La década sin López

La causa por la desaparición del testigo es un rompecabezas mal armado. Las piezas están pero nadie las coloca en el lugar preciso para que tengan sentido. Las pistas más valiosas fueron desatendidas. No fue el poder político ni la justicia sino dos periodistas quienes más se acercaron a la verdad sobre el destino del Viejo, como le decían sus compañeras y compañeros.

(La ilustración es obra de Julio de puño y letra, quien estuvo desaparecido entre 1976 y 1979. Años después de su liberación, volcó los recuerdos del terror en 30 manuscritos que guardó en una caja de herramientas. Sus allegados sabían de la existencia de los textos, que Jorge Caterbetti publicó en el libro Memoria Escrita, editorial Marea, 2012).

“No hay nada”, es la respuesta habitual ante la consulta por la investigación judicial sobre el desaparecido testigo de quienes conocen y siguen el expediente. Sin embargo, a una década de su segundo secuestro una mirada profunda del caso requiere de una rectificación: no hay resultados porque pistas y pruebas valiosas sí están plasmadas pero fueron investigadas poco o nada, tarde y mal. Quienes condujeron el caso durante diez años descuidaron las líneas de investigación importantes, aquellas que apuntaban a los beneficiarios directos de la desaparición de López, en detrimento de las más banales o intencionadas para desviar el eje bien lejos de los represores. Sin una firme voluntad política, la responsabilidad es compartida por la justicia y las fuerzas de seguridad, que más bien entorpecieron cualquier avance. Y sobre todo, nunca hubo, a excepción de un período en que estuvo en manos de una secretaría especial a la cual no se le dio continuidad, un criterio de conectar y cruzar los datos. De hecho, un ex policía allegado a Etchecolatz conocía de Pehuajó, donde este torturador fue comisario, a una mujer policía que vivía en la casa frente a la cual se vio por última vez a López. De las comunicaciones del mismo 18 de septiembre surge que este uniformado habló ese día con la esposa de Etchecolatz. Pero los cruces telefónicos para dar sentido a estas pruebas, a diez años siguen pendientes.

Quienes sí cruzaron los datos fueron los periodistas Luciana Rosende y Werner Pertot, y en el marco de la investigación que continuaron luego de la publicación de su libro Los días sin López, dieron con una fuente, que pidió reserva de identidad, que les confirmó en vínculo entre el médico policial Carlos Falcone y la ex policía Susana Gopar, que figura en la agenda de Etchecolatz. Pertot y Rosende sí privilegiaron las líneas relacionadas a tres grupos con capacidad operativa para secuestrar a López:

El entorno de Etchecolatz. Su familia y su círculo íntimo podrían haber asistido o encargado el crimen. El mismo día de la desaparición de López, la mujer de Etchecolatz, Graciela Carballo, se comunica con un ex infante de Marina, Jorge Boynak, cuyo currículum apareció en la celda del genocida, quien el 18 de septiembre de 2006 le envía un mail en el que señala que la declaración de López era falsa. Ese correo electrónico luego fue reproducido por sitios web vinculados a los represores y los servicios de inteligencia. Pero no es la única persona que habla con Carballo ese día. También lo hizo el médico policial Carlos Falcone, quien fue denunciado en la causa por un familiar que lo acusó de haber participado del secuestro de López. Indicó que se había usado su auto para el secuestro y que el cuerpo de López habría sido arrojado al mar en Mar del Plata. El allanamiento a esa casa se hizo tres años más tarde, el auto estaba desmantelado y a la intemperie, encontraron manchas de sangre pero no pudieron extraer huellas ni un perfil genético para poder vincularlo a la desaparición de López. En las escuchas de la causa, Falcone, que figuraba en la agenda de Etchecolatz, no sólo hablaba con la mujer de represor sino que también tenía contactos otros sospechosos. Fue interrogado por el vehículo, que era robado, pero no se le hicieron preguntas sobre la desaparición de López.

Susana Gopar. Era una policía bonaerense que estaba en actividad en 2006. Cinco testigos reconstuyeron la caminata que hizo López la mañana que desapareció, y ese recorrido termina en la puerta de la casa de Gopar, en la avenida 66 “entre la verdulería y Edelap”. La mujer está en la agenda de Etchecolatz. A pesar de los insistentes pedidos de la querella de los letrados Guadalupe Godoy y Aníbal Hnatiuk nunca se allanó la vivienda de Gopar.

La conexión Gopar-Falcone. A partir de información suministrada a Rosende y Pertot por una persona allegada a uno de los sospechosos es posible reconstruir una conexión que no figura en el expediente judicial. Falcone, el médico policial vinculado a Etchecolatz, conocía a Susana Gopar de la época en que ambos vivían en Pehuajó. Según esta fuente, la familia de Gopar había trabajado en el campo de la de Falcone. En Pehuajó, además, Etchecolatz fue comisario durante 1975. La fuente, que pidió reserva de identidad, confirmó además que Falcone y Etchecolatz se conocieron en esa época y en Pehuajó. Así, en la investigación para su libro, los periodistas confirmaron que el ex policía allegado a Etchecolatz conocía de Pehuajó a la policía que vivía en la casa frente a la cual se vio por última vez a López. “El dato aislado cobra dimensión sumado a la compleja red de relaciones que hay entre los sospechosos”, afirma Pertot.

Los policías del Circuito Camps. Otra de las pistas importantes son los represores a los que López nombró en sus testimonios, que casi no fueron investigados en la causa. Uno de ellos es el ex jerarca de la Bonaerense Julio César Garachico, quien también se comunicó con Falcone y desapareció de Puerto Madryn a las pocas semanas del segundo secuestro de López. “Algunas cosas se hacen en forma figurativa en la causa, pero no en la realidad, cuando ordenaron intervenir y escuchar las llamadas de Garachico los espías de la SIDE respondieron que no podían porque no figuraba en la guía telefónica, esto es textual del expediente”, se indigna Nilda Eloy, sobreviviente de la dictadura y testigo junto a López en el juicio que dictó la primera condena a prisión perpetua contra Etchecolatz, que se produjo al día siguiente de que desapareciera el albañil de 76 años. Eloy habla de la misma causa en la que se “buscó” a López –de quien el ex ministro Aníbal Fernández había dicho que podía estar “tomando el té con la tía”– por los dichos de videntes y “mujeres pájaro”, en la cual asignaron todas las escuchas telefónicas de la familia al ex espía Jaime Stiuso y donde el ex ministro de Justicia bonaerense Ricardo Casal presentó para el cuarto aniversario un testigo falso que motivó el enorme e infructuoso operativo en el parque Pereyra Iraola.

Se trata de la misma investigación donde quedaron en evidencia los privilegios de los que gozaban los represores del pabellón de lesa humanidad de la cárcel de Marcos Paz, entre ellos Etchecolatz, a cuyas visitas nadie revisaba y que disponían de telefonía celular. Eloy recuerda que a pesar del aviso que les dio el Servicio Penitenciario Federal, y que motivó un segundo allanamiento esta vez sorpresivo, entre los papeles que le secuestraron a Etchecolatz había uno que decía “hay que lograr que un testigo se desdiga”. El dato, que nunca se tuvo en cuenta, abona la hipótesis de que López se negó a renegar de sus dichos y por eso nunca más volvió a aparecer.

Los penitenciarios bonaerenses. Fueron condenados en 2010 tenían el mismo interés que los policías bonaerenses para que se frenaran los juicios. López estuvo preso en la cárcel de La Plata y podía declarar también contra ellos en el respectivo juicio. En el expediente, hay una línea de investigación que lleva directamente a un ex jefe de Inteligencia del Servicio Penitenciario bonaerense. En el libro, Pertot y Rosende lo mencionan con la letra B e indican que tiene vinculación con otros investigados en la causa, entre ellos el médico policial Falcone, y también con los penitenciarios que iban a ser condenados en 2010.

La inaceptable impunidad

“Es demasiado dolor”, dice la abogada Godoy a PáginaI12 sobre la coincidencia de los diez años del segundo secuestro de López y los cuarenta de la Noche de los Lápices. “La línea más importante para mí sigue siendo la de los penitenciarios, porque tuvieron contacto no sólo con Etchecolatz sino también con militares que estaban preocupados por el enjuiciamiento que estaban sufriendo, además de policías en actividad”, precisa en referencia a la presunta “banda mixta” que desapareció al testigo. Godoy no cifra expectativas en la justicia pero sí en la posibilidad de “quebrar pactos de silencio, que depende de la capacidad que tengamos como campo popular de seguir haciendo el reclamo, como parte de la pelea del movimiento de derechos humanos que a cuarenta años sigue encontrando verdades y reclamando justicia”. A su criterio, esta década deja a López como “la certeza de que había que hacer los juicios, y las consecuencias de no afrontar en democracia las herencias de la dictadura, es la certeza de que la Bonaerense no tiene que existir tal como es”.

Pertot cubría los juicios en La Plata y estuvo el día de la condena a Etchecolatz, el 19 de septiembre de 2006. “Llegaban acordes de The Wall de Pink Floyd de afuera, había gente llorando cuando leyeron la sentencia y recuerdo los comentarios y los carteles de López. En ese momento su desaparición todavía era algo confuso, no lo terminábamos de aceptar, o no sabíamos qué pensar. Ahí todavía tenía la idea de que era algo que se iba a resolver, incluso con cierta velocidad. En algún aniversario, varios años más tarde, pensé, pero entonces, ¿esto va a quedar así? Eso me resulta inaceptable”, dice sobre el caso que reinstaló la percepción colectiva de que se puede desaparecer en democracia.

Seguir preguntando por Julio López en la era macrista

Publicada en La Izquierda Diario, 1 de mayo de 2016.

En unos meses se cumplirán diez años de la segunda desaparición del testigo clave en el juicio contra el genocida Miguel Etchecolatz. Las preguntas que no respondió el kirchnerismo siguen aún vigentes.

 

Hoy no es 18 de septiembre y todavía faltan algunos meses para que se cumplan los diez años de la desaparición de Jorge Julio López. Sin embargo hay quienes seguimos sintiendo en las tripas la ausencia de “el Viejo”, como le decían sus compañeros.

 

Por eso lo recordamos más allá de los aniversarios y porque si hay alguien que supo de resistencias fue él. López sobrevivió a los campos de exterminio, aguantó silenciar sus recuerdos por años a pesar de que lo atormentaban, hasta que tomó coraje para enfrentar a sus verdugos junto a los demás sobrevivientes, que lo fueron rodeando de la contención necesaria para armar el rompecabezas de datos y detalles que había en su cabeza.

 

Sin embargo, las bandas de sicarios del terrorismo de Estado aún activas quisieron demostraron su poder, marcar la cancha y, para eso, lo eligieron como blanco, allí en las afueras de La Plata, vulnerable, a pocas horas de la primera sentencia por genocidio en un juicio de lesa humanidad.

 

No pudieron frenar los procesos que se ponían en marcha para juzgar los delitos cometidos durante la dictadura porque los testigos, abogados y funcionarios no se dejaron intimidar por la ola de amenazas que sobrevino a la desaparición de López. Pero lograron reinstalar la percepción colectiva de que se puede desaparecer en Argentina.

 

Cuatro desapariciones

 

Solía decir su compañera Nilda Eloy que López desapareció cuatro veces: en dictadura, en democracia, en el expediente judicial y por último en los medios, salvo para los aniversarios y cada vez menos.

 

¿Qué queda entonces de su memoria? Durante esta década, cuando el interés mediático comenzaba a declinar hasta el olvido, López sólo aparecía mencionado ocasionalmente en la revista Barcelona, el diario PáginaI12 y el programa Marca de Radio, además de en algún medio alternativo.

 

En 2013 fueron publicados dos libros, En el cielo nos vemos, de Miguel Graziano, quien le permitió a esta columnista escribir su prólogo, y Los días sin López, de Werner Pertot y Luciana Rosende. Con enfoques diferentes, ambos contaron la vida, la circunstancias de su desaparición y la vergonzosa investigación judicial.

 

“Fue víctima de la desaparición forzada, el horror y la cárcel. Sobrevivir fue su primer acto de resistencia”, escribió Graziano. En tanto, la obra de Pertot y Rosende describió la llamada “pista de los penitenciarios”, en referencia a los agentes que López también identificó y acusó en sus testimonios, además del torturador Miguel Osvaldo Etchecolatz. El Servicio Penitenciario Bonaerense casi no había sido tocado desde la dictadura y sus integrantes tenían poder económico y relaciones políticas, según cuenta en el libro la abogada Guadalupe Godoy, quien junto a Myriam Bregman había representado a López en 2006, durante el emblemático juicio contra Etchecolatz.

 

Más allá del ámbito de la militancia política y de derechos humanos, ¿puede medirse el interés general sobre López? A juzgar por la negativa de sendas editoriales a la hora de lanzar una nueva edición de estos libros podría decirse que escaso o nulo. Sin embargo, los autores se dieron la tarea de tomar en sus manos la difusión de sus investigaciones, con un sentido más social que comercial, y de manera “artesanal”. Charlas, viajes y donaciones de sus libros les reportaron un intercambio rico e inesperado con el público, lo cual puso en evidencia que sí hay un persistente y genuino interés por saber más sobre el testigo desaparecido.

 

Uno de ellos recuerda que el día de la presentación apenas podía hablar tres minutos, y ahora podría hacerlo durante tres horas, incluso ante audiencias de 500 estudiantes secundarios.

 

Hubo otros libros, una obra de teatro y desde hace tiempo se está filmando un documental. Su historia sigue siendo elegida para volver a ser contada. Los familiares de López armaron una fundación, Construyendo Conciencia, para crear un sistema de alerta temprana sobre personas desaparecidas. Y La Plata, su ciudad, se prepara con variadas iniciativas callejeras e informáticas para los diez años.

 

El expediente judicial sigue abierto porque López permanece desaparecido y su caso se volvió emblemático por ser el único que desapareció dos veces. Pero agoniza sin resultados. El abogado querellante Aníbal Hnatiuk solicitó incontables veces la realización de los cruces telefónicos sobre llamadas de sospechosos los días previos y posteriores a la desaparición del testigo y desde hace años los investigadores de la fiscalía donde está la causa no pueden hacer funcionar un programa informático para concretar esta esencial medida de prueba. Se excusan en que dependen “de otros”, tales como la Policía o las compañías telefónicas que no responden e incluso en que el cambio de gobierno modificó un equipo de trabajo que, en realidad, nunca logró nada.

 

Lecturas

 

Los alertas de Google hace tiempo que no arrojan noticias sino menciones en artículos referidos a los desaparecidos en democracia. De pronto, la mirada se detiene al ver su nombre en Clarín. Una carta de lectores recuerda que “ya nadie reclama por Julio López”. Entonces sigue ahí, su causa moviliza cada vez menos en las calles. Pero está en el imaginario colectivo, quizá en ese parnaso de mitos donde figuran las muertes de Alfredo Yabrán, la secretaria de Emir Yoma, el hijo del ex presidente Carlos Menem, donde el denominador común es el misterio.

 

El lector al que Clarín le publicó la carta el 21 de abril recuerda que “cuando en 2006 condenaron a Etchecolatz por crímenes de lesa humanidad, la seguridad del único y gran testigo, Julio López, quedó a cargo del gobierno de entonces. Al poco tiempo, desapareció”, y se pregunta “¿qué habrá detrás de esta misteriosa desaparición?”. A continuación plantea una serie de interrogantes que bien pueden ser útiles a la hora de pasar revista sobre el caso. Dice el lector que:

 

- “… Los familiares no reclaman ante las autoridades…”. Pero lo hicieron en su momento, a su manera, fueron recibidos por funcionarios que les prometían abordar el asunto como un “tema de Estado”. Ellos, que le echaban la culpa a “la política” por la segunda desaparición de “Tito”, como lo llamaban en familia, confiaron en los funcionarios. Pero fueron defraudados, el Estado no se hizo cargo. De las últimas conversaciones con su hijo Ruben surge algo de resignación por la falta de respuestas durante diez años.

 

- “… Las organizaciones de derechos humanos ignoran esta desaparición…”. No todas, las más afines al anterior gobierno sí, incluso Hebe de Bonafini se permitió dudar del testimonio de López. En cambio, son las organizaciones reunidas en el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia y Justicia Ya! las que mantienen vivo el reclamo y la movilización por su aparición con vida y el castigo a los culpables, son las que organizan cada marcha del 18 de septiembre, son sus abogados los que siguen querellando en la causa. De hecho, la enorme luchadora que fue Adriana Calvo le respondería al lector de Clarín que lo que sucedió con López fue “una mezcla explosiva de inoperancia, encubrimiento y complicidad” por parte de los funcionarios judiciales y las fuerzas de seguridad que investigaron el caso.

 

- “… La Justicia nunca investigó este delito imprescriptible…”. Lo hizo pero siempre tarde, mal, dispersando recursos en pistas absurdas y descuidando o ignorando las vinculadas a las bandas de represores, retirados y en actividad, que pudieron haberse complotado para hacerlo desaparecer. La Justicia actuó para terminar encubriendo el caso hasta llevarlo a la actual impunidad.

 

- “… El Legislativo nunca hizo una mención…”. Casi nunca, pero por estos días la diputada Myriam Bregman (PTS-FIT) presentó un proyecto de apertura de los archivos de inteligencia del Estado relacionados al caso López, que podría ser tratado en breve en la comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.

 

- “… Y el actual gobierno ni lo tiene en cuenta…”. Muy cierto, como tampoco lo mencionó jamás la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, no así su marido que lo llamó “compañero López” pero diluyó su responsabilidad al decir que era responsabilidad de todos “encontrarlo”. Néstor Kirchner, en definitiva un animal político, comprendió enseguida el mensaje y acaso por eso ordenó a su tropa no hablar de “desaparecido en democracia”. Ahora bien, el lector le pregunta a Macri si “¿tendrá el coraje, las convicciones y el compromiso para investigar el caso?”

 

Es una excelente pregunta que podría tomar el fiscal federal Marcelo Molina, a cargo del expediente judicial, para plantear ante los funcionarios del ministerio de Justicia con quienes está a punto de tener un encuentro porque, al parecer, habrían mostrado “interés por la causa”.

 

Suena por demás inverosímil para un gobierno de este signo político, pero esto no debe frenar el imprescindible ejercicio de seguir preguntando. Y más aún sobre nuestro doble desaparecido, el viejo López.

Original en LID

Exigen al Estado abrir los archivos sobre Julio López

f0ba2bfd8f936a77d3b146acfe9443c7_XL[1]La apertura de los archivos del Estado no es una consigna vacía. A nueve años de la desaparición de Jorge Julio López –sobreviviente de la dictadura y testigo en la causa que condenó al genocida Miguel Etchecolatz– fue presentado en el Congreso un proyecto de ley que exige la apertura de los archivos en poder del Estado referidos a este desaparecido. López es uno de los casi 200 que nunca más aparecieron en democracia, pero es el único que desapareció dos veces, el  27 de octubre de 1976 y el 18 de septiembre de 2006, el día en que escucharía los alegatos durante el juicio contra el represor que lo había secuestrado. La diputada nacional Myriam Bregman (PTS-FIT), impulsora de la norma, enumeró los casos en los que ya comprobaron de manera concreta la elaboración de informes secretos por parte de los agentes de Inteligencia de diversos organismos del Estado, infiltrados en organizaciones sindicales, sociales y políticas. Y junto a los participantes de la audiencia pública coincidió en que se trata de una práctica de la dictadura que siguió sin pausa durante la democracia. “Bajo los gobiernos constitucionales las fuerzas armadas y de seguridad jamás abandonaron el método de la desaparición de personas, así lo hicieron en La Tablada, con Miguel Bru, y tantos otros”, afirmó Bregman.

“Hemos demostrado que los archivos de la dictadura existen, en la causa de Alejandrina Barry la SIDE nos envió los que tenía guardados desde el año ’74. Pero mucho más cerca en el tiempo nos consta que la SIDE y las agencias de inteligencia de los distintos organismos del Estado también tienen acumulada información de estos años, seguramente tienen sobre (el genocida Miguel) Etchecolatz y Julio López”, arrancó Bregman luego de mencionar a todas los referentes políticos y de derechos humanos que estaban presentes. “En nuestra denuncia conocida como Proyecto X demostramos que tenía información completa sobre muchos de los que estamos aquí, hay datos sobre viajes de Cortiñas a Trelew, y como el ejemplo del compañero de la CCC que estaba fichado y le seguían imputando causas a pesar de que estaba fallecido. Ahí probamos que la Gendarmería tiene información de todos los que militan”, agregó.  Cuando habían pasado siete meses de la desaparición de López, desde Justicia Ya La Plata ya denunciaban que el informe de la SIDE en el expediente judicial se había basado en datos de la guía telefónica y preguntas genéricas a los vecinos. “El que comandaba la elaboración de esos informes era el ex agente Antonio Stiuso, tratando de encubrir a la Policía Bonaerense y a los demás responsables de la desaparición de López”, dijo Bregman.

La audiencia pública para presentar el proyecto de ley que exige la apertura de los archivos en poder del Estado referidos a la desaparición de Jorge Julio López contó con la presencia de María del Carmen Verdú (Correpi), Carlos Zaidman (Multisectorial La Plata), Elsa Pavón (Asociación Anahí), Nora Cortiñas (Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora), Pablo Pimentel (APDH La Matanza), Sebastián Iacoponi (Izquierda Revolucionaria), Graciela Rosenblum (LADH), Nicolás Tauber (Liberpueblo), Patricia Walsh (diputada mandato cumplido y querellante en la causa ESMA), Claudia Ferrero (Apel), Carla Lacorte, Jorge Sobrado, Gloria Pagés, Luis Bonomi (Ceprodh), Christian Castillo (PTS), Ana Laura Lastra (comisión interna Indec), Enrique “Cachito” Fukman (AEDD) y despedidos de Coca Cola y LAN.

Nicolás del Caño, coautor del proyecto, envió un saludo por estar de viaje, al igual que Pablo López (PO). También enviaron su mensaje el diputado Ricardo Cucovillo y Juan Carlos Zabalza, al igual que Nilda Eloy y María Laura Bretal desde La Plata, Mirta Baravalle y Elia Espen (Madres Línea Fundadora), Roberto Gargarella, Félix Dïaz, Daniel Stragá, Liliana Mazea, Hilda Pressman, Natalia González Seligra y Graciela Ledo.

Bregman mencionó como paradigmático del espionaje para mantener esos archivos estatales el caso de Américo Balbuena, oficial de Inteligencia de la Policía Federal que estuvo una década infiltrado en la agencia Rodolfo Walsh, y destacó que esa causa judicial está en el juzgado federal 12 de Sergio Torres y la tienen “paralizada con la excusa de que el Consejo de la Magistratura no envía los fondos para hacer un peritaje de las computadoras” que usó el espía. “Todo esto demuestra que se hace inteligencia sobre las organizaciones sindicales, sociales y políticas, y es impensado que apenas se iniciaba el primer juicio luego de que fueran anuladas las leyes de Obediencia Debida y Punto Final en La Plata en 2006 la Gendarmería, la SIDE y el 601 no iban a estar haciendo inteligencia ahí”, dijo la diputada del PTS en el Frente de Izquierda. “Hasta hace poco el 601 tuvo infiltrado a Raúl Tarifeño en el MST de Neuquén, iba a todas las reuniones con los desocupados y los trabajadores de Zanon”, recordó. La abogada, una de la fundadoras del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, destacó que otra respuesta “sugestiva” de la SIDE cuando pidieron informes sobre el juicio a Etchecolatz fue responderles con un dossier de cada uno de los querellantes en el siguiente proceso de lesa humanidad, el que condenó al capellán Christian Von Wernich. “Estos juicios estaban siendo monitoreados”, dijo. “La mecánica era inversa, cada vez que los querellantes descubríamos una prueba que vinculaba a los miembros de alguna fuerza de seguridad con la desaparición de López, recién ahí los organismos de inteligencia del Estado blanqueaban la información que tenían, esto es porque llevaban investigaciones paralelas”, agregó.

Sobre López, la diputada recordó que luego de seis meses de su desaparición el ex presidente Néstor Kirchner dijo por cadena nacional: “Todo hace pensar que ha actuado lo que se conocía como mano de obra desocupada, elementos paramilitares o parapoliciales que quieren amedrentar y lograr su objetivo de mantener la impunidad, reclaman imponer una amnistía”. Por lo tanto, Bregman enfatizó: “Cuando decimos que las fuerzas armadas y de seguridad están involucradas en la desaparición de López no estamos haciendo una suposición, en ese momento el presidente de la Nación reconoció que fueron ellos los que lo secuestraron. Habría que analizar por qué con eso no se hizo nada, y por eso este caso demuestra el doble discurso de autodenominarse gobierno de los derechos humanos y por otro lado reconocían que actuaban estas patotas”. De esta manera,  “el camino quedó allanado para que la Federal y la Bonaerense empantanaran la causa para que nunca sepamos qué pasó con Julio”.

Antes de terminar, Bregman afirmó que ahora los juicios por delitos de lesa humanidad se encuentran en una nueva disyuntiva. “Si aquella amnistía que pretendieron imponer no se logró fue porque nosotros dimos una respuesta contundente, enfrentamos el terror que querían imponer saliendo a la calle con la Multisectorial de La Plata, Berisso y Ensenada y el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, de manera ejemplar. Si los juicios de lesa humanidad siguen en pie no es por una concesión del Estado sino porque supimos enfrentar aquella ola de amenazas que siguió a la desaparición de López”, dijo. En ese momento mencionó que estaba presente Patricia Walsh, quien como diputada logró la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final.

“Hubo tres conferencias, en la fundación Hannah Arendt, en la Universidad San Andrés y en la Universidad Católica, buscan un nuevo punto final, acompañado por editoriales del diario La Nación que propician el diálogo, que no es otra cosa que reconciliación con los genocidas”, expresó. Y a su criterio, el objetivo es que no se abran nuevos procesos, que apenas sigan los que ya están sumando condenas contra Etchecolatz o Menéndez, pero esencialmente pretenden frenar los procesos a los responsables civiles de la dictadura. “No quieren que avancen las causas contra Blaquier, Papel Prensa, editorial Atlántida, Massot”, enumeró.

A pesar de haber sufrido recientemente un accidente, Cachito Fukman mantuvo su contudencia habitual. “A nueve años la única respuesta del Estado fue el encubrimiento y la impunidad. Tres días después de la desaparición de Jorge, Aníbal Fernández no dijo ‘todo el Estado está buscándolo’ sino ‘estará tomando el té en la casa de la tía’, es decir estuvo encubriendo a aquellos que lo secuestraron. Felipe Solá, entonces gobernador de la provincia de Buenos Aires, luego de una marcha tremenda en La Plata bajo la lluvia donde se nos erizaba la piel porque no podíamos creer que gritábamos aparición con vida y castigo a los culpables, pero cuando le exigimos que pase a disponibilidad a todos los miembros de la Policía Bonaerense que venían desde la dictadura su respuesta fue ‘tengo que garantizar la gobernabilidad’, o sea ‘tengo que garantizar la impunidad. Y el entonces presidente Kirchner, dos semanas después dijo ‘tenemos que buscarlo a Julio’, o sea entrega la responsabilidad de la aparición de López al pueblo argentino, se la saca de encima. La actual presidenta Cristina Fernández, nunca lo nombró”, expresó este sobreviviente de la dictadura. A su criterio, la justicia “también garantizó la impunidad porque cada pista seria quedaba empantanada”. Por eso, dijo, “no hay razón para que ningún diputado no apoye la apertura de los archivos, porque en este país los secretos son sólo para el pueblo”. Poco antes había mencionado que durante la investigación judicial hubo personas vinculadas a los sospechosos que tuvieron acceso al expediente.

A su turno, Nora Cortiñas, también criticó a Aníbal Fernández por aquellas declaraciones sobre el paradero de López “tan despreciativas como las que hace ahora sobre cada desaparición, cada golpiza a los trabajadores, sobre Félix Díaz”. Para esta Madre de Plaza de Mayo, “nunca hubo intención de encontrarlo, y menos de castigar a los responsables”.  Cortiñas dijo que “estos servicios que no son de inteligencia, son espías, y hacen archivos, hay que abrir por todos lados”. Y relató que el ministro de Defensa le envió una carta que ella misma le había escrito a la consuegra de Juan Gelman pero que le habían robado los militares durante la dictadura. “Cómo no van a tener todo sobre los desaparecidos”, afirmó. “Los políticos no se comprometen con estos temas, como no lo hacen con las cuatro comunidades que hace meses están esperando que la Presidenta las reciba”, agregó. Luego de hacer alguna broma con su edad, la emblemática referente de lucha por los derechos humanos redobló la apuesta y sugirió que habría que pedir también la apertura de los archivos de la Iglesia, porque “varios de sus miembros fueron partícipes de la dictadura y de la entrega de los bebés robados”. Antes de irse, emocionó a todos y todas al señalar: “Apúrense con estas iniciativas, las Madres ya estamos llegando a los noventa, ahora a la marcha de los jueves voy yo sola con la bandera de la Fundadora”.

María del Carmen Verdú se remontó a los primeros días de la democracia al recordar que el primer desaparecido fue un joven de apellido Franco, el 24 de diciembre de 1983 en Rosario. Y recordó el llamado “libro azul” que elaboró el ex ministro del Interior Carlos Corach con informes de inteligencia entre 1991 y 1996, con detalles sobre las marchas de jubilados, por Walter Bulacio y de estudiantes contra la ley federal de Educación. “En el juzgado de Liporaci, en una causa bizarra sobre quiénes financiaban a Correpi y al PTS, encontramos grabaciones de reuniones que incluso se habían hecho en el living de la casa de compañeros, por eso nos consta que nos espían”, dijo. Verdú relató, además, que hace pocas semanas un fiscal de Neuquén presentó los elementos de prueba para imputar a una comunidad mapuche “que tiene el descaro de reclamar la restitución de las tierras ilegalmente ocupadas por Benetton”, y entre los papeles “se le fue un legajo con informes de inteligencia sobre asambleístas de la zona que pelean contra la minería extractivista y sobre miembros de la comunidad mapuche”.

La fundadora de Correpi enfatizó que “la desaparición de Jorge Julio López visibilizó a la existencia de desaparecidos en democracia, es la confirmación de que se trata de una práctica que el Estado argentino no cesó de utilizar en diciembre de 1983”, y describió que de los más de 200 casos que cuenta su organización la mayoría son “pibes trabajadores, hijos de trabajadores, vistos por última vez cuando fueron subidos a un patrullero, y terminaron asesinados en la tortura porque ‘se les fue la mano y se les quedó’, como dicen ellos mismos, y entonces hacen desaparecer el cuerpo y las constancias administrativas”. Para Verdú “hay que recordar a los desaparecidos de los ’90 en Mendoza, Garrido, Baigorria y Guardatti; Gómez, Basualdo y Gorosito en Entre Ríos; Andrés Núñez en el ’90, Miguel Bru en 1994; la docena de desaparecidos en Comodoro Rivadavia, entre ellos Iván Torres; Facundo Rivera, en Córdoba; Luciano Arruga, Daniel Solano, un caso particular porque fue selectiva, lo fueron a buscar porque era un trabajador que estaba empezando a organizarse en un ámbito muy explotado como es la cosecha de la fruta”. En este contexto, la abogada del caso Bulacio recordó que la Presidenta dijo en 2013 “hoy afortunadamente nadie puede desaparecer de ningún lado”, pero agregó que “la desmiente nuestra larga lista”.

Claudia Ferrero destacó que la presentación masiva de habeas corpus por López, en su mayoría rechazados, con el agravante de que en algún caso les hicieron pagar las costas, una nefasta tradición de los jueces de la dictadura. Y recordó que su compañero del Partido Obrero, el dirigente Pablo Rieznik fallecido recientemente, fue parte de la lucha por la aparición de Jorge Julio López.

Pablo Pimentel y Carlos Zaidman señalaron la importancia de que este proyecto sea tratado y lamentaron la ausencia de otros legisladores, sobre todo los miembros de la comisión de Derechos Humanos. Graciela Rosenblum saludó el proyecto y destacó como señal de impunidad la reciente liberación de los integrantes de la Triple A acusados en la causa de Graciela Pane.

Patricia Walsh denunció que el 40 por ciento de los genocidas condenados tiene prisión domiciliaria, y, contra el discurso gubernamental, señaló que lo que es ejemplar en este país es la lucha, y no el Gobierno ni su pretendida defensa de los derechos humanos. Por su parte Nicolás Tauber apoyó y llamó a impulsar el proyecto y la movilización por López.

Finalmente, Christian Castillo recordó a Adriana Calvo que fue la primera en denunciar que López estaba desaparecido. “Daniel Scioli se jacta de la Policía Bonaerense, la misma que desapreció a Julio y la misma que tiene entre sus hombres a asesinos de gatillo fácil como Salmo (el policía que baleó a nuestra compañera Carla Lacorte), que hasta hace poco seguía en funciones; o a los responsables de la Masacre de la Comisaría 1era de Quilmes, masacre en la que la Bonaerense fue, como en el caso López, la que estuvo a cargo de la investigación”, precisó el dirigente del PTS.

TEXTO COMPLETO DEL PROYECTO DE LEY – Bregman-Del Caño

APERTURA Y PUBLICIDAD DE LOS ARCHIVOS REFERIDOS A LA DESAPARICIÓN DE JORGE JULIO LÓPEZ EL 18/09/2006

 

Artículo 1°.-  El Poder Ejecutivo Nacional deberá disponer la inmediata apertura y publicidad de los archivos, informes, expedientes y/o todo tipo de documentación producidos y/o almacenados por los organismos que se detallan a continuación así como de cualquiera de sus cuerpos especiales y de inteligencia: Policía Federal Argentina, ex Secretaría de Inteligencia del Estado y de todos aquellos organismos que la hayan sucedido, Servicio Penitenciario Federal, Gendarmería Nacional y Prefectura Nacional, como así también la información del mismo tenor producida por las Fuerzas Armadas de la República Argentina; ello desde el primer día de junio de 2006 hasta la actualidad, en lo concerniente a:

a) el proceso judicial en el cual se juzgaron las responsabilidades de Miguel Osvaldo Etchecolatz (causa 2251/06, “Etchecolatz Miguel Osvaldo s/homicidio calificado”)

b) la investigación judicial que tramita bajo el número de causa 16.060 del Juzgado Federal N° 1 de la Ciudad de La Plata, caratulada “López, Jorge Julio s/ Desaparición forzada de personas”.

c) toda otra investigación y/o actuación de cualquier otra índole que existiere en relación a la desaparición forzada de Jorge Julio López producida el 18 de septiembre de 2006.

A través del Poder Ejecutivo Nacional se solicitarán al Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires los archivos, informes, expedientes y/o todo tipo de documentación producidos y/o almacenados en lo concerniente a las causas detalladas en los puntos a), b) y c) con relación a la Policía de la Provincia de Buenos Aires incluyendo todos sus cuerpos especiales y al Servicio Penitenciario Bonaerense.

 

Deberá incluirse sin excepción alguna toda la información clasificada como pública así como la reservada y la secreta.

Artículo 2º.– La apertura y publicidad de archivos, expedientes y documentación dispuesta en el artículo precedente, deberá contemplar las actividades realizadas, ordenadas y/o sugeridas por parte de miembros del Estado ya sea nacional, provincial o municipal -incluyendo los pertenecientes a órganos de inteligencia-, con respecto a la actividad de los querellantes, testigos y todo otro colectivo o individuo que haya tenido participación en el marco de las causas judiciales antes mencionadas.

Si existiese información que hubiere sido remitida a cualquier otro órgano del Estado, incluyendo a los antes mencionados, deberá indicarse ese destino detalladamente y procederse de igual manera a lo establecido en este artículo respecto a su apertura y publicidad.

Artículo 3º.- Sancionada la presente ley el Poder Ejecutivo Nacional deberá entregar a la Cámara de Diputados de la Nación toda la información emanada en virtud de los artículos 1° y 2º de la presente, con un plazo no mayor a los treinta días.

La Cámara de Diputados de la Nación deberá resguardar, almacenar, clasificar, conservar y dar a conocer todos los archivos, nóminas, expedientes y demás documentación que sea remitida por el Poder Ejecutivo Nacional según lo dispuesto por los artículos 1° y 2º de la presente ley.

Artículo 4°.- Tendrán acceso irrestricto y sin limitación alguna al conjunto de los archivos, nóminas, expedientes y toda la documentación citada en los artículos precedentes:

a) los querellantes en las causas mencionadas en el artículo 1º de la presente ley;

b) los organismos de derechos humanos públicamente reconocidos;

c) toda persona física o jurídica que tenga un interés legítimo en el acceso a la información recabada o bien se encuentre considerada en la información surgida.

Artículo 5°.- Quedan excluidos de los alcances del artículo 4° los integrantes de las Fuerzas Armadas, de Seguridad, y de inteligencia de todas las jurisdicciones existentes en el territorio nacional, incluyendo a quienes se encuentren en situación de retiro, al personal civil de cualquiera de estos órganos, así como a cualquier persona vinculada a delitos de lesa humanidad.

Artículo 6°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

FUNDAMENTOS

Sr. Presidente:

A nueve años de la desaparición del testigo y querellante en causas de lesa humanidad Jorge Julio López, traemos a consideración el siguiente proyecto de ley a fin de disponer la apertura de los archivos, informes, expedientes y/o todo tipo de documentación  que estén en poder de la Policía Bonaerense, la Policía Federal Argentina, el Servicio Penitenciario Federal, el Servicio Penitenciario Bonaerense, el Ejército, la Fuerza Aérea y/o la Armada Argentina, así como los archivos pertenecientes a la ex Secretaría de Inteligencia del Estado y los organismos que la han sucedido, relacionados con la segunda desaparición forzada de Julio López.

Se deberá incluir la información que haya sido clasificada como pública como así también como reservada o secreta. Dada la gravedad y trascendencia social que tiene la desaparición de López, no hay fundamentos para aguardar los plazos establecidos por la legislación respectiva ni ninguna restricción de otro tipo. Hay que saber cuál fue el destino de Julio y quiénes fueron sus secuestradores.

En el marco del primer juicio oral iniciado desde la nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, el 18 de septiembre de 2006 se produjo la segunda desaparición forzada de Jorge Julio López, militante secuestrado, desaparecido y torturado durante la dictadura cívico militar en el llamado “Circuito Camps”. La declaración testimonial de López fue relevante para acreditar la participación directa del ex comisario bonaerense Miguel Osvaldo Etchecolatz en el plan genocida que tuvo lugar en la Argentina entre 1976 y 1983.

Al momento de la segunda desaparición de López, en la policía de la Provincia de Buenos Aires aún quedaban en funciones 9.026 efectivos que habían actuado durante la dictadura en la cual había ocurrido la primera desaparición del querellante.

Desde un primer momento, numerosos organismos de derechos humanos han señalado la gravedad del hecho, en contraposición al encubrimiento que lentamente se fue tejiendo desde distintos estamentos del Estado provincial y nacional, incluyendo al Poder Judicial. Se abonó durante largo tiempo la teoría de que “López se hallaba perdido”, instruyéndose una causa por averiguación de paradero, perdiendo así un valioso tiempo en la investigación. Fue necesaria un dura pelea de los organismos intervinientes en la causa para que meses después se reconozca la desaparición forzada de López  y pase así la causa a la Justicia Federal, donde su búsqueda y la de los responsables de su desaparición no corrió mejor suerte.

Cambios de jueces, de secretarías, decenas de líneas de investigación, incluso las más inauditas que incluyeron las señaladas por brujos, videntes y “pendulistas”, fueron constituyeron lo que hemos denominado como “monumento a la impunidad”.

Es especialmente recordada la aseveración de Adriana Calvo (que fuera miembro de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos), sobreviviente del “Circuito Camps”, querellante y testigo clave en decenas de causas, quién aquella mañana cuando Julio no llegó al tribunal donde tendrían lugar los alegatos contra Etchecolatz, rápidamente sentenció: “Julio está desaparecido”.

Pero tuvo lugar una verdadera política de Estado consistente en negar lo realmente ocurrido, en lo que terminó constituyendo un aberrante acto de encubrimiento de los secuestradores de López. Recién en el año 2008, la Cámara Federal de La Plata apartó a la Policía Bonaerense de la investigación que durante esos primeros años estuvo incluso en manos del actual jefe de la fuerza, Hugo Matzkin, quien por entonces fuera jefe del área de investigaciones complejas.

Vale recordar, que luego la investigación estuvo durante años dirigida por un juez federal de La Plata proveniente de la dictadura como Manuel Blanco, lo cual no hace más que sumar otro absurdo en el marco de la deliberada impunidad y parálisis construida en torno al hecho. La conclusión es que al día de hoy no existe aún un solo imputado por la desaparición, lo cual ha llevado a los organismos querellantes a presentarse ante la Comisión Interamericana por los Derechos Humanos.

Han abundado las evidencias que involucraban en la desaparición de López a miembros retirados y en actividad de fuerzas de seguridad y penitenciarias con estrechas relaciones con genocidas, entre ellos algunos de los detenidos en el pabellón de lesa humanidad de la Unidad Carcelaria de Marcos Paz, donde entre otros se hallaba detenido Miguel Etchecolatz, en condiciones de una flexibilidad e informalidad tal, que luego de varios años han ameritado el procesamiento de seis efectivos del Servicio Penitenciario Federal debido a que su conducta imposibilitó desarrollar diversas líneas de investigación.

Es evidente que es el Estado Nacional es quien tiene que dar respuestas alrededor de la desaparición forzada de Jorge Julio López y es por ello que deberá arbitrar todas las medidas tendientes a informar qué es lo que ha ocurrido con el testigo. El Gobierno Nacional tiene las herramientas para disponer la apertura total e irrestricta de toda la información, y por su intermedio también, de solicitar a la Gobernación de la provincia de Buenos Aires disponga idéntica medida dada la gravedad del caso.

No puede volver a repetirse lo que ocurre con los llamados “archivos de la represión”. Al día de la fecha, las causas en curso por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico militar cuentan como prueba casi exclusiva con el testimonio brindado por los sobrevivientes de los centros de tortura y exterminio, como es precisamente el caso de Julio López. Asimismo la mayoría de los crímenes cometidos por la organización paraestatal denominada “Triple A” continúan impunes.

Solo en forma aislada, esporádica, se han encontrado esos archivos tanto en manos privadas como en las propias dependencias del Estado. Pero a la par, en todos estos años se ha evidenciado la falsedad de la afirmación de que los archivos de la represión no existen.

Un ejemplo contundente es el que se acreditó en el tramo de la causa ESMA, expediente N° 14217/03 que continúa en etapa de instrucción en el juzgado Federal N°12, en los casos de Juan Alejandro Barry y Susana Mata, cuando ante el requerimiento de su hija Alejandrina Barry, querellante en la causa, la propia Secretaría de Inteligencia (ex SIDE) confirmó poseer información sobre Juan Alejandro Barry, su hermano Enrique Barry y su compañera Susana Mata, todos ellos desaparecidos. Tanto era el interés de los represores por conservar todo en forma absolutamente documentada, que hay pruebas fehacientes de que incluso se microfilmaron los documentos. Esto se probó tanto en la causa ESMA como en otras.

Entendemos que en esta tónica, mal podría entonces no existir información secreta sobre la desaparición de López ocurrida en el año 2006, en la cual indefectiblemente han participado miembros de las fuerzas del Estado, tanto en su desaparición como en la investigación posterior.

En ese sentido, no es menor el escabroso hecho descubierto por los organismos  en una actividad encabezada por Chicha Mariani el día 12 de agosto de 2006 reclamando por su nieta apropiada Clara Anahí Mariani, donde estuvo presente Julio López, y en las fotografías tomadas en el acto se ve cerca de él a un personaje que luego se identificó como el ex policía bonaerense, Oscar Chicano, que evidentemente se dedicaba a seguir todos sus movimientos de López.

Destacamos que en nuestro proyecto reclamamos también la apertura de archivos a las Fuerzas Armadas porque por ejemplo hoy en el Ejército Argentino, reportan más de 1.400 agentes de inteligencia con lo cual no hay que descartar que posean valiosa información.

En el presente proyecto se propone que los organismos de derechos humanos de reconocido funcionamiento en el país tengan acceso irrestricto a esa información junto con los demás interesados directos en el caso, planteándose la lógica excepción de los integrantes de las Fuerzas de Seguridad y Fuerzas Armadas y de todas aquellos victimarios que se encuentren involucradas en el hecho investigado.

Es necesario que se produzcan medidas efectivas para dar con esa información que termine con la escandalosa parálisis de la causa 16.060 que investiga la desaparición de López, de allí la imperiosa necesidad de una ley nacional que lo establezca.

Por las razones expuestas y las que brindaré oportunamente, es que solicito la aprobación del presente proyecto de ley.

Tito ya tiene obra de teatro

El autor es un joven mendocino, el director vive en Chubut y los actores del grupo Picaporte ya estuvieron de gira. Tito, relato del que ocultó su vida y murió para contarla, es la primera obra de teatro sobre el desaparecido Jorge Julio López.

http://www.infojusnoticias.gov.ar/nacionales/julio-lopez-sus-testimonios-judiciales-en-una-obra-de-teatro-3959.html

Siete años sin Julio

Otro aniversario, los mismos interrogantes, algunas nuevas respuestas, dos libros que reconstruyen su historia y la inconducente investigación judicial de su desaparición, el 18 de septiembre de 2006.

Más información sobre todas las pistas e hipótesis que los poderes del Estado arruinaron e ignoraron. Hoy marchan los organismos de derechos humanos en La Plata y Buenos Aires, siguen las presentaciones de habeas corpus masivos, persiste la misma indignación por la impunidad del caso. Un juez que no sólo se niega sistemáticamente a profundizar las pistas válidas sino que critica al testigo desaparecido.

La fiscalía afirma que tiene “expectativas reales y concretas” de obtener resultados entre las 17 pistas subsistentes, luego de cerrar otras 34, y de los cruces de 5 millones de llamadas telefónicas. Pero las dos fuerzas a cargo de la tarea no se ponen de acuerdo, la Federal y la PSA, porque sigue sin haber una orden política que las ponga en caja. Y la propia fiscalía denunció que el ministerio de Defensa y el Ejército les niegan colaboración. “Otra de las investigaciones en curso tiene en foco a un ex integrante del Ejército, cuyos antecedentes están siendo estudiados con información requerida al Ministerio de Defensa, pero, indica la fiscalía, “los resultados aun no se han completado, dado que los envíos de legajos -desde la cartera ministerial y desde el Ejército- se efectúan de manera esporádica”. La Unidad Fiscal refiere que “no ha podido acelerar la tarea pese a los insistentes reclamos” porque sobre todo ha quedado “a merced de los tiempos que la mencionada institución castrense (el Ejército) imprime, con la preocupación que esto entraña”, dijo el fiscal Marcelo Molina.

http://fiscales.gob.ar/lesa-humanidad/julio-lopez-informe-especial-a-siete-anos-de-su-desaparicion/

Además, a nuestra columna de opinión sumamos el texto completo del prólogo escrito para En el cielo nos vemos, el libro de Miguel Graziano. Y aportamos imágenes y sonidos. (foto Helen Zout)

La voz del testigo desaparecido cuando dio su testimonio contra el genocida Etchecolatz (radioclips de Adrián Gargiulo para el 6to.aniversario en Marca de Radio y para el 7mo.con más testimonios)

http://www.adrianameyer.com.ar/index.php/am-x-am/item/78-en-el-nombre-de-julio

http://www.adrianameyer.com.ar/index.php/am-x-am/item/128-a-siete-a%C3%B1os-de-su-desaparici%C3%B3n-l%C3%B3pez-est%C3%A1-en-marca-de-radio

Y el bloque del programa Mañanas Informales, que conducía Jorge Ginzburg, donde por primera vez reclamaron por su aparición con vida su hijo Gustavo, su abogada Guadalupe Godoy y sus compañeras sobrevivientes y testigos como él contra el genocida Etchecolatz.

“Hasta ayer pensaba que se podía haber ido de casa por un mal momento o por la emoción, pero hoy ya son tres días que no está”, dice su hijo y se le quiebra la voz. “De haber sido secuestrado quiere decir que estos mafiosos del proceso pueden seguir…”, dijo Ginzburg sin poder terminar la frase.  

http://www.youtube.com/watch?v=zqGCItCznC0

Masiva presentación de habeas corpus, explicada por Myriam Bregman

http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-229193-2013-09-17.html

Video de Infojus

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=QOu-Ejko9qk

SIETE AÑOS SIN JULIO

Quienes investigaron durante años la desaparición del testigo Jorge Julio López alguna vez se preguntaron si había alguien preocupado hace siete años, cuando aún no buscaban con intensidad. ¿Habrá alguien ahora riendo porque le salió el crimen perfecto? Es muy probable porque en medio de demasiadas preguntas sin respuesta hay dos certezas. López sigue desaparecido sin que haya ni un solo rastro de su cuerpo, y tampoco hay ningún responsable siquiera imputado por su secuestro.

Ante esto, puro dolor y desazón, se abren las hipótesis sobre los sospechosos. Uno de los méritos del libro de Luciana Rosende y Werner Pertot, Los días sin López, es haberlas ordenado y expuesto con claridad, tras un minucioso trabajo sobre el enmarañado expediente judicial. Las tres líneas de investigación, que se conectan entre sí, son: el entorno personal de Miguel Osvaldo Etchecolatz, el entorno policial del represor y los penitenciarios, estos dos últimos interesados en silenciar al testigo y, eventualmente, frenar los juicios. Tras afirmar que estas son pistas que merecerían profundizarse si la causa no estuviera congelada, Rosende y Pertot afirman algo en lo que coincidimos plenamente: “La investigación poco y mal, con la lentitud de un caracol, trabajada por la inoperancia o la complicidad de la Bonaerense, por la desidia de jueces y fiscales que tenían la obligación de impulsarla, y sin un apoyo decidido del poder político”.

La mayoría de los protagonistas de esta historia coinciden en que a López lo desaparecieron para intentar frenar o condicionar los juicios por delitos de lesa humanidad. Está comprobado que se fue de su casa por su voluntad y que nadie vio que lo hayan metido por la fuerza en algún vehículo. Suponen que alguien conocido suyo lo llevó a un encuentro, amenazado o engañado, donde lo habrían forzado a desdecirse de su testimonio en el juicio contra Etchecolatz. Pero el Viejo, como le decían sus compañeras en la querella de Justicia Ya!, se habría negado y por eso lo hicieron desaparecer. En cualquier caso, tuvo su incidencia en los procesos por delitos cometidos durante el terrorismo de Estado. Además de la ola de amenazas a fiscales, jueces, abogados y testigos que tuvo lugar luego de la desaparición de López, el nunca bien investigado movimiento de apoyo a los represores reclamó amnistía en un acto en Plaza San Martín. Fue entonces, el 29 de diciembre de 2006, que Néstor Kirchner usó por segunda vez la cadena nacional para dejar sentado que haría todo lo contrario: reforzaría la política de enjuiciamiento por delitos de lesa humanidad.

Mientras tanto, López está presente. Cada vez que en Argentina aparece un cadáver sin identificar mandan a pedir el ADN del testigo desaparecido. Así sucedió recientemente en Esquel, y finalmente volvió a dar negativo. En este sentido, los funcionarios del caso mantienen un doble discurso. Lo que más quisieran es cerrar la causa López, pero dicen que “nunca será archivada”. Aunque si no fuera López ya estaría cerradísima, como todas aquellas que no conducen a nada.

Sin embargo, no es cierto que en el expediente López no haya nada. En nuestro seguimiento del caso en PáginaI12 durante estos siete años, y ahora con los dos libros publicados, quedó en evidencia que hay muchos indicios y que el problema fue que sistemáticamente cada pista importante fue arruinada o desactivada. En este momento aún están realizando los cruces telefónicos entre los nombres que aparecen en el expediente y las llamadas recibidas e ingresadas a las antenas celulares de la zona. ¡Pero jamás hasta hoy cruzaron los nombres de las pistas esenciales!

¿Cómo puede avanzar una causa si está en manos de un juez como Manuel Blanco, que el año pasado tuvo el atrevimiento de cuestionar al testigo desaparecido? Es el mismo magistrado que se niega en forma permanente a realizar las medidas de prueba propuestas por la querella.

http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-208920-2012-11-30.html

Es claro que si a siete años reina la impunidad en el caso López la principal responsabilidad corre por parte de la justicia. Pero ¿qué hizo la fiscalía, el Ministerio Público? ¿Por qué el ex jefe de los fiscales, Esteban Righi, dijo que había que investigar un paradero de persona perdida y no un delito federal? ¿Cómo salió tan rápido de la agenda pública, apenas los medios hicieron lo mismo? ¿Acaso alguna vez fue una prioridad para el poder político esclarecer este caso? ¿A quién responde la Policía Federal, que mostró la misma inoperancia que la Bonaerense a la hora de sabotear las pistas clave? ¿Cómo se explica que los policías federales se tomen dos meses para responder que un CD no puede ser leído? ¿Y el escándalo de la cárcel de Marcos Paz, que debió ser allanada dos veces? ¿Algún funcionario del Servicio Penitenciario o del ministerio de Justicia dio explicaciones por las libertades e irregularidades de las condiciones de detención de los represores del pabellón de lesa humanidad, que les permitían organizar lo que quisieran? Finalmente, ¿por qué fue desactivado el programa Verdad y Justicia, que conducía Marcelo Saín, destinado a detectar y neutralizar posibles focos de represores activos y conspirando? Era la única forma, prevenir las intimidaciones porque ningún testigo en esta clase de juicios se siente seguro con una “custodia” en su puerta.

Aunque duela, López quizá fue el costo que se pagó por la continuidad de los juicios. Aunque duela, su desaparición demuestra que la consigna “desmantelamiento del aparato represivo” quedó inconclusa, resabios aún con poder operativo se llevaron a Tito, al Viejo, al sobreviviente de la dictadura y testigo de la democracia.

 

Para leer el prólogo de En el cielo nos vemos, escuchar a su autor en Marca de Radio y ver su página

http://www.adrianameyer.com.ar/index.php/item/111-los-amigos-del-barrio-pueden-desaparecer

http://www.adrianameyer.com.ar/index.php/am-x-am/item/112-l%C3%B3pez-una-causa-siempre-abierta-y-el-primer-libro

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Más sobre Los días sin López

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