“Resistimos hasta el final y seguiremos”

Luego de varias noches de vigilia, los despedidos intuyeron que ayer la policía avanzaría contra ellos. Pero no imaginaron la violencia del operativo ordenado por el gobierno macrista. “No hubo un muerto de casualidad, esto fue como me lo que contaba mi viejo, que era de la Ford, donde desaparecieron a la interna. Resistimos hasta el final y vamos a seguir”, dijo el delegado Luis Medina eufórico a minutos de salir de la planta junto a los demás, libres en la calle, rodeados de periodistas, cámaras y militancia que cantaba “se va a acabar la burocracia sindical, paro general”. (fotos Rodrigo Wilson Enfoque Rojo)

“Están cebados, sacados”. “Esto parece el 2001, actúan como en la dictadura”. “Volvieron”. Entre una y otra arremetida represiva del cuerpo de Infantería de la Policía Bonaerense, frente al portón principal de PepsiCo, azorados y con los rostros desencajados, manifestantes, diputados y periodistas no podían creer lo que estaban viviendo. Había sido una larga noche de vigilia, con centenares de trabajadores y militantes apostados en los tres accesos de la planta de Florida, ubicada en medio de un barrio que combina casillas de chapa con chalets de tejas, con vecinos que salieron a batir cacerolas en apoyo a las y los obreros y que terminaron teniendo que sacar a sus hijos del jardín de infantes y la escuela por los gases. La imagen de la madrugada fueron los obreros desde los techos, como en los ’70, agradeciendo el aguante de la segunda noche de espera al operativo de desalojo. La foto de la mañana fueron ellos al lado de las hijas de desaparecidos Victoria Moyano Artigas y Alejandrina Barry al borde de la cornisa rodeadas de policías. Luego de los palazos y las corridas, vino el momento de mayor tensión. Tras casi una hora de pelearse a los gritos con los jefes del operativo, el grupo de diputados que habían llegado, entre ellos Miguel Funes y Leonardo Grosso (FpV), logró que ingresaran Nicolás del Caño (FIT-PTS) y Luis Zamora (AyL) para garantizar la integridad de quienes estaban adentro, dado que la Bonaerense ya había entrado con gases para sacarlos. “Qué verguenza das Vidal, reprimís a las obreras que están defendiendo su derecho al pan”, fue uno de los cantos que se escuchó durante la represión contra una fábrica donde la mayoría son mujeres sostenes de hogar.

Cuando cerca de las 2 de la mañana el delegado Camilo Mones dijo con el megáfono desde el techo “vamos a combatir la batalla de PepsiCo” varios se miraron como si sonara exagerado.

PEPSICO AGUANTE

Dos horas antes todavía se podía entrar a la fábrica de saladitos, donde las instalaciones aparecían en buen estado y hasta relucientes. En la oficina de ingreso, el fondo de lucha y una máquina de café. “Miente la empresa, lo que producimos acá lo van a hacer en otros países, el propósito que tienen, avalados por el gobierno, el sindicato y la justicia, es político, nos quieren liquidar porque en 20 años logramos conquistas que no hay en ninguna otra fábrica de la alimentación, como la categoría superior a la que antes no accedían las mujeres, que hacían empaque, el laburo más pesado y menos remunerado”, dijo Liz Fernández a PáginaI12. “Cocinaron todo entre ellos y en el ministerio nos ofrecieron indemnizaciones y unos cursos que rechazamos. La categoría que logramos puedan acceder mujeres antes era reservada a los hombres, tocar máquinas, acá peleamos contra el machismo en las empresas y en los convenios, paramos el 8 de marzo”, agregó. “Los supuestos problemas de costos que les traemos nosotros son 20 años de peleas a favor de los tercerizados, no permitir que los de agencia estén tres meses y se vayan”, apuntó Leandro “Garza” Gómez.

PEPSICO PUERTA

La ocupación había sido decidida en asamblea cuando se enteraron que la empresa quería llevarse las máquinas a la planta de Mar del Plata, con personal temporario. “La empieza quiere reabrir pero sin nosotros, pero no nos vamos a ir aunque nos saquen, si logramos quedarnos nos ponemos a producir, la idea es resistir, estamos despedidos pero el desalojo no significa el fin del reclamo, la empresa solo busca más rentabilidad y el gobierno la avaló porque buscan eso en todas las demás”, agregó. Afuera, Mones decía a la multitud: “No buscamos ser un ejemplo para la clase trabajadora, ni que nos echen, ni que cierre la fábrica. Pero por defender nuestros mínimos derechos nos tiraron a la calle, nosotros adentro y ustedes afuera vamos a resistir todo lo que podamos”.

PEPSICO BARRICADA

Catalina Balaguer es delegada y trabaja en PepsiCo desde hace 20 años. “Cuando nos atacó la fábrica apuntó a las mujeres, yo me solidaricé y por eso me echaron, siempre avasalló. Por eso nos fuimos organizando, cuando hice campaña por mi reincorporación llovían los reclamos de todas las filiales del mundo por maltratos, abusos y falta de sindicalización”, recordó. El derecho laboral argentino tiene un fallo que lleva su apellido porque logró un fallo de reinstalación que la reconocía como “delegada de hecho”. La habían despedido aduciendo  “bajo rendimiento”, pero tuvo que ser reincorporada cuando quedó demostrado que fue una acción antisindical y discriminatoria efectuada por la empresa por su actividad gremial. “Acá hubo compañeras que se fajaban estando embarazadas porque no les daban licencia por maternidad, peleamos tener una guardería, y que las compañeras lastimadas por los ritmos de producción tuvieran otras tareas porque antes eran echadas o puestas en una jaula”, agrega Balaguer y acomoda sus rastas negras.

PEPSICO CATI

Listo, se cierra el portón. Ese mismo que horas más tarde no podrían abrir los policías ni con barretas de hierro. Un grupo adentro, entre ellos las víctimas de la dictadura Moyano y Barry, y los demás afuera, en vigilia, con gomas y pallets apostados en las calles y frente a cada portón de la enorme planta. Un obrero de PepsiCo repartía saladitos para matizar la espera, hasta que cerca de las 4 de la madrugada comenzaron los movimientos. “Son como 12 vehículos, tres escuadrones, están en Constituyentes y General Paz”, comentó una pareja que venía al trote por calle Urquiza. Muy lentamente aparecieron las camionetas verdes de la Gendarmería y rodearon todo el perímetro de la fábrica. Comenzó a sonar la sirena de la fábrica. Se escuchó el ruido de cacerolas, eran los vecinos que salieron a solidarizarse. “Vamos aguanten”, les decía una señora con saco polar y pantuflas rosas.

PEPSICO CACEROLAS

Pasaban las horas, se terminó el café y el agotamiento de dos jornadas sucesivas de vigilias empezaba a notarse en los cuerpos. Poco antes de las ocho, aparecieron sobre San Martín medio centenar de mujeres policías de la Bonaerense. Comenzaron las corridas, reforzar algunos puntos, y el alerta de “ahora sí se viene”, cuando ya parecía que no, que hoy tampoco sería el día. Finalmente, arremetió la Gendarmería con todo barriendo a los manifestantes del acceso principal, y los corrió incluso dando vuelta la manzana, en medio de las casas y escuelas del barrio. Las caras rojas y los ojos reventados por el gas, cortes en los rostros, desmayados iban cayendo mientras otros los rescataban y entre todos se reagrupaban para, al rato, volver cantando contra el macrismo y su policía ultra violenta. Un viejo militante decía “así nos cazaban hace 41 años por las calles, en las universidades, en los sindicatos y en las fábricas los grupos de tareas”.

PEPSICO MILICOS

Comenzaron a llegar los medios y los diputados, Patricio del Corro, Christian Castillo, Nathalia Seligra, Vilma Ripoll, Fernando Vilordo, además de Zamora, Del Caño, Funes y Grosso. Pero ese portón terminó siendo un corralito de terror. En un reducido espacio entre la planta, las calles laterales y las casas unos 300 uniformados hacían cordones para impedir el regreso de los manifestantes, y también de la prensa. Hubo abiertas sucesivas provocaciones por parte de Bonaerenses, como cuando un camarógrafo pasó el cordón femenino y el jefe del operativo le gritó “te hacés el vivo porque son mujeres”.

PEPSICO MILICOS 2

Al rato, otra barrida de policías pretendió correr a diputados y periodistas, mientras la policía forzaba el portón y entraba a PepsiCo. Los puntos de ataque se habían multiplicado y al rato el periodista de Crónica Aldo Romano fue atacado tan solo cuando se acercó al kiosko, y ni siquiera los gritos de los legisladores frenaron la feroz paliza, que ligaron todos. Fue en ese momento que el jefe del procedimiento fue increpado por el colega de Romano y por el ex diputado Del Caño, a lo cual el policía le respondió “que no venga a hacer populismo acá”. El dirigente le gritó en la cara “acá están pegando a periodistas, camarógrafos, usted es responsable por su integridad, de qué populismo habla”.

PEPSICO CHOQUE

Vale todo

Poco después por la calle Urquiza hicieron pasar una camioneta de traslado de detenidos, y mientras los legisladores intentaban organizar una comisión para preservar a los ocupantes que estaban a punto de ser sacados de la planta, se escucharon gritos y pedidos de auxilio desde el interior del vehículo. Matías Aufieri y Carlos Platkowski, abogados del Ceprodh, comenzaron desesperados a gritar para exigir que dijeran a quién llevaban herido allí adentro, que los liberaran si estaban lastimados o dijeran a dónde los llevarían. La respuesta fue poner primera y casi atropellarlos a ellos, a varios manifestantes y a esta cronista.

PEPSICO GAS

Los Bonaerenses al rato metieron otra camioneta, pegada al portón. Se escucharon cantos desde adentro que se acercaban. “Unidad de los trabajadores, y al que no le gusta, se jode”, venían gritando los ocupantes que empezaron a salir y en lugar de ser llevados detenidos con el cordón armado por abogados y diputados siguieron de largo caminando media cuadra. Con una bomba de gas en la mano, Mones dijo ante las cámaras. “Desde el 20 de junio las compañeras lloran en la puerta de la fábrica, los chicos con frío, y hoy la policía bonaerense nos trata así, mi viejo que era un obrero de Ford me contó esto, que a su comisión interna la hicieron desaparecer, lo dicen los libros de historia y yo con 43 años jamás viví esto, que pasa en esta pseudo democracia. La vez pasada reprimieron a las organizaciones sociales en la 9 de Julio, hoy de casualidad no hubo un muerto acá en Florida Oeste”, dijo el delegado.  “La peleamos hasta el final y vamos a seguir”, agregó.

PEPSICO FINAL

Mientras los empleados de municipio Vicente López a toda velocidad recogían los restos de las carpas donde habían acampado las obreras, el fiscal Gastón Larramendi recibía a las y los abogados que reclamaban por los cinco detenidos. El argumento que adujo la empresa y la fiscalía para ordenar el desalojo fue un riesgo de contaminación, algo por demás llamativo porque el despacho de Larramendi queda exactamente enfrente de PepsiCo. “No hay ninguna contaminación, hubo y se solucionó en 2009, cuando empezaron a pagar para el tratamiento del agua”, había dicho más temprano Liz García, obrera despedida, a Página12. El fiscal dijo lamentar haber tenido que dictar esa orden, a lo cual la abogada Bregman le respondió: Señor fiscal, su nombre va a estar asociado al de los peores represores”.

Jefe de fiscales marplatenses acusado por espionaje en dictadura

La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) denunció al actual fiscal general de Mar del Plata Fabián Fernández Garello por crímenes de lesa humanidad. Según documentación del Archivo Provincial por la Memoria, que la Comisión tiene bajo su custodia, el jefe de los fiscales marplatenses fue espía de la Bonaerense durante la dictadura. Entre sus actividades se infiltró en reuniones de las Madres de Plaza de Mayo y la Conferencia Episcopal. Además, desde el organismo afirman que como representante del Ministerio Público Fernández Garello protege el accionar policial ilegal en casos de violencia institucional. “Su pasado tiene relación directa con su accionar presente”, declaró Roberto Cipriano García, secretario de la CPM. Por su parte, Fernández Garello dijo “desconocer la documentación a la que se hace mención”, y se manifestó “ajeno” a los hechos denunciados.

El fiscal general fue subinspector de la Dirección de Inteligencia de la Policía bonaerense (Dipba) y desarrolló acciones de espionaje político y gremial, y de infiltración en organismos de derechos humanos en el marco del terrorismo de Estado. La CPM –que integran Adolfo Pérez Esquivel, Nora Cortiñas y Osvaldo Bayer, entre otros–  presentó toda la documentación probatoria ante la justicia federal de San Isidro, tras lo cual puso en conocimiento de los hechos a las máximas autoridades de la Suprema Corte de Justicia y la Procuración bonaerense, y solicitó su inmediata intervención. Ante la gravedad institucional del caso, la CPM pidió su juicio político y que sea separado de sus funciones.

Lesa humanidad

Según los documentos, Fernández Garello estaría involucrado en dos causas por delitos de lesa humanidad que tramitan en los juzgados federales de San Martín y San Isidro. En la primera se investiga el secuestro, tortura y asesinato de Ana María Martínez, y en la segunda el secuestro y tortura de militantes comunistas. Durante la dictadura, el ahora fiscal general de Mar del Plata, Fabián Uriel Fernández Garello, se desempeñó como oficial ayudante y luego como oficial subinspector en la delegación de San Martín de la Dipba. Entre 1978 y 1982, Fernández Garello participó en 17 intervenciones de actos de inteligencia en el marco de las acciones persecutorias y represivas que fueron constitutivas del terrorismo de Estado. Tenía poco más de veinte años y había ingresado a la policía en 1976.

Los documentos de la Dipba que custodia la CPM son secretos, pero según los escritos presentados a la justicia, a los que tuvo acceso PáginaI12, Fernández Garello y otros agentes de inteligencia están implicados en la causa que investiga los apremios ilegales contra un militante del Partido Comunista en 1982 y la detención de tres militantes del Partido Comunista, el 23 de Julio de 1981. El entonces oficial subinspector participó tanto del operativo conjunto, coordinado con oficiales de la Brigada de Investigaciones de San Martín y personal militar del Destacamento de Inteligencia 201 de Campo de Mayo, como también de los “interrogatorios” a los que fueron sometidos las víctimas.

Por otra parte, la CPM también envió documentación ampliatoria en la causa por la desaparición de Ana María Martínez, en el marco de los delitos de lesa humanidad cometidos en la zona militar IV, a cargo del Comando de Institutos Militares de Campo de Mayo.

En tanto, Fernández Garello afirmó que en el momento del secuestro y asesinato de Martínez “prestaba servicios en la Dirección General de Asuntos Judiciales con asiento en la Comisaría de Haedo para trabajar con Jueces del Departamento Judicial de Morón, dato que puede corroborarse accediendo a la información de mi legajo, por lo que resulto totalmente ajeno a ese hecho y a otros de similar naturaleza”. Según pudo saber PáginaI12, la Dipba articulaba con todas las dependencias judiciales y policiales de la provincia y del país, inclusive con la SIDE.

El espionaje político y gremial del espionaje queda en evidencia frente al material probatorio, donde aparecen memorandos de inteligencia referidos a conflictos en Textil Patagónico, Fiat Concord y Deutz Argentina, y también se constata el registro de murales y panfletos pertenecientes a distintos partidos y agrupaciones políticas”, expresó la CPM. “Estas acciones forman parte del proceder de la Dipba que operó como una suerte de policía política del estado terrorista, y otro rasgo central y sistemático del accionar de la Dipba fue la infiltración sobre organizaciones sociales y políticas”, agregó el organismo.

En ese sentido, Fernández Garello intervino en el informe que implicó la infiltración en una reunión mantenida entre autoridades de la Conferencia Episcopal Argentina y las Madres de Plaza de Mayo, y también se registran infiltraciones a cooperadoras escolares e incluso el seguimiento de una agencia de turismo que promovía viajes al Kremlin. “La búsqueda de ‘delitos de terrorismo’ era el objetivo, como persecución del comunismo”, sostuvo la CPM.

Así hoy como ayer

“Este funcionario dirige en la actualidad la política criminal en Mar del Plata, y durante estos años las investigaciones de casos de violencia policial y penitenciaria nunca fueron investigados por los fiscales, incluso no cumplían con la acordada 1390, que establece que en casos de personas muertas por policías o penitenciarios no puede intervenir la policía sino directamente los fiscales, ni tampoco se cumplía con la disposición de la Procuración que ordenaba investigar todas las muertes ocurridas en contextos de encierro”, dijo Cipriano García, secretario de la CPM. “Claramente protegía el accionar policial ilegal, de hecho nunca generó políticas destinadas a perseguir esas violencias”, agregó.

Para la CPM, “la gravedad de los hechos denunciados no sólo obliga a avanzar en las causas penales sino también requieren una respuesta política inmediata, la permanencia de Fernández Garello como fiscal general es inadmisible en democracia, se trata de una persona que fue parte del esquema represivo desplegado por el terrorismo de Estado”.

Según publicó La Izquierda Diario, fue el actual juez de la Corte bonaerense Eduardo Pettigiani quien sacó a Fernández Garello de la policía y le dio empleo en la Dirección General de Administración cuando él era Secretario de Seguridad en tiempos de la gobernación de Eduardo Duhalde. Cuando Pettigiani fue candidato a intendente en Mar del Plata, Fernández Garello fue electo concejal del PJ. Tras la reforma de 1998 al Código de Procedimiento Penal provincial fue elegido, finalmente, fiscal general de la ciudad balnearia.