agrupados en APEM, AMET y ATEP.
Docentes de la Universidad Nacional, nucleados en la Asociación de Docentes e Investigadores dependiente de la «UNT» (ADIUNT).
Docentes de la Unidad de Desarrollo Tecnológico (UDT) y la Unión Docente Argentino (UDA).
Empleado de la fábrica de pasta «RIVOLI».
Multisectorial de San Miguel de Tucumán.
Multisectorial y CGT, Desocupados, municipales y la asociación de jubilados.