Más pruebas contra la Policía Bonaerense y Federal en la causa por la desaparición y muerte de Facundo Castro

En los próximos días la causa por la desaparición y muerte de Facundo Astudillo Castro volverá a estar bajo los reflectores mediáticos con la llegada de Cristina Castro y sus abogados a Buenos Aires. Al mismo tiempo, el equipo de fiscales viajará a Bahía Blanca para concretar procedimientos pendientes. Mientras tanto en el expediente se siguen produciendo novedades. Algunas de fundamental importancia para reforzar las evidencias que ya había sobre la responsabilidad policial en la desaparición y muerte de Facundo Castro, detenido por la Bonaerense el 30 de abril de 2020 por violar el ASPO en la primera ola de la pandemia. Ciertos hallazgos salpican al secretario de Seguridad Sergio Berni

A saber: 

  • Surgió información valiosa para los investigadores del análisis de lo poco que quedó en los teléfonos de los policías, que los cuatro implicados trataron de romper y borrar su contenido. Uno de los policías escribió que el fiscal provincial le dijo que con su actuación aquel día «salvó a toda la policía de Villarino». Cabe preguntarse, ¿la salvó de qué?

  • Aparecen los nombres de un abanico de personajes que reportan en forma directa al intendente de Villarino y al secretario de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, entre ellos el abogado Sebastián Martínez y Federico Montero, delegado de Berni en Bahía Blanca.

  • El peritaje realizado a los dos pedazos de piedra turmalina secuestrados –uno en un patrullero y el otro en la comisaría de Teniente Origone (el dije que llevaba Facundo al cuello al momento de su desaparición)– demostró que los trozos de mineral coinciden entre sí como parte de una única pieza.

  • Durante un reconocimiento en la zona del hallazgo de los restos del joven de Pedro Luro el testigo que los encontró dijo que ese día también estaba la zapatilla intacta de Facundo, pero que el fiscal Ulpiano Martínez y la Policía Federal no la secuestraron. La encontró Cristina al día siguiente.

«Salvar a la policía»

Hace algunas semanas la querella familiar y la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), querella institucional en calidad de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, realizaron un nuevo reconocimiento en el lugar donde fueron hallados los restos óseos de Facundo. El fiscal Horacio Azzolín y la fiscal federal de La Pampa Iara Silvestre –designada en la causa en reemplazo del fiscal federal Ulpiano Martínez quien se apartó del caso aduciendo «violencia moral»– estuvieron en el lugar y acompañaron el recorrido que realizaron los pescadores que encontraron el esqueleto incompleto y dieron aviso a las autoridades.

Durante ese procedimiento, uno de los pescadores dio precisiones sobre las características de esa zona de la ría, que visita asiduamente desde hace más de 20 años: “Podés caminar hasta la vera del agua sin enterrarte, sólo te vas a embarrar”, describió. Y agregó que “tendrías que ingresar más de diez metros a la ría para que el agua te llegue a la altura de la rodilla”. Sobre el lugar específico en donde se encontró el cuerpo, el pescador reconoció también que, cuando la marea sube, sólo queda cubierto por unos pocos centímetros de agua.

El testigo también recordó que, además de los restos óseos, habían encontrado a pocos metros una zapatilla y otras prendas de vestir. En ese momento, les señaló esos elementos al fiscal Ulpiano Martínez –a cargo de la instrucción– y el subcomisario de la Policía Federal José Pérez que dirigieron el operativo el día del hallazgo del cuerpo. Sin embargo, los funcionarios incumpliendo con sus obligaciones, no secuestraron esas pruebas. Recién al día siguiente, cuando ya estaba en el lugar el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), la mamá de Facundo, Cristina Castro, vio la zapatilla y se ordenó su secuestro para la causa. Más grave aún, uno de los testigos declaró que el día del hallazgo el esqueleto tenía los brazos pero al momento de levantarlo no estaban. Este pescador declaró que el 15 de agosto, día del hallazgo, un policía habló con Berni desde el lugar y le envió fotos. Este testimonio se encuentra grabado. Cristina Castro ya había dicho que ese día el secretario de Seguridad se comunicó con los allí presentes.

Con esta declaración esta semana será ampliada la denuncia que ya existe, a partir de una presentación de la CPM, en la Procuración General de Nación por mal desempeño en las funciones del fiscal Ulpiano Martínez, y se solicitará a las autoridades del Ministerio de Seguridad de Nación la investigación sobre la actuación del subcomisario Pérez, además de presentar una denuncia penal para que se investigue la conducta de ambos.

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Dos turmalinas, un dije

Por otra parte, se incorporó a la causa el peritaje sobre los trozos de piedra de turmalina hallados en el puesto policial de Teniente Origone y en el baúl del móvil de la Policía Local de Bahía Blanca que según el registro de AVL, el 8 de mayo del año pasado estuvo varias horas en la zona del cangrejal donde semanas después se encontraron los restos óseos de Facundo. El informe pericial determinó que hay coincidencias entre los dos trozos analizados, que por otro lado fueron encontrados a partir del señalamiento de uno de los perros rastreadores que intervinieron. Cabe recordar que al momento de la desaparición, Facundo llevaba en su cuello un colgante con una piedra de turmalina como dije.

También se conocieron los primeros resultados de nuevos peritajes a los teléfonos celulares incautados a los agentes de la Policía de la Provincia de Buenos Aires Xiomara Flores, Jana Curruhinca, Alberto González y Mario Sosa; los cuatro efectivos que tuvieron contacto con Facundo el día que fue visto con vida por última vez. De la tarjeta de contactos de Sosa surge el nombre del policía Roberto Carlos Berríos, el mismo que hostigaba a Facundo y a sus compañeros en el Semillero Cultural con insultos y detenciones. Durante uno de los primeros operativos en búsqueda de su hijo, Cristina lo vio y en ese momento sintió la certeza de que lo habían matado. Además, Berríos es pareja de Paola Aguilera, que hace seis años revista en la Unidad Policial de Prevención Local de Bahía Blanca (UPPL), seccional a la que pertenece el patrullero Toyota Etios que a una semana de desaparecido se pasó de jurisdicción y anduvo por Villarino Viejo, muy cerca del cangrejal y donde los perros del perito Marcos Herrero encontraron el primer trozo de turmalina, como se dijo.

El informe realizado por la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) destaca el particular contacto entre González, el policía que estaba cargo del destacamento de Teniente Origone y detuvo a Facundo en la ruta el 30 de abril, y sus superiores. Resalta un comentario que hace el policía González sobre su declaración ante la Ayudantía Fiscal a cargo de García Dimas, donde tramitó en un principio la causa antes de pasar al fuero federal. “Me llamaron de Fiscalía y el Fiscal me dijo que con todos los datos que yo tenía, con la libreta, la foto y toda la historia, ‘usted con esto salvó a toda la policía de Villarino’. ‘Lo único que hubiera faltado’, me dijo, ‘era la patente del vehículo que sería la frutilla del postre, pero con esto ya está’”, escribió. El problema de las anotaciones de esa libreta, –pensada como coartada para poder decir ‘lo tuve al pibe, lo dejé ir, lo levantó fulanita de tal, acá lo tengo anotado’–, tienen un orden cronológico que no coincide con los hechos tal como el propio policía dice que sucedieron. ( Leer también González y sus versiones )

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Como ocurrió en peritajes a teléfonos anteriores, hubo mucho material que no pudo recuperarse porque había sido eliminado por los policías, las aplicaciones desinstaladas o, incluso, dadas de baja las líneas telefónicas. Todavía restan los peritajes sobre los últimos teléfonos secuestrados en el allanamiento a la casa de Flores y Sosa. Otras medidas pendientes están en manos de Gendarmería: establecer por qué la ropa de Facundo estaba rota adentro de una mochila en perfectas condiciones, que apareció en el cangrejal un mes después que el cadáver. Y también identificar quién compró las líneas telefónicas que están a nombre de Facundo, mientras estaba desaparecido su cuerpo y activadas al día siguiente de que apareció. Alguien usó con esa finalidad el DNI de Facundo que nunca apareció.

“A pesar de los intentos por entorpecer la investigación, que las querellas venimos denunciando desde hace tiempo, tanto en la actuación del fiscal Ulpiano Martínez y la Jueza Marrón, aún se siguen produciendo pruebas valiosas, que no hacen más que ratificar la hiper intervención policial en torno a los hechos de esta causa, en la desaparición el 30 de abril y en las circunstancias en que se encontró el cuerpo de Facundo”, señalaron desde la CPM. En ese sentido, la Cámara de Casación debe aún resolver el pedido de recusación de la jueza Marrón realizado por los representantes del Ministerio Público Fiscal, a quienes la magistrada les rechaza absolutamente todas las medidas que piden, incluso en asuntos en los que la Cámara ya fijó posición. Esto produce una dilación que en algunos casos está generando el deterioro de determinadas pruebas. Los fiscales consideran que hay una «artera» intencionalidad de obstrucción a partir del explícito apoyo de Marrón a los uniformados. En sus informes plantean que «esas negativas están consolidando un cuadro de impunidad».

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Mareas, libros y escuchas

Otras medidas de prueba realizadas con dudoso origen serán usadas para insistir en la teoría del «accidente», ya descartada por los investigadores pero que la jueza federal María Gabriela Marrón persiste en mantener viva, a exclusivo beneficio de los policías implicados. Se recordará el fuerte cruce del secretario de Seguridad bonaerense Sergio Berni en el programa Fuego amigo, cuando dijo que iba a llevar «un regalo» para convencer a una de los conductores de la inocencia de los uniformados a su mando. Si es que llega la prometida ofrenda, tendría la firma de un operador mediático.

Cuando un juez o jueza delegan la instrucción de una causa en manos de la fiscalía precisamente entrega a manos de fiscales la orientación de la investigación. Sin participación ni control de las partes –esto es, querellas y fiscalía– la jueza federal María Marrón dispuso de oficio la realización de un informe sobre la mareas al Instituto Argentino de Oceanografía (IADO) que, sin rigor científico y sin que sea esa su función, aventura hipótesis sobre un posible recorrido de Facundo para concluir que se trató de una muerte accidental mientras caminaba por la zona de cangrejal en Villarino Viejo. La fiscalía había solicitado un informe de mareas pero luego de cuatro meses lo que le entregaron excedía lo que había pedido, y fue calificado como tan «trucho» que directamente lo devolvió. Todo indica que la jueza quería ese documento si o si en el expediente, por lo cual ordenó de oficio hacer otro, una réplica que mencionaba la misma hipótesis, que resulto «incompleto y desprolijo», dado que se hizo en «tiempo record». Aunque los fiscales Silvestre, Azzolín y Heim pidieron la nulidad del mismo, Marrón lo incorporó igual a la causa.

Uno de los investigadores está convencido de que la aparición del informe del IADO, –que llegó a mencionar una profundidad de cuatro metros del mar sobre el cangrejal cuando todas las evidencias recogidas en la causa marcan que lo máximo que llega el agua es a la altura de las rodillas– coincide con la del libro del operador mediático de La Nueva (Provincia) y La Brújula, Germán Sasso. En el expediente que Sasso se jacta de conocer consta su participación directa en el devenir de los hechos que se investigan. De lo recuperado en los teléfonos, (hay uno de los policías que no borró todo), surge que el «periodista» mantuvo contacto con al menos dos de los sospechosos, antes y después de haber compartido un asado con la cúpula política y policial local, entre ellos el segundo de Sergio Berni en Bahía Blanca, Federico Montero. Casualmente, González habló con su colega Sosa y quedaron todos bajo el patrocinio letrado del abogado Sebastián Martínez, mano derecha del intendente de Villarino, Carlos Bevilaqua. Y fueron asistidos por un «psicólogo» de Bahía Blanca que estaría vinculado al secretario de Seguridad del gobierno de Axel Kiciloff. Los funcionarios de Villarino también están implicados por las irregularidades en los informes de tránsito y por otro hecho: el 1 de julio el presidente del Concejo Deliberante de Villarino fue escuchado en una conversación donde contaba que «Carlos» sabía del hallazgo de ropa de Facundo en la comisaría de Teniente Origone.

Sasso también aparece visitando en forma frecuente la casa del policía González e intercambiando mensajes amistosos en redes sociales con uno de los integrantes de la Cámara Federal de Bahía Blanca. Según la DATIP, hubo largas conversaciones de la policía Xiomara Flores, una de las sospechadas, con Sasso. Y aunque gran parte no pudieron recuperarse tras ser eliminadas por ella, sí se comprobó el contacto cotidiano, virtual y presencial, entre los policías y el «periodista». Tanto el intendente Bevilaqua como Sasso sostienen que la investigación no profundizó una supuesta pista narco como razón de la desaparición y muerte de Facundo. Los primeros días, sus voceros llegaron a decir que el joven de Pedro Luro no había desaparecido sino que estaba secuestrado por un problema de drogas. «Acá los únicos narcos son los policías procesados por la Cámara Federal que Berni puso al mando cuando cambió la jefatura luego de la muerte del hincha de Olimpo, Sergio Emanuel Castillo, el 9 de febrero de 2020», que participaron en el encubrimiento de lo que le pasó a Facundo, dijo uno de los investigadores de las querellas.

La fuente consultada especuló con la posibilidad de que el «regalo» que Berni le prometió a la periodista Catalina de Elía sea el libro que acaba de publicar el conductor de radio La Brújula, en el cual además de sus ya conocidas diatribas contra las querellas insiste con la teoría narco y una supuesta venganza contra policías corruptos. El informe de mareas descartado por los investigadores por considerarlo «trucho», podría ser el vertebrador de su discurso en la obra titulada «Operación Facundo». Caída la maniobra de la famosa testigo H (cuyas iniciales son E.H.R), para ubicar a Facundo en Bahía Blanca a cómo de lugar, el informe de mareas viene a reflotar la teoría del accidente. «Los baqueanos de la zona dan por tierra esta idea de que el agua había subido cuatro metros, como decía el primer informe trucho que fue devuelto al IADO», dijo la fuente para enfatizar lo absurdo de continuar planteando que Facundo se ahogó allí solo. Ahora bien, si efectivamente Berni estaba pensando en ese libro cuando hace un mes estuvo en el programa de Diego Schurman y De Elía cabe preguntarse cómo es que sabía tanto.

Cómo sigue

Los investigadores lograron una sintonía con la familia de Facundo y la querella institucional que permitió ir sobrellevando los sucesivos embates del sector del Poder Judicial y del Ministerio Público que funge de defensa de la Policía Bonaerense, y lograron avanzar incluso en plena pandemia. Consideran que, a pesar de todo, el saldo da positivo. En ese sentido, luego de algunas últimas medidas, todos los caminos conducen al llamado a declaración indagatoria de los y las policías sospechados. Cabe recordar que el primer fiscal del caso, Santiago Ulpiano Martínez, lo había hecho en el inicio de la causa pero con el único objetivo de beneficiarlos: la maniobra queda en evidencia porque cuando la jueza rechazó su solicitud no se tomó la molestia de apelar, para que se consolide con el paso del tiempo una falta de mérito e incluso un sobreseimiento. Probablemente, no contaban con el desembarco de los tres fiscales especializados.

Con información propia, de la agencia Andar y de La Izquierda Diario

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Habría mil espías como Balbuena

La causa judicial por la infiltración de la Policía Federal en la agencia de noticias Rodolfo Walsh avanza a ritmo sostenido. Ya declararon varios testigos, entre ellos el diputado provincial Marcelo Saín (Nuevo Encuentro) quien ratificó la existencia de la división de esa fuerza dedicada al espionaje, que cuenta con sustento legal (un decreto de 1963) y donde revistarían unos mil agentes. Además, el jefe de Gabinete Jorge Capitanich se comprometió a responder sobre la «revisión» de esa normativa, a la que ningún gobierno hasta hoy se decidió a derogar. Además, ¿cómo siguió la vida en la agencia Walsh?

 

Primero fue el estupor, años de entrevistas a dirigentes de todos los colores políticos pero sobre todo del llamado “campo popular”, cronistas que compartieron notas durante más de una década con el falso periodista que resultó ser un agente de la Federal. Luego vino la denuncia pública, cuando hace un año la agencia de noticias Rodolfo Walsh anunció haber descubierto que uno de sus integrantes, Américo Balbuena, más conocido por todos como el Pelado, era un oficial de inteligencia de la policía, un PCI (personal civil de inteligencia). Y finalmente hubo una demanda ante la justicia penal que generó una causa, hoy en plena actividad. Hace pocos días declaró el diputado provincial Marcelo Saín y describió el funcionamiento de la división Reunión de Información de la Federal donde revistaba Balbuena. Mientras el expediente avanza, en su reciente informe al Parlamento el jefe de Gabinete Jorge Capitanich confirmó que Balbuena y su jefe están en “disponibilidad preventiva”, y se comprometió a responder por escrito sobre la “revisión” y eventual “derogación” del decreto que creó la unidad de la Policía Federal en la que revistarían otros mil agentes como Balbuena, que vienen manteniéndose intocables a través de los sucesivos gobiernos democráticos.

La primera pregunta que le hicieron a Saín fue si ratificaba el contenido de un artículo que publicó en PáginaI12 hace más de cuatro años. Bajo el título de Los intocables, el ex interventor de la Policía de Seguridad Aeroportuaria había afirmado que la Policía Federal, creada en 1943, es la única fuerza que desde el inicio del período democrático en 1983 no ha sido objeto de “ningún tipo de reforma o modernización institucional que erradique sus enclaves autoritarios y la ponga a tono con los parámetros de la seguridad pública democrática”. La única modificación fue a instancias del diputado socialista Simón Lázara, que en 1991 eliminó la potestad de los federales de detener personas sólo para su identificación o averiguación de antecedentes. A través del decreto-ley 9.021 de 1963, durante el gobierno de José María Guido, fue creada la “Orgánica del Cuerpo de Informaciones de la Policía Federal Argentina”, esto es, “un verdadero servicio paraestatal de informaciones e inteligencia no sujeto a ningún tipo de contralor administrativo, judicial y parlamentario más allá que el ejercido por algunos pocos miembros del comisariato superior de la fuerza”. Según detalló Saín, ese cuerpo está compuesto por “agentes secretos” abocados a las tareas específicas de la “especialidad de informaciones” y cuyos cargos no son “incompatibles con otro empleo de la administración pública, provincial, municipal y privados”. Fue bajo este paraguas que Balbuena se infiltró durante más de 10 años en la agencia Walsh, porque esa norma habilita a estos agentes a infiltrarse en cualquier organismo público y privado, una facultad que no tienen ni siquiera los espías de la Secretaría de Inteligencia. “Este cuerpo policial de informaciones cuenta con casi 1000 espías que se dividen superiores y subalternos, y entre sus numerarios se encontraba Ciro James y otros secuaces que cambiaron de bando con alguna notoriedad pública”, apuntó Saín en el artículo, y lo ratificó ante la justicia. A su criterio, la Federal tiene un nivel de autonomía “por abajo” superior a cualquier otra fuerza de seguridad.

En su declaración, el legislador de Nuevo Encuentro aclaró que la reglamentación de 1967 asignó a ese Cuerpo de Inteligencia de la PFA la realización de actividades de inteligencia y contrainteligencia, posee jerarquías propias en un escalafón diferente a los demás policías, está exento de las normas que regulan al personal de la administración pública, y se encuentra habilitado para desempeñar empleos tanto en el ámbito privado como público con el objetivo de poder “infiltrarse y hacer espionaje sobre integrantes, actividades, relaciones y circunstancias”. Y acotó un detalle no menor: sus miembros tienen prohibido identificarse como integrantes de ese cuerpo.

 

Un Balbuena, ¿miles de Balbuenas?

A instancias de la abogada querellante Myriam Bregman, le preguntaron sobre la cifra de mil agentes que mencionó, y Saín respondió que la calculó en base al presupuesto asignado a esa división de la Federal. Tras afirmar que el monto es muy elevado, dijo que “si hay asignación presupuestaria del Congreso para financiar este cuerpo, ello no sólo lo convalida sino que da cuenta que luego de 30 años de democracia sigue funcionando fuera del marco de las normas que regulan la seguridad interior y la inteligencia nacional”. El diputado diferenció a quienes realizan actividades de inteligencia criminal que apuntan a la problemática delictiva, y dijo que éstos espías, en cambio, desarrollan “espionaje político”. Saín aclaró que se trata de dos cuerpos diferentes, y que los compañeros de Balbuena han contado con una cobertura legal que proviene de épocas dictatoriales que “confrontan con la legalidad democrática en este tema”.

En cuanto a la tan mentada justificación de que actúan por órdenes de la justicia, Saín fue contundente: “Las tareas de investigación criminal ordenadas por autoridades judiciales no son desarrolladas por este Cuerpo, porque no forma parte de sus funciones asistir a jueces y/o fiscales sino sólo hacer tareas de recolección de información y de inteligencias indicadas por sus superiores”.

Hace un año, tras la denuncia pública en conferencia de prensa y una movilización a Plaza de Mayo, organizaciones de derechos humanos y partidos de izquierda acompañaron a los periodistas de la agencia Walsh e iniciaron una causa penal contra el oficial mayor de Inteligencia Américo Alejandro Balbuena porque afirman haber sido víctimas de su espionaje. El caso quedó en manos del juez federal Sergio Torres y el fiscal Carlos Stornelli, a quienes se les solicitó que determinen en qué fechas operó el agente y quiénes eran sus jefes, entre otras medidas de prueba. Una de las primeras que el magistrado puso en marcha fue el allanamiento de la casa de Balbuena, en San Martín, donde lo encontraron junto a su hermana. Aunque el espía tenía una pistola Glock no la utilizó. Fue el 21 de mayo de 2013 y los investigadores sólo hallaron pocos muebles, algunos libros, un colchón en el piso y unos pocos objetos personales. Al día siguiente hubo un procedimiento similar en la sede de la Federal, donde los peritos comprobaron que los registros de las computadoras habían sido borrados. Pero secuestraron el legajo de Balbuena –que lo describe como un agente locuaz y colaborador, y da cuenta de varios cursos de inteligencia que realizó– y una lista de nombres de otros agentes que serían sus compañeros de trabajo en la sección Reunión de Información. Ese es uno de los interrogantes a resolver en la causa ¿cuántos más hay? Los investigadores podrían recibir información de otra dependencia de la Federal que les permitiría determinar con precisión esa cifra. Y en tal caso, ¿correrán el mismo destino de Balbuena, que luego de las denuncias fue puesto en disponibilidad en mayo de 2013 por la ex ministra Nilda Garré?

Para dejar constancia en el expediente sobre la forma de operar de Balbuena ya declararon en el expediente varios testigos, entre ellos Rodolfo Grinberg, uno de los fundadores de la agencia Walsh y ex compañero de colegio de Balbuena, Enrique Fukman, sobreviviente de la ESMA y miembro de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, Oscar Kuperman, del MTR Cuba, los dirigentes del MST Vilma Ripoll y del PTS Claudio Dellecarbonara, además de los diputados Saín y Christian Castillo (PTS-FIT). Dellecarbonara relató cómo Balbuena se inmiscuía en cada conflicto que había en el Subte, y se pasaba horas en las instalaciones del subterráneo tratando de averiguar qué opinaba cada uno y cuáles serían los pasos a seguir. “La manera de entrar era con un trato campechano. Te decía que apoyaba nuestra lucha, que él era un trabajador más”, dijo el delegado de la línea B. De hecho, quienes lo conocieron afirman que se camuflaba muy bien porque se hacía pasar por un “periodista militante”, comprometido con las causas de las notas que cubría, pero siempre con una actitud entre ingenua y bonachona. Entraba en confianza y le tenían afecto pero casi todos coincidían en que “era raro”. Tan preparado fue su desempeño que Balbuena eligió una prestigiosa escuela terciaria de radio, de orientación progresista, para obtener su título.

Por su parte, Castillo declaró que en algunos actos o movilizaciones era el único “periodista” presente, a veces acudía a reuniones abiertas de coordinación que no habían sido difundidas, y en los actos hacía entrevistas a todos los dirigentes pero luego esas declaraciones no aparecían en sus notas periodísticas. “Preguntaba hacia dónde iba la marcha, qué iban a hacer después, y tenía conocimiento personal con muchos dirigentes”, apuntó el legislador provincial. Según explicó, cuando tomó contacto con los cronogramas de las movilizaciones descriptos en causas judiciales iniciadas contra manifestantes pudo constatar que eran similares a los informes de Balbuena. “Sabemos que esto no puede ser un hecho aislado sino un modo de operar de la PFA y una política de infiltración”, agregó. A diferencia de lo que sucedió en la provincia de Buenos Aires, donde el área de Inteligencia de la Policía Bonaerense fue abierta y se transformó en el Archivo de la Memoria, esto jamás sucedió en la Federal por lo cual, según el diputado, “puede suponerse la continuidad de esa actividad expresamente prohibida por las leyes de Inteligencia y de Seguridad Interior”.

El 8 de mayo declaró el dirigente del Partido Obrero Gabriel Solano, en la misma línea que los dirigentes que acudieron a dar cuenta de la forma de manejarse de Balbuena. A modo de ejemplo recordó que en un Congreso de la juventud del Partido Obrero Balbuena se hizo presente para recavar los nombres de los militantes que habían sido electos para la dirección nacional de la organización. Al finalizar su declaración, en la cual estuvo acompañado por la abogada Bregman, Solano señaló: “Balbuena no es una excepción. El trabajo de espionaje sobre el movimiento popular se realiza de manera sistemática y es ordenado directamente desde el gobierno. Lo prueba también el Proyecto X, armado por la Gendarmería de Berni, o la Secretaría de Inteligencia del Ejército que responde a Milani. Es necesario avanzar en determinar las responsabilidades políticas del caso. Quiénes manejaron a la Policía Federal en los años que Balbuena realizaba un trabajo de espionaje fueron Aníbal Fernández y Nilda Garré, quiénes siguen siendo funcionarios. La culpables del espionaje están en el poder”.

Una golondrina no hace verano

Balbuena no fue el primero pero debería ser el último. Así piensan los querellantes que acompañaron a los periodistas de la agencia Walsh para que la justicia investigue las leyes que habrían estado violando en forma sistemática estos espías. Durante su declaración testimonial, Saín recordó los casos de la secretaria privada de Gustavo Béliz, cuando era concejal porteño, y el más reciente de James, uno de los integrantes de la red de espionaje del macrismo. Pero en la cronología ya publicada por Ojos Vendados los antecedentes de esta mala costumbre de espiar fronteras adentro se remonta a los años ’80 con las actividades del Departamento de Protección del Orden Constitucional (Depoc), y luego con el espionaje durante la administración menemista plasmado en el “libro azul” de la Policía Federal donde habían recolectado información personal y política sobre 250 personas, en su mayoría militantes de izquierda. Casi todas las fuerzas de seguridad nacionales y provinciales tienen algún caso, como el espionaje de los marinos de la base Zar, el de la Fuerza Aérea denunciado porPáginaI12, y más recientemente el que habría implementado la Gendarmería a través del denominado Proyecto X.

Durante el último informe del jefe de Gabinete en la Cámara de Diputados, ante una consulta del legislador Nicolás del Caño (PTS-FIT), Jorge Capitanich dijo que “en relación al caso de Américo Balbuena, cuando el ministerio de Seguridad tomó conocimiento de sus actividades en la agencia Walsh se inició una investigación sumaria para determinar si hay incompatibilidad entre su desempeño como oficial de Inteligencia y su participación en la agencia de noticias; y hay cargos contra él y contra su superior directo pero la investigación administrativa interna se encuentra a la espera de la actuación judicial que pudiera implicar una sanción aún más grave”. El funcionario agregó que “también se plantea claramente la revisión de la vigencia del decreto (que creó la división Reunión de Información) y sus modificaciones para su derogación y funcionamiento, pero eso se lo voy a transmitir en el transcurso de la semana próxima por nota”. Fue el 3 de abril pero Del Caño aún no recibió la respuesta prometida, por lo cual se disponía a reclamarla.

Además

¿Qué pasó en la agencia Walsh, a un año del descubrimiento del infiltrado? Entrevista a uno de sus fundadores

http://www.argenpress.info/2014/04/a-un-ano-del-descubrimiento-de-la.html

Y todos los capítulos de la historia de Balbuena

http://www.adrianameyer.com.ar/index.php/item/113-mi-colega-era-un-espía-de-la-federal

Allanaron la casa del espía Balbuena y su sección en la Federal

EXCLUSIVO DE OJOS VENDADOS

Allanaron la casa del infiltrado en agencia Walsh y lo encontraron allí, junto a su hermana.

El miércoles 22 se realizó un procedimiento similar en la sección Reunión de Información de la Policía Federal donde los investigadores secuestraron computadoras en las cuales los registros ya habían sido borrados. También se llevaron un listado con nombres de agentes de Inteligencia que pertenecen a la misma sección de la Federal en la que trabajaba Balbuena.

Las organizaciones infiltradas marcharon contra el espionaje y la criminalización de la protesta. Además, convocan al Otoño Antirrepresivo.

En el marco de la causa iniciada con la denuncia del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia-EMVJ (foto), personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) allanó por orden del juez federal Sergio Torres el domicilio de Américo Balbuena en San Martín. El agente que estuvo infiltrado once años en la agencia de noticias Rodolfo Walsh se encontraba allí cuando llegaron los efectivos, junto a su hermana, y aunque dispone de un arma, una pistola Glock, no se resistió ni se produjo ningún incidente. La vivienda es una construcción típica de hace unos 40 años y está ubicada sobre la calle Belgrano, en la zona céntrica de esa localidad bonaerense. En su interior había pocos muebles, un colchón en el piso, algunos objetos personales y libros. Los investigadores no hallaron computadoras ni elementos informáticos similares.

En tanto, durante el allanamiento en la sede central de la Policía Federal, de Moreno al 1500, la PSA secuestró el legajo de Balbuena donde constan sus antecedentes y los lugares dónde trabajó. También fueron allanadas las oficinas de la sección Reunión de Información división Análsis donde revistaba el espía, y se secuestraron computadoras y carpetas con documentación.  Los expertos detectaron que los registros habían sido borrados pero creen poder reconstruirlos. Junto al legajo de Balbuena encontraron también una nómina con los demás agentes que reportan a esa dependencia de la Federal.

La denuncia que elaboraron el Ceprodh, la Correpi, la Cadep y la Apel, y que avalaron dirigentes y partidos de izquierda, fue impulsada por el fiscal Carlos Stornelli, quien requirió la apertura de la acción penal contra Balbuena por la presunta violación de la ley de Inteligencia Nacional que prohibe la realización de tareas de espionaje interior.

Además de las medidas urgentes, que la justicia ya puso en marcha, los denunciantes solicitaron que el juez Torres pida informes al ministerio de Seguridad sobre las tareas asignadas a Balbuena, durante cuánto tiempo las desarrolló, quiénes eran sus superiores y quiénes son los demás agentes que trabajaban en esa dependencia de Inteligencia de la Policía Federal. La línea trazada por el juez Torres priorizó la búsqueda directa de todos los elementos que contribuyan a esclarecer estos interrogantes, aunque no descarta concretar también el requerimiento a la ministra Garré para que aporte, incluso, el resultado del sumario interno que dispuso hace dos semanas cuando la agencia Walsh denunció el caso.

Los denunciantes también solicitaron la declaración indagatoria de Balbuena, quien por ahora está ubicado por la justicia pero sin imputación concreta. Si la tuviera, eventualmente, tampoco perdería su libertad porque las penas previstas para el delito que se investiga son excarcelables.

En el escrito presentado ayer por el EMVJ, el equipo de abogados planteó que la pesquisa debe abarcar a toda la cadena de mandos de la Federal, incluídos los ministros de Seguridad e Interior de los gobiernos que se sucedieron durante los once años que duró la infiltración de Balbuena en la agencia Walsh.

Los investigadores ya habrían detectado que esta sección de Inteligencia de la Federal está regida por un decreto de 1963 que colisionaría con la legislación posterior que prohibió todo tipo de tareas de inteligencia sobre grupos sociales y políticos, específicamente la ley de Inteligencia.

Myriam Bregman, una de las abogadas que elaboró la denuncia, destacó que “si bien se dictó la ley de inteligencia bajo gobierno constitucional, ninguno de los gobiernos posteriores a la dictadura militar estableció penas específicas para la infiltración y el espionaje, por lo que se aplican delitos menores y referidos a otras cuestiones, protegiendo así esa deplorable actividad”.

Por su parte, los denunciantes que pertenecen a varias de las centenares de organizaciones que habrían sido infiltradas por Balbuena aspiran a que el avance de la causa judicial pueda culminar en alguna medida que inste al Poder Ejecutivo a desmantelar esa estructura de la Federal y a entregar a quienes fueron espiados toda su información.

Balbuena era un agente PCI (Personal Civil de Inteligencia) quien en la agencia Walsh se dedicó al seguimiento de las actividades de movimientos gremiales y sociales, su agenda y sus movilizaciones. Y desde ese lugar privilegiado concretó lazos de confianza y amistad con centenares de militantes y dirigentes.

Esta presentación del EMVJ es similar a la que realizaron en noviembre de 2011 para denunciar tareas de espionaje realizadas por la Gendarmería Nacional, en lo que terminó denominándose Proyecto X, nombre de uno de los programas informáticos usados por los gendarmes. Los primeros casos fueron denunciados por los trabajadores de Kraft pero luego la investigación judicial demostró que el arco de espiados era mucho más amplio.

Dice el escrito que ahora ya es parte de la causa que investiga el juez Torres: “durante los aproximadamente once años que Balbuena mantuvo su actividad como infiltrado en la mencionada Agencia Alternativa de noticias, simulando ser ‘militante’ se ocupó de cubrir periodísticamente la agenda de actividades políticas, a través de  la  cuales le permitió tener vínculos con distintos referentes y militantes de partidos políticos, organizaciones sociales, sindicales, estudiantiles, de derechos humanos, etc. Incluso realizar entrevistas dentro de los domicilios particulares de varios de ellos”.

«La infiltración de las fuerzas de seguridad en los movimientos sociales tiene como objetivo la criminalización de la protesta social. No estamos ante un caso aislado, cada fuerza tiene su grupo de espías, la Federal tiene un cuerpo de 1.000 agentes para esta tarea», dijo Bregman, letrada del PTS y querellante en la causa Proyecto X.

Firmaron la denuncia contra Balbuena la propia agencia Walsh, la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, Liberpueblo, Cuba-MTR; Claudio DelleCarbonara, Christian Castillo y Federico Puy (PTS); Néstor Pitrola, Gabriel Solano y Alejandro Lipcovich (PO); Juan Carlos Giordano y José Castillo (IS); Alejandro Bodart y Vilma Ripoll (MST), Héctor Heberling (Nuevo MAS), Elena Hanono (PCR) y Natalia Saralegui (Tendencia Piquetera Revolucionaria).

Ayer, bajo la llovizna, el EMVJ marchó a Plaza de Mayo para denunciar que las organizaciones de derechos humanos, sociales, política y gremiales «somos víctimas del espionaje comandado por las fuerzas de seguridad del kirchnerismo», y contra la «represión y la criminalización de la protesta».

Alejandrina Barry, hija de asesinados por la dictadura y miembro del Ceprodh, dijo: marchamos también porque la criminalización de la protesta ha pegado un preocupante salto: en la provincia de Buenos Aires, la Bonaerense detuvo ilegalmente a delegados de ATE en La Plata; fueron atacados brutalmente integrantes de la comunidad Qom en Formosa; en la Ciudad de Macri se suceden desalojos violentos por parte de la Metropolitana, como en el Borda, el Parque Centenario, Sala Alberdi y recientemente en la Gráfica Mom en Pompeya; la Federal desaloja a vendedores ambulantes en Retiro; en Córdoba, detienen sin orden judicial a ocupantes de tierras fiscales; en Santa Fe se desalojó con balas de plomo en Empalme Graneros a los que reclaman un pedazo de tierra para vivir; en Famatina, los ambientalistas fueron reprimidos cuando se manifestaban contra la megaminería; por si esto fuera poco, en Santa Cruz reprimieron a trabajadores estatales y llevarán a juicio a petroleros de Las Heras”. 

La consigna que los unificó fue exigir el desmantelamiento del aparato de espionaje contra los luchadores, que entreguen las listas del personal infiltrado, el fin de la represión y criminalización de la protesta y el desprocesamiento a los más de cinco mil luchadores con causas«.

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Y se viene el OTOÑO ANTIRREPRESIVO

 

Jornadas contra la represión y la criminalización de la protesta social

En los últimos meses, tres hechos represivos en la Ciudad de Buenos Aires volvieron a mostrarnos descarnadamente de qué modo las llamadas «fuerzas de seguridad» actúan como reaseguro de decisiones políticas y a la vez, de intereses económicos privados.

Más allá de su relevancia periodística, los hilos conductores de los tres hechos son los mismos: palos, gases, balas de goma sin reglamento, y balas de plomo también, para anular discusiones sobre el uso del espacio público (Parque Centenario), sobre quiénes acceden a la cultura (Sala Alberdi), sobre el uso de las tierras públicas para negocios privados (Hospital Borda) y antes, sobre la falta de vivienda (Parque Indoamericano). Las causas judiciales forman parte de este escenario a palos, y ya es natural que las detenciones ocurridas en medio de hechos de represión desemboquen en expedientes. Como complemento del acto represivo, la criminalización intenta aleccionar y disciplinar para evitar la reincidencia en el derecho a protestar, resistir, manifestar o estar en disidencia.

Detrás de este andamiaje y dentro de las leyes, los casos de infiltrados en organizaciones sociales (como Américo Balbuena, policía de la Federal infiltrado por años en la Agencia de Noticias Rodolfo Walsh) reviven las denuncias contra el Proyecto X y la ley antiterrorista, y conectan directamente el pasado histórico de la dictadura con la actualidad. Cada hecho de represión y judicialización de la protesta en todo el país durante la última década desnuda la contradicción de un gobierno que ha avanzado en el castigo a los represores de los ’70, mientras mantiene intacto el aparato represivo y sin sanción a los responsables de las reiteradas violaciones de los derechos humanos en democracia.

Apelando a los márgenes cuando hace falta, la tercerización de la represión aparece como brazo multitarea, poniendo a disposición barrabravas y efectivos de seguridad retirados o no, con ejemplos como la extinta UCEP en Buenos Aires o el grupo parapolicial GP5 en Mar del Plata, para limpiar de pobres las calles, «agilizar» desalojos o interviniendo en conflictos sociales como apoyo a las fuerzas policiales con desenlaces como el asesinato de Mariano Ferreyra.

Este escenario no es nuevo ni exclusivo de la Ciudad de Buenos Aires. Es un botón de muestra, que en estos días encuentra eco en todo el país.

Por eso es urgente convocarnos para encontrarnos y hablar en voz alta de la represión y la criminalización de la protesta social. Porque es necesario no naturalizarla, denunciarla ampliamente y resistirla.

¡Basta de Represión! ¡NO a la Criminalización de la protesta social!

Cine Debate

Viernes 24/5 a las 20hs en el Espacio de Cultura y Política Popular “El Cid” (Ángel Gallardo 752, 2º piso).
Proyección de videos sobre las políticas represivas del Estado en los últimos tiempos.

Festival artístico- cultural

Sábado 1/6 desde las 13hs en el Anfiteatro del Parque Lezama (Av. Paseo Colón y Brasil).
Serigrafía – Stencil – Exposición de fotos – Muralismo colectivo – Radio abierta -Intervenciones teatrales – Juegos – Taller de ula-ula – Taller de autodefensa – Feria – Batucada – Murga

  • Presentación del libro «La Justicia a cuentagotas» de Hijos La Plata – Charla debate.

Charla debate

Domingo 2/6 (horario y lugar a confirmar).

 

Sobre Ley Anti-terrorista y la lucha contra la represión.

 

Panelistas: Integrantes de CORREPI-COPODH-CADEP, Enrique «Cachito» Fukman del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, y testimonios de procesadxs por luchar.

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