De mochilas, celulares y diatomeas

Santiago era mochilero. Su cuerpo apareció luego de 77 días, sin vida. No así la mochila que tenía el 1 de agosto, cuando acudió a la comunidad mapuche de Cushamen a dar su apoyo porque la mitad de sus weichafe (guerreros) estaban presos en Bariloche, tras la represión a la protesta por la prisión de su líder Facundo Jones Huala. Sus amigos creen que ahí adentro también podría haber estado su celular, que tampoco apareció. No es el único enigma de una de las historias más tironeada por cierta prensa. Sin esperar las conclusiones de la junta médica, que será el viernes 24 y donde se juntarán los peritos de parte con el Cuerpo Médico Forense para elaborar el informe final, siguen las feroces operaciones dictadas desde el Ministerio de Seguridad para encubrir el accionar de los gendarmes, que en verdad fueron los últimos en verlo con vida. Y la investigación judicial se parece más a un rompecabezas mojado y con piezas destruidas. El aparato judicial y las campañas mediáticas han devaluado la palabra de los testigos por ser mapuches, los uniformados aún habiendo incurrido en contradicciones siguen callando sobre los minutos finales de la vida de Maldonado, y en ese contexto las informaciones del lentísimo avance de la causa continúan siendo utilizadas para desacreditar a los que sí hablaron, como el amigo que llamó Santiago luego de desaparecido.

Así, el hallazgo del cuerpo abrió una nueva etapa, en la cual no pocos festejan ante resultados parciales de la autopsia como si el caso ya estuviera resuelto exculpando a la Gendarmería, como pretende el gobierno desde el minuto cero, casi como si se tratara de un superclásico. Pero una lectura diferente de esos mismos datos lejos de cerrar nada, abre cada vez más interrogantes que esta cronista recogió de cinco fuentes del caso. “Es un duelo infinito, estamos estancados”, dijo Sergio Maldonado”, y volvió a plantear sus dudas sobre la aparición del cuerpo sin vida de su hermano.

La mochila

Maldonado había llegado en abril a El Bolsón, y se hizo amigo de Ariel Garzí, quien reconoció en uno de los tantos videos que circularon la mochila negra que llevaba el 31 de julio, cuando Claudina Pilquiman lo llevó hasta la Pu Lof en Resistencia, y donde pasó la noche en la casilla de guardia, sin pegar un ojo por el constante hostigamiento de los gendarmes con tiros y flashes de reflectores. Ya de día cuando comenzó el avance con camionetas y a los tiros, Santiago corrió hacia el río pero en un momento volvió sobre sus pasos hasta la casilla para buscar su mochila. Ahí lo vieron Claudina y su hija, Ailinco Pilquiman. Esa imagen pertenece al 1 de agosto, mientras los gendarmes requisaban a las mujeres y niños de otras casillas, quemaban colchones, ropa y juguetes junto a una de las viviendas, y secuestraban herramientas de trabajo, entre otras pertenencias de los mapuches. La mochila que se ve en esa foto nunca más apareció, según confirmaron tres fuentes del caso.

No era ninguna de las que secuestró el 18 de septiembre el juez federal Guido Otranto, apartado del caso por insuficiencia de imparcialidad, ni tampoco es la misma que aportó la familia, que cuando tuvo esa iniciativa de entregarla al nuevo juez Gustavo Lleral fue acusada por cierta prensa de haber “ocultado pruebas”. ¿Acaso alguien le preguntó a Gendarmería dónde están las pertenencias de Santiago que faltan? ¿Por qué nunca devolvieron lo que robaron a los mapuche? ¿Otranto no la encontró en el rastrillaje de los 800 kilómetros del río Chubut? En Buenos Aires fueron peritadas dos mochilas, pero los resultados de ADN habrían dado negativo.

Llamada, SMS y videos

Tal como había hecho en su momento ante el juez Otranto –y a pesar de haber sido detenido e imputado, y de haber sido hostigado en cinco oportunidades por la policía de Río Negro– Ariel Garzí se volvió a presentar en forma espontánea ante Lleral para ponerse a su disposición y pedirle que tomara en serio la prueba que ya aportó al expediente: la captura de pantalla donde consta que el 2 de agosto a las 15:23 se comunicó con la línea chilena de Santiago +05693XXXX486, la comunicación fue atendida y duró 22 segundos. Fue durante los primeros días de agosto, y a pesar de estar acompañado por el defensor oficial Fernando Machado, en el pasillo Otranto le preguntó si acaso venía por la recompensa. “Vine porque quiero que aparezca mi amigo”, le respondió Garzí. Otranto no sólo ignoró la prueba sino que tampoco implementó la protección que el joven pidió, por la persecución que venía padeciendo desde que lo detuvieron tras la represión de enero en la Pu Lof.

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Días atrás se conoció que la empresa chilena respondió no haber recibido ninguna llamada entrante desde el número de Garzí. Las fuentes consultadas por este diario indicaron que no hay constancias en el expediente de ninguna llamada atendida por las líneas que usaba Maldonado, en fecha posterior a su desaparición. Lo cual no implica, como dedujo cierta prensa, que el amigo faltó a la verdad. La llamada se produjo pero una posibilidad es que haya impactado en otro celular, como cuando las comunicaciones se cruzan, lo cual sucede en ocasiones si el abonado no tiene crédito. Las empresas Movistar, Claro y Personal dijeron que el ese celular chileno no usó sus antenas.

Sin embargo, Garzí insistió ante esta cronista que la llamada sí impactó, y se basa en los documentos de Telefónica que el experto Ariel Garbarz vió en septiembre en el expediente. Es cierto que la empresa chilena Wom informó que no existió en ese país, pero ellos sostienen que “fue entrante en Esquel y saliente en El Bolsón, detectada por antenas argentinas no chilenas”. En ese sentido es que Garzí argumenta que las pertenencias de su amigo, la mochila y ese celular, se las llevaron los gendarmes y por eso es lógico que haya sonado en Esquel. Garbarz aún no fue aceptado como perito de parte en la causa y viene denunciando que la fiscal Silvina Ávila le consultó sobre cómo proteger los datos de las comunicaciones celulares pero luego no lo recibió más y tampoco tomó las medidas que él sugirió. Lleral acaba de pedir información adicional sobre esa llamada a Estados Unidos.

Otra de las fuentes consultadas fue muy cauta respecto de esa línea porque no tiene certeza de que Santiago haya tenido consigo el celular cuando estuvo en el Lof.

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¿Habrán tenido en cuenta los investigadores otras comunicaciones, como el mensaje de texto que mandaron los mapuches aquella mañana diciendo “se llevaron al Brujo”? Al menos, el número de la línea que lo recibió consta en la causa. Lo que también forma parte ya del expediente es el contenido del teléfono de Santiago, donde aparecen murales, tatuajes, músicos callejeros y filmaciones de asambleas populares en Chile sobre reclamos de tierras de campesinos y trabajadores. Arte y solidaridad.

¿Pozo o no pozo?

El prefecto Leandro Ruata fue el responsable del rastrillaje del río que dió con el cuerpo de Maldonado, y, además, fue quien había tenido la iniciativa que convenció al juez Lleral sobre la necesidad de hacer un nuevo operativo. Ruata en su declaración testimonial del 26 de octubre dijo que la profundidad no superaba 1,40, que el agua era cristalina, que por ahí ya habían buscado en los anteriores procedimientos y que no había pozos, de esos que sí hay en otros tramos del río. En tanto, el sitio Cadena del Sur y Página12 publicaron las declaraciones del prefecto Juan Carlos Mussin, quien en coincidencia con Ruata declaró que la profundidad del río no superaba el metro y medio en agosto, que no había pozones en la zona donde se lo vio con vida a Santiago y que tampoco había grandes correntadas. Sin embargo, el jueves 2 un matutino publicó que “los buzos”, sin identificarlos, habrían afirmado que en el lugar donde estaba el cuerpo sin vida había “un pozo de 2,4 metros, entre vegetación, raíces y ramas de sauce” tan tupidas que impedían “casi el paso de la luz solar”. 

De la lectura de trece testimonios sobre ese operativo no surge una línea sobre “pozos” y todos coinciden en que el agua era tan clara que lo hicieron mayormente nadando en superficie, tipo snorkel, porque se veía el fondo. Una vez más, la versión publicada por Clarín se suma a su serie de ficción del puestero de Epuyén y la falsa retractación del testigo E. Eso que llaman posverdad.

En la médula de Santiago fueron encontradas algas unicelulares, de la familia de las diatomeas, que indicarían que estuvo en el agua desde su desaparición. Una alta fuente del caso sostuvo que bien podría tener que ver con que Santiago era vegetariano, y si acaso fuera de la flora acuática del río Chubut habría que verificar si corresponde a ese sitio específico donde fue encontrado o a otro tramo del curso de agua. La empresa Tierras del Sud, de Benetton, controla el caudal de una parte del río Chubut a través de un sistema de compuertas que lo alteran.

El hallazgo, una ramita

Según la versión oficial, que reproduce un gran matutino argentino, el cuerpo de Santiago habría estado enganchado entre la vegetación, y las ramas y raíces lo atraparon bajo el agua. Es decir, así habría permanecido sumergido durante todas estas semanas, hasta que lo encontró uno de los buzos de la Prefectura, a setenta metros de lugar donde los mapuches lo había visto por última vez. “Positivo con reservas”, fue el mensaje que envió por handy. Ahora bien, cuando el juez convocó a Soraya Maicoño, Andrea Millañanco, Sergio Maldonado, Andrea Antico y Verónica Heredia el cuerpo ya estaba flotando en la superficie del río, e incluso era visible desde la barranca. Los seis integrantes de Prefectura que declararon ante el juez, incluido Juan Altamirano que fue quien lo encontró, coincidieron en que el cuerpo estaba flotando cuando lo vieron, y que era visible desde la cima de la pendiente, y que al acercarse comprobaron que estaba sobre una rama. “El cuerpo estaba como apoyado en un sauce, que hacía una especie de tope para que el cuerpo no navegue”, dijo el buzo rescatista Marcos Montaña. En la maniobra para sacarlo del agua los buzos dijeron que no hacían pie, pero la profundidad era mayor ese día respecto del 1 de agosto por efecto de aumento del caudal por deshielo.

Por eso, el mayor de los Maldonado ratifica sus dudas. “Hipotéticamente murió ahogado, pero, ¿cómo?, ¿Estaba pescando? ¿Por qué cae ahí? ¿Murió en ese lugar o en otro lado? ¿Dónde estuvo el cuerpo? Es claro que los 78 días no estuvo en ese lugar. Si hipotéticamente estuvo en ese lugar, ¿qué hicieron en todos los rastrillajes?, ¿Por qué no lo vimos nosotros que pasamos por allí? El lugar se veía de todos lados. Cuando desapareció casi no había agua en ese lugar y cuando lo encontramos el cuerpo estaba sobre una ramita de un centímetro de espesor”.

Durante las horas posteriores al hallazgo, todos los presentes le insistían a Lleral que no podía ser, que ese cuerpo no estaba allí apenas tres días atrás. El magistrado no respondía y no tomó ninguna medida para verificar tal hipótesis, ni siquiera completó el allanamiento a la estancia Leleque, tal como había previsto en la orden que él mismo firmó el 13 de octubre.

Finalmente, el cuerpo fue removido cuando llegó el perito de la familia Maldonado, que permaneció casi ocho horas cuidando que nadie lo tocara. Si antes de llegar ellos alguien lo movió y o lo pusieron ahí es un interrogante que tienen. Para evitar que lo llevara la corriente el juez dispuso dos personas de guardia en la costa. La sospecha de Sergio consiste en que si estuvo ahí varios días se tendría que haber ido cuando sube y baja el agua. “Me opuse a que lo saquen hasta que llegara nuestro perito que estaba en viaje, por eso lo sacan tantas horas después porque no quería que cortarán nada ni tocarán nada. Por eso tenemos prueba de que estaba arriba de una ramita fina”, dijo a esta cronista.

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Saber nadar

Si la cuestión se redujera a la habilidad de una persona para manejarse en el agua, serían muchos más los sobrevivientes que los ahogados. Santiago pudo haber sabido nadar y ahogarse igual, aunque hiciera pie, porque fue obligado a meterse en ese río helado. No estaba paseando, ni de pesca, ni se cayó. Llegó al río huyendo, y desapareció. Su muerte sucedió en un operativo de más de 100 gendarmes, 50 de los cuales ingresaron al territorio mapuche de forma ilegal, con camionetas y un camión de la fuerza. Fue perseguido a poca distancia por un pelotón de una docena de uniformados con escopetas que disparaban hacia el río, con la orden expresa de detener manifestantes. Algunos, incluso, ingresaron a la Pu Lof con armas 9 mm.

El subalférez Echazú fue herido y, sin embargo, fue fotografiado riéndose. ¿Sus heridas pudieron haber sido causadas por Santiago mientras se defendía? En tal sentido, en estos momentos está siendo sometido a análisis de ADN las uñas del joven, así como del bastón retráctil, de unos 80 centímetros y finito, encontrado en uno de los bolsillos de su pantalón, que según sus amigos era de él. Ellos creen que pudo haberla llevado para su autodefensa. Echazú quedó imputado cuando fue a presentarse ante la fiscalía, luego de que este diario publicara que analizaban con peritos forenses sus heridas en la cara. Pero claro, nadie supo responder de qué lo acusan ni cuándo sería indagado, si es que eso sucede.

Algunos gendarmes se alejaron de la zona y regresaron a sus bases en la madrugada del 2 de agosto. Los peritajes de las camionetas señalan que fueron lavadas previamente, invocando un “reglamento” que los obliga a hacerlo. Un Eurocargo aparece en fotos con parte de la lona mojada. Sin embargo, ni la fiscal ni los jueces del caso profundizaron sobre los alcances de ese accionar y las fuertes contradicciones entre las declaraciones de los jefes y gendarmes. Todo esto no pudo haberse realizado sin la orden del comandante Juan Pablo Escola, que nunca dejó de estar en contacto con su superior, Diego Balari, y el funcionario de Seguridad Pablo Noceti. ¿Alguno de ellos habló hasta ahora salvo para cubrirse? Noceti gritó días atrás en su despacho que “ni muerto” entregaría su celular. Los mapuches ya hablaron, el cuerpo lo está haciendo, pero ya se cumplió el ciclo de pedirle pruebas a las propias víctimas. Es hora que hablen los victimarios.

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Final abierto

Es muy probable que los resultados finales establezcan que Maldonado perdió la vida por ahogamiento, así lo indica el agua que llegó a sus pulmones cuando aún estaba respirando. De manera sorprendente, esta conclusión preliminar disparó la instalación de que como murió ahogado entonces fue un accidente y los gendarmes no tuvieron nada que ver.

Quienes conciben la vida con lógica binaria apuestan al resultadismo futbolero, al blanco o negro, y bregan por la inexistencia de todo tipo de incertidumbre, como la que genera la espera de los resultados de una autopsia. Los abogados con experiencia de violaciones sistemáticas a los derechos humanos coinciden en que la causa final de muerte de una persona víctima del accionar de las fuerzas de seguridad de ningún modo explica la mecánica ni el motivo de la misma. Los casos ocurridos durante los gobiernos constitucionales posteriores a la dictadura cívico militar ponen en evidencia mecanismos de neutralización de responsabilidades para proteger a los agentes del Estado, y son casi siempre los mismos: se ahogó, lo chocó un auto, murió por inanición, tal como demuestran las causas por las desapariciones y muertes de los jóvenes Iván Torres, Miguel Bru, Luciano Arruga, Ezequiel Demonty, Sebastián Bordón, Franco Casco. ¿El caso Maldonado es diferente? En sus preparadas declaraciones testimoniales los gendarmes admitieron que llevaron armas de fuego, y en sus conversaciones quedó expuesto como querían “cazar al negro”, agarrar a uno, “darle corchazos para que tengan”.

“Va a llevar su tiempo establecer la causa de su muerte, se habla tanto, muchas veces sin saber”, dijo el juez Lleral días atrás. Él y la fiscal abren el paraguas ante un casi inevitable cambio de carátula, que quizás ni siquiera sea desaparición forzada seguida de muerte como propicia la abogada de la famillia Maldonado, pero que no necesariamente vaya a mejorar la situación procesal de los gendarmes. Quienes festejan la posibilidad de que se haya tratado de una “muerte accidental” no advierten que la calificación podría terminar en homicidio, con todos los agravantes que implica que haya sido cometido en medio de semejante situación represiva. Los caminos penales son insondables, pero algunas experiencias sirven para pensar escenarios posibles. En el caso de Ezequiel Demonty, el joven de 19 años cuyo cuerpo apareció flotando en las oscuras aguas del Riachuelo, tres policías fueron condenados a prisión perpetua por torturas seguida de muerte y privación ilegal de la libertad; en el caso de Franco Casco, que desapareció el 6 de octubre y apareció en el río Paraná el 30 de octubre, en septiembre fueron apresados 32 policías acusados por el crimen, la desaparición y el encubrimiento de los hechos.

Por el homicidio del militante, escritor y periodista Rodolfo Walsh fueron condenados a prisión perpetua los genocidas que lo habían mantenido desaparecido en las catacumbas de la ESMA. Aún sin el cuerpo, esa condena fue posible.

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La fiscal Ávila no acusa, defiende a Gendarmería

A la espera de los resultados de la autopsia de Santiago Maldonado, que podría derivar en un cambio en la carátula del caso, el juez federal Gustavo Lleral advirtió que “saber la causa de su muerte va a llevar un tiempo”. Lo dijo en referencia a las filtraciones sobre el informe preliminar, y a las conjeturas que éstas propician, por lo cual agregó que “se habla tanto y muchas veces sin saber”. Por otra parte, el magistrado respondió sobre la convocatoria a declarar del denominado testigo “E”. Como si los dichos de este joven mapuche identificado así en los documentos probatorios de la CIDH fuera el único capaz de esclarecer el caso, y luego de meses de no investigar el rol de la Gendarmería y de haber desacreditado las voces de los mapuches, la fiscal federal Silvina Ávila pidió al juez que lo identifique y lo cite. “Verificaremos luego si se trata del testigo del que todo el mundo habla”, dijo el magistrado con cautela.

En la resolución donde hizo este pedido, Ávila volvió a falsear y tergiversar documentos oficiales. Así como faltó a la verdad respecto de las prendas de Santiago en aquel informe que elevó al gobierno para que los funcionarios de Cambiemos respondan ante la ONU y la OEA –y que ocultó a la procuradora Alejandra Gils Carbó–, ahora sostuvo que la medida cautelar que dictó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para intimar al estado argentino a dar con Santiago Maldonado se basó exclusivamente en ese testimonio de identidad reservada (E), que paradójicamente no existía como tal en el momento en que ese organismo se pronunció. El corpus probatorio que motivó la cautelar emitida por la CIDH el 22 de agosto es un extenso informe que describió el accionar del Estado, negando la responsabilidad de Gendarmería y poniendo en duda que Maldonado haya estado en el lugar de los hechos.

El testimonio de E fue recogido por los abogados peticionantes entre el 11 y el 15 de septiembre como prueba de las violaciones a los derechos humanos que comenzaron con la represión en enero en la comunidad mapuche Pu Lof en Resistencia de Cushamen, y es quien afirmó que escapaban juntos de los balazos de los gendarmes cuando ingresaron al río Chubut, que Santiago no pudo cruzar y volvió a la orilla donde fue apresado por gendarmes. Lucas habría sido el último de los compañeros de Maldonado en verlo con vida, pero podría no ser la única persona que podría dar testimonio de ese momento, porque los gendarmes que lo rodeaban en ese momento nunca fueron interrogados al respecto.

Dijo Ávila que “la querella de la APDH (Córdoba) presentó ante la CIDH otros testigos, entre ellos el famoso E de nombre Lucas, dichas presentaciones dieron como resultado la resolución 32/17 y el trámite actual de una nueva medida cautelar”. Sin embargo, esa resolución tiene fecha del 22 de agosto, cuando ese testimonio fue recogido un mes después, y presentado el 22 de septiembre para pedir al gobierno una sanción por el incumplimiento de la medida cautelar. “E no es el fundamento, esa cautelar otorgada fue otorgada antes por el cúmulo de otros testimonios y pruebas, fotografías y videos aportados, Ávila ni siquiera toma en cuenta los hechos cronológicos, se maneja con absoluta impunidad”, dijo a Página12 una fuente del caso.

La fiscal fue aún más allá al pedir al juez Lleral que intime a los letrados de la APDH (Córdoba), en su caso Carlos González Quintana, y el otro peticionante, Fernando Cabaleiro, de Naturaleza de Derechos, porque al no hacer constar los datos filiatorios del testigo podrían haber violado una ley algo vetusta referida a las denuncias ante organismos internacionales. “Es un ataque infantil, sin leer las presentaciones, y nos amenaza en base a una ley de 1951, que penaliza a todo aquel que haga denuncias ante organismos internacionales, ni existía la Comisión de Derechos Humanos de la OEA, aquel que propiciare denuncias en el exterior contra el Estado argentino será pasible de una pena de inhabilitación de cinco a 25 años”.

La fiscal federal subrogante de Esquel insistió en que “en una acción de esta envergadura las partes querellantes habrán tomado los mínimos recaudos para registrar, al menos internamente, los datos filiatorios de quienes testimoniaron”. Al leer este párrafo la querella aludida recordó que la representante del Ministerio Público no tuvo un sólo recaudo respecto de todas las pruebas “que nunca recogió, como las postas de plomo del lugar de los hechos, y las medidas de prueba que nunca realizó como los allanamientos a las casas de los gendarmes y a la estancia de Benetton; además de dejar vencer los plazos para apelar el rechazo a las medidas solicitadas por ella misma, entre ellas el cruce de llamadas entre el jefe de Gabinete Pablo Noceti y los jefes del operativo de Gendarmería”.

En su momento, los peticionante ante la CIDH elevaron cuatro testimonios, dos de ellos ya habían declarado en la causa, Matías Santana y Soraya Maicoño, pero como los otros dos habían pedido reserva de identidad simplificaron colocando a cada uno una letra. Así el tercer testimonio sí se concretó en sede judicial, fue el de Ailinco Pilquiman, la joven que junto a su mamá llevó a Maldonado a la Lof el 31 de julio. En tanto E estuvo citado pero el ex juez del caso, Guido Otranto, levantó sucesivas veces la audiencia. Hasta que luego del allanamiento del 18 de septiembre, en el cual los testigos del caso fueron torturados durante doce horas, el joven volvió a sentir temor por su integridad física. Tanto Santana como Ariel Garzí. amigo de Santiago, sufrieron hostigamiento y campañas mediáticas que los desacreditaron luego de dar testimonio. A tal punto que la ministra Bullrich nombró públicamente a Garzí, quien había pedido protección y reserva de su identidad.

Ahora, en una nueva embestida contra los testigos, y mientras los gendarmes sospechados ya se disponen a mudarse a otras provincias, un matutino reveló que el testigo Lucas pertenece a la familia de otras dos testigos. Luego de haberlo calumniado al publicar que se desdijo para cobrar la recompensa de dos millones que ofrece el Estado a quien aporte información, lo cual fue desmentido por el propio juez Lleral, ahora ese medio difundió incluso a qué escuela concurría.

Esto sucede a pocos días de que la fiscal subrogante lograra separar de la causa a la Procuración de Violencia Institucional (Procuvin), a cargo del fiscal Félix Crous, que había tenido un papel destacado desde el primer día de la investigación. Ávila mantiene informado en forma directa al gobierno de cada detalle del caso, al mismo tiempo que negaba datos a los fiscales de la Procuvin. Durante estos meses, se negó a intervenir los teléfonos de los jefes de Gendarmería que la Procuvin consideraba esencial a los efectos de determinar si había una desaparición forzada en curso, y todas las medidas solicitadas por estos fiscales especiales eran acercadas con demora al juez de la causa. Tampoco accedió a allanar la estancia de Benetton como así las casa de los gendarmes sospechados, ni apeló el rechazo del juez Otranto al cruce de llamadas entre Noceti y los altos mandos de Gendarmería. Como si todo esto no fuera suficiente, mantiene un especial encono contra la abogada de la familia Maldonado, algo que la Procuvin intentó eliminar, sin éxito.

“Se comporta como si fuera abogada de Gendarmería”, dijo Verónica Heredia, letrada de la familia de Santiago, el 14 de septiembre en la puerta del Juzgado Federal de Esquel cuando salía de pedir los apartamientos de juez y fiscal en la causa.

Este dato y toda la peligrosidad que implica el rol de Ávila en el caso Maldonado fue descripto en detalle por el colega Daniel Satur en esta nota de La Izquierda Diario

La peligrosa permanencia de la fiscal

Por otra parte, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos  (APDH) solicitó que la fiscal federal Silvina Ávila sea apartada de la causa que investiga la muerte de Santiago Maldonado por entender que existe un conflicto de intereses que impiden avanzar en el esclarecimiento de las causales y el contexto de su muerte. El organismo de derechos humanos objetó que Ávila es la fiscal en la causa que dio origen al despliegue represivo de Gendarmería en el Pu Lof Resistencia Cushamen, que comenzó el 31 de julio para desalojar de la ruta 40 a los miembros de esa comunidad que protestaban por la detención de sus compañeros en Bariloche y la prisión de su lonko, Facundo Jones Huala.

Esa causa está caratulada NN s/entorpecimiento de servicios públicos, por la violación del artículo 194 del Código Penal, y al mismo tiempo interviene en el proceso que investiga investiga la desaparición y muerte de Santiago Maldonado. “En la del corte de ruta acusa a la comunidad y de alguna manera defendiendo a Gendarmería, mientras que en el expediente sería a la inversa, se trata de un conflicto de intereses, no ponemos en duda cómo llevó adelante la causa, y lo hacemos ahora porque para ampliar las pruebas hacen falta más indagatorias que ella no estaría en condiciones de propiciar”, dijo a Página12 Gisela Cardozo, de la APDH Nacional.

De hecho, mientras que en una de esas causas Ávila persigue a los miembros de la comunidad mapuche y robustece las actuaciones de la Gendarmería Nacional como parte interesada, en la otra, investiga a Gendarmería así como la legalidad del despliegue de los órganos coercitivos del Estado. “La APDH entiende que esta situación pone en dudas el control jurisdiccional imparcial de dichos actos, es decir,  brindar confianza de control judicial hacia otros órganos del Estado, lo que ha sido hasta ahora un factor importante de la falta de avances en la investigación”, indicó sobre la recusación que ahora deberá definir el juez federal Gustavo Lleral.

 

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“En el lugar donde se lo encontró hasta hace dos semanas era orilla, no había agua”

“Vino llorando nuestro lamien (hermano del alma) Fernando, diciendo que habían plantado un cuerpo, y ahora no lo decimos con liviandad, nos pesa porque es tremendo y muestra el grado de vulnerabilidad en el que estamos todos”.

Soraya Maicoño, martes 17 de octubre a mediodía sobre el hallazgo del cuerpo de Santiago. (Fotos: Gustavo Zaninelli)

Hace dos semanas, cuando el juez federal Gustavo Lleral visitó la comunidad mapuche de Cushamen, compartió mates y tomó declaraciones a dos de sus integrantes ya tenía en mente realizar el tercer rastrillaje del río Chubut. El magistrado seguía estudiando las cuatro mil fojas del expediente que heredó de Guido Otranto, tenía sobre su escritorio las decenas de pedidos de medidas de prueba que venía solicitando la Procuvin, la mayoría de las cuales eran concedidas a cuentagotas por la fiscal Silvina Ávila y descartadas por Otranto, y también le llegó la sugerencia del jefe de los buzos de Prefectura sobre la necesidad de volver a “repasar” las aguas de ese cauce. Por esas horas también comenzaba a complicarse la situación del gendarme Emmanuel Echazú, que pretende querellar a los mapuches pero las dudas sobre su visible herida en la cara lo colocaron en condición de acusado en la causa. “Es llamativo que cuando hay un imputado aparezca un cuerpo, pero nosotros no tenemos la mente macabra para pergeñar hipótesis como hacen ellos, sabemos que a Santiago se lo llevó Gendarmería pero no sabemos quién plantó ese cuerpo allí, seguramente están todos involucrados, se siguen tapando entre ellos y los medios hegemónicos apuntan a que se sospeche sobre nosotros. ¿Quién tiene la infraestructura para tener un cuerpo tanto tiempo y que después aparezca, teniendo en cuenta la cantidad de rastrillajes que hicieron sin encontrar nada?”. Así resumía Soraya Maicoño el pensamiento de la comunidad que en 2015 recuperó su territorio en Cushamen, y que desde hace ochenta días se convirtió en el escenario que dio vuelta la agenda social y política por la desaparición y muerte del joven tatuador, que vivía desde abril en El Bolsón y había acudido a la Pu Lof en reclamo por los mapuches detenidos en Bariloche el 31 de julio, cuando reclamaban la libertad del lonko de esa comunidad, Facundo Jones Huala.

Este diario repasó con otras dos personas cómo fue el procedimiento judicial del martes en el que un buzo de la Prefectura Naval encontró el cuerpo en el río Chubut, que ayer la familia Maldonado reconoció como Santiago, y obtuvo un relato idéntico al que dio Maicoño en esta entrevista a Página12. Esta mujer mapuche, que una vez más oficia de vocera, fue la primera testigo clave del caso, cuando relató que vio a Maldonado aquel 1 de agosto en la casilla de guardia de la Lof, poco antes de ser detenida durante seis horas sobre la ruta 40 y mientras comenzaba el avance represivo de Gendarmería.

“Estamos atravesados por la consternación, siempre sostuvimos que a Santiago lo llevó Gendarmería en la represión a Pu Lof Resistencia Cushamen, una comunidad mapuche. Desde el 1 de agosto pasó de todo, el gobierno a través de sus medios hegemónicos se encargó de desviar la investigación a través de pistas falsas, que también promovían la estigmatización del pueblo mapuche, convertirnos en enemigos internos, terroristas y violentos. Nunca esperamos nada del oficialismo y sus medios que jamás intentaron profundizar que en realidad todo tiene que ver con el problema del territorio.  Esto no fue un hecho fortuito, venimos denunciando hostigamiento y judicialización desde el primer momento en que se recuperó territorio. El 10 de enero en la represión hasta una niña de once años fue esposada en el suelo, quemaron juguetes a la vista de los niños. Y el terrorismo mediático difunde situaciones que rallan lo enfermo, escriben cosas que no tienen ni pies ni cabeza.

–¿Se sienten acusados por lo sucedido a Maldonado?

–No salimos nunca a desmentir los aberrantes escritos de algunos medios, con mentiras e inventos. Nuestra lucha es contra emprendimientos que apuntan a la destrucción de la tierra. Esta situación de desaparecer a una persona en el marco del reclamo de libertad de nuestro lonko, y todo lo que ha venido derivando pone luz sobre esta problemática, en la cual como pueblo mapuche siempre nos tocó ser los pobres, humillados, mano de obra barata.

–¿Con quién habló el juez Lleral cuando estuvo en la Lof y sobre qué?

–Interrogó a Ailinco Pilquiman, que ya había declarado en la causa: ella y su mamá habían llevado a Santiago a la comunidad el 31 y lo vieron el 1 mientras escapaba de los gendarmes. Y Nicolás Hernández, que es quien fue detenido conmigo en la ruta. Le planteamos que para que declaren todos necesitábamos garantías. Ahí el juez tuvo un comentario poco feliz, dijo ‘ni yo tengo garantías en este momento’.  Luego vino de nuevo para organizar el rastrillaje, y así Andrea, Fernando Jones y yo nos reunimos dos veces la semana pasada. Era algo que iba a suceder si o si, no nos íbamos a oponer sino podía pasar lo que sucedió con el juez Otranto, hacerlo con violencia. Pero le dijimos que era impropio, que para qué lo iban a seguir buscando allí y que por qué no lo buscaron los primeros días en los escuadrones de Gendarmería. Entonces dijimos que participe la familia, que no haya operativo cerrojo como hacen que cierran las tres rutas de acceso a la Pu Lof, que no haya presencia de fuerzas policiales, sólo los perros, buzos y bomberos, y nosotros. Así fue como sucedió.

–¿Hubo alguna negociación o la comunidad le aportó datos sobre un cuerpo?

–No, para nada. Eso es parte de un invento y hay que tomarlo como de quien viene. No lo escribiste vos, ni Juan Alonso, sino el personaje más nefasto de esta situación.

–¿Cómo fue el procedimiento?

–El juez llegó a cerca de las 7.30, participaron Mabel Sánchez y Julio Saquero, de la APDH. Los lamien verificaron que nadie entrara con armas, nos dividimos en tres grupos, uno desde río arriba hacia el centro, otro en el centro que más que nada fueron los buzos, y otro que trabajó unos tres kilómetros río abajo, con los perros ahí estaba yo. Otros iban por la orilla de enfrente caminando con Mabel y Fernando Jones Huala, y otros integrantes de Pu Lof. Cerca de las 12 y media del mediodía subí a buscar un termo, porque hacía frío, para tomar unos mates y de pronto aparece llorando nuestro lamien Fernando (Jones Huala) diciendo que habían plantado un cuerpo. Fue como un baldazo agua fría, no lo podíamos creer. En ese momento el juez me llama y me muestra desde la barranca mirando hacia el río se veía perfectamente un bulto, desde el punto donde la Gendarmería se llevó a Santiago eran como unos 200 metros río arriba. La semana pasada en esa zona anduvieron trabajando Verónica Heredia y Alejandro Incháurregui. Para ellos y Sergio fue una canallada, cómo era posible que apareciera eso ahí si cinco días atrás no había nada.

–¿Qué le dijo Lleral?

–Me acaban de avisar el buzo, que vio un bulto, se acercó, lo tomó y era un cuerpo humano. No fue un perro sino un buzo, y en un lugar por donde ya habían pasado en todos los rastrillajes anteriores. Fue ahí mismo, hubiera sido obvio verlo en el último operativo que fue tan minucioso, con más de 300 efectivos, helicóptero y drones, Prefectura, Policía Científica de los dos lados del río, sin que participe nadie, ni los veedores de derechos humanos ni nosotros, ni los Maldonado. Si cae un animal al río el agua lo saca a la orilla y al día siguiente ya empezás a ver aves carroñeras. Se quiso sembrar un cuerpo, no lo decimos con liviandad, nos pesa un montón decirlo porque es tremendo. Sentimos el grado de vulnerabilidad en que nos encontramos, hace un mes quemaron la vivienda de un hermano en Vuelta del Río, muy adentro, nos estaban diciendo con la impunidad que se estaban manejando en el territorio.

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–¿El bote en que iba Matías se dio vuelta?

–Sí, en ese iba también Sergio pero se bajó antes, y ellos siguieron río abajo. Se mojó, nos asustamos porque en un momento tampoco aparecía Matías. Iba solo con los prefectos.

–¿En el momento del hallazgo no había ninguno de ustedes?

–No, ni Sergio, ni Verónica, ni Mabel o Julio. Solamente un buzo.

–La propia resolución del juez preveía un allanamiento a la estancia Leleque ¿El procedimiento terminó con el hallazgo del cuerpo?

–Sí, una lamien escuchó por handy ‘positivo, con reservas’. Salió corriendo hacia la guardia muy asustada, y nos encontró a todos angustiados llorando por esta impunidad con que se estaban moviendo y hacen lo que quieren porque cómo apareció ahí cuando a pocos metros es donde buscamos agua cada día.

–¿Le expresaron esto al juez?

–Sí claro, tuvimos un montón de tiempo para seguir conversando con él, le explicamos todos los atropellos, que vivimos ahí, el jueves pasado estuvimos ahí trabajando y no había nada. Hay imágenes de cueros colgados nuestros justo en el lugar donde se encontró el cuerpo.

–¿Qué respondía?

–Nada, no decía nada. Vine acá a hacer un rastrillaje, se acaba de encontrar un cuerpo. Y detuvo todo ahí. Le planteamos por qué había tomado la decisión de hacerlo, y hablaba del jefe de Prefectura que se lo había sugerido. Desde un principio, desde la detención del lonko, todo es ilegal. En su resolución el juez no sólo planteaba encontrar un cuerpo sino continuar con un rastrillaje.

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–¿No se tomó ninguna medida adicional luego del hallazgo?

–No, nada. No siguieron buscando pistas para saber por dónde surgió ese cuerpo. Le decíamos cómo puede ser que hubiera aparecido río arriba. En su despacho ya le habíamos dicho que el casco de la estancia de Benetton era la base de operaciones, que el 1 de agosto las camionetas salían y entraban desde ahí, como parte del operativo. Sergio se paraba sobre la barranca, y decía ‘mirá, son unos desgraciados, se ve desde acá arriba’. El acceso desde la estancia al río es directo, nuestro puesto de guardia no tiene siempre gente ni perro que pudiera haber ladrado. Verónica y Alejandro habían estado ahí días antes caminando, no vieron nada, y de repente llega el juez y en tres horas encuentra un cuerpo. Si realmente ese cuerpo estaba en el río desde el 1 lo habrían encontrado río abajo, o enganchado en unas ramas, en el primer rastrillaje o en el segundo.

–¿De dónde obtiene el dato el juez para hacer el tercer rastrillaje?

–De Prefectura. Julio Saquero se ofrece como testigo porque estuvo en todos los anteriores, sobre los informes que daban los buzos cuando salían del agua diciendo que acá es imposible que haya algo por la cantidad de ramas y raíces, y porque antes el río estaba mucho más bajo. En el lugar donde se lo encontró hasta hace dos semanas era orilla, después creció. No había llegado ningún perito y el juez estaba apurado para sacarlo del río para que no se lo lleve la corriente. Tuvimos que frenarlo, fíjese de poner un gomón, le dijimos. Verónica y Sergio le dijeron ‘si vamos a sacarlo hagámoslo bien’, y por eso es que hubo esa vigilia hasta las ocho que llegó Incháurregui  y se organizó el retiro.

–¿Apenas apareció el cuerpo querían sacarlo?

–Sergio y Verónica se habían ido a hablar por teléfono a un lugar donde hay señal, estábamos con Andrea (Millañanco) y lo tuvimos que frenar. Cuando me lo sugirió le dije que había que esperar a la abogada, así como así no lo van a sacar. Los reflectores que pidió Lleral no llegaban, así que ya preparábamos un fuego para seguir con la vigilia de ese cuerpo, que no lo toquen, que no se lo lleve la corriente. Amigos de Santiago estaban afuera de la tranquera, los mapuches lloraban por lo que estaba pasando y en eso llega (Claudio) Avruj que quería pasar. La luz que se usó para levantar ese cuerpo fue la de la cámara del Poder Judicial y linternas nuestras. Ahora hay que saber qué pasó, qué le hicieron.

–¿Ustedes afirman que el cuerpo fue plantado? ¿Quién lo hizo y cómo?

–Creemos que hay un grupo de gente pagada por Benetton que conoce el territorio, que causó los incendios en Vuelta del Río y estuvo en el lugar con total impunidad, quizás en connivencia con Gendarmería. Sabemos quién se lo llevó, no sabemos quién lo plantó ahí, pero sí que fue con la complicidad del Estado y de Benetton. Claramente es una forma de demostrar el poder impune con que se manejan, sobre todo con esta comunidad que le puso límite a su avance. Buscan la forma de responsabilizarnos a nosotros de lo que ellos son culpables, porque en realidad es un modo de desviar la atención, para no hablar del conflicto real del Estado argentino respecto a todos los pueblos preexistentes. Nos tratan de indios violentos, pero somos claros, no tenemos ánimo terrorista ni pretendemos tener enfrentamientos sino estar unidos en defensa de la tierra. Ellos salieron a cazar a un mapuche y se encontraron con un blanco, ya tenemos hermanos mapuche desaparecidos por el conflicto territorial. Pero es la primera vez que pasó a un no mapuche, con una familia con recursos para buscarlo y una parte de la sociedad los acompañó por todos los derechos ganados en estos cuarenta años. Y se están haciendo eco del legítimo reclamo del pueblo mapuche, Santiago Maldonado estaba pidiendo por eso.