«Los gobiernos de Duhalde y Solá están vinculados con este caso, no tengo dudas que hubo un acuerdo, no digo para provocar asesinatos pero sí para reprimir de esa manera», dijo el ex intendente Oscar Laborde (foto) a esta periodista, al referirse a la causa judicial por las responsabilidades políticas de la masacre de Avellaneda, y se subió a un avión. Es que el actual representante especial para la Integración Económica y Social de la Cancillería había declarado como testigo pocas horas antes en ese expediente que la justicia federal acaba de reabrir, por la persistencia en su reclamo de los familiares y compañeros de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki, los piqueteros asesinados durante la represión al corte del Puente Pueyrredón, el 26 de junio de 2002. Ojos Vendados tuvo acceso a la declaración testimonial completa del ex funcionario, la primera que dio desde que sucedió la masacre que provocó el final anticipado del gobierno de Eduardo Duhalde. La querella, que ahora impulsan la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH) y la APDH La Matanza, sigue sosteniendo que hubo un plan detrás de la luz verde que tuvieron cuatro fuerzas policiales y de seguridad para desplegar la cacería de militantes de esa jornada. Pero la justicia había cerrado la causa porque «no había nada», y para poder avanzar necesitaba «nombres». Ahora Laborde contó, por ejemplo, que el ex secretario de Seguridad Juan José Alvarez le pidió que no hiciera mención pública sobre la presencia de la Prefectura en la represión. ¿Por qué? ¿Qué había que ocultar? También relató que cuando le dijo a Felipe Solá que a su criterio los gobiernos nacional y provincial habían actuado en conjunto, el ex gobernador y actual candidato massista le respondió que «lo habían puenteado». Y recordó que en el municipio quiso armar un plan de acción porque los antecedentes le generaban «preocupación» respecto de la integridad de los manifestantes. «Todo me daba la impresión de que iba a pasar algo grave, le dije al comisario Fanchiotti que no quería un muerto en Avellaneda».

  Ante la fiscal federal Paloma Ochoa, en quien delegó la reactivada investigación el juez Ariel Lijo, Laborde hizo un relato detallado de aquellas horas previas y posteriores a la masacre en el puente, la estación, que ahora fue rebautizada Darío y Maxi, y sus alrededores. Luego de dar sus datos personales, le informaron que estaba declarando en el expediente en el cual «se investiga la presunta responsabilidad que cabe atribuir a Eduardo Duhalde, presidente de la Nación en 2002, Carlos Ruckauf, ministro de Relaciones Exteriores, y Juan José Alvarez, secretario de Seguridad Interior, en orden a los homicidios de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki». A continuación, el ex intendente de Avellaneda describió que el 26 de junio de aquel año, a las 9 de la mañana «tuvimos una reunión de gabinete municipal donde por los antecendentes que teníamos preocupantes elaboramos un plan de acción con los secretarios. Ahí se evaluó, yo expresé la preocupación que tenía por tres informaciones: una era la afirmación de Ruckauf donde reivindicaba el decreto firmado en el año ’75, cuando era ministro de Isabel Perón (en alusión al decreto con el cual ordenó a las Fuerzas Armadas ‘aniquilar el accionar de los elementos subversivos’). La otra era las declaraciones del jefe de Gabinete (Alfredo) Atanasof, donde decía que si querían subir al puente iba a haber una guerra, y tercero era la información del hospital Fiorito, que había recibido la orden de retirar a todos los pacientes excepto a los de terapia intensiva. Todo me daba la impresión de que iba a pasar algo grave».

  En su declaración testimonial, Laborde dijo que «la noche anterior había tenido la visita de la actual diputada Adriana Puiggros, que presenció una conversación donde yo estaba discutiendo con el comisario (Alfredo) Fanchiotti, y le decía que no quería un muerto en Avellaneda. Entonces lo que se previó a partir de eso fue dividir a los secretarios cerca del puente, entre el viejo palacio municipal, que queda en Mitre al 300, y un establecimiento municipal que queda al lado de la estación Avellaneda, con la indicación de abrir las puertas a los manifestantes si éstos eran producto de represión. Ya en la conversación que había tenido con el comisario Fanchiotti la noche anterior sabía que iba a haber un clima de combatividad ese día, porque en realidad en Avellaneda teníamos periódicamente cortes en el puente y nunca había habido un clima así».

  Laborde dijo que estuvo en la municipalidad hasta las 16 y que luego se fue a La Plata para entrevistarse con Solá. Ante las preguntas de los abogados Nahir Riesco, Cristian Blanco y Claudia Rizzo, el testigo describió que en esa oportunidad le dijo a Solá “que a los manifestantes los había matado la policía, tenía el testimonio directo de una persona en los brazos de la cual había desfallecido Santillán. Esta persona (Osvaldo Baqueiro) recibió amenazas personales y tuvo un accidente automovilístico por la rotura de los frenos”. El ex intendente de Avellaneda agregó: «Le dije a Felipe Solá (ex gobernador bonaerense) que en mi opinión el gobierno nacional y provincial habían actuado en conjunto. Me dijo que había sido ‘puenteado’, lo cual me pareció muy extraño y se lo dije», agregó el ex funcionario sobre la respuesta que recibió de Solá, actual candidato a gobernador de Unidos por una Nueva Alternativa (UNA), la alianza que integra Sergio Massa, ex jefe de Gabinete y ex titular del Anses durante los últimos años del gobierno de Néstor Kirchner y los primeros de Cristina Fernández.

  Ante una pregunta sobre las llamadas que hizo ese día, Laborde dijo: «Hablé con Juan José Alvarez (ex secretario de Seguridad) sobre todo por el tema de que un empleado municipal, Silvio Pereyra, había recibido una bala de plomo, le impactó en la clavícula, la conservó y me vino a ver. Alvarez me dijo que había un programa que estaba por salir con el testimonio de este empleado, y que él había visto marchar por Irigoyen persiguiendo a los manifestantes tanto a la Bonaerense como a los ‘marrones’, refiriéndose a personal de la Prefectura. Alvarez me pidió que no saliera en el programa porque si era así quería decir que Prefectura había bajado a Avellaneda», dijo Laborde.

Sangre por la espalda.

  En otro tramo de su declaración, el ex funcionario expresó: “Durante ese día percibí una persecución generalizada no sólo sobre el puente, en barrios como Gerli o Villa Tranquila, tenía testimonio de arrestos de manifestantes. Otra cosa extraña fue que sobre Mitre hicieron bajar a la gente de un colectivo de línea y tiraron una molotov adentro, eso era para dar la impresión de un caos generalizado en la ciudad”. Sobre ese hecho afirmó tener “la versión de que los autores habrían sido dos oficiales de la primera de Avellaneda vestidos de civil”. Laborde detalló que “el lugar donde más gente se refugió fue un establecimiento municipal cercano a la estación (auditorio Faure), unas 400 se refugiaron ahí. Y en ese lugar se da un acontecimiento donde Fanchiotti intentó junto a cuatro policías ingresar violentamente presionando la puerta de ingreso. Ahí esa persona que mencioné (Baqueiro) me relata que cuando sale ve caída a una persona, que luego supo que era Santillán, y cuando la levanta ve que tenía un chorro de sangre que le corría por la espalda, lo suben a una camioneta y finalmente fallece en el hospital Fiorito”.

  Dijo Laborde que cuando estuvo con Solá le habló de la información que tenía sobre los manifestantes, le preguntó por las razones del desalojo del Fiorito y por qué la policía había pisado el puente sin autorización provincial. “Solá me dijo que no sabía nada, que estaba desbordado”.

  De las conversaciones que tuvo el 26 con el comisario Fanchiotti, el ex intendente recuerda que en una de ellas el policía le dijo que estaba en diálogo con Oscar Rodríguez, en ese momento el número dos de la SIDE que conducía Carlos Soria. También detalló que se enteró por Marcelo Saín que ese día los policías no usaron una frecuencia especial, como suele suceder cuando hay un evento especial, sino “handys que no eran de la fuerza, es decir que tuvieron un sistema de comunicación propio” pero que no había sido provisto por la policía. Cuando la fiscal preguntó a Laborde si quería agregar algo, dijo: “Tengo la convicción sobre la articulación que hubo entre el gobierno nacional y provincial, el rol que tuvieron Atanasof y Rodríguez”.

Los infiltrados de siempre

  La querella le preguntó a Laborde si sabía sobre reuniones que habían realizado los movimientos piqueteros en mayo de ese año y días previos a la masacre, en un teatro de Avellaneda y en el polideportivo Gativa de Villa Domínico. El ex funcionario respondió que sí, porque “era movimientos que tenían actividad social y era común que me pidieran el espacio, y era tarea del municipio facilitar esos lugares”. El 22 y 23 de junio se había realizado la Asamblea Piquetera Nacional y allí los agentes espías de la SIDE habían tomado nota, enviados por Soria, de que los piqueteros habrían estado infiltrados por las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), y de que “se habló de revolución, de toma del poder y caos”. Con eso y otros recortes de prensa la SIDE armó la carpeta que les había pedido el ministro de Justicia, Jorge Vanossi, con precisiones acerca de “si los acontecimientos que estaban ocurriendo en el país podrían configurar algún delito contra la democracia.

  Y así fue, el gobierno de Duhalde dio instrucciones al procurador Nicolás Becerra para que investigara a los piqueteros por presunta “sedición”. Era la pata judicial del entramado que cerraba con el micro incendiado y los militantes “matándose entre ellos”, como salieron a decir enseguida sus funcionarios. A estos hechos se refieren los familiares y compañeros de Darío cuando hablan de un plan político, del que habrían participado varios miembros de su gabinete: Vanossi, Atanasof, Alvarez, el fallecido Soria, Rodríguez y el ex secretario general de la Presidencia Aníbal Fernández, además de Solá, en incluso algún empresario de medios que difundió la primera versión del “enfrentamiento”. Ese combo “justifico la represión porque se viene el caos y vienen por mí” era lo que creía que necesitaba Duhalde para sobrevivir pero terminó anticipando su salida del gobierno. Las secuencias fotográficas de los asesinatos, tomadas por los reportero Sergio Kowalewski, que conseguió esta cronista para Página12. Las de Pepe Mateos (que Clarín tenía pero no usó el primer día, como evidenció el documental «La crisis causó dos muertes»), le cambiaron los planes.

  Antes de ordenar el cierre de la causa el fiscal Miguel Osorio dijo que quedaban medidas por hacer, como un allanamiento de la división Inteligencia de la policía Bonaerense, en lugar del pedido por oficio como ordenó el juez Lijo, que fue respondido por Carlos Stornelli con un previsible “no hay nada” de interés para la causa. Y un nuevo cruces de las centenares de llamadas telefónicas.

  Ahora el expediente que fue reabierto, por pura insistencia de la nueva querella y de la movilización del Frente Popular Darío Santillán (FPDS), tiene muchos más nombres y líneas de investigación posibles. La ponderación sobre el avance está en manos de la fiscal Ochoa, quien posee una larga lista de testigos. De hecho, para empezar, nada de lo que dijo Laborde fue mencionado por Solá hace pocos días cuando salió a victimizarse por haber sido blanco de un escrache por parte del FPDS, cuyos militantes consideran que “si no hay justicia hay escrache”. Sin embargo, la justicia podría esta vez tener algo con que probar las responsabilidades políticas de aquella masacre. Al menos, por primera vez en muchos años, Alberto Santillán, papá de Darío, se mostró esperanzado. “Hemos dado un paso adelante contra la impunidad”, dijo a esta periodista poco después de la audiencia en los tribunales federales de Retiro.