Avanza la causa contra Bullrich y, oh casualidad, vandalizan cartel de Maldonado y Nahuel

Mientras Moira Millán, referente mapuche, se presentará mañana como querellante en la denuncia penal presentada por la APDH contra la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y otros funcionarios de su gabinete, el sábado por la noche fue vandalizada la imagen gigante de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel ubicada en Esquel.

Según informó el diario El Chubut, se presume aprovechando el escaso movimiento del lugar, los responsables se acercaron hasta la plazoleta de la Memoria y arrojaron pintura roja sobre la imagen de los dos jóvenes que perdieron la vida en el marco de intervenciones de la Gendarmería Nacional y Prefectura Naval Argentina. Celeste Palavecino, de la APDH Esquel, confió, “suponemos que en la madrugada del domingo dañaron con un baldazo de pintura roja el cartel en Memoria de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel. Y también se tomaron el trabajo de ocultar las letras que decían Verdad y Justicia. Verdad y Justicia es el reclamo que tenemos todos los organismos de derechos humanos por la vulneración de derechos”.

Señaló que “Rafael Nahuel pertenecía a una comunidad mapuche de Lago Mascardi, en San Carlos de Bariloche, y fue asesinado por la espalda de un tiro. Y Santiago Maldonado fue desaparecido y luego su cuerpo apareció muerto en el Río Chubut, siendo un caso que nos atraviesa a todas las vecinas y a todos los vecinos de Esquel, y son dos casos tan paradigmáticos en el contexto de recuperaciones territoriales de comunidades originarias que dejan en evidencia que el odio de los genocidas sigue intacto”. Asimismo, hizo hincapié en que “el cartel ya había sido dañado cuando estaba colocado en la ruta y un vehículo lo derribó. Ahora sufrimos esto de la pintura, que más allá del daño natural, es un daño a la memoria colectiva. Y la mirada de Santiago nos sigue preguntando que pasó con la Justicia, porque la causa para investigar su muerte esta cerrada, más allá de que recientemente se hizo el juicio contra el médico por la filtración de las fotos del cuerpo sin vida”.

REPUDIO DE ORGANIZACIONES DE DDHH
“Repudiamos este acto despreciable y llamamos a todas las organizaciones sociales a adherir a este repudio y a colaborar en la pronta reconstrucción del cartel”, manifestó a través de un comunicado la APDH Esquel.
“Los ojos de Santiago y Rafael siguen abiertos y sus miradas solidarias siguen dando testimonio de que la lucha continúa. Esta “intervención” en rojo es la evidencia tangible que las mismas manos cobardes que asesinaron a Santiago y Rafael, acá en la Patagonia, son las mismas manos odiantes que intentan tapar nuestro justo reclamo de Verdad y Justicia por ellos. Pero estamos de pie, aquí y en toda Latinoamérica, con los mismos reclamos contra los mismos opresores que vienen por el agua, la tierra y nuestras vidas: con la certeza de que no existe pintura que pueda tapar la lucha por memoria, verdad y justicia, y que ante cada reacción odiante, reaccionaremos con firmeza y dignidad”.
Por su parte, la Red por la Identidad Esquel de Abuelas de Plaza de Mayo también se sumó a las manifestaciones de rechazo. “La Red por la Identidad de Esquel repudia enérgicamente el claro acto de provocación sobre las imágenes de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel. Lamenta que existan grupos y/o personas intolerantes a las reivindicaciones de Memoria, Verdad y Justicia, ya que son las bases para una vida digna en Democracia, que nos incluya a todes por igual”.

En tanto, desde el Movimiento de Mujeres indígenas por el buen vivir convocan a una conferencia de prensa y acompañar el jueves 21/11 10 am en las puertas de los Tribunales de Comodoro Py.

Recientemente la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) denunció en la justicia a la ministra Bullrich, a su ex jefe de Gabinete, Pablo Noceti, y a otros funcionarios de la cartera, como autores de un plan criminal ejecutado contra las comunidades mapuches. La denuncia quedó radicada en el juzgado de María Laura Capuchetti, y alcanza también al ex secretario de Cooperación con los Poderes Judiciales, Legislativos y Ministerio Público Fiscal, Gonzalo Cane, al ex jefe de gabinete Pablo Noceti y al secretario de Seguridad, Gerardo Milman.

«Desde el Movimiento venimos denunciando junto a nuestra lamngen y weychafe Moira Millán la difamación y persecución política hacia su persona y militancia en la defensa de la vida en los territorios. Moira a sufrido amenazas de muerte y un proceso de judicialición en el cual, quedó dos veces absuelta ante la falta de fundamentos en las acusaciones llevadas a cabo por el Juez Guido Otranto. En el informe presentado por Patricia Bulrrich en diciembre del 2017, se difama a Moira Millán como vocera de la RAM, con la complicidad de los medios hegemónicos de desinformación como Clarín y TN. Este plan sistematizado que es parte de las políticas genocidas que sostienen los Estados nación, no quedará impune. La verdad se hará justicia», indicaron en un comunicado referido a la referente de la comunidad mapuche recuperada Pillán Mahuiza, de Chubut. «Marici weu! Mil veces venceremos!», agregaron.

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La «liberación de la nación mapuche» de la mano de la chilena

El ingrediente mapuche se sumó a la rebelión popular, desde cárceles y territorios ocupados, con sus propias demandas contra un mismo adversario político, el gobierno de Sebastián Piñera con sus «pacos» y «milicos». A su vez, los manifestantes usaron esa bandera como principal seña de identificación. La Coordinadora Arauco Malleco llamó a levantarse «más que nunca» con las reivindicaciones territoriales. Entre los muertos hay miembros de los pueblos originarios, y un desaparecido. (foto Susana Hidalgo)

“Arauco tiene una pena que no la puedo callar:
son injusticias de siglos que todos ven aplicar.
Nadie le ha puesto remedio pudiéndolo remediar.
¡Levántate, Huenchullán!” Violeta Parra

Ciego quien no quiera ver, en el mar de banderas que acompañan la histórica rebelión popular en Chile hay tantas enseñas de ese país como de la nación Mapuche. Los integrantes de este pueblo originario participan activamente en las asambleas de organizaciones sociales, estudiantes, trabajadores, docentes universitarios y ciudadanía en Temuco y otras localidades chilenas. Al menos tres del total de personas asesinadas en la represión del gobierno de Piñera son indigenas y entre los desaparecidos, reclaman por Leonardo Curinao Huañaco, visto por última vez cuando un grupo de carabineros y militares lo subían a una camioneta. «Miles de banderas mapuche coronaron las marchas, las jornadas de protesta, fue por lejos la principal seña de identificación de los manifestantes que ven en ella un emblema de rebeldía y resistencia la modelo neoliberal», dijo a Ojos Vendados Pedro Cayuqueo, periodista y escritor especializado en asuntos indígenas. En tanto, la Coordinadora Mapuche Arauco Malleco (CAM) realizó un llamado a las comunidades a levantarse «con más fuerza que nunca con las reivindicaciones territoriales». También convocaron a crear nuevas ORT (Organos de resistencia Territorial) para «combatir al enemigo en común que mantiene empobrecido al Wallmapu (territorio mapuche, suelo, aire, ríos, fuerzas y espíritus)».

«Los mapuche desde hace décadas venimos cuestionando el modelo chileno y hemos pagado un alto precio por ello; cárcel, muerte, persecución política. Lo saben las nuevas generaciones de chilenos y chilenas y tal vez por ello nos eligieron como símbolo», agregó desde Santiago. Según dijo el colega, el nivel de participación mapuche en esta semana de protesta social en Chile fue muy significativa. «Hubo numerosos pronunciamientos de importantes organizaciones mapuche en el sur apoyando las demandas ciudadanas y llamando a sumarse a las movilizaciones, cosa que aconteció en diversos territorios».

Cayuqueo también remarcó que «fue masiva también la participación de ciudadanos mapuche en las marchas que tuvieron lugar en las principales ciudades de Chile, somos los mapuche un pueblo mayoritariamente urbano en la actualidad y se notó aquello en las movilizaciones». Sin embargo, donde mayormente quedó reflejado este nexo entre las luchas de ambos pueblos fue en la utilización, por parte del movimiento social, de la bandera mapuche como símbolo. «Miles de banderas mapuche coronaron las marchas, las jornadas de protesta, fue por lejos la principal seña de identificación de los manifestantes que ven en ella un emblema de rebeldía y resistencia la modelo neoliberal». El autor de Historia Secreta Mapuche explicó que su pueblo desde hace décadas viene cuestionando el modelo chileno. «Y hemos pagado un alto precio por ello; cárcel, muerte, persecución política, lo saben las nuevas generaciones de chilenos y chilenas y tal vez por ello nos eligieron como símbolo».

Dos pueblos oprimidos, una misma rebelión

Los voceros mapuche afirman, en momentos de estado de excepción y brutal represión, que en sus territorios la virulencia de los carabineros y el Ejército es aún mayor. La conflictividad por las demandas de sus pueblos originarios adquiere dimensiones muy superiores del otro lado de la cordillera en comparación con la que hay en la Patagonia.

Hace poco más de un año, Facundo Jones Huala —lonko de la Lof en Resistencia de Cushamen donde desapareció Santiago Maldonado– fue extraditado a Chile y permanece detenido en la cárcel de Temuco en una causa por un incendio de 2016 en el que los demás imputados fueron absueltos. Aunque ya habían exigido garantías por sus condiciones de detención, ayer reclamaron expresamente la «libertad para los prisioneros políticos mapuches defensores de la Mapu (tierra) que son acusados bajo montaje político chileno», tal la bandera que plantaron frente al penal sus familiares. En esa prisión están alojados doce de los 30 presos políticos mapuches detenidos.

En tanto, esta criminalización sistemática sufrió un duro revés con el denominado Operativo Huracán: un procedimiento investigativo policial iniciado por Carabineros bajo el amparo de la Ley de Inteligencia, que en septiembre de 2017 condujo a la detención de ocho comuneros mapuches supuestamente involucrados en una asociación ilícita terrorista en el sur de Chile, asociados con la cúpula de la CAM y Weichan Auka Mapu. En enero de 2018, el Ministerio Público informó que había descubierto mediante pericias técnicas que Inteligencia de Carabineros manipuló las pruebas que incriminaban a los detenidos, mediante la intervención fraudulenta de mensajes en teléfonos celulares, razón por la que abrió una investigación contra la propia policía uniformada para determinar la existencia de los delitos de falsificación de instrumento público, obstrucción a la investigación y asociación ilícita.

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En Chile las políticas de criminalización de la protesta indígena vienen de los años ‘90, en dos décadas hubo más de 200 presos políticos y los procesados ascienden al triple. Ricardo Lagos en 2001 inauguró el uso de la ley Antiterrorista para perseguir a militantes indígenas. Los presos mapuches son condenados y procesados por demandas por la tierra o protesta social violenta, sabotaje y otras acciones de resistencia. «Es una ley que hizo Augusto Pinochet en 1984 para perseguir a opositores políticos y hacerlos desaparecer y en la actualidad se aplica de manera sistemática. Hubo enjuiciamientos a lonkos que fueron condenados y finalmente la Corte Interamericana de Derechos Humanos anuló la sentencia, porque se denunció el uso arbitrario y discriminatorio de esa ley contra militantes indígenas. Aunque las condenas se terminan cayendo, los fiscales la emplean para encarcelar preventivamente hasta dos años, como una condena anticipada», había explicado Cayuqueo en una entrevista con este diario en septiembre del año pasado.

La protesta social mapuche no encontró cauce político desde el retorno de la democracia, y derivó en manifestaciones de violencia política, que son habituales también en marchas estudiantiles o feministas, destrozos urbanos como la quema de un microbús. A menudo son sabotajes a la propiedad privada industrial, camiones forestales, las comunidades pelean con el rubro forestal y las grandes industrias madereras porque tienen mucho territorio usurpado que reclaman como propio los pueblos originarios. «El blanco de las acciones de resistencia generalmente son maquinarias forestales, que no califica en ninguna parte del mundo como terrorismo, según la doctrina internacional son daños a propiedad privada. No es un fenómeno de insurgencia armada, ni guerrilla rural lo que se vive en el sur de Chile, pero en forma mediática se genera una estigmatización funcional a las estrategias de represión a movimientos que tienen legitimidad democrática. De hecho, en otras regiones del mundo la demanda mapuche por autonomía, territorio, cultura y participación política ha sido resuelta», dijo el periodista.

Aunque la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y su gobierno intentó demonizar a la agrupación RAM (Resistencia Ancestral Mapuche), ésta sería de ínfimas proporciones respecto de la CAM, aunque se reivindican como organizaciones afines. «Para la prensa de Chile la CAM es la organización enemiga número uno del Estado», apuntó Cayuqueo. Y para los mapuche, es a la inversa, más aún luego del asesinato del weichafe (guerrero) Camilo Catrillanca, en noviembre de 2018, tal como quedó en evidencia durante su funeral (foto Luis Hidalgo).

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Rabia y dignidad

«A nuestro pueblo nación mapuche, en solidaridad con el pueblo chileno en lucha, como Coordinadora Arauco Malleco, declaramos que «frente al estallido del pueblo chileno contra el orden establecido, la institucionalidad burguesa opresora y sus prácticas neoliberales, en primer lugar, nos solidarizamos con las justas demandas sociales que, si bien entendemos, no tienen conducción política de la izquierda revolucionaria, sí representan el justo y digno clamor de un pueblo oprimido por esas políticas que ya hizo crisis por la avaricia y la ambición de los poderosos, quienes no dudan en imponer a sangre y fuego sus políticas neoliberales, extractivistas y depredadoras, arrasando así los territorios y los derechos de la gente en general», expresó la CAM en su comunicado.

«En el marco de estas luchas impregnadas de rebeldía, rabia y dignidad, reivindicamos el legítimo derecho a la rebelión por parte del pueblo chileno oprimido, toda vez que la gobernanza neoliberal impone políticas económicas sólo en beneficio de los grandes grupos económicos y que, a la hora de las movilizaciones, no tardan en responder con feroz represión en contra de las resistencias, sacando inclusive a los militares a la calle, quienes en su historial sólo cargan genocidio al pueblo mapuche y masacres a la clase trabajadora y los sectores populares organizados, y quienes sin pudor, aún muestran sus manos llenas de sangre de la dictadura de Pinochet, siempre con el objetivo de proteger la oligarquía opresora tanto de chilenos como mapuche», agregó la Coordinadora Arauco Malleco. E hizo un llamamiento «a dar continuidad con mayor fuerza a la disputa territorial y la resistencia en contra del poder burgués, como lo venimos haciendo hace más de dos décadas».

La propuesta de esta agrupación mapuche es «luchar sin tregua y sin temor hasta el desalojo total de las forestales, centrales hidroeléctricas y todas las demás inversiones capitalistas amparadas en este régimen colonial, cuyo objetivo sólo se logra a través de las expresiones de resistencia y organizaciones consecuentes de nuestro pueblo nación mapuche unidas en una propuesta política y revolucionaria para la liberación nacional mapuche, sustentada en nuestras líneas estratégicas para la reconstrucción nacional a través de la resistencia y control territorial». A su criterio, «este proceso de liberación nacional mapuche se vislumbrará mejor cuando las y los oprimidos del pueblo chileno comiencen a levantar un verdadero proyecto de izquierda de raigambre y representación popular, de los trabajadores y revolucionarios, que no caiga en las formas ya desgastadas de hacer política, con pseudos líderes pequeño burgueses, traidores y lacayos representados por el Frente Amplio y la Nueva Mayoría».

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“Fue como dicen que es el infierno”

Lautaro tiene siete y Joaquín nueve años. Junto a su mamá y su abuela fueron privados de la libertad durante las seis horas que los gendarmes hicieron lo que quisieron en la Pu Lof de Cushamen, los mantuvieron cautivos en la misma casilla de guardia donde había dormido Santiago Maldonado. “Tienen muchas metralletas, están preparados para un allanamiento. Empezaron a quemar ropa de compañeros, sillas, nuestros juguetes, todo. Balazos y gas lacrimógeno. Es como lo que dicen que es el infierno. Cuando lo veo a Santiago sentí como orgullo y lo dibujé. Lo mataron obviamente los policías”. Con sus palabras y sus dibujos contaron lo que vivieron el 1 de agosto al colectivo El Paso (www.elpaso.com.ar), un grupo de comunicadoras y comunicadores que relevaron pasado y presente de once de las comunidades mapuche de la Patagonia que vienen recuperando territorio desde los años ‘90. “Somos como un ciprés o un coihue, somos nativos, mapuche quiere decir  hijos de la tierra. Y la tierra se está lamentando porque vienen a asesinarla, y a nosotros también”, cuentan los que dieron testimonio en ese trabajo interactivo que busca ser un primer paso en el acercamiento hacia estos pueblos originarios atravesados por el hostigamiento, la represión y la desaparición forzada. En 2003 desapareció el joven mapuche Iván Torres, por cuyo caso la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA condenó en 2011 al estado argentino. Dos años más tarde Cristian y Genaro Calfullanca se sumaron a una lista de 145 desaparecidos mapuche, según precisó la activista Moira Millán.

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Facundo Jones Huala anunció que hacía huelga de hambre para exigir el fin del hostigamiento a los jóvenes mapuche que el 25 de noviembre bajaron el cuerpo moribundo de Rafael Nahuel del cerro en la Lof Lafken Winkul Mapu, en Villa Mascardi, La incursión de Prefectura sucedió dos días después de un violentísimo procedimiento de desalojo, que incluyó torturas a una niña mapuche, una machi (sanadora), a quien obligaron a comer tierra. Pero el lonko también había dejado de ingerir líquidos porque sus carceleros del Servicio Penitenciario no le permitían realizar la ceremonia del Wiñoy Tripantu –el año nuevo indígena o más bien el inicio del acercamiento de la Tierra al Sol– de acuerdo a la práctica de sus rituales ancestrales, que implicaba la entrada al penal de un número determinado de personas, un fogón, una conversación entre ancianos y jóvenes, cantos y juegos, a la espera del lucero del alba. Entre los elementos autorizados para ser ingresados a la cárcel de Esquel había cuchillos, y allá fueron los voceros oficialistas a burlarse.

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Poco importa detenerse en ellos. Parecía una nimiedad el pedido del lonko. incluso en comparación con las batallas que venían librando. Su mamá Isabel y su compañera Andrea explicaron entonces que era como ir a Misa de Gallo en soledad, o hacerlo sin permitirle comulgar. En ese momento el patrón de pensamiento dominante crujió ante la evidencia de la complejidad del escenario donde transcurrió uno de los crímenes de Estado de mayor resonancia de las últimas décadas, que trasciende militancias y minorías intensas.

 

Entender cabalmente lo que pasó con Santiago implica transmutar la propia mirada, aunque no sea con empatía al menos con la mente abierta. Estaba por deseo propio en territorio mapuche, un pueblo originario que con hondas de revoleo disputa ese espacio al gigante de los United Colors. Ese grupo resolvió recuperar su identidad a través del regreso a su lugar de origen, los jóvenes dejaron los barrios marginales de las ciudades y se entregaron a un nuevo modo de vida que incluye abstenerse del alcohol y otras sustancias que alteran el estado de conciencia, que ellos mantienen alerta por su vínculo con la Mapu (madre tierra). El costo comenzaron a pagarlo a poco del inicio de la recuperación territorial, en 2015, y con la llegada de Cambiemos se convirtieron en el enemigo interno perfecto, víctimas de la misma represión estatal que alcanzó al Brujo. Balas de plomo y procesos judiciales los castigaron a pesar de que cubrieron sus rostros para no ser identificados. A un año de la desaparición de Maldonado, los pobladores de la Lof en Resistencia tienen decenas de causas abiertas –algunas iniciadas incluso antes, cuando los reprimieron en enero de 2017–, les aplican el Código Penal por ejercer su derecho a la protesta. En el expediente por la represión de noviembre en Villa Mascardi, ocurrida el mismo día que en 25 de Mayo velaban a Santiago, quedaron imputados Fausto Jones Huala y Lautaro González, quienes bajaron el cuerpo de Rafita, y el prefecto Javier Francisco Pintos que le disparó por la espalda sigue libre.

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Los gritos de dolor de los mapuche cuando el cuerpo de Maldonado apareció literalmente delante de sus narices, en una parte del río Chubut donde buscan el agua cada día para cocinar y beber (muchos de los demás 800 kilómetros que tiene de extensión los controla Benetton), nacieron de sus entrañas porque el Brujo había sido por algunos meses parte de ellos. No estaba en la Lof de paseo o haciendo un estudio antropológico, acudió porque los jóvenes weichafes (guerreros) tenían a la mitad de los suyos presos en Bariloche luego de la represión a la protesta por el mes de prisión de Jones Huala, cuando la policía estrelló contra las rejas el rostro de su prima Romina y le partió los dientes. La muerte de Santiago no los puso en la mira, ya estaban marcados, aunque dio una visibilidad a su reclamo que jamás hubieran imaginado. También superó su capacidad de respuesta. Fueron tan intensos aquellos primeros días cuando Santiago Maldonado estaba desaparecido, que el miedo se mezcló con la desconfianza hacia la justicia huinca (blanca), los envolvió en un torbellino y los hizo trastabillar. Tuvieron que responder ya no a la maquinaria del gobierno sino a la familia Maldonado, hacer su aporte para esclarecer qué pasó en la orilla del río. Aún quienes respetan y comprenden sus creencias y su lucha esperan que completen esa tarea, que quedó trunca. Ellos contestan que aunque vuelvan a hablar no les creen.

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Además de Matías Santana al menos seis de jóvenes mapuche habrían visto que se lo llevó un camión de Gendarmería, pero ese testimonio en la causa aún sigue sin ser respaldado por los demás. En lugar de cuestionar que los gendarmes lavaron los vehículos, el gobierno y sus comunicadores estrella levantaron el dedo para cuestionarlo y estigmatizarlo. Con la aparición del cuerpo el 17 de octubre el oficialismo, que había negado inicialmente su presencia en el lugar, consolidó la versión de que siempre estuvo ahí, sumergido en un pozo. Es más fácil culpar a las víctimas y acusarlas de mentir para ocultar que tampoco hay explicación lógica sobre los cuatro procedimientos previos en ese mismo lugar, que dieron negativo. Cambiemos y sus chupamedias festejaron cuando apareció el cadáver, dos días antes de las elecciones. No era para menos, se desinflaba así la presión internacional y local por su desaparición. Pero hasta hoy no dieron una sola explicación que quite a la familia decenas de dudas que abonan su sospecha de que ese cuerpo no estuvo allí 78 días.

Si acaso concediéramos que Maldonado estuvo en ese pozo y no en manos de los verdeoliva, está más que probado en la investigación que a las once de la mañana del 1 de agosto los gendarmes lo perseguían hasta el río a menos de un minuto de distancia. Como dijo su hermano, en cualquier escenario el Estado sigue siendo responsable, el operativo ilegal y la flagrancia inventada son hechos ya comprobados.

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Contagia la cosmovisión que apunta al buen vivir en armonía con la naturaleza, le pasó a los amigos blancos de los mapuche, wenüy, que armaron una red de apoyo a las comunidades indígenas de la zona, y que actualmente también están criminalizados, amenazados y perseguidos. Le pasó a Maldonado, por eso detuvo su marcha de mochilero y se quedó en El Bolsón, a vivir en una biblioteca anarquista.

El arte de encubrir(se) con escuchas ilegales

En las próximas horas habrá dos importantes audiencias en Chubut, en las que se definirá si las escuchas a la familia Maldonado que la justicia declaró nulas son finalmente destruidas, y si la fiscal federal Silvina Avila sigue en el caso a pesar de haber sido recusada por las querellas. Sus argumentos para evitar que las conversaciones sean destruidas coinciden con las filtraciones de las mismas difundidas por algunos medios: la familia, los mapuches y los abogados fueron parte de un complot contra Gendarmería. El viejo truco de ensuciar a las víctimas para encubrir sus propias movidas en el expediente a favor del gobierno, desde el minuto cero del caso. «Escuchando a Sergio no iban a encontrar a Santiago», dijo a Ojos Vendados la abogada de la familia, Verónica Heredia.

(foto Gustavo Zaninelli)

Contra viento y marea, la fiscal del caso Maldonado se aferra al expediente para evitar ser apartada, pero sigue recibiendo cuestionamientos porque insiste en su tesis de acusar a las víctimas de haber urdido una conspiración contra los que visten uniforme verdeoliva. Silvina Avila pidió que no sean destruidos los audios de las escuchas al entorno y la familia del tatuador, que desapareció hace diez meses luego de un operativo represivo de Gendarmería en la Pu Lof en Resistencia. Lo hizo al apelar la decisión del actual juez de la causa, Gustavo Lleral, quien hace un mes determinó que esas “pinchaduras” ordenadas por su antecesor, Guido Otranto, son nulas, ilegítimas e inconstitucionales para una investigación de habeas corpus. De hecho, fueron hechas cuando el cuerpo de Santiago aún no había aparecido. “El gobierno y la fiscal, pretenden descargar la responsabilidad por la muerte de Santiago en los mapuches, con su lógica, terminan castigando a quienes denunciaron los abusos y atropellos de las fuerzas de seguridad y premiando a sus responsables, pero siempre desde la Asamblea Permanante por los Derechos Humanos sostuvimos que el operativo fue violento e ilegal, se fraguó una flagrancia y resultó en la muerte de una persona”, dijo Gisela Cardozo, una de las presidentas de la APDH, querellante en la causa. “Patricia Bullrich se aferra a teorías de complot con el único fin de perseguir a los que denuncian los abusos y no investigar la cadena de mando en las responsabilidades”, agregó.

Avila y Otranto impulsan la causa abierta por la denuncia del ministerio de Seguridad, una de las tres querellas del gobierno contra los mapuches, que acusa a personas allegadas a Maldonado de haber entorpecido la investigación sobre su desaparición y muerte con la intención de inculpar a la Gendarmería. Tanto la fiscal como el juez usaron parte de esas conversaciones como supuestas pruebas de que hubo un “plan coordinado por los miembros de la comunidad”. La reciente difusión pública de parte de esas conversaciones privadas apuntó a tratar de desacreditar los testimonios clave del caso, que en su momento determinaron la emisión de una medida cautelar contra el Estado por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. El ataque oficialista de la mano de juez y fiscal incluye la acusación de asociación ilícita, fraude procesal y falsa denuncia contra los abogados peticionantes ante la CIDH, de Naturaleza de Derechos y APDH Córdoba, Fernando Cabaleiro y Carlos González Quintana, respectivamente.

En su último escrito para evitar la destrucción de los audios ordenada por el juez Lleral, la fiscal va más allá: los acusa de haber plantado la gorra del joven anarquista. En realidad, tal como pudo verificar esta periodista en el expediente, quien falseó información en un documento público fue el juez: al realizar el anuncio del hallazgo de la prenda en el territorio mapuche recuperado de Cushamen dijo que sucedió debajo de una “manta” cuando debió decir “mata o arbusto”, como informó la policía. Otranto, que aspira a ascender en su carrera con un cargo en un tribunal oral, suma pedidos de juicio político en el Consejo de la Magistratura con cada nuevo capítulo de esta saga.

En tanto, la querellante APDH amplió los argumentos para que la fiscal Avila sea apartada del caso Maldonado, al sostener que si hubo irregularidades en los procedimientos a ella también le cabe la responsabilidad. Su accionar en connivencia con Otranto fue expuesto a partir de que su secretaria es la esposa del juez, por eso fue solicitada también la salida de Rafaela Ricono. A criterio de la querella, el juez necesita salvar el bache del acta irregular, sobre un operativo que en lugar de presenciar vigiló a distancia desde la estancia de Benetton, acusando a los mapuches. “La fiscal Ávila repite nuevamente la versión del juez Otranto de los primeros días, pero las actas del primer rastrillaje contradicen mucho esa versión, una simple N que parece un descuido, cambia radicalmente el sentido de las cosas. Se pasa de la “mata” a la “manta” y de ahí a que plantaron una prueba. Hay contradicciones que merecen una seria investigación y que nosotros estamos denunciando”, explicó a Ojos Vendados Mauricio Rojas, abogado de APDH.

El elemento de sospecha que introduce Ávila en su apelación para que no sean destruidas las escuchas en realidad debería resultar un búmeran, y todo indica que cuando en Página12 esta periodista expuso las irregularidades de aquel operativo en la fiscalía de Esquel se pudieron nerviosos.

¿Mata o manta?

El 5 de agosto Otranto ordenó allanar los escuadrones 35 y 36 de Gendarmería, pero a fojas 192 consta que un día antes anunció por nota a sus jefes que serían allanados. Ese mismo día instruyó el primer rastrillaje del río, con la división canina que ya había tomado contacto con una prenda, el famoso cuellito, aportada por Sergio Maldonado. A fojas 186 el defensor Machado realiza su propia acta de procedimiento donde consta el hallazgo “detrás de los arbustos” de un “gorro color beige”, que un miembro de la comunidad reconoce como el que usaba Santiago. Y a cuatro metros, una vaina servida. Era la prueba que ratificaba el relato de los mapuche sobre la presencia del tatuador durante la represión el 1 de agosto. En su acta Otranto y su secretaria María Silvina Salvare insisten en denostar la actitud belicosa de los mapuche a quienes acusan de entorpecer la investigación, y de la misma se deduce que ninguno estuvo en el rastrillaje. “Nos acercamos hasta la estancia de la compañía Tierras del Sud donde fuimos atendidos por el señor Ronald McDonald (jefe de capataces de Benetton) (…) luego de ello regresamos a la ciudad de Esquel”. Hasta ahí nada sobre la gorra. “En horas de la noche se presentó en el juzgado el guía del can, Martín Villarroel”, quien les explicó que el “cuellito” no fue usado porque “durante dos días lo había tenido un integrante de la comunidad”. Según el acta de Otranto, cuando el guía les dijo que se retiraba “uno de ellos le entregó una gorra que se le dijo habían encontrado bajo una manta y que pertenecería a la víctima”. Nada dice el juez sobre la cadena de custodia de semejante prueba, ni por cuántas manos pasó hasta que el defensor Machado la embolsó para enviarla al laboratorio.  Pero agrega que en la Lof estaban dos empleadas de su juzgado.

A fojas 250, el acta circunstanciada firmada por el ayudante de la División Drogas Peligrosas Matías Maglione quien describe: “Siendo las 14.40 se comienza la búsqueda, hallándose a pocos centímetros del lugar que nos encontramos precisamente debajo de una planta autóctona del lugar boina con gorra de color blanco, por lo que es consultado si pertenecería a la persona buscada la ciudadana Claudina Pilquiman confirma que la prenda de vestir efectivamente corresponde a la persona de Santiago Maldonado. Consecuentemente el instructor del can impronta al perro con el olor de referencia”. Interrogada por los fiscales de la Procuvin (Procuración contra la Violencia Institucional), Pilquiman relatará que la boina fue avistada por una mujer que no es de la comunidad, y como la secretaria del juez tampoco estaba, esa persona no es otra que una de las dos empleadas que sí estuvieron en el lugar de los hechos, cuya identidad es reservada porque podrían ser convocadas como testigos si prospera alguna de las denuncias contra Otranto por encubrimiento agravado, abuso de autoridad y prevaricato.

En definitiva, Machado y los policías coinciden en que la prenda estaba entre los arbustos o matas, lo cual sitúa a Santiago donde desapareció. Pero en pleno apogeo de la campaña negacionista del gobierno contra la posibilidad de sumar un desaparecido en democracia a la lista, el juez escribió que la entregaron los mapuches. Y a diez meses, ambos buscan encubrir sus pasos con la misma tesis más que tirada de los pelos.

El destacamento policial está adentro de la estancia de Benetton

El destacamento policial está adentro de la estancia de Benetton (foto Gustavo Zaninelli)

No aclaren que oscurecen

Esta semana habrá en Chubut reuniones fundamentales para definir la continuidad de la fiscal y el destino de las escuchas. El jueves 7 la APDH y Verónica Heredia, abogada de la familia, participarán de la audiencia por la recusación de la fiscal Avila. En tanto, el martes 5 en la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia habrá una audiencia en la cual Lleral aportará sus argumentos para validar la orden de destruir el material que registró llamadas telefónicas interceptadas a Sergio Maldonado, hermano de Santiago, la mapuche Claudina Pilquiman, el amigo del tatuador Ariel Garzí y una integrante de la red de apoyo a las comunidades en conflicto, que según pudo saber este sitio, había prestado su línea al dueño del lugar donde vivía Maldonado en El Bolsón. Para Lleral resultó “evidente que la interceptación de las comunicaciones, la invasión de la privacidad del hermano de la víctima, no era el último recurso disponible para lograr datos conducentes al hallazgo de Santiago Maldonado”.

En su defensa, Otranto y Avila aducen que pidieron las escuchas por las contradicciones que habría entre testigos mapuches, y por la urgencia de encontrar al tatuador anarquista, que estaba desaparecido desde el 1 de agosto. Según ellos, hacía falta escuchar a Sergio Maldonado en caso de que los “encapuchados mapuches” se comunicaran con él. Para Avila y Otranto no sólo hubo testigos falaces sino también pruebas plantadas.

En un intento de salvar su responsabilidad, Avila puso primera: no sólo cargó contra los mapuches, sino también acusó a Sergio Maldonado de haber manipulado objetos de su hermano y al juez Lleral de haber desarrollado estrechos vínculos con la Pu Lof, hasta deslizó que pudo haber perdido los discos que contienen las escuchas. La fiscal sostiene que la misma noche en que desapareció Maldonado, Pilquiman fue a su casa en El Bolsón y retiró sus pertenencias, para luego plantar algunas en la escena del crimen. Y al amigo de Santiago, Ariel Garzí lo acusa de inventar una comunicación inexistente al celular del mochilero.“No podemos separar lo que pasó con Santiago Maldonado del escenario de persecución a las comunidades mapuches, por eso actuamos en la causa de Rafael Nahuel y nos solidarizamos con Facundo Jones Huala, que ha iniciado una nueva huelga de hambre”, agregó Cardozo, de APDH.

La fiscal Avila, ejerciendo como abogada de los uniformados según la familia Maldonado.

La fiscal Avila, ejerciendo como abogada de los uniformados según la familia Maldonado.

 

Verónica Heredia, abogada de la familia: “No iban a encontrar a Santiago escuchando a Sergio”.

Desde 25 de Mayo, donde se realizó la marcha por los diez meses de la desaparición de Santiago Maldonado, la abogada de la familia Verónica Heredia dijo a Ojos Vendados que “es mentira que con una escucha lo iban a encontrar, pero admiten que hicieron eso que no corresponde en un expediente de habeas corpus”.  Según Heredia, “Avila reconoce que lo hicieron en un proceso que no era legal y se escuda en que lo hicieron por la urgencia de encontrarlo con vida, pero era evidente que eso no iba a suceder escuchando las conversaciones de su hermano”.  En su razonamiento, la letrada explicó que si decidieron intervenir su teléfono es porque “estaban acusando a Sergio de saber dónde estaba Santiago, por eso es una contradicción en sí misma su apelación porque la propia fiscal reconoce la ilegalidad de esa pinchadura”.

No se sabe si el fiscal de Cámara Norberto Bellver sostendrá la apelación de Ávila. Fue el funcionario que en su momento se pronunció por el apartamiento del juez Guido Otranto del caso, por haber adelantado su opinión al diario La Nación. “Primero habría que resolver la recusación de Avila, antes de escuchar sus argumentos contra la destrucción de las escuchas”, expresó Heredia. El jueves en Rawson se verán las caras Avila, su secretaria Rafaela Ricono, a la sazón esposa de Otranto, con las querellas, en la audiencia de recusación.

Heredia, con Sergio Maldonado y su esposa, Andrea Antico

Heredia, con Sergio Maldonado y su esposa, Andrea Antico

 

Seis meses sin Santiago

Mientras los amigos de Santiago Maldonado se disponen a recordarlo mañana con una serie de actividades en la plaza de El Bolsón, la docente mapuche que denunció los incendios de hace dos semanas en la comunidad Las Huaytekas sufrió un sospechoso robo. Se trata de Elisa Ose, quien ya ha sido señalada en el documento elaborado por el gobierno contra la «insurgencia» de la RAM (Resistencia Ancestral Mapuche). «Como no pueden hacerme un allanamiento legal porque no tienen una sola prueba en mi contra entraron supuestos ladrones y se llevaron computadoras y celulares, elementos que contienen información personal», dijo Ose en diálogo con Ojos Vendados.

En un comunicado denunciaron que «continúa el hostigamiento a la comunidad mapuche Las Huaytekas». Hubo un «allanamiento ilegal simulando robo y la obstrucciòn del ingreso a una vivienda» .

Durante el fin de semana sucedieron estos dos hechos. Por un lado, una tranquera apareció cerrada por terceros anónimos con candado y cadena. Se trata del acceso a la casa de la werken Mirta Ñancunao, en territorio en conflicto con Daniel Kritz y José Luis Silberberg. A su vez, la casa de la Lamuen Elisa Ose fue «asaltada». Los delincuentes se robaron computadoras, discos rígidos, cámara de fotos y celulares. Por testimonios de vecinos, cuatro jóvenes fueron vistos por la zona portando fusiles. «Se trata del comando unificado que creó Bullrich? Será que se incluyen metodologías mafiosas como allanamientos disfrazados de robo? Será que ese comando incluye servicio paramilitar? A pesar de esta persecución y amedrentamiento, la comunidad sigue de pie con dignidad y sin miedo. Marichiweu!», indicaron.

«Fueron directo a donde una tiene la información, creo que es parte de una campaña de amedrentamiento y persecución política», dijo Ose.

Así reflejó lo sucedido el portal En estos días

Sospechoso robo

En tanto, los amigos y compañeros de Santiago Maldonado mantienen el puesto que ocupaba en la feria artesanal de El Bolsón, ubicada en la plaza Pagano, con una mesa que además de imágenes contiene una urna para colaborar con las actividades, como la de mañana, y dos cuadernos donde las personas que pasan pueden dejar sus impresiones.

A partir de las 16 habrá una radio abierta, mùsica en vivo, muestra fotogràfica y stencil callejero.

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Y en la vecina localidad de Lago Puelo también evocarán a Maldonado con una marcha, a seis meses de su desaparición. Además, el colectivo Santiago Maldonado denunció el ataque a un mural de la plaza, donde escribieron «bien muerto».

«Nuevo atentado a la memoria viva de Santiago Maldonado.
El lunes 29 alrededor de las 22, a la vista de todes, incluso de la comisaría, que se encuentra en frente, manos anónimas profanaron el mural que exige justicia por Santiago Maldonado, en la plaza de Lago Puelo.
Esta vez el mensaje mafioso expresa: «BIEN MUERTO» reivindicando su asesinato.
Desde el colectivo Santiago Maldonado, repudiamos este hecho y reafirmamos nuestro compromiso con la memoria colectiva.
Jamás nos convencerán que el estado tiene licencia para matar.
A seis meses de la desaparición forzada y asesinato de Santiago y a dos meses del fusilamiento de Rafael Nahuel, nos convocamos el jueves 01/02, a partir de las 17, en la plaza de Lago Puelo».

«Un gendarme casi me mata»

Pagina/12 accedió a una declaración del músico Nicasio Luna, quien detalló la persecución de Gendarmería del 1º de agosto.

“Mientras escapaba veo a Santiago corriendo hacia el río delante de mí con su mochila puesta, y personal de Gendarmería que nos seguía desde atrás, cuando llegamos al río nos insultaban, nos tiraban piedras y uno me apuntó con la escopeta mientras otros gritaban ‘fuego libre’”. Esta frase es parte del relato de lo que vivió Nicasio Luna, el payador chileno que estuvo en la Lof en Resistencia de Cushamen durante la represión del 1 de agosto, cuando Santiago Maldonado fue visto por última vez con vida, y es parte de una declaración espontánea que presentó ante las autoridades de ese país. Decidió hacerla pública, en forma exclusiva a través de PáginaI12, porque dice que su familia fue víctima de amedrentamientos por parte de la Policía de Investigaciones chilena. Aunque sabe que el hermano de Maldonado había solicitado que sea citado a declarar, Luna explica que no volvió a Argentina porque no estarían dadas las garantías sobre sus derechos por el nivel de conflictividad generado en torno a las demandas de las comunidades mapuches. Sin embargo, enterado del requerimiento para atestiguar en la causa acudió a la Defensoría y al ministerio de Derechos Humanos de su país. El resultado son nueve carillas que confirman lo que sostiene Sergio Maldonado: más allá de los resultados de una pericia forense, Santiago murió escapando de medio centenar de gendarmes armados.

“Así como en Chile, en Argentina el conflicto mapuche de la Araucanía ha hecho una escalada que está vulnerando derechos”, dijo a PáginaI12 Juan Francisco Pulgar Castillo, el abogado que acompañó a Luna en su declaración ante el Servicio de Víctimas de Criminalística Forense.

En noviembre este diario informó que sus documentos y efectos personales habían quedado entre los elementos secuestrados por los gendarmes tras la represión en Cushamen, y que cuando se presentó a retirarlos el juez federal Guido Otranto lo dejo ir sin interrogarlo. Cuando aún Maldonado permanecía desaparecido, su hermano Sergio le envió un mensaje a Luna para contactarlo y le preguntaba si había estado en la Lof a fines de julio. Pulgar Castillo le respondió explicando la falta de garantías para aportar su testimonio, a lo cual Maldonado contestó que el juez del caso llamaría a Nicasio. “Esa situación nunca ocurrió y tampoco hubo más mensajes”, precisó el abogado. En la última ronda de citaciones, el juez federal Gustavo Lleral incluyó a Luna, a partir del video que presentó la abogada Verónica Heredia, con el programa de la televisión chilena Informe Especial, donde el músico cuenta haber estado en la represión junto a Santiago. Sin embargo, a Luna no le llegó la notificación formal sino un operativo en el que su madre fue intimidada.

La defensa de la tierra

El relato de Luna coincide y se complementa con los testimonios mapuches de la causa. “Seguí a uno de los muchachos de la comunidad porque no conocía la zona, y cuando llegamos al río la única opción de no ser capturado por los gendarmes era lanzarme al río y cruzarlo, a pesar de no saber nadar. Me ayudó sostenerme de las ramas de sauce, quedé agarrado hundiéndome a unos cuatro metros de la costa, en ese momento llegaron cuatro efectivos de Gendarmería y me vieron que estaba inmovilizado en el agua. Comenzaron a insultarme y a lanzarme piedras, y uno de ellos me apuntó con la escopeta que portaba, mientras el superior que estaba con los escopeteros le decía ‘fuego libre’, pero quien portaba el arma no lo quiso hacer o simplemente se le trabó”, dijo Luna sobre lo sucedido segundos después de que se separó de Maldonado.

“Como payador vivo viajando a Argentina, mi último ingreso fue el 11 de julio, paso internacional Bolsón”, relató. Tres días después participó de un encuentro de payadores, y quedó varado en Bariloche por un fuerte nevazón, donde fue acogido por la comunidad Colan Nahuel. El 28 de julio estuvo en la peña por la liberación del lonko Facundo Jones Huala, organizada en El Bolsón por FM Alas. “Cuando terminé de cantar se acercaron a felicitarme personas que no conocía, después supe que uno era Santiago”, detalló. Al día siguiente participó de una marcha en Esquel por la misma causa, que fue reprimida. “El 30 Claudina Pilquiman me invitó a visitar su comunidad, yo portaba mi mochila negra marca Extreme que contenía una bombacha negra, polera bordó, un cuchillo, dos manzanas, una libreta donde escribo mis versos, ropa interior, cepillo de dientes, mi celular, cédula chilena y 500 pesos”, describió Luna. Son los mismos elementos detallados en el acta de Gendarmería que secuestró sus pertenencias, según el expediente de la justicia federal de Chubut. Aclaró que “nunca prestó su teléfono celular a nadie de la comunidad”, y que dejó la mochila en la casilla de guardia de la Lof.

“En Bolsón subió Santiago, con otra persona. Lo llamaban Brujo. El corte de la ruta 40 fue a las 11 del 31, se me solicitó cubrirme el rostro para evitar ser reconocido por las fuerzas policiales, ser perseguido y sometido a represalias, esto basado en hechos anteriores que contaban los integrantes dela Pu Lof. Se hicieron barricadas y se entregaba información a los automovilistas, sin incidentes con la policía”. Luna dijo que habló con Maldonado, quien le contó que “compatibilizaba con la causa porque era la lucha por la defensa de la tierra”. Más tarde cuando Gendarmería quiso desalojarlos fue recibida con piedras, pero Luna destacó que ni él ni Maldonado las arrojaron. El músico chileno relató que esa noche no pudieron dormir porque “desde camionetas blancas efectuaron disparos hacia la Lof”.

Cerca de las 11 del 1 Gendarmería desplegó un camión y camionetas, y ellos retomaron el corte de la ruta 40. “Sólo tenía para mi defensa una onda de revoleo, igual que Santiago, pero sabíamos usarla, los de Gendarmería disparaban escopetas y pistolas. En ese momento más de 50 avanzaron, una camioneta se nos venía encima a toda velocidad, quedé cerca de la guardia donde se refugiaban dos mujeres con niños”. Tal como ya contaron los jóvenes mapuches, los gendarmes cortaron el candado de la tranquera “y se lanzaron para apresarnos, por eso corrimos hacia el río Chubut porque no había hacia donde escapar”. Luego de mencionar el intento de fusilamiento del que fue víctima, Luna dijo que se atrevió a cruzar el río. “Me dio la mano un joven, nos refugiamos con otros muchachos, y Matías Santana comentó que vio a los gendarmes llevarse al Brujo con sus binoculares”.

Desde el cerro el músico observó que habían quemado las pequeñas construcciones de la Lof. Cerca de las 18 volvió a buscar su mochila, y las mujeres le dijeron que los gendarmes la habían revisado y se la llevaron. Luego salieron a buscar al Brujo, “especulando con que podían habérselo llevado los gendarmes, como vio uno de los muchachos”. Al día siguiente de la represión, “llegó la vocera del Pu Lof Soraya Maicoño quien nos dijo que un periodista informaba que la persona desaparecida era Santiago Maldonado, siendo que la comunidad sólo lo conocía como Brujo, este hecho nos confirmaba que había sido capturado por Gendarmería, no sabíamos de qué otra forma pudo haberlo identificado el periodista, pero así lo posteó en Facebook”, dijo Luna. Este dato también fue revelado por PáginaI12, y Bustos fue interrogado como testigo pero nadie le preguntó cómo supo lo que escribió.

Luego de cinco días, Luna acudió a buscar sus pertenencias al juzgado de Otranto, pero sólo le devolvieron la cédula y el dinero. El 2 de octubre su padre le informó que la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) lo buscaba en Cochrane por el caso Maldonado y habían interrogado a su madre. Entonces viajó a Talca para contactar al perito forense Francisco Pulgar Castillo “el cual es mi amigo, para pedirle asesoría”. Este profesional pertenece a la Defensoría Penal Pública de esa localidad.

¿Por qué ahora y desde Chile?

“Adjunto mi testimonio prestado de manera voluntaria que he entregado al Instituto de Derechos Humanos y a la Defensoría Penal Pública, para resguardarme de eventuales apremios que ya sufrieron mis familiares”, expresó Luna desde Chile. “La idea es terminar con las especulaciones sobre Nicasio, tales como el uso de su teléfono por parte de Santiago Maldonado”, apuntó Pulgar Castillo, quien como perito intervino en casos de resonancia en ese país. “La entrevista a Nicasio Luna es una declaración extra judicial, pero más allá del formalismo da cuenta de su actuar en tierras argentinas y chilenas. Por el nivel de conflictos que viven las comunidades mapuches con sus respectivos Estados, claramente genera incertidumbre sobre la trasparencia de las diligencias, lo que se corrobora acá en Chile por el actuar intrusivo de la PDI en la casa de Luna, sin una orden judicial”. El payador dijo que la PDI entró a casa de su madre “por si me encontraba escondido, también acudiendo al trabajo de ella generándole el perjuicio correspondiente”. Y agregó: “Todos mis movimientos dentro y fuera del territorio nacional los hice por pasos habilitados y controlados por la policía chilena y argentina. He participado en programas de radio, televisión y encuentro de payadores, lo cual consta en mis redes sociales”. Finalmente, en la carta que envió a esta periodista apuntó: “Espero una nueva citación de la PDI de Coyhaique o de la Fiscalía de los Lagos para responder un presunto cuestionario enviado por la justicia argentina, pero por transparencia le adjunto mi testimonio”.

Los Maldonado y las querellas sabían de la existencia del payador pero cada vez que preguntaban por él les decían que estaba perdido, que nadie lo encontraba. Ahora que apareció está en manos de la diplomacia y los exhortos judiciales que su relato llegue, finalmente, al vapuleado expediente del caso Maldonado.

(foto Informe Especial TVN)

El crimen perfecto

 

La utopía reaccionaria de los Macri y las Bullrich

Por José Ernesto Schulman (LADH)

Columnista invitado de Ojos Vendados

Autor foto: Matías Santana, mapuche, diez minutos antes del hallazgo del cuerpo sin vida de Santiago Maldonado, el 17 de octubre de 2017 a las 12.15 (Crédito MSGZAM publicada originalmente por Página12)

En uno de sus cuentos políticos, Eduardo Rosenzvaig[1], relata que los chicos de una clase de arte, en un lejano pueblo tucumano, le explican que el crimen perfecto sería aquel que nadie pueda creer que se cometa. Que sea tan obvio y tan brutal, tan grave y tan cargado de consecuencias históricas, que nadie pueda creer que se pueda cometer.  Como si alguien dijera que se pueden desaparecer treinta mil personas, mujeres, hombres, niñas y niños, desde obreros y guerrilleros hasta sacerdotes y madres de otros desaparecidos, delante de una sociedad entera que no veía nada. Solo que ya no estaban.

El crimen de Santiago Maldonado por parte de la Gendarmería Nacional, bajo el mando conjunto de Pablo Noceti, jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad y el Comandante Mayor de Gendarmería Diego Balari, jefe de la agrupación Chubut es tan “monstruoso” que la “razón democrática” se niega a verlo.

Macri es quién mejor utiliza la monstruosidad de su acción, una y otra vez dice «Para mí es tan inocente un gendarme como un ciudadano común. Es imposible que este gobierno, electo democráticamente, haga desaparecer a nadie. No podíamos condenar a la Gendarmería sin tener suficiente información» a lo que el todoterreno Lanata comenta y amplifica:  “¿Realmente pensás que Macrì tiene un plan sistemático para que la gente desaparezca? Que la Gendarmería con un mapa dijo vamos a secuestrar veinte mapuches y los metemos en un pozo y los vamos increíble, hijo matando? La campaña internacional con esto es de un cinismo de puta y cínico”.

Por razones que desconocemos, pero que por el resultado electoral y político logrado, podemos imaginar, el bloque de Poder que actuó en la secuencia: represión en Cushamen del 1º de agosto, desaparición de Santiago, interminables mentiras y agresiones contra Santiago, su familia, los movimientos de derechos humanos y todo aquel que no aceptara la mentira organizada por Bullrich y sus secuaces, decidió plantar el cuerpo de Santiago en el mismo sitio del que fuera visto por última vez por Matías Santana y emprender una nueva gran operación de encubrimiento, ahora con ropaje judicial.  Antes de seguir, vean que un periodista conchabado por el grupo Clarín, Ernesto Tenembaun, dice casi lo mismo: Toda la estrategia en el caso Maldonado estuvo guiada por Macri, aquel empresario que simpatizaba con la dictadura militar. El Gobierno respaldó en tiempo récord a la fuerza sospechada, desmintió una y otra vez a la familia del desaparecido, sembró versiones falsas sobre qué podría haber pasado, intentó crear un enemigo interno de dimensiones absurdas, involucró a la víctima con ese fantasma y trató de que el debate sobre la desaparición de Santiago Maldonado quedase tapado por la grieta que lo separa del kirchnerismo. En ese contexto, la ministra de Seguridad, al opinar sobre la década del setenta, consideró que «los demonios no eran tan demonios».

Macri, Bullrich y sus secuaces se aprovechan de nuestras propias conquistas.  Fue la lucha por la Memoria, la Verdad y la Justicia, con sus extraordinarias conquistas contra la impunidad de los Videla, Echecolatz y otros (pero no sobre la Curia, los dueños de Clarín y La Nación o los directorios del Ingenio Ledesma, Acindar, Ford y casi todas las multinacionales con intereses económicos en la Argentina, casi todos ellos tienen su representante en el gabinete nacional) la que lavó la mugre de la Corte Automática y los jueces de la “servilleta”, hundidos para fin del siglo pasado en la peor de las mierdas, resurgidos por obra de los juicios y la ingenuidad progresista que asignaba a la Justicia y al Gobierno lo que era conquista de la lucha de los sobrevivientes, los organismos de derechos humanos y la izquierda.

Macri, Bullrich y sus secuaces se aprovechan de la lucha democrática de nuestro pueblo y de la enorme confusión generada por alfonsinistas radicales y kirchneristas peronistas de que “esto” es la democracia.  “Esto” nunca fue democracia, siempre fue dominio encubierto de diversas capas de la burguesía, con más o menos subordinación al capital financiero y los imperios, pero nunca fue siquiera el gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo. Si hubiera sido no hubiera desaparecido en meses. Hubiera sobrevivido como lo hizo Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua. 

La Operación Encubrimiento calculó hasta el momento electoral.  Apostó fuerte a que ni siquiera la desaparición forzada cambiara los ejes del debate y una vez que estaba seguro de eso lanzó la fase final de afirmar que Santiago se ahogó solo.  Como si el Río Chubut fuera el Caribe y Cushamen una playa de veraneo sofisticada.  Como en un pase de magia, todo consiste en que la mirada se fije en el lugar equivocado: en el cuerpo sin vida de Santiago y no en la represión de Gendarmería sobre los mapuches, la persecución hasta el río y el intento de Santiago y Matías de cruzar el río Chubut.  Descontextualizar siempre es el camino de la falsedad, el encubrimiento y la mentira.  De pronto se olvidaron que Santiago había muerto en un enfrentamiento armado o intentando cruzar a Chile, o que estaba en Chile, en Tierra del Fuego, en Entre Ríos, en San Luis y en tantos otros lugares.

Ahora solo se trata de lo que digan los forenses, como si los cuerpos hablaran como dijera un supuesto experto en estos temas.   Para nada, los cuerpos no hablan.  Los que hablan, los que piensan, los que razonan, los que utilizan instrumentos tecnológicos y científicos son los hombres y no existe hombre sin cultura, sin ideología, sin marco conceptual previo.  Es paradójico, los cultores del new age y la banalidad como bandera, se ponen el uniforme de científicos y pretenden que no hay ninguna discusión más que la de los médicos que practican la autopsia.  Por suerte, lo que no dicen los organismos de derechos humanos querellantes lo dice la abogada de la familia Maldonado: “Vamos a seguir sosteniendo que hubo una desaparición forzada seguida de muerte, y es el Estado el que debe demostrar eventualmente que no fue así” para aclarar que “si las pruebas marcan lo contrario no vamos a sostener en forma necia un tipo penal que no sea, el Estado debe decir por qué no es lo que venimos afirmando y en ese caso qué es pero a eso se llegará sólo con una investigación imparcial que todavía ni ha comenzado”. “Estamos pidiendo nada más y nada menos que una investigación imparcial e independiente, sobre todo independiente del Poder Ejecutivo. Imparcial respecto de las mismas personas que actuaron desde el 5 de agosto buscando en el mismo lugar, el prefecto Ruata dice que rastrillaron siete veces el río. Entonces, la aparición sin vida de Santiago en ese mismo lugar nos suma cada vez más preguntas, y las respuestas no las pueden dar quienes intervinieron el 1 de agosto, ni tampoco los que actuaron después en la investigación. Eso es lo que le estamos pidiendo al juez, porque el Poder Ejecutivo no puede investigar”.

Estamos ante un desafío de proporciones, la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago Maldonado es un salto de gigantes en el camino de transformar un régimen de democracia formal, minimalista instrumental y sin consistencia económica social en algo mucho más reaccionario, elitista, clasista, patriarcal y racista, un gobierno autoritario con máscaras democráticas.  Impedirlo con movilizaciones que reclamen por una investigación independiente, como pide la familia, no es un problema metodológico sino el único camino para defender la verdad y las condiciones mismas de la lucha en la Argentina.  Es una lucha de subsistencia para la democracia argentina, pero también puede ser el comienzo del fin de los encubridores del crimen de Santiago. Depende de nosotros, de nadie más

 

 

[1] profesor, escritor e investigador tucumano, ganador de dos premios Casa de las Américas, hizo aportes extraordinarios al pensamiento crítico en muchos campos, especialmente el de la memoria. Sus libros “La oruga en el pizarrón” sobre Isauro Arancibia y “El sexo del azúcar” sobre la historia de los ingenios tucumanos son imprescindibles. Falleció a los sesenta años en 2011.

«Hubo gritos de dolor que salían del alma»

“Ahora que se conoce lo que pintaba, escribía y tatuaba Santiago, entre todos tenemos que mantener viva su memoria, es la responsabilidad de los que seguimos luchando como personas concientes que queremos cambiar el mundo, que no sea sólo una consigna”. Fernando Jones Huala habla pausado, cuida las palabras como si las pesara. La semana pasada, junto a Soraya Maicoño tuvieron una reunión privada con el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Francisco Eguiguren, donde expusieron en detalle la persecución que están sufriendo como comunidad mapuche, así como la necesidad de que sean protegidos los testigos que vieron por última vez con vida a Maldonado en Pu Lof de Cushamen. Y se llevaron un compromiso de que el organismo intervendrá al respecto, probablemente con el dictado de una nueva medida cautelar. El joven vocero mapuche dijo que Eguiguren le preguntó por su hermano, el lonko Facundo Jones Huala, detenido en Esquel a la espera de un juicio de extradición en una causa que fue declarada nula porque los testigos en su contra sufrieron torturas. “Hacemos un llamado de alerta a todas las naciones originarias del mundo y luchadores sociales y de los derechos humanos”, expresó ante la inminente fijación de la fecha del nuevo proceso. Sobre la reacción de los miembros de su comunidad que presenciaron el hallazgo del cuerpo de Santiago dijo que “hubo gritos de dolor que salieron desde el alma”. En esta entrevista con Página12 admitió que hay más mapuches que no han declarado porque “tienen miedo”, dado que la justicia “no da garantías” suficientes. “Cuando uno proyecta su vida no elige tener un desaparecido y ser testigo de semejante crimen político”, dijo Jones Huala.

“Es importante que el resto de la sociedad comprenda que esto no le pasa solamente a un grupo de acá, es algo histórico, hay miles de desaparecidos de diversos los pueblos originarios por eso enviamos un saludo fraterno a ellos y a los movimientos sociales que entienden el rol del Estado en el encubrimiento y la impunidad”, agregó.

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Jones Huala y Maicoño viajaron a Montevideo porque la CIDH abrió un expediente a partir de la represión que sufrieron en enero, pero no participaron de la reunión de trabajo referida específicamente a la investigación por la desaparición forzada seguida de la muerte de Santiago Maldonado “por la gravedad del caso que ameritó la apertura de una causa autónoma”, aunque sí estuvieron los mismos abogados que los representan a ellos, de Naturaleza de Derechos y de la APDH. Sin embargo, Eguiguren los recibió al finalizar ese encuentro, con Jorge Mesa, director de Medidas Cautelares. “Detallamos el contexto y el nivel de violencia política e institucional, hablamos de la situación histórica que viven todos los pueblos originarios, mencionamos el rol de los medios en este proceso de estigmatización contra nosotros”, relató Jones Huala en diálogo con Página12. “Sin que nosotros lo mencionáramos, él preguntó sobre la detención de Facundo Jones Huala, y ahí le conté que fue el día que se juntó (Mauricio) Macri con (Claudio) Avruj, y Michelle Bachelet, cómo fue la detención y el trabajo del juez (Gustavo) Villanueva”, agregó este joven mapuche, de 28 años, que oficia de vocero (werken) de su comunidad. “El hostigamiento que denunciamos proviene del Estado y de grupos parapoliciales, que responden a Benetton y a terratenientes de la zona, hablamos también del rol de la Sociedad Rural Argentina. Y en un momento él mencionó que es relator de los derechos de los pueblos indígenas, y tiene conocimiento de este tipo de conflictos que se dan en toda América Latina. Estuvieron muy atentos a cada palabra nuestra, nos hicieron preguntas y fue una reunión extensa, pero ellos en ningún momento mostraron estar apurados para que finalizara, sino al contrario».

–¿Qué dijeron los representantes de la CIDH?

–Al finalizar Eguiguren nos dijo que va a seguir personalmente de cerca el caso, y que una vez que estudiaran los detalles buscarían la forma de ayudarnos como comunidad con la situación de violencia que estamos padeciendo. Hay una posibilidad de que dicten medidas cautelares en favor de la comunidad, y de protección para su miembros. Se sorprendieron mucho cuando le dijimos que tuvimos que construir muros de piedra por la cantidad de veces que fue la policía, fuerzas de seguridad y grupos parapoliciales a dispararnos, en presencia de niños. Son situaciones permanentes que no trascienden en la prensa.

–¿Hablaron de la semana del 18 de septiembre, cuando tras el allanamiento hubo una ocupación del juzgado federal y luego quemaron las casas de mapuches en Vuelta del Río?

–Tratamos de dar un contexto general, se hizo mención a eso porque esa comunidad también pidió medidas cautelares por ese hecho. Pero el detalle está en los informes, videos y fotos que presentaron los abogados (de Naturaleza de Derechos y APDH) y que ya está en el sistema de la comisión.

–¿Su hermano afronta un nuevo juicio de extradición?

–Sí, y por eso Naturaleza de Derechos pedirá también una cautelar por él a la CIDH. En la reunión explicamos que existe una persecución política, las declaraciones de algunos funcionarios y los medios de desinformación. Sus derechos como miembro de un pueblo originario fueron vulnerados, violando tratados y convenios internacionales. Intervino la Cruz Roja Internacional para que a Facundo le reconocieran el derecho a la medicina propia mientras su salud se estaba agravando fuertemente. Comenté sobre la causa en Chile, Facundo no estuvo presente y las demás personas fueron absueltas por falta total de pruebas, se cayó el montaje político y judicial y mediático. 

–Si ese juicio se cayó ¿por qué está preso el lonko?

–Por decisiones políticas, no hace falta ser abogado porque al ver el expediente es evidente que está detenido ilegalmente. Una cosa es la causa en Chile y otra el proceso judicial por el pedido de extradición. El año pasado fue llevado adelante ese juicio, donde no se juzga por los motivos requeridos por el Estado chileno sino si se procede o no a dar la extradición. En ese proceso salieron a la luz la tortura al testigo Gonzalo Cabrera, el allanamiento ilegal que lo llevó a la detención, se procesaron a dos jefes de la Policía y la Brigada de Investigaciones de Chubut, y el espionaje ilegal de un agente de la AFI,entre otras irregularidades. Ese espionaje fue sobre Facundo, la familia y gente de comunidades mapuche tehuelche, periodistas, profesores, abogados, todos defensores del territorio. Por todo esto es que se le dio la libertad. Aún así, tras la reunión de Macri con Bachelet lo detienen de nuevo el 27 de junio, y enseguida aparecen más irregularidades, como por ejemplo que Chile no llegó a hacer el reclamo formal dentro del plazo que dicta la ley, la justicia argentina fuera de plazo aceptó el pedido de extradición. En un principio el juez Gustavo Villanueva le decía a los abogados que era una causa nueva, pasaban los días y no informaba las razones de la detención. Cuando nos enteramos que era la misma causa se denunció a Naciones Unidas y la CIDH. A principios de agosto la Corte Suprema confirmó la nulidad del primer juicio, pero esto no modificó en nada la actitud del juez. A pesar de todos estos vacíos legales que mantienen al lonko preso, se va a hacer un nuevo juicio de extradición, no se sabe si será el juez Guido Otranto o Villanueva. El lonko está detenido fuera de todos los plazos, por esto apelamos a Casación. Sabemos que van a poner la fecha con un corto plazo, porque quieren evitar que haya, como la vez pasada, 300 personas afuera de diferentes comunidades, organizaciones sociales y de derechos humanos. Convocamos a naciones originarias del mundo para que vengan, y a formar un parlamento de pueblos originarios para hablar sobre la situación de violencia que sufren en todas partes.

–¿Cómo vivió ser recibido en el Palacio Legislativo de Montevideo donde la CIDH hizo la reunión?

–Nunca había estado en una situación así, pero tengo una tranquilidad que llevo a todos lados, estamos encarando una lucha por la humanidad que nos toca como ser mapuche. Con esa convicción de aportar aunque sea un granito de arena para la humanidad es que llegamos ahí. Eguiguren es una persona muy serena, se le siente el nivel humanitario que tiene su persona. Una minoría de medios están comprometidos con la verdad y la seriedad, pero la mediatización en términos generales ha deformado y desviado todo, con un mayor sufrimiento hacia la familia, y hacia una sociedad que elige que no sucedan estas situaciones en una supuesta democracia. El mal que han hecho va más allá de las personas afectadas, es una maldad que se extiende generando mentiras y difamaciones. Otra parte de la sociedad ha perdido el sentido humanitario.

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–¿Cómo se sintió tras el hallazgo del cuerpo de Santiago?

–Fue una sensación de inexplicable dolor y sufrimiento que genera, hubo gritos de dolor que salían desde el alma de quienes vivieron ese momento. En el momento que vi el cuerpo sentí tristeza, por el nivel de inhumanidad que tiene parte de la humanidad. Luego vino la angustia y el llanto, que son inevitables. Cuando hay un porcentaje de personas con tal nivel de maldad somos todos vulnerables, no sólo nosotros. Pero los pueblos originarios estamos expuestos desde el momento en que vinieron a invadir y a masacrar a nuestra gente.

–¿Piensa que el cuerpo no estuvo allí desde el 1 de agosto?

–El lugar donde apareció no puede ser. Si supuestamente estuvo ahí, que es lo que quieren implantar, hace unos días era una orilla y era muy fácil de ver, arriba de una loma lejos del río, y ya se veía el bulto. Además en el momento del hallazgo no estuvo nadie de la comunidad, ni Sergio, ni la abogada, y ni siquiera el juez. Son cuestiones a tener en cuenta.

–Para esclarecer qué pasó con Santiago ¿es necesario que declaren más personas?

–Como se puede ver en los videos había más gente. No estaban solamente Santiago y Matías Santana ese día, eso es claro. Pero la realidad es que hay que ponerse en la carne propia de las personas y entender el miedo, el bloqueo ante esta situación. La gente todavía está asimilando toda esta situación, los testimonios están pero sucede que están tapados por todo lo que ha sucedido en torno a la desaparición de Santiago. Con Eguiguren hablamos de esto, y conversamos con otros organismos internacionales para ver de qué manera se pueden generar medidas de protección que motiven a estos testigos a prestar declaración. Pero al día de hoy tienen miedo, no es una negativa sino un miedo que los bloquea.

–¿Es cierto que cuando ustedes indicaron que no tenían garantías el juez Gustavo Lleral les respondió que él tampoco las tenía?

–Sé que eso es cierto.

–El testigo denominado con una letra ¿existe?

–Sí. Es verdad, fue tal cual como lo reflejó el trabajo que hicieron los abogados que presentaron la denuncia ante la CIDH. Lo que fue mentira es el mamarracho que armaron con que se desdijo, todo eso fue falso.

–¿Qué actitud tiene la comunidad respecto de la reconstrucción de los hechos?

–La gente de la comunidad ha dado su palabra tanto al juez como públicamente de acompañar las medidas como esa. La cosa es coordinar, porque es la época en que se realizan ceremonias.

–¿Y sobre el resguardo del lugar del hallazgo del cuerpo?

–La comunidad dio su palabra a la familia, además de al juez, de que la mayor protección era en sus manos. Son los principales que buscan verdad y justicia, luego de la familia, por supuesto. Ese compromiso se está cumpliendo y el lugar está intacto. Ahí vuelve a aparecer la mediatización, que sólo hace daño.

FOTOS Alejandra Bartoliche y Enfoque Rojo

en septiembre en buenos aires, de izquierda a derecha, fernando jones huala, daniel loncon y sergio nahuelquir

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“En el lugar donde se lo encontró hasta hace dos semanas era orilla, no había agua”

“Vino llorando nuestro lamien (hermano del alma) Fernando, diciendo que habían plantado un cuerpo, y ahora no lo decimos con liviandad, nos pesa porque es tremendo y muestra el grado de vulnerabilidad en el que estamos todos”.

Soraya Maicoño, martes 17 de octubre a mediodía sobre el hallazgo del cuerpo de Santiago. (Fotos: Gustavo Zaninelli)

Hace dos semanas, cuando el juez federal Gustavo Lleral visitó la comunidad mapuche de Cushamen, compartió mates y tomó declaraciones a dos de sus integrantes ya tenía en mente realizar el tercer rastrillaje del río Chubut. El magistrado seguía estudiando las cuatro mil fojas del expediente que heredó de Guido Otranto, tenía sobre su escritorio las decenas de pedidos de medidas de prueba que venía solicitando la Procuvin, la mayoría de las cuales eran concedidas a cuentagotas por la fiscal Silvina Ávila y descartadas por Otranto, y también le llegó la sugerencia del jefe de los buzos de Prefectura sobre la necesidad de volver a “repasar” las aguas de ese cauce. Por esas horas también comenzaba a complicarse la situación del gendarme Emmanuel Echazú, que pretende querellar a los mapuches pero las dudas sobre su visible herida en la cara lo colocaron en condición de acusado en la causa. “Es llamativo que cuando hay un imputado aparezca un cuerpo, pero nosotros no tenemos la mente macabra para pergeñar hipótesis como hacen ellos, sabemos que a Santiago se lo llevó Gendarmería pero no sabemos quién plantó ese cuerpo allí, seguramente están todos involucrados, se siguen tapando entre ellos y los medios hegemónicos apuntan a que se sospeche sobre nosotros. ¿Quién tiene la infraestructura para tener un cuerpo tanto tiempo y que después aparezca, teniendo en cuenta la cantidad de rastrillajes que hicieron sin encontrar nada?”. Así resumía Soraya Maicoño el pensamiento de la comunidad que en 2015 recuperó su territorio en Cushamen, y que desde hace ochenta días se convirtió en el escenario que dio vuelta la agenda social y política por la desaparición y muerte del joven tatuador, que vivía desde abril en El Bolsón y había acudido a la Pu Lof en reclamo por los mapuches detenidos en Bariloche el 31 de julio, cuando reclamaban la libertad del lonko de esa comunidad, Facundo Jones Huala.

Este diario repasó con otras dos personas cómo fue el procedimiento judicial del martes en el que un buzo de la Prefectura Naval encontró el cuerpo en el río Chubut, que ayer la familia Maldonado reconoció como Santiago, y obtuvo un relato idéntico al que dio Maicoño en esta entrevista a Página12. Esta mujer mapuche, que una vez más oficia de vocera, fue la primera testigo clave del caso, cuando relató que vio a Maldonado aquel 1 de agosto en la casilla de guardia de la Lof, poco antes de ser detenida durante seis horas sobre la ruta 40 y mientras comenzaba el avance represivo de Gendarmería.

“Estamos atravesados por la consternación, siempre sostuvimos que a Santiago lo llevó Gendarmería en la represión a Pu Lof Resistencia Cushamen, una comunidad mapuche. Desde el 1 de agosto pasó de todo, el gobierno a través de sus medios hegemónicos se encargó de desviar la investigación a través de pistas falsas, que también promovían la estigmatización del pueblo mapuche, convertirnos en enemigos internos, terroristas y violentos. Nunca esperamos nada del oficialismo y sus medios que jamás intentaron profundizar que en realidad todo tiene que ver con el problema del territorio.  Esto no fue un hecho fortuito, venimos denunciando hostigamiento y judicialización desde el primer momento en que se recuperó territorio. El 10 de enero en la represión hasta una niña de once años fue esposada en el suelo, quemaron juguetes a la vista de los niños. Y el terrorismo mediático difunde situaciones que rallan lo enfermo, escriben cosas que no tienen ni pies ni cabeza.

–¿Se sienten acusados por lo sucedido a Maldonado?

–No salimos nunca a desmentir los aberrantes escritos de algunos medios, con mentiras e inventos. Nuestra lucha es contra emprendimientos que apuntan a la destrucción de la tierra. Esta situación de desaparecer a una persona en el marco del reclamo de libertad de nuestro lonko, y todo lo que ha venido derivando pone luz sobre esta problemática, en la cual como pueblo mapuche siempre nos tocó ser los pobres, humillados, mano de obra barata.

–¿Con quién habló el juez Lleral cuando estuvo en la Lof y sobre qué?

–Interrogó a Ailinco Pilquiman, que ya había declarado en la causa: ella y su mamá habían llevado a Santiago a la comunidad el 31 y lo vieron el 1 mientras escapaba de los gendarmes. Y Nicolás Hernández, que es quien fue detenido conmigo en la ruta. Le planteamos que para que declaren todos necesitábamos garantías. Ahí el juez tuvo un comentario poco feliz, dijo ‘ni yo tengo garantías en este momento’.  Luego vino de nuevo para organizar el rastrillaje, y así Andrea, Fernando Jones y yo nos reunimos dos veces la semana pasada. Era algo que iba a suceder si o si, no nos íbamos a oponer sino podía pasar lo que sucedió con el juez Otranto, hacerlo con violencia. Pero le dijimos que era impropio, que para qué lo iban a seguir buscando allí y que por qué no lo buscaron los primeros días en los escuadrones de Gendarmería. Entonces dijimos que participe la familia, que no haya operativo cerrojo como hacen que cierran las tres rutas de acceso a la Pu Lof, que no haya presencia de fuerzas policiales, sólo los perros, buzos y bomberos, y nosotros. Así fue como sucedió.

–¿Hubo alguna negociación o la comunidad le aportó datos sobre un cuerpo?

–No, para nada. Eso es parte de un invento y hay que tomarlo como de quien viene. No lo escribiste vos, ni Juan Alonso, sino el personaje más nefasto de esta situación.

–¿Cómo fue el procedimiento?

–El juez llegó a cerca de las 7.30, participaron Mabel Sánchez y Julio Saquero, de la APDH. Los lamien verificaron que nadie entrara con armas, nos dividimos en tres grupos, uno desde río arriba hacia el centro, otro en el centro que más que nada fueron los buzos, y otro que trabajó unos tres kilómetros río abajo, con los perros ahí estaba yo. Otros iban por la orilla de enfrente caminando con Mabel y Fernando Jones Huala, y otros integrantes de Pu Lof. Cerca de las 12 y media del mediodía subí a buscar un termo, porque hacía frío, para tomar unos mates y de pronto aparece llorando nuestro lamien Fernando (Jones Huala) diciendo que habían plantado un cuerpo. Fue como un baldazo agua fría, no lo podíamos creer. En ese momento el juez me llama y me muestra desde la barranca mirando hacia el río se veía perfectamente un bulto, desde el punto donde la Gendarmería se llevó a Santiago eran como unos 200 metros río arriba. La semana pasada en esa zona anduvieron trabajando Verónica Heredia y Alejandro Incháurregui. Para ellos y Sergio fue una canallada, cómo era posible que apareciera eso ahí si cinco días atrás no había nada.

–¿Qué le dijo Lleral?

–Me acaban de avisar el buzo, que vio un bulto, se acercó, lo tomó y era un cuerpo humano. No fue un perro sino un buzo, y en un lugar por donde ya habían pasado en todos los rastrillajes anteriores. Fue ahí mismo, hubiera sido obvio verlo en el último operativo que fue tan minucioso, con más de 300 efectivos, helicóptero y drones, Prefectura, Policía Científica de los dos lados del río, sin que participe nadie, ni los veedores de derechos humanos ni nosotros, ni los Maldonado. Si cae un animal al río el agua lo saca a la orilla y al día siguiente ya empezás a ver aves carroñeras. Se quiso sembrar un cuerpo, no lo decimos con liviandad, nos pesa un montón decirlo porque es tremendo. Sentimos el grado de vulnerabilidad en que nos encontramos, hace un mes quemaron la vivienda de un hermano en Vuelta del Río, muy adentro, nos estaban diciendo con la impunidad que se estaban manejando en el territorio.

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–¿El bote en que iba Matías se dio vuelta?

–Sí, en ese iba también Sergio pero se bajó antes, y ellos siguieron río abajo. Se mojó, nos asustamos porque en un momento tampoco aparecía Matías. Iba solo con los prefectos.

–¿En el momento del hallazgo no había ninguno de ustedes?

–No, ni Sergio, ni Verónica, ni Mabel o Julio. Solamente un buzo.

–La propia resolución del juez preveía un allanamiento a la estancia Leleque ¿El procedimiento terminó con el hallazgo del cuerpo?

–Sí, una lamien escuchó por handy ‘positivo, con reservas’. Salió corriendo hacia la guardia muy asustada, y nos encontró a todos angustiados llorando por esta impunidad con que se estaban moviendo y hacen lo que quieren porque cómo apareció ahí cuando a pocos metros es donde buscamos agua cada día.

–¿Le expresaron esto al juez?

–Sí claro, tuvimos un montón de tiempo para seguir conversando con él, le explicamos todos los atropellos, que vivimos ahí, el jueves pasado estuvimos ahí trabajando y no había nada. Hay imágenes de cueros colgados nuestros justo en el lugar donde se encontró el cuerpo.

–¿Qué respondía?

–Nada, no decía nada. Vine acá a hacer un rastrillaje, se acaba de encontrar un cuerpo. Y detuvo todo ahí. Le planteamos por qué había tomado la decisión de hacerlo, y hablaba del jefe de Prefectura que se lo había sugerido. Desde un principio, desde la detención del lonko, todo es ilegal. En su resolución el juez no sólo planteaba encontrar un cuerpo sino continuar con un rastrillaje.

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–¿No se tomó ninguna medida adicional luego del hallazgo?

–No, nada. No siguieron buscando pistas para saber por dónde surgió ese cuerpo. Le decíamos cómo puede ser que hubiera aparecido río arriba. En su despacho ya le habíamos dicho que el casco de la estancia de Benetton era la base de operaciones, que el 1 de agosto las camionetas salían y entraban desde ahí, como parte del operativo. Sergio se paraba sobre la barranca, y decía ‘mirá, son unos desgraciados, se ve desde acá arriba’. El acceso desde la estancia al río es directo, nuestro puesto de guardia no tiene siempre gente ni perro que pudiera haber ladrado. Verónica y Alejandro habían estado ahí días antes caminando, no vieron nada, y de repente llega el juez y en tres horas encuentra un cuerpo. Si realmente ese cuerpo estaba en el río desde el 1 lo habrían encontrado río abajo, o enganchado en unas ramas, en el primer rastrillaje o en el segundo.

–¿De dónde obtiene el dato el juez para hacer el tercer rastrillaje?

–De Prefectura. Julio Saquero se ofrece como testigo porque estuvo en todos los anteriores, sobre los informes que daban los buzos cuando salían del agua diciendo que acá es imposible que haya algo por la cantidad de ramas y raíces, y porque antes el río estaba mucho más bajo. En el lugar donde se lo encontró hasta hace dos semanas era orilla, después creció. No había llegado ningún perito y el juez estaba apurado para sacarlo del río para que no se lo lleve la corriente. Tuvimos que frenarlo, fíjese de poner un gomón, le dijimos. Verónica y Sergio le dijeron ‘si vamos a sacarlo hagámoslo bien’, y por eso es que hubo esa vigilia hasta las ocho que llegó Incháurregui  y se organizó el retiro.

–¿Apenas apareció el cuerpo querían sacarlo?

–Sergio y Verónica se habían ido a hablar por teléfono a un lugar donde hay señal, estábamos con Andrea (Millañanco) y lo tuvimos que frenar. Cuando me lo sugirió le dije que había que esperar a la abogada, así como así no lo van a sacar. Los reflectores que pidió Lleral no llegaban, así que ya preparábamos un fuego para seguir con la vigilia de ese cuerpo, que no lo toquen, que no se lo lleve la corriente. Amigos de Santiago estaban afuera de la tranquera, los mapuches lloraban por lo que estaba pasando y en eso llega (Claudio) Avruj que quería pasar. La luz que se usó para levantar ese cuerpo fue la de la cámara del Poder Judicial y linternas nuestras. Ahora hay que saber qué pasó, qué le hicieron.

–¿Ustedes afirman que el cuerpo fue plantado? ¿Quién lo hizo y cómo?

–Creemos que hay un grupo de gente pagada por Benetton que conoce el territorio, que causó los incendios en Vuelta del Río y estuvo en el lugar con total impunidad, quizás en connivencia con Gendarmería. Sabemos quién se lo llevó, no sabemos quién lo plantó ahí, pero sí que fue con la complicidad del Estado y de Benetton. Claramente es una forma de demostrar el poder impune con que se manejan, sobre todo con esta comunidad que le puso límite a su avance. Buscan la forma de responsabilizarnos a nosotros de lo que ellos son culpables, porque en realidad es un modo de desviar la atención, para no hablar del conflicto real del Estado argentino respecto a todos los pueblos preexistentes. Nos tratan de indios violentos, pero somos claros, no tenemos ánimo terrorista ni pretendemos tener enfrentamientos sino estar unidos en defensa de la tierra. Ellos salieron a cazar a un mapuche y se encontraron con un blanco, ya tenemos hermanos mapuche desaparecidos por el conflicto territorial. Pero es la primera vez que pasó a un no mapuche, con una familia con recursos para buscarlo y una parte de la sociedad los acompañó por todos los derechos ganados en estos cuarenta años. Y se están haciendo eco del legítimo reclamo del pueblo mapuche, Santiago Maldonado estaba pidiendo por eso.

Terremoto en el expediente

Sin que se lo pida ninguna de las partes involucradas en la causa por la desaparición de Santiago Maldonado, la justicia federal de Esquel envió en las últimas horas a uniformados a buscarlo en las comunidades mapuches de Neuquén, lo que motivó un pronunciamiento de la Confederación Mapuche, cuyas autoridades afirmaron: “El Gobierno busca inculparnos”. Los operativos estuvieron a cargo del jefe de la subdelegación de la Policía Federal en esa localidad, la misma persona a la que el juez federal Guido Otranto encomendó el envío a la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA de las muestras genéticas del joven tomadas de sus prendas y en su vivienda durante los respectivos procedimientos judiciales. “Vengo a traer los resultados” de los operativos en territorio mapuche, dijo el comisario Enrique Terremoto ayer al ingresar al juzgado. Entre la madrugada del martes y la tarde del miércoles Gendarmería y Policía Federal irrumpieron en varias Pu Lof. En el último episodio en San Martín de los Andes el lonko impidió el paso a los uniformados pero “la discusión se elevó al punto que temimos que reprimieran a nuestras autoridades comunitarias”.

En su comunicado la Confederación afirmó: “Tememos que estas situaciones de las últimas horas sean la organización de un montaje para justificar la posible muerte de Santiago Maldonado a manos de integrantes de nuestro Pueblo Mapuche. Lo más grave es que estas acciones de intimidaciones las realizan las mismas fuerzas sospechadas de la desaparición forzada del wenvy/compañero Santiago Maldonado”. Y agregó que “lo que hasta ayer era preocupación, hoy es alarma en esta región mapuche de Neuquén” donde tres “comunidades mapuche del Consejo Zonal Wijice (Sur) fueron allanadas, Raquithue, Lafkenche y Paynefilu, sin exhibir orden judicial alguna, sin mediar consulta a las autoridades comunitarias, invocando como fundamento la búsqueda de Maldonado”. El último hecho denunciado por la Confederación “fue en territorio del Consejo Zonal Lafkenche, en el Lof Kinxikew. La Policía Federal, delegación San Martin de los Andes, llegó con el objetivo de ingresar a territorio comunitario, y la reacción rápida del longko (autoridad) impidió este abuso de poder. El procedimiento fue el mismo: sin mostrar orden judicial, con una camioneta oscura sin identificación judicial, salvo el rompeviento y visera de la Policía Federal Argentina. Cuando expresan que el objetivo del operativo es realizar una inspección ocular que permita información sobre el paradero del desaparecido Santiago Maldonado, muestran a las autoridades mapuches un oficio de la Fiscal de Esquel que estaba dirigido al Jefe de la Delegación Esquel de la Policía Federal, comisario Enrique Terremoto. Se le indicó que la comunidad está a 380 Kms de Esquel, que considerábamos una violación el intento de ingreso ilegítimo e inconsulto a nuestro territorio comunitario. Y se solicitó se retiren de inmediato”.

Desde la Confederación Mapuche de Neuquén presentaron un hábeas corpus preventivo en el juzgado federal de Zapala para exigir explicaciones. “Alegan que tienen la autorización de los altos mandos, por lo que responsabilizamos directamente a la ministra de Seguridad”, afirmó a Página12 Jorge Nahuel, coordinador del Consejo Zonal Xawvnko, que agrupa a las comunidades mapuches de la zona. ““Hay todo un protocolo para ingresar a un territorio, no es un lugar público”, dijo Nahuel, y además denunció la «militarización» de los territorios ancestrales.

En el expediente que instruye el juez Otranto a partir de los habeas corpus presentados por la familia Maldonado, el Cels, la Apdh y la Comisión Provincial por la Memoria, al que Página12 tuvo acceso, consta que el 14 de agosto el magistrado le encomendó al comisario Terremoto “la remisión a la división Laboratorio Químico de la PFA, de los sobres conteniendo muestras para ser enviadas al laboratorio del Servicio de Huellas Digitales Genéticas de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA”. Los sobres contenían “vellos capilares secuestrados de un cuellito secuestrado aportado por Sergio Maldonado”, una muestra de cabello encontrada en la gorra blanca en territorio mapuche de Cushamen el 5 de agosto, (y no como informó la fiscal federal Silvina Ávila al gobierno que había sido aportada por los mapuches), pelos recolectados de un buzo negro con capucha y la inscripción “volver a ser Ninx”, una presunta muestra biológica tomada del puño derecho de buzo color negro, un puño de algodón de 13 x 9 cortado del buzo negro, un mechón de cabello, una caja de cartón conteniendo una mochila de color negro sin inscripciones y un último sobre número 8 conteniendo “rastas”.

No fue el único recado que Otranto encomendó al comisario Terremoto. También le ordenó remitir a la división de Apoyo Tecnológico Judicial de la PFA los teléfonos celulares marca Alcatel, uno negro y otro con funda plástica con vivos grises, con batería y sin tarjeta SIM incautados en la casa de Santiago en el operativo del 12 de agosto en El Bolsón. El uniformado acudió ayer ante el magistrado, tal como verificó el enviado de La Izquierda Diario, horas antes de que fuera recusado en la causa, para rendir cuentas de los procedimientos de “búsqueda” de Maldonado en las vecinas comunidades mapuches.

El primer episodio había sucedido a orillas del lago Huechulafquen en Junín de los Andes. En declaraciones a Radio Universidad Calf de Neuquén Capital, Fidel Colipan informó que durante la madrugada el personal de Gendarmería ingresó al Lof Rakitue, a orillas del lago Huechulafquen en Junín de los Andes. Según los dichos de varios integrantes del Lof, los uniformados adujeron que actuaron de oficio porque contaban con la información de que Santiago se encontraría “acampando en la zona”. Conocida la noticia, el diputado provincial Raúl Godoy (FIT) sostuvo que “este tipo de operativos ilegales cuyo fin es claramente intimidatorio, obedece a la clara intención de desviar en forma activa y desde los altos mandos, la investigación por la desaparición forzada de Santiago Maldonado”.