De mochilas, celulares y diatomeas

Santiago era mochilero. Su cuerpo apareció luego de 77 días, sin vida. No así la mochila que tenía el 1 de agosto, cuando acudió a la comunidad mapuche de Cushamen a dar su apoyo porque la mitad de sus weichafe (guerreros) estaban presos en Bariloche, tras la represión a la protesta por la prisión de su líder Facundo Jones Huala. Sus amigos creen que ahí adentro también podría haber estado su celular, que tampoco apareció. No es el único enigma de una de las historias más tironeada por cierta prensa. Sin esperar las conclusiones de la junta médica, que será el viernes 24 y donde se juntarán los peritos de parte con el Cuerpo Médico Forense para elaborar el informe final, siguen las feroces operaciones dictadas desde el Ministerio de Seguridad para encubrir el accionar de los gendarmes, que en verdad fueron los últimos en verlo con vida. Y la investigación judicial se parece más a un rompecabezas mojado y con piezas destruidas. El aparato judicial y las campañas mediáticas han devaluado la palabra de los testigos por ser mapuches, los uniformados aún habiendo incurrido en contradicciones siguen callando sobre los minutos finales de la vida de Maldonado, y en ese contexto las informaciones del lentísimo avance de la causa continúan siendo utilizadas para desacreditar a los que sí hablaron, como el amigo que llamó Santiago luego de desaparecido.

Así, el hallazgo del cuerpo abrió una nueva etapa, en la cual no pocos festejan ante resultados parciales de la autopsia como si el caso ya estuviera resuelto exculpando a la Gendarmería, como pretende el gobierno desde el minuto cero, casi como si se tratara de un superclásico. Pero una lectura diferente de esos mismos datos lejos de cerrar nada, abre cada vez más interrogantes que esta cronista recogió de cinco fuentes del caso. “Es un duelo infinito, estamos estancados”, dijo Sergio Maldonado”, y volvió a plantear sus dudas sobre la aparición del cuerpo sin vida de su hermano.

La mochila

Maldonado había llegado en abril a El Bolsón, y se hizo amigo de Ariel Garzí, quien reconoció en uno de los tantos videos que circularon la mochila negra que llevaba el 31 de julio, cuando Claudina Pilquiman lo llevó hasta la Pu Lof en Resistencia, y donde pasó la noche en la casilla de guardia, sin pegar un ojo por el constante hostigamiento de los gendarmes con tiros y flashes de reflectores. Ya de día cuando comenzó el avance con camionetas y a los tiros, Santiago corrió hacia el río pero en un momento volvió sobre sus pasos hasta la casilla para buscar su mochila. Ahí lo vieron Claudina y su hija, Ailinco Pilquiman. Esa imagen pertenece al 1 de agosto, mientras los gendarmes requisaban a las mujeres y niños de otras casillas, quemaban colchones, ropa y juguetes junto a una de las viviendas, y secuestraban herramientas de trabajo, entre otras pertenencias de los mapuches. La mochila que se ve en esa foto nunca más apareció, según confirmaron tres fuentes del caso.

No era ninguna de las que secuestró el 18 de septiembre el juez federal Guido Otranto, apartado del caso por insuficiencia de imparcialidad, ni tampoco es la misma que aportó la familia, que cuando tuvo esa iniciativa de entregarla al nuevo juez Gustavo Lleral fue acusada por cierta prensa de haber “ocultado pruebas”. ¿Acaso alguien le preguntó a Gendarmería dónde están las pertenencias de Santiago que faltan? ¿Por qué nunca devolvieron lo que robaron a los mapuche? ¿Otranto no la encontró en el rastrillaje de los 800 kilómetros del río Chubut? En Buenos Aires fueron peritadas dos mochilas, pero los resultados de ADN habrían dado negativo.

Llamada, SMS y videos

Tal como había hecho en su momento ante el juez Otranto –y a pesar de haber sido detenido e imputado, y de haber sido hostigado en cinco oportunidades por la policía de Río Negro– Ariel Garzí se volvió a presentar en forma espontánea ante Lleral para ponerse a su disposición y pedirle que tomara en serio la prueba que ya aportó al expediente: la captura de pantalla donde consta que el 2 de agosto a las 15:23 se comunicó con la línea chilena de Santiago +05693XXXX486, la comunicación fue atendida y duró 22 segundos. Fue durante los primeros días de agosto, y a pesar de estar acompañado por el defensor oficial Fernando Machado, en el pasillo Otranto le preguntó si acaso venía por la recompensa. “Vine porque quiero que aparezca mi amigo”, le respondió Garzí. Otranto no sólo ignoró la prueba sino que tampoco implementó la protección que el joven pidió, por la persecución que venía padeciendo desde que lo detuvieron tras la represión de enero en la Pu Lof.

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Días atrás se conoció que la empresa chilena respondió no haber recibido ninguna llamada entrante desde el número de Garzí. Las fuentes consultadas por este diario indicaron que no hay constancias en el expediente de ninguna llamada atendida por las líneas que usaba Maldonado, en fecha posterior a su desaparición. Lo cual no implica, como dedujo cierta prensa, que el amigo faltó a la verdad. La llamada se produjo pero una posibilidad es que haya impactado en otro celular, como cuando las comunicaciones se cruzan, lo cual sucede en ocasiones si el abonado no tiene crédito. Las empresas Movistar, Claro y Personal dijeron que el ese celular chileno no usó sus antenas.

Sin embargo, Garzí insistió ante esta cronista que la llamada sí impactó, y se basa en los documentos de Telefónica que el experto Ariel Garbarz vió en septiembre en el expediente. Es cierto que la empresa chilena Wom informó que no existió en ese país, pero ellos sostienen que “fue entrante en Esquel y saliente en El Bolsón, detectada por antenas argentinas no chilenas”. En ese sentido es que Garzí argumenta que las pertenencias de su amigo, la mochila y ese celular, se las llevaron los gendarmes y por eso es lógico que haya sonado en Esquel. Garbarz aún no fue aceptado como perito de parte en la causa y viene denunciando que la fiscal Silvina Ávila le consultó sobre cómo proteger los datos de las comunicaciones celulares pero luego no lo recibió más y tampoco tomó las medidas que él sugirió. Lleral acaba de pedir información adicional sobre esa llamada a Estados Unidos.

Otra de las fuentes consultadas fue muy cauta respecto de esa línea porque no tiene certeza de que Santiago haya tenido consigo el celular cuando estuvo en el Lof.

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¿Habrán tenido en cuenta los investigadores otras comunicaciones, como el mensaje de texto que mandaron los mapuches aquella mañana diciendo “se llevaron al Brujo”? Al menos, el número de la línea que lo recibió consta en la causa. Lo que también forma parte ya del expediente es el contenido del teléfono de Santiago, donde aparecen murales, tatuajes, músicos callejeros y filmaciones de asambleas populares en Chile sobre reclamos de tierras de campesinos y trabajadores. Arte y solidaridad.

¿Pozo o no pozo?

El prefecto Leandro Ruata fue el responsable del rastrillaje del río que dió con el cuerpo de Maldonado, y, además, fue quien había tenido la iniciativa que convenció al juez Lleral sobre la necesidad de hacer un nuevo operativo. Ruata en su declaración testimonial del 26 de octubre dijo que la profundidad no superaba 1,40, que el agua era cristalina, que por ahí ya habían buscado en los anteriores procedimientos y que no había pozos, de esos que sí hay en otros tramos del río. En tanto, el sitio Cadena del Sur y Página12 publicaron las declaraciones del prefecto Juan Carlos Mussin, quien en coincidencia con Ruata declaró que la profundidad del río no superaba el metro y medio en agosto, que no había pozones en la zona donde se lo vio con vida a Santiago y que tampoco había grandes correntadas. Sin embargo, el jueves 2 un matutino publicó que “los buzos”, sin identificarlos, habrían afirmado que en el lugar donde estaba el cuerpo sin vida había “un pozo de 2,4 metros, entre vegetación, raíces y ramas de sauce” tan tupidas que impedían “casi el paso de la luz solar”. 

De la lectura de trece testimonios sobre ese operativo no surge una línea sobre “pozos” y todos coinciden en que el agua era tan clara que lo hicieron mayormente nadando en superficie, tipo snorkel, porque se veía el fondo. Una vez más, la versión publicada por Clarín se suma a su serie de ficción del puestero de Epuyén y la falsa retractación del testigo E. Eso que llaman posverdad.

En la médula de Santiago fueron encontradas algas unicelulares, de la familia de las diatomeas, que indicarían que estuvo en el agua desde su desaparición. Una alta fuente del caso sostuvo que bien podría tener que ver con que Santiago era vegetariano, y si acaso fuera de la flora acuática del río Chubut habría que verificar si corresponde a ese sitio específico donde fue encontrado o a otro tramo del curso de agua. La empresa Tierras del Sud, de Benetton, controla el caudal de una parte del río Chubut a través de un sistema de compuertas que lo alteran.

El hallazgo, una ramita

Según la versión oficial, que reproduce un gran matutino argentino, el cuerpo de Santiago habría estado enganchado entre la vegetación, y las ramas y raíces lo atraparon bajo el agua. Es decir, así habría permanecido sumergido durante todas estas semanas, hasta que lo encontró uno de los buzos de la Prefectura, a setenta metros de lugar donde los mapuches lo había visto por última vez. “Positivo con reservas”, fue el mensaje que envió por handy. Ahora bien, cuando el juez convocó a Soraya Maicoño, Andrea Millañanco, Sergio Maldonado, Andrea Antico y Verónica Heredia el cuerpo ya estaba flotando en la superficie del río, e incluso era visible desde la barranca. Los seis integrantes de Prefectura que declararon ante el juez, incluido Juan Altamirano que fue quien lo encontró, coincidieron en que el cuerpo estaba flotando cuando lo vieron, y que era visible desde la cima de la pendiente, y que al acercarse comprobaron que estaba sobre una rama. “El cuerpo estaba como apoyado en un sauce, que hacía una especie de tope para que el cuerpo no navegue”, dijo el buzo rescatista Marcos Montaña. En la maniobra para sacarlo del agua los buzos dijeron que no hacían pie, pero la profundidad era mayor ese día respecto del 1 de agosto por efecto de aumento del caudal por deshielo.

Por eso, el mayor de los Maldonado ratifica sus dudas. “Hipotéticamente murió ahogado, pero, ¿cómo?, ¿Estaba pescando? ¿Por qué cae ahí? ¿Murió en ese lugar o en otro lado? ¿Dónde estuvo el cuerpo? Es claro que los 78 días no estuvo en ese lugar. Si hipotéticamente estuvo en ese lugar, ¿qué hicieron en todos los rastrillajes?, ¿Por qué no lo vimos nosotros que pasamos por allí? El lugar se veía de todos lados. Cuando desapareció casi no había agua en ese lugar y cuando lo encontramos el cuerpo estaba sobre una ramita de un centímetro de espesor”.

Durante las horas posteriores al hallazgo, todos los presentes le insistían a Lleral que no podía ser, que ese cuerpo no estaba allí apenas tres días atrás. El magistrado no respondía y no tomó ninguna medida para verificar tal hipótesis, ni siquiera completó el allanamiento a la estancia Leleque, tal como había previsto en la orden que él mismo firmó el 13 de octubre.

Finalmente, el cuerpo fue removido cuando llegó el perito de la familia Maldonado, que permaneció casi ocho horas cuidando que nadie lo tocara. Si antes de llegar ellos alguien lo movió y o lo pusieron ahí es un interrogante que tienen. Para evitar que lo llevara la corriente el juez dispuso dos personas de guardia en la costa. La sospecha de Sergio consiste en que si estuvo ahí varios días se tendría que haber ido cuando sube y baja el agua. “Me opuse a que lo saquen hasta que llegara nuestro perito que estaba en viaje, por eso lo sacan tantas horas después porque no quería que cortarán nada ni tocarán nada. Por eso tenemos prueba de que estaba arriba de una ramita fina”, dijo a esta cronista.

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Saber nadar

Si la cuestión se redujera a la habilidad de una persona para manejarse en el agua, serían muchos más los sobrevivientes que los ahogados. Santiago pudo haber sabido nadar y ahogarse igual, aunque hiciera pie, porque fue obligado a meterse en ese río helado. No estaba paseando, ni de pesca, ni se cayó. Llegó al río huyendo, y desapareció. Su muerte sucedió en un operativo de más de 100 gendarmes, 50 de los cuales ingresaron al territorio mapuche de forma ilegal, con camionetas y un camión de la fuerza. Fue perseguido a poca distancia por un pelotón de una docena de uniformados con escopetas que disparaban hacia el río, con la orden expresa de detener manifestantes. Algunos, incluso, ingresaron a la Pu Lof con armas 9 mm.

El subalférez Echazú fue herido y, sin embargo, fue fotografiado riéndose. ¿Sus heridas pudieron haber sido causadas por Santiago mientras se defendía? En tal sentido, en estos momentos está siendo sometido a análisis de ADN las uñas del joven, así como del bastón retráctil, de unos 80 centímetros y finito, encontrado en uno de los bolsillos de su pantalón, que según sus amigos era de él. Ellos creen que pudo haberla llevado para su autodefensa. Echazú quedó imputado cuando fue a presentarse ante la fiscalía, luego de que este diario publicara que analizaban con peritos forenses sus heridas en la cara. Pero claro, nadie supo responder de qué lo acusan ni cuándo sería indagado, si es que eso sucede.

Algunos gendarmes se alejaron de la zona y regresaron a sus bases en la madrugada del 2 de agosto. Los peritajes de las camionetas señalan que fueron lavadas previamente, invocando un “reglamento” que los obliga a hacerlo. Un Eurocargo aparece en fotos con parte de la lona mojada. Sin embargo, ni la fiscal ni los jueces del caso profundizaron sobre los alcances de ese accionar y las fuertes contradicciones entre las declaraciones de los jefes y gendarmes. Todo esto no pudo haberse realizado sin la orden del comandante Juan Pablo Escola, que nunca dejó de estar en contacto con su superior, Diego Balari, y el funcionario de Seguridad Pablo Noceti. ¿Alguno de ellos habló hasta ahora salvo para cubrirse? Noceti gritó días atrás en su despacho que “ni muerto” entregaría su celular. Los mapuches ya hablaron, el cuerpo lo está haciendo, pero ya se cumplió el ciclo de pedirle pruebas a las propias víctimas. Es hora que hablen los victimarios.

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Final abierto

Es muy probable que los resultados finales establezcan que Maldonado perdió la vida por ahogamiento, así lo indica el agua que llegó a sus pulmones cuando aún estaba respirando. De manera sorprendente, esta conclusión preliminar disparó la instalación de que como murió ahogado entonces fue un accidente y los gendarmes no tuvieron nada que ver.

Quienes conciben la vida con lógica binaria apuestan al resultadismo futbolero, al blanco o negro, y bregan por la inexistencia de todo tipo de incertidumbre, como la que genera la espera de los resultados de una autopsia. Los abogados con experiencia de violaciones sistemáticas a los derechos humanos coinciden en que la causa final de muerte de una persona víctima del accionar de las fuerzas de seguridad de ningún modo explica la mecánica ni el motivo de la misma. Los casos ocurridos durante los gobiernos constitucionales posteriores a la dictadura cívico militar ponen en evidencia mecanismos de neutralización de responsabilidades para proteger a los agentes del Estado, y son casi siempre los mismos: se ahogó, lo chocó un auto, murió por inanición, tal como demuestran las causas por las desapariciones y muertes de los jóvenes Iván Torres, Miguel Bru, Luciano Arruga, Ezequiel Demonty, Sebastián Bordón, Franco Casco. ¿El caso Maldonado es diferente? En sus preparadas declaraciones testimoniales los gendarmes admitieron que llevaron armas de fuego, y en sus conversaciones quedó expuesto como querían “cazar al negro”, agarrar a uno, “darle corchazos para que tengan”.

“Va a llevar su tiempo establecer la causa de su muerte, se habla tanto, muchas veces sin saber”, dijo el juez Lleral días atrás. Él y la fiscal abren el paraguas ante un casi inevitable cambio de carátula, que quizás ni siquiera sea desaparición forzada seguida de muerte como propicia la abogada de la famillia Maldonado, pero que no necesariamente vaya a mejorar la situación procesal de los gendarmes. Quienes festejan la posibilidad de que se haya tratado de una “muerte accidental” no advierten que la calificación podría terminar en homicidio, con todos los agravantes que implica que haya sido cometido en medio de semejante situación represiva. Los caminos penales son insondables, pero algunas experiencias sirven para pensar escenarios posibles. En el caso de Ezequiel Demonty, el joven de 19 años cuyo cuerpo apareció flotando en las oscuras aguas del Riachuelo, tres policías fueron condenados a prisión perpetua por torturas seguida de muerte y privación ilegal de la libertad; en el caso de Franco Casco, que desapareció el 6 de octubre y apareció en el río Paraná el 30 de octubre, en septiembre fueron apresados 32 policías acusados por el crimen, la desaparición y el encubrimiento de los hechos.

Por el homicidio del militante, escritor y periodista Rodolfo Walsh fueron condenados a prisión perpetua los genocidas que lo habían mantenido desaparecido en las catacumbas de la ESMA. Aún sin el cuerpo, esa condena fue posible.

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La fiscal Ávila no acusa, defiende a Gendarmería

A la espera de los resultados de la autopsia de Santiago Maldonado, que podría derivar en un cambio en la carátula del caso, el juez federal Gustavo Lleral advirtió que “saber la causa de su muerte va a llevar un tiempo”. Lo dijo en referencia a las filtraciones sobre el informe preliminar, y a las conjeturas que éstas propician, por lo cual agregó que “se habla tanto y muchas veces sin saber”. Por otra parte, el magistrado respondió sobre la convocatoria a declarar del denominado testigo “E”. Como si los dichos de este joven mapuche identificado así en los documentos probatorios de la CIDH fuera el único capaz de esclarecer el caso, y luego de meses de no investigar el rol de la Gendarmería y de haber desacreditado las voces de los mapuches, la fiscal federal Silvina Ávila pidió al juez que lo identifique y lo cite. “Verificaremos luego si se trata del testigo del que todo el mundo habla”, dijo el magistrado con cautela.

En la resolución donde hizo este pedido, Ávila volvió a falsear y tergiversar documentos oficiales. Así como faltó a la verdad respecto de las prendas de Santiago en aquel informe que elevó al gobierno para que los funcionarios de Cambiemos respondan ante la ONU y la OEA –y que ocultó a la procuradora Alejandra Gils Carbó–, ahora sostuvo que la medida cautelar que dictó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para intimar al estado argentino a dar con Santiago Maldonado se basó exclusivamente en ese testimonio de identidad reservada (E), que paradójicamente no existía como tal en el momento en que ese organismo se pronunció. El corpus probatorio que motivó la cautelar emitida por la CIDH el 22 de agosto es un extenso informe que describió el accionar del Estado, negando la responsabilidad de Gendarmería y poniendo en duda que Maldonado haya estado en el lugar de los hechos.

El testimonio de E fue recogido por los abogados peticionantes entre el 11 y el 15 de septiembre como prueba de las violaciones a los derechos humanos que comenzaron con la represión en enero en la comunidad mapuche Pu Lof en Resistencia de Cushamen, y es quien afirmó que escapaban juntos de los balazos de los gendarmes cuando ingresaron al río Chubut, que Santiago no pudo cruzar y volvió a la orilla donde fue apresado por gendarmes. Lucas habría sido el último de los compañeros de Maldonado en verlo con vida, pero podría no ser la única persona que podría dar testimonio de ese momento, porque los gendarmes que lo rodeaban en ese momento nunca fueron interrogados al respecto.

Dijo Ávila que “la querella de la APDH (Córdoba) presentó ante la CIDH otros testigos, entre ellos el famoso E de nombre Lucas, dichas presentaciones dieron como resultado la resolución 32/17 y el trámite actual de una nueva medida cautelar”. Sin embargo, esa resolución tiene fecha del 22 de agosto, cuando ese testimonio fue recogido un mes después, y presentado el 22 de septiembre para pedir al gobierno una sanción por el incumplimiento de la medida cautelar. “E no es el fundamento, esa cautelar otorgada fue otorgada antes por el cúmulo de otros testimonios y pruebas, fotografías y videos aportados, Ávila ni siquiera toma en cuenta los hechos cronológicos, se maneja con absoluta impunidad”, dijo a Página12 una fuente del caso.

La fiscal fue aún más allá al pedir al juez Lleral que intime a los letrados de la APDH (Córdoba), en su caso Carlos González Quintana, y el otro peticionante, Fernando Cabaleiro, de Naturaleza de Derechos, porque al no hacer constar los datos filiatorios del testigo podrían haber violado una ley algo vetusta referida a las denuncias ante organismos internacionales. “Es un ataque infantil, sin leer las presentaciones, y nos amenaza en base a una ley de 1951, que penaliza a todo aquel que haga denuncias ante organismos internacionales, ni existía la Comisión de Derechos Humanos de la OEA, aquel que propiciare denuncias en el exterior contra el Estado argentino será pasible de una pena de inhabilitación de cinco a 25 años”.

La fiscal federal subrogante de Esquel insistió en que “en una acción de esta envergadura las partes querellantes habrán tomado los mínimos recaudos para registrar, al menos internamente, los datos filiatorios de quienes testimoniaron”. Al leer este párrafo la querella aludida recordó que la representante del Ministerio Público no tuvo un sólo recaudo respecto de todas las pruebas “que nunca recogió, como las postas de plomo del lugar de los hechos, y las medidas de prueba que nunca realizó como los allanamientos a las casas de los gendarmes y a la estancia de Benetton; además de dejar vencer los plazos para apelar el rechazo a las medidas solicitadas por ella misma, entre ellas el cruce de llamadas entre el jefe de Gabinete Pablo Noceti y los jefes del operativo de Gendarmería”.

En su momento, los peticionante ante la CIDH elevaron cuatro testimonios, dos de ellos ya habían declarado en la causa, Matías Santana y Soraya Maicoño, pero como los otros dos habían pedido reserva de identidad simplificaron colocando a cada uno una letra. Así el tercer testimonio sí se concretó en sede judicial, fue el de Ailinco Pilquiman, la joven que junto a su mamá llevó a Maldonado a la Lof el 31 de julio. En tanto E estuvo citado pero el ex juez del caso, Guido Otranto, levantó sucesivas veces la audiencia. Hasta que luego del allanamiento del 18 de septiembre, en el cual los testigos del caso fueron torturados durante doce horas, el joven volvió a sentir temor por su integridad física. Tanto Santana como Ariel Garzí. amigo de Santiago, sufrieron hostigamiento y campañas mediáticas que los desacreditaron luego de dar testimonio. A tal punto que la ministra Bullrich nombró públicamente a Garzí, quien había pedido protección y reserva de su identidad.

Ahora, en una nueva embestida contra los testigos, y mientras los gendarmes sospechados ya se disponen a mudarse a otras provincias, un matutino reveló que el testigo Lucas pertenece a la familia de otras dos testigos. Luego de haberlo calumniado al publicar que se desdijo para cobrar la recompensa de dos millones que ofrece el Estado a quien aporte información, lo cual fue desmentido por el propio juez Lleral, ahora ese medio difundió incluso a qué escuela concurría.

Esto sucede a pocos días de que la fiscal subrogante lograra separar de la causa a la Procuración de Violencia Institucional (Procuvin), a cargo del fiscal Félix Crous, que había tenido un papel destacado desde el primer día de la investigación. Ávila mantiene informado en forma directa al gobierno de cada detalle del caso, al mismo tiempo que negaba datos a los fiscales de la Procuvin. Durante estos meses, se negó a intervenir los teléfonos de los jefes de Gendarmería que la Procuvin consideraba esencial a los efectos de determinar si había una desaparición forzada en curso, y todas las medidas solicitadas por estos fiscales especiales eran acercadas con demora al juez de la causa. Tampoco accedió a allanar la estancia de Benetton como así las casa de los gendarmes sospechados, ni apeló el rechazo del juez Otranto al cruce de llamadas entre Noceti y los altos mandos de Gendarmería. Como si todo esto no fuera suficiente, mantiene un especial encono contra la abogada de la familia Maldonado, algo que la Procuvin intentó eliminar, sin éxito.

“Se comporta como si fuera abogada de Gendarmería”, dijo Verónica Heredia, letrada de la familia de Santiago, el 14 de septiembre en la puerta del Juzgado Federal de Esquel cuando salía de pedir los apartamientos de juez y fiscal en la causa.

Este dato y toda la peligrosidad que implica el rol de Ávila en el caso Maldonado fue descripto en detalle por el colega Daniel Satur en esta nota de La Izquierda Diario

La peligrosa permanencia de la fiscal

Por otra parte, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos  (APDH) solicitó que la fiscal federal Silvina Ávila sea apartada de la causa que investiga la muerte de Santiago Maldonado por entender que existe un conflicto de intereses que impiden avanzar en el esclarecimiento de las causales y el contexto de su muerte. El organismo de derechos humanos objetó que Ávila es la fiscal en la causa que dio origen al despliegue represivo de Gendarmería en el Pu Lof Resistencia Cushamen, que comenzó el 31 de julio para desalojar de la ruta 40 a los miembros de esa comunidad que protestaban por la detención de sus compañeros en Bariloche y la prisión de su lonko, Facundo Jones Huala.

Esa causa está caratulada NN s/entorpecimiento de servicios públicos, por la violación del artículo 194 del Código Penal, y al mismo tiempo interviene en el proceso que investiga investiga la desaparición y muerte de Santiago Maldonado. “En la del corte de ruta acusa a la comunidad y de alguna manera defendiendo a Gendarmería, mientras que en el expediente sería a la inversa, se trata de un conflicto de intereses, no ponemos en duda cómo llevó adelante la causa, y lo hacemos ahora porque para ampliar las pruebas hacen falta más indagatorias que ella no estaría en condiciones de propiciar”, dijo a Página12 Gisela Cardozo, de la APDH Nacional.

De hecho, mientras que en una de esas causas Ávila persigue a los miembros de la comunidad mapuche y robustece las actuaciones de la Gendarmería Nacional como parte interesada, en la otra, investiga a Gendarmería así como la legalidad del despliegue de los órganos coercitivos del Estado. “La APDH entiende que esta situación pone en dudas el control jurisdiccional imparcial de dichos actos, es decir,  brindar confianza de control judicial hacia otros órganos del Estado, lo que ha sido hasta ahora un factor importante de la falta de avances en la investigación”, indicó sobre la recusación que ahora deberá definir el juez federal Gustavo Lleral.

 

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“Hubo gritos de dolor que salían del alma”

“Ahora que se conoce lo que pintaba, escribía y tatuaba Santiago, entre todos tenemos que mantener viva su memoria, es la responsabilidad de los que seguimos luchando como personas concientes que queremos cambiar el mundo, que no sea sólo una consigna”. Fernando Jones Huala habla pausado, cuida las palabras como si las pesara. La semana pasada, junto a Soraya Maicoño tuvieron una reunión privada con el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Francisco Eguiguren, donde expusieron en detalle la persecución que están sufriendo como comunidad mapuche, así como la necesidad de que sean protegidos los testigos que vieron por última vez con vida a Maldonado en Pu Lof de Cushamen. Y se llevaron un compromiso de que el organismo intervendrá al respecto, probablemente con el dictado de una nueva medida cautelar. El joven vocero mapuche dijo que Eguiguren le preguntó por su hermano, el lonko Facundo Jones Huala, detenido en Esquel a la espera de un juicio de extradición en una causa que fue declarada nula porque los testigos en su contra sufrieron torturas. “Hacemos un llamado de alerta a todas las naciones originarias del mundo y luchadores sociales y de los derechos humanos”, expresó ante la inminente fijación de la fecha del nuevo proceso. Sobre la reacción de los miembros de su comunidad que presenciaron el hallazgo del cuerpo de Santiago dijo que “hubo gritos de dolor que salieron desde el alma”. En esta entrevista con Página12 admitió que hay más mapuches que no han declarado porque “tienen miedo”, dado que la justicia “no da garantías” suficientes. “Cuando uno proyecta su vida no elige tener un desaparecido y ser testigo de semejante crimen político”, dijo Jones Huala.

“Es importante que el resto de la sociedad comprenda que esto no le pasa solamente a un grupo de acá, es algo histórico, hay miles de desaparecidos de diversos los pueblos originarios por eso enviamos un saludo fraterno a ellos y a los movimientos sociales que entienden el rol del Estado en el encubrimiento y la impunidad”, agregó.

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Jones Huala y Maicoño viajaron a Montevideo porque la CIDH abrió un expediente a partir de la represión que sufrieron en enero, pero no participaron de la reunión de trabajo referida específicamente a la investigación por la desaparición forzada seguida de la muerte de Santiago Maldonado “por la gravedad del caso que ameritó la apertura de una causa autónoma”, aunque sí estuvieron los mismos abogados que los representan a ellos, de Naturaleza de Derechos y de la APDH. Sin embargo, Eguiguren los recibió al finalizar ese encuentro, con Jorge Mesa, director de Medidas Cautelares. “Detallamos el contexto y el nivel de violencia política e institucional, hablamos de la situación histórica que viven todos los pueblos originarios, mencionamos el rol de los medios en este proceso de estigmatización contra nosotros”, relató Jones Huala en diálogo con Página12. “Sin que nosotros lo mencionáramos, él preguntó sobre la detención de Facundo Jones Huala, y ahí le conté que fue el día que se juntó (Mauricio) Macri con (Claudio) Avruj, y Michelle Bachelet, cómo fue la detención y el trabajo del juez (Gustavo) Villanueva”, agregó este joven mapuche, de 28 años, que oficia de vocero (werken) de su comunidad. “El hostigamiento que denunciamos proviene del Estado y de grupos parapoliciales, que responden a Benetton y a terratenientes de la zona, hablamos también del rol de la Sociedad Rural Argentina. Y en un momento él mencionó que es relator de los derechos de los pueblos indígenas, y tiene conocimiento de este tipo de conflictos que se dan en toda América Latina. Estuvieron muy atentos a cada palabra nuestra, nos hicieron preguntas y fue una reunión extensa, pero ellos en ningún momento mostraron estar apurados para que finalizara, sino al contrario”.

–¿Qué dijeron los representantes de la CIDH?

–Al finalizar Eguiguren nos dijo que va a seguir personalmente de cerca el caso, y que una vez que estudiaran los detalles buscarían la forma de ayudarnos como comunidad con la situación de violencia que estamos padeciendo. Hay una posibilidad de que dicten medidas cautelares en favor de la comunidad, y de protección para su miembros. Se sorprendieron mucho cuando le dijimos que tuvimos que construir muros de piedra por la cantidad de veces que fue la policía, fuerzas de seguridad y grupos parapoliciales a dispararnos, en presencia de niños. Son situaciones permanentes que no trascienden en la prensa.

–¿Hablaron de la semana del 18 de septiembre, cuando tras el allanamiento hubo una ocupación del juzgado federal y luego quemaron las casas de mapuches en Vuelta del Río?

–Tratamos de dar un contexto general, se hizo mención a eso porque esa comunidad también pidió medidas cautelares por ese hecho. Pero el detalle está en los informes, videos y fotos que presentaron los abogados (de Naturaleza de Derechos y APDH) y que ya está en el sistema de la comisión.

–¿Su hermano afronta un nuevo juicio de extradición?

–Sí, y por eso Naturaleza de Derechos pedirá también una cautelar por él a la CIDH. En la reunión explicamos que existe una persecución política, las declaraciones de algunos funcionarios y los medios de desinformación. Sus derechos como miembro de un pueblo originario fueron vulnerados, violando tratados y convenios internacionales. Intervino la Cruz Roja Internacional para que a Facundo le reconocieran el derecho a la medicina propia mientras su salud se estaba agravando fuertemente. Comenté sobre la causa en Chile, Facundo no estuvo presente y las demás personas fueron absueltas por falta total de pruebas, se cayó el montaje político y judicial y mediático. 

–Si ese juicio se cayó ¿por qué está preso el lonko?

–Por decisiones políticas, no hace falta ser abogado porque al ver el expediente es evidente que está detenido ilegalmente. Una cosa es la causa en Chile y otra el proceso judicial por el pedido de extradición. El año pasado fue llevado adelante ese juicio, donde no se juzga por los motivos requeridos por el Estado chileno sino si se procede o no a dar la extradición. En ese proceso salieron a la luz la tortura al testigo Gonzalo Cabrera, el allanamiento ilegal que lo llevó a la detención, se procesaron a dos jefes de la Policía y la Brigada de Investigaciones de Chubut, y el espionaje ilegal de un agente de la AFI,entre otras irregularidades. Ese espionaje fue sobre Facundo, la familia y gente de comunidades mapuche tehuelche, periodistas, profesores, abogados, todos defensores del territorio. Por todo esto es que se le dio la libertad. Aún así, tras la reunión de Macri con Bachelet lo detienen de nuevo el 27 de junio, y enseguida aparecen más irregularidades, como por ejemplo que Chile no llegó a hacer el reclamo formal dentro del plazo que dicta la ley, la justicia argentina fuera de plazo aceptó el pedido de extradición. En un principio el juez Gustavo Villanueva le decía a los abogados que era una causa nueva, pasaban los días y no informaba las razones de la detención. Cuando nos enteramos que era la misma causa se denunció a Naciones Unidas y la CIDH. A principios de agosto la Corte Suprema confirmó la nulidad del primer juicio, pero esto no modificó en nada la actitud del juez. A pesar de todos estos vacíos legales que mantienen al lonko preso, se va a hacer un nuevo juicio de extradición, no se sabe si será el juez Guido Otranto o Villanueva. El lonko está detenido fuera de todos los plazos, por esto apelamos a Casación. Sabemos que van a poner la fecha con un corto plazo, porque quieren evitar que haya, como la vez pasada, 300 personas afuera de diferentes comunidades, organizaciones sociales y de derechos humanos. Convocamos a naciones originarias del mundo para que vengan, y a formar un parlamento de pueblos originarios para hablar sobre la situación de violencia que sufren en todas partes.

–¿Cómo vivió ser recibido en el Palacio Legislativo de Montevideo donde la CIDH hizo la reunión?

–Nunca había estado en una situación así, pero tengo una tranquilidad que llevo a todos lados, estamos encarando una lucha por la humanidad que nos toca como ser mapuche. Con esa convicción de aportar aunque sea un granito de arena para la humanidad es que llegamos ahí. Eguiguren es una persona muy serena, se le siente el nivel humanitario que tiene su persona. Una minoría de medios están comprometidos con la verdad y la seriedad, pero la mediatización en términos generales ha deformado y desviado todo, con un mayor sufrimiento hacia la familia, y hacia una sociedad que elige que no sucedan estas situaciones en una supuesta democracia. El mal que han hecho va más allá de las personas afectadas, es una maldad que se extiende generando mentiras y difamaciones. Otra parte de la sociedad ha perdido el sentido humanitario.

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–¿Cómo se sintió tras el hallazgo del cuerpo de Santiago?

–Fue una sensación de inexplicable dolor y sufrimiento que genera, hubo gritos de dolor que salían desde el alma de quienes vivieron ese momento. En el momento que vi el cuerpo sentí tristeza, por el nivel de inhumanidad que tiene parte de la humanidad. Luego vino la angustia y el llanto, que son inevitables. Cuando hay un porcentaje de personas con tal nivel de maldad somos todos vulnerables, no sólo nosotros. Pero los pueblos originarios estamos expuestos desde el momento en que vinieron a invadir y a masacrar a nuestra gente.

–¿Piensa que el cuerpo no estuvo allí desde el 1 de agosto?

–El lugar donde apareció no puede ser. Si supuestamente estuvo ahí, que es lo que quieren implantar, hace unos días era una orilla y era muy fácil de ver, arriba de una loma lejos del río, y ya se veía el bulto. Además en el momento del hallazgo no estuvo nadie de la comunidad, ni Sergio, ni la abogada, y ni siquiera el juez. Son cuestiones a tener en cuenta.

–Para esclarecer qué pasó con Santiago ¿es necesario que declaren más personas?

–Como se puede ver en los videos había más gente. No estaban solamente Santiago y Matías Santana ese día, eso es claro. Pero la realidad es que hay que ponerse en la carne propia de las personas y entender el miedo, el bloqueo ante esta situación. La gente todavía está asimilando toda esta situación, los testimonios están pero sucede que están tapados por todo lo que ha sucedido en torno a la desaparición de Santiago. Con Eguiguren hablamos de esto, y conversamos con otros organismos internacionales para ver de qué manera se pueden generar medidas de protección que motiven a estos testigos a prestar declaración. Pero al día de hoy tienen miedo, no es una negativa sino un miedo que los bloquea.

–¿Es cierto que cuando ustedes indicaron que no tenían garantías el juez Gustavo Lleral les respondió que él tampoco las tenía?

–Sé que eso es cierto.

–El testigo denominado con una letra ¿existe?

–Sí. Es verdad, fue tal cual como lo reflejó el trabajo que hicieron los abogados que presentaron la denuncia ante la CIDH. Lo que fue mentira es el mamarracho que armaron con que se desdijo, todo eso fue falso.

–¿Qué actitud tiene la comunidad respecto de la reconstrucción de los hechos?

–La gente de la comunidad ha dado su palabra tanto al juez como públicamente de acompañar las medidas como esa. La cosa es coordinar, porque es la época en que se realizan ceremonias.

–¿Y sobre el resguardo del lugar del hallazgo del cuerpo?

–La comunidad dio su palabra a la familia, además de al juez, de que la mayor protección era en sus manos. Son los principales que buscan verdad y justicia, luego de la familia, por supuesto. Ese compromiso se está cumpliendo y el lugar está intacto. Ahí vuelve a aparecer la mediatización, que sólo hace daño.

FOTOS Alejandra Bartoliche y Enfoque Rojo

en septiembre en buenos aires, de izquierda a derecha, fernando jones huala, daniel loncon y sergio nahuelquir

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Terremoto en el expediente

Sin que se lo pida ninguna de las partes involucradas en la causa por la desaparición de Santiago Maldonado, la justicia federal de Esquel envió en las últimas horas a uniformados a buscarlo en las comunidades mapuches de Neuquén, lo que motivó un pronunciamiento de la Confederación Mapuche, cuyas autoridades afirmaron: “El Gobierno busca inculparnos”. Los operativos estuvieron a cargo del jefe de la subdelegación de la Policía Federal en esa localidad, la misma persona a la que el juez federal Guido Otranto encomendó el envío a la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA de las muestras genéticas del joven tomadas de sus prendas y en su vivienda durante los respectivos procedimientos judiciales. “Vengo a traer los resultados” de los operativos en territorio mapuche, dijo el comisario Enrique Terremoto ayer al ingresar al juzgado. Entre la madrugada del martes y la tarde del miércoles Gendarmería y Policía Federal irrumpieron en varias Pu Lof. En el último episodio en San Martín de los Andes el lonko impidió el paso a los uniformados pero “la discusión se elevó al punto que temimos que reprimieran a nuestras autoridades comunitarias”.

En su comunicado la Confederación afirmó: “Tememos que estas situaciones de las últimas horas sean la organización de un montaje para justificar la posible muerte de Santiago Maldonado a manos de integrantes de nuestro Pueblo Mapuche. Lo más grave es que estas acciones de intimidaciones las realizan las mismas fuerzas sospechadas de la desaparición forzada del wenvy/compañero Santiago Maldonado”. Y agregó que “lo que hasta ayer era preocupación, hoy es alarma en esta región mapuche de Neuquén” donde tres “comunidades mapuche del Consejo Zonal Wijice (Sur) fueron allanadas, Raquithue, Lafkenche y Paynefilu, sin exhibir orden judicial alguna, sin mediar consulta a las autoridades comunitarias, invocando como fundamento la búsqueda de Maldonado”. El último hecho denunciado por la Confederación “fue en territorio del Consejo Zonal Lafkenche, en el Lof Kinxikew. La Policía Federal, delegación San Martin de los Andes, llegó con el objetivo de ingresar a territorio comunitario, y la reacción rápida del longko (autoridad) impidió este abuso de poder. El procedimiento fue el mismo: sin mostrar orden judicial, con una camioneta oscura sin identificación judicial, salvo el rompeviento y visera de la Policía Federal Argentina. Cuando expresan que el objetivo del operativo es realizar una inspección ocular que permita información sobre el paradero del desaparecido Santiago Maldonado, muestran a las autoridades mapuches un oficio de la Fiscal de Esquel que estaba dirigido al Jefe de la Delegación Esquel de la Policía Federal, comisario Enrique Terremoto. Se le indicó que la comunidad está a 380 Kms de Esquel, que considerábamos una violación el intento de ingreso ilegítimo e inconsulto a nuestro territorio comunitario. Y se solicitó se retiren de inmediato”.

Desde la Confederación Mapuche de Neuquén presentaron un hábeas corpus preventivo en el juzgado federal de Zapala para exigir explicaciones. “Alegan que tienen la autorización de los altos mandos, por lo que responsabilizamos directamente a la ministra de Seguridad”, afirmó a Página12 Jorge Nahuel, coordinador del Consejo Zonal Xawvnko, que agrupa a las comunidades mapuches de la zona. ““Hay todo un protocolo para ingresar a un territorio, no es un lugar público”, dijo Nahuel, y además denunció la “militarización” de los territorios ancestrales.

En el expediente que instruye el juez Otranto a partir de los habeas corpus presentados por la familia Maldonado, el Cels, la Apdh y la Comisión Provincial por la Memoria, al que Página12 tuvo acceso, consta que el 14 de agosto el magistrado le encomendó al comisario Terremoto “la remisión a la división Laboratorio Químico de la PFA, de los sobres conteniendo muestras para ser enviadas al laboratorio del Servicio de Huellas Digitales Genéticas de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA”. Los sobres contenían “vellos capilares secuestrados de un cuellito secuestrado aportado por Sergio Maldonado”, una muestra de cabello encontrada en la gorra blanca en territorio mapuche de Cushamen el 5 de agosto, (y no como informó la fiscal federal Silvina Ávila al gobierno que había sido aportada por los mapuches), pelos recolectados de un buzo negro con capucha y la inscripción “volver a ser Ninx”, una presunta muestra biológica tomada del puño derecho de buzo color negro, un puño de algodón de 13 x 9 cortado del buzo negro, un mechón de cabello, una caja de cartón conteniendo una mochila de color negro sin inscripciones y un último sobre número 8 conteniendo “rastas”.

No fue el único recado que Otranto encomendó al comisario Terremoto. También le ordenó remitir a la división de Apoyo Tecnológico Judicial de la PFA los teléfonos celulares marca Alcatel, uno negro y otro con funda plástica con vivos grises, con batería y sin tarjeta SIM incautados en la casa de Santiago en el operativo del 12 de agosto en El Bolsón. El uniformado acudió ayer ante el magistrado, tal como verificó el enviado de La Izquierda Diario, horas antes de que fuera recusado en la causa, para rendir cuentas de los procedimientos de “búsqueda” de Maldonado en las vecinas comunidades mapuches.

El primer episodio había sucedido a orillas del lago Huechulafquen en Junín de los Andes. En declaraciones a Radio Universidad Calf de Neuquén Capital, Fidel Colipan informó que durante la madrugada el personal de Gendarmería ingresó al Lof Rakitue, a orillas del lago Huechulafquen en Junín de los Andes. Según los dichos de varios integrantes del Lof, los uniformados adujeron que actuaron de oficio porque contaban con la información de que Santiago se encontraría “acampando en la zona”. Conocida la noticia, el diputado provincial Raúl Godoy (FIT) sostuvo que “este tipo de operativos ilegales cuyo fin es claramente intimidatorio, obedece a la clara intención de desviar en forma activa y desde los altos mandos, la investigación por la desaparición forzada de Santiago Maldonado”.