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Cuadernazo por maniobra oficialista contra Madygraf

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Las empresas recuperadas por sus trabajadores siguen padeciendo el ahogo económico que pone en jaque su supervivencia, y en el caso de la imprenta Madygraf (ex Donnelley) volverá a realizar su ya tradicional «cuadernazo», es decir la entrega gratuita de cuadernos, para denunciar que hubo irregularidades por parte del Ministerio de Educación en una licitación a la que se había presentado. Será hoy a las 10 en Callao y Corrientes.

«Madygraf hizo la mejor oferta, o sea la más barata para el Estado y sin embargo el Ministerio resolvió dar de baja la licitación perjudicando a todos los trabajadores que conformamos la cooperativa, y a los niños y niñas que deberian recibir sus materiales escolares por parte del Estado», dice Jorge Medina, uno de los gráficos que desde 2014 trabaja en esta imprenta sin patrones, sustento de 150 familias.
«El Ministerio desestimó nuestra presentación aduciendo faltante en las muestras dentro del sobre, cuando nosotros presentamos todas las muestras. Frente a esto tenemos la constancia de entrega de las muestras firmado por el mismo Ministerio, que por otro lado ‘extrañamente’ no había sido cargado a la pagina oficial por la cartera ministerial», indicó Medina. Según explicó, al abrirse una investigación interna el propio Ministerio concluyó que el sobre presentado llegó abierto a los funcionarios correspondientes, algo que sucedió dentro de la cartera educativa.

«En vez de darnos por ganada la licitación deciden dejarla sin efecto y abren una nueva exactamente igual obligándonos a volver a competir cuando las ofertas ya son conocidas por todos nuestros competidores, lo que no hace más que beneficiar a las empresas frente a una Cooperativa que viene sosteniendo sus puestos de trabajo desde hace cinco años frente a todas las dificultades», agregó el trabajador.
En mayo de 2017 la Cámara de Diputados bonaerense aprobó por unanimidad la ley de expropiación de la planta gráfica de Garín, cuyos dueños de la multinacional norteamericana habían cerrado el candado de ingreso el 11 de septiembre, luego de intentar su vaciamiento. Al día siguiente los trabajadores en asamblea decidieron entrar y volver a ponerla en funcionamiento. «La nueva licitación nos cambia los tiempos, y nos obliga a invertir 25 millones en insumos, lo que demuestra que no quieren que ni aparezcamos», dijo Ingrid Hirsch, del Ceprodh. «Los esperamos a las 10 a quienes quieran obtener un cuaderno y apoyar así nuestro reclamo», apuntó Medina.

Donnelley: «Sabíamos que podíamos, sólo teníamos que probarlo»

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Después de que la imprenta que manejaba el mercado local (con parte de capital buitre) cerrara sus puertas, el Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria. Al otro día, a las seis de la mañana, los trabajadores ingresaron a la imprenta. Infojus Noticias es el primer medio nacional que entra a la planta recuperada por los obreros. (fotos Santiago Cichero)

No fue necesario romper puertas ni candados. El 12 de agosto, un día después de encontrar la fábrica cerrada, los trabajadores de RR Donnelley pidieron las llaves del portón a los guardias, que se las dieron y se fueron para ya no volver. Habían decidido en asamblea que las rotativas de la imprenta -ubicada en el kilómetro 36 de la autopista Panamericana- volvieran a imprimir. “Lamentamos tener que comunicarle que, afrontados (sic) a una crisis insuperable y habiendo considerado todas las alternativas viables, estamos cerrando nuestras operaciones en Argentina y solicitando la quiebra de la empresa, luego de 22 años de actividad en el país”, decía un cartel dejado por la empresa el día anterior. Debajo, un 0800 para que las 400 familias pudieran obtener “más detalles” de su destino.

“El día que salió el primer camión con nuestra producción de revistas, aplaudimos todos”, dice Alcira Landeira, enfermera desde hace una década en Donnelley. “Lo que acaparó la atención es que pusimos a producir la planta”, apunta el operario Hernando Charles. Se refiere al discurso de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, cuando dijo que los dueños habían conseguido en la justicia una “quiebra exprés”, que parte de su capital tenía origen buitre y que iniciarían acciones legales para evitar la pérdida de las fuentes de trabajo. Sin bien estos obreros gráficos apuntan a obtener la expropiación de la fábrica y su estatización para autogestionarla (“ponerla al servicio de la sociedad imprimiendo libros y manuales”, dicen), están dispuestos a aceptar otras variantes, como podría ser, también, otro comprador, que garantice sus empleos. Por el momento, para facturar y cobrar el trabajo que producen, en la asamblea del miércoles a la noche votaron: conformarán una cooperativa. La bautizaron Madygraf, en homenaje a la hija de uno de los trabajadores.

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“Nuestros brazos y las máquinas estaban ahí”

Infojus Noticias es el primer medio nacional que entra a la planta recuperada. Más allá de la puerta de ingreso hay una salita con los ficheros en desuso. Charles, del área de calidad, 15 años en la imprenta, será guía y fuente en este recorrido. En los pasillos anchos hay orgullo porque se generaron 2 millones de pesos en estas semanas de producción, pero también cierta incertidumbre. “El dinero por ahora va al juzgado que tiene la denuncia por quiebra fraudulenta. Nosotros cobrábamos el último día de cada mes y ahora es duro no ver un peso. Con la cooperativa esperamos avanzar en eso”, explica, y mira al abogado Agustín Comas, a su lado. Los tranquiliza bastante que sus abogados están dedicados a pleno a resolver esta cuestión que no es menor.

Compran insumos y piezas de maquinarias con el fondo de lucha, que activa la comisión de mujeres de Donnelley (surgida durante el conflicto por los despidos en 2011, entre las familias de los trabajadores). De los 400 trabajadores, sólo cinco son mujeres, en los sectores de limpieza, calidad y enfermería.

Charles vive con su mujer y dos hijas en Cabot, un barrio obrero de Garín. Recortó gastos: “Mi mujer trabaja en un kiosko y tengo casa propia. Otros compañeros son sostén de familia y pagan alquiler, están más complicados”, dice. Landeira, la enfermera, recuerda el día que cerró la imprenta: “Pasamos de la etapa de la incertidumbre a organizarnos, lo estoy viviendo con mucha alegría. Funciona y se puede. Bajó muchísimo el nivel de estrés, que generaba ausentismo y accidentes. Somos gente de muchos años de trabajo y especialistas”, dice la enfermera.

Hasta el sábado 9 todos ellos estuvieron trabajando. Aquel lunes encontraron el papel de quiebra en la puerta. “No sabíamos si nos iban a sacar con la Infantería, la sensación fue ‘me dejaron sin trabajo y ni siquiera pagaron una indemnización’, un vacío total”, dice esta mujer que vive a 10 cuadras de la fábrica, es madre de siete hijos, y tiene 17 nietos.

El Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria y al otro día, a las seis de la mañana, los trabajadores ingresaron a la imprenta. “Volvimos a nuestros puestos de trabajo como establece esa medida, esté o no el patrón. Nos repartimos las tareas, y retomamos los trabajos pendientes”, relata Charles. El modelo que inspira las prácticas es Zanon. “Nunca imaginamos que esta planta, que no daba pérdidas, iba a cerrar. Hay un compañero de Zanon, que ya no vive más allá, que nos está orientando”, dice el operario.

Landeira recuerda que “cuando se tomó la decisión de entrar, nos dimos cuenta de que el trabajo estaba adentro, nuestros brazos y las máquinas estaban ahí. Sabíamos que podíamos, sólo teníamos que probarlo. Arrancaron las primeras máquinas, y si faltaba uno iban de otro sector a colaborar”.

A fin de mes se hizo una asamblea: decidieron que con la ayuda recolectada en el fondo de lucha, podían cobrar 4 mil pesos cada uno. Landeira mira a Charles. ” Aunque nosotros, que no estamos con tanta urgencia, no cobramos, vamos a esperar. Está la solidaridad y el compañerismo, está la planta produciendo, las revistas salen, está creyendo el cliente con calidad y fecha, pero nos faltaba la plata”, dice la enfermera y sonríe.

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La reina del mercado local

Los más veteranos conocen la historia. En 1864, Richard R.Donnelley comenzó su propia imprenta en Chicago, RR Donnelley & Sons. La empresa creció rápidamente con la impresión de Time y Life. En los ‘60 era la número uno de impresión comercial. Se instaló en Argentina en 1992, al comprar la editorial Atlántida Cochrane S.A.. Hasta el cierre, junto a Morvillo y AGR, dominaba el 80 por ciento del mercado local. A nivel internacional, tiene más de 40 plantas, emplea 57 mil trabajadores, y su facturación anual en 2013 ascendió a 218 millones de dólares.

En la última década, con Donnelley como patrón, los trabajadores enfrentaron la implementación de las doce horas de trabajo y el turno americano, denominado 6 x 2, que los obligaba a trabajar sábados y domingos. Ese conflicto provocó en 2001 unos 50 despidos. Dos años más tarde desplazaron a los sectores burocráticos de la comisión interna, y Donnelley comenzó a estar presente en los conflictos del cordón industrial de zona norte. Es una de las pocas fábricas que hizo paro de una hora por la condena a los petroleros de Las Heras. Aunque actualmente la interna está en su mayoría integrada por militantes del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS), los operarios destacan que en la asamblea tienen activa presencia sectores diversos.

Este año los trabajadores denunciaron que la empresa no debía recibir un subsidio oficial, convencidos de que los números para fundamentar una crisis eran “un dibujo”. En julio Donnelley presentó en el ministerio de Trabajo un recurso preventivo de crisis: 123 despidos y reducción del 40 por ciento en salarios. Fue rechazado por la cartera laboral y por el sindicato gráfico.

“Hubo muchas maniobras hasta llegar al cierre, pero pensamos que por algo no nos cortaron el suministro de gas, quizá sea porque Atlántida no tiene dónde hacer estos trabajos. Los dueños bloquearon la pre impresión computarizada, pero los compañeros la desbloquearon con ayuda de técnicos de universidades. En Zanon, sin gas, tuvieron que esperar seis meses para producir, nosotros al segundo día ya empezamos”, dice Charles.

“La semana pasada nos movilizamos al juzgado de Gerardo Santicchia porque en sus manos está la decisión de liberar el dinero de los cheques que nos pagó Atlántida por nuestro trabajo, pero se los llevó el síndico de la quiebra”, explica Charles. Este juez comercial recibió el planteo de los dueños de Donnelley, que hace un mes pidieron su propia quiebra. Ahora tanto el gobierno como los trabajadores, con sus abogados, buscan que el magistrado anule el pedido de quiebra patronal y lo transforme en “quiebra fraudulenta”. De ese modo, los empleados podrían cobrar su primer sueldo con lo producido con la autogestión que comenzó el 12 de agosto.

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Donnelley ante la Justicia

“El discurso de la Presidenta nos favoreció, pero alguien se tiene que hacer cargo de que podamos cobrar, seguimos trabajando para no cortar la relación con el cliente, que la empresa dejó colgado. El ministro (de Trabajo Carlos) Tomada nos prometió el Repro (Programa de Recuperación Productiva, un subsidio a las empresas a través del cual el Estado se hace cargo del pago de una parte del salario a los trabajadores)”, agrega.

La AFIP hizo tres presentaciones contra Donnelley. Pidió a la Justicia comercial que deje sin efecto la quiebra concedida a la multinacional. Hizo una denuncia penal acusando a Donnelley de “alteración del orden económico y financiero” según prevé el artículo 309 inciso 1 de la ley 26.733, de delitos económicos, que recayó en el juzgado federal de Daniel Rafecas. Y su titular Ricardo Echegaray pidió a la SEC de Estados Unidos (Securities and Exchange Commission) que investigue los motivos que llevaron a Donnelley a cerrar su filial en Argentina y declarar una pérdida de más de 20 millones de dólares que los balances no reflejan.

Parecen veinte autos frenando juntos. Así suena la puesta en marcha de una de las máquinas rotativas. “Estamos produciendo Billiken y Para Ti y buscamos nuevos clientes. En Atlántida nos elogiaron porque la calidad del producto es mejor, ahora cuando vemos errores paramos y volvemos a empezar”, dice el operario-guía. Y muestra la oficina del gerente Claudio Vergara, cerrada. Quedó su chaleco colgado de una silla. En la puerta hay un cartel que anuncia que a las 16.30 hay asamblea, como en otras partes de la planta. Según cuenta el trabajador, “es el mismo gerente que fundió la gráfica ex Conforti”. Vergara tiene prohibida la salida del país por parte del juzgado ante el cual los dueños de Donnelley pidieron su propia quiebra, junto al sueco Luiz Jarlsson Bring y Roberto Rivas.

Miguel está haciendo mantenimiento a una de las rotativas. “Soy primer maquinista con 22 años en la empresa”, se presenta. “La única seguridad que tenemos es que sabemos imprimir y le ponemos pila, queremos conservar nuestra fuente laboral, queremos un producto de calidad. Se trabaja con más tranquilidad y si avanza, vamos a tener sueldos igualitarios”, dice sobre la autogestión. “Con Donnelley ellos decían que estaban en rojo, Nos decían que habíamos perdido el trabajo cuando ellos lo estaban tercerizando y así nos negaban aumentos”, agrega.

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¿Cómo es que el caso Donnelley llegó al discurso presidencial? “Lo que acaparó la atención es que pusimos a producir la planta, es un granito de arena, un ejemplo para los desocupados, hay que luchar por los puestos aunque te cierren la planta”, responde Charles. “El problema de Donnelley se mencionó para el problema con los buitres, el gobierno dijo que garantizaba los puestos de trabajo así que esperamos que así sea”, dice Landeira.

Los trabajadores denuncian que la quiebra es fraudulenta porque hubo desvío de la producción a otros talleres y préstamos y créditos a su casa matriz. Y en el mismo sentido, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner había precisado que el anuncio de quiebra buscó «crear el temor» en la población y señaló que Paul Singer, titular del fondo buitre NML, había transferido parte de sus acciones al fondo de inversión BlackRock, que tiene participación accionaria en Donnelley. Como sucedió con la mayoría de las fábricas recuperadas, la llave para que los autogestivos puedan seguir llevando el pan a sus casas depende de decisiones tanto políticas como judiciales.

En este caso, si el juez falla en sintonía con lo que le están pidiendo los trabajadores y el gobierno, se destrabaría el dinero que necesitan. Mientras tanto, decidieron darse la forma de cooperativa para poder facturar ellos mismos lo que producen. No hay una receta, avanzan día a día.

Nota original en

http://www.archivoinfojus.gob.ar/nacionales/donnelley-sabiamos-que-podiamos-solo-teniamos-que-probarlo-5544.html

La trama secreta detrás de la ofensiva por el Bauen

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La abogada de los propietarios que reclaman el edificio del hotel es comunera del PRO y su marido fue subjefe en la Metropolitana.

En la intrincada trama societaria de dueños y gerentes de dos emblemáticas empresas sin patrones hay tres personas que pasaron a ocupar despachos oficiales del gobierno de Cambiemos. La abogada de los propietarios que reclaman el edificio del autogestionado hotel Bauen, Susana Espósito, es comunera del PRO en Caballito. Los 20 pisos ubicados en Callao al 300 están valuados en unos 30 millones de dólares y pertenecen a Bauen Sacic y Mercoteles SA. En 2001 la primera se lo “vendió” a la segunda, que ahora reclama el edificio, pero casualmente el presidente de Mercoteles es el hijo de quien fuera titular del Bauen, Marcelo Iurcovich. Todo queda en familia, y en el apuro de desalojarlos habría poderosos intereses inmobiliarios de quienes pretenden recuperar un edificio construido con créditos otorgados por el ex Banade, que a junio del 2000 figuraban con una deuda de 85 millones de pesos en la nómina de esa entidad. En tanto, dos ex gerentes de la gráfica Donnelley, hoy cooperativa Madygraf, son funcionarios con altos cargos en la Casa de la Moneda.

Espósito es abogada, escribana y licenciada en Seguridad, además de comunera de la Comuna 6, y junto a su esposo Ricardo Raúl Pedace, ex subjefe de la Policía Metropolitana, conduce un programa en la FM de radio Ciudad, la 2×4. En enero, Pedace pasó de la Metropolitana a encabezar la Agencia de Control Gubernamental de la CABA. En junio de 2006, Espósito firmó como apoderada de Mercoteles una solicitada, junto al apoderado Gerardo Palomero en nombre de Bauen Sacic, que denunciaba a los “ocupantes” y calificaba al proyecto de expropiación, que en aquel momento peleaban en la Legislatura, como carente de sustento “político, filosófico, práctico y jurídico”. Un año después, PáginaI12 reveló que es el mismo grupo Iurcovich que construyó el Bauen con un crédito del programa de infraestructura para el Mundial de Fútbol de 1978, abandonó el edificio, lo vendió dos veces. Ahora estaría a punto de recuperarlo si se ejecuta el desalojo que la jueza comercial Paula Hualde dispuso para el jueves.

En 2007, la justicia determinó que el hotel pertenece a Mercoteles y no al empresario Félix Solari, que lo compró en 1997 y quebró de 2001. Pero tampoco otorgó razón a la cooperativa de trabajadores que lo ocupa y explota desde 2003. El fallecido Iurcovich y sus herederos hicieron una fortuna durante la dictadura, y la consolidaron durante las intendencias de Carlos Grosso, Aníbal Ibarra y Jorge Telerman. Para lograrlo, se valieron de una telaraña de empresas a nombre de familiares y personeros de variadas razones sociales, dos offshores uruguayas y negocios en Brasil.

Cuando se constituyó Mercoteles figuraban a nombre de testaferros, hasta que la familia Iurcovich blanqueó ser dueña de esa empresa en el acta de cambio de autoridades de junio de 2009. Sin demasiado esfuerzo, la justicia habría podido comprobar que entre Bauen S.A. y Mercoteles S.A. hay un íntimo hilo conductor: los mismos personajes son familiares de Marcelo Iurcovich o aparecen alternativamente como directivos o apoderados en las dos empresas. Es decir, las dos firmas tienen los mismos dueños.

“No son casos aislados, entre los deudores del Banade también estaba Luigi Zanon, son empresarios parásitos del Estado, capitalistas sin capital”, dijo Federico Tonarelli (Bauen-Acta). “Repudiamos cualquier acto de violencia que pudiera suceder a partir del 19, somos un grupo de trabajadores no un ejército y sólo defendemos lo que construimos en 14 años, un hotel al servicio de la comunidad. Sabemos que vendrán dirigentes y militantes de un muy amplio espectro político, es el apoyo que tiene la cooperativa, el que hizo posible la ley de expropiación vetada por Macri”.

Por otro lado, PáginaI12 verificó que Guillermo Lerario, gerente de Administración y Finanzas de la Casa de Moneda, y José Luis Lacoste, vicepresidente de esa Sociedad de Estado, fueron parte del directorio de la ex Donnelley. Además, el histórico abogado de esa multinacional, Diego García Vila, es legislador porteño por el partido de Graciela Ocaña en el frente con Cambiemos. “Todos amigos de Macri, quiebran empresas y los premian con cargos en el Estado o en las listas de sus partidos”, dijo Agustín Comas, uno de los abogados de la cooperativa Madygraf, ex Donnelley.

El piquete en primera persona

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La blonda conductora dice muy suelta de cuerpo, como suele suceder en televisión, “eso de poner mujeres adelante en las manifestaciones es a propósito”. El comentario reaccionario ignora que los cortes que la izquierda y el sindicalismo combativo viene realizando en la Panamericana en la última década cuentan con la mesura y el cuidado de no exponer a ningún integrante de las diversas agrupaciones. Las mujeres que el viernes enfrentaron a los gendarmes en uno de los piquetes que activó el paro general estaban ahí por propia voluntad, porque lo votaron en asamblea, porque hace más de dos años gestionan una de las plantas gráficas más grandes de América Latina, la cooperativa Madygraf, ex imprenta Donnelley.

Son las mismas que estaban en casa cuando sus compañeros ocuparon la planta de Garín, y que durante la puesta en marcha de la producción se hicieron un lugar para trabajar con ellos a la par, al tiempo que las agrupaciones que los apoyan armaron una juegoteca así sus hijos podían estar cuidados. Son las mismas que ya habían organizado una comisión cuando los anteriores dueños, que intentaron vaciarla y se fueron declarando una quiebra fraudulenta, amenazaban con despidos. Y de sus manos recibieron los alumnos de la zona de Pacheco los cuadernos donados por Madygraf, como así también en el Obelisco y Rosario donde protagonizaron ya varios “cuadernazos”. “Sí, vamos al frente y desde hace tiempo, no sólo ayer en la Panamericana”, responden ellas.

Javier Aparicio es un trabajador de Volkswagen que está suspendido desde enero junto a otros 700 operarios de la automotriz. Tiene 45 años, un hijo y es inquilino. La luneta trasera que los gendarmes le destrozaron ayer es de un auto que aún está pagando en cuotas. Hace un año cuando cobró la segunda quincena de abril se encontró con una rebaja de casi un 25 por ciento. Ante la crisis de Brasil, la compañía alemana había anticipado el posible despido de 1200 trabajadores por el cierre del turno noche de la planta de Pacheco, pero finalmente negoció suspensiones rotativas de los 4000 empleados que allí trabajan, por lo que acaban cobrando menos salario con una inflación creciente. Desde hace meses la fábrica está militarizada, rodeada de gendarmes.

Aparicio ya no compra con tarjeta ni puede comer asados los viernes con los compañeros. En julio pasado, luego de hacer declaraciones en los medios encontró las cuatro ruedas de su auto tajeadas en el estacionamiento de su trabajo. El viernes en la Panamericana avanzó con su vehículo cuando los gendarmes rodearon su auto por detrás y el costado izquierdo, y le ordenaron que se moviera. Fue en ese momento que golpeó a uno de los uniformados que estaba al frente a su derecha y de espaldas. “Somos 700 los suspendidos en la empresa. Me estoy manifestando porque hay compañeros que están ganando el 60 por ciento del sueldo. Me pegaron porque querían que corra el coche, me rompió el vidrio, me pegó. Atrás hay una compañera lastimada porque le saltaron todos los vidrios”, dijo ayer tras el ataque. El efectivo que había sido tocado por el auto terminó pegándole una trompada a Aparicio.

Natalia Blanco tiene 37 años y hace tres días la echaron de su trabajo en un laboratorio. Es estudiante de Farmacia y fue herida en la represión al corte en Callao y Sarmiento. La operaron pero puede perder dos dedos de su mano. Su compañera Nancy Albornoz, enfermera del hospital Borda, fue detenida en el mismo lugar y estuvo varias horas en la comisaría 5ta. A ella no le abrieron causa, en cambio a Cristian Cola, becario del CONICET que desarrolla sus tareas en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UNLP y uno de los seis detenidos en la Panamericana, lo indagaron por corte de ruta y resistencia a la autoridad.

“Dos gendarmes fueron heridos por estas especies de jabalinas (sic)”, dijo ayer la ministra Patricia Bullrich. En las redes se hicieron un picnic, aludiendo a la “lanza desestabilizadora que lastima a indefensos gendarmes”, que por cierto tenían todos sus cascos y escudos sobre los cuales estas cañas –de bambú o de tacuara– rebotarían sin provocar daño alguno. Pero es la misma funcionaria PRO que inauguró su gestión autorizando la represión con balas de goma a los trabajadores de Cresta Roja, y en un comunicado oficial dijo que el motivo fue frenar a un supuesto “infiltrado del PO que quería tomar (sic) el Aeropuerto de Ezeiza”. Andrea D’Atri, fundadora de Pan y Rosas, bromeó ayer en Facebook: “Quiero sumarme a la indignación de “la gente”. ¡Basta de taparse la cara y usar palos! ¡Vayan a trabajar, vagos!”. Y posteó una foto de los gendarmes con sus cascos y palos embistiendo sobre la columna de Panamericana y 197.

En ese punto de la zona norte los manifestantes estuvieron desde las 6 hasta las 9 cortando, estaban liberadas una mano completa y un carril de la otra, y ya habían acordado retirarse cuando apareció el secretario de Seguridad Eugenio Burzaco y comenzó la represión. Por eso los dirigentes del FIT indicaron que el gobierno “forzó” ese operativo. En tanto, las maestras que estaban en el corte del Puente Pueyrredón fueron recibidas con gas pimienta apuntado directamente a sus rostros.

Es evidente el inicio de una nueva etapa, tanto como que la escalada de violencia no está entre los que protestan, por más que los dirigentes de Cambiemos y los medios hegemónicos se tomen de una imagen de un pasamontañas y una caña de tacuara para renovar la estigmatización y condena del piquete, uno de los históricos métodos de lucha de la clase trabajadora.

Dos años de Madygraf

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Aquella mañana pensaron que todo terminaba, pero en menos de veinticuatro horas tomaron ese destino y lo dieron vuelta. En el portón de ingreso de la planta que la imprenta R.R. Donnelley tenía en Garín apareció un cartelito que anunciaba la quiebra de la empresa, luego de 22 años de actividad. En lugar de marcar el 0800 que les daban cómo única salida, ese lunes 11 de agosto hicieron una asamblea en la que decidieron esperar un día y entrar. El martes 12 la patronal seguía ausente así que pidieron las llaves a los guardias y a las pocas horas reactivaron las rotativas, con el aporte de estudiantes universitarios que desbloquearon las máquinas. No pararon hasta que el primer camión de revistas salió en medio de aplausos. En estos dos años afrontaron todas las dificultades de producir solos, aunque también muchas satisfacciones. Aún pelean por la expropiación y para que el juez comercial no se siga quedando con el 10 por ciento de sus ganancias, pero se organizaron con una activa comisión de mujeres, juegoteca para los pibes y pibas, donaron cuadernos a las escuelas de la zona y tejieron sólidos vínculos con el resto de las empresas de zona norte, en solidaridad con sus conflictos. Los clientes les confesaron que las publicaciones de ahora, desde que se autogestionan, son de mejor calidad que antes. En un país en plena recesión mantienen 200 puestos de trabajo, con un salario que no llega a la canasta familiar pero que les da estabilidad. Y se dieron el lujo de recibir en sus galpones a los Artistas por el FIT, que en marzo dieron un concierto allí. La fórmula presidencial Del Caño-Bregman, apoyada durante la campaña por ese conjunto lírico, venía aportando parte de sus dietas para apuntalar a la cooperativa que bautizaron Madygraf, en homenaje a la hija de uno de los trabajadores. Ahora preparan un festival Rock sin yuta, para el sábado 20, porque «tal como hacen en Zanon» cuando hay recitales en el playón «nos cuidamos solos». (foto Santiago Cichero)

Marco Pollo es una de las primeras caras que ve el visitante. Es de Mar del Plata, aunque ahora vive en Bella Vista con su compañera, y trabaja en la mesa de entradas de la ex Donnelley.

–¿Qué sienten al mirar atrás y recordar aquella mañana y la decisión de entrar?

–Bueno debo comenzar con un paréntesis. Una semana antes de la toma de la planta sufrí un incendio en mi casa y quede en coma inducido durante algunas semanas. Recibí la noticia de la toma, la fuerza de los compañeros y también la incertidumbre de aquellos días donde todo parecía desmoronarse. No teníamos mas que un puñado de revistas para hacer con un solo cliente, no cobrábamos porque el juez de la quiebra Gerardo Santicchia retenía los cheques. Nuestras compañeras, esposas, familiares y muchos amigos sostenían con mucho esfuerzo un fondo de lucha para bancarnos. Era indignante que dejaran un cartel con un 0800 para comunicarnos que cerraban las puertas y dejaban 400 familias en la calle. La decisión de entrar a la planta se tomo en una asamblea en la puerta también con los miedos sobre lo que iba a pasar, pero con la firmeza de haber aprendido que sin miedo no hay coraje como dijo un trabajador desde el puente grúa en el conflicto de la autopartista Gestamp.

–¿Cómo es la situación hoy a nivel productivo y también humano en la planta?

–Productivamente hemos logrado durante estos dos años sostener 200 puestos de trabajo, y esto solo en medio de un país en recesión, con despidos y recortes de horas, ya es un gran logro. Claro que no sin dificultades, el mercado gráfico también se ha retraído bastante y la competencia con las grandes fábricas de la industria es desigual, por el respaldo en capitales, los beneficios que les da el Estado y las posibilidades de acceder al crédito e insumos importados como papel. De todas formas fuimos creciendo en los títulos y folleterías que imprimimos. Si bien nuestro salario dista mucho de llegar a la canasta familiar, nos ha permitido lograr una relativa estabilidad. Nuestra capacidad en maquinaria es muy buena pero nuestro mayor capital es humano ya que aquí hay trabajadores comprometidos con la producción con muchos años en el oficio. Aquí las decisiones se toman en asamblea, tanto las políticas como las productivas. Estamos aprendiendo a confrontar las ideas y diferencias que surgen evitando dañar la necesaria unidad para mantener nuestra lucha.

–Si bien tienen diferencias con el movimiento de fábricas recuperadas hicieron un frente común para luchar contra el tarifazo, ¿es así?

–El tarifazo para quienes trabajamos en empresas recuperadas nos pega doblemente porque lo sentimos en nuestros hogares y también en la cooperativa. Fijate que pagábamos 50 mil pesos de luz antes del aumento y después se fue a mas de 270 mil, que son 1000 pesos menos para cada trabajador que además sufrimos el tarifazo en las casas. De todas formas nosotros nos movilizamos rápidamente junto a trabajadores de otras recuperadas y finalmente  el fallo judicial suspendió los aumentos. En cuanto a las fábricas recuperadas creo que la mayoría surgieron con la crisis del 2001 y demostraron que se puede producir sin patrones, pero también es verdad que el mercado es despiadado y te impone un mecanismo perverso de autoexplotación. El debate con los movimientos de recuperadas es que nosotros sostenemos que el Estado debe hacerse cargo expropiando sin pago las empresas recuperadas para estatizarlas dejando el control de la producción en manos de los propios trabajadores. Este debate sin embargo no impide que podamos trabajar en común como fue el caso de la lucha contra los tarifazos. En ese sentido creemos importante poner en la agenda nacional la necesidad de que el Estado otorgue trabajo en forma privilegiada a estas empresas. Nosotros por ejemplo tenemos la capacidad de producir libros, manuales, cuadernos y todo lo necesario para la educación de la población. El Estado consume mas del 70 por ciento del papel impreso en el país, es una decisión política distribuir esa producción entre las mas de 30 cooperativas gráficas.

–¿Cómo piensan reflotar el proyecto de expropiación?

–El proyecto de expropiación ya fue presentado nuevamente en comisiones por los diputados del FIT y a ellos les agradecemos esto y el haber colaborado con el fondo de lucha como hicieron Nicolás Del Caño y Christian Castillo donando parte de sus dietas parlamentarias, lo mismo que Myriam Bregman presentando el proyecto en la lucha contra el tarifazo. Nuevamente tiene que ver con una decisión política ya que el proyecto anterior fue votado por unanimidad en la Cámara de Diputados provincial pero el Senado se negó a tratarlo durante mas de un año y terminó perdiendo el estado parlamentario obligándonos a empezar de nuevo. Pero aún si lográramos una votación favorable es probable que después (la gobernadora María Eugenia) Vidal termine vetándola como viene sucediendo con varias expropiaciones en la provincia. Esto es muy antidemocrático ya que una persona decide por sobre cientos de diputados y senadores con la excusa de que el Estado provincial no tiene dinero para realizar las expropiaciones. Nos parece injusto que se pretenda indemnizar a gente que vació las empresas y las llevó a la quiebra, o como en nuestro caso inventó quiebras que son un verdadero fraude. El «sinceramiento» del que habla el gobierno se trata de sacarle a los que menos tienen para acrecentar las ganancias de los poderosos, desde que asumieron les entregaron las retenciones al campo y la industria con decretos y de la misma forma impusieron el aumento de tarifas.

–¿Lograron establecer lazos con la sociedad y con otras agrupaciones?

–Desde el primer momento supimos que para resistir teníamos que rodearnos de la solidaridad de la población. En 2015 imprimimos 20 mil cuadernos que repartimos en colegios de la zona donde alumnos, docentes y directivos nos recibieron con gran entusiasmo. Los trabajadores de esta planta siempre hemos sido solidarios con los trabajadores de otras empresas y la población. De aquí salió una gran caravana de autos a llevar colchones, ropa y alimentos al barrio Las Tunas en las inundaciones del 2014. Nosotros paramos para pedir por la absolución de los petroleros de Las Heras injustamente condenados a cadena perpetua. Cuando la multinacional Donnelley empezó a preparar los despidos nos hermanamos a la lucha de los trabajadores de Lear y juntos dijimos «familias en la calle nunca más». Creo que todo eso de alguna manera vuelve en el apoyo que nos dan las distintas organizaciones y la comunidad en general.

–¿Su referencia es la experiencia de Zanon, en Neuquén?

–De alguna manera existen similitudes. Tanto ellos como nosotros defendimos los puestos de trabajo. No buscamos esta situación pero respondimos de la única forma que debíamos si queríamos mantener la fuente de trabajo. La otra era llamar al 0800, esperar la indemnización en cuotas y engrosar las filas de desempleados. Los compañeros de Zanon, que se acercaron a traernos su apoyo y toda su experiencia, cuando tuvieron necesidades productivas incorporaron a decenas de desocupados que habían rodeado la fábrica ante los intentos de desalojo. En nuestro caso incorporamos a nuestras esposas y familiares que lucharon codo a codo con nosotros, que no solo trabajan sino que robandole horas al sueño pusieron en pie una juegoteca para que nuestros hijos puedan tener un lugar agradable mientras trabajamos. Ellas son una gran orgullo en esta lucha. Volviendo a la ex Zanon hoy Fa.Sin.Pat ellos donaron cerámicos a hospitales y escuelas, nosotros donamos cuadernos pero en ambos casos mostramos que las fábricas deben ser del pueblo.

–¿Qué preparan para este segundo aniversario?

–Estamos cumpliendo dos años y hemos decidido mostrar este esfuerzo y el camino recorrido a la sociedad, levantar nuestros reclamos por la expropiación y por trabajo. Lo haremos con una gran campaña de difusión que culminará en una gran jornada el sábado 20 de agosto en la planta. Ese día tocaran Resistencia, Todopoderoso, Popular Marcial,  La chicharra, Roca de humo, La Delta Smokin trans band, Los reyes de la costa, y Monoblock. Habrá actividades desde las 11 de la mañana para niños con teatro y juegos, un bufete económico, exposiciones artísticas y proyecciones de nuestra lucha, Vamos a mostrar el gran apoyo que tiene nuestra justa causa con miles de jóvenes en un recital en el que, al igual que en los que realizan los trabajadores de Zanon, nos cuidaremos nosotros mismos y por eso lo denominamos Rock sin yuta.