“Resistimos hasta el final y seguiremos”

Luego de varias noches de vigilia, los despedidos intuyeron que ayer la policía avanzaría contra ellos. Pero no imaginaron la violencia del operativo ordenado por el gobierno macrista. “No hubo un muerto de casualidad, esto fue como me lo que contaba mi viejo, que era de la Ford, donde desaparecieron a la interna. Resistimos hasta el final y vamos a seguir”, dijo el delegado Luis Medina eufórico a minutos de salir de la planta junto a los demás, libres en la calle, rodeados de periodistas, cámaras y militancia que cantaba “se va a acabar la burocracia sindical, paro general”. (fotos Rodrigo Wilson Enfoque Rojo)

“Están cebados, sacados”. “Esto parece el 2001, actúan como en la dictadura”. “Volvieron”. Entre una y otra arremetida represiva del cuerpo de Infantería de la Policía Bonaerense, frente al portón principal de PepsiCo, azorados y con los rostros desencajados, manifestantes, diputados y periodistas no podían creer lo que estaban viviendo. Había sido una larga noche de vigilia, con centenares de trabajadores y militantes apostados en los tres accesos de la planta de Florida, ubicada en medio de un barrio que combina casillas de chapa con chalets de tejas, con vecinos que salieron a batir cacerolas en apoyo a las y los obreros y que terminaron teniendo que sacar a sus hijos del jardín de infantes y la escuela por los gases. La imagen de la madrugada fueron los obreros desde los techos, como en los ’70, agradeciendo el aguante de la segunda noche de espera al operativo de desalojo. La foto de la mañana fueron ellos al lado de las hijas de desaparecidos Victoria Moyano Artigas y Alejandrina Barry al borde de la cornisa rodeadas de policías. Luego de los palazos y las corridas, vino el momento de mayor tensión. Tras casi una hora de pelearse a los gritos con los jefes del operativo, el grupo de diputados que habían llegado, entre ellos Miguel Funes y Leonardo Grosso (FpV), logró que ingresaran Nicolás del Caño (FIT-PTS) y Luis Zamora (AyL) para garantizar la integridad de quienes estaban adentro, dado que la Bonaerense ya había entrado con gases para sacarlos. “Qué verguenza das Vidal, reprimís a las obreras que están defendiendo su derecho al pan”, fue uno de los cantos que se escuchó durante la represión contra una fábrica donde la mayoría son mujeres sostenes de hogar.

Cuando cerca de las 2 de la mañana el delegado Camilo Mones dijo con el megáfono desde el techo “vamos a combatir la batalla de PepsiCo” varios se miraron como si sonara exagerado.

PEPSICO AGUANTE

Dos horas antes todavía se podía entrar a la fábrica de saladitos, donde las instalaciones aparecían en buen estado y hasta relucientes. En la oficina de ingreso, el fondo de lucha y una máquina de café. “Miente la empresa, lo que producimos acá lo van a hacer en otros países, el propósito que tienen, avalados por el gobierno, el sindicato y la justicia, es político, nos quieren liquidar porque en 20 años logramos conquistas que no hay en ninguna otra fábrica de la alimentación, como la categoría superior a la que antes no accedían las mujeres, que hacían empaque, el laburo más pesado y menos remunerado”, dijo Liz Fernández a PáginaI12. “Cocinaron todo entre ellos y en el ministerio nos ofrecieron indemnizaciones y unos cursos que rechazamos. La categoría que logramos puedan acceder mujeres antes era reservada a los hombres, tocar máquinas, acá peleamos contra el machismo en las empresas y en los convenios, paramos el 8 de marzo”, agregó. “Los supuestos problemas de costos que les traemos nosotros son 20 años de peleas a favor de los tercerizados, no permitir que los de agencia estén tres meses y se vayan”, apuntó Leandro “Garza” Gómez.

PEPSICO PUERTA

La ocupación había sido decidida en asamblea cuando se enteraron que la empresa quería llevarse las máquinas a la planta de Mar del Plata, con personal temporario. “La empieza quiere reabrir pero sin nosotros, pero no nos vamos a ir aunque nos saquen, si logramos quedarnos nos ponemos a producir, la idea es resistir, estamos despedidos pero el desalojo no significa el fin del reclamo, la empresa solo busca más rentabilidad y el gobierno la avaló porque buscan eso en todas las demás”, agregó. Afuera, Mones decía a la multitud: “No buscamos ser un ejemplo para la clase trabajadora, ni que nos echen, ni que cierre la fábrica. Pero por defender nuestros mínimos derechos nos tiraron a la calle, nosotros adentro y ustedes afuera vamos a resistir todo lo que podamos”.

PEPSICO BARRICADA

Catalina Balaguer es delegada y trabaja en PepsiCo desde hace 20 años. “Cuando nos atacó la fábrica apuntó a las mujeres, yo me solidaricé y por eso me echaron, siempre avasalló. Por eso nos fuimos organizando, cuando hice campaña por mi reincorporación llovían los reclamos de todas las filiales del mundo por maltratos, abusos y falta de sindicalización”, recordó. El derecho laboral argentino tiene un fallo que lleva su apellido porque logró un fallo de reinstalación que la reconocía como “delegada de hecho”. La habían despedido aduciendo  “bajo rendimiento”, pero tuvo que ser reincorporada cuando quedó demostrado que fue una acción antisindical y discriminatoria efectuada por la empresa por su actividad gremial. “Acá hubo compañeras que se fajaban estando embarazadas porque no les daban licencia por maternidad, peleamos tener una guardería, y que las compañeras lastimadas por los ritmos de producción tuvieran otras tareas porque antes eran echadas o puestas en una jaula”, agrega Balaguer y acomoda sus rastas negras.

PEPSICO CATI

Listo, se cierra el portón. Ese mismo que horas más tarde no podrían abrir los policías ni con barretas de hierro. Un grupo adentro, entre ellos las víctimas de la dictadura Moyano y Barry, y los demás afuera, en vigilia, con gomas y pallets apostados en las calles y frente a cada portón de la enorme planta. Un obrero de PepsiCo repartía saladitos para matizar la espera, hasta que cerca de las 4 de la madrugada comenzaron los movimientos. “Son como 12 vehículos, tres escuadrones, están en Constituyentes y General Paz”, comentó una pareja que venía al trote por calle Urquiza. Muy lentamente aparecieron las camionetas verdes de la Gendarmería y rodearon todo el perímetro de la fábrica. Comenzó a sonar la sirena de la fábrica. Se escuchó el ruido de cacerolas, eran los vecinos que salieron a solidarizarse. “Vamos aguanten”, les decía una señora con saco polar y pantuflas rosas.

PEPSICO CACEROLAS

Pasaban las horas, se terminó el café y el agotamiento de dos jornadas sucesivas de vigilias empezaba a notarse en los cuerpos. Poco antes de las ocho, aparecieron sobre San Martín medio centenar de mujeres policías de la Bonaerense. Comenzaron las corridas, reforzar algunos puntos, y el alerta de “ahora sí se viene”, cuando ya parecía que no, que hoy tampoco sería el día. Finalmente, arremetió la Gendarmería con todo barriendo a los manifestantes del acceso principal, y los corrió incluso dando vuelta la manzana, en medio de las casas y escuelas del barrio. Las caras rojas y los ojos reventados por el gas, cortes en los rostros, desmayados iban cayendo mientras otros los rescataban y entre todos se reagrupaban para, al rato, volver cantando contra el macrismo y su policía ultra violenta. Un viejo militante decía “así nos cazaban hace 41 años por las calles, en las universidades, en los sindicatos y en las fábricas los grupos de tareas”.

PEPSICO MILICOS

Comenzaron a llegar los medios y los diputados, Patricio del Corro, Christian Castillo, Nathalia Seligra, Vilma Ripoll, Fernando Vilordo, además de Zamora, Del Caño, Funes y Grosso. Pero ese portón terminó siendo un corralito de terror. En un reducido espacio entre la planta, las calles laterales y las casas unos 300 uniformados hacían cordones para impedir el regreso de los manifestantes, y también de la prensa. Hubo abiertas sucesivas provocaciones por parte de Bonaerenses, como cuando un camarógrafo pasó el cordón femenino y el jefe del operativo le gritó “te hacés el vivo porque son mujeres”.

PEPSICO MILICOS 2

Al rato, otra barrida de policías pretendió correr a diputados y periodistas, mientras la policía forzaba el portón y entraba a PepsiCo. Los puntos de ataque se habían multiplicado y al rato el periodista de Crónica Aldo Romano fue atacado tan solo cuando se acercó al kiosko, y ni siquiera los gritos de los legisladores frenaron la feroz paliza, que ligaron todos. Fue en ese momento que el jefe del procedimiento fue increpado por el colega de Romano y por el ex diputado Del Caño, a lo cual el policía le respondió “que no venga a hacer populismo acá”. El dirigente le gritó en la cara “acá están pegando a periodistas, camarógrafos, usted es responsable por su integridad, de qué populismo habla”.

PEPSICO CHOQUE

Vale todo

Poco después por la calle Urquiza hicieron pasar una camioneta de traslado de detenidos, y mientras los legisladores intentaban organizar una comisión para preservar a los ocupantes que estaban a punto de ser sacados de la planta, se escucharon gritos y pedidos de auxilio desde el interior del vehículo. Matías Aufieri y Carlos Platkowski, abogados del Ceprodh, comenzaron desesperados a gritar para exigir que dijeran a quién llevaban herido allí adentro, que los liberaran si estaban lastimados o dijeran a dónde los llevarían. La respuesta fue poner primera y casi atropellarlos a ellos, a varios manifestantes y a esta cronista.

PEPSICO GAS

Los Bonaerenses al rato metieron otra camioneta, pegada al portón. Se escucharon cantos desde adentro que se acercaban. “Unidad de los trabajadores, y al que no le gusta, se jode”, venían gritando los ocupantes que empezaron a salir y en lugar de ser llevados detenidos con el cordón armado por abogados y diputados siguieron de largo caminando media cuadra. Con una bomba de gas en la mano, Mones dijo ante las cámaras. “Desde el 20 de junio las compañeras lloran en la puerta de la fábrica, los chicos con frío, y hoy la policía bonaerense nos trata así, mi viejo que era un obrero de Ford me contó esto, que a su comisión interna la hicieron desaparecer, lo dicen los libros de historia y yo con 43 años jamás viví esto, que pasa en esta pseudo democracia. La vez pasada reprimieron a las organizaciones sociales en la 9 de Julio, hoy de casualidad no hubo un muerto acá en Florida Oeste”, dijo el delegado.  “La peleamos hasta el final y vamos a seguir”, agregó.

PEPSICO FINAL

Mientras los empleados de municipio Vicente López a toda velocidad recogían los restos de las carpas donde habían acampado las obreras, el fiscal Gastón Larramendi recibía a las y los abogados que reclamaban por los cinco detenidos. El argumento que adujo la empresa y la fiscalía para ordenar el desalojo fue un riesgo de contaminación, algo por demás llamativo porque el despacho de Larramendi queda exactamente enfrente de PepsiCo. “No hay ninguna contaminación, hubo y se solucionó en 2009, cuando empezaron a pagar para el tratamiento del agua”, había dicho más temprano Liz García, obrera despedida, a Página12. El fiscal dijo lamentar haber tenido que dictar esa orden, a lo cual la abogada Bregman le respondió: Señor fiscal, su nombre va a estar asociado al de los peores represores”.

De Scioli a Vidal, continuidad en la violación a los derechos humanos

El décimo “Informe Anual de la Comisión Provincial por la Memoria” se presentará el martes 27. Aquí un anticipo del mapa de la tortura, las vejaciones y la muerte en territorio bonaerense.

 

Imagen: detalle ilustración de tapa del X Informe de la CPM – Autor Rocambole

(publicada en LID el 23 de septiembre de 2016)

El sistema de la crueldad

 

“Si no se modifica la política criminal y el sistema deja de encarcelar a los sectores pobres en forma masiva no hay ninguna posibilidad de cambio”, dice con evidente pesimismo Roberto Cipriano García, secretario de la Comisión Provincial por la Memoria, consultado por La Izquierda Diario sobre el informe anual de este organismo respecto de las personas en condición de encierro y privadas de su libertad en territorio bonaerense.

 

Según el relevamiento de la CPM, a fines de 2015 la población detenida a disposición del Poder Judicial, incluyendo detenidos en comisarías, establecimientos de otras provincias y bajo arresto o prisión domiciliaria, alcanzó su récord histórico: 39.927. Acorde a los partes del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), en promedio el 56 % de los detenidos durante el año pasado estaban en condición de procesados, es decir presos en forma preventiva sin que se haya determinado su inocencia o culpabilidad.

 

El informe que lleva el título El sistema de la crueldad, y que será presentado el martes 27 a las 18 en el anexo del Senado bonaerense, da cuenta de las violaciones a los derechos humanos derivadas de la política criminal del gobierno saliente, conducido por Daniel Scioli desde el año 2007.

 

“La población carcelaria sigue creciendo en un sistema que está colapsado y desbordado. Esta superpoblación -a la que preferimos definir como “sobrencarcelamiento”- provoca niveles cada vez mayores de hacinamiento y, a la vez, un agravamiento de las condiciones de detención, tanto en las unidades penitenciarias como en las comisarías y centros cerrados para menores de 18 años”, dice la CPM en la introducción de su dossier 2016.

 

Entre una maraña de datos, apabulla que de las casi 3.600 causas contra agentes de seguridad y penitenciarios, sólo 11 están caratuladas como “torturas”, siendo que todas se refieren a variantes de ese mismo delito aberrante. Y el porcentaje de elevación a juicio de esos casos es inferior al 3 %.

 

“El informe muestra un cuadro de graves violaciones a los derechos humanos que se vienen profundizando porque siguen las mismas políticas penitenciarias de seguridad, el sistema ya está colapsado desde hace diez años, estamos cerca de las 40 mil personas para un sistema que tiene plazas para la mitad; ya no hablo de un cupo respetuoso de los estándares internacionales de derechos humanos sino del que define el Ministerio de Justicia sin ninguna concepción progresista. Ellos tienen 20.600 plazas para, repito, casi 40 mil”, describe García.

 

Mientras las cifras impactan por su contundencia, el secretario de la CPM explica que este “hacinamiento de hecho, o sobreencarcelamiento, es parte de la forma de gobierno de la población carcelaria, porque no se da en todos lados, en algunas partes hay dos o tres presos en una celda para uno, pero en otros pabellones el cupo está bien, y estas diferencias sólo responden a lógicas del propio gobierno carcelario”.

 

Datos duros

 

El detallado monitoreo del organismo arroja éstos datos salientes:

 

- En 2015 se produjeron al menos 145 muertes por cárcel en la provincia: más de 12 muertes por mes; más de 3 muertes por semana. Este incremento acompaña el agravamiento general de las condiciones de encierro, puesto que la mayor parte son provocadas por estas condiciones. De las 145 muertes ocurridas durante 2015, el 65 % fue por enfermedades curables no asistidas, como por ejemplo la tuberculosis, que produjo 15 muertes.

 

- La CPM realizó 6.719 entrevistas a personas detenidas o sus familiares. En estas entrevistas se registraron 18.557 hechos de agravamiento de las condiciones de detención de las personas detenidas, que dieron origen a 3.916 habeas corpus o acciones urgentes en las que se denunciaron judicialmente 12.787 hechos de torturas o malos tratos.

 

- De los 18.557 hechos de violencia registrados, 2.710 dan cuenta de situaciones de nula o deficiente atención médica y la falta o escasez de medicamentos prescriptos. A partir de estas entrevistas se interpusieron 3.219 presentaciones judiciales urgentes, de las que 1.883 denunciaban la falta o deficiente atención grave de la salud.

 

- El año pasado se iniciaron 3.582 causas -superando las 2.998 de 2014- en las que se investiga a agentes de una fuerza de seguridad, de las cuales 1.275 son denuncias contra agentes penitenciarios. Un 73,2 % de ellas se caratularon como apremios ilegales o severidades y vejaciones, que son delitos con penas menores, y sólo 11 casos, es decir un 0,3 %, como torturas. De las 1.275 denuncias sólo el 2,6 % del total se elevaron a juicio.

 

- El régimen penal juvenil se fue asimilando al de adultos creando verdaderas cárceles para adolescentes, que aumentaron al ritmo de la cantidad de detenidos menores de 18 años: hoy alojan a 600 jóvenes. Sobre una muestra de 464 casos se comprobó que sólo el 11 % tiene sentencia. En 2015 hubo dos muertes totalmente evitables en centros de detención para jóvenes.

 

- En 129 entrevistas realizadas a jóvenes tanto en las cárceles de la SNyA (Sistema de Niñez y Adolescencia) como de manera telefónica, durante 2015 se han registrado 226 hechos de violencia por parte de quienes tienen por función su custodia (asistentes de minoridad), los que dieron lugar a la presentación de 79 habeas corpus o acciones urgentes.

 

- Hay más de 12.700 personas adultas privadas de libertad por razones de salud mental que se encuentran bajo proceso o seguimiento judicial. La mitad está alojada en instituciones públicas. En las distintas inspecciones realizadas por la CPM hemos podido constatar la sistemática vulneración de derechos elementales de los usuarios del sistema privados de libertad. Durante 2015 sólo en dos de los grandes monovalentes (dependencias psiquiátricas) se registraron 74 muertes sobre una población internada promedio de 1.489 personas. Esto arroja una tasa bruta de mortalidad de 49,69 cada 1.000, muy superior a lo ocurrido en el mismo período en todo el sistema penitenciario de la provincia, donde la tasa fue de 4,25 muertos cada 1.000 personas.

 

- Pese a la sanción de las leyes 13.298 y 13.634 (que habían establecido el fuero de la Familia y el Niño) y la derogación del decreto-ley 10.067/83 (del Patronato del Menor), en la actualidad se constata la existencia de una práctica naturalizada de alojamiento de niñas, niños y adolescentes en dependencias de la Policía de la provincia de Buenos Aires, que permanecen ajenas a los controles de legalidad judicial y de los operadores destinados a garantizar el interés superior del niño.

 

- La crisis en materia de derechos humanos que atraviesa el sistema de encierro en la Provincia reclama intervenciones urgentes. Entre otras, dar cumplimiento Protocolo Facultativo a la Convención contra la Tortura de la ONU y designar legalmente a la CPM como mecanismo de prevención de la tortura de todos los lugares de encierro. Es necesario institucionalizar, profundizar y garantizar sus funciones, atribuciones y deberes en las acciones de control, prevención y denuncia de las vulneraciones de derechos que allí ocurren, y la asistencia en sus derechos a las personas privadas de su libertad víctimas de violencia. No hablamos sólo de las instituciones dependientes del sistema penitenciario sino también de las que alojan personas con padecimientos mentales, centros cerrados para jóvenes y establecimientos policiales.

 

La tortura está en la memoria institucional

 

Más allá de las cifras y el diagnóstico del horror que padecen las personas privadas de su libertad, ¿cuál es la incidencia real que puede tener la Comisión para modificar semejante barbarie cotidiana intramuros?

 

“Es muy difícil revertir estos hechos, da cierta impotencia porque son cientas las denuncias y el porcentaje de resolución de las referidas a torturas es bajísimo”, admite García. Y explica que con los habeas corpus sí hay cierto resultado. “Modificás la condición concreta de esa persona, lográs atención médica, o si lo golpearon conseguís un traslado, lo cual en realidad tampoco resuelve su problema estructural porque va a un lugar donde le puede pasar lo mismo”, detalla.

 

En cuanto a la presentación de los habeas corpus colectivos, el secretario de la CPM afirma que este año hubo un cambió de actitud con las nuevas autoridades. “Parte del diagnóstico es reconocer nuestro diagnóstico, en cambio (el exministro de Justicia bonaerense Ricardo) Casal y (el exgobernador Daniel) Scioli negaban todo, esa actitud la mantenían en lo judicial, apelaban todo, ganaban tiempo y no cumplían nada. Esta gestión al menos no apela y acató algunas órdenes judiciales, es un cambio de actitud que va resolviendo cosas parciales”, diferencia García.

 

Sin embargo, enseguida reconoce que en lo estructural hay una continuidad. “Hay una mejora en el fortalecimiento de la auditoría de asuntos internos, 20 penitenciarios presos, 60 pasados a disponibilidad, pero igual es algo reciente, si no se modifica la política criminal y el sistema deja de encarcelar sectores pobres en forma masiva no hay ninguna posibilidad de cambio real. Con este nivel de crecimiento de la población carcelaria, con la pauperizacion de la justicia quien decide quién llega a la justicia es la policía, hay 90 personas detenidas en flagrancia sin orden judicial previa”, manifiesta el secretario de la Comisión.

 

La Izquierda Diario quiso saber específicamente qué sucede con los casos de torturas. “Es complejo incidir en esa realidad porque la tortura está en la memoria institucional, no hay forma de revertirlo si no hay decisión política, prevención, asistencia víctimas y sanción a los responsables, por las múltiples formas y la heterogeneidad de métodos que emplean los victimarios”, dice García. Y para graficar el nivel de impunidad, menciona la muerte de Narciso Ayala, de 36 años en agosto en la cárcel de Olmos. “Esa es la punta del iceberg, lo mataron a patadas y ahorcándolo, tres directivos de la Unidad 1 hoy con pedido de captura. Estamos hablando de las autoridades de la cárcel más vieja, de directores de Olmos un lugar donde hacen carrera, como partícipes directos del hecho”, explica.

 

Una frase repetida en el ámbito mediático indica que a la hora de elaborar la agenda “los viejos y los presos no tienen rating”. El secretario de la CPM lo sabe y por eso afirma que la “difusión es central para que avancen nuestras denuncias, pero es muy difícil tener la atención de los medios masivos, más allá de los alternativos o los que tienen sensibilidad para estos temas, la mayoría reproduce las barbaridades que dicen los funcionarios de turno, o el propio Mauricio Macri, que conectan con una parte de la sociedad que reclama pena de muerte y que se pudran en las cárceles, tal el discurso de animadores como Susana Giménez o Tinelli, y nosotros ahí estamos contra la corriente”.

 

Sin embargo, dice García que “hay un fenómeno que no terminan los medios de vislumbrar: en los barrios populares padecen el acoso policial porque tampoco es que esas políticas de mano dura le garantizaron los votos a Scioli, a pesar de que en ese sentido fue muy agresivo con su saturación policial. Pero los testimonios de esos sectores nunca llegan a la tele”.

 

En la introducción del nuevo informe de la CPM, al que La Izquierda Diario tuvo acceso, precisa que “durante la gestión de Alejandro Granados como ministro de Seguridad, el despliegue territorial de las fuerzas policiales se acrecentó de manera superlativa, llegando la institución a contar con 90.000 efectivos; y la política expresa de endurecimiento implicó un incremento de la violencia policial sobre los sectores más vulnerables de la población. El colapso no solo fue denunciado internamente por esta Comisión mediante informes a todos los poderes y a través de una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte provincial, sino a nivel internacional mediante informes y presentación de medidas cautelares por la situación particular de las personas privadas de libertad en comisarías. Si bien la Corte rechazó el planteo de inconstitucionalidad presentado, meses después emitió la resolución 2840 en la que dio cuenta y reconoció la situación de colapso y las consecuentes vulneraciones a los derechos humanos que anticipábamos”.

 

Y prosigue al explicar que: “Las denuncias sobre prácticas policiales ilegales fueron una constante durante la gestión que terminó. Hemos alertado sobre uso letal de la fuerza policial -el gatillo fácil-, torturas, desapariciones forzadas, reclutamiento de jóvenes para cometer delitos, hostigamientos policiales, armado y fraguado de causas, detenciones ilegales, uso frecuente de detenciones sin orden judicial, y condiciones inhumanas de detención en comisarías en las que incluso se alojan niños y jóvenes”.

 

La Comisión Provincial por la Memoria creó en el año 2002 su primer programa de intervención para las violaciones de derechos humanos cometidas en el presente: el Comité contra la Tortura. En 2003 se inició el registro de casos judiciales de tortura y en 2004 se presentó el primer informe: El sistema de la crueldad. Al año siguiente comenzaron las inspecciones periódicas a las cárceles bonaerenses. La CPM se constituyó de hecho en el mecanismo de control y monitoreo de los lugares de encierro de la provincia de Buenos Aires, estipulado en el Protocolo facultativo de la convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes de la ONU y suscripto por la Argentina en 2004.

 

“La CPM es un organismo que cuenta por ley con autonomía funcional y autarquía financiera, por tanto actúa con independencia de los cambios de gobierno, y fue reconocida por la Suprema Corte de Justicia y la Procuración General como organismo de control. Su composición, según establece la ley y su estatuto de funcionamiento, garantiza la diversidad de representaciones del órgano directivo ad honorem integrado por referentes de organismos de derechos humanos, credos, del ámbito académico, de sectores del trabajo y los partidos políticos. Todos tienen una reconocida trayectoria en la defensa de los derechos humanos. La amplia representatividad de los trece miembros permanentes se fortalece con los siete que se renuevan periódicamente: tres representantes del Senado provincial y tres diputados de los tres bloques mayoritarios (composición que garantizan pluralmente las fuerzas políticas con representación parlamentaria), más el que designa la Universidad Nacional de La Plata que se renueva al mismo tiempo que sus autoridades”, recuerda la reseña introductoria del Informe X del organismo.