“Hubo gritos de dolor que salían del alma”

“Ahora que se conoce lo que pintaba, escribía y tatuaba Santiago, entre todos tenemos que mantener viva su memoria, es la responsabilidad de los que seguimos luchando como personas concientes que queremos cambiar el mundo, que no sea sólo una consigna”. Fernando Jones Huala habla pausado, cuida las palabras como si las pesara. La semana pasada, junto a Soraya Maicoño tuvieron una reunión privada con el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Francisco Eguiguren, donde expusieron en detalle la persecución que están sufriendo como comunidad mapuche, así como la necesidad de que sean protegidos los testigos que vieron por última vez con vida a Maldonado en Pu Lof de Cushamen. Y se llevaron un compromiso de que el organismo intervendrá al respecto, probablemente con el dictado de una nueva medida cautelar. El joven vocero mapuche dijo que Eguiguren le preguntó por su hermano, el lonko Facundo Jones Huala, detenido en Esquel a la espera de un juicio de extradición en una causa que fue declarada nula porque los testigos en su contra sufrieron torturas. “Hacemos un llamado de alerta a todas las naciones originarias del mundo y luchadores sociales y de los derechos humanos”, expresó ante la inminente fijación de la fecha del nuevo proceso. Sobre la reacción de los miembros de su comunidad que presenciaron el hallazgo del cuerpo de Santiago dijo que “hubo gritos de dolor que salieron desde el alma”. En esta entrevista con Página12 admitió que hay más mapuches que no han declarado porque “tienen miedo”, dado que la justicia “no da garantías” suficientes. “Cuando uno proyecta su vida no elige tener un desaparecido y ser testigo de semejante crimen político”, dijo Jones Huala.

“Es importante que el resto de la sociedad comprenda que esto no le pasa solamente a un grupo de acá, es algo histórico, hay miles de desaparecidos de diversos los pueblos originarios por eso enviamos un saludo fraterno a ellos y a los movimientos sociales que entienden el rol del Estado en el encubrimiento y la impunidad”, agregó.

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Jones Huala y Maicoño viajaron a Montevideo porque la CIDH abrió un expediente a partir de la represión que sufrieron en enero, pero no participaron de la reunión de trabajo referida específicamente a la investigación por la desaparición forzada seguida de la muerte de Santiago Maldonado “por la gravedad del caso que ameritó la apertura de una causa autónoma”, aunque sí estuvieron los mismos abogados que los representan a ellos, de Naturaleza de Derechos y de la APDH. Sin embargo, Eguiguren los recibió al finalizar ese encuentro, con Jorge Mesa, director de Medidas Cautelares. “Detallamos el contexto y el nivel de violencia política e institucional, hablamos de la situación histórica que viven todos los pueblos originarios, mencionamos el rol de los medios en este proceso de estigmatización contra nosotros”, relató Jones Huala en diálogo con Página12. “Sin que nosotros lo mencionáramos, él preguntó sobre la detención de Facundo Jones Huala, y ahí le conté que fue el día que se juntó (Mauricio) Macri con (Claudio) Avruj, y Michelle Bachelet, cómo fue la detención y el trabajo del juez (Gustavo) Villanueva”, agregó este joven mapuche, de 28 años, que oficia de vocero (werken) de su comunidad. “El hostigamiento que denunciamos proviene del Estado y de grupos parapoliciales, que responden a Benetton y a terratenientes de la zona, hablamos también del rol de la Sociedad Rural Argentina. Y en un momento él mencionó que es relator de los derechos de los pueblos indígenas, y tiene conocimiento de este tipo de conflictos que se dan en toda América Latina. Estuvieron muy atentos a cada palabra nuestra, nos hicieron preguntas y fue una reunión extensa, pero ellos en ningún momento mostraron estar apurados para que finalizara, sino al contrario”.

–¿Qué dijeron los representantes de la CIDH?

–Al finalizar Eguiguren nos dijo que va a seguir personalmente de cerca el caso, y que una vez que estudiaran los detalles buscarían la forma de ayudarnos como comunidad con la situación de violencia que estamos padeciendo. Hay una posibilidad de que dicten medidas cautelares en favor de la comunidad, y de protección para su miembros. Se sorprendieron mucho cuando le dijimos que tuvimos que construir muros de piedra por la cantidad de veces que fue la policía, fuerzas de seguridad y grupos parapoliciales a dispararnos, en presencia de niños. Son situaciones permanentes que no trascienden en la prensa.

–¿Hablaron de la semana del 18 de septiembre, cuando tras el allanamiento hubo una ocupación del juzgado federal y luego quemaron las casas de mapuches en Vuelta del Río?

–Tratamos de dar un contexto general, se hizo mención a eso porque esa comunidad también pidió medidas cautelares por ese hecho. Pero el detalle está en los informes, videos y fotos que presentaron los abogados (de Naturaleza de Derechos y APDH) y que ya está en el sistema de la comisión.

–¿Su hermano afronta un nuevo juicio de extradición?

–Sí, y por eso Naturaleza de Derechos pedirá también una cautelar por él a la CIDH. En la reunión explicamos que existe una persecución política, las declaraciones de algunos funcionarios y los medios de desinformación. Sus derechos como miembro de un pueblo originario fueron vulnerados, violando tratados y convenios internacionales. Intervino la Cruz Roja Internacional para que a Facundo le reconocieran el derecho a la medicina propia mientras su salud se estaba agravando fuertemente. Comenté sobre la causa en Chile, Facundo no estuvo presente y las demás personas fueron absueltas por falta total de pruebas, se cayó el montaje político y judicial y mediático. 

–Si ese juicio se cayó ¿por qué está preso el lonko?

–Por decisiones políticas, no hace falta ser abogado porque al ver el expediente es evidente que está detenido ilegalmente. Una cosa es la causa en Chile y otra el proceso judicial por el pedido de extradición. El año pasado fue llevado adelante ese juicio, donde no se juzga por los motivos requeridos por el Estado chileno sino si se procede o no a dar la extradición. En ese proceso salieron a la luz la tortura al testigo Gonzalo Cabrera, el allanamiento ilegal que lo llevó a la detención, se procesaron a dos jefes de la Policía y la Brigada de Investigaciones de Chubut, y el espionaje ilegal de un agente de la AFI,entre otras irregularidades. Ese espionaje fue sobre Facundo, la familia y gente de comunidades mapuche tehuelche, periodistas, profesores, abogados, todos defensores del territorio. Por todo esto es que se le dio la libertad. Aún así, tras la reunión de Macri con Bachelet lo detienen de nuevo el 27 de junio, y enseguida aparecen más irregularidades, como por ejemplo que Chile no llegó a hacer el reclamo formal dentro del plazo que dicta la ley, la justicia argentina fuera de plazo aceptó el pedido de extradición. En un principio el juez Gustavo Villanueva le decía a los abogados que era una causa nueva, pasaban los días y no informaba las razones de la detención. Cuando nos enteramos que era la misma causa se denunció a Naciones Unidas y la CIDH. A principios de agosto la Corte Suprema confirmó la nulidad del primer juicio, pero esto no modificó en nada la actitud del juez. A pesar de todos estos vacíos legales que mantienen al lonko preso, se va a hacer un nuevo juicio de extradición, no se sabe si será el juez Guido Otranto o Villanueva. El lonko está detenido fuera de todos los plazos, por esto apelamos a Casación. Sabemos que van a poner la fecha con un corto plazo, porque quieren evitar que haya, como la vez pasada, 300 personas afuera de diferentes comunidades, organizaciones sociales y de derechos humanos. Convocamos a naciones originarias del mundo para que vengan, y a formar un parlamento de pueblos originarios para hablar sobre la situación de violencia que sufren en todas partes.

–¿Cómo vivió ser recibido en el Palacio Legislativo de Montevideo donde la CIDH hizo la reunión?

–Nunca había estado en una situación así, pero tengo una tranquilidad que llevo a todos lados, estamos encarando una lucha por la humanidad que nos toca como ser mapuche. Con esa convicción de aportar aunque sea un granito de arena para la humanidad es que llegamos ahí. Eguiguren es una persona muy serena, se le siente el nivel humanitario que tiene su persona. Una minoría de medios están comprometidos con la verdad y la seriedad, pero la mediatización en términos generales ha deformado y desviado todo, con un mayor sufrimiento hacia la familia, y hacia una sociedad que elige que no sucedan estas situaciones en una supuesta democracia. El mal que han hecho va más allá de las personas afectadas, es una maldad que se extiende generando mentiras y difamaciones. Otra parte de la sociedad ha perdido el sentido humanitario.

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–¿Cómo se sintió tras el hallazgo del cuerpo de Santiago?

–Fue una sensación de inexplicable dolor y sufrimiento que genera, hubo gritos de dolor que salían desde el alma de quienes vivieron ese momento. En el momento que vi el cuerpo sentí tristeza, por el nivel de inhumanidad que tiene parte de la humanidad. Luego vino la angustia y el llanto, que son inevitables. Cuando hay un porcentaje de personas con tal nivel de maldad somos todos vulnerables, no sólo nosotros. Pero los pueblos originarios estamos expuestos desde el momento en que vinieron a invadir y a masacrar a nuestra gente.

–¿Piensa que el cuerpo no estuvo allí desde el 1 de agosto?

–El lugar donde apareció no puede ser. Si supuestamente estuvo ahí, que es lo que quieren implantar, hace unos días era una orilla y era muy fácil de ver, arriba de una loma lejos del río, y ya se veía el bulto. Además en el momento del hallazgo no estuvo nadie de la comunidad, ni Sergio, ni la abogada, y ni siquiera el juez. Son cuestiones a tener en cuenta.

–Para esclarecer qué pasó con Santiago ¿es necesario que declaren más personas?

–Como se puede ver en los videos había más gente. No estaban solamente Santiago y Matías Santana ese día, eso es claro. Pero la realidad es que hay que ponerse en la carne propia de las personas y entender el miedo, el bloqueo ante esta situación. La gente todavía está asimilando toda esta situación, los testimonios están pero sucede que están tapados por todo lo que ha sucedido en torno a la desaparición de Santiago. Con Eguiguren hablamos de esto, y conversamos con otros organismos internacionales para ver de qué manera se pueden generar medidas de protección que motiven a estos testigos a prestar declaración. Pero al día de hoy tienen miedo, no es una negativa sino un miedo que los bloquea.

–¿Es cierto que cuando ustedes indicaron que no tenían garantías el juez Gustavo Lleral les respondió que él tampoco las tenía?

–Sé que eso es cierto.

–El testigo denominado con una letra ¿existe?

–Sí. Es verdad, fue tal cual como lo reflejó el trabajo que hicieron los abogados que presentaron la denuncia ante la CIDH. Lo que fue mentira es el mamarracho que armaron con que se desdijo, todo eso fue falso.

–¿Qué actitud tiene la comunidad respecto de la reconstrucción de los hechos?

–La gente de la comunidad ha dado su palabra tanto al juez como públicamente de acompañar las medidas como esa. La cosa es coordinar, porque es la época en que se realizan ceremonias.

–¿Y sobre el resguardo del lugar del hallazgo del cuerpo?

–La comunidad dio su palabra a la familia, además de al juez, de que la mayor protección era en sus manos. Son los principales que buscan verdad y justicia, luego de la familia, por supuesto. Ese compromiso se está cumpliendo y el lugar está intacto. Ahí vuelve a aparecer la mediatización, que sólo hace daño.

FOTOS Alejandra Bartoliche y Enfoque Rojo

en septiembre en buenos aires, de izquierda a derecha, fernando jones huala, daniel loncon y sergio nahuelquir

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“En el lugar donde se lo encontró hasta hace dos semanas era orilla, no había agua”

“Vino llorando nuestro lamien (hermano del alma) Fernando, diciendo que habían plantado un cuerpo, y ahora no lo decimos con liviandad, nos pesa porque es tremendo y muestra el grado de vulnerabilidad en el que estamos todos”.

Soraya Maicoño, martes 17 de octubre a mediodía sobre el hallazgo del cuerpo de Santiago. (Fotos: Gustavo Zaninelli)

Hace dos semanas, cuando el juez federal Gustavo Lleral visitó la comunidad mapuche de Cushamen, compartió mates y tomó declaraciones a dos de sus integrantes ya tenía en mente realizar el tercer rastrillaje del río Chubut. El magistrado seguía estudiando las cuatro mil fojas del expediente que heredó de Guido Otranto, tenía sobre su escritorio las decenas de pedidos de medidas de prueba que venía solicitando la Procuvin, la mayoría de las cuales eran concedidas a cuentagotas por la fiscal Silvina Ávila y descartadas por Otranto, y también le llegó la sugerencia del jefe de los buzos de Prefectura sobre la necesidad de volver a “repasar” las aguas de ese cauce. Por esas horas también comenzaba a complicarse la situación del gendarme Emmanuel Echazú, que pretende querellar a los mapuches pero las dudas sobre su visible herida en la cara lo colocaron en condición de acusado en la causa. “Es llamativo que cuando hay un imputado aparezca un cuerpo, pero nosotros no tenemos la mente macabra para pergeñar hipótesis como hacen ellos, sabemos que a Santiago se lo llevó Gendarmería pero no sabemos quién plantó ese cuerpo allí, seguramente están todos involucrados, se siguen tapando entre ellos y los medios hegemónicos apuntan a que se sospeche sobre nosotros. ¿Quién tiene la infraestructura para tener un cuerpo tanto tiempo y que después aparezca, teniendo en cuenta la cantidad de rastrillajes que hicieron sin encontrar nada?”. Así resumía Soraya Maicoño el pensamiento de la comunidad que en 2015 recuperó su territorio en Cushamen, y que desde hace ochenta días se convirtió en el escenario que dio vuelta la agenda social y política por la desaparición y muerte del joven tatuador, que vivía desde abril en El Bolsón y había acudido a la Pu Lof en reclamo por los mapuches detenidos en Bariloche el 31 de julio, cuando reclamaban la libertad del lonko de esa comunidad, Facundo Jones Huala.

Este diario repasó con otras dos personas cómo fue el procedimiento judicial del martes en el que un buzo de la Prefectura Naval encontró el cuerpo en el río Chubut, que ayer la familia Maldonado reconoció como Santiago, y obtuvo un relato idéntico al que dio Maicoño en esta entrevista a Página12. Esta mujer mapuche, que una vez más oficia de vocera, fue la primera testigo clave del caso, cuando relató que vio a Maldonado aquel 1 de agosto en la casilla de guardia de la Lof, poco antes de ser detenida durante seis horas sobre la ruta 40 y mientras comenzaba el avance represivo de Gendarmería.

“Estamos atravesados por la consternación, siempre sostuvimos que a Santiago lo llevó Gendarmería en la represión a Pu Lof Resistencia Cushamen, una comunidad mapuche. Desde el 1 de agosto pasó de todo, el gobierno a través de sus medios hegemónicos se encargó de desviar la investigación a través de pistas falsas, que también promovían la estigmatización del pueblo mapuche, convertirnos en enemigos internos, terroristas y violentos. Nunca esperamos nada del oficialismo y sus medios que jamás intentaron profundizar que en realidad todo tiene que ver con el problema del territorio.  Esto no fue un hecho fortuito, venimos denunciando hostigamiento y judicialización desde el primer momento en que se recuperó territorio. El 10 de enero en la represión hasta una niña de once años fue esposada en el suelo, quemaron juguetes a la vista de los niños. Y el terrorismo mediático difunde situaciones que rallan lo enfermo, escriben cosas que no tienen ni pies ni cabeza.

–¿Se sienten acusados por lo sucedido a Maldonado?

–No salimos nunca a desmentir los aberrantes escritos de algunos medios, con mentiras e inventos. Nuestra lucha es contra emprendimientos que apuntan a la destrucción de la tierra. Esta situación de desaparecer a una persona en el marco del reclamo de libertad de nuestro lonko, y todo lo que ha venido derivando pone luz sobre esta problemática, en la cual como pueblo mapuche siempre nos tocó ser los pobres, humillados, mano de obra barata.

–¿Con quién habló el juez Lleral cuando estuvo en la Lof y sobre qué?

–Interrogó a Ailinco Pilquiman, que ya había declarado en la causa: ella y su mamá habían llevado a Santiago a la comunidad el 31 y lo vieron el 1 mientras escapaba de los gendarmes. Y Nicolás Hernández, que es quien fue detenido conmigo en la ruta. Le planteamos que para que declaren todos necesitábamos garantías. Ahí el juez tuvo un comentario poco feliz, dijo ‘ni yo tengo garantías en este momento’.  Luego vino de nuevo para organizar el rastrillaje, y así Andrea, Fernando Jones y yo nos reunimos dos veces la semana pasada. Era algo que iba a suceder si o si, no nos íbamos a oponer sino podía pasar lo que sucedió con el juez Otranto, hacerlo con violencia. Pero le dijimos que era impropio, que para qué lo iban a seguir buscando allí y que por qué no lo buscaron los primeros días en los escuadrones de Gendarmería. Entonces dijimos que participe la familia, que no haya operativo cerrojo como hacen que cierran las tres rutas de acceso a la Pu Lof, que no haya presencia de fuerzas policiales, sólo los perros, buzos y bomberos, y nosotros. Así fue como sucedió.

–¿Hubo alguna negociación o la comunidad le aportó datos sobre un cuerpo?

–No, para nada. Eso es parte de un invento y hay que tomarlo como de quien viene. No lo escribiste vos, ni Juan Alonso, sino el personaje más nefasto de esta situación.

–¿Cómo fue el procedimiento?

–El juez llegó a cerca de las 7.30, participaron Mabel Sánchez y Julio Saquero, de la APDH. Los lamien verificaron que nadie entrara con armas, nos dividimos en tres grupos, uno desde río arriba hacia el centro, otro en el centro que más que nada fueron los buzos, y otro que trabajó unos tres kilómetros río abajo, con los perros ahí estaba yo. Otros iban por la orilla de enfrente caminando con Mabel y Fernando Jones Huala, y otros integrantes de Pu Lof. Cerca de las 12 y media del mediodía subí a buscar un termo, porque hacía frío, para tomar unos mates y de pronto aparece llorando nuestro lamien Fernando (Jones Huala) diciendo que habían plantado un cuerpo. Fue como un baldazo agua fría, no lo podíamos creer. En ese momento el juez me llama y me muestra desde la barranca mirando hacia el río se veía perfectamente un bulto, desde el punto donde la Gendarmería se llevó a Santiago eran como unos 200 metros río arriba. La semana pasada en esa zona anduvieron trabajando Verónica Heredia y Alejandro Incháurregui. Para ellos y Sergio fue una canallada, cómo era posible que apareciera eso ahí si cinco días atrás no había nada.

–¿Qué le dijo Lleral?

–Me acaban de avisar el buzo, que vio un bulto, se acercó, lo tomó y era un cuerpo humano. No fue un perro sino un buzo, y en un lugar por donde ya habían pasado en todos los rastrillajes anteriores. Fue ahí mismo, hubiera sido obvio verlo en el último operativo que fue tan minucioso, con más de 300 efectivos, helicóptero y drones, Prefectura, Policía Científica de los dos lados del río, sin que participe nadie, ni los veedores de derechos humanos ni nosotros, ni los Maldonado. Si cae un animal al río el agua lo saca a la orilla y al día siguiente ya empezás a ver aves carroñeras. Se quiso sembrar un cuerpo, no lo decimos con liviandad, nos pesa un montón decirlo porque es tremendo. Sentimos el grado de vulnerabilidad en que nos encontramos, hace un mes quemaron la vivienda de un hermano en Vuelta del Río, muy adentro, nos estaban diciendo con la impunidad que se estaban manejando en el territorio.

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–¿El bote en que iba Matías se dio vuelta?

–Sí, en ese iba también Sergio pero se bajó antes, y ellos siguieron río abajo. Se mojó, nos asustamos porque en un momento tampoco aparecía Matías. Iba solo con los prefectos.

–¿En el momento del hallazgo no había ninguno de ustedes?

–No, ni Sergio, ni Verónica, ni Mabel o Julio. Solamente un buzo.

–La propia resolución del juez preveía un allanamiento a la estancia Leleque ¿El procedimiento terminó con el hallazgo del cuerpo?

–Sí, una lamien escuchó por handy ‘positivo, con reservas’. Salió corriendo hacia la guardia muy asustada, y nos encontró a todos angustiados llorando por esta impunidad con que se estaban moviendo y hacen lo que quieren porque cómo apareció ahí cuando a pocos metros es donde buscamos agua cada día.

–¿Le expresaron esto al juez?

–Sí claro, tuvimos un montón de tiempo para seguir conversando con él, le explicamos todos los atropellos, que vivimos ahí, el jueves pasado estuvimos ahí trabajando y no había nada. Hay imágenes de cueros colgados nuestros justo en el lugar donde se encontró el cuerpo.

–¿Qué respondía?

–Nada, no decía nada. Vine acá a hacer un rastrillaje, se acaba de encontrar un cuerpo. Y detuvo todo ahí. Le planteamos por qué había tomado la decisión de hacerlo, y hablaba del jefe de Prefectura que se lo había sugerido. Desde un principio, desde la detención del lonko, todo es ilegal. En su resolución el juez no sólo planteaba encontrar un cuerpo sino continuar con un rastrillaje.

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–¿No se tomó ninguna medida adicional luego del hallazgo?

–No, nada. No siguieron buscando pistas para saber por dónde surgió ese cuerpo. Le decíamos cómo puede ser que hubiera aparecido río arriba. En su despacho ya le habíamos dicho que el casco de la estancia de Benetton era la base de operaciones, que el 1 de agosto las camionetas salían y entraban desde ahí, como parte del operativo. Sergio se paraba sobre la barranca, y decía ‘mirá, son unos desgraciados, se ve desde acá arriba’. El acceso desde la estancia al río es directo, nuestro puesto de guardia no tiene siempre gente ni perro que pudiera haber ladrado. Verónica y Alejandro habían estado ahí días antes caminando, no vieron nada, y de repente llega el juez y en tres horas encuentra un cuerpo. Si realmente ese cuerpo estaba en el río desde el 1 lo habrían encontrado río abajo, o enganchado en unas ramas, en el primer rastrillaje o en el segundo.

–¿De dónde obtiene el dato el juez para hacer el tercer rastrillaje?

–De Prefectura. Julio Saquero se ofrece como testigo porque estuvo en todos los anteriores, sobre los informes que daban los buzos cuando salían del agua diciendo que acá es imposible que haya algo por la cantidad de ramas y raíces, y porque antes el río estaba mucho más bajo. En el lugar donde se lo encontró hasta hace dos semanas era orilla, después creció. No había llegado ningún perito y el juez estaba apurado para sacarlo del río para que no se lo lleve la corriente. Tuvimos que frenarlo, fíjese de poner un gomón, le dijimos. Verónica y Sergio le dijeron ‘si vamos a sacarlo hagámoslo bien’, y por eso es que hubo esa vigilia hasta las ocho que llegó Incháurregui  y se organizó el retiro.

–¿Apenas apareció el cuerpo querían sacarlo?

–Sergio y Verónica se habían ido a hablar por teléfono a un lugar donde hay señal, estábamos con Andrea (Millañanco) y lo tuvimos que frenar. Cuando me lo sugirió le dije que había que esperar a la abogada, así como así no lo van a sacar. Los reflectores que pidió Lleral no llegaban, así que ya preparábamos un fuego para seguir con la vigilia de ese cuerpo, que no lo toquen, que no se lo lleve la corriente. Amigos de Santiago estaban afuera de la tranquera, los mapuches lloraban por lo que estaba pasando y en eso llega (Claudio) Avruj que quería pasar. La luz que se usó para levantar ese cuerpo fue la de la cámara del Poder Judicial y linternas nuestras. Ahora hay que saber qué pasó, qué le hicieron.

–¿Ustedes afirman que el cuerpo fue plantado? ¿Quién lo hizo y cómo?

–Creemos que hay un grupo de gente pagada por Benetton que conoce el territorio, que causó los incendios en Vuelta del Río y estuvo en el lugar con total impunidad, quizás en connivencia con Gendarmería. Sabemos quién se lo llevó, no sabemos quién lo plantó ahí, pero sí que fue con la complicidad del Estado y de Benetton. Claramente es una forma de demostrar el poder impune con que se manejan, sobre todo con esta comunidad que le puso límite a su avance. Buscan la forma de responsabilizarnos a nosotros de lo que ellos son culpables, porque en realidad es un modo de desviar la atención, para no hablar del conflicto real del Estado argentino respecto a todos los pueblos preexistentes. Nos tratan de indios violentos, pero somos claros, no tenemos ánimo terrorista ni pretendemos tener enfrentamientos sino estar unidos en defensa de la tierra. Ellos salieron a cazar a un mapuche y se encontraron con un blanco, ya tenemos hermanos mapuche desaparecidos por el conflicto territorial. Pero es la primera vez que pasó a un no mapuche, con una familia con recursos para buscarlo y una parte de la sociedad los acompañó por todos los derechos ganados en estos cuarenta años. Y se están haciendo eco del legítimo reclamo del pueblo mapuche, Santiago Maldonado estaba pidiendo por eso.

Terremoto en el expediente

Sin que se lo pida ninguna de las partes involucradas en la causa por la desaparición de Santiago Maldonado, la justicia federal de Esquel envió en las últimas horas a uniformados a buscarlo en las comunidades mapuches de Neuquén, lo que motivó un pronunciamiento de la Confederación Mapuche, cuyas autoridades afirmaron: “El Gobierno busca inculparnos”. Los operativos estuvieron a cargo del jefe de la subdelegación de la Policía Federal en esa localidad, la misma persona a la que el juez federal Guido Otranto encomendó el envío a la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA de las muestras genéticas del joven tomadas de sus prendas y en su vivienda durante los respectivos procedimientos judiciales. “Vengo a traer los resultados” de los operativos en territorio mapuche, dijo el comisario Enrique Terremoto ayer al ingresar al juzgado. Entre la madrugada del martes y la tarde del miércoles Gendarmería y Policía Federal irrumpieron en varias Pu Lof. En el último episodio en San Martín de los Andes el lonko impidió el paso a los uniformados pero “la discusión se elevó al punto que temimos que reprimieran a nuestras autoridades comunitarias”.

En su comunicado la Confederación afirmó: “Tememos que estas situaciones de las últimas horas sean la organización de un montaje para justificar la posible muerte de Santiago Maldonado a manos de integrantes de nuestro Pueblo Mapuche. Lo más grave es que estas acciones de intimidaciones las realizan las mismas fuerzas sospechadas de la desaparición forzada del wenvy/compañero Santiago Maldonado”. Y agregó que “lo que hasta ayer era preocupación, hoy es alarma en esta región mapuche de Neuquén” donde tres “comunidades mapuche del Consejo Zonal Wijice (Sur) fueron allanadas, Raquithue, Lafkenche y Paynefilu, sin exhibir orden judicial alguna, sin mediar consulta a las autoridades comunitarias, invocando como fundamento la búsqueda de Maldonado”. El último hecho denunciado por la Confederación “fue en territorio del Consejo Zonal Lafkenche, en el Lof Kinxikew. La Policía Federal, delegación San Martin de los Andes, llegó con el objetivo de ingresar a territorio comunitario, y la reacción rápida del longko (autoridad) impidió este abuso de poder. El procedimiento fue el mismo: sin mostrar orden judicial, con una camioneta oscura sin identificación judicial, salvo el rompeviento y visera de la Policía Federal Argentina. Cuando expresan que el objetivo del operativo es realizar una inspección ocular que permita información sobre el paradero del desaparecido Santiago Maldonado, muestran a las autoridades mapuches un oficio de la Fiscal de Esquel que estaba dirigido al Jefe de la Delegación Esquel de la Policía Federal, comisario Enrique Terremoto. Se le indicó que la comunidad está a 380 Kms de Esquel, que considerábamos una violación el intento de ingreso ilegítimo e inconsulto a nuestro territorio comunitario. Y se solicitó se retiren de inmediato”.

Desde la Confederación Mapuche de Neuquén presentaron un hábeas corpus preventivo en el juzgado federal de Zapala para exigir explicaciones. “Alegan que tienen la autorización de los altos mandos, por lo que responsabilizamos directamente a la ministra de Seguridad”, afirmó a Página12 Jorge Nahuel, coordinador del Consejo Zonal Xawvnko, que agrupa a las comunidades mapuches de la zona. ““Hay todo un protocolo para ingresar a un territorio, no es un lugar público”, dijo Nahuel, y además denunció la “militarización” de los territorios ancestrales.

En el expediente que instruye el juez Otranto a partir de los habeas corpus presentados por la familia Maldonado, el Cels, la Apdh y la Comisión Provincial por la Memoria, al que Página12 tuvo acceso, consta que el 14 de agosto el magistrado le encomendó al comisario Terremoto “la remisión a la división Laboratorio Químico de la PFA, de los sobres conteniendo muestras para ser enviadas al laboratorio del Servicio de Huellas Digitales Genéticas de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA”. Los sobres contenían “vellos capilares secuestrados de un cuellito secuestrado aportado por Sergio Maldonado”, una muestra de cabello encontrada en la gorra blanca en territorio mapuche de Cushamen el 5 de agosto, (y no como informó la fiscal federal Silvina Ávila al gobierno que había sido aportada por los mapuches), pelos recolectados de un buzo negro con capucha y la inscripción “volver a ser Ninx”, una presunta muestra biológica tomada del puño derecho de buzo color negro, un puño de algodón de 13 x 9 cortado del buzo negro, un mechón de cabello, una caja de cartón conteniendo una mochila de color negro sin inscripciones y un último sobre número 8 conteniendo “rastas”.

No fue el único recado que Otranto encomendó al comisario Terremoto. También le ordenó remitir a la división de Apoyo Tecnológico Judicial de la PFA los teléfonos celulares marca Alcatel, uno negro y otro con funda plástica con vivos grises, con batería y sin tarjeta SIM incautados en la casa de Santiago en el operativo del 12 de agosto en El Bolsón. El uniformado acudió ayer ante el magistrado, tal como verificó el enviado de La Izquierda Diario, horas antes de que fuera recusado en la causa, para rendir cuentas de los procedimientos de “búsqueda” de Maldonado en las vecinas comunidades mapuches.

El primer episodio había sucedido a orillas del lago Huechulafquen en Junín de los Andes. En declaraciones a Radio Universidad Calf de Neuquén Capital, Fidel Colipan informó que durante la madrugada el personal de Gendarmería ingresó al Lof Rakitue, a orillas del lago Huechulafquen en Junín de los Andes. Según los dichos de varios integrantes del Lof, los uniformados adujeron que actuaron de oficio porque contaban con la información de que Santiago se encontraría “acampando en la zona”. Conocida la noticia, el diputado provincial Raúl Godoy (FIT) sostuvo que “este tipo de operativos ilegales cuyo fin es claramente intimidatorio, obedece a la clara intención de desviar en forma activa y desde los altos mandos, la investigación por la desaparición forzada de Santiago Maldonado”.

 

Esa maldita costumbre de encubrir

“La historia se repite dos veces. La primera como tragedia, la segunda como farsa”.Karl Marx, El 18 Brumario de Luis Bonaparte.

A tres semanas desde la última vez que fue visto Santiago Maldonado, una a una fueron cayendo las mentiras oficiales, Ahora fueron por el desvío, que, paradójicamente, podría llevar a la punta del ovillo de un armado previo: el incendio de un puesto en Epuyén supuestamente por parte de Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), en el cual Maldonado podría haber sido herido con un puñal. Ante el compacto montaje oficial. cabe preguntarse: ¿La familia, los amigos y las constancias del expediente son acaso menos creíbles que las conjeturas oficiales respecto a que Maldonado habría sido víctima de un puestero de la zona que se defendió cuando un grupo pro-mapuche lo atacó? Esa “hipótesis” lanzada por la secretaría de Seguridad ningunea el relato de la familia y los amigos de Santiago, como si no hubiera una larga historia de víctimas silenciadas. El juez le admite a Interpol que Santiago está desaparecido desde que fue “perseguido” por Gendarmería el 1 de agosto pero no avanza contra esa fuerza y el gobierno aún se permite dudar sobre su presencia en el lugar de los hechos. (foto archivo personal familia Maldonado).

Son los hippies rubios de El Bolsón. Santiago, “Brujo” o “Lechu” como lo llaman, se juntó el domingo 30 de julio con su amigo Ariel y le anticipó que pensaba ir de visita a la comunidad mapuche Pu Lof en Resistencia, de Cushamen. Su estado de salud no mostraba indicio alguno de haber sido apuñalado. Cinco días más tarde Ariel preocupado por la ausencia de su amigo lo llamó al celular, alguien atendió sin responder durante 22 segundos y la comunicación se interrumpió. Así lo declaró este joven ante el juez federal Guido Otranto en la causa por la desaparición de Santiago Maldonado. Los mapuches a los que iba a ver lo conocían y por eso reconocieron que era a él a quien agarraron los gendarmes la mañana del 1 de agosto durante el operativo represivo en esa comunidad, lo golpearon y lo metieron en una camioneta Unimog. Santiago había hablado con su mamá, Stella Peloso, el jueves 27 y si hubiera estado lastimado ella lo habría sabido. Mientras usinas oficiales alimentan el foco mediático con una versión que exculpa a la Gendarmería, la principal hipótesis respecto a la responsabilidad de esa fuerza sigue siendo, tal como sucede sistemáticamente en las investigaciones por desapariciones de personas en democracia, la más descuidada por parte de la justicia. De hecho, la fiscalía federal aún no se pronunció sobre el pedido de la abogada de la familia para cambiar la carátula de NN, averiguación de paradero por la de desaparición forzada de persona. Los nombres de los 130 gendarmes que entraron a la comunidad disparando balas de goma ingresaron al expediente que instruye la justicia federal recién hace dos días, pero el abogado de esa fuerza de seguridad ya tiene copias para ir armando la defensa porque, inexplicablemente, el juez federal Guido Otranto los aceptó como parte en la causa.

“Santiago es vegetariano, un pibe pacífico, en la feria de El Bolsón lo conocen todos, tirar esto de un posible apuñalado es muy bajo pero ya podemos esperar que digan cualquier cosa”, define su hermano Sergio, con un tono que ya denota más cansancio que indignación. 

A tres semanas desde la última vez que fue visto Santiago Maldonado, una a una fueron cayendo las mentiras oficiales: que los mapuches y la familia obstruyen la pesquisa, que la Gendarmería repelió la agresión de piedras de ocho mapuches cuando en realidad antes había hostigado y detenido a tres mujeres de la comunidad, que hay un “bando” que insiste en la desaparición siendo que en el expediente consta la denuncia por este delito desde la foja cero con testimonios y la denuncia de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (Apdh) de Esquel.

No funcionaron el video trucho de Entre Ríos y los barrios enteros donde todos usaban barba y rastas. Ahora fueron por el desvío, que, paradójicamente, podría llevar a la punta del ovillo de un armado previo: el incendio de un puesto en Epuyén supuestamente por parte de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), en el cual Maldonado podría haber sido herido con un puñal. ¿Basado en qué? Nadie se atendió en los hospitales de la zona y una de las líneas celulares de Santiago se habría activado ese día en Epuyen. ¿Santiago se desangró en el desierto?

En este punto una parte de los investigadores se pregunta: ¿La familia, los amigos y las constancias del expediente son acaso menos creíbles que las conjeturas oficiales respecto a que Maldonado habría sido víctima de un puestero de la zona que se defendió cuando un grupo pro-mapuche lo atacó? Esa “hipótesis” lanzada por la secretaría de Seguridad ningunea el relato de la familia y los amigos de Santiago, como si no hubiera una larga historia de víctimas silenciadas.

PáginaI12 tuvo acceso a partes de los expedientes judiciales y reconstruyó los hechos a partir de fuentes judiciales, peritos, las querellas y la familia. Los investigadores coincidieron en que la justicia hizo medidas básicas, pero destacaron que “luego de siete días todo se hace tarde y mal”. Y agregaron que “esta demora es lo habitual en los casos de violencia institucional por lo cual es inevitable trazar similitudes con anteriores desapariciones en democracia. Es un mismo patrón, demorar las medidas preliminares lo cual concede una ventana de tiempo a la fuerza sospechada, y luego lanzar versiones distractivas, como fue el hallazgo de un cadáver NN en Punta Lara a pocos días de la desaparición del testigo Jorge Julio López”.

Miente, miente que algo quedará

Ariel había presentado un habeas corpus preventivo porque desde enero la policía de El Bolsón lo sometía a un permanente hostigamiento. Había sido detenido junto a uno de los hermanos de Facundo Jones Huala, el lonko de la comunidad Pu Lof Resistencia Cushamen preso en Bariloche y en huelga de hambre, luego de la feroz represión a los mapuches que reclaman su derecho a una parte de las tierras de la estancia del empresario Luciano Benetton. Cuando esta semana escuchó por televisión a la ministra Patricia Bullrich decir su nombre completo y su dirección durante la audiencia en el Senado llamó preocupado a su abogada. Se suponía que sería protegido dado que es uno de los testigos de identidad reservada del caso Maldonado.

El buzo. “Ni de casualidad estuvo Santiago en ese hecho de Epuyén, Ariel es su amigo, habló con él ese fin de semana y estaba perfecto de salud. Son amigos, los hippies del pueblo pero a Ariel lo persiguen como a los mapuches porque los apoya. Es él quien aporta el buzo de Santiago para que los perros busquen rastros, no es de otra persona como dicen por ahí”, dijo Verónica Heredia, abogada de la familia Maldonado, a PáginaI12. “Dicen por ahí” que esa prenda la habría proporcionado la comunidad mapuche para “sembrar evidencia falsa”. El rastro de Maldonado lo siguen los canes en base al olor de una gorra y un cuello polar encontrados donde fue golpeado, según los testigos que así lo declararon ante el juez.

Celulares. “Tenía tres, y como uno es de Chile fue suficiente para generar la suspicacia de sus nexos internacionales. Es todo un delirio. Hay actividad de llamadas hasta el 21 en uno de los aparatos y hasta el 27 en otro, pero además en el que está registrado en Chile se recibe la llamada de su amigo Ariel el día 4 de agosto”, agregó la letrada en diálogo con este diario desde Esquel. “Hay un teléfono que tenía un chip de Chile porque había estado ahí, y después había otro con otro número que no se si sería de él o no, pero lo usaba para sus tareas de tatuajes y figura en los folletos que repartía”, describió Sergio Maldonado, hermano de Santiago.

¿Plomo?. En la causa están siendo sometidas a pericias las municiones de goma que aparecieron en la escena. Pero según dos fuentes los gendarmes también tiraron con balas de plomo, lo cual consta en una causa diferente contra Gendarmería por “hostigamiento”, iniciada por las dos mujeres de la comunidad que fueron detenidas en el operativo represivo.

Gendarmes. Según el expediente hubo dos gendarmes mujeres heridas. Aún resulta incomprobable para las fuentes saber a qué se deben las amenazas que estaría recibiendo el jefe del escuadrón 35 de El Bolsón, Fabián Méndez.

Es falso que la Gendarmería actuó “de oficio” por la flagrancia del delito de arrojar piedras con “hondas boleadoras”. Esta es la línea de tiempo de los hechos:

31 de julio

–13.00: Seis gendarmes informan que hay siete vehículos detenidos por el corte de la ruta nacional 40.

–19.20: En presencia del comandante Fabián Méndez “se hacen fotografías y filmaciones por ser zona despoblada sin testigos”.

1 de agosto

–3.30: Personal del escuadrón 35 El Bolsón apoyado por personal del 36 Esquel aprovechando (sic) que los manifestantes no se encontraban sobre la ruta procedieron a desarmar cuatro barricadas compuestas por palos, árboles cortados, piedras y chatarras distribuidas estratégicamente.

–5.00: Labran el acta ante la ausencia de manifestantes no hubo enfrentamientos con personal uniformado. Una vez despejada la ruta en cumplimiento de la orden judicial se informó lo actuado al magistrado interviniente telefónicamente.

–9.00: El 1er alferez Daniel Gómez observa un vehículo gris que ingresa por un camino ubicado al margen de la ruta a la construcción ubicada a 400 metros.

–10.30: Observan egresar al vehículo y ordena a un vehículo oficial realizar un seguimiento controlado. Lo detienen e identifican a sus ocupantes, entre ellos la testigo Soraya. Luego los liberan pero sujetos a la causa 3144/2017 NN s/entorpecimiento de servicios públicos”. Se hacen tomas fotográficas y videos de rigor.

–11.15: En cumplimiento del oficio 972/2017 se procedió al despeje del corredor antes mencionado. Entre 8 y 10 personas se encontraban obstruyendo la normal circulación encapuchadas ostentando piedras que lanzan al personal de Gendarmería.

–13.30: Escuadrón 35 ingresan a través de la tranquera a fin de proceder a la aprehensión de los agresores.

Esta cronología da cuenta de que la comunicación con el juez Otranto no se produce luego de la pedrada con que los mapuches intentaron resistir el desalojo de la ruta, como sostuvo la ministra Bullricj, sino varias horas antes de la misma. Y omite detalle alguno sobre Santiago Maldonado. Su nombre recién aparece a fojas 1, en la denuncia de Julio Saquero, de la Apdh de Esquel, y en la declaración de una testigo de la comunidad ante el defensor oficial Fernando Machado.

A diferencia del escueto relato de los uniformados, la mujer describió que ingresaron al territorio en medio de disparos, empujando a sus hijos y quemando las carpas y pertenencias de los mapuches. “Búsquenlos”, era el grito que repetían. “Uno de los integrantes del Lof vio cuando se llevaban detenido al compa Santiago Peloso (apellido materno del desaparecido)”, dijo la testigo. Su mayor preocupación era evitar los efectos traumáticos de lo que habían vivido esa mañana en sus hijos, porque afirmó que “episodios de violencia son frecuentes”. Y aportó tres vainas servidas antimotín de 70 milímetros, y una sin percutar. Por su parte, Saquero ante el defensor Machado declaró que el ciudadano Santiago Peloso estaba presente durante el procedimiento de la Gendarmería para desalojar la ruta 40, “de quien no se tienen más datos ni contacto alguno”, y que luego de verificar que no estuviera detenido en ninguna comisaría dejaba constancia de que se encontraba desaparecido. Una semana más tarde, a fojas 44 la fiscal federal subrogante Avalos pide a Gendarmería el detalle del personal y vehículos que intervinieron en la represión, así como solicita al juez el audio de una entrevista al subsecretario de Seguridad Pablo Nocetti.

Según figura en el listado de medidas adoptadas en la causa hasta el 14 de agosto, el juez solicitó a la División Rastros de la Policía Federal que determine si las huellas encontradas en el allanamiento de la vivienda donde paraba Santiago en El Bolsón pertenecen a él. A dos semanas del hecho, Otranto volvió a pedir el listado de quienes participaron del procedimiento represivo y la lista de vehículos utilizados “en el término improrrogable de 24 horas”. Gendarmería se tomó 72 horas para entregar, finalmente, los 130 nombres. El juez toma nota de las pruebas que le aporta el defensor oficial sobre el lavado de las camionetas y la rotura de una de las fajas de seguridad, pero lo único que hace al respecto es “requerir los datos de la persona que hizo entrega de los mismos”.

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Encubrir desde el minuto cero: episodio Epuyén.

“Gendarmería le responde a la fiscal que participaron del operativo sólo ocho gendarmes, de los cuales cuatro son mujeres, y a partir de ese momento comprendí que esa fuerza es la responsable acá, ocultaron desde el minuto cero”, se indigna Verónica Heredia, abogada de la familia Maldonado. PáginaI12 le había preguntado sobre cuál de todas las pruebas recogidas hasta ahora es la más contundente sobre el destino que pudo haber tenido el joven artista. Sin abrir especulaciones sobre los resultados de los peritajes de las muestras de sangre y cabellos halladas en los sucesivos allanamientos en el lugar y en el escuadrón 35 de Esquel, la letrada sí ponderó los testimonios. “Son contundentes y precisos, un testigo ve que Santiago no cruza el río, que lo agarran los gendarmes y lo golpean y una testigo observa cómo lo suben primero al Unimog, y luego lo pasan a una camioneta”, resume.

 

En el mismo escrito donde la abogada Heredia le pidió a la fiscal el cambio de calificación –tal como corresponde en estos casos según lo que había dispuesto la Procuradora General Alejandra Gils Carbó en el caso de la desaparición de Sergio Ávalos– consta una “oposición” que dio la primera señal de alerta. La letrada tuvo sospechas de que la muestra de sangre de Sergio Maldonado iba a ser cotejada en otro expediente penal y manifestó que como representante de la familia se oponía a que esa prueba fuera utilizada en otra investigación que no fuera la vinculada a la desaparición de Santiago.

Pocos días después, casualmente, estalla la versión del puestero –o más bien capataz del puesto de Benetton en Epuyén– apuñalando a uno de sus atacantes, quien según el gobierno podría ser el joven desaparecido. El círculo podría cerrarse con otra medida ad hoc: la solicitud del contenido de la historia clínica de Maldonado que fue requerido al hospital local. Si bien el incendio del puesto de Epuyén existió, como así su derivada causa penal, y tuvo mucho impacto en los pobladores de la zona, algunas voces dudan que haya sido obra de la RAM. En una entrevista de La Izquierda Diario, la madre de Facundo Jones Huala, el lonko de la comunidad mapuche de Cushamen detenido y en huelga de hambre, dijo que “muchos pueden tener miedo a quedar pegados porque se comieron el cuento de la RAM. Hoy leía una noticia sobre gente de Cholila que quedó sin trabajo y salió a hacer un corte de ruta y ya salieron a decir que era la RAM la que cortaba. Van quedando claras algunas cosas. ¿Quién es la RAM, los mapuches o los milicos?”.

http://www.laizquierdadiario.com/Maria-Isabel-Huala-A-Santiago-lo-desaparecieron-porque-lo-confundieron-con-un-mapuche?id_rubrique=1201

 A confesión de parte

El juez federal Guido Otranto declaró a una radio local que él “no afirma ni niega” que la Gendarmería sea la principal responsable de la desaparición de Santiago Maldonado. Sin embargo, según consta en su pedido a Interpol del 9 de agosto para requerir el “paradero internacional” del joven, el magistrado le dijo al jefe de esa fuerza que “el señor Maldonado fue visto por última vez en el Lof en Resistencia de Cushamen en instancias en que integraba un grupo de personas que eran perseguidas por personal de la Gendarmería Nacional luego de ser sorprendidos intentando cortar la circulación en la ruta nacional 40”. Perseguir como sinónimo de reprimir, dice el juez, en una cabal admisión de los hechos que se contradice con la parsimonia con que actúa respecto de esa fuerza de seguridad, al punto que autorizó que la misma tenga acceso al expediente, y siendo que la parte que investiga la fiscalía respecto de la desaparición forzada de Maldonado se encuentra bajo secreto de sumario. “Ya sucedió otras veces, el secreto es para la parte que representamos a la víctima”, se quejó la abogada Verónica Heredia.

Derechos ancestrales

“El criterio soy yo”, respondió el juez Otranto a los mapuches y a los militantes de derechos humanos que le pedían tiempo para consensuar los términos del ingreso al territorio, tal como establecen las leyes que protegen los derechos de los pueblos indígenas, incorporadas a la Constitución Nacional en 1994. Es el mismo magistrado que cincuenta y tres días antes de la desaparición de Maldonado informaba a la prensa que había archivado una denuncia contra Ricardo Parisi, el concejal de Cambiemos en Esquel quien, el miércoles 12 de abril de 2017 en una sesión del Concejo Deliberante local había proferido brutales insultos racistas y discriminatorios contra los mapuches. El concejal Parisi había afirmado a los gritos: “ustedes son unos negros de mierda; yo soy blanquito y no tengo sangre ni mapuche ni tehuelche”. Semejante afirmación iba dirigida a un grupo de mujeres del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOEME) de Esquel y del Consejo Municipal de la Mujer.

Como si hubiera dicho “el Estado soy yo”, Otranto y los gendarmes no respetaron lo acordado en cuanto a no pisar los sitios que los mapuches consideran intocables. Dijo esta semana Julio Saquero a Página12: “Así es acá, donde viven estos mismos funcionarios y lo saben, pero parece que el poder judicial no está a la altura de lo que establecen las leyes internacionales por eso en lugar de darles protección han sido históricamente la herramienta para atacarlos”. Todo indica el Legislativo tampoco estuvo a la altura porque a la ministra Bullrich nadie le mencionó las normas que protegen el territorio mapuche cuando insistió en que “no colaboran” con la investigacióm.

Epílogo

Las autoridades judiciales y políticas ignoran, descalifican o tergiversan los dichos de la familia y los amigos del “hippie” Maldonado, del mismo modo que cuando desapareció Jorge Julio López insistían con que podía ser “un viejito perdido que se fue a tomar el té a la casa de su tía”. Una vez más, ¿quién da verosimilitud a los hechos que van apareciendo, las interpretaciones del gobierno y algunos medios o quienes los recogen, abogados, fiscales, defensores, familiares y organismos ddhh?

El conjunto de operaciones sobre el expediente y en los medios, además de las afirmaciones públicas de los funcionarios macristas no podrían definirse de otra manera que como una gran farsa orientada a poner un velo sobre un nuevo episodio trágico que se suma a las 200 desapariciones sucedidas bajo gobiernos democráticos, según datos de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional. Sin embargo, Maldonado es el primero en ser desaparecido en circunstancias de la represión a una protesta social.

¿Cómo desarticular una farsa? La causa está desdoblada, el juez Otranto se quedó con el trámite de los tres habeas corpus iniciales, y en sus manos no hay nada sobre el episodio de Epuyén. La investigación por el delito de desaparición forzada está delegada en la fiscalía de Alejandra Avalos, quien decretó el secreto de sumario. Entonces, las “versiones” sólo pueden surgir de fuentes oficiales o de la propia fiscalía que rompe su medida.

Como quien ajusta la lente de una cámara fotográfica, para tomar dimensión de los niveles a los que puede alcanzar el encubrimiento y la impunidad en Chubut, cabe recordar que durante el caso por la desaparición de Iván Torres, por el cual fue condenado el Estado argentino por parte del Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, murieron siete personas, entre testigos y amigos de la víctima.

Germán Maldonado dijo frente al Congreso que Santiago, egresado de Bellas Artes, era artista y músico, que escribía y amaba viajar. Pero Maldonado es llamado “tatuador”, “artesano” o directamente “activista de la RAM” de rastas largas, que vivía en comunidad y leía bibliografía “revolucionaria” a favor de la causa mapuche, por quienes no escuchan a la familia sino al gobierno. “Bullrich no nos pidió disculpas por no haberlo ubicado con vida”, dijo Sergio Maldonado a Página12 desde Bariloche. “Lo del puestero es una payasada lo que dicen del puestero para desviar todo, el último día que habló con mi vieja fue el 27, y está en el listado de llamadas del teléfono con el que hablaba con ella y mi abuela”, enfatizó. Y agregó: “Lo único que falta es que saquen un cuchillo ensangrentado, que lo hayan tenido guardado desde el día 21, sería totalmente ridículo pero ya no sé lo que pueden inventar. Se lo vió después de esa fecha, no tuvo nada que ver ni participó en lo que pasó en ese lugar, sigue desviando la atención”. Para este comerciante de 48 años cuya vida se dió vuelta hace tres semanas, “es tan simple, alcanza con que vayan a preguntar a la biblioteca de El Bolsón, adonde iba siempre a tomar mate y a charlar por largos ratos”. Sergio lo quiere de vuelta, para volver a abrazarlo (como en la foto que acompaña esta nota), y confiesa que es algo “chocante” ver el rostro de su hermano por todas partes cuando en verdad a él no lo gustaba ser fotografiado.

Ayer en 25 de Mayo, ciudad de origen de los Maldonado, hubo mural, recuerdo y homenaje.

25 de Mayo x Maldonado

Así, una a una van cayendo las mentiras oficiales: que los mapuches y la familia obstruyen, que la Gendarmería repelió la agresión de piedras de ocho mapuches cuando en realidad antes había detenido a tres mujeres de la comunidad (el video difundido por C5N que sería parte de la causa evidencia que la ruta ya estaba despejada cuando los uniformados se lanzaron a la cacería de los mapuches), que hay un “bando” que insiste en la desaparición siendo que en el expediente consta la denuncia por este delito desde la foja cero, como publicó este diario hace cuatro días.

“El énfasis del gobierno en desviar y tergiversar pone aún más en evidencia que propicia el encubrimiento directo de una desaparición de persona ocurrida durante un operativo represivo en medio de la Patagonia”, opinó una alta fuente del caso. La dinámica vertiginosa que se va desplegando como capítulos de una serie de terror propicia el olvido de momentos significativos, como la respuesta del juez Otranto cuando le exigieron que ordenara a la Gendarmería retirarse del lugar de los hechos, donde sigue apostada hasta hoy. “No puedo, está por orden del gobierno nacional”.

Santiago en presente está desaparecido, la multitud que exigió en Plaza de Mayo su aparición con vida pretende que no integre esa lista que con el paso del tiempo obliga a mencionarlos en pasado. La desaparición forzada de personas en democracia es la historia que se repite.