«Resistimos hasta el final y seguiremos»

14 julio, 2017 by Adriana Meyer

Luego de varias noches de vigilia, los despedidos intuyeron que ayer la policía avanzaría contra ellos. Pero no imaginaron la violencia del operativo ordenado por el gobierno macrista. «No hubo un muerto de casualidad, esto fue como me lo que contaba mi viejo, que era de la Ford, donde desaparecieron a la interna. Resistimos hasta el final y vamos a seguir», dijo el delegado Luis Medina eufórico a minutos de salir de la planta junto a los demás, libres en la calle, rodeados de periodistas, cámaras y militancia que cantaba «se va a acabar la burocracia sindical, paro general». (fotos Rodrigo Wilson Enfoque Rojo)

“Están cebados, sacados”. “Esto parece el 2001, actúan como en la dictadura”. “Volvieron”. Entre una y otra arremetida represiva del cuerpo de Infantería de la Policía Bonaerense, frente al portón principal de PepsiCo, azorados y con los rostros desencajados, manifestantes, diputados y periodistas no podían creer lo que estaban viviendo. Había sido una larga noche de vigilia, con centenares de trabajadores y militantes apostados en los tres accesos de la planta de Florida, ubicada en medio de un barrio que combina casillas de chapa con chalets de tejas, con vecinos que salieron a batir cacerolas en apoyo a las y los obreros y que terminaron teniendo que sacar a sus hijos del jardín de infantes y la escuela por los gases. La imagen de la madrugada fueron los obreros desde los techos, como en los ’70, agradeciendo el aguante de la segunda noche de espera al operativo de desalojo. La foto de la mañana fueron ellos al lado de las hijas de desaparecidos Victoria Moyano Artigas y Alejandrina Barry al borde de la cornisa rodeadas de policías. Luego de los palazos y las corridas, vino el momento de mayor tensión. Tras casi una hora de pelearse a los gritos con los jefes del operativo, el grupo de diputados que habían llegado, entre ellos Miguel Funes y Leonardo Grosso (FpV), logró que ingresaran Nicolás del Caño (FIT-PTS) y Luis Zamora (AyL) para garantizar la integridad de quienes estaban adentro, dado que la Bonaerense ya había entrado con gases para sacarlos. «Qué verguenza das Vidal, reprimís a las obreras que están defendiendo su derecho al pan», fue uno de los cantos que se escuchó durante la represión contra una fábrica donde la mayoría son mujeres sostenes de hogar.

Cuando cerca de las 2 de la mañana el delegado Camilo Mones dijo con el megáfono desde el techo “vamos a combatir la batalla de PepsiCo” varios se miraron como si sonara exagerado.

Dos horas antes todavía se podía entrar a la fábrica de saladitos, donde las instalaciones aparecían en buen estado y hasta relucientes. En la oficina de ingreso, el fondo de lucha y una máquina de café. “Miente la empresa, lo que producimos acá lo van a hacer en otros países, el propósito que tienen, avalados por el gobierno, el sindicato y la justicia, es político, nos quieren liquidar porque en 20 años logramos conquistas que no hay en ninguna otra fábrica de la alimentación, como la categoría superior a la que antes no accedían las mujeres, que hacían empaque, el laburo más pesado y menos remunerado”, dijo Liz Fernández a PáginaI12. “Cocinaron todo entre ellos y en el ministerio nos ofrecieron indemnizaciones y unos cursos que rechazamos. La categoría que logramos puedan acceder mujeres antes era reservada a los hombres, tocar máquinas, acá peleamos contra el machismo en las empresas y en los convenios, paramos el 8 de marzo”, agregó. “Los supuestos problemas de costos que les traemos nosotros son 20 años de peleas a favor de los tercerizados, no permitir que los de agencia estén tres meses y se vayan”, apuntó Leandro “Garza” Gómez.

La ocupación había sido decidida en asamblea cuando se enteraron que la empresa quería llevarse las máquinas a la planta de Mar del Plata, con personal temporario. “La empieza quiere reabrir pero sin nosotros, pero no nos vamos a ir aunque nos saquen, si logramos quedarnos nos ponemos a producir, la idea es resistir, estamos despedidos pero el desalojo no significa el fin del reclamo, la empresa solo busca más rentabilidad y el gobierno la avaló porque buscan eso en todas las demás”, agregó. Afuera, Mones decía a la multitud: “No buscamos ser un ejemplo para la clase trabajadora, ni que nos echen, ni que cierre la fábrica. Pero por defender nuestros mínimos derechos nos tiraron a la calle, nosotros adentro y ustedes afuera vamos a resistir todo lo que podamos”.

Catalina Balaguer es delegada y trabaja en PepsiCo desde hace 20 años. “Cuando nos atacó la fábrica apuntó a las mujeres, yo me solidaricé y por eso me echaron, siempre avasalló. Por eso nos fuimos organizando, cuando hice campaña por mi reincorporación llovían los reclamos de todas las filiales del mundo por maltratos, abusos y falta de sindicalización”, recordó. El derecho laboral argentino tiene un fallo que lleva su apellido porque logró un fallo de reinstalación que la reconocía como “delegada de hecho”. La habían despedido aduciendo “bajo rendimiento”, pero tuvo que ser reincorporada cuando quedó demostrado que fue una acción antisindical y discriminatoria efectuada por la empresa por su actividad gremial. “Acá hubo compañeras que se fajaban estando embarazadas porque no les daban licencia por maternidad, peleamos tener una guardería, y que las compañeras lastimadas por los ritmos de producción tuvieran otras tareas porque antes eran echadas o puestas en una jaula”, agrega Balaguer y acomoda sus rastas negras.

Listo, se cierra el portón. Ese mismo que horas más tarde no podrían abrir los policías ni con barretas de hierro. Un grupo adentro, entre ellos las víctimas de la dictadura Moyano y Barry, y los demás afuera, en vigilia, con gomas y pallets apostados en las calles y frente a cada portón de la enorme planta. Un obrero de PepsiCo repartía saladitos para matizar la espera, hasta que cerca de las 4 de la madrugada comenzaron los movimientos. “Son como 12 vehículos, tres escuadrones, están en Constituyentes y General Paz”, comentó una pareja que venía al trote por calle Urquiza. Muy lentamente aparecieron las camionetas verdes de la Gendarmería y rodearon todo el perímetro de la fábrica. Comenzó a sonar la sirena de la fábrica. Se escuchó el ruido de cacerolas, eran los vecinos que salieron a solidarizarse. “Vamos aguanten”, les decía una señora con saco polar y pantuflas rosas.

Pasaban las horas, se terminó el café y el agotamiento de dos jornadas sucesivas de vigilias empezaba a notarse en los cuerpos. Poco antes de las ocho, aparecieron sobre San Martín medio centenar de mujeres policías de la Bonaerense. Comenzaron las corridas, reforzar algunos puntos, y el alerta de “ahora sí se viene”, cuando ya parecía que no, que hoy tampoco sería el día. Finalmente, arremetió la Gendarmería con todo barriendo a los manifestantes del acceso principal, y los corrió incluso dando vuelta la manzana, en medio de las casas y escuelas del barrio. Las caras rojas y los ojos reventados por el gas, cortes en los rostros, desmayados iban cayendo mientras otros los rescataban y entre todos se reagrupaban para, al rato, volver cantando contra el macrismo y su policía ultra violenta. Un viejo militante decía “así nos cazaban hace 41 años por las calles, en las universidades, en los sindicatos y en las fábricas los grupos de tareas”.

Comenzaron a llegar los medios y los diputados, Patricio del Corro, Christian Castillo, Nathalia Seligra, Vilma Ripoll, Fernando Vilordo, además de Zamora, Del Caño, Funes y Grosso. Pero ese portón terminó siendo un corralito de terror. En un reducido espacio entre la planta, las calles laterales y las casas unos 300 uniformados hacían cordones para impedir el regreso de los manifestantes, y también de la prensa. Hubo abiertas sucesivas provocaciones por parte de Bonaerenses, como cuando un camarógrafo pasó el cordón femenino y el jefe del operativo le gritó “te hacés el vivo porque son mujeres”.

Al rato, otra barrida de policías pretendió correr a diputados y periodistas, mientras la policía forzaba el portón y entraba a PepsiCo. Los puntos de ataque se habían multiplicado y al rato el periodista de Crónica Aldo Romano fue atacado tan solo cuando se acercó al kiosko, y ni siquiera los gritos de los legisladores frenaron la feroz paliza, que ligaron todos. Fue en ese momento que el jefe del procedimiento fue increpado por el colega de Romano y por el ex diputado Del Caño, a lo cual el policía le respondió “que no venga a hacer populismo acá”. El dirigente le gritó en la cara “acá están pegando a periodistas, camarógrafos, usted es responsable por su integridad, de qué populismo habla”.

Vale todo

Poco después por la calle Urquiza hicieron pasar una camioneta de traslado de detenidos, y mientras los legisladores intentaban organizar una comisión para preservar a los ocupantes que estaban a punto de ser sacados de la planta, se escucharon gritos y pedidos de auxilio desde el interior del vehículo. Matías Aufieri y Carlos Platkowski, abogados del Ceprodh, comenzaron desesperados a gritar para exigir que dijeran a quién llevaban herido allí adentro, que los liberaran si estaban lastimados o dijeran a dónde los llevarían. La respuesta fue poner primera y casi atropellarlos a ellos, a varios manifestantes y a esta cronista.

Los Bonaerenses al rato metieron otra camioneta, pegada al portón. Se escucharon cantos desde adentro que se acercaban. “Unidad de los trabajadores, y al que no le gusta, se jode”, venían gritando los ocupantes que empezaron a salir y en lugar de ser llevados detenidos con el cordón armado por abogados y diputados siguieron de largo caminando media cuadra. Con una bomba de gas en la mano, Mones dijo ante las cámaras. “Desde el 20 de junio las compañeras lloran en la puerta de la fábrica, los chicos con frío, y hoy la policía bonaerense nos trata así, mi viejo que era un obrero de Ford me contó esto, que a su comisión interna la hicieron desaparecer, lo dicen los libros de historia y yo con 43 años jamás viví esto, que pasa en esta pseudo democracia. La vez pasada reprimieron a las organizaciones sociales en la 9 de Julio, hoy de casualidad no hubo un muerto acá en Florida Oeste”, dijo el delegado. “La peleamos hasta el final y vamos a seguir”, agregó.

Mientras los empleados de municipio Vicente López a toda velocidad recogían los restos de las carpas donde habían acampado las obreras, el fiscal Gastón Larramendi recibía a las y los abogados que reclamaban por los cinco detenidos. El argumento que adujo la empresa y la fiscalía para ordenar el desalojo fue un riesgo de contaminación, algo por demás llamativo porque el despacho de Larramendi queda exactamente enfrente de PepsiCo. “No hay ninguna contaminación, hubo y se solucionó en 2009, cuando empezaron a pagar para el tratamiento del agua”, había dicho más temprano Liz García, obrera despedida, a Página12. El fiscal dijo lamentar haber tenido que dictar esa orden, a lo cual la abogada Bregman le respondió: Señor fiscal, su nombre va a estar asociado al de los peores represores”.

«Fue correcto llamar a votar en blanco»

21 marzo, 2017 by Adriana Meyer

Está bronceado pero no estuvo de vacaciones en la playa. Nicolás del Caño, ex diputado y ex candidato a presidente por el PTS-FIT, participó de diferentes protestas desde que comenzó el año, entre ellas las que fueron reprimidas como la de los mapuches en Chubut y la toma los gráficos en la planta de AGR en Pompeya. “Tenemos que profundizar lo que venimos haciendo, en Atlanta se vio una fuerza cada vez más potente para pararle la mano al Gobierno y a las patronales que vienen con el objetivo de avanzar con nuevos convenios flexibilizadores, con más ajuste, palos y represión”, dice sobre el acto del 19 de noviembre del PO, el PTS, IS y otras fuerzas. Como sucedió en 2015, Del Caño no descarta que este año vuelvan a competir internamente en las PASO. Aunque una encuesta lo posicionó con buenos números en la provincia de Buenos Aires, cree que es temprano para hablar de candidaturas.

–¿Cómo se prepara la izquierda para el año electoral?

–Hay que redoblar esfuerzos y estar en cada una de las luchas, va a ser un año conflictivo y la izquierda en la calle y en el Congreso ya marcó una oposición consecuente al Gobierno, por eso pensamos que podremos conquistar nuevas bancas, ya demostramos que estamos al servicio de denunciar los atropellos a las libertades democráticas, de la lucha de las mujeres, los estudiantes y los docentes, contra los despidos y por aumento de salarios. Ya empezamos con represión en el conflicto de AGR y en Esquel a la comunidad mapuche, brutalmente atacada. El desafío es convencer no sólo a quienes comparten nuestra perspectiva socialista y anticapitalista, sino a otros sectores que quizás no tengan coincidencia en todos los planteos del FIT pero quieren que estemos con más fuerza en el Congreso.

–¿El frente entre el MST y el Nuevo MAS podría restarles votos?

–No podemos especular con algo así ahora, el FIT ha nucleado a las principales fuerzas de la izquierda clasista y anticapitalista y lo demostramos en Atlanta, tenemos la apertura para todas las organizaciones que compartan nuestro programa. Pero los compañeros del MST tienen otra perspectiva al haber apoyado a la Sociedad Rural, a Luis Juez, que ahora está con Macri, a Pino Solanas, son parte de la centroizquierda.

–Sin embargo, ellos se definen clasistas y anticapitalistas.

–Es una cuestión que se ve en la práctica y en los planteos que ellos hacen, hay que ver qué tipo de alianzas políticas tienden a construir.

–¿La convivencia dentro del FIT sigue tensa?

–Ahora estamos todos juntos, jugados al triunfo de la lucha de los compañeros de AGR, después del acto unitario se fortaleció el Frente. Luego habrá discusiones cuando estemos más cerca de las elecciones sobre la posibilidad de tener candidaturas comunes en las PASO o no. Aún falta para ese debate, pero en la eventualidad de no llegar a coincidir, una competencia tampoco pondrá en riesgo la unidad programática del FIT.

–Ante la intensidad del ajuste macrista, ¿les siguen preguntando si no se arrepienten de haber llamado a votar en blanco?

–Hay gente que puede seguir preguntándoselo, pero hay mucha más gente que comprende que somos una fuerza socialista y no apoyamos candidatos como Daniel Scioli o Macri. Después hay otro sector importante que comprende que este año se vio a las claras cómo el Frente para la Victoria fue clave con sus votos en el Senado para garantizar las leyes de ajuste y entrega de Macri. Los sindicatos más mimados de CFK, como UPCN, abiertamente traicionaron la lucha de los estatales, sólo por nombrar uno. Y con eso se reafirma que nuestra postura fue correcta. (Miguel Ángel) Pichetto es hoy clave para la política macrista, y el bloque del FpV lo integran él y los que dicen que son cristinistas puros.

–¿Le siguen cuestionando haber dicho que Macri y Scioli eran lo mismo?

–Eso es una simplificación malintencionada de nuestro planteo, sostuvimos que lo que tenían en común, junto con Massa, era el núcleo de su política: la devaluación, el arreglo con los fondos buitre y los tarifazos. Todos planteaban una política de mano dura, sobre la baja de la edad de imputabilidad Scioli estaba a favor. Por supuesto que son alianzas políticas distintas, pero con un mismo planteo político.

–¿Por qué el FIT estuvo ausente del lanzamiento de la comisión investigadora en el Congreso por el atentado a la AMIA?

–Tal como sostiene Apemia, todo lo que tiene que ver con la AMIA debe ser abordado por una comisión investigadora independiente, encabezada por los familiares y los organismos de derechos humanos, pero independiente de los partidos que siendo gobierno garantizaron la impunidad. Esa sería la manera de tener más chances de llegar a la verdad y terminar con el encubrimiento.

–¿Objetan que al ser parlamentaria estarán esos partidos?

–Claro, creemos que no puede ser restringida al ámbito parlamentario, las comisiones allí se arman por los partidos mayoritarios.

Test del veraneante

–¿Usa redes sociales?

–Sí, Facebook y Twitter. También Instagram pero desde hace poco. Tengo un Facebook personal, y hay una página para difundir la actividad política. Twitter lo usamos para polemizar en los debates del momento.

–¿Qué está leyendo?

–Una novela de Alfredo Varela, El río oscuro. Pienso seguir con La fuerza de los fuertes, de Jack London, que sacó el IPS, y con textos de economía.

–¿De autores trotskistas?

–No, de otros enfoques.

–¿Series preferidas?

–Me recomendaron The Killing, y hace poco vi El Marginal por Netflix, que no la había podido ver en la TV Pública, me pareció muy buena. Con mi compañera vemos policiales, como The Fall.

–¿Qué no puede faltar en su valija o bolso?

–El mate.

–¿Fernet o Campari?

–Fernet, soy cordobés.

Exigen al Estado abrir los archivos sobre Julio López

18 septiembre, 2015 by Adriana Meyer

La apertura de los archivos del Estado no es una consigna vacía. A nueve años de la desaparición de Jorge Julio López –sobreviviente de la dictadura y testigo en la causa que condenó al genocida Miguel Etchecolatz– fue presentado en el Congreso un proyecto de ley que exige la apertura de los archivos en poder del Estado referidos a este desaparecido. López es uno de los casi 200 que nunca más aparecieron en democracia, pero es el único que desapareció dos veces, el 27 de octubre de 1976 y el 18 de septiembre de 2006, el día en que escucharía los alegatos durante el juicio contra el represor que lo había secuestrado. La diputada nacional Myriam Bregman (PTS-FIT), impulsora de la norma, enumeró los casos en los que ya comprobaron de manera concreta la elaboración de informes secretos por parte de los agentes de Inteligencia de diversos organismos del Estado, infiltrados en organizaciones sindicales, sociales y políticas. Y junto a los participantes de la audiencia pública coincidió en que se trata de una práctica de la dictadura que siguió sin pausa durante la democracia. “Bajo los gobiernos constitucionales las fuerzas armadas y de seguridad jamás abandonaron el método de la desaparición de personas, así lo hicieron en La Tablada, con Miguel Bru, y tantos otros”, afirmó Bregman.

“Hemos demostrado que los archivos de la dictadura existen, en la causa de Alejandrina Barry la SIDE nos envió los que tenía guardados desde el año ’74. Pero mucho más cerca en el tiempo nos consta que la SIDE y las agencias de inteligencia de los distintos organismos del Estado también tienen acumulada información de estos años, seguramente tienen sobre (el genocida Miguel) Etchecolatz y Julio López”, arrancó Bregman luego de mencionar a todas los referentes políticos y de derechos humanos que estaban presentes. “En nuestra denuncia conocida como Proyecto X demostramos que tenía información completa sobre muchos de los que estamos aquí, hay datos sobre viajes de Cortiñas a Trelew, y como el ejemplo del compañero de la CCC que estaba fichado y le seguían imputando causas a pesar de que estaba fallecido. Ahí probamos que la Gendarmería tiene información de todos los que militan”, agregó. Cuando habían pasado siete meses de la desaparición de López, desde Justicia Ya La Plata ya denunciaban que el informe de la SIDE en el expediente judicial se había basado en datos de la guía telefónica y preguntas genéricas a los vecinos. “El que comandaba la elaboración de esos informes era el ex agente Antonio Stiuso, tratando de encubrir a la Policía Bonaerense y a los demás responsables de la desaparición de López”, dijo Bregman.

La audiencia pública para presentar el proyecto de ley que exige la apertura de los archivos en poder del Estado referidos a la desaparición de Jorge Julio López contó con la presencia de María del Carmen Verdú (Correpi), Carlos Zaidman (Multisectorial La Plata), Elsa Pavón (Asociación Anahí), Nora Cortiñas (Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora), Pablo Pimentel (APDH La Matanza), Sebastián Iacoponi (Izquierda Revolucionaria), Graciela Rosenblum (LADH), Nicolás Tauber (Liberpueblo), Patricia Walsh (diputada mandato cumplido y querellante en la causa ESMA), Claudia Ferrero (Apel), Carla Lacorte, Jorge Sobrado, Gloria Pagés, Luis Bonomi (Ceprodh), Christian Castillo (PTS), Ana Laura Lastra (comisión interna Indec), Enrique “Cachito” Fukman (AEDD) y despedidos de Coca Cola y LAN.

Nicolás del Caño, coautor del proyecto, envió un saludo por estar de viaje, al igual que Pablo López (PO). También enviaron su mensaje el diputado Ricardo Cucovillo y Juan Carlos Zabalza, al igual que Nilda Eloy y María Laura Bretal desde La Plata, Mirta Baravalle y Elia Espen (Madres Línea Fundadora), Roberto Gargarella, Félix Dïaz, Daniel Stragá, Liliana Mazea, Hilda Pressman, Natalia González Seligra y Graciela Ledo.

Bregman mencionó como paradigmático del espionaje para mantener esos archivos estatales el caso de Américo Balbuena, oficial de Inteligencia de la Policía Federal que estuvo una década infiltrado en la agencia Rodolfo Walsh, y destacó que esa causa judicial está en el juzgado federal 12 de Sergio Torres y la tienen “paralizada con la excusa de que el Consejo de la Magistratura no envía los fondos para hacer un peritaje de las computadoras” que usó el espía. “Todo esto demuestra que se hace inteligencia sobre las organizaciones sindicales, sociales y políticas, y es impensado que apenas se iniciaba el primer juicio luego de que fueran anuladas las leyes de Obediencia Debida y Punto Final en La Plata en 2006 la Gendarmería, la SIDE y el 601 no iban a estar haciendo inteligencia ahí”, dijo la diputada del PTS en el Frente de Izquierda. “Hasta hace poco el 601 tuvo infiltrado a Raúl Tarifeño en el MST de Neuquén, iba a todas las reuniones con los desocupados y los trabajadores de Zanon”, recordó. La abogada, una de la fundadoras del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, destacó que otra respuesta “sugestiva” de la SIDE cuando pidieron informes sobre el juicio a Etchecolatz fue responderles con un dossier de cada uno de los querellantes en el siguiente proceso de lesa humanidad, el que condenó al capellán Christian Von Wernich. “Estos juicios estaban siendo monitoreados”, dijo. “La mecánica era inversa, cada vez que los querellantes descubríamos una prueba que vinculaba a los miembros de alguna fuerza de seguridad con la desaparición de López, recién ahí los organismos de inteligencia del Estado blanqueaban la información que tenían, esto es porque llevaban investigaciones paralelas”, agregó.

Sobre López, la diputada recordó que luego de seis meses de su desaparición el ex presidente Néstor Kirchner dijo por cadena nacional: “Todo hace pensar que ha actuado lo que se conocía como mano de obra desocupada, elementos paramilitares o parapoliciales que quieren amedrentar y lograr su objetivo de mantener la impunidad, reclaman imponer una amnistía”. Por lo tanto, Bregman enfatizó: “Cuando decimos que las fuerzas armadas y de seguridad están involucradas en la desaparición de López no estamos haciendo una suposición, en ese momento el presidente de la Nación reconoció que fueron ellos los que lo secuestraron. Habría que analizar por qué con eso no se hizo nada, y por eso este caso demuestra el doble discurso de autodenominarse gobierno de los derechos humanos y por otro lado reconocían que actuaban estas patotas”. De esta manera, “el camino quedó allanado para que la Federal y la Bonaerense empantanaran la causa para que nunca sepamos qué pasó con Julio”.

Antes de terminar, Bregman afirmó que ahora los juicios por delitos de lesa humanidad se encuentran en una nueva disyuntiva. “Si aquella amnistía que pretendieron imponer no se logró fue porque nosotros dimos una respuesta contundente, enfrentamos el terror que querían imponer saliendo a la calle con la Multisectorial de La Plata, Berisso y Ensenada y el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, de manera ejemplar. Si los juicios de lesa humanidad siguen en pie no es por una concesión del Estado sino porque supimos enfrentar aquella ola de amenazas que siguió a la desaparición de López”, dijo. En ese momento mencionó que estaba presente Patricia Walsh, quien como diputada logró la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final.

“Hubo tres conferencias, en la fundación Hannah Arendt, en la Universidad San Andrés y en la Universidad Católica, buscan un nuevo punto final, acompañado por editoriales del diario La Nación que propician el diálogo, que no es otra cosa que reconciliación con los genocidas”, expresó. Y a su criterio, el objetivo es que no se abran nuevos procesos, que apenas sigan los que ya están sumando condenas contra Etchecolatz o Menéndez, pero esencialmente pretenden frenar los procesos a los responsables civiles de la dictadura. “No quieren que avancen las causas contra Blaquier, Papel Prensa, editorial Atlántida, Massot”, enumeró.

A pesar de haber sufrido recientemente un accidente, Cachito Fukman mantuvo su contudencia habitual. “A nueve años la única respuesta del Estado fue el encubrimiento y la impunidad. Tres días después de la desaparición de Jorge, Aníbal Fernández no dijo ‘todo el Estado está buscándolo’ sino ‘estará tomando el té en la casa de la tía’, es decir estuvo encubriendo a aquellos que lo secuestraron. Felipe Solá, entonces gobernador de la provincia de Buenos Aires, luego de una marcha tremenda en La Plata bajo la lluvia donde se nos erizaba la piel porque no podíamos creer que gritábamos aparición con vida y castigo a los culpables, pero cuando le exigimos que pase a disponibilidad a todos los miembros de la Policía Bonaerense que venían desde la dictadura su respuesta fue ‘tengo que garantizar la gobernabilidad’, o sea ‘tengo que garantizar la impunidad. Y el entonces presidente Kirchner, dos semanas después dijo ‘tenemos que buscarlo a Julio’, o sea entrega la responsabilidad de la aparición de López al pueblo argentino, se la saca de encima. La actual presidenta Cristina Fernández, nunca lo nombró”, expresó este sobreviviente de la dictadura. A su criterio, la justicia “también garantizó la impunidad porque cada pista seria quedaba empantanada”. Por eso, dijo, “no hay razón para que ningún diputado no apoye la apertura de los archivos, porque en este país los secretos son sólo para el pueblo”. Poco antes había mencionado que durante la investigación judicial hubo personas vinculadas a los sospechosos que tuvieron acceso al expediente.

A su turno, Nora Cortiñas, también criticó a Aníbal Fernández por aquellas declaraciones sobre el paradero de López “tan despreciativas como las que hace ahora sobre cada desaparición, cada golpiza a los trabajadores, sobre Félix Díaz”. Para esta Madre de Plaza de Mayo, “nunca hubo intención de encontrarlo, y menos de castigar a los responsables”. Cortiñas dijo que “estos servicios que no son de inteligencia, son espías, y hacen archivos, hay que abrir por todos lados”. Y relató que el ministro de Defensa le envió una carta que ella misma le había escrito a la consuegra de Juan Gelman pero que le habían robado los militares durante la dictadura. “Cómo no van a tener todo sobre los desaparecidos”, afirmó. “Los políticos no se comprometen con estos temas, como no lo hacen con las cuatro comunidades que hace meses están esperando que la Presidenta las reciba”, agregó. Luego de hacer alguna broma con su edad, la emblemática referente de lucha por los derechos humanos redobló la apuesta y sugirió que habría que pedir también la apertura de los archivos de la Iglesia, porque “varios de sus miembros fueron partícipes de la dictadura y de la entrega de los bebés robados”. Antes de irse, emocionó a todos y todas al señalar: “Apúrense con estas iniciativas, las Madres ya estamos llegando a los noventa, ahora a la marcha de los jueves voy yo sola con la bandera de la Fundadora”.

María del Carmen Verdú se remontó a los primeros días de la democracia al recordar que el primer desaparecido fue un joven de apellido Franco, el 24 de diciembre de 1983 en Rosario. Y recordó el llamado “libro azul” que elaboró el ex ministro del Interior Carlos Corach con informes de inteligencia entre 1991 y 1996, con detalles sobre las marchas de jubilados, por Walter Bulacio y de estudiantes contra la ley federal de Educación. “En el juzgado de Liporaci, en una causa bizarra sobre quiénes financiaban a Correpi y al PTS, encontramos grabaciones de reuniones que incluso se habían hecho en el living de la casa de compañeros, por eso nos consta que nos espían”, dijo. Verdú relató, además, que hace pocas semanas un fiscal de Neuquén presentó los elementos de prueba para imputar a una comunidad mapuche “que tiene el descaro de reclamar la restitución de las tierras ilegalmente ocupadas por Benetton”, y entre los papeles “se le fue un legajo con informes de inteligencia sobre asambleístas de la zona que pelean contra la minería extractivista y sobre miembros de la comunidad mapuche”.

La fundadora de Correpi enfatizó que “la desaparición de Jorge Julio López visibilizó a la existencia de desaparecidos en democracia, es la confirmación de que se trata de una práctica que el Estado argentino no cesó de utilizar en diciembre de 1983”, y describió que de los más de 200 casos que cuenta su organización la mayoría son “pibes trabajadores, hijos de trabajadores, vistos por última vez cuando fueron subidos a un patrullero, y terminaron asesinados en la tortura porque ‘se les fue la mano y se les quedó’, como dicen ellos mismos, y entonces hacen desaparecer el cuerpo y las constancias administrativas”. Para Verdú “hay que recordar a los desaparecidos de los ’90 en Mendoza, Garrido, Baigorria y Guardatti; Gómez, Basualdo y Gorosito en Entre Ríos; Andrés Núñez en el ’90, Miguel Bru en 1994; la docena de desaparecidos en Comodoro Rivadavia, entre ellos Iván Torres; Facundo Rivera, en Córdoba; Luciano Arruga, Daniel Solano, un caso particular porque fue selectiva, lo fueron a buscar porque era un trabajador que estaba empezando a organizarse en un ámbito muy explotado como es la cosecha de la fruta”. En este contexto, la abogada del caso Bulacio recordó que la Presidenta dijo en 2013 “hoy afortunadamente nadie puede desaparecer de ningún lado”, pero agregó que “la desmiente nuestra larga lista”.

Claudia Ferrero destacó que la presentación masiva de habeas corpus por López, en su mayoría rechazados, con el agravante de que en algún caso les hicieron pagar las costas, una nefasta tradición de los jueces de la dictadura. Y recordó que su compañero del Partido Obrero, el dirigente Pablo Rieznik fallecido recientemente, fue parte de la lucha por la aparición de Jorge Julio López.

Pablo Pimentel y Carlos Zaidman señalaron la importancia de que este proyecto sea tratado y lamentaron la ausencia de otros legisladores, sobre todo los miembros de la comisión de Derechos Humanos. Graciela Rosenblum saludó el proyecto y destacó como señal de impunidad la reciente liberación de los integrantes de la Triple A acusados en la causa de Graciela Pane.

Patricia Walsh denunció que el 40 por ciento de los genocidas condenados tiene prisión domiciliaria, y, contra el discurso gubernamental, señaló que lo que es ejemplar en este país es la lucha, y no el Gobierno ni su pretendida defensa de los derechos humanos. Por su parte Nicolás Tauber apoyó y llamó a impulsar el proyecto y la movilización por López.

Finalmente, Christian Castillo recordó a Adriana Calvo que fue la primera en denunciar que López estaba desaparecido. “Daniel Scioli se jacta de la Policía Bonaerense, la misma que desapreció a Julio y la misma que tiene entre sus hombres a asesinos de gatillo fácil como Salmo (el policía que baleó a nuestra compañera Carla Lacorte), que hasta hace poco seguía en funciones; o a los responsables de la Masacre de la Comisaría 1era de Quilmes, masacre en la que la Bonaerense fue, como en el caso López, la que estuvo a cargo de la investigación”, precisó el dirigente del PTS.

TEXTO COMPLETO DEL PROYECTO DE LEY – Bregman-Del Caño

APERTURA Y PUBLICIDAD DE LOS ARCHIVOS REFERIDOS A LA DESAPARICIÓN DE JORGE JULIO LÓPEZ EL 18/09/2006

Artículo 1°.- El Poder Ejecutivo Nacional deberá disponer la inmediata apertura y publicidad de los archivos, informes, expedientes y/o todo tipo de documentación producidos y/o almacenados por los organismos que se detallan a continuación así como de cualquiera de sus cuerpos especiales y de inteligencia: Policía Federal Argentina, ex Secretaría de Inteligencia del Estado y de todos aquellos organismos que la hayan sucedido, Servicio Penitenciario Federal, Gendarmería Nacional y Prefectura Nacional, como así también la información del mismo tenor producida por las Fuerzas Armadas de la República Argentina; ello desde el primer día de junio de 2006 hasta la actualidad, en lo concerniente a:

a) el proceso judicial en el cual se juzgaron las responsabilidades de Miguel Osvaldo Etchecolatz (causa 2251/06, «Etchecolatz Miguel Osvaldo s/homicidio calificado»)

b) la investigación judicial que tramita bajo el número de causa 16.060 del Juzgado Federal N° 1 de la Ciudad de La Plata, caratulada “López, Jorge Julio s/ Desaparición forzada de personas”.

c) toda otra investigación y/o actuación de cualquier otra índole que existiere en relación a la desaparición forzada de Jorge Julio López producida el 18 de septiembre de 2006.

A través del Poder Ejecutivo Nacional se solicitarán al Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires los archivos, informes, expedientes y/o todo tipo de documentación producidos y/o almacenados en lo concerniente a las causas detalladas en los puntos a), b) y c) con relación a la Policía de la Provincia de Buenos Aires incluyendo todos sus cuerpos especiales y al Servicio Penitenciario Bonaerense.

Deberá incluirse sin excepción alguna toda la información clasificada como pública así como la reservada y la secreta.

Artículo 2º.– La apertura y publicidad de archivos, expedientes y documentación dispuesta en el artículo precedente, deberá contemplar las actividades realizadas, ordenadas y/o sugeridas por parte de miembros del Estado ya sea nacional, provincial o municipal -incluyendo los pertenecientes a órganos de inteligencia-, con respecto a la actividad de los querellantes, testigos y todo otro colectivo o individuo que haya tenido participación en el marco de las causas judiciales antes mencionadas.

Si existiese información que hubiere sido remitida a cualquier otro órgano del Estado, incluyendo a los antes mencionados, deberá indicarse ese destino detalladamente y procederse de igual manera a lo establecido en este artículo respecto a su apertura y publicidad.

Artículo 3º.- Sancionada la presente ley el Poder Ejecutivo Nacional deberá entregar a la Cámara de Diputados de la Nación toda la información emanada en virtud de los artículos 1° y 2º de la presente, con un plazo no mayor a los treinta días.

La Cámara de Diputados de la Nación deberá resguardar, almacenar, clasificar, conservar y dar a conocer todos los archivos, nóminas, expedientes y demás documentación que sea remitida por el Poder Ejecutivo Nacional según lo dispuesto por los artículos 1° y 2º de la presente ley.

Artículo 4°.- Tendrán acceso irrestricto y sin limitación alguna al conjunto de los archivos, nóminas, expedientes y toda la documentación citada en los artículos precedentes:

a) los querellantes en las causas mencionadas en el artículo 1º de la presente ley;

b) los organismos de derechos humanos públicamente reconocidos;

c) toda persona física o jurídica que tenga un interés legítimo en el acceso a la información recabada o bien se encuentre considerada en la información surgida.

Artículo 5°.- Quedan excluidos de los alcances del artículo 4° los integrantes de las Fuerzas Armadas, de Seguridad, y de inteligencia de todas las jurisdicciones existentes en el territorio nacional, incluyendo a quienes se encuentren en situación de retiro, al personal civil de cualquiera de estos órganos, así como a cualquier persona vinculada a delitos de lesa humanidad.

Artículo 6°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

FUNDAMENTOS

Sr. Presidente:

A nueve años de la desaparición del testigo y querellante en causas de lesa humanidad Jorge Julio López, traemos a consideración el siguiente proyecto de ley a fin de disponer la apertura de los archivos, informes, expedientes y/o todo tipo de documentación que estén en poder de la Policía Bonaerense, la Policía Federal Argentina, el Servicio Penitenciario Federal, el Servicio Penitenciario Bonaerense, el Ejército, la Fuerza Aérea y/o la Armada Argentina, así como los archivos pertenecientes a la ex Secretaría de Inteligencia del Estado y los organismos que la han sucedido, relacionados con la segunda desaparición forzada de Julio López.

Se deberá incluir la información que haya sido clasificada como pública como así también como reservada o secreta. Dada la gravedad y trascendencia social que tiene la desaparición de López, no hay fundamentos para aguardar los plazos establecidos por la legislación respectiva ni ninguna restricción de otro tipo. Hay que saber cuál fue el destino de Julio y quiénes fueron sus secuestradores.

En el marco del primer juicio oral iniciado desde la nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, el 18 de septiembre de 2006 se produjo la segunda desaparición forzada de Jorge Julio López, militante secuestrado, desaparecido y torturado durante la dictadura cívico militar en el llamado “Circuito Camps”. La declaración testimonial de López fue relevante para acreditar la participación directa del ex comisario bonaerense Miguel Osvaldo Etchecolatz en el plan genocida que tuvo lugar en la Argentina entre 1976 y 1983.

Al momento de la segunda desaparición de López, en la policía de la Provincia de Buenos Aires aún quedaban en funciones 9.026 efectivos que habían actuado durante la dictadura en la cual había ocurrido la primera desaparición del querellante.

Desde un primer momento, numerosos organismos de derechos humanos han señalado la gravedad del hecho, en contraposición al encubrimiento que lentamente se fue tejiendo desde distintos estamentos del Estado provincial y nacional, incluyendo al Poder Judicial. Se abonó durante largo tiempo la teoría de que “López se hallaba perdido”, instruyéndose una causa por averiguación de paradero, perdiendo así un valioso tiempo en la investigación. Fue necesaria un dura pelea de los organismos intervinientes en la causa para que meses después se reconozca la desaparición forzada de López y pase así la causa a la Justicia Federal, donde su búsqueda y la de los responsables de su desaparición no corrió mejor suerte.

Cambios de jueces, de secretarías, decenas de líneas de investigación, incluso las más inauditas que incluyeron las señaladas por brujos, videntes y “pendulistas”, fueron constituyeron lo que hemos denominado como “monumento a la impunidad”.

Es especialmente recordada la aseveración de Adriana Calvo (que fuera miembro de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos), sobreviviente del “Circuito Camps”, querellante y testigo clave en decenas de causas, quién aquella mañana cuando Julio no llegó al tribunal donde tendrían lugar los alegatos contra Etchecolatz, rápidamente sentenció: “Julio está desaparecido”.

Pero tuvo lugar una verdadera política de Estado consistente en negar lo realmente ocurrido, en lo que terminó constituyendo un aberrante acto de encubrimiento de los secuestradores de López. Recién en el año 2008, la Cámara Federal de La Plata apartó a la Policía Bonaerense de la investigación que durante esos primeros años estuvo incluso en manos del actual jefe de la fuerza, Hugo Matzkin, quien por entonces fuera jefe del área de investigaciones complejas.

Vale recordar, que luego la investigación estuvo durante años dirigida por un juez federal de La Plata proveniente de la dictadura como Manuel Blanco, lo cual no hace más que sumar otro absurdo en el marco de la deliberada impunidad y parálisis construida en torno al hecho. La conclusión es que al día de hoy no existe aún un solo imputado por la desaparición, lo cual ha llevado a los organismos querellantes a presentarse ante la Comisión Interamericana por los Derechos Humanos.

Han abundado las evidencias que involucraban en la desaparición de López a miembros retirados y en actividad de fuerzas de seguridad y penitenciarias con estrechas relaciones con genocidas, entre ellos algunos de los detenidos en el pabellón de lesa humanidad de la Unidad Carcelaria de Marcos Paz, donde entre otros se hallaba detenido Miguel Etchecolatz, en condiciones de una flexibilidad e informalidad tal, que luego de varios años han ameritado el procesamiento de seis efectivos del Servicio Penitenciario Federal debido a que su conducta imposibilitó desarrollar diversas líneas de investigación.

Es evidente que es el Estado Nacional es quien tiene que dar respuestas alrededor de la desaparición forzada de Jorge Julio López y es por ello que deberá arbitrar todas las medidas tendientes a informar qué es lo que ha ocurrido con el testigo. El Gobierno Nacional tiene las herramientas para disponer la apertura total e irrestricta de toda la información, y por su intermedio también, de solicitar a la Gobernación de la provincia de Buenos Aires disponga idéntica medida dada la gravedad del caso.

No puede volver a repetirse lo que ocurre con los llamados “archivos de la represión”. Al día de la fecha, las causas en curso por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico militar cuentan como prueba casi exclusiva con el testimonio brindado por los sobrevivientes de los centros de tortura y exterminio, como es precisamente el caso de Julio López. Asimismo la mayoría de los crímenes cometidos por la organización paraestatal denominada «Triple A» continúan impunes.

Solo en forma aislada, esporádica, se han encontrado esos archivos tanto en manos privadas como en las propias dependencias del Estado. Pero a la par, en todos estos años se ha evidenciado la falsedad de la afirmación de que los archivos de la represión no existen.

Un ejemplo contundente es el que se acreditó en el tramo de la causa ESMA, expediente N° 14217/03 que continúa en etapa de instrucción en el juzgado Federal N°12, en los casos de Juan Alejandro Barry y Susana Mata, cuando ante el requerimiento de su hija Alejandrina Barry, querellante en la causa, la propia Secretaría de Inteligencia (ex SIDE) confirmó poseer información sobre Juan Alejandro Barry, su hermano Enrique Barry y su compañera Susana Mata, todos ellos desaparecidos. Tanto era el interés de los represores por conservar todo en forma absolutamente documentada, que hay pruebas fehacientes de que incluso se microfilmaron los documentos. Esto se probó tanto en la causa ESMA como en otras.

Entendemos que en esta tónica, mal podría entonces no existir información secreta sobre la desaparición de López ocurrida en el año 2006, en la cual indefectiblemente han participado miembros de las fuerzas del Estado, tanto en su desaparición como en la investigación posterior.

En ese sentido, no es menor el escabroso hecho descubierto por los organismos en una actividad encabezada por Chicha Mariani el día 12 de agosto de 2006 reclamando por su nieta apropiada Clara Anahí Mariani, donde estuvo presente Julio López, y en las fotografías tomadas en el acto se ve cerca de él a un personaje que luego se identificó como el ex policía bonaerense, Oscar Chicano, que evidentemente se dedicaba a seguir todos sus movimientos de López.

Destacamos que en nuestro proyecto reclamamos también la apertura de archivos a las Fuerzas Armadas porque por ejemplo hoy en el Ejército Argentino, reportan más de 1.400 agentes de inteligencia con lo cual no hay que descartar que posean valiosa información.

En el presente proyecto se propone que los organismos de derechos humanos de reconocido funcionamiento en el país tengan acceso irrestricto a esa información junto con los demás interesados directos en el caso, planteándose la lógica excepción de los integrantes de las Fuerzas de Seguridad y Fuerzas Armadas y de todas aquellos victimarios que se encuentren involucradas en el hecho investigado.

Es necesario que se produzcan medidas efectivas para dar con esa información que termine con la escandalosa parálisis de la causa 16.060 que investiga la desaparición de López, de allí la imperiosa necesidad de una ley nacional que lo establezca.

Por las razones expuestas y las que brindaré oportunamente, es que solicito la aprobación del presente proyecto de ley.