Kosteki y Santillán, catorce años de impunidad política

Publicada en La Izquierda Diario, 26 de junio de 2016.

El 26 de junio de 2002 Maxi y Darío cayeron por las balas policiales. La causa contra los responsables políticos se reabrió en 2015. Las pruebas están y también hay jurisprudencia para juzgarlos.

 

En la calle y en los tribunales. Así batallaron desde siempre los familiares y amigos de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki, por su memoria y contra la impunidad. El año pasado lograron la reapertura de la causa por las responsabilidades políticas de la masacre de Avellaneda, de la que hoy se cumplen 14 años.

 

El caso está en una encrucijada de la cual sólo puede sacarlo el impulso de la fiscalía, si avanza en el sentido por el que luchan los querellantes. Esto es: plasmar en una acusación penal la autoría intelectual de aquella matanza, que provocó el final anticipado del interinato de Eduardo Duhalde.

 

A horas de un nuevo aniversario la fiscal federal Paloma Ochoa fue visitada por el papá de Darío, Alberto Santillán, junto al equipo de abogados y un grupo de intelectuales y políticos. Allí establecieron una “mesa de trabajo” que debería dar frutos en el corto plazo con medidas previstas para julio.

 

Autoría intelectual

 

En octubre del año pasado la fiscal escuchó como testigo al exintendente de Avellaneda, Oscar Laborde. “Los gobiernos de Duhalde y (Felipe) Solá están vinculados con este caso, no tengo dudas de que hubo un acuerdo, no digo para provocar asesinatos pero sí para reprimir de esa manera”, dijo el exfuncionario consultado por esta columnista, como síntesis de su declaración.

 

Ante la fiscal había relatado que el exsecretario de Seguridad Juan José Alvarez le pidió que no hiciera mención pública sobre la presencia de la Prefectura en el violento desalojo del puente, como una manera de ocultar el acuerdo político para reprimir.

 

También contó que cuando le dijo a Felipe Solá que a su criterio los gobiernos nacional y provincial habían actuado en conjunto, el exgobernador dio una respuesta afirmativa tácita al admitir que “lo habían puenteado”. Laborde dijo en su declaración testimonial: “Todo me daba la impresión de que iba a pasar algo grave, le dije al comisario Fanchiotti que no quería un muerto en Avellaneda”.

 

En ese expediente, que el juez federal Ariel Lijo delegó en la fiscal Ochoa, están acusados el expresidente Duhalde y varios de los integrantes de su gabinete. Durante la última década, los que volvieron a la función pública no pudieron evitar ser blanco de sucesivos escraches por parte de los militantes del Frente Popular Darío Santillán (FPDS) y las organizaciones que los acompañan.

 

Algunos son más conocidos, como Aníbal Fernández, el fallido candidato a gobernador bonaerense del kirchnerismo que en aquel momento era secretario general de la Presidencia, o Felipe Solá, que gobernaba la provincia de Buenos Aires.

 

Otros son menos mediáticos, como Jorge Vanossi, uno de esos “técnicos-todoterreno” de la casta política que van saltando de partido en partido. Es el mismo abogado constitucionalista que ahora suplica por la reconciliación con los genocidas en la tribuna de doctrina de La Nación, y que fue una pieza esencial del engranaje intelectual previo a la cacería de piqueteros desatada el 26 de junio de 2002 desde el Puente Pueyrredón hacia el sur del primer cordón del conurbano.

Las pruebas del plan

La luz verde o zona liberada que hubo para desatar la feroz cacería de los militantes de los movimientos de desocupados -que ese día intentaron cortar el Puente Pueyrredón en reclamo de alimentos, trabajo, planes de empleo, aumento de los subsidios (de $ 150 a $ 300) y el fin de la represión y procesamiento por actos de protesta- habría sido obra del propio expresidente Duhalde, según afirman quienes conocen la investigación desde que estaba en manos del fiscal Miguel Osorio.

Si esto será difícil de probar, al menos la fiscal podría intentar rearmar el escenario que fue descripto tanto en el expediente como en las publicaciones del FPDS. Podría empezar con algo que ya está probado y puede leerlo en alguno de los cuerpos de la causa que se apilan en su despacho: el 26 de junio de 2002 el comisario Alfredo Fanchiotti, condenado como autor material de los asesinatos de Kosteki y Santillán, mantuvo una conversación telefónica con el exnúmero dos de la SIDE, Oscar Rodríguez, según señalan dos testimonios.

Su jefe por entonces, el fallecido exgobernador de Río Negro Carlos Soria, habría convencido a Duhalde de que el movimiento piquetero estaba poniendo en marcha un golpe en su contra, y para evitar otro “diciembre de 2001” la orden habría sido impedir que los manifestantes fueran a Plaza de Mayo.

Esa decisión fue tomada por el gobierno de Duhalde para contrarrestar un presunto plan de desestabilización, sólo sustentado en base a dos carpetas de recortes periodísticos y un par de informes de los servicios de inteligencia que había infiltrado la Asamblea Piquetera Nacional que se hizo el 22 y 23 de junio de ese año en el estadio Gatica de Avellaneda.

Espionaje y operaciones fallidas

Cuando declaró en el juicio oral que culminó con la condena del excomisario Fanchiotti y del cabo Alejandro Acosta, Soria dijo que había enviado a sus agentes para que tomaran nota de los discursos de esa asamblea, y así elaboró un informe en el que sostenía que los piqueteros estaban influenciados por las FARC, en referencia a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.

“Allí se habló de revolución, toma del poder, caos y volver al 19 y 20 de diciembre”, dijo. Y explicó que tomó esa iniciativa porque el entonces ministro de Justicia, Jorge Vanossi, le había solicitado precisiones acerca de “si los acontecimientos que estaban ocurriendo en el país podían configurar algún tipo de delito contra la ley de Defensa de la Democracia”.

De hecho, con ese material el 27 de junio el gobierno de Duhalde dio instrucciones al Procurador Nicolás Becerra para que investigara a los piqueteros por presunta “sedición”. Ahí estaba el origen de la cobertura legal que planeaban darle al operativo del Puente.

A estos hechos se refieren los familiares de Darío y Maxi cuando hablan de un plan político del gobierno de Duhalde, que habría sido exitoso si las crónicas y fotos periodísticas no hubieran desbaratado la versión oficial que buscó instalar que “se mataron entre ellos”. La periodista Laura Vales, en Página/12, describió el operativo del 26 como una “cacería”, y así quedaba en evidencia al ver las imágenes de los reporteros gráficos Sergio Kowalewski y José Mateos.

Por su parte, el empresario periodístico Daniel Hadad manipuló fotos para acusar a Santillán de portar un palo con punta especial para perforar chalecos antibalas, mientras el conductor Eduardo Feinmann mostraba en cámara una escopeta casera que, según él, llevaban los manifestantes, al mismo tiempo que el ministro del Interior Jorge Matzkin avalaba la teoría de los piqueteros armados. He ahí las tres patas del plan, judicial, periodístico y político.

Jurisprudencia Mathov

A 14 años del crimen de Maximiliano y Darío, muchas son las peleas que aún restan dar por parte de los familiares, compañeros y de las organizaciones sociales que desde el principio batallaron contra la impunidad. Y no pocos son los responsables políticos de aquella masacre que hoy siguen haciendo carrera como si nada.

Por caso, Jorge Vanossi, partícipe del entramado legal destinado a justificar la masacre de Avellaneda, es hoy diputado en el Parlasur por el massismo y clama por “piedad y justicia” para los represores condenados y enjuiciados por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura.

En una carta de lectores publicada por el diario La Nación, instó a “superar las heridas provenientes de lucrosos (sic) hechos pertenecientes a un pasado muy doloroso”. De origen radical, tras su paso por el gobierno de Duhalde desembarcó en el PRO y desde una banca por ese partido fundamentó pedidos de amnistía para los sicarios del terrorismo de Estado.

A la luz del reciente fallo en el juicio oral que condenó al exfuncionario de la Alianza Enrique Mathov y al ex jefe policial Rubén Santos por la represión de diciembre de 2001, acaso sea posible plantear que ahora sí hay jurisprudencia para avanzar en el juzgamiento de políticos como Vanossi, uno de los responsables intelectuales de la masacre que sucedió apenas unos meses más tarde.

ORIGINAL en LID

Perpetua confirmada para el asesino de Darío y Maxi

La Corte Suprema confirmó la condena a prisión perpetua al ex comisario Fanchiotti por los asesinatos de Darío Santillan y Maximiliano Kosteki, ocurrido el 26 de junio de 2002. El Máximo Tribunal desestimó una queja que había presentado la defensa del ex policía. El fallo fue firmado durante el último acuerdo del año, el 29 de diciembre, y lleva la firma de Elena Highton, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti. Desde el Frente Popular Darío Santillán recordaron que seguirán luchando para que sean investigados y juzgados los responsables políticos de la masacre de Avellaneda, cuando el gobierno de Eduardo Duhalde reprimió a los piqueteros en Puente Pueyrredón en un intento de disciplinar a ese movimiento que le costó su salida del poder poco después. Ojos Vendados sigue esa causa reactivada por la lucha de los familiares. (ver notas relacionadas)
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“No quería un muerto en Avellaneda”

f8091000de3f026d209837e21bc2e700_XL[1]“Los gobiernos de Duhalde y Solá están vinculados con este caso, no tengo dudas que hubo un acuerdo, no digo para provocar asesinatos pero sí para reprimir de esa manera”, dijo el ex intendente Oscar Laborde (foto) a esta periodista, al referirse a la causa judicial por las responsabilidades políticas de la masacre de Avellaneda, y se subió a un avión. Es que el actual representante especial para la Integración Económica y Social de la Cancillería había declarado como testigo pocas horas antes en ese expediente que la justicia federal acaba de reabrir, por la persistencia en su reclamo de los familiares y compañeros de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki, los piqueteros asesinados durante la represión al corte del Puente Pueyrredón, el 26 de junio de 2002. Ojos Vendados tuvo acceso a la declaración testimonial completa del ex funcionario, la primera que dio desde que sucedió la masacre que provocó el final anticipado del gobierno de Eduardo Duhalde. La querella, que ahora impulsan la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH) y la APDH La Matanza, sigue sosteniendo que hubo un plan detrás de la luz verde que tuvieron cuatro fuerzas policiales y de seguridad para desplegar la cacería de militantes de esa jornada. Pero la justicia había cerrado la causa porque “no había nada”, y para poder avanzar necesitaba “nombres”. Ahora Laborde contó, por ejemplo, que el ex secretario de Seguridad Juan José Alvarez le pidió que no hiciera mención pública sobre la presencia de la Prefectura en la represión. ¿Por qué? ¿Qué había que ocultar? También relató que cuando le dijo a Felipe Solá que a su criterio los gobiernos nacional y provincial habían actuado en conjunto, el ex gobernador y actual candidato massista le respondió que “lo habían puenteado”. Y recordó que en el municipio quiso armar un plan de acción porque los antecedentes le generaban “preocupación” respecto de la integridad de los manifestantes. “Todo me daba la impresión de que iba a pasar algo grave, le dije al comisario Fanchiotti que no quería un muerto en Avellaneda”.

  Ante la fiscal federal Paloma Ochoa, en quien delegó la reactivada investigación el juez Ariel Lijo, Laborde hizo un relato detallado de aquellas horas previas y posteriores a la masacre en el puente, la estación, que ahora fue rebautizada Darío y Maxi, y sus alrededores. Luego de dar sus datos personales, le informaron que estaba declarando en el expediente en el cual “se investiga la presunta responsabilidad que cabe atribuir a Eduardo Duhalde, presidente de la Nación en 2002, Carlos Ruckauf, ministro de Relaciones Exteriores, y Juan José Alvarez, secretario de Seguridad Interior, en orden a los homicidios de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki”. A continuación, el ex intendente de Avellaneda describió que el 26 de junio de aquel año, a las 9 de la mañana “tuvimos una reunión de gabinete municipal donde por los antecendentes que teníamos preocupantes elaboramos un plan de acción con los secretarios. Ahí se evaluó, yo expresé la preocupación que tenía por tres informaciones: una era la afirmación de Ruckauf donde reivindicaba el decreto firmado en el año ’75, cuando era ministro de Isabel Perón (en alusión al decreto con el cual ordenó a las Fuerzas Armadas ‘aniquilar el accionar de los elementos subversivos’). La otra era las declaraciones del jefe de Gabinete (Alfredo) Atanasof, donde decía que si querían subir al puente iba a haber una guerra, y tercero era la información del hospital Fiorito, que había recibido la orden de retirar a todos los pacientes excepto a los de terapia intensiva. Todo me daba la impresión de que iba a pasar algo grave”.

  En su declaración testimonial, Laborde dijo que “la noche anterior había tenido la visita de la actual diputada Adriana Puiggros, que presenció una conversación donde yo estaba discutiendo con el comisario (Alfredo) Fanchiotti, y le decía que no quería un muerto en Avellaneda. Entonces lo que se previó a partir de eso fue dividir a los secretarios cerca del puente, entre el viejo palacio municipal, que queda en Mitre al 300, y un establecimiento municipal que queda al lado de la estación Avellaneda, con la indicación de abrir las puertas a los manifestantes si éstos eran producto de represión. Ya en la conversación que había tenido con el comisario Fanchiotti la noche anterior sabía que iba a haber un clima de combatividad ese día, porque en realidad en Avellaneda teníamos periódicamente cortes en el puente y nunca había habido un clima así”.

  Laborde dijo que estuvo en la municipalidad hasta las 16 y que luego se fue a La Plata para entrevistarse con Solá. Ante las preguntas de los abogados Nahir Riesco, Cristian Blanco y Claudia Rizzo, el testigo describió que en esa oportunidad le dijo a Solá “que a los manifestantes los había matado la policía, tenía el testimonio directo de una persona en los brazos de la cual había desfallecido Santillán. Esta persona (Osvaldo Baqueiro) recibió amenazas personales y tuvo un accidente automovilístico por la rotura de los frenos”. El ex intendente de Avellaneda agregó: “Le dije a Felipe Solá (ex gobernador bonaerense) que en mi opinión el gobierno nacional y provincial habían actuado en conjunto. Me dijo que había sido ‘puenteado’, lo cual me pareció muy extraño y se lo dije”, agregó el ex funcionario sobre la respuesta que recibió de Solá, actual candidato a gobernador de Unidos por una Nueva Alternativa (UNA), la alianza que integra Sergio Massa, ex jefe de Gabinete y ex titular del Anses durante los últimos años del gobierno de Néstor Kirchner y los primeros de Cristina Fernández.

  Ante una pregunta sobre las llamadas que hizo ese día, Laborde dijo: “Hablé con Juan José Alvarez (ex secretario de Seguridad) sobre todo por el tema de que un empleado municipal, Silvio Pereyra, había recibido una bala de plomo, le impactó en la clavícula, la conservó y me vino a ver. Alvarez me dijo que había un programa que estaba por salir con el testimonio de este empleado, y que él había visto marchar por Irigoyen persiguiendo a los manifestantes tanto a la Bonaerense como a los ‘marrones’, refiriéndose a personal de la Prefectura. Alvarez me pidió que no saliera en el programa porque si era así quería decir que Prefectura había bajado a Avellaneda”, dijo Laborde.

Sangre por la espalda.

  En otro tramo de su declaración, el ex funcionario expresó: “Durante ese día percibí una persecución generalizada no sólo sobre el puente, en barrios como Gerli o Villa Tranquila, tenía testimonio de arrestos de manifestantes. Otra cosa extraña fue que sobre Mitre hicieron bajar a la gente de un colectivo de línea y tiraron una molotov adentro, eso era para dar la impresión de un caos generalizado en la ciudad”. Sobre ese hecho afirmó tener “la versión de que los autores habrían sido dos oficiales de la primera de Avellaneda vestidos de civil”. Laborde detalló que “el lugar donde más gente se refugió fue un establecimiento municipal cercano a la estación (auditorio Faure), unas 400 se refugiaron ahí. Y en ese lugar se da un acontecimiento donde Fanchiotti intentó junto a cuatro policías ingresar violentamente presionando la puerta de ingreso. Ahí esa persona que mencioné (Baqueiro) me relata que cuando sale ve caída a una persona, que luego supo que era Santillán, y cuando la levanta ve que tenía un chorro de sangre que le corría por la espalda, lo suben a una camioneta y finalmente fallece en el hospital Fiorito”.

  Dijo Laborde que cuando estuvo con Solá le habló de la información que tenía sobre los manifestantes, le preguntó por las razones del desalojo del Fiorito y por qué la policía había pisado el puente sin autorización provincial. “Solá me dijo que no sabía nada, que estaba desbordado”.

  De las conversaciones que tuvo el 26 con el comisario Fanchiotti, el ex intendente recuerda que en una de ellas el policía le dijo que estaba en diálogo con Oscar Rodríguez, en ese momento el número dos de la SIDE que conducía Carlos Soria. También detalló que se enteró por Marcelo Saín que ese día los policías no usaron una frecuencia especial, como suele suceder cuando hay un evento especial, sino “handys que no eran de la fuerza, es decir que tuvieron un sistema de comunicación propio” pero que no había sido provisto por la policía. Cuando la fiscal preguntó a Laborde si quería agregar algo, dijo: “Tengo la convicción sobre la articulación que hubo entre el gobierno nacional y provincial, el rol que tuvieron Atanasof y Rodríguez”.

Los infiltrados de siempre

  La querella le preguntó a Laborde si sabía sobre reuniones que habían realizado los movimientos piqueteros en mayo de ese año y días previos a la masacre, en un teatro de Avellaneda y en el polideportivo Gativa de Villa Domínico. El ex funcionario respondió que sí, porque “era movimientos que tenían actividad social y era común que me pidieran el espacio, y era tarea del municipio facilitar esos lugares”. El 22 y 23 de junio se había realizado la Asamblea Piquetera Nacional y allí los agentes espías de la SIDE habían tomado nota, enviados por Soria, de que los piqueteros habrían estado infiltrados por las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), y de que “se habló de revolución, de toma del poder y caos”. Con eso y otros recortes de prensa la SIDE armó la carpeta que les había pedido el ministro de Justicia, Jorge Vanossi, con precisiones acerca de “si los acontecimientos que estaban ocurriendo en el país podrían configurar algún delito contra la democracia.

  Y así fue, el gobierno de Duhalde dio instrucciones al procurador Nicolás Becerra para que investigara a los piqueteros por presunta “sedición”. Era la pata judicial del entramado que cerraba con el micro incendiado y los militantes “matándose entre ellos”, como salieron a decir enseguida sus funcionarios. A estos hechos se refieren los familiares y compañeros de Darío cuando hablan de un plan político, del que habrían participado varios miembros de su gabinete: Vanossi, Atanasof, Alvarez, el fallecido Soria, Rodríguez y el ex secretario general de la Presidencia Aníbal Fernández, además de Solá, en incluso algún empresario de medios que difundió la primera versión del “enfrentamiento”. Ese combo “justifico la represión porque se viene el caos y vienen por mí” era lo que creía que necesitaba Duhalde para sobrevivir pero terminó anticipando su salida del gobierno. Las secuencias fotográficas de los asesinatos, tomadas por los reportero Sergio Kowalewski, que conseguió esta cronista para Página12. Las de Pepe Mateos (que Clarín tenía pero no usó el primer día, como evidenció el documental “La crisis causó dos muertes”), le cambiaron los planes.

  Antes de ordenar el cierre de la causa el fiscal Miguel Osorio dijo que quedaban medidas por hacer, como un allanamiento de la división Inteligencia de la policía Bonaerense, en lugar del pedido por oficio como ordenó el juez Lijo, que fue respondido por Carlos Stornelli con un previsible “no hay nada” de interés para la causa. Y un nuevo cruces de las centenares de llamadas telefónicas.

  Ahora el expediente que fue reabierto, por pura insistencia de la nueva querella y de la movilización del Frente Popular Darío Santillán (FPDS), tiene muchos más nombres y líneas de investigación posibles. La ponderación sobre el avance está en manos de la fiscal Ochoa, quien posee una larga lista de testigos. De hecho, para empezar, nada de lo que dijo Laborde fue mencionado por Solá hace pocos días cuando salió a victimizarse por haber sido blanco de un escrache por parte del FPDS, cuyos militantes consideran que “si no hay justicia hay escrache”. Sin embargo, la justicia podría esta vez tener algo con que probar las responsabilidades políticas de aquella masacre. Al menos, por primera vez en muchos años, Alberto Santillán, papá de Darío, se mostró esperanzado. “Hemos dado un paso adelante contra la impunidad”, dijo a esta periodista poco después de la audiencia en los tribunales federales de Retiro.

Masacre de Avellaneda, juicio II

Exclusivo: La causa por las responsabilidades políticas de la masacre de Avellaneda, donde fueron asesinados los piqueteros Kosteki y Santillán, fue reabierta por la perseverancia de sus familiares y el FPDS, ahora con el apoyo de la LADH y la APDH La Matanza. Y podría reactivarse si la fiscalía federal coincide con la querella en que la declaración del ex intendente Oscar Laborde abre nuevas hipótesis que puedan conducir a imputar al ex presidente Eduardo Duhalde, su gabinete y al ex gobernador Felipe Solá. Laborde detalló las conversaciones y reuniones que tuvo el 26 de junio de 2002, cuando era intendente de Avellaneda. “Alvarez (Juan José, ex secretario de Seguridad) me presionaba para que no diera notas públicas que dejaran entrever que la Prefectura estuvo en territorio provincial o que las órdenes hubiesen salido del Estado Nacional”, fue una parte de su declaración. También dijo que a Solá le planteó todas las circunstancias extrañas que habían sucedido, como el accionar conjunto de 4 fuerzas represivas y que el comisario Fanchiotti estaba al teléfono con gente de la SIDE. En este mismo sitio, para entender la trama política que hubo detrás de la masacre, por qué hubo luz verde para la cacería de militantes que duró horas, la infiltración y clima previo, ir a las notas sugeridas al final (artículos relacionados).

Contra los responsables políticos de la masacre de Avellaneda

A 12 años y dos meses de aquel 26 de junio, familiares y compañeros de Darío Santillán, junto a organismos de derechos humanos, organizaciones sociales y políticas, volvieron a salir a la calle. Esta vez para pedir que sea desarchivada la causa por las responsabilidades políticas de la Masacre de Avellaneda, y la justicia avance en el juicio y castigo a los responsables políticos e intelectuales por el asesinato de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán.

En una conferencia de prensa realizada en la estación Darío y Maxi (ex Avellaneda) Alberto Santillán, padre de Darío, expresó: “nunca hemos tenido respuesta por parte de la justicia, en estos 12 años hemos visto claramente la falta de voluntad política, la falta de voluntad de justicia, este pedido de desarchivo de la causa es un paso importante, porque también desnuda la incapacidad del Juez (Ariel) Lijo para investigar hasta las ultimas consecuencias”.

También estuvo presente Pablo Pimentel, de la (APDH Matanza), quien aseguró: “Nuestro trabajo ira encaminado hacia desenmascarar esas actitudes hipócritas, por las cuales hasta el día de la fecha no sabemos por qué ni cómo se ha determinado que se debía disciplinar a estos compañeros, nosotros vamos a trabajar en función de eso, para tratar de desenmascarar la actitud vil que han tenido estos gobernantes para con el pueblo”.

Y a su turno, Vanesa Orieta, hermana de Luciano Arruga (desaparecido a manos de la policía en 2009), acompañó el reclamo: “La lucha y las vidas de Dario y Maxi no van a ser tiradas a la basura, estamos dispuestos a meter presos no solo a los autores materiales sino también a los responsables políticos de las causas”.

De la conferencia, también participaron Leonardo Santillán (hermano de Darío y militante del Frente Popular Darío Santillán), el artista Vicente Zito Lema y Enrique Cachito Fukman (ex detenido-desaparecido).

El Frente Popular Darío Santillán, en un comunicado, expresó: “A más de doce años de la Masacre que se llevó la vida de Darío y Maxi, denunciamos la impunidad con que el gobierno de Duhalde planificó y ejecutó la Masacre de Avellaneda el 26 de junio de 2002 se mantiene hoy ya que los responsables políticos de la represión, tanto del oficialismo como de la oposición, continúan en la arena política: Aníbal Fernández, Felipe Solá, Alfredo Atanasoff, Juan José Alvarez y tantos otros”

“A 12 años de iniciada la investigación judicial por las responsabilidades políticas, denunciamos al juez Ariel Lijo, quien hace dos años archivó la causa que debería investigar a los responsables intelectuales de la Masacre y que, no sólo no aportó ninguna medida de prueba, sino que además rechazó el pedido de la fiscalía de allanamiento del departamento central de la Policía Bonaerense, rechazó los cruces de llamadas entre funcionarios y autoridades de las fuerzas represivas. Su inoperancia, sumada a la falta de voluntad política de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner de avanzar en la causa, son una muestra clara de que hay una decisión política para que la justicia no toque a la clase política, situación que solo se torcerá con la movilización y reclamo popular”.

“En estos doce años logramos la condena a los autores materiales del homicidio de Darío y Maxi, el comisario Alfredo Fanchiotti y el cabo Alejandro Acosta. Los responsables políticos de la masacre y numerosos efectivos policiales que participaron de la brutal represión siguen sin ser investigados.Estamos convencidos de que con la lucha y la movilización popular alcanzaremos el juicio y castigo para todos los responsables de la masacre de Avellaneda.

“Darío y Maxi nos dejaron un ejemplo de lucha, experiencias que se multiplican a diario en nuestros barrios, en nuestros lugares de trabajo, en nuestros profesorados y universidades. Esa lucha también consiguió que hoy la estación de Avellaneda lleve el nombre de nuestros compañeros ‘Estación Darío Santillán y Maximiliano Kosteki’. Por eso seguiremos luchando”.

Duhalde y sus ex funcionarios con problemas para hacer campaña

ULTIMO MOMENTO
No se fue nadie, vuelven todos, pero a algunos les toca el escrache! El ex presidente Eduardo Duhalde no pudo hablar ayer en una reunión de Consenso Republicano porque el Frente Popular Darío Santillán (FPDS) lo escrachó. Sus militantes consideran que las apariciones públicas del ex presidente para avalar la lista de Sergio Massa son “una provocación” hacia los familiares y amigos de los asesinados en la masacre de Avellaneda.
“Vecinos, vecinos, Duhalde es asesino” fue la consigna que un grupo de militantes del Frente Popular Darío Santillán entonó anoche en la puerta del Centro de Ingenieros, donde el ex presidente tenía previsto disertar sobre políticas públicas. Esta agrupación viene reclamando por el juicio a los “responsables políticos” de las muertes de los militantes Maximiliano Kosteki y Darío Santillán –de las que se cumplieron 11 años– ocurridas cuando Duhalde estaba el frente del Ejecutivo. También acusan al ex gobernador Felipe Solá –quien va como candidato en la lista de Sergio Massa– y al ex jefe de Gabinete Alfredo Atanasof, que integra el armado de Francisco de Narváez. Debido al escrache, Duhalde no pudo disertar y se volvió a su casa. Por la bronca, uno de los allegados a Luciano Miguens le hizo un gesto de fuck you a Alberto Santillán, el padre de Darío. El frente del edificio quedó lleno de graffittis rojos con consignas como “A Darío y Maxi los vamos a vengar con la lucha popular”. La cena había sido organizada por Consenso Republicano, entidad presidida por el ex titular de la Sociedad Rural Guillermo Alchourrón. 
El FPDS recordó que “Duhalde tiene un largo prontuario, que combina políticas serviciales al poder económico concentrado con la represión más brutal. Como vicepresidente de Menem, Duhalde es referencia de los peores años de saqueo de nuestros bienes y empobrecimiento del pueblo argentino. Su “Maldita Policía” ha perseguido y asesinado a decenas de jóvenes con el gatillo fácil. Como presidente, a través de la devaluación asimétrica, generó las condiciones para una brutal transferencia de ingresos del pueblo trabajador hacia el poder económico”.
 
ADEMAS
Como cada año, como cada 26 de junio, el FPDS se movilizó el miércoles junto a decenas de agrupaciones sociales con actos culturales, la tradicional vigilia, marcha de antorchas y el corte del Puente Pueyrredón en homenaje a los piqueteros Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, asesinados allí hace once años.
 
Y como corren tiempos de campaña, emitió un comunicado para repudiar la inclusión en las listas de precandidatos a las elecciones de octubre de quienes fueran responsables políticos de aquella masacre, el 26 de junio de 2002.

OJOS VENDADOS comparte su contenido.

FELIPE SOLÁ, JUAN JOSÉ ÁLVAREZ Y ALFREDO ATANASOF CANDIDATOS… ¡A LA CÁRCEL!
“A 11 años de la rebelión popular del 2001, ¡no se fue nadie, volvieron todos!”

Nos encontramos a pocos días de cumplirse un nuevo aniversario de laMasacre de Avellaneda, en la que fueran asesinados Darío Santillán y Maximiliano Kosteki, producto de una criminal represión por parte del conjunto de las fuerzas de seguridad del Estado durante el gobierno de Eduardo Duhalde.

Ayer se inscribieron los partidos, con sus respectivos precandidatos, hacia las elecciones legislativas de octubre. Con profunda indignación hemos reconocido en diferentes listas a quienes hoy siguen siendo señalados por familiares, compañeros y amigos de Maxi y Darío como responsables políticos e ideológicos de sus asesinatos y de aquella brutal represión que dejo más de 30 heridos de bala de plomo.
Es el caso de Alfredo Atanasof, jefe de gabinete del ex presidente Duhalde al momento de la masacre, que se ubica en elséptimo puesto en la lista de candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires del “Frente por la Libertad y el Trabajo” que conduce el empresario Francisco De Narváez. Por el lado del “Frente Renovador” que conduce Sergio Massa encontramos a Felipe Solá, gobernador de la provincia de Buenos Aires en el momento de la masacre, ubicado en elcuarto puesto de la lista.
Pero no solo la candidatura del ex gobernador nos llena de bronca. Quien se mueve en las sombras como el “armador y operador político” del massismo es Juan José Álvarez, ex agente de la SIDE durante la última dictadura cívico-militar y Secretario de Seguridad durante el gobierno de Eduardo Duhalde. Álvarez fue uno de los principales encargados del operativo de seguridad aquel 26 de junio junto al titular de la SIDE, el ya fallecido ex gobernador de Río Negro Carlos Soria, y el número dos del organismo Oscar Rodríguez, hoy vinculado al PJ del distrito bonaerense de Presidente Perón.
Ninguno de ellos fue siquiera citado a declarar ante la Justicia por ser los principales responsables políticos, miembros del Poder Ejecutivo al momento de producirse la represión, aunque hay sobradas pruebas de la existencia de un plan represivo con reuniones previas, directivas y complicidades necesarias, una autoría ideológica y responsables. Como tampoco fue indagado el hoy senador Aníbal Fernández, que en aquel momento ocupaba el cargo de Secretario General de la Presidencia, y que actuó como uno de los principales voceros de la operación mediática que intentó encubrir la responsabilidad del gobierno de Duhalde en la Masacre de Avellaneda.

Las candidaturas de estos personajes ofenden la memoria de Maxi y Darío, de la misma forma que la reaparición de nombres como el de Domingo Cavallo, responsable de una de las catástrofes económicas y sociales más terribles que vivió nuestro país, deben ser motivo de indignación por parte del conjunto del pueblo argentino. Vale el recuerdo de aquel “¡Que se vayan todos!” de la Argentina del 2001-2002 que, aunque no pudo constituirse como
una alternativa de poder, señaló los límites que ningún gobierno podría volver a traspasar. De la misma forma que la Masacre de Avellaneda determinó que cualquier intento de represión violenta a la protesta quedara inmediatamente desautorizado socialmente por la referencia ineludible a los brutales crímenes de Darío y Maxi, agitando en la memoria colectiva aquellas dolorosas escenas y desnudando la esencia de una parte de la
dirigencia política más reaccionaria y retrógrada.

Alertamos a quienes hoy gobiernan, o pretenden gobernar, sosteniendo alianzas con el gran capital y sectores reaccionarios de cualquier política que no sea expresión directa de la voz popular. El pueblo no es tonto, no se puede sostener eternamente el verso de años de crecimiento a “tasas chinas” si hombres y mujeres siguen muriendo en los trenes yendo a trabajar, si se hace imposible sostener una economía familiar y llegar a fin de mes o la educación es un bien de quien la puede pagar, mientras los empresarios, según palabras de la propia presidenta, “la juntan en pala”. Es urgente una mejor distribución de la riqueza social que reparta las ganancias extraordinarias del campo, la minería, los hidrocarburos y la renta financiera y los traduzca en beneficios concretos para la población, sobre todo en materia de trabajo, salud, educación, vivienda y servicios públicos. Esto debe ir acompañado necesariamente de una profunda reforma política que empodere a los sectores populares y límite los poderes de la partidocracia tradicional, en donde se fomente el protagonismo popular y la
democracia directa.

En ese convencimiento es que desde el FPDS festejamos la militancia y la participación política de cada vez más sectores sociales, entre los que se destaca esa juventud que, siguiendo el ejemplo de los 30.000 compañeros desaparecidos, se decide a organizar su bronca y sale a luchar contra las injusticias. Esa juventud que visualiza en las figuras militantes de Maxi y Darío un ejemplo de “otra política”, en su dimensión integral y humana. Una dimensión que incluye la solidaridad, el compromiso con el otro, poniendo el cuerpo, incluso a riesgo de dejar la vida en ello. Porque Darío y Maxi fueron parte de esa juventud que no soportó quedarse en su casa viendo cómo
destruían al país y decidieron salir a luchar es que su ejemplo se multiplica: ellos viven en los que se organizan en los barrios, en los que luchan por la educación, en los precarizados que exigen  mejores condiciones de trabajo, en los pueblos originarios que luchan por sus tierras.

La Masacre de Avellaneda, al igual que la rebelión del 19 y 20 de diciembre, marcó a fuego a una nueva generación militante, de la que nos sentimos parte. Es esa voz la que intentaremos hacer oír en las próxima elecciones legislativas, en las que participaremos activamente en la ciudad de Rosario, en conjunto con una importante cantidad de organizaciones populares forjadas al calor de la lucha de tantos años por una patria
justa, digna y soberana, así como en cada oportunidad que tengamos de denunciar a los responsables del asesinato de nuestros compañeros. Por todo esto decimos:
Felipe Solá, Juan José Álvarez, Alfredo Atanasof, Aníbal Fernández, Eduardo Duhalde, y todos los responsables políticos de la Masacre de Avellaneda, candidatos… ¡a la cárcel!

A 11 años de la Masacre de Avellaneda
¡Por una alternativa política de los de abajo, con democracia de base, y
de lucha en las calles!

KOSTEKI Y SANTILLAN II: Zafaron los responsables políticos

  “No hay nada”, fue la respuesta del fiscal federal Miguel Osorio a Alberto Santillán, cuando le planteó el interrogante clave de la causa que investigó las responsabilidades políticas de la masacre de Avellaneda. Fue en su último encuentro, antes de pedir el archivo del expediente, y luego de mostrarle una pieza con decenas de cuerpos del expediente y gráficos inmensos con los cruces de 220 mil llamadas. “Le pusimos todo el esfuerzo pero no encontramos ningún teléfono importante”, repasa Osorio. Sin embargo, destaca que sí probaron una comunicación del mismo día de la represión entre el ex comisario Alberto Fanchiotti y alguien de la SIDE (Secretaría de Inteligencia del Estado). Por su parte, el ex juez Mariano Bergés, abogado de Santillán, está convencido de que el ex jefe de la SIDE, Carlos Soria, “intentó convencer a Eduardo Duhalde que estaba en marcha un golpe por parte de los piqueteros con información falsa”. Y asegura que el ex presidente es el responsable de haber dado la orden de reprimir con tal magnitud.

“Es cierto que hubo luz verde o zona liberada como dicen”, afirma Bergés al referirse a la ferocidad de la cacería de los militantes de los movimientos de desocupados que aquel 26 de junio intentaron cortar el puente Pueyrredón en reclamo de alimentos, trabajo, planes de empleo, aumento de los subsidios de 150 a 300 pesos y el fin de la represión y procesamiento por actos de protesta. “La policía fue cebada, con orden de reprimir no de prevenir, en el juicio oral se demostró que fueron corriendo a buscar armas para meter balas de plomo, y así lo hicieron”, explica. Luego de participar en ese proceso que duró casi dos años, y del seguimiento de la investigación del fiscal Osorio, cuyo desempeño rescata en forma positiva, Bergés llegó a la conclusión de que el gobierno de Duhalde temió ser víctima de “otro diciembre de 2001”, y por eso la orden era no permitir que los piqueteros entren a Capital y lleguen a la Plaza de Mayo. “Esa decisión se toma en base a información falsa que aportó el entonces jefe de la SIDE, Soria, sobre un supuesto plan de desestabilización, un presunto golpe de Estado del cual, en realidad, no había ninguna prueba concreta”, dice. Se refiere al legajo que se le pidió a la SIDE durante el juicio oral, cuya copia y no otra cosa recibió también la causa federal, y cuya entrega por parte de los espías había sido autorizada por el ex presidente Néstor Kirchner. “Eran dos carpetas de recortes de donde no surgía el menor indicio, era papel pintado, el único dato era lo de Gatica”, apunta en alusión a la Asamblea Piquetera Nacional del 22 y 23 de junio de 2002 en el estadio Gatica de Avellaneda.

Cuando declaró en el juicio oral, el propio Soria dijo que había enviado a sus agentes para que tomaran nota de los discursos de esa asamblea, y con ese material elaboró un informe en el que sostenía que los piqueteros estaban infiltrados por las FARC, en referencia a la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. “Allí se habló de revolución, toma del poder, caos y volver al 19 y 20 de diciembre”, dijo. Y explicó que tomó esa iniciativa porque el ministro de Justicia, Jorge Vanossi, le había solicitado precisiones acerca de “si los acontecimientos que estaban ocurriendo en el país podían configurar algún tipo de delito contra la ley de Defensa de la Democracia”. De hecho, con ese material el 27 de junio el gobierno de Duhalde dio instrucciones al Procurador Nicolás Becerra para que investigara a los piqueteros por presunta “sedición”. A estos hechos se refieren los familiares cuando hablan de un plan político, que habría sido exitoso si las crónicas y fotos periodísticas no hubieran desbaratado la versión oficial de “se mataron entre ellos”. A diez años, Bergés afirma que está acreditado que la SIDE le “vendió” la idea del golpe al ex presidente, y que éste dio las directivas para impedirlo. Sin embargo, nada de esto le alcanzó a la justicia para una acusación penal.

La decisión del fiscal Osorio y del juez federal Ariel Lijo de archivar este expediente, concretada hace un mes, no puede ser revertida mediante una apelación. La única posibilidad de reactivarlo sería con la presentación de nuevos elementos de prueba, y en esto trabajan los abogados de los familiares. Osorio y Bergés coincidieron en marcar que quedó un cabo suelto: ambos le pidieron al juez el allanamiento de la secretaría de Inteligencia de la provincia de Buenos Aires, pero como la medida se hizo mediante un oficio y no con un operativo sorpresivo no hay garantía de que los espías provinciales no hayan ocultado algo. Las razones para buscar allí tienen que ver con que el propio Fanchiotti declaró que un día antes de la masacre los jefes de inteligencia fueron informados del plan “para aplicar represión con el objetivo de restablecer el orden con precisión quirúrgica”. Y en la causa está acreditado que la mañana del 26 los jefes policiales repasaron el operativo durante su desayuno junto a un agente de la SIDE al que conocían como tal, aunque no su identidad.

El fiscal también cuestionó las respuestas que recibió de la SIDE, que calificó de “mediocres”, y agregó que no hubo un trabajo serio de Asuntos Internos de ese organismo. Sobre el contenido de la llamada que habría hecho “un empleado” de la SIDE a Fanchiotti contestaron que había sido “para averiguar qué había sucedido” el 26 de junio durante la represión. “Es muy curioso, esa es la explicación oficial, demasiada casualidad”, dice Osorio, pero insiste en que con los elementos que obtuvo no alcanzaba para imputar a los ex funcionarios. Tampoco fue suficiente lo que consta en un cable de la agencia Infosic del 18 de junio de 2002, que describía una reunión de Duhalde en la Casa Rosada con Vanossi, Becerra y el fiscal Norberto Quantín para “definir directivas a jueces para prevenir y dispersar protestas y piquetes. La agencia indicaba que los funcionarios acordaron la “cobertura que tendrá el accionar policial en la justicia”. Y aunque declaró durante tres días como testigo en su fiscalía, las quejas de Fanchiotti fueron interpretadas como una tardía defensa. “Me hicieron una cama, me abandonaron, estoy preso por orden directa de Duhalde”, dijo el ex comisario al ser interrogado. Pero ratificó que su superior en la departamental de Lomas de Zamora, Félix Vega, sabía del plan, y que cuando quiso poner al frente del operativo a su segundo, Mario Mijín, el policía le dijo que “ni loco porque iba a haber quilombo”. Por eso terminó yendo él. Mijín apareció al poco tiempo suicidado. (Otro suicidio del caso fue el del vendedor de diarios de la estación Avellaneda). Sobre las llamadas que atendió ese día respondió con evasivas.

La causa 14.215 “Ruckauf y otros s/homicidio” del juzgado federal 4 había sido iniciada por Mabel Ruiz, la madre de Maximiliano Kosteki, fallecida en septiembre de 2003. El entonces canciller Carlos Ruckauf había dicho que volvería a firmar el decreto de aniquilamiento de la subversión, mientras que el ex jefe de gabinete Alfredo Atanasoff advertía que cortar el puente sería tomado como una declaración de guerra. Entre estas palabras y las dos muertes la justicia no pudo establecer conexión alguna. “Hubo una decisión de que no avanzara esta investigación, por eso a Duhalde le transmitimos la condena social por los asesinatos y lo escrachamos en cada uno de los lugares donde se presenta”, dice Federico Orchani, querellante en la causa y miembro del Frente Popular Darío Santillán. “Al poder judicial, la policía y el gobierno le decimos que no vamos a dejar de exigir justicia, se podrán cubrir o encubrir entre ellos y pensarán que son impunes, pero no es así, a pesar de que luego de tanta expectativa digan que no tiene nada”, advierte Alberto Santillán.

 

 

LA CAUSA POLICIAL: DOS CONDENAS SIN CONFIRMAR

Un día antes que terminara 2011, la Cámara de Casación bonaerense confirmó las condenas a prisión perpetua de los ex policías Alfredo Fanchiotti y Alejandro Acosta por el asesinato de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán. En el mismo fallo, para el cual los camaristas se tomaron casi años, determinaron que ninguno de los otros cinco policías que recibieron diversas condenas en el juicio que culminó en 2006 iría preso. Más aún, los jueces de la sala I del tribunal absolvieron al jefe de Fanchiotti, el ex titular de la departamental de Lomas de Zamora, Félix Osvaldo Vega, que tras el proceso oral y público había sido condenado a 4 años de prisión por encubrimiento. Es el policía que le dijo al ex diputado Luis Zamora, “tenemos experiencia, usted sabe perfectamente que se mataron entre ellos”. Los camaristas Horacio Piombo y Benjamín Sal Llargués sobreseyeron por prescripción a Celestino Robledo, que había sido condenado por usurpación de títulos y honores. Es un policía dado de baja que apareció aquel 26 de junio persiguiendo gente palo en mano. Otro beneficiado fue el oficial Mario de la Fuente, ex jefe de calle de la comisaría 1ra. de Avellaneda que llegó a estar prófugo, a quien le redujeron la pena de 4 a 3 años de cumplimiento condicional. Las apelaciones de la querella y de la defensa están ahora a estudio de la Corte Suprema de la provincia de Buenos Aires. Los familiares y compañeros de Kosteki y Santillán plantearán que uno de sus integrantes, Luis Genoud, debe excusarse de intervenir porque al momento de la masacre era ministro de Justicia provincial.