“Resistimos hasta el final y seguiremos”

Luego de varias noches de vigilia, los despedidos intuyeron que ayer la policía avanzaría contra ellos. Pero no imaginaron la violencia del operativo ordenado por el gobierno macrista. “No hubo un muerto de casualidad, esto fue como me lo que contaba mi viejo, que era de la Ford, donde desaparecieron a la interna. Resistimos hasta el final y vamos a seguir”, dijo el delegado Luis Medina eufórico a minutos de salir de la planta junto a los demás, libres en la calle, rodeados de periodistas, cámaras y militancia que cantaba “se va a acabar la burocracia sindical, paro general”. (fotos Rodrigo Wilson Enfoque Rojo)

“Están cebados, sacados”. “Esto parece el 2001, actúan como en la dictadura”. “Volvieron”. Entre una y otra arremetida represiva del cuerpo de Infantería de la Policía Bonaerense, frente al portón principal de PepsiCo, azorados y con los rostros desencajados, manifestantes, diputados y periodistas no podían creer lo que estaban viviendo. Había sido una larga noche de vigilia, con centenares de trabajadores y militantes apostados en los tres accesos de la planta de Florida, ubicada en medio de un barrio que combina casillas de chapa con chalets de tejas, con vecinos que salieron a batir cacerolas en apoyo a las y los obreros y que terminaron teniendo que sacar a sus hijos del jardín de infantes y la escuela por los gases. La imagen de la madrugada fueron los obreros desde los techos, como en los ’70, agradeciendo el aguante de la segunda noche de espera al operativo de desalojo. La foto de la mañana fueron ellos al lado de las hijas de desaparecidos Victoria Moyano Artigas y Alejandrina Barry al borde de la cornisa rodeadas de policías. Luego de los palazos y las corridas, vino el momento de mayor tensión. Tras casi una hora de pelearse a los gritos con los jefes del operativo, el grupo de diputados que habían llegado, entre ellos Miguel Funes y Leonardo Grosso (FpV), logró que ingresaran Nicolás del Caño (FIT-PTS) y Luis Zamora (AyL) para garantizar la integridad de quienes estaban adentro, dado que la Bonaerense ya había entrado con gases para sacarlos. “Qué verguenza das Vidal, reprimís a las obreras que están defendiendo su derecho al pan”, fue uno de los cantos que se escuchó durante la represión contra una fábrica donde la mayoría son mujeres sostenes de hogar.

Cuando cerca de las 2 de la mañana el delegado Camilo Mones dijo con el megáfono desde el techo “vamos a combatir la batalla de PepsiCo” varios se miraron como si sonara exagerado.

PEPSICO AGUANTE

Dos horas antes todavía se podía entrar a la fábrica de saladitos, donde las instalaciones aparecían en buen estado y hasta relucientes. En la oficina de ingreso, el fondo de lucha y una máquina de café. “Miente la empresa, lo que producimos acá lo van a hacer en otros países, el propósito que tienen, avalados por el gobierno, el sindicato y la justicia, es político, nos quieren liquidar porque en 20 años logramos conquistas que no hay en ninguna otra fábrica de la alimentación, como la categoría superior a la que antes no accedían las mujeres, que hacían empaque, el laburo más pesado y menos remunerado”, dijo Liz Fernández a PáginaI12. “Cocinaron todo entre ellos y en el ministerio nos ofrecieron indemnizaciones y unos cursos que rechazamos. La categoría que logramos puedan acceder mujeres antes era reservada a los hombres, tocar máquinas, acá peleamos contra el machismo en las empresas y en los convenios, paramos el 8 de marzo”, agregó. “Los supuestos problemas de costos que les traemos nosotros son 20 años de peleas a favor de los tercerizados, no permitir que los de agencia estén tres meses y se vayan”, apuntó Leandro “Garza” Gómez.

PEPSICO PUERTA

La ocupación había sido decidida en asamblea cuando se enteraron que la empresa quería llevarse las máquinas a la planta de Mar del Plata, con personal temporario. “La empieza quiere reabrir pero sin nosotros, pero no nos vamos a ir aunque nos saquen, si logramos quedarnos nos ponemos a producir, la idea es resistir, estamos despedidos pero el desalojo no significa el fin del reclamo, la empresa solo busca más rentabilidad y el gobierno la avaló porque buscan eso en todas las demás”, agregó. Afuera, Mones decía a la multitud: “No buscamos ser un ejemplo para la clase trabajadora, ni que nos echen, ni que cierre la fábrica. Pero por defender nuestros mínimos derechos nos tiraron a la calle, nosotros adentro y ustedes afuera vamos a resistir todo lo que podamos”.

PEPSICO BARRICADA

Catalina Balaguer es delegada y trabaja en PepsiCo desde hace 20 años. “Cuando nos atacó la fábrica apuntó a las mujeres, yo me solidaricé y por eso me echaron, siempre avasalló. Por eso nos fuimos organizando, cuando hice campaña por mi reincorporación llovían los reclamos de todas las filiales del mundo por maltratos, abusos y falta de sindicalización”, recordó. El derecho laboral argentino tiene un fallo que lleva su apellido porque logró un fallo de reinstalación que la reconocía como “delegada de hecho”. La habían despedido aduciendo  “bajo rendimiento”, pero tuvo que ser reincorporada cuando quedó demostrado que fue una acción antisindical y discriminatoria efectuada por la empresa por su actividad gremial. “Acá hubo compañeras que se fajaban estando embarazadas porque no les daban licencia por maternidad, peleamos tener una guardería, y que las compañeras lastimadas por los ritmos de producción tuvieran otras tareas porque antes eran echadas o puestas en una jaula”, agrega Balaguer y acomoda sus rastas negras.

PEPSICO CATI

Listo, se cierra el portón. Ese mismo que horas más tarde no podrían abrir los policías ni con barretas de hierro. Un grupo adentro, entre ellos las víctimas de la dictadura Moyano y Barry, y los demás afuera, en vigilia, con gomas y pallets apostados en las calles y frente a cada portón de la enorme planta. Un obrero de PepsiCo repartía saladitos para matizar la espera, hasta que cerca de las 4 de la madrugada comenzaron los movimientos. “Son como 12 vehículos, tres escuadrones, están en Constituyentes y General Paz”, comentó una pareja que venía al trote por calle Urquiza. Muy lentamente aparecieron las camionetas verdes de la Gendarmería y rodearon todo el perímetro de la fábrica. Comenzó a sonar la sirena de la fábrica. Se escuchó el ruido de cacerolas, eran los vecinos que salieron a solidarizarse. “Vamos aguanten”, les decía una señora con saco polar y pantuflas rosas.

PEPSICO CACEROLAS

Pasaban las horas, se terminó el café y el agotamiento de dos jornadas sucesivas de vigilias empezaba a notarse en los cuerpos. Poco antes de las ocho, aparecieron sobre San Martín medio centenar de mujeres policías de la Bonaerense. Comenzaron las corridas, reforzar algunos puntos, y el alerta de “ahora sí se viene”, cuando ya parecía que no, que hoy tampoco sería el día. Finalmente, arremetió la Gendarmería con todo barriendo a los manifestantes del acceso principal, y los corrió incluso dando vuelta la manzana, en medio de las casas y escuelas del barrio. Las caras rojas y los ojos reventados por el gas, cortes en los rostros, desmayados iban cayendo mientras otros los rescataban y entre todos se reagrupaban para, al rato, volver cantando contra el macrismo y su policía ultra violenta. Un viejo militante decía “así nos cazaban hace 41 años por las calles, en las universidades, en los sindicatos y en las fábricas los grupos de tareas”.

PEPSICO MILICOS

Comenzaron a llegar los medios y los diputados, Patricio del Corro, Christian Castillo, Nathalia Seligra, Vilma Ripoll, Fernando Vilordo, además de Zamora, Del Caño, Funes y Grosso. Pero ese portón terminó siendo un corralito de terror. En un reducido espacio entre la planta, las calles laterales y las casas unos 300 uniformados hacían cordones para impedir el regreso de los manifestantes, y también de la prensa. Hubo abiertas sucesivas provocaciones por parte de Bonaerenses, como cuando un camarógrafo pasó el cordón femenino y el jefe del operativo le gritó “te hacés el vivo porque son mujeres”.

PEPSICO MILICOS 2

Al rato, otra barrida de policías pretendió correr a diputados y periodistas, mientras la policía forzaba el portón y entraba a PepsiCo. Los puntos de ataque se habían multiplicado y al rato el periodista de Crónica Aldo Romano fue atacado tan solo cuando se acercó al kiosko, y ni siquiera los gritos de los legisladores frenaron la feroz paliza, que ligaron todos. Fue en ese momento que el jefe del procedimiento fue increpado por el colega de Romano y por el ex diputado Del Caño, a lo cual el policía le respondió “que no venga a hacer populismo acá”. El dirigente le gritó en la cara “acá están pegando a periodistas, camarógrafos, usted es responsable por su integridad, de qué populismo habla”.

PEPSICO CHOQUE

Vale todo

Poco después por la calle Urquiza hicieron pasar una camioneta de traslado de detenidos, y mientras los legisladores intentaban organizar una comisión para preservar a los ocupantes que estaban a punto de ser sacados de la planta, se escucharon gritos y pedidos de auxilio desde el interior del vehículo. Matías Aufieri y Carlos Platkowski, abogados del Ceprodh, comenzaron desesperados a gritar para exigir que dijeran a quién llevaban herido allí adentro, que los liberaran si estaban lastimados o dijeran a dónde los llevarían. La respuesta fue poner primera y casi atropellarlos a ellos, a varios manifestantes y a esta cronista.

PEPSICO GAS

Los Bonaerenses al rato metieron otra camioneta, pegada al portón. Se escucharon cantos desde adentro que se acercaban. “Unidad de los trabajadores, y al que no le gusta, se jode”, venían gritando los ocupantes que empezaron a salir y en lugar de ser llevados detenidos con el cordón armado por abogados y diputados siguieron de largo caminando media cuadra. Con una bomba de gas en la mano, Mones dijo ante las cámaras. “Desde el 20 de junio las compañeras lloran en la puerta de la fábrica, los chicos con frío, y hoy la policía bonaerense nos trata así, mi viejo que era un obrero de Ford me contó esto, que a su comisión interna la hicieron desaparecer, lo dicen los libros de historia y yo con 43 años jamás viví esto, que pasa en esta pseudo democracia. La vez pasada reprimieron a las organizaciones sociales en la 9 de Julio, hoy de casualidad no hubo un muerto acá en Florida Oeste”, dijo el delegado.  “La peleamos hasta el final y vamos a seguir”, agregó.

PEPSICO FINAL

Mientras los empleados de municipio Vicente López a toda velocidad recogían los restos de las carpas donde habían acampado las obreras, el fiscal Gastón Larramendi recibía a las y los abogados que reclamaban por los cinco detenidos. El argumento que adujo la empresa y la fiscalía para ordenar el desalojo fue un riesgo de contaminación, algo por demás llamativo porque el despacho de Larramendi queda exactamente enfrente de PepsiCo. “No hay ninguna contaminación, hubo y se solucionó en 2009, cuando empezaron a pagar para el tratamiento del agua”, había dicho más temprano Liz García, obrera despedida, a Página12. El fiscal dijo lamentar haber tenido que dictar esa orden, a lo cual la abogada Bregman le respondió: Señor fiscal, su nombre va a estar asociado al de los peores represores”.

Cambian los gobiernos, siguen los espías

La punta del ovillo es esa maldita costumbre de los uniformados de espiar puertas adentro, en este caso otra vez la Gendarmería y una vez más a periodistas y organizaciones del campo popular. Así quedó expuesto que el gobierno de Cambiemos utiliza informes de inteligencia de esa fuerza de seguridad, basados en el espionaje sobre agrupaciones políticas, sociales y de derechos humanos, como así también a los periodistas Gustavo Sylvestre y Mauro Federico.

Esta periodista publicó el primer artículo sobre la existencia del sistema montado por los gendarmes, lo que más tarde se conocería como Proyecto X. Fue en noviembre de 2011 en PáginaI12, sin firma, y en lo sucesivo en este portal OJOS VENDADOS que apenas nacía. Vaya casualidad, o no, que este relanzamiento y rescate de un posible naufragio en la web –gracias los geniales expertos en diseño e informática Juan Marchetto y Leonardo Vázquez– tenga que ver con la continuidad de una actividad que está prohibida por las tres leyes nacionales que son el pilar del principio democrático de demarcación: las fuerzas militares y de seguridad tienen prohibido practicar inteligencia interna por las leyes de Defensa, Seguridad e Inteligencia.

Mientras los funcionarios kirchneristas negaban o minimizaban los alcances del espionaje, nacía una causa, a la que se sumó el Cels (Centro de Estudios Legales y Sociales) como amicus curiae, que varios otros medios comenzaron a seguir y que ahora cuenta con una ampliación porque los gobiernos cambian de signo pero mantienen las mañas. http://adrianameyer.com.ar/proyecto-x-existe-la-justicia-investiga-lo-que-revelamos-en-ojos-vendados/

La foto que ilustra este texto fue tomada por los gendarmes espías y constaba en aquella denuncia original. Entre el grupo de manifestantes la mujer del pañuelo blanco es la Madre de Plaza de Mayo Elia Espen.

Según informó hace pocos días el diario Ámbito Financiero, el gobierno de Macri dio órdenes a la Gendarmería para que recoja y reporte las actividades de quienes puedan generar  “hipótesis desestabilizadoras”. No se trata de espionaje a ciertas organizaciones sino que todas las manifestaciones son incluidas en un mismo informe de “inteligencia”

Algunas de esas “hipótesis” son las manifestaciones y cacerolazos contra el tarifazo de los servicios de luz, gas y agua; cortes de trabajadores municipales de la Provincia de Buenos Aires; marchas por la reapertura de paritarias en numerosas provincias y actos por la libertad de Milagro Sala.

La diputada del PTS-Frente de Izquierda y fundadora del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH) Myriam Bregman señaló que “toda manifestación social es incluida en el informe. Así como el Gobierno anterior hacía informes sobre los ambientalistas de Gualeguachú, hay informes de Aníbal Fernández diciendo que a partir del año 2009 con la crisis económica había que tener especial control sobre las manifestaciones, evidentemente este Gobierno tiene una continuidad absoluta en esta práctica”.

Así ayer como hoy

El método de infiltrar uniformados en manifestaciones de trabajadores, movimientos de derechos humanos para recabar información y almacenarla luego en una base de datos conocida como Proyecto X, salió a la luz cuando Bregman denunció que la Gendarmería se había infiltrado en una manifestación de los trabajadores de Kraft-Terrabusi (hoy Mondelez) en el marco de un conflicto por despidos discriminatorios por parte de la patronal norteamericana para luego, con la información recabada, armar causas contra trabajadores que habían sido parte del conflicto como Javier “Poke” Hermosilla que en ese momento era delegado de base de la empresa. La denuncia fue determinante en la posterior renuncia de la entonces ministra de Seguridad, Nilda Garré.

Ahora salieron a la luz catorce páginas que dan cuenta cómo se maneja la Gendarmería en este procedimiento ilegal, haciendo un relevo de información sobre dos medidas de fuerza sindical de los municipales de la capital de Jujuy y sobre el paro del Frente de Gremios Estatales en esa provincia. Como relata Gloria Pagés en La Izquierda Diario, “resulta llamativa la cantidad de tinta dedicada a dar cuenta de la presencia de numerosos organismos de derechos humanos en Jujuy los días 9 y 10 de septiembre que viajaron para denunciar las violaciones sistemáticas a las libertades democráticas y las situación represiva en la provincia, y al Encuentro que allí realizó el CeProDH.

Junto con copias de volantes y afiches que denuncian el Estado policial en Jujuy, los gendarmes realizan su propio análisis de la información recabada: “Se aprecia que (estos dirigentes) y sectores no afines al oficialismo provincial y nacional, se encuentran llevando a cabo una campaña de desprestigio contra el Gobierno mediante los medios de comunicación social, Facebook, Twitter y prensa digital de la provincia de Jujuy. Se estima que estas actividades se irán incrementando en forma paulatina con el objeto de perjudicar la imagen del Gobierno provincial y nacional, con el fin de crear situaciones que distraiga al P.E.P. en sus objetivos gubernamentales”. Al igual que sucedía cuando espiaban el conflicto de Kraft, los gendarmes se permiten análisis socio políticos en sus informes. En aquella oportunidad evaluaban los niveles de conflictividad dentro del sindicato de la Alimentación.

Ahora los gendarmes espías señalan la peligrosidad tanto de la Comisión de organismos que, impulsada por el CeProDH, integraron organismos de derechos humanos como el CELS, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, Correpi, la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos (AEDD), el Comité por la Libertad de Milagro Sala entre otros, que recibió el 9 de septiembre en San Salvador múltiples y graves denuncias sobre lo que se ha dado en llamar “Estado policial” en la provincia.

Los informes de Gendarmería dan cuenta también de la realización del Encuentro del CEPRODH, que reunió a decenas de jóvenes, trabajadores, abogados y estudiantes de Derecho de todo el país en la Facultad de Humanidades de la capital jujeña.

“Las actividades y denuncias que nosotros hacemos, como haber ido a Jujuy a denunciar la situación represiva, lo hacemos de forma pública, así que el espionaje no tiene el objetivo de enterarse qué actividades vamos a hacer sino más bien de preparar algún tipo de represalia, lo cual es muy preocupante”, indicó Bregman, una de las impulsoras de las denuncias y la campaña contra el régimen represivo en Jujuy.

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“No nos sorprende pero no lo vamos a naturalizar”

“Lo peor que podemos hacer con esto es naturalizar, pensar que no pasa nada y no tiene ninguna consecuencia. En Argentina siempre las consecuencias del espionaje han sido terribles porque los gobiernos pasan pero la información de inteligencia queda”, indicó la diputada trotskista.

Lo cierto es que esto no es nuevo. Parte de la “pesada herencia” es el famoso sistema de espionaje denominado Proyecto X, denunciado por Bregman en 2011, por el cual la cúpula de la Gendarmería está siendo aún investigada. La ley de inteligencia 25.520 prohíbe expresamente que el Estado “obtenga información, produzca inteligencia o almacene datos sobre personas por el sólo hecho de su raza, fe religiosa, orientación o identidad sexual, acciones privadas u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias o laborales”. Del mismo modo, la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales, impide almacenar “datos sensibles”, es decir aquellos que revelen “opiniones políticas, convicciones religiosas, filosóficas o morales, y afiliación sindical”. Los antecedentes mencionados en la nota de 2011 en Ojos Vendados dan cuenta que el Estado y los sucesivos gobiernos violan sistemáticamente sus propias leyes.

“La Policía Federal tiene un cuerpo especial de informaciones para realizar espionaje político, tenemos denuncias hechas en las cuales somos querellantes por inteligencia hecha por la SIDE sobre nuestras organizaciones, tenemos el Proyecto X de Gendarmería y ahora vemos que el Gobierno continúa con esa práctica, y cuando eran oposición realizaban denuncias permanentemente, llegan al gobierno y utilizan estos mismos mecanismos y cuerpos de inteligencia que no se desarticulan”, denunció Bregman.

Y agregó: “algunos vienen incluso de la dictadura militar, el propio Jaime Stiusso ha declarado que él ingresó en la SIDE en el año 1972 y siguió en funciones hasta hace bastante poco, esta continuidad en las personas también es la continuidad de la información que van recabando de las organizaciones sociales, políticas. Todo reclamo popular, de los trabajadores contra el gobierno es tomado como un ataque que merece ser investigado” indicó la diputada, que denunció también que fue víctima de amenazas en el teléfono de su despacho y de una carta intimidatoria de Ledesma y Carlos Blaquier.

La misma ministra de Seguridad Patricia Bullrich que hacía encendidas denuncias contra el Proyecto X del kirchnerismo es hoy la responsable del espionaje que se está denunciando bajo el gobierno de Cambiemos. Son los mismos responsables de mandar a esta fuerza junto a Prefectura y la Federal al Gran Buenos Aires y a Santa Fe para militarizar los barrios, provocando cada vez más casos brutales de violencia contra la juventud y los sectores más empobrecidos.

Tanto Bregman como Alejandrina Barry y Matías Aufieri, también integrantes del CeProDH, hicieron saber que “no vamos a naturalizar que por denunciar las violaciones a los derechos humanos nos persigan, nos intimiden”. Así, presentaron un pedido de informes en el Congreso Nacional para que la ministra de Seguridad rinda cuentas sobre estas actividades de espionaje ilegal por parte de las fuerzas de seguridad a su cargo. Y también acudieron a la justicia para ampliar la denuncia original sobre Proyecto X y presentarse como querellantes.

Teléfono para Patricia Bullrich

La ministra de Seguridad Patricia Bullrich debe ahora explicar estas actividades de espionaje ilegal. En efecto, porque según las fuentes en las que se basó la nota periodística, la información reunida por Gendarmería Nacional “luego de ser procesada, se enviaría al Ministerio de Seguridad de la Nación”. En la presentación efectuada se acompañaron las copias de los documentos que recibió la redacción del matutino. Uno de los informes de inteligencia, el más detallado, se realizó sobre el CeProDH y el encuentro de Jujuy, con fotografías de sus referentes. Este documento, denominado “Antecedentes del mes en la Provincia de Jujuy”, se señala en particular que los referentes “Vilca y Natalia Morales del Frente de Izquierda de Jujuy se encuentran cursando invitaciones a dirigentes de otras provincia para que asistan a este evento”.

Como expresa el escrito presentado ante el Juzgado Federal N° 7 a cargo de Sebastián Casanello, este dato es tan grave como llamativo ya que “tratándose esas convocatorias a dirigentes de invitaciones personalizadas y no públicas, es evidente que dichas afirmaciones no pudieron hacerse efectuando una simple recopilación de información pública si no que dicha información podría haberse originado en escuchas o intercepción ilegal de los teléfonos o los e-mails de los dirigentes señalados”.

En la presentación judicial se solicitó que se investigue tanto a quienes pudieran haber realizado estas tareas de espionaje como a quienes en última instancia se sirven de aquellas, es decir, el gobierno nacional de Cambiemos y el de la provincia de Jujuy a cargo de Gerardo Morales.

Bregman enfatizó que “los gobiernos pasan pero la información de inteligencia queda”, y destacó que “nadie del gobierno nacional hasta ahora ha dicho nada. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, denunciaba estas prácticas cuando formaba parte de la oposición pero hoy se vale de ellas para espiar a quienes denuncian las violaciones a los derechos humanos. Y desde el Ceprodh afirman que “así como hemos denunciado el ’Proyecto X’ efectuado por el gobierno kirchnerista y continuamos peleando para que se procese y encarcele a los responsables, presentamos esta denuncia ante la justicia como parte de la pelea por terminar con el espionaje e infiltración del Gobierno Nacional a todos los que salen a reclamar por sus derechos y enfrentan la persecución y el ataque a las libertades democráticas”.

 

Los espías, impunes y premiados.

Según denunció días atrás La Izquierda Diario, luego de que trascendiera que uno de los responsables del contingente de gendarmes que desembarcó en Rosario esta semana, el Comandante Claudio Miguel Brilloni, oficia como Director de Inteligencia Criminal en el Proyecto X, se divulgó que el uniformado fue promocionado por el ex ministro de Seguridad Sergio Berni en 2015 y que además fue uno de los que comandó la entorpecida búsqueda de los hermanos Lanatta y Víctor Schillaci, cuando se fugaron del penal bonaerese de General Alvear.

A propósito de esto, el dirigente del PTS en el Frente de Izquierda Octavio Crivaro señaló: “Las tropas de gendarmería llegaron a Santa Fe, lideradas por el Comandante Brilloni. Él es Director de Inteligencia Criminal en el Proyecto X, un proyecto que denunciamos en 2013 junto a mi compañera Myriam Bregman, desde el PTS en el Frente de Izquierda, junto a organismos de Derechos Humanos. Esta denuncia hizo público que la Gendarmería se infiltraba en organizaciones, manifestaciones y eventos políticos. Los documentos develados gracias a la investigación del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos probaron que en Rosario también se llevó adelante espionaje durante asambleas en ANSES, así como durante medidas de fuerza de ATE, AMSAFE, COAD y otros sectores”.

Exigen al Estado abrir los archivos sobre Julio López

f0ba2bfd8f936a77d3b146acfe9443c7_XL[1]La apertura de los archivos del Estado no es una consigna vacía. A nueve años de la desaparición de Jorge Julio López –sobreviviente de la dictadura y testigo en la causa que condenó al genocida Miguel Etchecolatz– fue presentado en el Congreso un proyecto de ley que exige la apertura de los archivos en poder del Estado referidos a este desaparecido. López es uno de los casi 200 que nunca más aparecieron en democracia, pero es el único que desapareció dos veces, el  27 de octubre de 1976 y el 18 de septiembre de 2006, el día en que escucharía los alegatos durante el juicio contra el represor que lo había secuestrado. La diputada nacional Myriam Bregman (PTS-FIT), impulsora de la norma, enumeró los casos en los que ya comprobaron de manera concreta la elaboración de informes secretos por parte de los agentes de Inteligencia de diversos organismos del Estado, infiltrados en organizaciones sindicales, sociales y políticas. Y junto a los participantes de la audiencia pública coincidió en que se trata de una práctica de la dictadura que siguió sin pausa durante la democracia. “Bajo los gobiernos constitucionales las fuerzas armadas y de seguridad jamás abandonaron el método de la desaparición de personas, así lo hicieron en La Tablada, con Miguel Bru, y tantos otros”, afirmó Bregman.

“Hemos demostrado que los archivos de la dictadura existen, en la causa de Alejandrina Barry la SIDE nos envió los que tenía guardados desde el año ’74. Pero mucho más cerca en el tiempo nos consta que la SIDE y las agencias de inteligencia de los distintos organismos del Estado también tienen acumulada información de estos años, seguramente tienen sobre (el genocida Miguel) Etchecolatz y Julio López”, arrancó Bregman luego de mencionar a todas los referentes políticos y de derechos humanos que estaban presentes. “En nuestra denuncia conocida como Proyecto X demostramos que tenía información completa sobre muchos de los que estamos aquí, hay datos sobre viajes de Cortiñas a Trelew, y como el ejemplo del compañero de la CCC que estaba fichado y le seguían imputando causas a pesar de que estaba fallecido. Ahí probamos que la Gendarmería tiene información de todos los que militan”, agregó.  Cuando habían pasado siete meses de la desaparición de López, desde Justicia Ya La Plata ya denunciaban que el informe de la SIDE en el expediente judicial se había basado en datos de la guía telefónica y preguntas genéricas a los vecinos. “El que comandaba la elaboración de esos informes era el ex agente Antonio Stiuso, tratando de encubrir a la Policía Bonaerense y a los demás responsables de la desaparición de López”, dijo Bregman.

La audiencia pública para presentar el proyecto de ley que exige la apertura de los archivos en poder del Estado referidos a la desaparición de Jorge Julio López contó con la presencia de María del Carmen Verdú (Correpi), Carlos Zaidman (Multisectorial La Plata), Elsa Pavón (Asociación Anahí), Nora Cortiñas (Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora), Pablo Pimentel (APDH La Matanza), Sebastián Iacoponi (Izquierda Revolucionaria), Graciela Rosenblum (LADH), Nicolás Tauber (Liberpueblo), Patricia Walsh (diputada mandato cumplido y querellante en la causa ESMA), Claudia Ferrero (Apel), Carla Lacorte, Jorge Sobrado, Gloria Pagés, Luis Bonomi (Ceprodh), Christian Castillo (PTS), Ana Laura Lastra (comisión interna Indec), Enrique “Cachito” Fukman (AEDD) y despedidos de Coca Cola y LAN.

Nicolás del Caño, coautor del proyecto, envió un saludo por estar de viaje, al igual que Pablo López (PO). También enviaron su mensaje el diputado Ricardo Cucovillo y Juan Carlos Zabalza, al igual que Nilda Eloy y María Laura Bretal desde La Plata, Mirta Baravalle y Elia Espen (Madres Línea Fundadora), Roberto Gargarella, Félix Dïaz, Daniel Stragá, Liliana Mazea, Hilda Pressman, Natalia González Seligra y Graciela Ledo.

Bregman mencionó como paradigmático del espionaje para mantener esos archivos estatales el caso de Américo Balbuena, oficial de Inteligencia de la Policía Federal que estuvo una década infiltrado en la agencia Rodolfo Walsh, y destacó que esa causa judicial está en el juzgado federal 12 de Sergio Torres y la tienen “paralizada con la excusa de que el Consejo de la Magistratura no envía los fondos para hacer un peritaje de las computadoras” que usó el espía. “Todo esto demuestra que se hace inteligencia sobre las organizaciones sindicales, sociales y políticas, y es impensado que apenas se iniciaba el primer juicio luego de que fueran anuladas las leyes de Obediencia Debida y Punto Final en La Plata en 2006 la Gendarmería, la SIDE y el 601 no iban a estar haciendo inteligencia ahí”, dijo la diputada del PTS en el Frente de Izquierda. “Hasta hace poco el 601 tuvo infiltrado a Raúl Tarifeño en el MST de Neuquén, iba a todas las reuniones con los desocupados y los trabajadores de Zanon”, recordó. La abogada, una de la fundadoras del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, destacó que otra respuesta “sugestiva” de la SIDE cuando pidieron informes sobre el juicio a Etchecolatz fue responderles con un dossier de cada uno de los querellantes en el siguiente proceso de lesa humanidad, el que condenó al capellán Christian Von Wernich. “Estos juicios estaban siendo monitoreados”, dijo. “La mecánica era inversa, cada vez que los querellantes descubríamos una prueba que vinculaba a los miembros de alguna fuerza de seguridad con la desaparición de López, recién ahí los organismos de inteligencia del Estado blanqueaban la información que tenían, esto es porque llevaban investigaciones paralelas”, agregó.

Sobre López, la diputada recordó que luego de seis meses de su desaparición el ex presidente Néstor Kirchner dijo por cadena nacional: “Todo hace pensar que ha actuado lo que se conocía como mano de obra desocupada, elementos paramilitares o parapoliciales que quieren amedrentar y lograr su objetivo de mantener la impunidad, reclaman imponer una amnistía”. Por lo tanto, Bregman enfatizó: “Cuando decimos que las fuerzas armadas y de seguridad están involucradas en la desaparición de López no estamos haciendo una suposición, en ese momento el presidente de la Nación reconoció que fueron ellos los que lo secuestraron. Habría que analizar por qué con eso no se hizo nada, y por eso este caso demuestra el doble discurso de autodenominarse gobierno de los derechos humanos y por otro lado reconocían que actuaban estas patotas”. De esta manera,  “el camino quedó allanado para que la Federal y la Bonaerense empantanaran la causa para que nunca sepamos qué pasó con Julio”.

Antes de terminar, Bregman afirmó que ahora los juicios por delitos de lesa humanidad se encuentran en una nueva disyuntiva. “Si aquella amnistía que pretendieron imponer no se logró fue porque nosotros dimos una respuesta contundente, enfrentamos el terror que querían imponer saliendo a la calle con la Multisectorial de La Plata, Berisso y Ensenada y el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, de manera ejemplar. Si los juicios de lesa humanidad siguen en pie no es por una concesión del Estado sino porque supimos enfrentar aquella ola de amenazas que siguió a la desaparición de López”, dijo. En ese momento mencionó que estaba presente Patricia Walsh, quien como diputada logró la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final.

“Hubo tres conferencias, en la fundación Hannah Arendt, en la Universidad San Andrés y en la Universidad Católica, buscan un nuevo punto final, acompañado por editoriales del diario La Nación que propician el diálogo, que no es otra cosa que reconciliación con los genocidas”, expresó. Y a su criterio, el objetivo es que no se abran nuevos procesos, que apenas sigan los que ya están sumando condenas contra Etchecolatz o Menéndez, pero esencialmente pretenden frenar los procesos a los responsables civiles de la dictadura. “No quieren que avancen las causas contra Blaquier, Papel Prensa, editorial Atlántida, Massot”, enumeró.

A pesar de haber sufrido recientemente un accidente, Cachito Fukman mantuvo su contudencia habitual. “A nueve años la única respuesta del Estado fue el encubrimiento y la impunidad. Tres días después de la desaparición de Jorge, Aníbal Fernández no dijo ‘todo el Estado está buscándolo’ sino ‘estará tomando el té en la casa de la tía’, es decir estuvo encubriendo a aquellos que lo secuestraron. Felipe Solá, entonces gobernador de la provincia de Buenos Aires, luego de una marcha tremenda en La Plata bajo la lluvia donde se nos erizaba la piel porque no podíamos creer que gritábamos aparición con vida y castigo a los culpables, pero cuando le exigimos que pase a disponibilidad a todos los miembros de la Policía Bonaerense que venían desde la dictadura su respuesta fue ‘tengo que garantizar la gobernabilidad’, o sea ‘tengo que garantizar la impunidad. Y el entonces presidente Kirchner, dos semanas después dijo ‘tenemos que buscarlo a Julio’, o sea entrega la responsabilidad de la aparición de López al pueblo argentino, se la saca de encima. La actual presidenta Cristina Fernández, nunca lo nombró”, expresó este sobreviviente de la dictadura. A su criterio, la justicia “también garantizó la impunidad porque cada pista seria quedaba empantanada”. Por eso, dijo, “no hay razón para que ningún diputado no apoye la apertura de los archivos, porque en este país los secretos son sólo para el pueblo”. Poco antes había mencionado que durante la investigación judicial hubo personas vinculadas a los sospechosos que tuvieron acceso al expediente.

A su turno, Nora Cortiñas, también criticó a Aníbal Fernández por aquellas declaraciones sobre el paradero de López “tan despreciativas como las que hace ahora sobre cada desaparición, cada golpiza a los trabajadores, sobre Félix Díaz”. Para esta Madre de Plaza de Mayo, “nunca hubo intención de encontrarlo, y menos de castigar a los responsables”.  Cortiñas dijo que “estos servicios que no son de inteligencia, son espías, y hacen archivos, hay que abrir por todos lados”. Y relató que el ministro de Defensa le envió una carta que ella misma le había escrito a la consuegra de Juan Gelman pero que le habían robado los militares durante la dictadura. “Cómo no van a tener todo sobre los desaparecidos”, afirmó. “Los políticos no se comprometen con estos temas, como no lo hacen con las cuatro comunidades que hace meses están esperando que la Presidenta las reciba”, agregó. Luego de hacer alguna broma con su edad, la emblemática referente de lucha por los derechos humanos redobló la apuesta y sugirió que habría que pedir también la apertura de los archivos de la Iglesia, porque “varios de sus miembros fueron partícipes de la dictadura y de la entrega de los bebés robados”. Antes de irse, emocionó a todos y todas al señalar: “Apúrense con estas iniciativas, las Madres ya estamos llegando a los noventa, ahora a la marcha de los jueves voy yo sola con la bandera de la Fundadora”.

María del Carmen Verdú se remontó a los primeros días de la democracia al recordar que el primer desaparecido fue un joven de apellido Franco, el 24 de diciembre de 1983 en Rosario. Y recordó el llamado “libro azul” que elaboró el ex ministro del Interior Carlos Corach con informes de inteligencia entre 1991 y 1996, con detalles sobre las marchas de jubilados, por Walter Bulacio y de estudiantes contra la ley federal de Educación. “En el juzgado de Liporaci, en una causa bizarra sobre quiénes financiaban a Correpi y al PTS, encontramos grabaciones de reuniones que incluso se habían hecho en el living de la casa de compañeros, por eso nos consta que nos espían”, dijo. Verdú relató, además, que hace pocas semanas un fiscal de Neuquén presentó los elementos de prueba para imputar a una comunidad mapuche “que tiene el descaro de reclamar la restitución de las tierras ilegalmente ocupadas por Benetton”, y entre los papeles “se le fue un legajo con informes de inteligencia sobre asambleístas de la zona que pelean contra la minería extractivista y sobre miembros de la comunidad mapuche”.

La fundadora de Correpi enfatizó que “la desaparición de Jorge Julio López visibilizó a la existencia de desaparecidos en democracia, es la confirmación de que se trata de una práctica que el Estado argentino no cesó de utilizar en diciembre de 1983”, y describió que de los más de 200 casos que cuenta su organización la mayoría son “pibes trabajadores, hijos de trabajadores, vistos por última vez cuando fueron subidos a un patrullero, y terminaron asesinados en la tortura porque ‘se les fue la mano y se les quedó’, como dicen ellos mismos, y entonces hacen desaparecer el cuerpo y las constancias administrativas”. Para Verdú “hay que recordar a los desaparecidos de los ’90 en Mendoza, Garrido, Baigorria y Guardatti; Gómez, Basualdo y Gorosito en Entre Ríos; Andrés Núñez en el ’90, Miguel Bru en 1994; la docena de desaparecidos en Comodoro Rivadavia, entre ellos Iván Torres; Facundo Rivera, en Córdoba; Luciano Arruga, Daniel Solano, un caso particular porque fue selectiva, lo fueron a buscar porque era un trabajador que estaba empezando a organizarse en un ámbito muy explotado como es la cosecha de la fruta”. En este contexto, la abogada del caso Bulacio recordó que la Presidenta dijo en 2013 “hoy afortunadamente nadie puede desaparecer de ningún lado”, pero agregó que “la desmiente nuestra larga lista”.

Claudia Ferrero destacó que la presentación masiva de habeas corpus por López, en su mayoría rechazados, con el agravante de que en algún caso les hicieron pagar las costas, una nefasta tradición de los jueces de la dictadura. Y recordó que su compañero del Partido Obrero, el dirigente Pablo Rieznik fallecido recientemente, fue parte de la lucha por la aparición de Jorge Julio López.

Pablo Pimentel y Carlos Zaidman señalaron la importancia de que este proyecto sea tratado y lamentaron la ausencia de otros legisladores, sobre todo los miembros de la comisión de Derechos Humanos. Graciela Rosenblum saludó el proyecto y destacó como señal de impunidad la reciente liberación de los integrantes de la Triple A acusados en la causa de Graciela Pane.

Patricia Walsh denunció que el 40 por ciento de los genocidas condenados tiene prisión domiciliaria, y, contra el discurso gubernamental, señaló que lo que es ejemplar en este país es la lucha, y no el Gobierno ni su pretendida defensa de los derechos humanos. Por su parte Nicolás Tauber apoyó y llamó a impulsar el proyecto y la movilización por López.

Finalmente, Christian Castillo recordó a Adriana Calvo que fue la primera en denunciar que López estaba desaparecido. “Daniel Scioli se jacta de la Policía Bonaerense, la misma que desapreció a Julio y la misma que tiene entre sus hombres a asesinos de gatillo fácil como Salmo (el policía que baleó a nuestra compañera Carla Lacorte), que hasta hace poco seguía en funciones; o a los responsables de la Masacre de la Comisaría 1era de Quilmes, masacre en la que la Bonaerense fue, como en el caso López, la que estuvo a cargo de la investigación”, precisó el dirigente del PTS.

TEXTO COMPLETO DEL PROYECTO DE LEY – Bregman-Del Caño

APERTURA Y PUBLICIDAD DE LOS ARCHIVOS REFERIDOS A LA DESAPARICIÓN DE JORGE JULIO LÓPEZ EL 18/09/2006

 

Artículo 1°.-  El Poder Ejecutivo Nacional deberá disponer la inmediata apertura y publicidad de los archivos, informes, expedientes y/o todo tipo de documentación producidos y/o almacenados por los organismos que se detallan a continuación así como de cualquiera de sus cuerpos especiales y de inteligencia: Policía Federal Argentina, ex Secretaría de Inteligencia del Estado y de todos aquellos organismos que la hayan sucedido, Servicio Penitenciario Federal, Gendarmería Nacional y Prefectura Nacional, como así también la información del mismo tenor producida por las Fuerzas Armadas de la República Argentina; ello desde el primer día de junio de 2006 hasta la actualidad, en lo concerniente a:

a) el proceso judicial en el cual se juzgaron las responsabilidades de Miguel Osvaldo Etchecolatz (causa 2251/06, “Etchecolatz Miguel Osvaldo s/homicidio calificado”)

b) la investigación judicial que tramita bajo el número de causa 16.060 del Juzgado Federal N° 1 de la Ciudad de La Plata, caratulada “López, Jorge Julio s/ Desaparición forzada de personas”.

c) toda otra investigación y/o actuación de cualquier otra índole que existiere en relación a la desaparición forzada de Jorge Julio López producida el 18 de septiembre de 2006.

A través del Poder Ejecutivo Nacional se solicitarán al Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires los archivos, informes, expedientes y/o todo tipo de documentación producidos y/o almacenados en lo concerniente a las causas detalladas en los puntos a), b) y c) con relación a la Policía de la Provincia de Buenos Aires incluyendo todos sus cuerpos especiales y al Servicio Penitenciario Bonaerense.

 

Deberá incluirse sin excepción alguna toda la información clasificada como pública así como la reservada y la secreta.

Artículo 2º.– La apertura y publicidad de archivos, expedientes y documentación dispuesta en el artículo precedente, deberá contemplar las actividades realizadas, ordenadas y/o sugeridas por parte de miembros del Estado ya sea nacional, provincial o municipal -incluyendo los pertenecientes a órganos de inteligencia-, con respecto a la actividad de los querellantes, testigos y todo otro colectivo o individuo que haya tenido participación en el marco de las causas judiciales antes mencionadas.

Si existiese información que hubiere sido remitida a cualquier otro órgano del Estado, incluyendo a los antes mencionados, deberá indicarse ese destino detalladamente y procederse de igual manera a lo establecido en este artículo respecto a su apertura y publicidad.

Artículo 3º.- Sancionada la presente ley el Poder Ejecutivo Nacional deberá entregar a la Cámara de Diputados de la Nación toda la información emanada en virtud de los artículos 1° y 2º de la presente, con un plazo no mayor a los treinta días.

La Cámara de Diputados de la Nación deberá resguardar, almacenar, clasificar, conservar y dar a conocer todos los archivos, nóminas, expedientes y demás documentación que sea remitida por el Poder Ejecutivo Nacional según lo dispuesto por los artículos 1° y 2º de la presente ley.

Artículo 4°.- Tendrán acceso irrestricto y sin limitación alguna al conjunto de los archivos, nóminas, expedientes y toda la documentación citada en los artículos precedentes:

a) los querellantes en las causas mencionadas en el artículo 1º de la presente ley;

b) los organismos de derechos humanos públicamente reconocidos;

c) toda persona física o jurídica que tenga un interés legítimo en el acceso a la información recabada o bien se encuentre considerada en la información surgida.

Artículo 5°.- Quedan excluidos de los alcances del artículo 4° los integrantes de las Fuerzas Armadas, de Seguridad, y de inteligencia de todas las jurisdicciones existentes en el territorio nacional, incluyendo a quienes se encuentren en situación de retiro, al personal civil de cualquiera de estos órganos, así como a cualquier persona vinculada a delitos de lesa humanidad.

Artículo 6°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

FUNDAMENTOS

Sr. Presidente:

A nueve años de la desaparición del testigo y querellante en causas de lesa humanidad Jorge Julio López, traemos a consideración el siguiente proyecto de ley a fin de disponer la apertura de los archivos, informes, expedientes y/o todo tipo de documentación  que estén en poder de la Policía Bonaerense, la Policía Federal Argentina, el Servicio Penitenciario Federal, el Servicio Penitenciario Bonaerense, el Ejército, la Fuerza Aérea y/o la Armada Argentina, así como los archivos pertenecientes a la ex Secretaría de Inteligencia del Estado y los organismos que la han sucedido, relacionados con la segunda desaparición forzada de Julio López.

Se deberá incluir la información que haya sido clasificada como pública como así también como reservada o secreta. Dada la gravedad y trascendencia social que tiene la desaparición de López, no hay fundamentos para aguardar los plazos establecidos por la legislación respectiva ni ninguna restricción de otro tipo. Hay que saber cuál fue el destino de Julio y quiénes fueron sus secuestradores.

En el marco del primer juicio oral iniciado desde la nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, el 18 de septiembre de 2006 se produjo la segunda desaparición forzada de Jorge Julio López, militante secuestrado, desaparecido y torturado durante la dictadura cívico militar en el llamado “Circuito Camps”. La declaración testimonial de López fue relevante para acreditar la participación directa del ex comisario bonaerense Miguel Osvaldo Etchecolatz en el plan genocida que tuvo lugar en la Argentina entre 1976 y 1983.

Al momento de la segunda desaparición de López, en la policía de la Provincia de Buenos Aires aún quedaban en funciones 9.026 efectivos que habían actuado durante la dictadura en la cual había ocurrido la primera desaparición del querellante.

Desde un primer momento, numerosos organismos de derechos humanos han señalado la gravedad del hecho, en contraposición al encubrimiento que lentamente se fue tejiendo desde distintos estamentos del Estado provincial y nacional, incluyendo al Poder Judicial. Se abonó durante largo tiempo la teoría de que “López se hallaba perdido”, instruyéndose una causa por averiguación de paradero, perdiendo así un valioso tiempo en la investigación. Fue necesaria un dura pelea de los organismos intervinientes en la causa para que meses después se reconozca la desaparición forzada de López  y pase así la causa a la Justicia Federal, donde su búsqueda y la de los responsables de su desaparición no corrió mejor suerte.

Cambios de jueces, de secretarías, decenas de líneas de investigación, incluso las más inauditas que incluyeron las señaladas por brujos, videntes y “pendulistas”, fueron constituyeron lo que hemos denominado como “monumento a la impunidad”.

Es especialmente recordada la aseveración de Adriana Calvo (que fuera miembro de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos), sobreviviente del “Circuito Camps”, querellante y testigo clave en decenas de causas, quién aquella mañana cuando Julio no llegó al tribunal donde tendrían lugar los alegatos contra Etchecolatz, rápidamente sentenció: “Julio está desaparecido”.

Pero tuvo lugar una verdadera política de Estado consistente en negar lo realmente ocurrido, en lo que terminó constituyendo un aberrante acto de encubrimiento de los secuestradores de López. Recién en el año 2008, la Cámara Federal de La Plata apartó a la Policía Bonaerense de la investigación que durante esos primeros años estuvo incluso en manos del actual jefe de la fuerza, Hugo Matzkin, quien por entonces fuera jefe del área de investigaciones complejas.

Vale recordar, que luego la investigación estuvo durante años dirigida por un juez federal de La Plata proveniente de la dictadura como Manuel Blanco, lo cual no hace más que sumar otro absurdo en el marco de la deliberada impunidad y parálisis construida en torno al hecho. La conclusión es que al día de hoy no existe aún un solo imputado por la desaparición, lo cual ha llevado a los organismos querellantes a presentarse ante la Comisión Interamericana por los Derechos Humanos.

Han abundado las evidencias que involucraban en la desaparición de López a miembros retirados y en actividad de fuerzas de seguridad y penitenciarias con estrechas relaciones con genocidas, entre ellos algunos de los detenidos en el pabellón de lesa humanidad de la Unidad Carcelaria de Marcos Paz, donde entre otros se hallaba detenido Miguel Etchecolatz, en condiciones de una flexibilidad e informalidad tal, que luego de varios años han ameritado el procesamiento de seis efectivos del Servicio Penitenciario Federal debido a que su conducta imposibilitó desarrollar diversas líneas de investigación.

Es evidente que es el Estado Nacional es quien tiene que dar respuestas alrededor de la desaparición forzada de Jorge Julio López y es por ello que deberá arbitrar todas las medidas tendientes a informar qué es lo que ha ocurrido con el testigo. El Gobierno Nacional tiene las herramientas para disponer la apertura total e irrestricta de toda la información, y por su intermedio también, de solicitar a la Gobernación de la provincia de Buenos Aires disponga idéntica medida dada la gravedad del caso.

No puede volver a repetirse lo que ocurre con los llamados “archivos de la represión”. Al día de la fecha, las causas en curso por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico militar cuentan como prueba casi exclusiva con el testimonio brindado por los sobrevivientes de los centros de tortura y exterminio, como es precisamente el caso de Julio López. Asimismo la mayoría de los crímenes cometidos por la organización paraestatal denominada “Triple A” continúan impunes.

Solo en forma aislada, esporádica, se han encontrado esos archivos tanto en manos privadas como en las propias dependencias del Estado. Pero a la par, en todos estos años se ha evidenciado la falsedad de la afirmación de que los archivos de la represión no existen.

Un ejemplo contundente es el que se acreditó en el tramo de la causa ESMA, expediente N° 14217/03 que continúa en etapa de instrucción en el juzgado Federal N°12, en los casos de Juan Alejandro Barry y Susana Mata, cuando ante el requerimiento de su hija Alejandrina Barry, querellante en la causa, la propia Secretaría de Inteligencia (ex SIDE) confirmó poseer información sobre Juan Alejandro Barry, su hermano Enrique Barry y su compañera Susana Mata, todos ellos desaparecidos. Tanto era el interés de los represores por conservar todo en forma absolutamente documentada, que hay pruebas fehacientes de que incluso se microfilmaron los documentos. Esto se probó tanto en la causa ESMA como en otras.

Entendemos que en esta tónica, mal podría entonces no existir información secreta sobre la desaparición de López ocurrida en el año 2006, en la cual indefectiblemente han participado miembros de las fuerzas del Estado, tanto en su desaparición como en la investigación posterior.

En ese sentido, no es menor el escabroso hecho descubierto por los organismos  en una actividad encabezada por Chicha Mariani el día 12 de agosto de 2006 reclamando por su nieta apropiada Clara Anahí Mariani, donde estuvo presente Julio López, y en las fotografías tomadas en el acto se ve cerca de él a un personaje que luego se identificó como el ex policía bonaerense, Oscar Chicano, que evidentemente se dedicaba a seguir todos sus movimientos de López.

Destacamos que en nuestro proyecto reclamamos también la apertura de archivos a las Fuerzas Armadas porque por ejemplo hoy en el Ejército Argentino, reportan más de 1.400 agentes de inteligencia con lo cual no hay que descartar que posean valiosa información.

En el presente proyecto se propone que los organismos de derechos humanos de reconocido funcionamiento en el país tengan acceso irrestricto a esa información junto con los demás interesados directos en el caso, planteándose la lógica excepción de los integrantes de las Fuerzas de Seguridad y Fuerzas Armadas y de todas aquellos victimarios que se encuentren involucradas en el hecho investigado.

Es necesario que se produzcan medidas efectivas para dar con esa información que termine con la escandalosa parálisis de la causa 16.060 que investiga la desaparición de López, de allí la imperiosa necesidad de una ley nacional que lo establezca.

Por las razones expuestas y las que brindaré oportunamente, es que solicito la aprobación del presente proyecto de ley.

Trabajadores 2 – Fate y Shell 0

Esta semana comenzó con la absolución de Víctor Ottoboni, delegado de FATE, a quien la justicia encontró inocente de las lesiones contra un vigilador por las cuales lo acusaban en una causa “armada”, tal como quedó en evidencia durante el juicio. Y dos días después fue reinstalado en su puesto de trabajo Fernando Luna, quien había sido despedido por la empresa SHELL a fines de abril. En este caso, la Cámara Laboral consideró que su cesantía pudo haber estado relacionada a su actividad sindical. Son dos victorias de los trabajadores no sólo contra los juicios impulsados por sus patrones sino también un revés a las burocracias sindicales de ambos sectores.

Este trabajador fue reinstalado en su puesto luego de que la petrolera Shell incumpliera por más de tres meses con el fallo judicial que pedía su reinstalación y la de otros dos compañeros. En septiembre ya había conseguido su reincorporación Analía Portillo, despedida junto a Luna, luego de que una jueza laboral le advirtiera al presidente de la multinacional, Juan José Aranguren, que estaba dispuesta a denunciarlo penalmente por “desobediencia”.

Tras conocer el fallo Luna afirmó: “Mi reinstalación es histórica. Le ganamos la pulseada a este monstruo multinacional que tiene ganancias millonarias e incumple las leyes sindicales y laborales. Como denunciamos desde el principio, Shell, junto al sindicato dirigido por Alberto Roberti, secretario general del gremio y diputado nacional por el Frente Renovador de Sergio Massa, armaron listas negras para despedir y sacarse de encima cualquier oposición sindical, pero no pudieron. Esta es la segunda reinstalación que conseguimos. La primera fue la de nuestra compañera Analía Portillo, luego de que consigamos un fallo que ordenaba al presidente de Shell, Juan José Aranguren, cumplir el fallo de reinstalación bajo amenaza de ser imputado penalmente, y ahora la mía. Seguimos peleando por la reincorporación de Gustavo Michel, que tiene el fallo de reinstalación a su favor desde hace meses sin que la empresa lo cumpla”.

Y agregó: “El pasado 2 de octubre se hicieron elecciones fraudulentas en la refinería con el aval de la empresa y comandadas por Roberti y la Comisión Interna trucha. Fueron masivamente rechazadas por la gran mayoría de los trabajadores, que no fueron a votar”. En ese sentido anunció que van a seguir luchando “por la democracia sindical, contra el fraude y por que en Shell se acaben la persecución, la discriminación y la precarización laboral, ya que la mayoría de los trabajadores son contratistas, y las condiciones, de insalubridad y contaminación. Si hoy vuelvo a mi puesto de trabajo es producto de una gran lucha que contó con el apoyo de mis compañeros de trabajo y de organizaciones solidarias obreras, estudiantiles y políticas como el PTS, entre otras. Ese es el camino que vamos a seguir”.

Luna, que trabaja en el sector Craqueo del Polo Petroquímico de Dock Sud, hizo su ingreso a la planta acompañado por docentes de la 9 de Abril, ferroviarios, delegados de la Coca Cola Planta Alcorta, integrantes de la recientemente elegida conducción del Centro de Estudiantes de Salud Comunitaria de la Universidad Nacional de Lanús (UNLA), y los abogados Gabriela Campos y Matías Aufieri, quienes junto a Myriam Bregman integran el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH) y están a cargo de las causas por la reinstalación de Luna, Michel y Portillo. También recibió la solidaridad de Nicolás del Caño y Christian Castillo, diputados del PTS en el Frente de Izquierda.

En tanto, cuarenta y ocho horas antes celebraban en San Fernando. “Este es un triunfo de todos, de los compañeros de Fate y de las organizaciones que nos vienen apoyando, de los trabajadores de zona norte que vienen enfrentando ataques de la patronal y no bajan los brazos”, dijo Víctor Ottoboni poco después de conocer la sentencia en la que fue absuelto en una causa en la que estuvo imputado por presuntas lesiones contra un vigilador durante el conflicto gremial en esa fábrica de neumáticos ocurrido en septiembre de 2011. “Fue un juicio armado en mi contra para tener algo que usar en el proceso de desafuero con el que quieren despedirme”, agregó sobre el veredicto que emitió el juzgado 5 de San Isidro. El representante sindical tiene abiertos dos procesos de desafuero, uno de ellos aún está a estudio de la Corte Suprema porque las primeras instancias habían aplicado en su contra la doctrina menemista que, al calor de la flexibilización laboral, eliminó la garantía de la doble instancia para estos casos. Esto es, la patronal va contra los delegados por el desafuero laboral y con denuncias penales.

Ottoboni fue defendido por la abogada María del Carmen Verdú (Correpi) y por el abogado Agustín Comas (Ceprodh). El suyo es un caso testigo respecto a la posibilidad de ganar este tipo de procesos en la justicia a partir de la recuperación de los sindicatos de las manos de los burócratas a las de los sectores más combativos.

De hecho, así sucedió con la seccional San Fernando del SUTNA (Sindicato Unido de los Trabajadores del Neumático de Argentina), porque se presentaron todos los testigos necesarios que pudieron expresarse con libertad. Durante las audiencias quedó en evidencia que la causa fue “armada” por la empresa con el único objetivo de disciplinar al representante sindical enjuiciado y, además, pudo ser recreado el clima de conflicto que se vivió en la fábrica.

Otro elemento clave fue la actuación de la abogada Verdú, que desarmó las declaraciones al exponer todas sus desprolijidades y contradicciones. Antes de Ottoboni habían sido absueltos Alejandro Crespo y Ariel Godoy

“Tenemos que buscar la unidad y prepararnos para lo que se viene, porque ellos van a redoblar las presiones y los ataques, con la movilización y con la lucha”, dijo Ottoboni en la puerta del juzgado. Hace una década que trabaja en el sector mantenimiento de Fate, tiene 39 años y un hijo de seis.

Fate va por su décima condena por prácticas discriminatorias y antisindicales, y sus trabajadores vienen protagonizando una larga historia de conflictos, que tuvo su pico en 2008 cuando tras un reclamo salarial la empresa respondió con despidos. En ese momento la planta de Victoria estuvo “militarizada”, con presencia policial, perros y filmaciones de los desplazamientos de los obreros, lo que motivó una denuncia ante la secretaría de Derechos Humanos que fue acompañada por personalidades como Adolfo Pérez Esquivel y Nora Cortiñas, entre otros.

Ottoboni cumple su tercer mandato como delegado, y enfrentó ya varios procesos judiciales. “Si quedás despedido y encima con una causa penal es una mancha para todo el viaje, no conseguís trabajo nunca más”, comenta sobre la posibilidad a la que están expuestos los miles de delegados de base y activistas con causas abiertas por ejercer su derecho a la actividad sindical y a la protesta.

“Ante un piquete el Estado enfrenta un ámbito protegido por la Constitución”

El juez federal Sebastián Casanello quizá simplemente haya frenado para tomar impulso. Este magistrado acaba de dictar la falta de mérito de los dos gendarmes imputados en la causa sobre el espionaje ilegal, conocida como Proyecto X y revelada por este sitio en noviembre de 2011 aún antes de recibir ese nombre periodístico. Sin embargo, es poco probable que la cúpula de Gendarmería y el propio ministerio de Seguridad hayan celebrado el fallo porque temen que las medidas de prueba ordenadas por Casanello indiquen que estaría decidido a avanzar más allá de los autores materiales. Además, en su resolución el juez advirtió que “no es tolerable” armar bases de datos para controlar actividades de trabajadores, dirigentes gremiales o políticos”, y destacó que “cuando se produce un piquete de trabajadores y representantes de movimientos sociales y políticos, el Estado se enfrenta con ámbitos expresamente protegidos por la Constitución”. De todos modos, la abogada Myriam Bregman, autora de la denuncia que dio inicio al proceso, apeló ante la Cámara Federal al considerar que sí había elementos de prueba suficientes para procesar a los gendarmes.

 

La gendarme Elizabeth Calisaya y su compañero Raúl Scheurman están acusados de haber realizado tareas de inteligencia ilegal durante las manifestaciones de los trabajadores de Kraft, y en situaciones anteriores a los cortes de ruta derivados de ese conflicto de 2009. Tal como recientemente fue identificado un ex militar con desempeño en la dictadura al frente de los operativos de infiltración, y al mando del procedimiento donde el llamado “gendarme carancho” se tiró adrede sobre el auto de uno de los trabajadores despedidos de la empresa Lear, que se manifestaba con su vehiculo a baja velocidad por la Panamericana, en la primera nota sobre Proyecto X dábamos cuenta de situaciones como esta:

 

–Yo soy delegado de fábrica, quería saber de qué medio sos, porque los compañeros tienen dudas.

–Prensa independiente, amigo.
–No, decime porque sino te sacamos a la mierda.
–Yo me voy solo, no te hagas drama.
–Bueno, andate.

(textual del video aportado por Gendarmería como prueba en la causa 481/09 del juzgado de Tres de Febrero, por corte de ruta).

 

El expediente que investiga el juez federal Casanello busca determinar si “dicho proceder ilícito, de haberse configurado, estuvo predeterminado de manera institucionalizada, es decir, si fue producto de órdenes provenientes de las altas esferas de la fuerza que direccionaron de antemano el desenvolvimiento de los subordinados”. Según explica el propio juez Casanello, “hablar de inteligencia ilegal supone pensar en un actuar que infrinja los límites impuestos por la ley de seguridad interior -24059-, la ley de inteligencia -25520- y el código procesal penal”, y define que “las tareas de inteligencia orientadas hacia individuos concretos deben incluirse en la función judicial por estar “circunscripta por las garantías individuales de libertad y

dignidad humana, y por las normas de procedimiento atributivas de sus concretas funciones”. En este sentido apunta que “si tanto juez y fiscal están sometidos a una serie de restricciones en orden a su actuar, ¿cómo no las tendrían los integrantes de las fuerzas de seguridad?”. Casanello también deberá determinar, eventualmente, si actuaron discrecionalmente por fuera de las órdenes de quienes dirigen el proceso penal, jueces y fiscales. Es decir, establecer si los gendarmes produjeron inteligencia prohibida en los términos de la ley 25.520, que establece que ningún organismo de inteligencia podrá obtener información, producir inteligencia o almacenar datos sobre personas, por el solo hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas, u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales, así como por la actividad lícita que desarrollen en cualquier esfera de acción”.

 

El magistrado recuerda que “la sospecha introducida por los querellantes, quienes se presentan como ‘organizaciones de derechos humanos, militantes sindicales, sociales y políticos’, y recogida por el fiscal, advierte sobre la existencia de una práctica institucional de despliegue de inteligencia ilegal sobre organizaciones sociales, políticas, gremiales, estudiantiles, y sobre sus militantes, que produciría información que luego es volcada, ‘blanqueada’, dicen, en expedientes judiciales donde se investigan manifestaciones, puntualmente, cortes de ruta”. Y por esa razón, “para echar luz sobre la imputación y poder dimensionarla es necesario contextualizar la actuación de los gendarmes, es decir enmarcarla en el conflicto gremial atravesado por la empresa Kraft, donde se observa el ejercicio de derechos –laborales, gremiales, civiles e incluso políticos- y, paralelamente, la colisión propia de toda medida de fuerza, con la posibilidad cierta de registrar conductas previstas en el Código Penal”.

 

Es en esta parte de la resolución que el juez afirma su punto de vista sobre cómo debe ser abordada, en casos como éste, la protesta social. “Estas conductas posiblemente antinormativas –de las que participan obreros, representantes gremiales, integrantes de movimientos sociales y políticos-, sin embargo, al ser la consecuencia de medidas de protesta social no pueden ser abordadas, ni en su represión ni en su juzgamiento, como simples casos de delincuencia común (…) algunas acciones de protesta pacíficas, pero infractoras de reglas, en ciertos casos pueden estar justificadas al amparo del ejercicio de un derecho constitucional y, en otros, ser objeto de una ponderación que termine excluyendo la responsabilidad”, escribió Casanello. Y cita a Hannah Arendt para enmarcar las manifestaciones en el concepto de “desobediencia civil”. A su criterio, “el empleo de vías de facto para interrumpir el tránsito vehicular, y de ese modo generar una visibilidad que pueda ser utilizada como medio para exigir el cumplimiento de demandas laborales, si se encuentra inspirado en un interés colectivo, podría constituir un hecho cuanto menos cercano a la desobediencia civil. Teóricos de la talla de Hannah Arendt han desarrollado hace tiempo la idea de que los ciudadanos recurren a la desobediencia civil cuando no poseen otro instrumento para que los gobernantes reparen efectivamente en la existencia y la justicia de sus reclamos”.

 

Luego, el magistrado reitera que el objeto de la investigación es “discriminar cuáles son los límites de la función de prevención o seguridad que debe respetar la fuerza para garantizar los derechos ciudadanos a la hora de actuar frente a hechos de protesta social, sobre todo cuando sus protagonistas son trabajadores, representantes gremiales, militantes políticos, entre otros actores de un mismo colectivo (…) La Gendarmería, como otras fuerzas de seguridad, debe limitarse a cumplir estrictamente con la ley. La actividad preventora debe ceñirse a evitar la conducta antinormativa, siempre dentro de esos límites legales, y la investigación debe producirse en la medida de las órdenes judiciales. Esto supone respetar los derechos involucrados y abstenerse de abordar campos que la exceden -como podrían ser interesarse en el conflicto gremial/político de la empresa y sus trabajadores- pues es allí donde aparece el riesgo de criminalizar la actividad política y gremial. En este ámbito, la discrecionalidad del actuar policial –en sentido amplio- debe ser muy reducida, pues la existencia de zonas grises, frente a este tipo de conflictos, se ofrece como campo fértil a la producción de inteligencia prohibida”.

 

Espionaje “intolerable”

 

A pesar de resolver que aún “no hay mérito” para procesar a los gendarmes imputados, el juez federal afirma que: “Cuando se produce un piquete de trabajadores y representantes de movimientos sociales y políticos, el Estado se enfrenta con ámbitos expresamente protegidos por la Constitución. Por eso, así como no sería posible que para evitar un corte de ruta el Estado se infiltre en una asamblea gremial o política, tampoco sería tolerable el armado de bases de datos para -bajo el pretexto de alcanzar una respuesta eficiente frente a los cortes de ruta- ingresar en el monitoreo y control de qué hace o deja de hacer un obrero, un delegado gremial o un dirigente político”.

 

Según Casanello, hubo órdenes judiciales pero aún no pudo comprobar si los gendarmes actuaron antes de ser emitidas las mismas, o por fuera de ellas. Sin embargo, en su fallo pondera que “sigue siendo necesario concentrar la atención en el modo en que la Gendarmería reúne y reproduce la información. Si se observa el ‘Protocolo para regular el funcionamiento y empleo del programa ´Project X´ se verá que existe una exhortación a realizar una búsqueda exhaustiva que se muestra difícil de conciliar con los límites estrictos antes aludidos”. Y cita como ejemplo, que uno de los campos a averiguar es “Personalidad, Hábitos y Otros Datos Personales: Es un campo muy complejo, incluye en el tipo de personas que adquirieron notoriedad pública –bases abiertas-, el tipo de personalidad (reservada, tímido, introvertido, extrovertido, etc), los hábitos normales (fumador, bebedor, mujeriego (SIC), etc) y la profesión, actividad y estudios cursados. En definitiva toda la información que surja de las bases públicas”), según las pruebas de la causa. En caso de comprobarse un “exceso será necesario establecer si el comportamiento fue compartimentado o si fue el producto de una disposición interna de la Gendarmería, que remita a sus autoridades centrales”. Y en tal sentido ordenó una serie de medidas que apuntan a verificar alguna de las dos hipótesis.

 

No es un gendarme, es la institución

 

Como suele suceder, la querella que encabeza la abogada Bregman (dirigente del Partido de los Trabajadores Socialistas y miembro del Ceprodh), hace una lectura diferente del expediente. “No estamos ante actos de inteligencia aislada de dos gendarmes, como parece analizar el juez de grado para dictar la agraviante falta de mérito. Es evidente que ellos no son más que el brazo ejecutor de una orden superior que decidió criminalizar la protesta social. Así, gran parte de las víctimas del espionaje terminaron con causas penales en su contra”, precisó la letrada en su apelación ante la Cámara Federal. “La impunidad de los crímenes que aquí se investigan estuvo planificada. Por ello, como cobertura de impunidad supieron colocar en el propio Protocolo que indica cómo debe almacenarse la información en el llamado ‘Proyecto X’ y otros documentos encontrados, los rótulos de ‘Reservado’, ‘Secreto’, ‘Estrictamente confidencial’. La actividad de inteligencia es una herramienta que se utiliza para colaborar con quienes deben tomar decisiones institucionales”, agregó.

 

“Luego de 34 meses de instrucción no podemos menos que preguntarnos ¿para qué sirvieron los allanamientos al Centro de Reunión de Información en dos oportunidades y al Edificio Centinela? ¿qué valoración se hace de la prueba colectada y de las testimoniales recibidas al perito interviniente? ¿qué conclusión se saca del cúmulo de causas de las cuales se tomó vista? Su resolutorio es completamentearbitrario. Toda la prueba del espionaje ilegal y sistemático llevado adelante por la Gendarmería durante años tiene un claro eje ordenador: la protestasocial”, afirmó Bregman. La abogada recordó que “de la documentación aportada oportunamente por el Ministerio de Seguridad de la Nación con relación  a la normativa que rige el actuar de la fuerza, surge claramente la ilegalidad de tales medidas y la prohibición legal de realizar ese tipo de actividades tal como lo explica claramente el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) en su presentación del “Amicus Curiae” de fecha 31 de agosto de 2012”.

 

Para la querellante, los gendarmes no pueden deslindar su responsabilidad en la “obediencia debida” a sus superiores o a la justicia. “Es evidente y pudo ser comprobado por el juez que no existe una orden judicial que ‘abarque todo lo actuado’ ya que de haber existido tamaña orden que indique infiltrarse entre manifestantes de civil, obtener datos sobre la filiación política y/o sindical de los manifestantes, futuras acciones a realizar en el marco del conflicto laboral, estaríamos hablando de órdenes judiciales ilícitas y, junto con la promoción de la denuncia que diera inicio a estas actuaciones, se debiera investigar la propia actuación judicial (…) Por otro lado, salvo que se pretenda argumentar la obediencia debida de un gendarme hacia un juez a pesar de lo manifiestamente ilícito de dicha orden, no habría forma de argumentar la falta de responsabilidad de los aquí imputados. Conclusión, no se trata de que estos dos gendarmes se ‘excedieran’ en órdenes dadas por jueces y fiscales, sino de la existencia de todo un armado ‘preventivo’ de obtención y registro de información para facilitar imputaciones en posteriores causas judiciales y para la instauración de un entramado de espionaje político y social”, describe la abogada en su presentación.

 

A modo de ejemplo sobre el funcionamiento de las bases de datos montadas por la Gendarmería y denunciadas como ilegales, Bregman explica que la delegada de Pepsico Lorena Gentile termina imputada por corte de ruta a partir de la identificación que de ella hacen dos gendarmes con la “base de datos” y finalmente la gendarme Calisaya, quien admite que lo logró “entremezclándose de civil entre los manifestantes”. En tanto, las llamadas de teléfono de su compañero, Leonardo Norniella, figuran como “interceptadas”. Y surge también como prueba que un gendarme encomendado para identificar al delegado de Kraft Ramón Bogado terminó elaborando un informe sobre las actividades del gremio de la alimentación.

 

Bregman también se quejó de la modificación del objeto procesal que había determinado la fiscalía, de que el juez haya comenzado por la parte más baja de la escala de mando de la Gendarmería y de que haya acotado el grupo de damnificados excluyendo, entre otros, a Carlos Zerrizuela, Vilma Ripoll, Néstor Pitrola. “Teniendo en cuenta la inmensa trascendencia pública de estos hechos, resultado que no hace más que confirmar la gravedad institucional que revisten los hechos denunciados, las implicancias y el resultado de esta causa no solo interesa a los aquí querellantes, sino que por el contrario importan a todo un conjunto social que se ve damnificado por la violación a sus más elementales libertades democráticas tales como: peticionar ante las autoridades, reclamar por sus derechos, libertad de reunión y de tener una filiación política sin sufrir persecuciones por ello”, señala la querellante a modo de síntesis.

Siete años sin Julio

Otro aniversario, los mismos interrogantes, algunas nuevas respuestas, dos libros que reconstruyen su historia y la inconducente investigación judicial de su desaparición, el 18 de septiembre de 2006.

Más información sobre todas las pistas e hipótesis que los poderes del Estado arruinaron e ignoraron. Hoy marchan los organismos de derechos humanos en La Plata y Buenos Aires, siguen las presentaciones de habeas corpus masivos, persiste la misma indignación por la impunidad del caso. Un juez que no sólo se niega sistemáticamente a profundizar las pistas válidas sino que critica al testigo desaparecido.

La fiscalía afirma que tiene “expectativas reales y concretas” de obtener resultados entre las 17 pistas subsistentes, luego de cerrar otras 34, y de los cruces de 5 millones de llamadas telefónicas. Pero las dos fuerzas a cargo de la tarea no se ponen de acuerdo, la Federal y la PSA, porque sigue sin haber una orden política que las ponga en caja. Y la propia fiscalía denunció que el ministerio de Defensa y el Ejército les niegan colaboración. “Otra de las investigaciones en curso tiene en foco a un ex integrante del Ejército, cuyos antecedentes están siendo estudiados con información requerida al Ministerio de Defensa, pero, indica la fiscalía, “los resultados aun no se han completado, dado que los envíos de legajos -desde la cartera ministerial y desde el Ejército- se efectúan de manera esporádica”. La Unidad Fiscal refiere que “no ha podido acelerar la tarea pese a los insistentes reclamos” porque sobre todo ha quedado “a merced de los tiempos que la mencionada institución castrense (el Ejército) imprime, con la preocupación que esto entraña”, dijo el fiscal Marcelo Molina.

http://fiscales.gob.ar/lesa-humanidad/julio-lopez-informe-especial-a-siete-anos-de-su-desaparicion/

Además, a nuestra columna de opinión sumamos el texto completo del prólogo escrito para En el cielo nos vemos, el libro de Miguel Graziano. Y aportamos imágenes y sonidos. (foto Helen Zout)

La voz del testigo desaparecido cuando dio su testimonio contra el genocida Etchecolatz (radioclips de Adrián Gargiulo para el 6to.aniversario en Marca de Radio y para el 7mo.con más testimonios)

http://www.adrianameyer.com.ar/index.php/am-x-am/item/78-en-el-nombre-de-julio

http://www.adrianameyer.com.ar/index.php/am-x-am/item/128-a-siete-a%C3%B1os-de-su-desaparici%C3%B3n-l%C3%B3pez-est%C3%A1-en-marca-de-radio

Y el bloque del programa Mañanas Informales, que conducía Jorge Ginzburg, donde por primera vez reclamaron por su aparición con vida su hijo Gustavo, su abogada Guadalupe Godoy y sus compañeras sobrevivientes y testigos como él contra el genocida Etchecolatz.

“Hasta ayer pensaba que se podía haber ido de casa por un mal momento o por la emoción, pero hoy ya son tres días que no está”, dice su hijo y se le quiebra la voz. “De haber sido secuestrado quiere decir que estos mafiosos del proceso pueden seguir…”, dijo Ginzburg sin poder terminar la frase.  

http://www.youtube.com/watch?v=zqGCItCznC0

Masiva presentación de habeas corpus, explicada por Myriam Bregman

http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-229193-2013-09-17.html

Video de Infojus

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=QOu-Ejko9qk

SIETE AÑOS SIN JULIO

Quienes investigaron durante años la desaparición del testigo Jorge Julio López alguna vez se preguntaron si había alguien preocupado hace siete años, cuando aún no buscaban con intensidad. ¿Habrá alguien ahora riendo porque le salió el crimen perfecto? Es muy probable porque en medio de demasiadas preguntas sin respuesta hay dos certezas. López sigue desaparecido sin que haya ni un solo rastro de su cuerpo, y tampoco hay ningún responsable siquiera imputado por su secuestro.

Ante esto, puro dolor y desazón, se abren las hipótesis sobre los sospechosos. Uno de los méritos del libro de Luciana Rosende y Werner Pertot, Los días sin López, es haberlas ordenado y expuesto con claridad, tras un minucioso trabajo sobre el enmarañado expediente judicial. Las tres líneas de investigación, que se conectan entre sí, son: el entorno personal de Miguel Osvaldo Etchecolatz, el entorno policial del represor y los penitenciarios, estos dos últimos interesados en silenciar al testigo y, eventualmente, frenar los juicios. Tras afirmar que estas son pistas que merecerían profundizarse si la causa no estuviera congelada, Rosende y Pertot afirman algo en lo que coincidimos plenamente: “La investigación poco y mal, con la lentitud de un caracol, trabajada por la inoperancia o la complicidad de la Bonaerense, por la desidia de jueces y fiscales que tenían la obligación de impulsarla, y sin un apoyo decidido del poder político”.

La mayoría de los protagonistas de esta historia coinciden en que a López lo desaparecieron para intentar frenar o condicionar los juicios por delitos de lesa humanidad. Está comprobado que se fue de su casa por su voluntad y que nadie vio que lo hayan metido por la fuerza en algún vehículo. Suponen que alguien conocido suyo lo llevó a un encuentro, amenazado o engañado, donde lo habrían forzado a desdecirse de su testimonio en el juicio contra Etchecolatz. Pero el Viejo, como le decían sus compañeras en la querella de Justicia Ya!, se habría negado y por eso lo hicieron desaparecer. En cualquier caso, tuvo su incidencia en los procesos por delitos cometidos durante el terrorismo de Estado. Además de la ola de amenazas a fiscales, jueces, abogados y testigos que tuvo lugar luego de la desaparición de López, el nunca bien investigado movimiento de apoyo a los represores reclamó amnistía en un acto en Plaza San Martín. Fue entonces, el 29 de diciembre de 2006, que Néstor Kirchner usó por segunda vez la cadena nacional para dejar sentado que haría todo lo contrario: reforzaría la política de enjuiciamiento por delitos de lesa humanidad.

Mientras tanto, López está presente. Cada vez que en Argentina aparece un cadáver sin identificar mandan a pedir el ADN del testigo desaparecido. Así sucedió recientemente en Esquel, y finalmente volvió a dar negativo. En este sentido, los funcionarios del caso mantienen un doble discurso. Lo que más quisieran es cerrar la causa López, pero dicen que “nunca será archivada”. Aunque si no fuera López ya estaría cerradísima, como todas aquellas que no conducen a nada.

Sin embargo, no es cierto que en el expediente López no haya nada. En nuestro seguimiento del caso en PáginaI12 durante estos siete años, y ahora con los dos libros publicados, quedó en evidencia que hay muchos indicios y que el problema fue que sistemáticamente cada pista importante fue arruinada o desactivada. En este momento aún están realizando los cruces telefónicos entre los nombres que aparecen en el expediente y las llamadas recibidas e ingresadas a las antenas celulares de la zona. ¡Pero jamás hasta hoy cruzaron los nombres de las pistas esenciales!

¿Cómo puede avanzar una causa si está en manos de un juez como Manuel Blanco, que el año pasado tuvo el atrevimiento de cuestionar al testigo desaparecido? Es el mismo magistrado que se niega en forma permanente a realizar las medidas de prueba propuestas por la querella.

http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-208920-2012-11-30.html

Es claro que si a siete años reina la impunidad en el caso López la principal responsabilidad corre por parte de la justicia. Pero ¿qué hizo la fiscalía, el Ministerio Público? ¿Por qué el ex jefe de los fiscales, Esteban Righi, dijo que había que investigar un paradero de persona perdida y no un delito federal? ¿Cómo salió tan rápido de la agenda pública, apenas los medios hicieron lo mismo? ¿Acaso alguna vez fue una prioridad para el poder político esclarecer este caso? ¿A quién responde la Policía Federal, que mostró la misma inoperancia que la Bonaerense a la hora de sabotear las pistas clave? ¿Cómo se explica que los policías federales se tomen dos meses para responder que un CD no puede ser leído? ¿Y el escándalo de la cárcel de Marcos Paz, que debió ser allanada dos veces? ¿Algún funcionario del Servicio Penitenciario o del ministerio de Justicia dio explicaciones por las libertades e irregularidades de las condiciones de detención de los represores del pabellón de lesa humanidad, que les permitían organizar lo que quisieran? Finalmente, ¿por qué fue desactivado el programa Verdad y Justicia, que conducía Marcelo Saín, destinado a detectar y neutralizar posibles focos de represores activos y conspirando? Era la única forma, prevenir las intimidaciones porque ningún testigo en esta clase de juicios se siente seguro con una “custodia” en su puerta.

Aunque duela, López quizá fue el costo que se pagó por la continuidad de los juicios. Aunque duela, su desaparición demuestra que la consigna “desmantelamiento del aparato represivo” quedó inconclusa, resabios aún con poder operativo se llevaron a Tito, al Viejo, al sobreviviente de la dictadura y testigo de la democracia.

 

Para leer el prólogo de En el cielo nos vemos, escuchar a su autor en Marca de Radio y ver su página

http://www.adrianameyer.com.ar/index.php/item/111-los-amigos-del-barrio-pueden-desaparecer

http://www.adrianameyer.com.ar/index.php/am-x-am/item/112-l%C3%B3pez-una-causa-siempre-abierta-y-el-primer-libro

https://www.facebook.com/pages/En-el-cielo-nos-vemos/130785043743114?hc_location=stream

Más sobre Los días sin López

https://www.facebook.com/pages/Los-d%C3%ADas-sin-L%C3%B3pez/1407225936161170?hc_location=stream

Proyecto X existe, la justicia investiga lo que revelamos en OJOS VENDADOS

Hay un expediente en la justicia federal porteña que investiga la presunta realización de tareas de inteligencia interior en el marco del denominado Proyecto X y otros sistemas de recolección de datos. Y las pruebas que ya forman parte de la causa hablan por sí mismas. En noviembre de 2011 revelamos que la Gendarmería utilizó recursos humanos y materiales para espiar a dirigentes sociales con el objetivo de criminalizar sus protestas: los datos recabados en forma ilegal iban a parar a los expedientes abiertos contra líderes y militantes por cortes de rutas y manifestaciones por conflictos sociales y sindicales, en su mayoría de la zona norte del Gran Buenos Aires. A principios de este año trascendió que los investigadores del juez federal Sebastián Casanello habían determinado que el arco de organizaciones espiadas era muchísimo más amplio.

Y ayer allanaron por segunda vez dependencias de Campo de Mayo, ahora con la Policía de Seguridad Aeroportaria.

El procedimiento se realiza en el Centro de Reunión de Información de Campo de Mayo en el marco de la causa conocida como PROYECTO X, donde se investiga el espionaje de la Gendarmería Nacional contra comisiones internas y organizaciones sociales y de la izquierda. Myriam Bregman, abogada del PTS y querellante en la causa refirió que el juez Oyarbide realizó un operativo similar con la Policía Federal, pero  “en aquella oportunidad se llevó adelante en forma defectuosa y ahora logramos que se complete la medida para determinar lo que venimos denunciando: que en Campo de Mayo hay una estructura de espionaje ilegal”. La denuncia original fue presentada por el CeProDH (Centro de Profesionales por los Derechos Humanos) y otras organizaciones de  Derechos Humanos junto a la comisión interna de Kraft y Pepsico, a cuyos miembros se les iniciaron causas penales basadas en informes de inteligencia ilegales de Gendarmería. El abogado Agustín Comas, sostuvo que “así como hemos denunciado la responsabilidad gubernamental en el caso,  seguiremos denunciando a la justicia de San Martín absolutamente cómplice, que con sus jueces y fiscales es la que permitió que la Gendarmería haya llegado tan lejos”. Y Bregman aportó un dato: “Pese a la denuncia, el Proyecto X continúa en pie. Hemos detectado recientemente que se usó en una nueva causa contra un delegado gremial de la fábrica Alicorp –ex Jabón Federal-, brindando datos sobre su cargo gremial y militancia política en el Partido de los Trabajadores Socialistas/PTS, algo absolutamente prohibido por la ley”.

A excepción de dos casos, en los más de cincuenta hechos de espionaje denunciados (recolección de datos personales, fotos, confección de base de datos con datos personales y políticos, relatos detallados del contenido de reuniones sindicales y hasta análisis de conflitividad gremial) NO hubo una orden judicial, como sostiene el gobierno, porque los magistrados conocen los claros límites legales y constitucionales que tienen las tareas de inteligencia interior en nuestro país. A tal punto que varias de las causas iniciadas con las “pruebas” recogidas en estos procedimientos comenzaron a ser anuladas y los sindicalistas quedaron sobreseídos (ver notas previas en esta sección). Un juez comentó en off que en los pocos casos en que algún magistrado dio intervención a los gendarmes por cortes de ruta, los uniformados se extralimitaron respecto de lo que se les había pedido. Los dirigentes políticos y sindicales espiados piden ahora la anulación de todos los procesos abiertos por protesta social.

Ante la reciente mención de la Presidenta que cuestionó a quienes “montaron un inventado Proyecto X”, la abogada denunciante del caso, Myriam Bregman, expresó su preocupación porque consideró que es “un mensaje coercitivo y de impunidad dado que justo en este momento la investigación está en su segunda etapa de peritajes, tras lo cual la justicia deberá decidir sobre las indagatorias a la cúpula de la Gendarmería”. En los hechos, fue el propio ex jefe de esa fuerza, Héctor Schenone quien admitió ante la justicia la existencia del programa “Project X” de entrecruzamiento de datos, tal como muestra el documento que ilustra esta página, aportado por el ex funcionario cuando fue citado.

Por otra parte, OJOS VENDADOS pudo saber que hay otra causa en la que los gendarmes fueron denunciados por haber obtenido información de manera ilegal. El juez Casanello había ordenado a la Policía Federal y a la Gendarmería que investiguen una denuncia anónima por venta ilegal de drogas. Ambas fuerzas hicieron tareas de inteligencia e informaron que en ese domicilio no había nada ilegal, y la causa fue archivada. Pero al tiempo volvieron los gendarmes y dijeron que si bien allí no había nada, unas casas más allá y en otra cuadra sí encontraron algo. Casanello emitió un fallo, acompañado por el fiscal Miguel Osorio, donde declaró nula toda la prueba obtenida, ordenó que se destruya y que esos domicilio se saquen de todas las bases de datos en que hayan ingresado porque nadie había dado la orden de investigar en la cuadra siguiente sino en una casa en particular, sostuvo que laGendarmería sólo es auxiliar de la justicia y que no puede decidir espiar otras casas por su cuenta. Ahora los gendarmes serán investigados porque habrían cometido delitos de acción pública. 

Repetimos la versión completa de la primera nota sobre el caso (PáginaI12, noviembre 2011) cuyas fotos son las que tomaron los gendarmes a Victoria Moyano, nieta recuperada, y a Elia Espen, Madre de Plaza de Mayo, durante marchas en apoyo a los trabajadores de Kraft. También publicamos los links de los artículos de Clarín de marzo de este año, y las notas relacionadas al tema en este mismo sitio.

Y por último, una de las pruebas fundamentales de la causa: la lista de las miles de organizaciones espiadas por la Gendarmería en todo el país.

http://www.clarin.com/gobierno/Proyecto_X-Gendarmeria-Espionaje_0_877112428.html

http://www.clarin.com/zona/espio-Gendarmeria-mil-organizaciones_0_880112088.html

–Yo soy delegado de fábrica, quería saber de qué medio sos, porque los compañeros tienen dudas.

–Prensa independiente, amigo.
–No, decime porque sino te sacamos a la mierda.
–Yo me voy solo, no te hagas drama.
–Bueno, andate.

Este diálogo pertenece al video de una marcha aportado como prueba por la Gendarmería en la causa 481/09 del juzgado de Tres de Febrero.

Es uno de los tantos episodios por los cuales organizaciones de derechos humanos y militantes sindicales, sociales y políticos denunciarán que en diversas protestas gremiales y sociales “se ha identificado trabajo de inteligencia ilegal por parte de la Gendarmería Nacional”, hechos de los cuales dicen haber sido damnificados tanto en forma individual como colectiva. Las revelaciones surgen de las actas de esa fuerza labradas durante varios cortes de ruta y manifestaciones por conflictos en fábricas de la zona norte ocurridos en los últimos cinco años, y también en marchas por el asesinato del militante del PO Mariano Ferreyra, como así también de las declaraciones testimoniales de los gendarmes en las causas judiciales en las que están imputados los mismos dirigentes identificados por ellos en las diversas marchas y cortes de calles y rutas. Según los documentos a los que esta periodista tuvo acceso exclusivo, los uniformados admitieron que se “entremezclaron con la multitud vestidos de civil” para “conocer a los cabecillas de las manifestaciones”, y que pudieron realizar su tarea con éxito, es decir, encontrar a quien buscaban, con la ayuda de “bases de datos de la fuerza”. Incluso reconocieron que sacaron fotos de los manifestantes con sus celulares. En el caso del ex delegado de Kraft Ramón Bogado, llegaron a describir qué tipo de reuniones se hacían en su domicilio e incluso lo que allí se decidía.

Los delegados y trabajadores Lorena Gentile, Javier Hermosilla y Leonardo Norniella, junto a la nieta recuperada María Victoria Moyano Artigas y a la hija de desaparecidos Alejandrina Barry; con el apoyo de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, la Correpi (Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional), la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, Elia Espen, Madre de Plaza de Mayo, y Juan Carlos Capurro, del Comité de Acción Jurídica de la CTA y vicepresidente de la Federación Internacional de Derechoproyecto xs Humanos, impulsarán esta denuncia con el patrocinio de Myriam Bregman y los demás abogados del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (Ceprodh), como así también de la Asociación de Abogados Laboralistas. En ella solicitan que la justicia le pida explicaciones a la Gendarmería sobre “órdenes y reglamentos referidos al funcionamiento de los ‘centros de reunión de información'” a los que aluden los gendarmes en sus testimonios, en los que estarían archivados “datos de manifestantes y organizaciones sociales, políticas, estudiantiles, sindicales o de derechos humanos”, y que se informe sobre “toda normativa referente a la participación en las manifestaciones públicas y conflictos gremiales”. Según lo descripto en las actas de Gendarmería, miembros de esa fuerza pertenecientes a la Unidad Especial de Procedimiento Judicial, realizaron estas “identificaciones” en las puertas de las fábricas “para la reunión de información”, así como de ambas sedes del ministerio de Trabajo de la Nación, en ocasión de las marchas que allí sucedieron. “Solicitamos se investigue si dicha fuerza tiene una estructura de inteligencia que sistematiza datos sobre organizaciones sociales, políticas, estudiantiles, sindicales y de derechos humanos, y en su caso se investigue quiénes dieron las órdenes para que funcione dicha estructura y quiénes resultan responsables ya sea en calidad de autores, partícipes o cómplices de la realización de tareas de espionaje ilegalsobre las organizaciones referidas”, pedirán en su querella. Consultado al respecto, el ministerio de Seguridad no dió ninguna respuesta.

“La Gendarmería parece dispuesta a regular el conflicto gremial a través de este espionaje sobre comisiones internas combativas y aquellos que se solidarizan con ellos, y esto nos parece peligroso porque ahora cada trabajador que sale a luchar sabe que sus dirigentes están siendo enjuiciados y espiados”, expresó Bregman. “Venimos denunciando que hay cinco mil procesos abiertos contra luchadores, y la Gendarmería empezó a ponerle nombre y apellido a esas personas, que son protagonistas en las protestas, no es al bulto, seleccionan a quien perseguir”, completó. Más allá de plantear que los gendarmes que participaron de estos hechos podrían haber incurrido en incumplimiento de los deberes de funcionario o abuso de autoridad, los denunciantes pretenden que se investigue “la responsabilidad de los máximos oficiales de la Gendarmería dado que lo que aquí se denuncia es una práctica que aparece como institucional”. En tal sentido, recordaron que las leyes de Inteligencia y de Seguridad Interior establecen que “ningún organismo de inteligencia podrá obtener información, producir inteligencia o almacenar datos sobre personas por el solo hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales”, y que la resolución 38/2003 sobre los organismos de inteligencia de las fuerzas de seguridad y policiales “prohíbe las tareas sobre organizaciones sociales y  políticas, porque la policía realizaba esas tareas y la jurisprudencia determinó que ello es ilegal”.

Prensa independiente, gendarme encubierto.

Los letrados del Ceprodh analizaron el contenido de una decena de expedientes, que tienen como imputados a Hermosilla, Gentile y Norniella, y también a Néstor Pitrola (PO) y Vilma Ripoll (MST-Proyecto Sur) por haber participado de un corte de ruta en apoyo a los despedidos de la ex Terrabusi. De esas causas surge el detalle de estas actividades que vienen desplegando los gendarmes, en algunos casos sin ninguna orden judicial, y en otros extralimitándose más allá del pedido puntual del juzgado. La información que los uniformados habrían obtenido “clandestinamente” se va blanqueando con su presentación en estos expedientes judiciales. A pesar de que estos juzgados de primera instancia la hayan tomado por válida, es posible que surjan nulidades por el origen de estas “pruebas”.

  • En su vocabulario los gendarmes hablan de “cabecillas”, “en forma encubierta” y de “Centros de Reunión de Información”, términos que remiten a la dictadura. Y títulos como: “Información resultante explotación fuentes públicas y MM CC SS locales” o “Informe de los hechos producido por personal de Inteligencia del Centro de Reunión de Información ‘Campo de Mayo’ de Gendarmería Nacional”.
  • En la causa 620/2010 del juzgado federal 2 de Tres de Febrero la gendarme Elizabeth Calisaya declaró que “encontrándose vestida de civil se entremezcló con la multitud, de manera encubierta, y comenzó a recabar los datos de las personas en cuestión (que terminaron imputadas en ese expediente por un corte de ruta), preguntando entre los que se manifestaban el nombre de los cabecillas, obteniendo los datos de los imputados Gentile, Norniella y Coria”. De hecho, Leonardo Norniella es un reconocido delegado de Pepsico, y Oscar Coria lo era de Kraft antes de ser despedido. “Esta modalidad es rutinaria cuando se dan los cortes de ruta a efectos de conocer a los cabecillas de las manifestaciones”, agregó en su declaración testimonial. Calisaya aclaró que al principio se confundió porque preguntó por Norieta, pero luego “lo aclaró a través de la base de datos con que cuenta la fuerza en la cual se desempeña, dado que no era la primera vez que Norniella encabezaba un corte”. Los denunciantes consideran que la Gendarmería debe responder qué datos contienen esas bases que le permiten a la agente identificar “correctamente” a Norniella, Gentile y Coria como delegados de Kraft y Pepsico, como así también quién ordenó la confección de ese archivo y quiénes acceden a él.
  • En la causa 481/09, del mismo juzgado el gendarme Raúl Ernesto Sheurman relató que durante una manifestación “intentó ubicar a dos personas que ya conoce como ‘organizadores’ de otros cortes, pero como no pudo sacar fotos de ellos le sacó a otros manifestantes ‘con el celular’ para no sufrir reprimendas de los manifestantes”.
  • En la causa 5234/10 del juzgado federal 1 de San Martín Jorge Sobrado, ex detenido desaparecidos, es mencionado por el gendarme Rodríguez López por haber participado en un acto de solidaridad con los trabajadores de la empresa CAT, y agrega que “ya lo conocía de las protestas de Kraft”. Sin embargo, los denunciantes sostienen que “Sobrado jamás fue indicado como participante de las medidas de protesta de los trabajadores de Kraft”. *En la causa 481/09 surgen fotografías y  videos aportados por la Gendarmería, con primeros planos a militantes de derechos humanos como Elia Espen y María Victoria Moyano Artigas. En las filmaciones consta como los gendarmes se hacen pasar por periodistas, y al ser increpados por delegados de fábrica sobre a qué medio pertenecen responden “prensa independiente”.
  • En la causa 141/07 la Gendarmería informó sobre el domicilio particular del delegado Ramón Bogado que “a simple vista se pudo determinar que el lugar no se trata de una finca destinada a vivienda familiar sino de un local destinado a reuniones gremiales, se observan movimientos de unas 50 personas organizando una manifestación para el día 7 de mayo frente a la empresa en protesta de los salarios percibidos (sic)”. En otro informe los gendarmes describen que el gremio de la alimentación “se encuentra dividido en dos sectores, uno ‘radicalizado’ y otro ‘más componedor’; evalúan si el conflicto de Kraft tiene apoyo, que el delegado Javier Hermosilla “proyecta su incidencia sobre el resto de los trabajadores” y que “fue quien mejor explicó el conflicto a los MM CC SS”, y hasta por qué sucedieron los despidos. “Se estima como probable la  intervención del ministerio de Trabajo en las próximas horas, dictando la conciliación obligatoria”, escriben los gendarmes.
  • El 21 de agosto de 2009 al mediodía los trabajadores de Kraft tenían previsto manifestarse sobre la Panamericana, a la altura del kilómetro 35. Pero ya a las 10.45 tanto la Gendarmería, comandante Julio Panozzo) y Autopistas del Sol, Eduardo Pomsztein, sabían de la protesta. ¿Cómo accedieron a esa información? En el acta labrada por el juzgado federal 1 de San Isidro, Pomsztein dice que se lo informó el comandante Díaz Aragón, a cargo del Escuadrón de Gendarmería afectado al Acceso Norte. Díaz Aragón jamás fue citado a dar explicaciones de cómo accedió a ese dato.
  • En el marco de ese proceso el comandante Cristin Rodríguez informa: “En el lugar (Henry Ford y Panamericana) se encontraban aproximadamente 10 personas en preparativos de lo que se denomina ‘olla popular’, a la espera de un grupo que se encontraba en la Capital negociando condiciones laborales ante el ministerio de Trabajo”. A fojas 176/177 el mismo comandante hace un detallado informe sobre el conflicto gremial, en el que describe las reuniones en el ministerio de Trabajo, quiénes participaban de ellas, qué grupos acudieron en apoyo a manifestarse en la calle y hasta cuándo serían los próximos encuentros.
  • Otra de las  actividades de los uniformados denunciados fue clasificar a los manifestantes según el Centro de Estudiantes al que pertenecen, y establecer una “cronología de las medidas de fuerza” referida a las acciones realizadas en Capital en apoyo a los conflictos mencionados. En las numerosas actas  labradas por los gendarmes hay un persistente interés por el encuadre político o gremial que pudieran tener los manifestantes. Incluso han llegado a nombrar como presente en las marchas a personas que habían fallecido meses antes, es decir que “el autor del ‘delito’ estaba decidido previamente no en base a una acción concreta de éste sino por una decisión tomada en un oscuro escritorio donde se indicó que determinadas personas debían ser criminalizadas, espiadas y llevadas ante un tribunal, sin más”. Es el caso del dirigente de la Corriente Clasista y Combativa Luis Cubilla, que murió el 11 de junio de 2009 y fue mencionado por los gendarmes aduciendo que lo vieron manifestarse el 20 y 21 de agosto de ese año.

No es la primera vez que sucede, la tentación de espiar a los ciudadanos parece ser irresistible para las fuerzas armadas y de seguridad, aún en democracia y a pesar de la  legislación que lo prohibe. Quienes pidieron que estos hechos sean investigados aspiran a que sea la última.

CRIMINALIZAR LA PROTESTA SOCIAL – Avanza la causa Proyecto X

Tras la denuncia, con los primeros hallazgos de la investigación judicial el caso comenzó a llamarse Proyecto X. Tal es la  denominación de una de las bases de datos que usaron los gendarmes, junto al Sistema de Antecedentes de Gendarmería SAG y Sistema de Gestión  Operativa SGO, por ejemplo, en los casos de Luciano Arruga, Florencia Penacchi, Antonini Wilson y Felisa Miceli. Aunque la auditoría interna que hizo el  ministerio de Seguridad no encontró ninguno de los elementos de la acusación, las propias respuestas de la Gendarmería al juzgado confirman las  actividades descriptas por los querellantes. Según los organismos de derechos humanos y sociales denunciantes, “el escándalo provocó una gran crisis  en el gobierno porque apuntó al contrato fundacional del kirchnerismo en cuanto a la no criminalización de la protesta social, y ahora quedó demostrado cómo tienen todo un andamiaje para hacerlo”.

El fiscal federal Gerardo Pollicita determinó la necesidad de investigar si agentes de la Gendarmería de  modo institucionalizado tuvieron un actuar en desmedro de las leyes 24.059 y 25.520. Previo al requerimiento fiscal el ministerio de Seguridad informó  sobre la existencia de las bases de datos, pero no mencionó la que tiene sede en Campo de Mayo, de donde, según los denunciantes, salió la  información para incriminar a los militantes y manifestantes. Y envió al juzgado una auditoría interna propia que dio resultado negativo, es decir que  niega las acusaciones. En su conferencia de prensa del 24 de febrero, la ministra del área Nilda Garré sostuvo que el Proyecto X no se usaba porque  estaba “obsoleto”. Sin embargo, recientemente la presidenta Cristina Fernández afirmó que habían hecho un hallazgo de droga a través de ese sistema.  En concreto, a partir de la difusión de la denuncia, Proyecto X dejó de utilizarse pero la Gendarmería está pidiendo que los dejen volver a hacerlo porque  dicen que de otro modo no pueden cumplir con los requerimientos judiciales. En las respuestas de la Gendarmería a las preguntas de la fiscalía  consta que lo usaron hasta la fecha de la auditoría interna.

El juez del caso, Norberto Oyarbide, nombró a un perito de la SIDE con identidad reservada,  algo que rechazaron los denunciantes porque sostienen que ese organismo de inteligencia responde al Poder Ejecutivo, que es el investigado.

La  Gendarmería también informó sobre la directiva del Director Nacional 01/2009 que regula la actuación de los “elementos del despliegue ante hechos de  alteraciones al orden público”, que además de mencionar si deben colocar vallas, si deben dispersar dejando una vía de salida y cómo tomar contacto  con el juez, describen que “se practica reunir información, a fin de identificar a los dirigentes o delegados y/o representantes ‘líderes’ del grupo de  manifestantes, tratando de documentar todo mediante tomas fotográficas, filmaciones, grabaciones”. En el Anexo 2 consta que establecen la  conformación de un “equipo de registro fílmico y fotográfico cuya misión es la de captar imágenes de lo que sucede dentro de una manifestación para  eventualmente (sic) ser utilizadas, de ser necesario ante un proceso judicial”. Según dijo la abogada Myriam Bregman a Ojos Vendados, “esto demuestra  que filman sin orden judicial y después blanquean según las necesidades de las causas, juntan información y después deciden qué hacer con  ella, tal como venimos denunciando”.

Entre la documentación remitida al juzgado figura el texto completo de esa directiva firmada por el jefe de los  gendarmes, Héctor Schenone, en el que habla de la crisis económica mundial, de la cual nuestro país no es ajeno, de la situación en el conurbano e  indica con las siglas CRN a los cortes de rutas nacionales. Entre las “actividades previas” indica: “Lograr una adecuada y eficiente reunión de información  y producción de Inteligencia, necesaria para definir el Escenario Nacional y determinar el empleo operacional de GNA (Gendarmería  Nacional Argentina), en los Escenarios Regionales emergentes atento la problemática social de cada lugar (prioridades); a fin de brindar un adecuado  asesoramiento a la conducción de la Fuerza”. Y luego de indicar cómo producir y difundir los informes, expresa: “Todo lo expuesto precedentemente, se  propone que se establezca claramente, en atención al marco legal que posee el Sistema de Inteligencia Criminal, en especial, a lo referido a los distintos procedimientos, medios de reunión y mecanismos de difusión, para que la información o la inteligencia producida sea utilizada en forma oportuna e integralmente por los escalones de la Fuerza que deban adoptar previsiones para una eventual y futura acción operacional”.

En el Anexo IV aparecen  correos electrónicos, y uno de ellos es un informe sobre la Corriente Clasista Combativa (CCC) en Jujuy, un croquis, el nombre del dirigente del lugar y  hasta la temperatura. También recomiendan que en las manifestaciones públicas hay que mantener lejos el periodismo para no dañar la imagen de la  institución y “neutralizar en forma sutil su accionar”.

proyecto xEn la inspección ocular al edificio Centinela del 9 de mayo los peritos encontraron precintado el  sector de Proyecto X, y determinaron que necesitan elementos especiales para realizar los peritajes. Por su parte, el juez Oyarbide se declaró  incompetente por las acusaciones referidas a la base de datos de Campo de Mayo, que fue el eje de la denuncia mientras que todo lo que trascendió  luego sobre Proyecto X surge de la propia documentación y respuestas de la Gendarmería. El juez remitió el caso a la justicia de San Martín, lo cual fue  apelado por la querella por considerar que en esa jurisdicción “avalaron” el espionaje y donde tramitan la mayoría de las causas contra dirigentes de la  zona norte.

Los denunciantes apuntaron que “la responsabilidad esta vez no puede ser achacada a gobernadores, a la bonaerense o a la burocracia, sino  que es exclusiva del Poder Ejecutivo”. Y subrayaron que, además de haber violado la Ley Nacional de Inteligencia, también fueron avasalladas la ley de protección de datos personales y la prohibición de actuar en manifestaciones sin identificación. En definitiva, esta metodología pone al descubierto,  según indicaron las organizaciones denunciantes, que “la inmensa mayoría de las causas penales contra luchadores fueron armadas de  esta manera: con actas redactadas en el lugar de las manifestaciones públicas por efectivos de las fuerzas de seguridad, que resultan luego los  exclusivos testigos, por lo cual esos procesos deberían caer por su absoluta nulidad”. El informe sobre la criminalización de la protesta social en  Argentina relevó 2268 casos, que se suman a centenares de la CTA. Pero la amplia mayoría de los procesados pertenecen a partidos de izquierda  trotskista, en especial al Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS).

Antecedentes de inteligencia interior

ESA MALA COSTUMBRE DE ESPIAR  FRONTERAS ADENTRO

El uso de los recursos humanos y materiales del Estado para realizar tareas de inteligencia o espionaje, aunque vedado por la  ley, se reitera en las últimas décadas en variados ámbitos, desde la estructura montada por el jefe de Gobierno Mauricio Macri hasta las actividades de  los marinos de la base Almirante Zar. Pero los antecedentes se remontan a 1997, cuando el ministro menemista Carlos Corach realizó “espionaje ideológico” a pobladores, organizaciones y dirigentes de las “villas de emergencia”.

Dos años más tarde, el también menemista Carlos Alderete usaba  los recursos del PAMI para espiar a políticos de la Alianza, periodistas y jubilados. En 2000 el Ejército hizo seguimientos a la justicia federal en Córdoba.  Ese mismo año, en marzo, cinco oficiales de la Fuerza Aérea fueron procesados por hacer tareas de inteligencia a una decena de periodistas, a una ONG  de mujeres y a agrupaciones estudiantiles y políticas. El caso de los aviadores espías había sido revelado por Página/ 12, y uno de los periodistas  espiados llegó a ser indemnizado. Seis meses más tarde, el juez Martín Silva Garretón ordenó a la Policía Federal, al Poder Ejecutivo y al ministerio del  Interior que “pongan fin de inmediato a toda actividad de servicios de inteligencia” sobre partidos políticos y organizaciones sociales.

En marzo de 2007  la policía salteña investigó a docentes en huelga. Y en julio del mismo año este diario informó que fiscales y policías federales entregaron informes a la  Unidad de Apoyo para la Investigación de Delitos Complejos en Materia de Drogas (UFIDRO) sobre la “presunta amenaza del narcoterrorismo de las  FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia)”. En esos trabajos pusieron bajo la lupa los “secuestros de la Triple Frontera” y las actividades en  el país del vocero de las FARC, Javier Calderón. Entre los “denunciados” de participar en ellas figuraban Luis Farinello, Adolfo Pérez Esquivel, Patricio  Echegaray y la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo. “Estos informes, en los que se describen actividades políticas y sociales pero no se habla ni de un porro, habilitan a que nos investiguen a todos los militantes sociales que, por ejemplo, participamos de varios foros en la Triple Frontera por el  tema del acuífero. Apuntan a deslegitimar a dirigentes populares vinculándolos con las FARC y a insistir con que la Triple Frontera es ‘ese sitio oscuro a  atacar’, como sostiene (George) Bush”, había dicho en aquel momento la Liga Argentina por los Derechos del Hombre.

http://www.aq000353.ferozo.com/index.php/item/97-manual-sobre-la-ingenier%C3%ADa-del-espionaje-y-la-criminalizaci%C3%B3n-de-la-protesta

http://www.aq000353.ferozo.com/index.php/item/82-el-cels-se-hizo-amigo-del-juzgado-que-investiga-el-proyecto-x

http://www.aq000353.ferozo.com/index.php/item/73-los-gendarmes-nos-quisieron-lavar-la-cabeza

http://www.aq000353.ferozo.com/index.php/item/71-avanza-la-causa-por-el-espionaje-se-cierra-la-que-imput%C3%B3-a-delegados-espiados

PRINCIPALES ORGANIZACIONES QUE ORIGINARON LAS EXPRESIONES SOCIALES MONITOREADAS POR LA FUERZA

GREMIOS DE ALCANCE NACIONAL

  • Docentes Universitarios agrupados en la CONADU y CONADU Histórica.

  • Comisión de Esposas de Militares Retirados (CEMIR).

  • Entidades del campo agrupadas en la CRA, FAA, SRA y CONINAGRO juntos con autoconvocados y mujeres por la lucha.

  • Los choferes de micros de larga distancia agrupados en la UTA.

  • Federación de Transporte Rurales Argentinos de Santa Fe, Federaciones de Transportes de Cargas, Filiales de Córdoba, Entre Ríos, conjuntamente con Transportistas Autoconvocados.

  • Personal de SENASA.

  • Empresas de cargas agrupadas en la Unión Ferroviaria (UF).

  • Asociación Antidroga de la República Argentina.

  • Bloque Petrolero Patagónico (Neuquén y Río Negro, Chubut y Santa Cruz).

  • Sindicato Único de Personal de Aduana (SUPARA).

  • Sindicato de Obreros de Estaciones de Servicios, Garajes, y Playas de Estacionamientos (SOESGYPE).

  • Federación de Obreros y Empleados de Estaciones de Servicios (FECOBA).

  • Mujeres agropecuarias autoconvocadas del ámbito nacional.

  • Trabajadores agrupados en la UOCRA.

  • Productores agropecuarios agrupados en la FAA.

  • Unión Docentes Argentinos (UDA).

  • Trabajadores de organismos de la Administración Pública Nacional agrupados en ATE.

  • Docentes agrupados en la CTERA.

  • Productores agropecuarios autoconvocados, de la región de la Pampa Húmeda y pcia. de San Luis.

  • Docentes agrupados en la CTERA, UDA y CTA.

  • Empleados de las distintas empresas de las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP).

  • Empleado del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

  • Trabajadores del SENASA agrupado en ATE.

  • Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA).

  • Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Central de Trabajadores Argentino (CTA) y el Centro Nacional de Jubilados y Pensionados.

  • Confederación de Trabajadores Municipales de la Republica Argentina.

  • Asociación Bancaria (AB).

  • Sindicato de Choferes de Camiones.

  • Choferes de REPSOL YPF agrupados en el Sindicato de Camioneros.

  • Sindicato de Maquinistas de Trenes agrupados en La Fraternidad.

  • Central de Trabajadores Argentinos (CTA).

  • Trabajadores de la Administración de Parques Nacionales, agrupados en ATE.

  • Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval (FEMPINRA).

  • Coordinadora de Pueblos Originarios.

  • Sindicatos de las Áreas Marítimas, Aérea y Terrestre agrupados en la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT).

  • Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines de la República Argentina a (CECHA).

CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

  • Familiares y amigos de las víctimas de Cromañón.

  • Ex trabajadores Portuarios.

  • Empleado del PAMI-INSSJP, nucleados en ATE.

  • Agrupación HIJOS.

  • Trabajadores del teatro Colon Agrupados en ATE

  • Asociación de las Madres del Dolor y vecinos autos convocados.

  • Asociación de Trabajadores del Estado (ATE – CTA).

  • Movimiento Universitario “Sur” y estudiantes secundarios de distintos colegios de la Ciudad.

  • Mujeres agropecuarias autoconvocadas del interior del país

  • Trabajadores de la Salud, agrupados en ATE.

  • Empleados del Ministerio de Trabajo de la Nación.

  • Profesionales en Formación del Sistema de Salud Porteño

  • Movimiento Patriótico Revolucionario “Quebracho” y otras organizaciones sociales y DDHH.

  • Docentes agrupados en UTE ADEMYS – CTERA y SADOP.

  • Varias organizaciones sociales, sindicales y movimientos campesinos.

  • El gremio de Pilotos de Aerolíneas (APLA).

  • Unión de Aviadores de Líneas Aéreas (UALA).

  • Asociación de Pensionados y Jubilados.

  • Desocupados del MIJD.

  • Asociación Gremial de Docentes Universitarios (AGDU – UBA).

  • Trabajadores de Unión Obrera Metalúrgica (UOM).

  • Integrantes de la Asamblea de San Telmo.

  • Estudiantes de agronomía de la UBA, integrantes de la Agrupación Pampa Sur.

  • Asociación del personal de los Organismo de Previsión Social (APOPS).

  • Agrupación Tendencia Juvenil Revolucionaria (TJR).

  • Bloque Piquetero Nacional y otras organizaciones sociales.

  • Integrantes de la Comisión “Salvemos al Tren”.

  • Sindicato Único de Trabajadores del Espectáculo Público. (SUTEP).

  • Asociación bancaria (AB).

  • Desocupados de la CCC

  • Sindicato de peones de Taxis de la Ciudad.

  • Tripulantes de la empresa LAN.

  • Asociación de Jubilados y Pensionados de la Argentina.

  • Estudiantes Universitarios de la FUBA.

  • Trabajadores de organismos de la Administración Pública Nacional, agrupados en ATE.

  • Federación de Trabajadores de la Cultura y la Comunicación (FETRACON).

  • Central de los Trabajadores Argentinos (CTA).

  • Estudiantes del Instituto de Enseñanza Superior Nro 1 “Alicia MOREAU de JUSTO”.

  • Movimiento Libres del Sur y Desocupados de Barrio de Pie.

  • Trabajadores de la salud agrupados en ATE.

  • Vecinos de la Villa 20-.

  • Trabajadores Culturales De La Ciudad.

  • Unión Trabajadores de la Educación, agrupada en (UTE) – CTERA.

  • Estudiantes secundarios y Docentes.

  • Estudiantes secundarios de los colegios, Carlos Pellegrini, Normal 1, Escuela de Cerámica Nro 1 y Escuela Julio Cortazar otros establecimientos escolares.

  • Integrantes de distintas organizaciones, estudiantes y gremios.

  • Comité Académico de la Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo.

  • Distintas organizaciones sociales.

  • Integrantes de la Asociación de Ahorristas.

  • Estudiantes de la Facultad de Ciencias Médicas.

  • Distintas organizaciones sociales de mujeres.

  • Familia de discapacitados.

  • Unión de Personal Militar – Asociación Civil (UPM).

  • Habitantes de las Villas 31 y 31 Bis del Barrio de Retiro.Distintas agrupaciones de jubilados.

  • Integrantes de la Asociación Civil de la Casa del Encuentro y otras organizaciones.

  • Sindicato Unido Portuarios Argentinos (SUPA).

  • Organismos Nacionales de Salud.

  • Residentes de la Comunidad Boliviana en Argentina.

  • Trabajadores del teatro Colón.

  • Sindicato de Choferes de Camiones.

  • Choferes de diferentes líneas de colectivos.

  • Trabajadores de Aerolíneas Argentinas y Austral.

  • Residentes de la Comunidad Boliviana en Argentina.

  • Asociación Docentes de Enseñanza Media y Superior (ADEMYS).

  • Docentes del Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica (ISER).

  • Asociación de Familiares y Amigos de los Presos Políticos de Argentina (AFyAPPA).

  • Empleados de las distintas Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP).

  • Vecinos del Barrio de La Boca junto con instituciones escolares de la zona.

  • Familiares y amigos de víctimas de la violencia e impunidad institucional y otros sectores sociales.

  • Sindicato Independiente de Mensajeros y Cadetes. (SIMECA).

  • Integrantes de la CTA y otras organizaciones sociales.

  • Asambleas Ciudadana “Rutas Libres”.

  • Trabajadores y empresarios dueños de restaurantes, bares y cafés.

  • Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC).

  • Familiares y amigos de un joven asesinado el 22 de agosto pasado.

  • Trabajadores del INDEC, agrupados en ATE.

  • Empleados del IOSE y trabajadores de ATE.

  • Desocupados de Barrios de Pie.

  • Docentes del programa “Adultos 2000”.

  • Trabajadores del Hospital Garran.

  • Trabajadores del Hospital Francés.

  • Trabajadores del Hospital Penna.

  • Desocupados del Movimiento “Teresa Rodríguez – La Dignidad”.

  • Vecinos y organizaciones sociales de distintos barrios de la ciudad.

  • Cooperativas de Viviendas de la Ciudad.

  • Trabajadores de los Hospitales Gutiérrez y Álvarez.

  • Trabajadores de la salud e Investigadores del Instituto “Malbrán” y otros organismos de la salud.

  • Asociación en Defensa de la Vivienda Familiar de la República Argentina (ADERIFRA).

  • Vecinos autoconvocados del Barrio de Constitución, Movimiento de Trabajadores Excluidos que agrupa a varias Cooperativas de Cartoneros.

  • Trabajadores del Hospital “Argerich” y otras organizaciones sociales.

  • Personal de los hospitales de la Ciudad agrupados en UPCN.

  • Movimiento barrios de pie y vecinos de la villa 31 de Retiro.

  • Multisectorial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

  • Vecinos del barrio Balvanera.

  • Vecinos de Villa Soldati.

  • Productores agropecuarios agrupados en la Mesa de Enlace Provincial de Entre Ríos.

  • Ex Soldados conscriptos de las clases 53, 54, 55, 58 y 59.

  • Ex Conscriptos que fueron desplegados al Sur del paralelo 42, durante la Guerra de Malvinas.

  • Integrantes del Polo Obrero.

  • Agrupación Convergencia Socialista, la asamblea de San Telmo e Izquierda de los trabajadores.

  • Médicos y Profesionales de la Salud de la CABA.

  • Autoconvocados de distintos barrios porteños.

  • Médicos residentes y profesionales de la salud de la Ciudad.

BUENOS AIRES

  • Familiares e integrantes del “Frente Darío Santillán” y Maximiliano Kosteki.

  • Productores Rurales de la Provincia.

  • Ex trabajadores de la Empresa Textil “MAFISSA” de Olmos – La Plata.

  • Transportistas de cargas.

  • Empleados de la UOCRA

  • Trabajadores metalúrgicos agrupados en la UOM, delegación Campana.

  • Organizaciones Sociales, Corriente Clasista y Combativa (CCC) Federación de Tierra y Vivienda (FTV).

  • Empleados del PAMI, delegación Quilmes.

  • Docentes del centro Universitario Merlo, CBC de la UBA

  • Agrupación Convergencia Socialista.

  • La coordinadora contra la represión Policial e Institucional (CORREPI).

  • Habitantes de distintos barrios de Vicente López.

  • Habitantes carenciados de la zona de José León Suárez, que realizan tareas en el Ceamse.

  • Vecinos de la localidad de Escobar.

  • Desocupados y otros sectores sociales.

  • Integrantes de Organizaciones Sociales, “MST”, “CCC”, “Polo Obrero” y “MTD Lugano”.

  • Habitantes autoconvocados de Gral. Rodríguez.

  • Vecinos autoconvocados de la localidad de Martínez.

  • Habitantes autoconvocados de la Matanza.

  • Empleados de la fábrica “KRAFT FOODS ARGENTINA” de la localidad de Gral. Pacheco.

  • Empleados de peajes de la AU “Oeste”.

  • Comisiones directivas del SUTEBA (zona sur).

  • Docentes agremiados en ATE “zona sur” de Loma de Zamora.

  • Docentes y Alumnos de las Escuelas Nros 116 y 203 de La Matanza.

  • Integrante de la Asamblea del Delta y Río de la Plata.

  • Centro de profesionales de los derechos humanos y otras organizaciones.

  • Productores de la FAA, autoconvocados, integrantes de la CCC y trabajadores de las AFJP de Bahía Blanca.

  • Productores agropecuarios agrupados en la FAA y en la Sociedad Rural de San Pedro.

  • Movimiento denominado “Chicos del Pueblo” y otras organizaciones sociales de Moreno.

  • Agrupación Movimiento de Organización Social (MOS):

  • Trabajadores del frigorífico INCOB (RN 3 km 693), de Bahía Blanca.

  • Desocupados de la CCC, FTV MTD y otros sectores sociales de La Matanza.

  • Personal no docente agrupado en ATE.

  • Docentes agrupados en SUTEBA y ATE.

  • Maestros agrupados en la Unión Docente de la Provincia de Buenos Aires (UDOCBA).

  • Integrantes del MST y del PO.

  • Vecinos carenciados de “Villa Hidalgo” de San Martín.

  • Trabajadores de la Planta de Emprendimientos Ferroviarios S.A. seccional San Martín.

  • Vecinos de la localidad de Lezama, partido de Chascomús.

  • Trabajadores agrupados en la UOCRA de la Central Nuclear “Atucha II”.

  • Integrantes del Movimiento Barrio de Pie.

  • Integrantes del Frente Popular Darío Santillán.

  • Desocupados del Movimiento Barrios de Pie.

  • Médicos y profesionales de hospitales públicos bonaerenses agrupados en CICOP.

  • Familiares, amigos y vecinos de un comerciante asesinado en la localidad de Palomar.

  • Habitantes del partido de Tigre.

  • Habitantes del partido de San Isidro.

  • Vecinos autoconvocados de Lomas del Mirador partido la Matanza y otras organizaciones.

  • Familias carenciadas del Barrio Stella Maris de Bahía Blanca.

  • Organizaciones sociales de La Plata.

  • Integrantes de la Asociación Antidroga de la República Argentina, Comisión de Madres Contra el Delito, Enlace Vecinal Núñez Chico, Foro de Seguridad Villa Madero y otras organizaciones no gubernamentales.

  • Empleados del Banco de la Provincia de Buenos Aires (BAPRO

  • Trabajadores de la empresa de transporte de pasajeros “Ecotrans”.

  • Trabajadores de la empresa “ARCOR”.

  • Choferes de colectivos de la Empresa 278 que presta servicios en la zona de Lomas de Zamora, Quilmes y Almirante Brown.

  • Sindicato de choferes de camiones.

  • Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA).

  • Trabajadores agrupados en el gremio ATE.

  • Empleados de la Fábrica PSA CITROEN – PEUGEOT San Martín.

  • Trabajadores Judiciales de la Provincia.

  • Empleados municipales Tornquist.

  • Trabajadores del Hospital Posadas (Haedo).

  • Integrantes de la Coordinadora de Bachilleratos Populares.

  • Vecinos del barrio de Mataderos.

  • Vecino de la Horqueta (San Isidro).

  • Productores tamberos.

  • Vecinos autoconvocados.

  • Federación Agraria Argentina (FAA).

  • Vecinos de la Base 5 Rafael Castillo – La Matanza.

  • Trabajadores municipales de Punta Alta.

  • Productores rurales agrupados en la CARBAP.

  • Trabajadores municipales de Carmen de Patagones.

  • Trabajadores del Peaje, ubicado en la AU Ricchieri de Tapiales.

  • Trabajadores de la empresa La Filomena (fábrica de envases plásticos).

  • Vecinos del peaje de la RN 8 y RP 6.

  • Organizaciones Sociales de la localidad de Banfield y de La Plata.

  • Distintos gremios estatales (CTA, docentes, judiciales y profesionales de la salud).

  • Asociación Judicial Bonaerense.

  • Los gremios docentes de SUTEBA, FEB , UDA, AMET Y SADOP.

  • Organizaciones sociales.

  • Trabajadores del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI)

  • Foro Ambiental Bonaerense y Vecinos autoconvocados de La Plata.

  • Sindicacto de la Industria de la Carne y sus Derivados del Gran Bs As y Zona Sur de la Provincia (SICGBA):

  • Trabajadores civiles de la Armada agremiados en ATE (Bahía Blanca).

  • Empleados de la fabrica Ecotermo agremiados en la UOM. (Hurlingham).

  • Habitantes de barrios aledaños al Centro Atómico “Ezeiza”, ONG y ambientalistas de la zona.

  • Vecinos de Ingeniero Bundge.

  • Trabajadores estatales, agrupados en el Frente de Gremios Estatales, ATE, Viales, SOEM, Judiciales y UPCN de Bahía Blanca.

  • Estudiantes de Arte de escuelas públicas de Avellaneda.

  • Trabajadores municipales de Bahía Blanca.

  • Ciudadanos de nacionalidad paraguaya alojados en el Penal de Marcos Paz.

  • La Comisión de Residentes de la provincia de Buenos Aires.

  • Concejo Directivos de ATE.

  • Habitantes de la localidad de Cnel. Brandsen.

  • Vecinos autoconvocados de Ciudad Evita, Aldo Bonzi, Tapiales, Laferrere y González Catán.

  • Vecinos autoconvocados de Hudson y Ensenada y Punta Lara.

  • Vecinos autoconvocados de Gonnet, City Bell y Villa Elisa.

CATAMARCA

  • Empleados de la Cooperativa de Tamberos (COOTALI) del Dpto. Valle Viejo.

  • Empleados municipales de la localidad de “Valle Viejo”.

  • Empleados municipales de Capayán agrupados en SOEM

  • Empleados Municipales de la ciudad capital, agrupados en el SOEM.

  • Vecinos autoconvocados de la localidad de Saujil.

  • Trabajadores de la empresa “CEHOSA”.

  • Vecinos autoconvocados del Barrio San Antonio de la capital

  • Empleados de la Municipalidad de Antofagasta de la Sierra.

  • Empleados de la Empresa “ALMACOR” que realiza refacciones de una Escuela de la localidad de San José, Dpto. Santa María.

  • Docentes preuniversitarios de Fray Mamerto Esquiú.

  • Productores rurales de la provincia.

  • Productores agropecuarios y otros sectores sociales.

  • Productores tabacaleros de la localidad de Los Altos, Dpto Santa Rosa.

  • Productores agropecuarios de la localidad de Los Altos, Dpto Santa Rosa.

  • Trabajadores municipales temporarios del Dpto. Santa María.

  • Empleados Municipales, agrupados en el SOEM y delegaciones del interior.

  • Veteranos de Guerra del conflicto bélico de 1982- de San Fernando del Valle de Catamarca.

  • Trabajadores de Rentas de la provincia.

  • Vecinos de Pomán.

  • Trabajadores de la Secretaria del Agua y Medio Ambiente.

  • Operarios de la empresa “ENCATA” S. A.

  • Empleados municipales de las localidades de El Alto, Fiambalá y Pomán.

  • Empleados de la fábrica “Arcor” de Recreo, agrupados en el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA).

  • Padres de alumnos de la Escuela EGB de la localidad de Aconquija (distante a 190 Km de la ciudad capital).

  • Unión de asambleas ciudadanas (UAC).

  • Servicio de transporte urbano de pasajeros de las empresas GM, Cooperativa “San Fernando” y “25 de Agosto”.

  • Docentes municipales de San Fernando del Valle de Catamarca.

  • Personal no docente de la Universidad Nacional de Catamarca (UNCA).

  • Autoconvocados de la Salud.

  • Empleados municipales de Tinogasta.

  • Asociación de Trabajadores Estatales (ATE).

  • Militantes del Polo Obrero.

  • Trabajadores metalúrgicos afiliados a la UOM.

  • Ambientalistas de Tinogasta, Belén, Santa María y Andalgalá.

  • Trabajadores despedidos de la empresa de energía eléctrica EDECAT.

  • Vecinos de la localidad de Miraflores, Dpto Capayán.

  • Municipales de la localidad de Mutquin Dpto. Poman.

  • Trabajadores de la salud agrupados en ATSA.

  • Autoconvocados por la Vida.

  • Docentes agrupados en ATECA, SUTECA, UDA y SADOP.

  • Sectores agrupados en el Polo Obrero de San Fernando del Valle de Catamarca.

  • Habitantes del Bº Villa Eumelia de la ciudad capital.

  • Trabajadores no docentes de la provincia.

CÓRDOBA

  • Coordinadora de Gremios Estatales (SEP, Frente Gremial Docente UEPC, SADOP, AMET, ADEME, UDA, ADIUC y Luz y Fuerza).

  • Organizaciones Sociales, Sindicales y de Derechos Humanos.

  • Productores agropecuarios de la provincia.

  • Federación y Transportistas Autoconvocados de la Provincia.

  • Empleados de la fábrica “Arcor” de la localidad Colonia Caroya.

  • Integrantes del Gremio AOMA (Asociación de Obreros y Mineros de la Argentina),

  • Empleados del Correo Argentino de la Capital Provincial.

  • Docentes agrupados en UEPC y SADOP.

  • Docentes autoconvocados.”Lista Fucsia”

  • Distintas organizaciones sociales.

  • Empleados municipales agrupados en el (SUOEM) de la Capital Provincial.

  • Trabajadores del Servicio de Emergencia 107 de la municipalidad de Córdoba.

  • Empleados de la Empresa de ECOGAS, de la Ciudad Capital.

  • Personal de la Caja de Jubilaciones, Retiros y Pensiones de la provincia de Córdoba.

  • Centro de residentes Bolivianos.

  • Trabajadores del Sindicato de SMATA, delegación de Córdoba.

  • Docentes de la escuela preuniversitaria, Manuel Belgrano de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC).

  • Vecinos del Barrio “Poeta Lugones” de la ciudad de Córdoba.

  • Centros de estudiantes, vecinales y otros sectores sociales de la ciudad de “Carlos Paz”.

  • Vecinos de la localidad de Unquillo.

  • Vecinos autoconvocados de la ciudad de capital.

  • Vecino de la villa “Kilómetro 8″de la capital.

  • Docentes de la Escuela preuniversitaria, Manuel Belgrano de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC).

  • Detenidos en el penal de “BOWER” Dpto Santa Maria.

  • Docentes e investigadores Universitarios de Córdoba (ADIUC)

  • Empleados municipales agrupados en el SUOEM.

  • Asociación de Jubilados Autoconvocados de Córdoba (AJUPROCOR).

  • Unión de Empleados de la Construcción Argentina (UECARA).

  • Distintas Organizaciones Sociales.

  • Empleados de la Legislatura provincial.

  • Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA).

  • Trabajadores de la Unión de Obreros Metalúrgicos (UOM).

  • Remiseros de la ciudad de Córdoba.

  • Usuarios del Transporte Urbano de Pasajeros y vecinos autoconvocados de Córdoba.

  • Sindicato de Peones de Taxis.

  • Asociación de permisionarios de Taxis.

  • Empleados judiciales agremiados a UEJN.

  • Habitantes de la ciudad de Río Tercero.

  • Remiseros agrupados en la CAPROPER, PRACAC y las Cooperativas Vip y AUTOCOOP.

  • Habitantes del Bº Nuestro Hogar III de la ciudad de Córdoba.

  • Unión Empleados de la Construcción y Afines de la Republica Argentina (UECARA).

  • Unión de Policías y Penitenciarios Argentina Córdoba (UPPAC).

  • Trabajadores de la Empresa Caminos de la Sierras S.A. (concesionaria de la red de acceso a Córdoba).

  • Trabajadores de la empresa de transporte público “FONO BUS”.

  • Trabajadores de la empresa autopartista Gestam – Automoción (desarrollo y fabricación de componentes y conjuntos metálicos para el automóvil).

  • Choferes agrupados en la Asociación Obrera de la Industria del Transporte Automotor (AOITA).

  • Centro de Estudiantes del Instituto de Culturas Aborígenes.

  • Vecinos del Barrio “El Talar de Mendiolaza” de Córdoba.

  • Trabajadores contratados de la Empresa “SADIA”, agrupados en la UOCRA, que presta servicio en la Central Nuclear de Embalse.

  • Empleados de las distintas empresas de las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP) de Córdoba.

  • Centro de Estudiantes del Instituto de Culturas Aborígenes.

  • Trabajadores Bancarios.

  • Transportistas de la planta aceitera “Gral. Deheza S.A” de la ciudad de Río Primero.

  • Empleados de la fábrica “Arcor” agrupados en el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA).

  • Empleados de la empresa “Argentoil“(fábrica de tubos de GNC).

  • Empleados de la Empresa de ECOGAS, de la Ciudad Capital.

  • Personal de la Caja de Jubilaciones, Retiros y Pensiones de la provincia de Córdoba.

  • Docentes universitarios de la UNC. Agrupados en (ADIUC).

  • Trabajadores de la empresa de recolección de residuos Cliba Ingeniería Ambiental de la ciudad de Córdoba, agrupados en el Sindicato de Camioneros.

  • Empleados del Hospital San Roque de Córdoba.

  • Vecinos autoconvocados de las localidades de Unquillo, Mendiolaza, Río Ceballos, Salsipuedes, Alta Gracia y Malvinas Argentinas.

  • Coordinadora Córdoba en Defensa del Agua y la Vida (CCODV).

  • Trabajadores de la Emisora “LV2” Radio Gral. Paz de Córdoba.

  • Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona (CARTEZ), FAA y otros sectores agropecuarios.

CORRIENTES

         Multisectorial (docentes, salud, gráficos y la agrupación denominada Familia Policial).

  • Multisectorial de empleados estatales (UPCP, ATE, CTA, CGT, ATSA, AOEM).

  • Familiares, autoconvocados, personal retirados de la Policía y del Servicio Penitenciario y sectores sociales de Corrientes.

  • Gremio Docente, agrupados en el (SUTECO)

  • Sindicato de la Industria de la Alimentación de la localidad de Gobernador Virasoro

  • Pobladores y autoridades municipales de Concepción y santa RoEmpleados de comercio y estudiantes.

  • Efectivos de la Policía Federal Argentina delegación Corrientes.

  • Familiares y Vecinos de un ciudadano fallecido en un accidente de tránsito.

  • Ladrilleros de la zona periférica de la ciudad de Corrientes.

  • Desocupados del Movimiento Social de “Barrios a Pie”.

  • Estudiantes Universitarios de la UNNE.

  • Habitantes autoconvocados de las localidades de Alvear y Gdor Virasoro.

  • Choferes del transporte urbano de pasajeros agrupados en UTA, seccional Corrientes.

  • Empleados municipales de la ciudad de Corrientes agrupados en el AOEM y (FESTRANCO).

  • Productores Rurales de la Provincia.

  • Transportistas de cargas.

  • Central de Trabajadores Argentinos (CTA) y otras organizaciones sociales de Corrientes.

  • Obreros de la textil “Tipoití” de la ciudad de Corrientes.

  • Ex conscriptos que fueron desplegados al Sur del paralelo 42, de la Guerra de Malvinas.

  • Habitantes de los barrios “La Olla”, “Ongay” y “Paloma de la Paz” de la ciudad de Corrientes.

  • Productores agropecuarios de la Provincia.

  • Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de Corrientes (APROSAC).

  • Oleros de la ciudad de Corrientes.

  • Trabajadores Docentes, de la Salud, AFJP y personal en actividad y retirado de la policía y penitenciaria provincial.

  • Empresarios y trabajadores del sector industrial yerbatero.

  • Trabajadores del frigorífico “Premium Beef” de Curuzú Cuatiá.

  • Trabajadores municipales de la provincia agrupados en AOEM.

  • Trabajadores de la salud agrupados en ATSA.

  • Docentes agrupados en ACDP.

  • Internos de la Penitenciaria Nro 6 de la localidad de “San Cayetano”.

  • Ex obreros del frigorífico “Tomás Arias” de San Cayetano.

  • Desocupados de Barrios de Pie.

  • Trabajadores judiciales de la provincia (SITRAJ).

CHACO

  • Desocupados de los Movimiento “17 de Julio”, “Tupac Amaru”, PO y MTL de Resistencia, y Movimiento Federal de la Dignidad” de la ciudad de Barranqueras.

  • Movimiento Independiente de Jubilados Desocupados (MIJD).

  • Trabajadores del transporte Público Urbano y Metropolitano agremiados en la Unión Tranviario Automotor (UTA )

  • Trabajadores agremiados en la delegación de la UOCRA Resistencia.

  • Agrupación “Che Guevara” y el MIJD.

  • Vendedores ambulantes de la ciudad de Resistencia.

  • Movimiento “Barrios de Pie” y otras organizaciones sociales de Resistencia.

  • Habitantes de los barrios Cristo Rey, Ángel de la Guarda, Parque Autónoma y Don Santiago de la ciudad de Resistencia.

  • Foro Multisectorial del Gasoducto del NEA.

  • Docentes agrupados en SITECH – FEDERACIÓN.

  • Trabajadores del Frigorífico “Toba” de Puerto Tirol.

  • Asociación de Minifundistas “28 de Noviembre”.

  • Policías retirados de la provincia, autodenominados “Policías autoconvocados”.

  • Choferes del transporte urbano de pasajeros agrupados en UTA.

  • Transportistas de cargas.

  • Productores agrarios de la provincia.

  • Empleados Municipales de la localidad de Vilelas.

  • Multisectorial de Resistencia.

  • Agrupación de Empleados Autoconvocados de Vialidad Provincial.

  • Desocupados del Movimiento Territorial de Liberación y el Movimiento “Teresa Rodríguez” de Resistencia.

  • Docentes de ATECH y UTRE-CTERA.

CHUBUT

  • Vecinos autoconvocados de la ciudad de Esquel.

  • Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut (ATECH).

  • Trabajadores de la empresa “Burgwart” (Subcontratista de Pan American Energy, desarrolla sus actividades en los sectores sólidos, líquidos de Comodoro Rivadavia.

  • Personal jerárquico del Petróleo que realiza actividades en la Cuenca del Golfo San Jorge – Comodoro Rivadavia.

  • Sindicato del Personal de Seguridad Privada de la Patagonia (disidente del gremio UPSAR) de Cerro Dragón – C Rivadavia.

  • Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut (ATECH), Sindicato de Trabajadores de la Educación (SITRAED).

  • Trabajadores nucleados en la UOCRA disidentes de Cerro Dragón.

  • Trabajadores de la UOCRA que realizan trabajos en la Empresa “Burgwardt”, subcontratista de la Firma Pan American Energy.

  • Coordinadora de Trabajadores Desocupados “Aníbal VERON” de Trelew.

  • Personal jerárquico de la empresa “Petrosar” (subcontratista de Pan American Energy) de Comodoro Rivadavia.

  • Sindicato del Personal Jerárquicos, agrupados en el Sindicato del Petróleo y Gas Privado.

  • Operarios pesqueros agrupados en el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA).

  • Trabajadores de la empresa “Key Energy” de Comodoro Rivadavia, agrupados en el Sindicato de Petróleo y Gas Privado (SPYGP).

  • Trabajadores del Diario “Jornada” de la ciudad de Trelew.

  • Trabajadores agrupados en el Sindicato de Petróleo y Gas Privado.

  • Sindicato de Camioneros.

  • Trabajadores pesqueros de Puerto Madryn.

  • Trabajadores nucleados en la UOCRA disidentes de Cerro Dragón.

  • Trabajadores agrupados en UOCRA de Comodoro Rivadavia.

  • Trabajadores, agrupados en la UOCRA de la localidad de Trelew.

  • Trabajadores, agrupados en la UOCRA de la localidad de Rawson.

  • Trabajadores, agrupados en la UOCRA de Puerto Madryn.

  • Sindicato de Trabajadores Judiciales de Chubut (SITRAJUCH).

ENTRE RÍOS

  • Vecinos autoconvocados, agrupaciones ecologistas y sectores sociales de la provincia.

  • Productores Agropecuarios agrupados en la Mesa de Enlace Provincial.

  • Municipales de “Paraná”.

  • Médicos Cirujanos del Hospital Materno Infantil “San Roque” y del hospital “Gral. “San Martín” – Paraná.

  • Productores agropecuarios de la provincia.

  • Federación del Transporte Automotor de Cargas (FETAC), delegación (ER).

  • Productores agropecuarios agrupados en la FAA.

  • Taxistas de la ciudad de Concepción del Uruguay.

  • Trabajadores municipales de la localidad de Concepción del Uruguay.

  • Vecinos de la localidad de María Grande.

  • Integrantes de la Mesa de Enlace Provincial y productores de La Pampa, Córdoba, Santa Fe y San Luis.

  • Movimiento de mujeres de Entre Ríos.

  • Asociación de Pequeños Productores del Centro – Norte de Entre Ríos (APPROCENER) de la Paz.

  • Multisectorial de Paraná.

  • Trabajadores del Registro Civil de Paraná agrupados en UPCN.

  • Empleados agrupados en UPCN.

  • Trabajadores agrupados en ATE.

  • Conductores de funcionarios públicos de la provincia.

  • Trabajadores judiciales (AJER).

  • Central de Trabajadores Argentino (CTA), Corriente Clasista y Combativa (CCC).

  • Habitantes de la localidad Pueblo Gral. Belgrano (a 2,5 Km de Gualeguaychú).

  • Trabajadores del Hospital “Justo José de Urquiza” de Concepción del Uruguay y nosocomios “Delicia Masvernat” y “Ramón Carrillo” de Concordia.

  • Residentes médicos.

  • Docentes universitarios.

  • Estudiantes universitarios Terciarios y Secundarios de Paraná.

  • Trabajadores nucleados en la Federación Entrerriana del Sindicato de Trabajadores Municipales (FESTRAM).

  • Trabajadores nucleados en la Asociación Sindical de Obreros y empleados de la Municipalidad (ASOEM) de la provincia

  • Trabajadores del frigorífico “Angus” de la ciudad de Paraná.

  • Docentes agrupados en AGMER, AMET, UDA y SADOP.

  • Familiares de personas desaparecidas de Paraná.

  • Agrupación de Familiares de Víctimas de la Inseguridad (VIDAER).

  • Desocupados de la CCC y la Corriente Estudiantil Popular y Antiimperialista (CEPA).

  • Trabajadores agrupados en la UPCN de Paraná.

  • Vendedores ambulantes de Paraná.

  • Pescadores de Victoria.

  • Trabajadores agrupados en SMATA, delegación Paraná.

  • Obreros y empleados de Correos y telecomunicaciones.

  • Trabajadores de Luz y Fuerza y directivos de la empresa Energía de Entre Ríos S. A (ENERSA).

  • Trabajadores del Registro Civil de Paraná agrupados en UPCN.

  • Jubilados nucleados en la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER).

  • Trabajadores del Instituto de Ayuda Financiera de la Acción Social (IAFAS).

  • Trabajadores agrupados en la UOCRA de Concepción del Uruguay.

  • Empleados agrupados en UPCN.

  • Conductores de funcionarios públicos de la provincia.

  • Central de Trabajadores Argentino (CTA), Corriente Clasista y Combativa (CCC).

  • Trabajadores de Obra Sanitarias de Paraná.

  • Trabajadores de la Administración Pública agrupados en ATE.

  • Empleados de Rentas, agrupados en ATE de Paraná.

  • Trabajadores de la Empresa Citricuela ”COSICO”.

  • Empleados del Parque Nacional “El Palmar” de Colón.

  • Trabajadores del Instituto del Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (IOSPER), agrupados en ATE.

FORMOSA

  • Aborígenes de la “Etnia Wichi” de la zona de Ramón Lista.

  • Integrantes de Taxi fleteros y Estibadores de Clorinda.

  • Productores Frutihortícolas de la provincia.

  • Docentes autoconvocados y agrupados en el gremio “Voz Docente” y SADOP.

  • Desocupados de la CCC y Aborígenes de la “Etnia “Toba”.

  • Movimiento Libres del Sur Barrios de Pie de la Provincia.

  • Productores agropecuarios de la localidad Naineck, Laguna Blanca, Riacho He He y El Espinillo.

  • Empleados agrupados en ATE.

  • Empleados de la Municipalidad de Clorinda.

  • Trabajadores de la Cooperativa de Provisión de Obras y Servicios Públicos de Clorinda.

  • Empleados de la Salud de Clorinda.

  • Trabajadores de la Cooperativa de Provisión de Obras y Servicios Públicos de Clorinda.

  • Maestros agrupados en Voz Docente.

  • Asociación de Productores de Bananeros de Formosa.

  • Sindicato de Camioneros de Formosa.

  • Organizaciones sociales del barrio Obrero de la ciudad de Formosa.

  • Asociación Judicial de Formosa.

  • Sindicato de Luz y Fuerza.

  • Empleados municipales (SOEMFOR).

  • Trabajadores de la construcción, agrupados en la (UOCRA).

  • Personal de la salud de la Provincia.

  • Juventud de Pie y la coordinadora juvenil de la Memoria.

  • Productores agrupados en la Federación Agraria Argentina, Filial “El Colorado” y zonas aledañas.

  • Remiseros y allegados de la localidad de Formosa.

  • Trabajadores de la salud del hospital “Eva Perón” agremiado en ATE, de la localidad de Ingeniero Juárez.

  • Empleados despedidos del HCD de Palo Santo.

  • Aborígenes de la Etnia “Wichi” de Ingeniero Juárez.

  • Aborígenes de la Etnia “Wichi” del paraje “Las Palmitas”

  • Maestros Especiales de Modalidad aborígenes (MEMAS), de la localidad de El Potrillo.

  • Asociación de Productores de Bananas de Laguna Naineck.

  • Habitantes del barrio “25 de Mayo” de Clorinda.

  • Alumnos de la Escuela Provincial de Educación Media Nro 31 de la ciudad de Formosa.

  • Empleados aborígenes de la municipal de “Pozo de Maza”.

  • Trabajadores nucleados en la Asociación Judicial de Formosa.

  • Trabajadores de las AFJP.

  • Aborígenes de la Colonia “Bartolomé de las Casas” (172- km de Formosa).

  • Productores agrarios agrupados en el Frente Nacional Campesino (FNC).

  • Asociación de productores del bañado la Estrella (APROBAE).

JUJUY

  • Multisectorial de San Salvador de Jujuy, conformada por (ATE, CTA, ATSA, CEDEMS, SEOM, APUAP y ADEP) y Frente de Gremios Estatales.

  • Trabajadores municipales de San Salvador de Jujuy, agrupados en el SEOM.

  • Empleados del Juzgado de Faltas de la ciudad capital.

  • Docentes de la Escuela Municipal Marina Vilte de la ciudad capital.

  • Agrupación “Santa Cecilia” de San Salvador de Jujuy.

  • Agrupación “Quebrada” y “Puna”.

  • Desocupados y Trabajadores de Cooperativas de Viviendas y Obras Públicas de Perico y Palpalá.

  • Docentes Universitarios e Investigadores de la (UNJU) de Jujuy.

  • Padres de alumnos de la Escuela Nro 90 de la localidad de Tres Cruces.

  • Desocupados de la Asociación del “Éxodo Jujeño” y otros sectores.

  • Multisectorial de La Quiaca.

  • Empleados municipales de la provincia.

  • Integrantes de la Cooperativa de Viviendas de la localidad de Palpalá.

  • Beneficiarios de Plantes de Sociales de San Pedro.

  • La Asociación de Docente e Investigadores de la Universidad Nacional de “Jujuy” (ADIUNJU).

  • Trabajadores y desocupados de la UOCRA, CTA, MTL Y Agrupación Argentina Grande de S. S de Jujuy, La Quiaca, San Pedro, Abra Pampa y Lib. Gral. San Martín.

  • Empleados de la Dirección Provincial de Inmuebles.

  • Docentes de ADEP, jubilados provinciales autoconvocados y otros sectores sociales de Lib. Gral. San Martín.

  • Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA).

  • Trabajadores de Taxis de San Salvador de Jujuy.

  • Trabajadores de remises y taxis de la localidad de Ledesma.

  • Pequeños Productores de la localidades de La Almona y Juan Galán y otro parajes de Aborígenes de la Provincia.

  • Sindicato de trabajadores viales de la provincia (SITRAVIP).

  • Jubilados autoconvocados de Lib. Gral. San Martín.

  • Central de Trabajadores Argentinos, Desocupados y otras organizaciones sociales de San Salvador de Jujuy.

  • Desocupados agrupados en la CCC.

  • Desocupados de la CCC la localidad de Lib. Gral. San Martín.

  • Desocupados del Frente Barrial “Avelino Bazán” y “Tupaj Katari”.

  • Desocupados agrupados en la ODIJ, CTA, Organización Barrial “Tupac Amaru” de Palpalá, Perico, San Pedro y San Salvador de Jujuy.

  • Desocupados de la Organización No Gubernamental Argentina Grande.

  • Personal del Banco de Acción Social (BAS).

  • Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Jujuy (ADIUNJU).

  • Desocupados de la Corriente del Pueblo, vecinos autoconvocados cooperativistas y otros sectores de La Quiaca.

  • Trabajadores del Poder Judicial de la Provincia.

  • Empleado de la empresa Jujeña de Energía S.A.

  • Asociación Profesionales Universitarios de la Provincia (APUAP).

  • Trabajadores municipales agrupados en el SEOM.

  • Desocupados de la Corriente Clasista y Combativa (CCC) de San Salvador de Jujuy.

  • Multisectorial de Abra Pampa.

  • Trabajadores de Cooperativas de la localidad de Perico.

  • Trabajadores de distintas Cooperativas de Trabajo de Palpalá, La Quiaca y San Salvador de Jujuy.

  • Trabajadores de le empresa de transporte de pasajeros COTA NORTE.

  • Ambientalista de la Fundación Prohuna de la Provincia y otras organizaciones sociales.

  • Desocupados del Frente Popular del Interior Provincial.

  • Trabajadores agrupados en Asociación Obreros Mineros del interior Provincial.

  • Porteros, personal de maestranzas y cocineros de escuelas de Jujuy.

  • Desocupados de la Corriente Clasista y Combativa (CCC) de la localidades de San Pedro y La Esperanza, medianos y pequeños productores agropecuarios de Jujuy y otras organizaciones sociales.

  • Habitantes de la localidad de Fraile Pintado.

  • Habitantes del barrio Sumaypacha, Dpto Tilcara.

  • Sindicato Unido de Trabajadores Auxiliares de Taxis de San Salvador de Jujuy.

  • Aborígenes y Multisectorial de la localidad de Abra Pampa.

  • Trabajadores de Ingenio Azucarero “La Esperanza”, Dpto. San Pedro.

  • Comunidades aborígenes de la provincia.

LA PAMPA

  • Aborígenes de la localidad de 25 de Mayo.

  • Productores autoconvocados de CARBAP.

  • Trabajadores de la educación agrupados en SADOP. AMET, UTELPA y CTA.

  • Transportistas de cargas.

  • Trabajadores agrupados en el Sindicato de Gas Privados de Río Negro y de Neuquén.

  • Vecinos de la localidad de “25 de Mayo”.

  • Productores agropecuarios de la provincia.

  • Productores agropecuarios de la provincia.

  • Empleados estatales agrupados en el FGE (ATE, UPCN, SITRAVIP, SIPOS, judiciales, SOEM, entre otros).

  • Habitantes de la Santa Rosa.

LA RIOJA

  • Vecinos autoconvocados de Chilecito, Famatina y otros sectores sociales.

  • CGT, delegación local

  • Ex trabajadores de la fábrica de aceituna “Servifasa”.

  • Trabajadores de la ex Curtiembre “Yoma” de Nonogasta.

  • Empleados Municipales de las Pcias de La Rioja, Salta y Jujuy .

  • Personal de la Subsecretaría de Trabajo, Delegación Chilecito.

  • Trabajadores autoconvocados de la Salud.

  • Vecinos de los barrios Carlos Saúl Menem y 2-0 de Mayo de la ciudad capital.

  • Municipales de La Rioja.

  • Asociación de Trabajadores Judiciales (ATJ).

  • Empleados de la construcción de la localidad de Chilecito.

  • Ambientalitas “Asamblea Ciudadana Por La Vida”.

  • Sindicato de Camioneros.

MENDOZA

  • Ex trabajadores de YPF.

  • Choferes de Ómnibus de corta y media distancia agrupados en el Sindicato del Personal de Micros y Ómnibus (SIPEMON).

  • Internos de la Penitenciaria Provincial.

  • Docentes y no docentes del Instituto de Seguridad Pública.

  • Docentes de la Universidad Nacional de Cuyo.

  • Empleados Estatales, Judiciales y de la Salud.

  • Trabajadores de la salud

  • Vecinos del Paraje “El Sosneado” – Dpto. San Rafael.

  • Vecinos y comerciantes autoconvocados de la ciudad de Mendoza.

  • Trabajadores agrupados en la Unión Personal de Juegos y Casinos de Mendoza.

  • Trabajadores de la fábrica “La Camagnola” de la localidad Palmira.

  • Docentes agrupados en SADOP.

  • Federación de Sindicatos Municipales.

  • Trabajadores municipales de los Dptos Godoy Cruz, Maipú, Las Heras y Guaymallén.

  • Comerciales y transportistas de Malargüe.

  • Trabajadores ferroviarios agrupados en Unión Ferroviaria y La Fraternidad.

  • Trabajadores de gremios estatales de San Martín.

  • Docentes agrupados en SUTE.

  • Trabajadores de todas las AFJP, Delegación Mendoza.

  • Trabajadores agrupados el Sindicato de la Carne.

  • Trabajadores agrupados en ATE.

  • Trabajadores profesionales de la salud nucleados en AMPROS.

  • Asociación Agentes de Transportes Aduaneros (ATA), destacados en el Complejo Migratorio de Punta de Vacas.

  • Empleados Bancarios de Mendoza.

  • Auxiliares de oficinas fiscales de la provincia.

  • Trabajadores estatales nucleados en SITEA. (Sindicato Trabajadores Estatales Autoconvocados).

  • Recicladores de residuos de la localidad de Guaymallén.

  • Sindicato Único de Celadores de Mendoza.

  • Docentes de la Universidad Nacional de Cuyo.

  • Unión Vecinal de la localidad de Cacheuta de Luján de Cuyo.

  • Habitantes del barrio “Santa Ana” del Dpto. de Guaymallén.

  • Trabajadores de la Salud agrupados en ATE, ATSA y AMPROS.

  • Municipales de Las Heras.

  • Padres y Docentes de la Escuela 1-145 de El Algarrobal, Dpto. Las Heras.

  • Empleados contratados del Htal. Central, de la ciudad de Mendoza.

  • Distintas organizaciones sociales

  • Estudiantes Universitarios.

  • Productores Agropecuarios autoconvocados.

  • Trabajadores de supermercados.

  • Empleados del penal juvenil, que depende de la dirección de Niñez, Adolescencia, Ancianidad, Discapacidad y Familia.

  • Sindicato de Trabajadores Estatales Autoconvocados (SITEA).

  • Productores y Multisectorial de Alvear.

MISIONES

  • Trabajadores estatales agrupados en ATE y CTA.

  • Empleados de la Salud Pública, afiliados a la UPCN.

  • Trabajadores de transporte de Pasajeros de corta y media distancia, de la provincia.

  • Trabajadores del Parque Nacional Iguazú.

  • Desocupados de la CCC.

  • Empleados de ATE del Hospital “Ramón Madariaga” de Posadas.

  • Cosechadores de yerba mate (Tareferos Autoconvocados) de la localidad de Oberá.

  • Integrantes de Asociaciones de Oleros y Afectados por la represa Yacyretá (EBY).

  • Vecinos autoconvocados de Eldorado.

  • Trabajadores y afiliados de la AFJP.

  • Vecinos autoconvocados del sector denominado 2000 Hectáreas – Pto Iguazú.

  • Empleados de la salud del Hospital “Samic” de Eldorado.

  • Pequeños productores, pueblos originarios y otros sectores sociales.

  • Empleados de la municipalidad de la ciudad de Posadas, agrupados en ATE

  • Docentes Universitarios agrupados en la ADUNAM.

  • Habitantes de Puerto Iguazú.

  • Coordinadora de Trabadores Desocupados (CTD), Aníbal Verón de Posadas.

  • Comisión Barrial de los sin tierras de ala localidad de Comandante Andresito.

  • Padres de alumnos y docentes autoconvocados de Puerto Iguazú.

  • Municipales de Oberá afiliados a ATE.

  • Comerciantes de Puerto Iguazú.

  • Docentes Universitarios (UNaM).

  • Productores de Tabaco de Leandro N Alem y otras localidades aledañas.

  • Trabajadores del Ingenio Azucarero “San Javier”.

  • Productores de Yerba y Té de San Pedro y San Vicente.

  • Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de Posadas (SOEMP).

  • Trabajadores de la fábrica de maderas “FIYOINT S.A.” de San Ignacio.

  • Trabajadores de taxis y remises de la ciudad de Posadas.

  • Vecinos autoconvocados de Eldorado y Posadas.

  • Habitantes autoconvocados de la localidad de Montecarlos.

  • Empleados de la Administración pública de la provincia, nucleados en ATE.

  • Padres autoconvocados de la Escuela 694 de la localidad de Puerto Iguazú.

  • Confederación de Trabajadores Argentino (CTA), y otros sectores sociales.

  • Ambientalista, vecinos de la localidad de “El Alcázar” y de otras localidades.

  • Organizaciones sociales y gremiales.

  • Desocupados de la CCC de Posadas.

  • Empleados de SENASA.

  • Motoqueros y bicicleteros de Puerto Iguazú.

  • Empleados del Ministerio de Hacienda de la provincia, afiliados a ATE.

  • Empleado de la cooperativa de electricidad (CEUROSP).de la localidad de Concepción de La Sierra.

  • Empleados judiciales.

  • Empleados de la Cooperativa de Electricidad de Leandro N. Alem.

  • Trabajadores de la Administración de Parques Nacionales, agrupados en ATE.

  • Integrantes de Asociaciones de Oleros y Afectados por la represa Yacyretá (EBY).

  • Trabajadores de la empresa papelera “BENFIDE” de Puerto Piray.

NEUQUÉN

  • Trabajadores del Ministerio de Acción Social, Porteros y Administrativos, gremios de (EPAS) y (EPEN), agrupados en ATE.

  • Choferes y propietarios de taxis de la ciudad capital.

  • Docentes agrupados en ATEN, ATE – CTA y SEJUN.

  • Coordinadora del Centro de Estudiantes Secundarios y la Agrupación de Hijos del Alto Valle.

  • Habitantes de las localidades de Ramón Castro, Mariano Moreno, Covunco, Las Coloradas y Zapala.

  • Productores ganaderos y agricultores de Zapala y zonas aledañas.

  • Personal, auxiliares de servicio y empleados administrativos del Consejo Provincial de Educación (CPE).

  • Desocupados de la localidad de “Chos Malal”.

  • Docentes, padres y alumnos de distintos Establecimientos Educativos de Neuquén.

  • Habitantes de Villa la Angostura.

  • Trabajadores agrupados en CTA – ATE de la localidad de Mariano Moreno; a 20 Km de Zapala.

  • Madres Luchadoras de la localidad de Plottier.

  • Habitantes del Bº. Confluencia de la ciudad de Neuquén.

  • Miembros de la comunidad mapuche “Kaxipayiñ”.

  • Trabajadores del Ministerio de Acción Social, agrupados en ATE.

  • Empleados de Rentas (ATE).

  • Empleados Municipales de Andacollo, Dpto Minas.

  • Aborígenes Mapuches de la Comunidad “Cayún” del Paraje “Trompul”, ubicado a 12- Km de San Martín de los Andes.

  • Comunidad Mapuche Pailifilú, del Paraje Malleo, ubicado a 27 Km de Junín de los Andes.

  • Mujeres pertenecientes a planes sociales de Plaza Huincul.

  • Habitantes del Barrio La Sirena de Neuquén

  • Familiares y amigos de dos jóvenes muertos por causa de un accidente de transito en la ciudad Neuquén.

  • Trabajadores de Agua y Saneamiento (EPAS) nucleado en ATE.

  • Integrantes del Movimiento por la Recuperación del Petróleo (CTA, Barrios de Pie y Corriente Clasista y Combativa, entre otros).

  • Trabajadores del Hospital de la localidad de Centenario, agrupados en ATE.

  • Integrantes del movimiento Barrio de Pie.

  • Corporación Forestal Neuquina (CORFONE).

  • Movimiento de Trabajadores Desocupados de la ciudad de Neuquén.

  • Empleados judiciales, agrupados en el SEJUN.

  • Desocupados del Hospital de la localidad de Plaza Huincul.

  • Distintas organizaciones sociales, estudiantes y otros sectores sociales.

  • Docentes agrupados en ATEN.

  • Distintos gremios agrupados en ATE, ADUNC y otros sectores sociales.

  • Empleados públicos de Plaza Huincul.

  • Empleados municipales de Plaza Huincul y monotributistas.

  • Trabajadores de distintas AFJP de Neuquén y Cipolletti (RN).

  • Desocupados de la localidad de Centenario.

  • Habitantes de la localidade de Añelo.

  • Habitantes de la localidad de San Patricio del Chañar.

  • Familias de La Chacra IV de San Martín de los Andes.

  • Vecinos y comerciantes de Plottier.

  • Ambientalistas y integrantes de Organizaciones Sociales no Gubernamentales.

  • Desocupados de la provincia.

  • Empleados Municipales de la localidad de Senillosa.

  • Desocupados de Cultral Có, afiliados a la UOCRA.

  • Empleados judiciales (SEJUN).

  • Empleados de Rentas, Catastro y Lotería La Neuquina.

  • Empleados del Ente Provincial de agua y saneamiento.

  • Ex empleados municipales de la localidad Mariano Moreno.

  • Empleados municipales agrupados en SITRAMUNE.

  • Empleados de peajes de “Caminos del Comahue”.

  • Trabajadores de los registros civiles de la provincia.

  • Docentes de la Universidad Nacional del Comahue nucleados en ADUNC.

  • Empleados agrupados en ATE, ATEN, CTA y organizaciones sociales.

  • Aborígenes de la comunidad Mapuche “CURRUHUINCA” de San Martín de los Andes.

  • Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA), de Neuquén y Río Negro.

  • Habitantes de la localidad de Centenario dedicados a la crianza de animales silvestre (liebre criolla).

  • Auxiliares y Administrativos del Consejo Provincial de Educación, agrupados en ATE.

  • Empleados del Peaje de la “Empresa Caminos del Valle” afiliados al Sindicato Único de Trabajadores de Peajes y Afines (SUTPA).

  • Comunidad Mapuche “Wente Trewel” de la localidad Picún Leufú.

  • Desocupados de la localidad de Buta Ranquil, Dpto. Pehuenches.

  • Estudiantes Universitarios.

  • Trabajadores de salud agrupados en ATE.

  • Aborígenes de la Comunidad “Paisil Antriao” de Villa la Angostura.

  • Trabajadores de la Cooperativa de Luz y Fuerza (CALF), Cooperativa de Eléctrica y Telefónica de Cultral Co (COPELCO) y Cooperativa de Servicios Públicos Plottier y Zapala.

  • Aborígenes Mapuches de las comunidades Maliqueo y Curipán.

  • Choferes de la empresa INDALO.

  • Sindicato del Petróleo y Gas Privado de Río Negro y Neuquén.

  • Trabajadores del Mercado Concentrador.

  • Personal del Parque Nacional “Lanín”, agrupados en ATE.

  • Trabajadores de la Empresa FASINPAT (ex Zanón).

  • Desocupados afiliados a la UOCRA, de Plaza Huincul.

  • Desocupados agrupados en la UOCRA de la localidad de Plottier.

  • Desocupados y empleados tercerizados de la municipalidad de Zapala.

  • Empleados del Registro Civil del Neuquén.

RÍO NEGRO

  • Empleados agremiados en ATE.

  • Ciudadanos de la comunidad Mapuche de la zona de Bariloche.

  • Empleados municipales de la Provincia.

  • Habitantes del Barrio “Omega” de San Carlos de Bariloche.

  • Trabajadores agremiados al Sindicato de Camioneros de Río Negro.

  • Trabajadores hospitalarios agrupados en ATE.

  • Empleados de las empresas disecadoras de frutas Gregorio, Numo y Noel (ex Valley Evaporating Company S.A.I.C.).

  • Familias de las localidades de Chacramonte, Paso Córdoba y Emeta.

  • Habitantes del paraje “Las Jarillas de la localidad de “Catriel”.

  • Federación de Productores del Altos Valle de la Provincia.

  • Habitantes carenciados del Barrio de Nahuel Hue de San Carlos de Bariloche.

  • Productores Frutícolas de la zona del Alto Valle.

  • Ocupantes de terrenos en Cerro de la Ventana, ubicada en cercanías de San Carlos de Bariloche.

  • Mapuches de la Comunidad “Quiñe Traun Peñi”.

  • Trabajadores de la Empresa “MCC Minera Sierra Grande, agrupados en la (AOMA).

  • Empleados judiciales agrupados en SITRAJUR.

  • Docentes agrupados en la Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro (UNTER), CTA y ATE.

SALTA

  • Empleados municipales agrupados en ATE y SOEM de la ciudad de Salta.

  • Aborígenes de la Comunidad “Quebrachal II” de la localidad de Gral. Ballivián.

  • Distintas organizaciones sociales y barriales de Salvador Mazza.

  • Desocupados del Bº San Silvestre y UTD “Aníbal Verón” de Tartagal y MIJD.

  • Remiseros Ilegales de Salta.

  • Integrantes de Comunidades aborígenes de la provincia.

  • Aborígenes de la comunidad “Padre Coll Nuevo” de Santa Victoria Este.

  • Sindicato petrolero privados de la provincia de Salta y Jujuy.

  • Asociación de Trabajadores Unidos de de la localidad de Gral Güemes.

  • Conductores de taxis no habilitados de Orán.

  • Habitantes de la localidad de Salvador Mazza.

  • Trabajadores contratados de la municipalidad de Salvador Mazza.

  • Operarios de la empresa “Saigro” subcontratista de “PLUSPETROL”.

  • Ex trabajadores de YPF y la Unión Trabajadores Desocupados (UTD) de Gral. Mosconi.

  • Trabajadores del Ingenio Azucarero “El Tabacal” de la localidad de Hipólito Yrigoyen.

  • Desocupados de Tartagal y Gral Mosconi.

  • Aborígenes de Santa Victoria Este.

  • Familias carenciadas de la localidad de “Rosario de Lerma.

  • Trabajadores Municipales de la localidad de Aguaray.

  • Frente Intergremial Docente (AMET, ADEP, ATE, UDA y SADOP).

  • Asociación de Profesionales de la Salud de Salta.

  • Asociación de Profesionales Materno Infantil Salta (ASPROMIN).

  • Movimiento de Trabajadores Desocupados (MTD) y Movimiento Nuevos Rumbos de Tartagal.

  • Docentes Autoconvocados.

  • Trabajadores no docentes.

  • Aborígenes de la comunidad de “La Esperanza, La Puntana y Santa Maria” de la localidad de Santa Victoria Este.

  • Central de Trabajadores Argentinos (CTA) filial Salta.

  • Unión Tranviarios Automotor (UTA).

  • Transportistas de cargas.

  • Movimiento de Trabajadores Desocupados (MTD) y Movimiento Nuevos Rumbos de Tartagal.

  • Obreros de la Construcción de la Localidad de Los Toldos, ubicado a 150 Km de Orán.

  • Concesionarios de Estacionamiento Medido de Salta.

  • Desocupados de Embarcación.

  • Ex empleados de la empresa “Jac Servicios” subcontratista de la empresa Refinor S.A. (Campo Duran).

  • Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar del Ingenio “San Isidro”.

  • Aborígenes de la comunidad de Misión La Paz.

  • Ex trabajadores de la educación.

  • Choferes del Transporte Interurbano de Pasajeros de las empresas “San Antonio” y “Fénix”, de la localidad de Prof. Salvador Mazza.

  • Productores agropecuarios de la provincia.

  • Desocupados de la ciudad de Tartagal y Mosconi.

  • Desocupados del Movimiento de Trabajadores “17 de Octubre” de Gral. Mosconi.

  • Desocupados de la localidad de Gral. Güemes.

  • Desocupados de la localidad de Pichanal.

  • Desocupados denominados del “Sector 5” de Salvador Mazza.

  • Desocupado del movimiento Aníbal Veron.

  • Ex trabajadores de la educación.

  • Docentes de la enseñanza técnica agremiados en AMET.

  • Aborígenes de la comunidad Lapacho I de Tartagal.

  • Unión de Docentes Argentinos (UDA), delegación Salta.

  • Aborígenes de Tartagal.

  • Empleados del Poder Judicial y el Ministerio Público de la provincia.

  • Desocupados de Tartagal y Aguaray.

  • Aborígenes de distintas etnias; de la localidad de Tartagal y zonas aledañas.

  • Pobladores de la localidad de Fortín Dragones nucleados en la Comisión “Pro Fortín 2008”.

  • Empleados agremiados en SMATA.

  • Agrupación de Trabajadores Desocupados (ATD – MIJD) de ORÁN.

  • Aborígenes de distintas etnias del Dpto Gral. Mosconi.

  • Desocupados de la localidad de Enrique Mosconi.

  • Empleados de la Secretaría de Medio Ambiente y Obras Públicas de la Municipalidad de Salta.

  • Habitantes de la localidad de Fortín Dragones nucleados en la Comisión “Pro Fortín 2008”.

  • Aborígenes Wichi de las comunidades La Chirola, Media Luna, Pozo Las Moras, El Carpintero y misión Algarrobito, de la localidad de Dragones.

  • Empleados municipales de General Güemes.

  • Remiseros denominados ilegales de la ciudad de Salta.

  • Empleados municipales agremiados en “SOEM”.

  • Docentes universitarios de la provincia, nucleados en ADIUNSa.

SANTA FE

  • Trabajadores municipales agrupados en la FESTRAM.

  • Sindicato de Pescadores de la Provincia de Santa Fe (SIPESA).

  • Trabajadores contratados del ingenio azucarero “Las Toscas”.

  • Mujeres Rurales y Urbanas de la ciudad de Santa Fe.

  • Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) de Rosario.

  • Integrantes de la Corriente Clasista Combativa (CCC.) y Barrios de Pie.

  • Trabajadores de la empresa “Frimetal – Gafa” de Rosario.

  • Taxistas de Rosario y otras organizaciones sociales.

  • Desocupados del Movimiento Popular Libertador San Martín y otras organizaciones de Rosario.

  • Productores agrarios agrupados en la FAA y autoconvocados.

  • Central de Trabajadores Argentinos (CTA).

  • Trabajadores provinciales del Ministerio de Desarrollo Social.

  • Trabajadores de la Administración Provincial de Impuestos (API).

  • Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados y la Asociación de trabajadores de la Sanidad (ATSA).

  • Empleados agrupados en la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN) de Villa Constitución.

  • Asociación Civil “Las Diversas”.

  • Trabajadoras agrupadas en el Sindicato de Amas de Casa.

  • Trabajadores de Villa Constitución.

  • Central de Trabajadores Argentinos (CTA) de Rosario.

  • Desocupados de la CCC.

  • Desocupados del MIJD.

  • Vecinos autosconvocados de la ciudad de Rosario.

  • Docentes agremiados a la Asociación de Magisterio de Santa Fe (AMSAFE) y SADOP.

  • Transportistas autoconvocados de la Provincia.

  • Productores rurales de la provincia.

  • Integrante de del Movimiento Patriótico Revolucionario “Quebracho”, Convergencia Socialista, junto a la Asamblea de Santelmo.

  • Federación Santafesina de Entidades de Jubilados y la Mesa Coordinadora de Jubilados.

  • Empleados de los frigoríficos “Recreo” de Recreo y “Finexcor” de Nelson.

  • Transporte Urbano de Pasajeros de la ciudad de Santa Fe.

  • Movimientos Barrios de Pie, de “Buenos Aires”

  • Sindicato de Peones de Taxis de la ciudad de Rosario.

  • Profesionales y trabajadores del Hospital Italiano de Rosario.

  • Auxiliares de la educación agremiada en ATE (Rosario).

  • Desocupados de la CCC y Pueblos Originarios en Lucha de Rosario.

  • Trabajadores de la ciudad de Rafaela agrupados en la CGT local.

  • Trabajadores Bancarios de la ciudad de Rosario.

  • Federación Agraria Argentina (FAA).

  • Cartoneros y Carreros autoconvocados de Rosario.

  • Sindicato de Choferes de Camiones.

  • Empleados del Frigorífico “Don Alejandro” de la ciudad de Santa Fe.

  • Organizaciones sociales agrupadas en la CTA

  • Organizaciones sociales y Multisectorial de Rosario.

  • Productores agropecuarios de la provincia.

  • Distintas organizaciones y ONG de Santa Fe.

  • Trabajadores rurales de la localidad de Florencia.

  • Movimiento Nacional “los Chicos del Pueblo”.

  • Docentes Universitarios agremiados en COAD Y APUR.

  • Docentes de la Universidad nacional de Rosario.

  • Docentes de la Universidad Tecnológica Nacional.(UTN).

  • Empleados de la Empresa Automotriz General Motors agremiados en SMATA.

SANTA CRUZ

  • Trabajadores judiciales de la provincia.

  • Desocupados de la localidad de Pico Truncado.

  • Trabajadores de la UOCRA que prestan servicio en la empresa “Refinor”, en la localidad de Cañadón Seco.

  • Multisectorial de Río Gallegos.

  • Trabajadores de la UOCRA Zona Sur de la Provincia.

  • Familias carenciadas de Río Gallegos.

  • Trabajadores afiliados a la UOCRA de Río Gallegos.

  • Trabajadores de las empresas “Skanska” y “Chevron”, agrupados en el Sindicato de Petroleros y as Privado de la Cuenca Austral.

  • Trabajadores de la Empresa Weatheford – Cañadón Seco (construcción de montaje y ensamble en pozos petroleros).

  • Trabajadores del Hospitales Regional de Río Gallegos.

  • Jubilados de la provincia.

  • Trabajadores agrupados en ATE.

  • Organizaciones sociales de Ríos Gallegos.

  • Trabajadores del Hospital zonal de Caleta Olivia, agrupados en ATE.

  • Asociación Gremial Obreros Marítimos Unidos (AGOMU) de Caleta Olivia.

  • Empleados de tránsito de la municipalidad de Río Gallegos.

  • Empleados de la empresa constructora “UGA S. A” de Río Gallegos.

  • Desocupados de Pico Truncado.

  • Obreros de la construcción afiliados a la UOCRA, de Caleta Olivia.

  • Sindicato del Petróleo y Gas Privado de la Provincia.

  • Personal de la empresa de seguridad SEARCH que brinda seguridad en todas las plantas petroleras de la Zona Norte.

  • Empleados Municipales de Puerto Deseado.

  • Empleados de Servicios Públicos Sociedad del Estado de Caleta Olivia.

  • Desocupados del Polo Obrero de Caleta Olivia.

  • Familias carenciadas de Río Gallegos.

  • Familiares de un detenido acusado de homicidio, en la ciudad de Río Gallegos.

  • Estibadores de la Empresa Conarpesa de de Caleta Paula.

  • Asociación de Docentes de Santa Cruz (ADOSAC) y ATE.

  • Choferes de taxis de Río Gallego.

  • Empleados de la “FM NEWS MULTIMEDIOS S.A.”, de Río Gallegos.

  • Obreros de las empresas “Gotti” y “Austral”, afiliados a la UOCRA de Caleta Olivia.

  • Empleados de Servicios Públicos Sociedad del Estado de Caleta Olivia.

  • Personal Jerárquico de las Empresas Petroleras de la Zona Norte (Caleta Olivia, Las Heras, Pico Truncado y Cañadón Seco).

  • Trabajadores de la salud del Hospital de la Cuenca Carbonífera de Río Turbio.

  • Familias de distintos asentamientos de Río Gallegos.

  • Trabajadores de Parques Nacionales, agrupados en ATE de la localidad de Calafate.

  • Empleado de las empresas petroleras de las localidades de Las Heras, Los Perales, Los Monos.

  • Operarios de la planta de gas “Barbas las Vegas”, perteneciente a Petrobrás.

  • Trabajadores agrupados en el Sindicato de Petróleo y Gas Privado de la Cuenca Austral.

SANTIAGO DEL ESTERO

  • Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE).

  • Movimiento Teresa Rodríguez de Sgo del Estero.

  • Trabajadores de la Educación (ATESE), (SADOP), (UDA) y CISADEMS.

  • Docentes del Círculo Santiagueño de Enseñanza Media y Superior (CISADEM).

  • Alumnos de la Universidad Católica de Santiago del Estero y Fieles Religiosos.

  • Trabajadores agrupados en CGT, UPCN y CTA.

  • Aborigenes y campesinos de Atamisqui.

  • Empleados Judiciales de la Provincia.

  • Habitantes de la localidad de Quimilí.

  • Transportistas de cargas de la provincia.

  • Productores agrarios de la provincia.

  • Asociación de Defensa al Consumidor de la ciudad Capital.

  • Federación de Obreros y empelados de Estaciones de Servicios.

  • Empleados municipales agremiados en (SUOEM)

  • Trabajadores del trasporte público de pasajeros de las líneas 110, 112-, 114- y 116 de la empresa “ERSA”.

  • Jubilados de la Provincia.

  • Trabajadores ambulantes de la antigua terminal de ómnibus de la ciudad capital.

  • Familiares, amigos de los 40 muertos del penal de varones y distintas organizaciones sociales de la provincia.

  • Docentes de la Universidad Nacional de Santiago del Estero (UNSE).

  • Agrupación “Tincunaku” (Ambientalistas de las Termas de Río Hondo).

SAN JUAN

  • Ambientalistas de la provincia.

  • Sindicato Único de Trabajadores de la Educación (SUTEN).

  • Docente de la Universidad Nacional, creadores Universitario Sanjuanino y Asociación de Docente Investigadores (ADICUS).

  • Trabajadores municipales.

  • Trabajadores agrupados en ATE.

  • Distintas organizaciones sociales.

  • Habitantes carenciados de la localidad de Calingasta.

  • Íntergremial de la salud (médicos, enfermeros y bioquímicos).

  • Trabajadores nucleados en el Sindicato de Empleados de Comercio.

  • Empleados de la AFJP de la provincia.

  • Ínter gremial de la salud (médicos, enfermeros y bioquímicos).

  • Docentes provinciales del gremio UDAP, UDA Y AMET.

SAN LUÍS

  • Asociación de Docentes Universitarios de la provincia.

  • Productores agrarios de la provincia.

  • Choferes del transporte de pasajeros de corta y media distancia.

  • Transportistas de cargas

TIERRA DEL FUEGO

  • Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF) y (ATSA), agrupados en ATE.

  • Proveedores del Estado Pcial.

  • Trabajadores de la empresa textil “Australtex” de Río Grande.

  • Habitantes y organizaciones sociales de Ushuaia.

  • Familiares y vecinos autoconvocados de Río Grande.

  • Trabajadores de la Construcción, agrupados en la UOCRA de Ushuaia.

  • Vecinos de la ciudad de Río Grande.

  • Personal del servicio de odontología de Ushuaia.

  • Trabajadores de la fábrica “Cozzuol Fueguina”.

  • Trabajadores de la Empresa “Australtex SA” de Río Grande.

  • Empleados del Instituto Provincial de Regulación de Apuestas (UPCN).

  • Empleados de la Administración Pública Provincial (ATE).

  • Bomberos voluntarios de Río Grande, Tolhuín y Ushuaia.

  • Adjuticatarios y la Unión de Inquilinos de Río Grande.

  • Empleados de Puertos, Obras Sanitarias, Energías, IPV y Vialidad, agrupados en ATE.

  • Trabajadores de ATE de Ushuaia.

TUCUMÁN

  • Ambientalistas locales junto a sus pares de Catamarca y Salta, agrupados en la Asamblea Socioambiental del (ASANOA).

  • Productores rurales de la Provincia.

  • Docentes privados (SADOP).

  • Unión de Docentes Tucumanos (UDT).

  • Jubilados de la provincia y Organizaciones Sociales.

  • Trabajadores municipales.

  • Trabajadores del Ingenio “Aguilares”.

  • Trabajadores agrupados en la Asociación Bancaria.

  • Integrantes de la agrupación denominada “El Andamio – Avalanchanorte”.

  • Familias carenciadas de San Miguel de Tucumán.

  • Choferes del transporte urbano de pasajeros de las líneas 3, 10, y 12 y sus anexos 103 y 110, de San Miguel de Tucumán.

  • Taxistas autoconvocados de la ciudad de Tucumán.

  • Empleados de las AFJP.

  • Desocupados del PO.

  • Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores. (UATRE).

  • Corriente clasista y Combativa CCC

  • ONG´s, vecinos y comerciantes de San Miguel de Tucumán.

  • Familiares de Victimas de la Impunidad de San Miguel de Tucumán.

  • Vecinos de la localidad de Yerba Buena.

  • Auxiliares de Escuelas Estatales, agrupados en UPCN.

  • Distintas organizaciones sociales de S M de Tucumán.

  • Puesteros del “Mercado del Norte”, en San Miguel de Tucumán.

  • Productores de la provincia, agrupados en la SR, FAA y en la Comisión de Autoconvocados.

  • Transportistas de cargas autoconvocados.

  • Productores azucareros agrupados en “Cañeros del Sur”

  • Integrantes de la Comisión Provincial del Patrimonio Cultural.

  • Sindicato de Municipales del Interior Provincial.

  • Retirados de la policías de la provincia

  • Maestros agrupados en la Unión Docentes de Tucumán (UDT) y otros gremios.

  • Trabajadores del servicio de enfermería del Centro de Salud “Zanón Santillán” de la ciudad capital.

  • Docentes agrupados en APEM.

  • Organizaciones sociales y gremiales.

  • Docentes agrupados en APEM, AMET y ATEP.

  • Docentes de la Universidad Nacional, nucleados en la Asociación de Docentes e Investigadores dependiente de la “UNT” (ADIUNT).

  • Docentes de la Unidad de Desarrollo Tecnológico (UDT) y la Unión Docente Argentino (UDA).

  • Empleado de la fábrica de pasta “RIVOLI”.

  • Multisectorial de San Miguel de Tucumán.

  • Multisectorial y CGT, Desocupados, municipales y la asociación de jubilados.

Allanaron la casa del espía Balbuena y su sección en la Federal

EXCLUSIVO DE OJOS VENDADOS

Allanaron la casa del infiltrado en agencia Walsh y lo encontraron allí, junto a su hermana.

El miércoles 22 se realizó un procedimiento similar en la sección Reunión de Información de la Policía Federal donde los investigadores secuestraron computadoras en las cuales los registros ya habían sido borrados. También se llevaron un listado con nombres de agentes de Inteligencia que pertenecen a la misma sección de la Federal en la que trabajaba Balbuena.

Las organizaciones infiltradas marcharon contra el espionaje y la criminalización de la protesta. Además, convocan al Otoño Antirrepresivo.

En el marco de la causa iniciada con la denuncia del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia-EMVJ (foto), personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) allanó por orden del juez federal Sergio Torres el domicilio de Américo Balbuena en San Martín. El agente que estuvo infiltrado once años en la agencia de noticias Rodolfo Walsh se encontraba allí cuando llegaron los efectivos, junto a su hermana, y aunque dispone de un arma, una pistola Glock, no se resistió ni se produjo ningún incidente. La vivienda es una construcción típica de hace unos 40 años y está ubicada sobre la calle Belgrano, en la zona céntrica de esa localidad bonaerense. En su interior había pocos muebles, un colchón en el piso, algunos objetos personales y libros. Los investigadores no hallaron computadoras ni elementos informáticos similares.

En tanto, durante el allanamiento en la sede central de la Policía Federal, de Moreno al 1500, la PSA secuestró el legajo de Balbuena donde constan sus antecedentes y los lugares dónde trabajó. También fueron allanadas las oficinas de la sección Reunión de Información división Análsis donde revistaba el espía, y se secuestraron computadoras y carpetas con documentación.  Los expertos detectaron que los registros habían sido borrados pero creen poder reconstruirlos. Junto al legajo de Balbuena encontraron también una nómina con los demás agentes que reportan a esa dependencia de la Federal.

La denuncia que elaboraron el Ceprodh, la Correpi, la Cadep y la Apel, y que avalaron dirigentes y partidos de izquierda, fue impulsada por el fiscal Carlos Stornelli, quien requirió la apertura de la acción penal contra Balbuena por la presunta violación de la ley de Inteligencia Nacional que prohibe la realización de tareas de espionaje interior.

Además de las medidas urgentes, que la justicia ya puso en marcha, los denunciantes solicitaron que el juez Torres pida informes al ministerio de Seguridad sobre las tareas asignadas a Balbuena, durante cuánto tiempo las desarrolló, quiénes eran sus superiores y quiénes son los demás agentes que trabajaban en esa dependencia de Inteligencia de la Policía Federal. La línea trazada por el juez Torres priorizó la búsqueda directa de todos los elementos que contribuyan a esclarecer estos interrogantes, aunque no descarta concretar también el requerimiento a la ministra Garré para que aporte, incluso, el resultado del sumario interno que dispuso hace dos semanas cuando la agencia Walsh denunció el caso.

Los denunciantes también solicitaron la declaración indagatoria de Balbuena, quien por ahora está ubicado por la justicia pero sin imputación concreta. Si la tuviera, eventualmente, tampoco perdería su libertad porque las penas previstas para el delito que se investiga son excarcelables.

En el escrito presentado ayer por el EMVJ, el equipo de abogados planteó que la pesquisa debe abarcar a toda la cadena de mandos de la Federal, incluídos los ministros de Seguridad e Interior de los gobiernos que se sucedieron durante los once años que duró la infiltración de Balbuena en la agencia Walsh.

Los investigadores ya habrían detectado que esta sección de Inteligencia de la Federal está regida por un decreto de 1963 que colisionaría con la legislación posterior que prohibió todo tipo de tareas de inteligencia sobre grupos sociales y políticos, específicamente la ley de Inteligencia.

Myriam Bregman, una de las abogadas que elaboró la denuncia, destacó que “si bien se dictó la ley de inteligencia bajo gobierno constitucional, ninguno de los gobiernos posteriores a la dictadura militar estableció penas específicas para la infiltración y el espionaje, por lo que se aplican delitos menores y referidos a otras cuestiones, protegiendo así esa deplorable actividad”.

Por su parte, los denunciantes que pertenecen a varias de las centenares de organizaciones que habrían sido infiltradas por Balbuena aspiran a que el avance de la causa judicial pueda culminar en alguna medida que inste al Poder Ejecutivo a desmantelar esa estructura de la Federal y a entregar a quienes fueron espiados toda su información.

Balbuena era un agente PCI (Personal Civil de Inteligencia) quien en la agencia Walsh se dedicó al seguimiento de las actividades de movimientos gremiales y sociales, su agenda y sus movilizaciones. Y desde ese lugar privilegiado concretó lazos de confianza y amistad con centenares de militantes y dirigentes.

Esta presentación del EMVJ es similar a la que realizaron en noviembre de 2011 para denunciar tareas de espionaje realizadas por la Gendarmería Nacional, en lo que terminó denominándose Proyecto X, nombre de uno de los programas informáticos usados por los gendarmes. Los primeros casos fueron denunciados por los trabajadores de Kraft pero luego la investigación judicial demostró que el arco de espiados era mucho más amplio.

Dice el escrito que ahora ya es parte de la causa que investiga el juez Torres: “durante los aproximadamente once años que Balbuena mantuvo su actividad como infiltrado en la mencionada Agencia Alternativa de noticias, simulando ser ‘militante’ se ocupó de cubrir periodísticamente la agenda de actividades políticas, a través de  la  cuales le permitió tener vínculos con distintos referentes y militantes de partidos políticos, organizaciones sociales, sindicales, estudiantiles, de derechos humanos, etc. Incluso realizar entrevistas dentro de los domicilios particulares de varios de ellos”.

“La infiltración de las fuerzas de seguridad en los movimientos sociales tiene como objetivo la criminalización de la protesta social. No estamos ante un caso aislado, cada fuerza tiene su grupo de espías, la Federal tiene un cuerpo de 1.000 agentes para esta tarea”, dijo Bregman, letrada del PTS y querellante en la causa Proyecto X.

Firmaron la denuncia contra Balbuena la propia agencia Walsh, la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, Liberpueblo, Cuba-MTR; Claudio DelleCarbonara, Christian Castillo y Federico Puy (PTS); Néstor Pitrola, Gabriel Solano y Alejandro Lipcovich (PO); Juan Carlos Giordano y José Castillo (IS); Alejandro Bodart y Vilma Ripoll (MST), Héctor Heberling (Nuevo MAS), Elena Hanono (PCR) y Natalia Saralegui (Tendencia Piquetera Revolucionaria).

Ayer, bajo la llovizna, el EMVJ marchó a Plaza de Mayo para denunciar que las organizaciones de derechos humanos, sociales, política y gremiales “somos víctimas del espionaje comandado por las fuerzas de seguridad del kirchnerismo”, y contra la “represión y la criminalización de la protesta”.

Alejandrina Barry, hija de asesinados por la dictadura y miembro del Ceprodh, dijo: marchamos también porque la criminalización de la protesta ha pegado un preocupante salto: en la provincia de Buenos Aires, la Bonaerense detuvo ilegalmente a delegados de ATE en La Plata; fueron atacados brutalmente integrantes de la comunidad Qom en Formosa; en la Ciudad de Macri se suceden desalojos violentos por parte de la Metropolitana, como en el Borda, el Parque Centenario, Sala Alberdi y recientemente en la Gráfica Mom en Pompeya; la Federal desaloja a vendedores ambulantes en Retiro; en Córdoba, detienen sin orden judicial a ocupantes de tierras fiscales; en Santa Fe se desalojó con balas de plomo en Empalme Graneros a los que reclaman un pedazo de tierra para vivir; en Famatina, los ambientalistas fueron reprimidos cuando se manifestaban contra la megaminería; por si esto fuera poco, en Santa Cruz reprimieron a trabajadores estatales y llevarán a juicio a petroleros de Las Heras”. 

La consigna que los unificó fue exigir el desmantelamiento del aparato de espionaje contra los luchadores, que entreguen las listas del personal infiltrado, el fin de la represión y criminalización de la protesta y el desprocesamiento a los más de cinco mil luchadores con causas“.

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Y se viene el OTOÑO ANTIRREPRESIVO

 

Jornadas contra la represión y la criminalización de la protesta social

En los últimos meses, tres hechos represivos en la Ciudad de Buenos Aires volvieron a mostrarnos descarnadamente de qué modo las llamadas “fuerzas de seguridad” actúan como reaseguro de decisiones políticas y a la vez, de intereses económicos privados.

Más allá de su relevancia periodística, los hilos conductores de los tres hechos son los mismos: palos, gases, balas de goma sin reglamento, y balas de plomo también, para anular discusiones sobre el uso del espacio público (Parque Centenario), sobre quiénes acceden a la cultura (Sala Alberdi), sobre el uso de las tierras públicas para negocios privados (Hospital Borda) y antes, sobre la falta de vivienda (Parque Indoamericano). Las causas judiciales forman parte de este escenario a palos, y ya es natural que las detenciones ocurridas en medio de hechos de represión desemboquen en expedientes. Como complemento del acto represivo, la criminalización intenta aleccionar y disciplinar para evitar la reincidencia en el derecho a protestar, resistir, manifestar o estar en disidencia.

Detrás de este andamiaje y dentro de las leyes, los casos de infiltrados en organizaciones sociales (como Américo Balbuena, policía de la Federal infiltrado por años en la Agencia de Noticias Rodolfo Walsh) reviven las denuncias contra el Proyecto X y la ley antiterrorista, y conectan directamente el pasado histórico de la dictadura con la actualidad. Cada hecho de represión y judicialización de la protesta en todo el país durante la última década desnuda la contradicción de un gobierno que ha avanzado en el castigo a los represores de los ’70, mientras mantiene intacto el aparato represivo y sin sanción a los responsables de las reiteradas violaciones de los derechos humanos en democracia.

Apelando a los márgenes cuando hace falta, la tercerización de la represión aparece como brazo multitarea, poniendo a disposición barrabravas y efectivos de seguridad retirados o no, con ejemplos como la extinta UCEP en Buenos Aires o el grupo parapolicial GP5 en Mar del Plata, para limpiar de pobres las calles, “agilizar” desalojos o interviniendo en conflictos sociales como apoyo a las fuerzas policiales con desenlaces como el asesinato de Mariano Ferreyra.

Este escenario no es nuevo ni exclusivo de la Ciudad de Buenos Aires. Es un botón de muestra, que en estos días encuentra eco en todo el país.

Por eso es urgente convocarnos para encontrarnos y hablar en voz alta de la represión y la criminalización de la protesta social. Porque es necesario no naturalizarla, denunciarla ampliamente y resistirla.

¡Basta de Represión! ¡NO a la Criminalización de la protesta social!

Cine Debate

Viernes 24/5 a las 20hs en el Espacio de Cultura y Política Popular “El Cid” (Ángel Gallardo 752, 2º piso).
Proyección de videos sobre las políticas represivas del Estado en los últimos tiempos.

Festival artístico- cultural

Sábado 1/6 desde las 13hs en el Anfiteatro del Parque Lezama (Av. Paseo Colón y Brasil).
Serigrafía – Stencil – Exposición de fotos – Muralismo colectivo – Radio abierta -Intervenciones teatrales – Juegos – Taller de ula-ula – Taller de autodefensa – Feria – Batucada – Murga

  • Presentación del libro “La Justicia a cuentagotas” de Hijos La Plata – Charla debate.

Charla debate

Domingo 2/6 (horario y lugar a confirmar).

 

Sobre Ley Anti-terrorista y la lucha contra la represión.

 

Panelistas: Integrantes de CORREPI-COPODH-CADEP, Enrique “Cachito” Fukman del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, y testimonios de procesadxs por luchar.

http://argentina.indymedia.org/uploads/2013/05/oto_o_anti_represivo-01.jpg

Manual sobre la ingeniería del espionaje y la criminalización de la protesta

En esta entrevista la abogada Myriam Bregman –impulsora de la denuncia inicial de la causa conocida como Proyecto X— aborda los interrogantesque despierta el descubrimiento de que, una vez más, una de las fuerzas de seguridad hizo inteligencia interior sobre militantes y organizaciones sociales de un amplio espectro ideológico, una actividad que está prohibida por las leyes vigentes. En especial, explica que en el 95 por ciento de los casos los gendarmes actuaron sin orden judicial alguna. Y que si hubiesen existido tales directivas también serían ilegales. “La red nacional de espionaje y monitoreo montada por la Gendarmería responde a disposiciones internas, y su objetivo es el armado de causas penales”, afirmó la letrada.

El documento que ilustra esta nota enumera las “principales organizaciones que originaron las expresiones sociales monitoreadas por la fuerza”, según detallaron los gendarmes en el extenso listado que figura en el expediente. Son más de mil, de casi todas las provincias, y están desde los docentes universitarios de la Conadu hasta los taxistas autoconvocados de Tucumán. El listado completo se publica en otra nota de esta sección

http://www.adrianameyer.com.ar/index.php/item/95-m%C3%A1s-pruebas-confirman-el-espionaje-de-gendarmer%C3%ADa-proyecto-x

–¿Cómo detectaron el espionaje y la infiltración de la Gendarmería en sus organizaciones?

 

–A partir del inicio de varias causas penales contra los delegados antiburocráticos de KraftPepsico y otras empresas multinacionales de la zona norte del gran Buenos Aires, notamos que estas causas tenían un denominador común: la Gendarmería Nacional aportaba distintos tipos de pruebas, como informes de inteligencia con caracterización de los conflictos sindicales, la clasificación política de los delegados, las tendencias sindicales dentro de los gremios.

A la vez, fuimos advertidos por los mismos compañeros trabajadores que nos indicaban que la Gendarmería enviaba a agentes sin identificación para que se mezclen entre ellos cuando se manifestaban. Esto lo pudimos constatar gracias a las filmaciones que realizaban los mismos trabajadores y también de las mismas causas iniciadas contra los trabajadores; los gendarmes que fueron citados a declarar para indicar si habían visto a los delegados, mencionaban que es una práctica habitual de ellos entremezclarse de civil para obtener datos y que habían podido constatar algunos de esos datos con una “base de datos” que ellos tenían.

Con esta prueba que ya considerábamos irrefutable, fue que iniciamos, junto a una decena de personalidades y organismos de derechos humanos, la querella presentada el 22 de noviembre de 2011 denunciando que se realizaba inteligencia ilegal y la violación de toda la legislación en la materia.

Tras casi un año se dieron a conocer el resultado de las pericias sobre las computadoras de Campo de Mayo y las del edificio Centinela de la Gendarmería nacional, donde funciona el Proyecto X, y el resultado fue de una gravedad aún mayor que la denunciada. Con la pericia informática se constató que la Gendarmería Nacional “monitorea” permanentemente las actividades de unas 1000 organizaciones, gremiales, políticas, de derechos humanos susceptibles de “Alteración del Orden Público (AOP)”. Usamos la palabra “monitoreo” porque es la utiliza la propia fuerza, y aclaramos que las situaciones de AOP pueden ser desde una huelga de hambre, hasta una huelga o una cualquier forma de manifestación de un reclamo.

–¿Qué es Proyecto X?

–Nosotros pedimos que Gendarmería informe todas las bases de datos con las que cuenta, y el Comandante Héctor Schenone dio cuenta de su existencia en un escrito presentado ante el Juzgado federal N ° 7 a finales de diciembre de 2011. A partir de esa presentación y de las pruebas que teníamos, se ordenó un peritaje sobre el servidor en la que está esa base de datos y sobre el Centro de Reunión de Campo de Mayo. Los resultados dieron que existían alrededor de 500 informes provenientes de distintos puntos del país, sobre las actividades de cuerpos de delegados combativos, organismos de derechos humanos, informes sobre las villas, entre otros, (facsímil)

Con ese nombre tan llamativo, “Proyecto X” pasó a ser el nombre popular de toda la causa sobre espionaje, de esta red nacional de infiltración, inteligencia y monitoreo que posee la Gendarmería Nacional sobre el conjunto de los sectores populares, sobre los  trabajadores y en especial sobre las comisiones internas gremiales combativas y de izquierda.

–¿Qué sucedió luego de la denuncia inicial? ¿Con qué objetivo se hizo un back up y quién lo ordenó?

–Entre los datos que arrojaron las pericias presentadas a mediados de febrero de este año, encontramos que un día después de la presentación de la denuncia y que apareciera publicada en Página/12 el mismo 22 de noviembre de 2011, se hizo una copia de seguridad de la información del servidor del Proyecto X. Y posteriormente, en febrero de 2012 cuando trascendió en forma masiva la existencia del Proyecto X, se realizó otro back up. Esto nos llamó la atención, porque, como venimos denunciando, es probable que los back up realizados hayan sido para borrar y ocultar información.

–El gobierno sigue diciendo que los gendarmes actuaron en base a órdenes de la justicia, ustedes sostienen que no es cierto. ¿Hay algo en el expediente que demuestre que actuaron sin instrucciones judiciales?

–Claro, los cientos de informes de todo tipo de movilizaciones, reuniones y actos no pudieron salir de alguna orden judicial.

Según surge de los propios informes de inteligencia, la Gendarmería Nacional cuando tiene que realizar alguna diligencia por orden judicial, deja constancia en el marco de qué expediente judicial se trata. En los documentos encontrados en las computadoras peritadas, en el 95% de los casos, los informes de inteligencia no dejan constancia alguna de que se trate de alguna diligencia judicial.

Pero hay otro tema que debemos dejar claro. Si hubiese existido una orden judicial que exigía, por ejemplo, hacer informes sobre las tendencias políticas dentro de los delegados de Kraft, ello igualmente es absolutamente ilegal. En el país donde la “obediencia debida” es sinónimo de impunidad, sobran las explicaciones.

En sus pocas declaraciones al respecto, distintos representantes del gobierno tratan de enmarcar ésta actividad ilegal de la Gendarmería en la investigación de procesos penales, para así deslindarse de responsabilidad y cargar la misma sobre la justicia, lo cierto es que con la información que ya contamos en el expediente, la red nacional de espionaje y monitoreo montada por la Gendarmería responde a disposiciones internas. La más completa es una del año 2009, momento en que Aníbal Fernández se encontraba al frente de las fuerzas represivas. A ese motivo creemos que se deben todos los agravios que nos dirigió últimamente el senador Fernández.

 

–¿Por qué la Gendarmería habría tomado la iniciativa de espiar a militantes y organizaciones? ¿Cómo llega el producto del espionaje a los expedientes quecriminalizan la protesta?

–Precisamente ese es unos puntos que se tienen que determinar con la investigación. La extensión en el tiempo, al menos desde el 2004 a principios del 2012, el hecho que abarque las funciones de Fernández y Nilda Garré, la defensa que han hecho de la Gendarmería cuando apareció la denuncia, incluso la propia Presidente de la Nación salió a defender el Proyecto X y a aseverar que habían detenido a un cargamento de drogas con ese proyecto cuando estaba precintado y sin uso en ese momento, son todos elementos que nos hacen pensar que hay una orden política detrás.

Hoy en día, con los informes encontrados y el hecho de que la mayoría de los delegados y activistas sindicales de la zona norte de KraftPepsico, Frigorífico Río Platense se encuentren con causas penales abiertas, se demuestra que uno de los fines concretos de ésta red de espionaje e inteligencia es el armado de éstas causas penales, para condicionar justamente a los luchadores y delegados sindicales cuando salen a la calle para reclamar por aumento de salario, contra los despidos y suspensiones, por el fin del impuesto al salario o por sus derechos.

Recordemos que Hermosilla, delegado de Kraft y militante del PTS, tiene 10 procesos penales, y fue citado 16 veces a indagatoria por la Justicia Federal de San Martín.

La base probatoria de todos los expedientes penales son informes de inteligencia de la Gendarmería Nacional , junto con el testimonio de los mismos gendarmes que admiten lisa y llanamente la infiltración entre los manifestantes.

Es decir, la Gendarmería cuenta con información previa, y cuando la justicia requiere iniciar un proceso penal contra los trabajadores de alguna fábrica, la Gendarmería ya sabe a quien apuntará y empieza a “blanquear” judicialmente la información que ya poseía de antemano.

–Eventualmente, ¿este tipo de prácticas podrían ser ordenadas por la justicia en la investigación de cuáles delitos?

–Si fuesen solicitados por la justicia igualmente sería ilegal. Pero en el 95% de los informes no hay orden judicial.

Gran parte de los casos por los cuales los delegados y activistas gremiales se encuentran procesados, son por manifestaciones que interrumpieron el tránsito, y que junto con la mayoría de los juristas sostienen que de ninguna manera pueden tratarse como delitos penales a las interrupciones de tránsito ya que no se dan los elementos que el propio tipo penal requiere.  Es un artículo del Código Penal que fue introducido por la dictadura de Onganía y que hasta el día de hoy se utiliza como herramienta prioritaria para perseguir luchadores.

 

–¿Cómo funciona el mecanismo de la criminalización de la protesta? ¿Quién impulsa y motoriza las denuncias? ¿Cuál es el rol de las fuerzas de seguridad?

–Existen funcionarios judiciales como el fiscal Paulo Starc, que luego del papelón cometido en el caso Pomar cuando era funcionario de Scioli se dedicó en forma casi exclusiva a perseguir trabajadores combativos de la zona norte del gran Buenos Aires. Esta actividad claramente persecutoria fue avalada por el juez subrogante Mariano Larrea y lo que es peor, completamente respaldado por la Cámara Federal de San Martín, en sus dos salas, también sobre las consideraciones que podamos hacer sobre su ideología ya que es tristemente conocida en el país.

Ellos se basan para el armado de causas y para su posterior justificación y presentación con las formas de un expediente judicial, en los informes que le provee la fuerza favorita del gobierno nacional: la Gendarmería.

En el caso del Poder Judicial de la zona norte del Gran Buenos Aires, nos consta que se proveen de los informes de la Gendarmería con sede en Campo de Mayo, específicamente, de los que provienen del Centro de Reunión de Información.

Pero no podemos dejar de considerar que hay un interés político en sostener la existencia de éstas causas. Con su existencia se pretende tener condicionado justamente a los sectores más combativos del sindicalismo que nosotros llamamos de “base”. Los trabajadores del gremio de la Alimentación procesados y que pronto irán a juicio oral, son opositores a Daer, aliado de la Casa Rosada.

–A partir de la visibilidad que tomó el caso Proyecto X, ¿es posible pensar en un efecto en cadena que tienda a la anulación de los cinco mil procesos abiertos por protesta social?

–Si, nosotros estamos exigiendo la anulación de los procesos. También sabemos de los límites que existe ante la multiplicidad de juzgados que intervienen. Por eso cada año junto a otros organismos de derechos humanos impulsamos proyectos de ley para que se anulen en su conjunto las causas penales contra los trabajadores y luchadores sociales.

Lamentablemente, muchos de los legisladores de la oposición patronal que hoy se muestran escandalizados por el espionaje de la Gendarmería , y tantos otros diputados oficialistas que afirman que no se criminaliza la protesta social, jamás han dado tratamiento al proyecto de anulación de los procesos penales, que ha quedado en manos de unas pocas personas y en forma esporádica.

Claro, qué pueden decir los diputados del PRO por ejemplo cuando el propio jefe de Gobierno de la Ciudad , Mauricio Macri instauró una red igual como una de sus primeras medidas de gobierno,  junto con la implementación de una patota parapolicial llamada UCEP. O los diputados que responden a Binner cuando la provincia de Santa Fe encabeza los índices de gatillo fácil policial y de muerte de militantes en los últimos tiempos. Y el caso de la testigo en causas de lesa humanidad Silvia Suppo en Santa Fe está tan impune como el de Julio López en la provincia de Buenos Aires.

–¿Hasta dónde cree que podrá llegar la justicia?

–Conocemos bien los límites que pone el propio sistema judicial a este tipo de investigaciones que involucran al poder político. Sin ir más lejos, todavía seguimos peleando porque nos entreguen los archivos secretos del espionaje en la dictadura.

Hemos luchado contra el letargo judicial, y fue nuestra actividad la que prácticamente impulsó el expediente para que tuviera algún grado de avance.  Propusimos las pruebas, aportamos todo lo que estuvo a nuestro alcance.

El paso del tiempo conspira contra la producción de pruebas. El allanamiento realizado por el anterior juez de la causa, Norberto Oyarbide en Campo de Mayo, fue hecho 9 meses después de nuestra denuncia, tiempo más que suficiente para que se eliminara todo tipo de pruebas.

Hemos efectuado un primer llamado a indagatorias para que desde ahí se pueda avanzar en las responsabilidades del caso, para abajo en la cadena de mandos, pero fundamentalmente para arriba. Queremos llegar a la cúspide de esto.

–A juzgar por las últimas novedades hay un cambio en la investigación luego del pase a manos del juez Casanello ¿esto es así?

 

–Es muy temprano para aventurar un “cambio en la investigación” desde que Casanello se hizo cargo del Juzgado en octubre del 2012. Fueron solo unos meses donde se dio a conocer una pericia que tardó casi un año en realizarse.

La semana pasada los trabajadores denunciantes, junto a algunas Madres de Plaza de Mayo y organismos de derechos humanos, le solicitaron en una entrevista al Juez Casanello mayor celeridad en la investigación para que se termine con este escandaloso espionaje, y que se empiece a avanzar en las responsabilidad penales y políticas del caso.

Hasta el momento el juzgado no ha resuelto el pedido de indagatoria realizado el 1 de marzo.

Este 24 de marzo será la principal bandera con la que saldremos a las calles junto al Encuentro Memoria Verdad y Justicia. Todos saben lo que significa en la Argentina estar en una lista negra de una fuerza de seguridad.