Kosteki y Santillán, catorce años de impunidad política

Publicada en La Izquierda Diario, 26 de junio de 2016.

El 26 de junio de 2002 Maxi y Darío cayeron por las balas policiales. La causa contra los responsables políticos se reabrió en 2015. Las pruebas están y también hay jurisprudencia para juzgarlos.

 

En la calle y en los tribunales. Así batallaron desde siempre los familiares y amigos de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki, por su memoria y contra la impunidad. El año pasado lograron la reapertura de la causa por las responsabilidades políticas de la masacre de Avellaneda, de la que hoy se cumplen 14 años.

 

El caso está en una encrucijada de la cual sólo puede sacarlo el impulso de la fiscalía, si avanza en el sentido por el que luchan los querellantes. Esto es: plasmar en una acusación penal la autoría intelectual de aquella matanza, que provocó el final anticipado del interinato de Eduardo Duhalde.

 

A horas de un nuevo aniversario la fiscal federal Paloma Ochoa fue visitada por el papá de Darío, Alberto Santillán, junto al equipo de abogados y un grupo de intelectuales y políticos. Allí establecieron una “mesa de trabajo” que debería dar frutos en el corto plazo con medidas previstas para julio.

 

Autoría intelectual

 

En octubre del año pasado la fiscal escuchó como testigo al exintendente de Avellaneda, Oscar Laborde. “Los gobiernos de Duhalde y (Felipe) Solá están vinculados con este caso, no tengo dudas de que hubo un acuerdo, no digo para provocar asesinatos pero sí para reprimir de esa manera”, dijo el exfuncionario consultado por esta columnista, como síntesis de su declaración.

 

Ante la fiscal había relatado que el exsecretario de Seguridad Juan José Alvarez le pidió que no hiciera mención pública sobre la presencia de la Prefectura en el violento desalojo del puente, como una manera de ocultar el acuerdo político para reprimir.

 

También contó que cuando le dijo a Felipe Solá que a su criterio los gobiernos nacional y provincial habían actuado en conjunto, el exgobernador dio una respuesta afirmativa tácita al admitir que “lo habían puenteado”. Laborde dijo en su declaración testimonial: “Todo me daba la impresión de que iba a pasar algo grave, le dije al comisario Fanchiotti que no quería un muerto en Avellaneda”.

 

En ese expediente, que el juez federal Ariel Lijo delegó en la fiscal Ochoa, están acusados el expresidente Duhalde y varios de los integrantes de su gabinete. Durante la última década, los que volvieron a la función pública no pudieron evitar ser blanco de sucesivos escraches por parte de los militantes del Frente Popular Darío Santillán (FPDS) y las organizaciones que los acompañan.

 

Algunos son más conocidos, como Aníbal Fernández, el fallido candidato a gobernador bonaerense del kirchnerismo que en aquel momento era secretario general de la Presidencia, o Felipe Solá, que gobernaba la provincia de Buenos Aires.

 

Otros son menos mediáticos, como Jorge Vanossi, uno de esos “técnicos-todoterreno” de la casta política que van saltando de partido en partido. Es el mismo abogado constitucionalista que ahora suplica por la reconciliación con los genocidas en la tribuna de doctrina de La Nación, y que fue una pieza esencial del engranaje intelectual previo a la cacería de piqueteros desatada el 26 de junio de 2002 desde el Puente Pueyrredón hacia el sur del primer cordón del conurbano.

Las pruebas del plan

La luz verde o zona liberada que hubo para desatar la feroz cacería de los militantes de los movimientos de desocupados -que ese día intentaron cortar el Puente Pueyrredón en reclamo de alimentos, trabajo, planes de empleo, aumento de los subsidios (de $ 150 a $ 300) y el fin de la represión y procesamiento por actos de protesta- habría sido obra del propio expresidente Duhalde, según afirman quienes conocen la investigación desde que estaba en manos del fiscal Miguel Osorio.

Si esto será difícil de probar, al menos la fiscal podría intentar rearmar el escenario que fue descripto tanto en el expediente como en las publicaciones del FPDS. Podría empezar con algo que ya está probado y puede leerlo en alguno de los cuerpos de la causa que se apilan en su despacho: el 26 de junio de 2002 el comisario Alfredo Fanchiotti, condenado como autor material de los asesinatos de Kosteki y Santillán, mantuvo una conversación telefónica con el exnúmero dos de la SIDE, Oscar Rodríguez, según señalan dos testimonios.

Su jefe por entonces, el fallecido exgobernador de Río Negro Carlos Soria, habría convencido a Duhalde de que el movimiento piquetero estaba poniendo en marcha un golpe en su contra, y para evitar otro “diciembre de 2001” la orden habría sido impedir que los manifestantes fueran a Plaza de Mayo.

Esa decisión fue tomada por el gobierno de Duhalde para contrarrestar un presunto plan de desestabilización, sólo sustentado en base a dos carpetas de recortes periodísticos y un par de informes de los servicios de inteligencia que había infiltrado la Asamblea Piquetera Nacional que se hizo el 22 y 23 de junio de ese año en el estadio Gatica de Avellaneda.

Espionaje y operaciones fallidas

Cuando declaró en el juicio oral que culminó con la condena del excomisario Fanchiotti y del cabo Alejandro Acosta, Soria dijo que había enviado a sus agentes para que tomaran nota de los discursos de esa asamblea, y así elaboró un informe en el que sostenía que los piqueteros estaban influenciados por las FARC, en referencia a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.

“Allí se habló de revolución, toma del poder, caos y volver al 19 y 20 de diciembre”, dijo. Y explicó que tomó esa iniciativa porque el entonces ministro de Justicia, Jorge Vanossi, le había solicitado precisiones acerca de “si los acontecimientos que estaban ocurriendo en el país podían configurar algún tipo de delito contra la ley de Defensa de la Democracia”.

De hecho, con ese material el 27 de junio el gobierno de Duhalde dio instrucciones al Procurador Nicolás Becerra para que investigara a los piqueteros por presunta “sedición”. Ahí estaba el origen de la cobertura legal que planeaban darle al operativo del Puente.

A estos hechos se refieren los familiares de Darío y Maxi cuando hablan de un plan político del gobierno de Duhalde, que habría sido exitoso si las crónicas y fotos periodísticas no hubieran desbaratado la versión oficial que buscó instalar que “se mataron entre ellos”. La periodista Laura Vales, en Página/12, describió el operativo del 26 como una “cacería”, y así quedaba en evidencia al ver las imágenes de los reporteros gráficos Sergio Kowalewski y José Mateos.

Por su parte, el empresario periodístico Daniel Hadad manipuló fotos para acusar a Santillán de portar un palo con punta especial para perforar chalecos antibalas, mientras el conductor Eduardo Feinmann mostraba en cámara una escopeta casera que, según él, llevaban los manifestantes, al mismo tiempo que el ministro del Interior Jorge Matzkin avalaba la teoría de los piqueteros armados. He ahí las tres patas del plan, judicial, periodístico y político.

Jurisprudencia Mathov

A 14 años del crimen de Maximiliano y Darío, muchas son las peleas que aún restan dar por parte de los familiares, compañeros y de las organizaciones sociales que desde el principio batallaron contra la impunidad. Y no pocos son los responsables políticos de aquella masacre que hoy siguen haciendo carrera como si nada.

Por caso, Jorge Vanossi, partícipe del entramado legal destinado a justificar la masacre de Avellaneda, es hoy diputado en el Parlasur por el massismo y clama por “piedad y justicia” para los represores condenados y enjuiciados por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura.

En una carta de lectores publicada por el diario La Nación, instó a “superar las heridas provenientes de lucrosos (sic) hechos pertenecientes a un pasado muy doloroso”. De origen radical, tras su paso por el gobierno de Duhalde desembarcó en el PRO y desde una banca por ese partido fundamentó pedidos de amnistía para los sicarios del terrorismo de Estado.

A la luz del reciente fallo en el juicio oral que condenó al exfuncionario de la Alianza Enrique Mathov y al ex jefe policial Rubén Santos por la represión de diciembre de 2001, acaso sea posible plantear que ahora sí hay jurisprudencia para avanzar en el juzgamiento de políticos como Vanossi, uno de los responsables intelectuales de la masacre que sucedió apenas unos meses más tarde.

ORIGINAL en LID

Se mataron entre ellos, dijo Solá a Cortiñas

La causa por las responsabilidades políticas en la masacre de Avellaneda sigue activa. La fiscalía federal escuchó ayer el testimonio de Nora Cortiña, Madre de Plaza de Mayo y referente de la lucha por los derechos humanos de ayer y de hoy, acompañada por la querella que impulsa la LADH (Liga Argentina por los Derechos del Hombre) y la APDH La Matanza en nombre de los familiares y compañeros de Darío Santillán. “Bueno mire Nora, ese es un enfrentamiento entre pobres contra pobres, quédese tranquila”, le dijo el entonces gobernador de la provincia de Buenos Aires Felipe Solá durante una conversación telefónica el mismo 26 de junio de 2002. Esa fue la versión oficial que el gobierno de Eduardo Duhalde hizo circular cuando los heridos aún seguían llegando al hospital Fiorito, tras aquella feroz represión y cacería de militantes de la que participaron las policías Federal, Bonaerense, además de la Prefectura y la Gendarmería. Y ratifica la hipótesis de la querella sobre la existencia de un plan de los gobiernos nacional y provincial para enviar una señal ejemplificadora en medio de una situación de altísima conflictividad social, al parecer compartida por la justicia al punto que la causa archivada fue reabierta. En medio de un relato de horror de lo que Cortiñas vió en el Fiorito, recordó a Aurora, una herida de bala durante la masacre que nunca recibió reparación alguna.

En esta nueva etapa ya declaró el ex intendente de Avellaneda, Oscar Laborde, en el expediente que invesiga “la presunta responsabilidad que cabe atribuir a Eduardo Duhalde, presidente de la Nación en 2002; Carlos Ruckauf, ministro de Relaciones Internacionales: y Juan José Alvarez, secretario de Seguridad Interior, en orden a los homicidios de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki”. El actual funcionario de la Cancillería dijo ante la fiscal federal Paloma Ochoa que “hubo una articulación entre los gobiernos de Duhalde y Solá para reprimir de esa manera”. También declaró que Solá le respondió que no sabía nada y que lo habían “puenteado” cuando Laborde le planteó, durante una reunión que tuvieron ese día, que no entendía por qué la Prefectura había intervenido y por qué había sido desalojado previamente el hospital Fiorito. El ex intendente de Avellaneda recordó que le dijo al comisario Alfredo Fanchiotti, condenado en la causa por la autoría material del asesinato de los piqueteros, que no quería un muerto, porque todo hacía presumir que ese día “iba a pasar algo grave”. Ratificó que ese policía estaba en diálogo con la SIDE, y también mencionó que Juanjo Alvarez le pidió que no hiciera mención de la Prefectura si hablaba con los medios.

Ayer Cortiñas comenzó su declaración explicando por qué se movilizó el 26 de junio de 2002. “Soy una militante de derechos humanos, ya casi hace 39 años que fue secuestrado mi hijo Gustavo, el 15 de abril de 1977, y desde entonces soy una de las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo. Sigo buscando a Gustavo, quiero toda la justicia y toda la verdad. Esto me lleva a tener el compromiso de apoyar a la gente que sufre injusticia y falta de verdad”, fue su introducción. “Por esos días de junio de 2002, en donde había muchos movimientos sociales en las calles con reclamos en todo el país, especialmente de jóvenes varones y mujeres, exigiendo vivir con dignidad, estaba atenta a los acontecimientos de esos días en que había mucha ebullición de los movimientos sociales. Especialmente en la víspera del 26 de junio había muchas inquietudes. El 26 recibí un llamado de una compañera que me decía que había una gran represión en el puente Pueyrredón”, agregó. Luego Cortiña reseñó que tras verificar esto en las imágenes de la televisión se puso en comunicación con algunas madres, con el pastor José De Luca, de la Iglesia Evangélica Metodista, y con Adolfo Pérez Esquivel. Querían ir a la zona pero antes decidieron llamar al gobernador Solá. Recién lo lograron por la tarde. Dos veces le repitió Solá a Cortiñas que había sido un “enfrentamiento de pobres contra pobres”, y cuando ella le dijo que había muertos el ex funcionario y ex candidato massista le respondió que se quedara tranquila porque “fue entre ellos”.

La Madre de Plaza de Mayo destacó que esa frase le quedó “grabada para siempre”, que la “lastimó e hirió”. Casi sin que mediaran preguntas, Cortiñas siguió con el relato de lo sucedido ese día. “Fuimos con Pérez Esquivel y De Luca a ver los heridos en el Fiorito, y ahi vi a Aurora, herida de bala, toda magullada, mal muy mal, descompuesta, no podía creer lo que había vivido, después recorrí otras salas y vi a hombres jóvenes lastimados, ensangrentados, como una guerra era la visión, no podíamos creer tanta criminalidad, tanta represión a un grupo de trabajadores que reclamaban justamente”, dijo. La testigo agregó que tuvo la “certeza de que eso había sido preparado muy fríamente por el propio gobierno provincial y nacional, había la intención de salir a matar, de reprimir fuertemente para ejemplificar y disciplinar al pueblo para que no emitiera sus reclamos”.

Le preguntaron a Cortiñas en qué basaba tal convicción, y ella respondió que “días anteriores había malestar y murmullos de que se estaba preparando algo para esa manifestación, para frenarla, todo lo que vi por televisión me pareció muy organizado, con la policía muy preparada para salir a escarmentar, sólo podía ser desde una orden del presidente y del gobernador dirigiendo a la policía para que frenara la movilización con las armas, y si tenían que matar, mataban. No creo que salieran de esa manera sin una orden”. En ese momento de la declaración, Cortiñas volvió sobre Aurora. “La vi hace poco, salió tan lastimada de esa masacre y no encontró después de tantos años una atención por parte del Estado responsable, en virtud del mal estado de salud con el que quedó. Muchas personas quedaron lastimadas y con un estado psíquico deteriorado por ese momento de represión”, declaró. Tras afirmar que tuvo “el mayor estado de horror al haber visto que después que balearon a Maxi, su compañero Darío fue a socorrerlo y también lo hieren de muerte en ese estado de salvajismo”, Nora Cortiñas concluyó que es necesario dejar constancia de la “gran responsabilidad del gobierno y del Estado, que los heridos no recibieron hasta hoy la atención debida, y que no se ha implementado la justicia correspondiente a los responsables políticos”.

Aún es temprano para saber si con estos nuevos elementos la justicia podrá avanzar, finalmente, sobre la autoría mediata e intelectual de la masacre de Avellaneda. Lo que sí está sucediendo por estos días en los tribunales federales de Retiro, es la recepción de varias piezas valiosas de ese entramado. Y quienes impulsan la causa, los abogados de los organismos de derechos humanos y el Frente Popular Darío Santillán, presumen que habrás más aportes de gran sustancia. En definitiva, buscan probar que aquella represión era una parte esencial del plan del duhaldismo para sobrevivir demonizando a las organizaciones sociales que lo habían puesto en jaque, junto con la causa que impulsaba el gobierno contra piqueteros por presunta “sedición”, la generación de un clima de caos supuestamente destituyente, la infiltración de las asambleas por parte de la SIDE y las declaraciones de Ruckauf reivindicando el decreto con el que había ordenado, durante el gobierno de Isabel Perón, “aniquilar a la subversión”. Si se hubiera instalado el “se mataron entre ellos”, es decir de no haber mediado la difusión de las fotos y las crónicas de la matanza, estaríamos hablando de otra historia.