Más pruebas contra la Policía Bonaerense y Federal en la causa por la desaparición y muerte de Facundo Castro

En los próximos días la causa por la desaparición y muerte de Facundo Astudillo Castro volverá a estar bajo los reflectores mediáticos con la llegada de Cristina Castro y sus abogados a Buenos Aires. Al mismo tiempo, el equipo de fiscales viajará a Bahía Blanca para concretar procedimientos pendientes. Mientras tanto en el expediente se siguen produciendo novedades. Algunas de fundamental importancia para reforzar las evidencias que ya había sobre la responsabilidad policial en la desaparición y muerte de Facundo Castro, detenido por la Bonaerense el 30 de abril de 2020 por violar el ASPO en la primera ola de la pandemia. Ciertos hallazgos salpican al secretario de Seguridad Sergio Berni

A saber: 

  • Surgió información valiosa para los investigadores del análisis de lo poco que quedó en los teléfonos de los policías, que los cuatro implicados trataron de romper y borrar su contenido. Uno de los policías escribió que el fiscal provincial le dijo que con su actuación aquel día «salvó a toda la policía de Villarino». Cabe preguntarse, ¿la salvó de qué?

  • Aparecen los nombres de un abanico de personajes que reportan en forma directa al intendente de Villarino y al secretario de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, entre ellos el abogado Sebastián Martínez y Federico Montero, delegado de Berni en Bahía Blanca.

  • El peritaje realizado a los dos pedazos de piedra turmalina secuestrados –uno en un patrullero y el otro en la comisaría de Teniente Origone (el dije que llevaba Facundo al cuello al momento de su desaparición)– demostró que los trozos de mineral coinciden entre sí como parte de una única pieza.

  • Durante un reconocimiento en la zona del hallazgo de los restos del joven de Pedro Luro el testigo que los encontró dijo que ese día también estaba la zapatilla intacta de Facundo, pero que el fiscal Ulpiano Martínez y la Policía Federal no la secuestraron. La encontró Cristina al día siguiente.

«Salvar a la policía»

Hace algunas semanas la querella familiar y la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), querella institucional en calidad de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, realizaron un nuevo reconocimiento en el lugar donde fueron hallados los restos óseos de Facundo. El fiscal Horacio Azzolín y la fiscal federal de La Pampa Iara Silvestre –designada en la causa en reemplazo del fiscal federal Ulpiano Martínez quien se apartó del caso aduciendo «violencia moral»– estuvieron en el lugar y acompañaron el recorrido que realizaron los pescadores que encontraron el esqueleto incompleto y dieron aviso a las autoridades.

Durante ese procedimiento, uno de los pescadores dio precisiones sobre las características de esa zona de la ría, que visita asiduamente desde hace más de 20 años: “Podés caminar hasta la vera del agua sin enterrarte, sólo te vas a embarrar”, describió. Y agregó que “tendrías que ingresar más de diez metros a la ría para que el agua te llegue a la altura de la rodilla”. Sobre el lugar específico en donde se encontró el cuerpo, el pescador reconoció también que, cuando la marea sube, sólo queda cubierto por unos pocos centímetros de agua.

El testigo también recordó que, además de los restos óseos, habían encontrado a pocos metros una zapatilla y otras prendas de vestir. En ese momento, les señaló esos elementos al fiscal Ulpiano Martínez –a cargo de la instrucción– y el subcomisario de la Policía Federal José Pérez que dirigieron el operativo el día del hallazgo del cuerpo. Sin embargo, los funcionarios incumpliendo con sus obligaciones, no secuestraron esas pruebas. Recién al día siguiente, cuando ya estaba en el lugar el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), la mamá de Facundo, Cristina Castro, vio la zapatilla y se ordenó su secuestro para la causa. Más grave aún, uno de los testigos declaró que el día del hallazgo el esqueleto tenía los brazos pero al momento de levantarlo no estaban. Este pescador declaró que el 15 de agosto, día del hallazgo, un policía habló con Berni desde el lugar y le envió fotos. Este testimonio se encuentra grabado. Cristina Castro ya había dicho que ese día el secretario de Seguridad se comunicó con los allí presentes.

Con esta declaración esta semana será ampliada la denuncia que ya existe, a partir de una presentación de la CPM, en la Procuración General de Nación por mal desempeño en las funciones del fiscal Ulpiano Martínez, y se solicitará a las autoridades del Ministerio de Seguridad de Nación la investigación sobre la actuación del subcomisario Pérez, además de presentar una denuncia penal para que se investigue la conducta de ambos.

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Dos turmalinas, un dije

Por otra parte, se incorporó a la causa el peritaje sobre los trozos de piedra de turmalina hallados en el puesto policial de Teniente Origone y en el baúl del móvil de la Policía Local de Bahía Blanca que según el registro de AVL, el 8 de mayo del año pasado estuvo varias horas en la zona del cangrejal donde semanas después se encontraron los restos óseos de Facundo. El informe pericial determinó que hay coincidencias entre los dos trozos analizados, que por otro lado fueron encontrados a partir del señalamiento de uno de los perros rastreadores que intervinieron. Cabe recordar que al momento de la desaparición, Facundo llevaba en su cuello un colgante con una piedra de turmalina como dije.

También se conocieron los primeros resultados de nuevos peritajes a los teléfonos celulares incautados a los agentes de la Policía de la Provincia de Buenos Aires Xiomara Flores, Jana Curruhinca, Alberto González y Mario Sosa; los cuatro efectivos que tuvieron contacto con Facundo el día que fue visto con vida por última vez. De la tarjeta de contactos de Sosa surge el nombre del policía Roberto Carlos Berríos, el mismo que hostigaba a Facundo y a sus compañeros en el Semillero Cultural con insultos y detenciones. Durante uno de los primeros operativos en búsqueda de su hijo, Cristina lo vio y en ese momento sintió la certeza de que lo habían matado. Además, Berríos es pareja de Paola Aguilera, que hace seis años revista en la Unidad Policial de Prevención Local de Bahía Blanca (UPPL), seccional a la que pertenece el patrullero Toyota Etios que a una semana de desaparecido se pasó de jurisdicción y anduvo por Villarino Viejo, muy cerca del cangrejal y donde los perros del perito Marcos Herrero encontraron el primer trozo de turmalina, como se dijo.

El informe realizado por la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) destaca el particular contacto entre González, el policía que estaba cargo del destacamento de Teniente Origone y detuvo a Facundo en la ruta el 30 de abril, y sus superiores. Resalta un comentario que hace el policía González sobre su declaración ante la Ayudantía Fiscal a cargo de García Dimas, donde tramitó en un principio la causa antes de pasar al fuero federal. “Me llamaron de Fiscalía y el Fiscal me dijo que con todos los datos que yo tenía, con la libreta, la foto y toda la historia, ‘usted con esto salvó a toda la policía de Villarino’. ‘Lo único que hubiera faltado’, me dijo, ‘era la patente del vehículo que sería la frutilla del postre, pero con esto ya está’”, escribió. El problema de las anotaciones de esa libreta, –pensada como coartada para poder decir ‘lo tuve al pibe, lo dejé ir, lo levantó fulanita de tal, acá lo tengo anotado’–, tienen un orden cronológico que no coincide con los hechos tal como el propio policía dice que sucedieron. ( Leer también González y sus versiones )

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Como ocurrió en peritajes a teléfonos anteriores, hubo mucho material que no pudo recuperarse porque había sido eliminado por los policías, las aplicaciones desinstaladas o, incluso, dadas de baja las líneas telefónicas. Todavía restan los peritajes sobre los últimos teléfonos secuestrados en el allanamiento a la casa de Flores y Sosa. Otras medidas pendientes están en manos de Gendarmería: establecer por qué la ropa de Facundo estaba rota adentro de una mochila en perfectas condiciones, que apareció en el cangrejal un mes después que el cadáver. Y también identificar quién compró las líneas telefónicas que están a nombre de Facundo, mientras estaba desaparecido su cuerpo y activadas al día siguiente de que apareció. Alguien usó con esa finalidad el DNI de Facundo que nunca apareció.

“A pesar de los intentos por entorpecer la investigación, que las querellas venimos denunciando desde hace tiempo, tanto en la actuación del fiscal Ulpiano Martínez y la Jueza Marrón, aún se siguen produciendo pruebas valiosas, que no hacen más que ratificar la hiper intervención policial en torno a los hechos de esta causa, en la desaparición el 30 de abril y en las circunstancias en que se encontró el cuerpo de Facundo”, señalaron desde la CPM. En ese sentido, la Cámara de Casación debe aún resolver el pedido de recusación de la jueza Marrón realizado por los representantes del Ministerio Público Fiscal, a quienes la magistrada les rechaza absolutamente todas las medidas que piden, incluso en asuntos en los que la Cámara ya fijó posición. Esto produce una dilación que en algunos casos está generando el deterioro de determinadas pruebas. Los fiscales consideran que hay una «artera» intencionalidad de obstrucción a partir del explícito apoyo de Marrón a los uniformados. En sus informes plantean que «esas negativas están consolidando un cuadro de impunidad».

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Mareas, libros y escuchas

Otras medidas de prueba realizadas con dudoso origen serán usadas para insistir en la teoría del «accidente», ya descartada por los investigadores pero que la jueza federal María Gabriela Marrón persiste en mantener viva, a exclusivo beneficio de los policías implicados. Se recordará el fuerte cruce del secretario de Seguridad bonaerense Sergio Berni en el programa Fuego amigo, cuando dijo que iba a llevar «un regalo» para convencer a una de los conductores de la inocencia de los uniformados a su mando. Si es que llega la prometida ofrenda, tendría la firma de un operador mediático.

Cuando un juez o jueza delegan la instrucción de una causa en manos de la fiscalía precisamente entrega a manos de fiscales la orientación de la investigación. Sin participación ni control de las partes –esto es, querellas y fiscalía– la jueza federal María Marrón dispuso de oficio la realización de un informe sobre la mareas al Instituto Argentino de Oceanografía (IADO) que, sin rigor científico y sin que sea esa su función, aventura hipótesis sobre un posible recorrido de Facundo para concluir que se trató de una muerte accidental mientras caminaba por la zona de cangrejal en Villarino Viejo. La fiscalía había solicitado un informe de mareas pero luego de cuatro meses lo que le entregaron excedía lo que había pedido, y fue calificado como tan «trucho» que directamente lo devolvió. Todo indica que la jueza quería ese documento si o si en el expediente, por lo cual ordenó de oficio hacer otro, una réplica que mencionaba la misma hipótesis, que resulto «incompleto y desprolijo», dado que se hizo en «tiempo record». Aunque los fiscales Silvestre, Azzolín y Heim pidieron la nulidad del mismo, Marrón lo incorporó igual a la causa.

Uno de los investigadores está convencido de que la aparición del informe del IADO, –que llegó a mencionar una profundidad de cuatro metros del mar sobre el cangrejal cuando todas las evidencias recogidas en la causa marcan que lo máximo que llega el agua es a la altura de las rodillas– coincide con la del libro del operador mediático de La Nueva (Provincia) y La Brújula, Germán Sasso. En el expediente que Sasso se jacta de conocer consta su participación directa en el devenir de los hechos que se investigan. De lo recuperado en los teléfonos, (hay uno de los policías que no borró todo), surge que el «periodista» mantuvo contacto con al menos dos de los sospechosos, antes y después de haber compartido un asado con la cúpula política y policial local, entre ellos el segundo de Sergio Berni en Bahía Blanca, Federico Montero. Casualmente, González habló con su colega Sosa y quedaron todos bajo el patrocinio letrado del abogado Sebastián Martínez, mano derecha del intendente de Villarino, Carlos Bevilaqua. Y fueron asistidos por un «psicólogo» de Bahía Blanca que estaría vinculado al secretario de Seguridad del gobierno de Axel Kiciloff. Los funcionarios de Villarino también están implicados por las irregularidades en los informes de tránsito y por otro hecho: el 1 de julio el presidente del Concejo Deliberante de Villarino fue escuchado en una conversación donde contaba que «Carlos» sabía del hallazgo de ropa de Facundo en la comisaría de Teniente Origone.

Sasso también aparece visitando en forma frecuente la casa del policía González e intercambiando mensajes amistosos en redes sociales con uno de los integrantes de la Cámara Federal de Bahía Blanca. Según la DATIP, hubo largas conversaciones de la policía Xiomara Flores, una de las sospechadas, con Sasso. Y aunque gran parte no pudieron recuperarse tras ser eliminadas por ella, sí se comprobó el contacto cotidiano, virtual y presencial, entre los policías y el «periodista». Tanto el intendente Bevilaqua como Sasso sostienen que la investigación no profundizó una supuesta pista narco como razón de la desaparición y muerte de Facundo. Los primeros días, sus voceros llegaron a decir que el joven de Pedro Luro no había desaparecido sino que estaba secuestrado por un problema de drogas. «Acá los únicos narcos son los policías procesados por la Cámara Federal que Berni puso al mando cuando cambió la jefatura luego de la muerte del hincha de Olimpo, Sergio Emanuel Castillo, el 9 de febrero de 2020», que participaron en el encubrimiento de lo que le pasó a Facundo, dijo uno de los investigadores de las querellas.

La fuente consultada especuló con la posibilidad de que el «regalo» que Berni le prometió a la periodista Catalina de Elía sea el libro que acaba de publicar el conductor de radio La Brújula, en el cual además de sus ya conocidas diatribas contra las querellas insiste con la teoría narco y una supuesta venganza contra policías corruptos. El informe de mareas descartado por los investigadores por considerarlo «trucho», podría ser el vertebrador de su discurso en la obra titulada «Operación Facundo». Caída la maniobra de la famosa testigo H (cuyas iniciales son E.H.R), para ubicar a Facundo en Bahía Blanca a cómo de lugar, el informe de mareas viene a reflotar la teoría del accidente. «Los baqueanos de la zona dan por tierra esta idea de que el agua había subido cuatro metros, como decía el primer informe trucho que fue devuelto al IADO», dijo la fuente para enfatizar lo absurdo de continuar planteando que Facundo se ahogó allí solo. Ahora bien, si efectivamente Berni estaba pensando en ese libro cuando hace un mes estuvo en el programa de Diego Schurman y De Elía cabe preguntarse cómo es que sabía tanto.

Cómo sigue

Los investigadores lograron una sintonía con la familia de Facundo y la querella institucional que permitió ir sobrellevando los sucesivos embates del sector del Poder Judicial y del Ministerio Público que funge de defensa de la Policía Bonaerense, y lograron avanzar incluso en plena pandemia. Consideran que, a pesar de todo, el saldo da positivo. En ese sentido, luego de algunas últimas medidas, todos los caminos conducen al llamado a declaración indagatoria de los y las policías sospechados. Cabe recordar que el primer fiscal del caso, Santiago Ulpiano Martínez, lo había hecho en el inicio de la causa pero con el único objetivo de beneficiarlos: la maniobra queda en evidencia porque cuando la jueza rechazó su solicitud no se tomó la molestia de apelar, para que se consolide con el paso del tiempo una falta de mérito e incluso un sobreseimiento. Probablemente, no contaban con el desembarco de los tres fiscales especializados.

Con información propia, de la agencia Andar y de La Izquierda Diario

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«Resistimos hasta el final y seguiremos»

Luego de varias noches de vigilia, los despedidos intuyeron que ayer la policía avanzaría contra ellos. Pero no imaginaron la violencia del operativo ordenado por el gobierno macrista. «No hubo un muerto de casualidad, esto fue como me lo que contaba mi viejo, que era de la Ford, donde desaparecieron a la interna. Resistimos hasta el final y vamos a seguir», dijo el delegado Luis Medina eufórico a minutos de salir de la planta junto a los demás, libres en la calle, rodeados de periodistas, cámaras y militancia que cantaba «se va a acabar la burocracia sindical, paro general». (fotos Rodrigo Wilson Enfoque Rojo)

“Están cebados, sacados”. “Esto parece el 2001, actúan como en la dictadura”. “Volvieron”. Entre una y otra arremetida represiva del cuerpo de Infantería de la Policía Bonaerense, frente al portón principal de PepsiCo, azorados y con los rostros desencajados, manifestantes, diputados y periodistas no podían creer lo que estaban viviendo. Había sido una larga noche de vigilia, con centenares de trabajadores y militantes apostados en los tres accesos de la planta de Florida, ubicada en medio de un barrio que combina casillas de chapa con chalets de tejas, con vecinos que salieron a batir cacerolas en apoyo a las y los obreros y que terminaron teniendo que sacar a sus hijos del jardín de infantes y la escuela por los gases. La imagen de la madrugada fueron los obreros desde los techos, como en los ’70, agradeciendo el aguante de la segunda noche de espera al operativo de desalojo. La foto de la mañana fueron ellos al lado de las hijas de desaparecidos Victoria Moyano Artigas y Alejandrina Barry al borde de la cornisa rodeadas de policías. Luego de los palazos y las corridas, vino el momento de mayor tensión. Tras casi una hora de pelearse a los gritos con los jefes del operativo, el grupo de diputados que habían llegado, entre ellos Miguel Funes y Leonardo Grosso (FpV), logró que ingresaran Nicolás del Caño (FIT-PTS) y Luis Zamora (AyL) para garantizar la integridad de quienes estaban adentro, dado que la Bonaerense ya había entrado con gases para sacarlos. «Qué verguenza das Vidal, reprimís a las obreras que están defendiendo su derecho al pan», fue uno de los cantos que se escuchó durante la represión contra una fábrica donde la mayoría son mujeres sostenes de hogar.

Cuando cerca de las 2 de la mañana el delegado Camilo Mones dijo con el megáfono desde el techo “vamos a combatir la batalla de PepsiCo” varios se miraron como si sonara exagerado.

PEPSICO AGUANTE

Dos horas antes todavía se podía entrar a la fábrica de saladitos, donde las instalaciones aparecían en buen estado y hasta relucientes. En la oficina de ingreso, el fondo de lucha y una máquina de café. “Miente la empresa, lo que producimos acá lo van a hacer en otros países, el propósito que tienen, avalados por el gobierno, el sindicato y la justicia, es político, nos quieren liquidar porque en 20 años logramos conquistas que no hay en ninguna otra fábrica de la alimentación, como la categoría superior a la que antes no accedían las mujeres, que hacían empaque, el laburo más pesado y menos remunerado”, dijo Liz Fernández a PáginaI12. “Cocinaron todo entre ellos y en el ministerio nos ofrecieron indemnizaciones y unos cursos que rechazamos. La categoría que logramos puedan acceder mujeres antes era reservada a los hombres, tocar máquinas, acá peleamos contra el machismo en las empresas y en los convenios, paramos el 8 de marzo”, agregó. “Los supuestos problemas de costos que les traemos nosotros son 20 años de peleas a favor de los tercerizados, no permitir que los de agencia estén tres meses y se vayan”, apuntó Leandro “Garza” Gómez.

PEPSICO PUERTA

La ocupación había sido decidida en asamblea cuando se enteraron que la empresa quería llevarse las máquinas a la planta de Mar del Plata, con personal temporario. “La empieza quiere reabrir pero sin nosotros, pero no nos vamos a ir aunque nos saquen, si logramos quedarnos nos ponemos a producir, la idea es resistir, estamos despedidos pero el desalojo no significa el fin del reclamo, la empresa solo busca más rentabilidad y el gobierno la avaló porque buscan eso en todas las demás”, agregó. Afuera, Mones decía a la multitud: “No buscamos ser un ejemplo para la clase trabajadora, ni que nos echen, ni que cierre la fábrica. Pero por defender nuestros mínimos derechos nos tiraron a la calle, nosotros adentro y ustedes afuera vamos a resistir todo lo que podamos”.

PEPSICO BARRICADA

Catalina Balaguer es delegada y trabaja en PepsiCo desde hace 20 años. “Cuando nos atacó la fábrica apuntó a las mujeres, yo me solidaricé y por eso me echaron, siempre avasalló. Por eso nos fuimos organizando, cuando hice campaña por mi reincorporación llovían los reclamos de todas las filiales del mundo por maltratos, abusos y falta de sindicalización”, recordó. El derecho laboral argentino tiene un fallo que lleva su apellido porque logró un fallo de reinstalación que la reconocía como “delegada de hecho”. La habían despedido aduciendo  “bajo rendimiento”, pero tuvo que ser reincorporada cuando quedó demostrado que fue una acción antisindical y discriminatoria efectuada por la empresa por su actividad gremial. “Acá hubo compañeras que se fajaban estando embarazadas porque no les daban licencia por maternidad, peleamos tener una guardería, y que las compañeras lastimadas por los ritmos de producción tuvieran otras tareas porque antes eran echadas o puestas en una jaula”, agrega Balaguer y acomoda sus rastas negras.

PEPSICO CATI

Listo, se cierra el portón. Ese mismo que horas más tarde no podrían abrir los policías ni con barretas de hierro. Un grupo adentro, entre ellos las víctimas de la dictadura Moyano y Barry, y los demás afuera, en vigilia, con gomas y pallets apostados en las calles y frente a cada portón de la enorme planta. Un obrero de PepsiCo repartía saladitos para matizar la espera, hasta que cerca de las 4 de la madrugada comenzaron los movimientos. “Son como 12 vehículos, tres escuadrones, están en Constituyentes y General Paz”, comentó una pareja que venía al trote por calle Urquiza. Muy lentamente aparecieron las camionetas verdes de la Gendarmería y rodearon todo el perímetro de la fábrica. Comenzó a sonar la sirena de la fábrica. Se escuchó el ruido de cacerolas, eran los vecinos que salieron a solidarizarse. “Vamos aguanten”, les decía una señora con saco polar y pantuflas rosas.

PEPSICO CACEROLAS

Pasaban las horas, se terminó el café y el agotamiento de dos jornadas sucesivas de vigilias empezaba a notarse en los cuerpos. Poco antes de las ocho, aparecieron sobre San Martín medio centenar de mujeres policías de la Bonaerense. Comenzaron las corridas, reforzar algunos puntos, y el alerta de “ahora sí se viene”, cuando ya parecía que no, que hoy tampoco sería el día. Finalmente, arremetió la Gendarmería con todo barriendo a los manifestantes del acceso principal, y los corrió incluso dando vuelta la manzana, en medio de las casas y escuelas del barrio. Las caras rojas y los ojos reventados por el gas, cortes en los rostros, desmayados iban cayendo mientras otros los rescataban y entre todos se reagrupaban para, al rato, volver cantando contra el macrismo y su policía ultra violenta. Un viejo militante decía “así nos cazaban hace 41 años por las calles, en las universidades, en los sindicatos y en las fábricas los grupos de tareas”.

PEPSICO MILICOS

Comenzaron a llegar los medios y los diputados, Patricio del Corro, Christian Castillo, Nathalia Seligra, Vilma Ripoll, Fernando Vilordo, además de Zamora, Del Caño, Funes y Grosso. Pero ese portón terminó siendo un corralito de terror. En un reducido espacio entre la planta, las calles laterales y las casas unos 300 uniformados hacían cordones para impedir el regreso de los manifestantes, y también de la prensa. Hubo abiertas sucesivas provocaciones por parte de Bonaerenses, como cuando un camarógrafo pasó el cordón femenino y el jefe del operativo le gritó “te hacés el vivo porque son mujeres”.

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Al rato, otra barrida de policías pretendió correr a diputados y periodistas, mientras la policía forzaba el portón y entraba a PepsiCo. Los puntos de ataque se habían multiplicado y al rato el periodista de Crónica Aldo Romano fue atacado tan solo cuando se acercó al kiosko, y ni siquiera los gritos de los legisladores frenaron la feroz paliza, que ligaron todos. Fue en ese momento que el jefe del procedimiento fue increpado por el colega de Romano y por el ex diputado Del Caño, a lo cual el policía le respondió “que no venga a hacer populismo acá”. El dirigente le gritó en la cara “acá están pegando a periodistas, camarógrafos, usted es responsable por su integridad, de qué populismo habla”.

PEPSICO CHOQUE

Vale todo

Poco después por la calle Urquiza hicieron pasar una camioneta de traslado de detenidos, y mientras los legisladores intentaban organizar una comisión para preservar a los ocupantes que estaban a punto de ser sacados de la planta, se escucharon gritos y pedidos de auxilio desde el interior del vehículo. Matías Aufieri y Carlos Platkowski, abogados del Ceprodh, comenzaron desesperados a gritar para exigir que dijeran a quién llevaban herido allí adentro, que los liberaran si estaban lastimados o dijeran a dónde los llevarían. La respuesta fue poner primera y casi atropellarlos a ellos, a varios manifestantes y a esta cronista.

PEPSICO GAS

Los Bonaerenses al rato metieron otra camioneta, pegada al portón. Se escucharon cantos desde adentro que se acercaban. “Unidad de los trabajadores, y al que no le gusta, se jode”, venían gritando los ocupantes que empezaron a salir y en lugar de ser llevados detenidos con el cordón armado por abogados y diputados siguieron de largo caminando media cuadra. Con una bomba de gas en la mano, Mones dijo ante las cámaras. “Desde el 20 de junio las compañeras lloran en la puerta de la fábrica, los chicos con frío, y hoy la policía bonaerense nos trata así, mi viejo que era un obrero de Ford me contó esto, que a su comisión interna la hicieron desaparecer, lo dicen los libros de historia y yo con 43 años jamás viví esto, que pasa en esta pseudo democracia. La vez pasada reprimieron a las organizaciones sociales en la 9 de Julio, hoy de casualidad no hubo un muerto acá en Florida Oeste”, dijo el delegado.  “La peleamos hasta el final y vamos a seguir”, agregó.

PEPSICO FINAL

Mientras los empleados de municipio Vicente López a toda velocidad recogían los restos de las carpas donde habían acampado las obreras, el fiscal Gastón Larramendi recibía a las y los abogados que reclamaban por los cinco detenidos. El argumento que adujo la empresa y la fiscalía para ordenar el desalojo fue un riesgo de contaminación, algo por demás llamativo porque el despacho de Larramendi queda exactamente enfrente de PepsiCo. “No hay ninguna contaminación, hubo y se solucionó en 2009, cuando empezaron a pagar para el tratamiento del agua”, había dicho más temprano Liz García, obrera despedida, a Página12. El fiscal dijo lamentar haber tenido que dictar esa orden, a lo cual la abogada Bregman le respondió: Señor fiscal, su nombre va a estar asociado al de los peores represores”.

Jefe de fiscales marplatenses acusado por espionaje en dictadura

La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) denunció al actual fiscal general de Mar del Plata Fabián Fernández Garello por crímenes de lesa humanidad. Según documentación del Archivo Provincial por la Memoria, que la Comisión tiene bajo su custodia, el jefe de los fiscales marplatenses fue espía de la Bonaerense durante la dictadura. Entre sus actividades se infiltró en reuniones de las Madres de Plaza de Mayo y la Conferencia Episcopal. Además, desde el organismo afirman que como representante del Ministerio Público Fernández Garello protege el accionar policial ilegal en casos de violencia institucional. «Su pasado tiene relación directa con su accionar presente», declaró Roberto Cipriano García, secretario de la CPM. Por su parte, Fernández Garello dijo «desconocer la documentación a la que se hace mención», y se manifestó «ajeno» a los hechos denunciados.

El fiscal general fue subinspector de la Dirección de Inteligencia de la Policía bonaerense (Dipba) y desarrolló acciones de espionaje político y gremial, y de infiltración en organismos de derechos humanos en el marco del terrorismo de Estado. La CPM –que integran Adolfo Pérez Esquivel, Nora Cortiñas y Osvaldo Bayer, entre otros–  presentó toda la documentación probatoria ante la justicia federal de San Isidro, tras lo cual puso en conocimiento de los hechos a las máximas autoridades de la Suprema Corte de Justicia y la Procuración bonaerense, y solicitó su inmediata intervención. Ante la gravedad institucional del caso, la CPM pidió su juicio político y que sea separado de sus funciones.

Lesa humanidad

Según los documentos, Fernández Garello estaría involucrado en dos causas por delitos de lesa humanidad que tramitan en los juzgados federales de San Martín y San Isidro. En la primera se investiga el secuestro, tortura y asesinato de Ana María Martínez, y en la segunda el secuestro y tortura de militantes comunistas. Durante la dictadura, el ahora fiscal general de Mar del Plata, Fabián Uriel Fernández Garello, se desempeñó como oficial ayudante y luego como oficial subinspector en la delegación de San Martín de la Dipba. Entre 1978 y 1982, Fernández Garello participó en 17 intervenciones de actos de inteligencia en el marco de las acciones persecutorias y represivas que fueron constitutivas del terrorismo de Estado. Tenía poco más de veinte años y había ingresado a la policía en 1976.

Los documentos de la Dipba que custodia la CPM son secretos, pero según los escritos presentados a la justicia, a los que tuvo acceso PáginaI12, Fernández Garello y otros agentes de inteligencia están implicados en la causa que investiga los apremios ilegales contra un militante del Partido Comunista en 1982 y la detención de tres militantes del Partido Comunista, el 23 de Julio de 1981. El entonces oficial subinspector participó tanto del operativo conjunto, coordinado con oficiales de la Brigada de Investigaciones de San Martín y personal militar del Destacamento de Inteligencia 201 de Campo de Mayo, como también de los «interrogatorios» a los que fueron sometidos las víctimas.

Por otra parte, la CPM también envió documentación ampliatoria en la causa por la desaparición de Ana María Martínez, en el marco de los delitos de lesa humanidad cometidos en la zona militar IV, a cargo del Comando de Institutos Militares de Campo de Mayo.

En tanto, Fernández Garello afirmó que en el momento del secuestro y asesinato de Martínez «prestaba servicios en la Dirección General de Asuntos Judiciales con asiento en la Comisaría de Haedo para trabajar con Jueces del Departamento Judicial de Morón, dato que puede corroborarse accediendo a la información de mi legajo, por lo que resulto totalmente ajeno a ese hecho y a otros de similar naturaleza». Según pudo saber PáginaI12, la Dipba articulaba con todas las dependencias judiciales y policiales de la provincia y del país, inclusive con la SIDE.

El espionaje político y gremial del espionaje queda en evidencia frente al material probatorio, donde aparecen memorandos de inteligencia referidos a conflictos en Textil Patagónico, Fiat Concord y Deutz Argentina, y también se constata el registro de murales y panfletos pertenecientes a distintos partidos y agrupaciones políticas», expresó la CPM. «Estas acciones forman parte del proceder de la Dipba que operó como una suerte de policía política del estado terrorista, y otro rasgo central y sistemático del accionar de la Dipba fue la infiltración sobre organizaciones sociales y políticas», agregó el organismo.

En ese sentido, Fernández Garello intervino en el informe que implicó la infiltración en una reunión mantenida entre autoridades de la Conferencia Episcopal Argentina y las Madres de Plaza de Mayo, y también se registran infiltraciones a cooperadoras escolares e incluso el seguimiento de una agencia de turismo que promovía viajes al Kremlin. «La búsqueda de ‘delitos de terrorismo’ era el objetivo, como persecución del comunismo», sostuvo la CPM.

Así hoy como ayer

«Este funcionario dirige en la actualidad la política criminal en Mar del Plata, y durante estos años las investigaciones de casos de violencia policial y penitenciaria nunca fueron investigados por los fiscales, incluso no cumplían con la acordada 1390, que establece que en casos de personas muertas por policías o penitenciarios no puede intervenir la policía sino directamente los fiscales, ni tampoco se cumplía con la disposición de la Procuración que ordenaba investigar todas las muertes ocurridas en contextos de encierro», dijo Cipriano García, secretario de la CPM. «Claramente protegía el accionar policial ilegal, de hecho nunca generó políticas destinadas a perseguir esas violencias», agregó.

Para la CPM, «la gravedad de los hechos denunciados no sólo obliga a avanzar en las causas penales sino también requieren una respuesta política inmediata, la permanencia de Fernández Garello como fiscal general es inadmisible en democracia, se trata de una persona que fue parte del esquema represivo desplegado por el terrorismo de Estado».

Según publicó La Izquierda Diario, fue el actual juez de la Corte bonaerense Eduardo Pettigiani quien sacó a Fernández Garello de la policía y le dio empleo en la Dirección General de Administración cuando él era Secretario de Seguridad en tiempos de la gobernación de Eduardo Duhalde. Cuando Pettigiani fue candidato a intendente en Mar del Plata, Fernández Garello fue electo concejal del PJ. Tras la reforma de 1998 al Código de Procedimiento Penal provincial fue elegido, finalmente, fiscal general de la ciudad balnearia.