Cuatro condenas en el “juicio a la protesta”

El Tribunal Oral de Río Gallegos condenó hoy a Ernesto Apendino, Juan José Vera y Ramón Arteaga por el incendio del edificio de Planeamiento, ocurrido el año pasado. Los trabajadores estatales recibieron una condena de tres años de prisión por los delitos de estrago simple, daño agravado y lesiones, pero pudieron recuperar su libertad porque habían estado encarcelados desde que sucedieron los hechos hasta el juicio, es decir, más de un año y por tanto se les dio por cumplida la pena. En tanto Reyes, fue condenado a dos años por el delito de daño. Y Luis “Pollo” Díaz, ex secretario adjunto de ATE, fue condenado a dos años como partícipe secundario. Fue quien se había autoinculpado.

La defensa de los estatales apelará el fallo porque considera que todo el proceso fue “armado” y tuvo la finalidad de conseguir una nueva condena a quienes impulsan acciones de protesta social. Y también impulsará las dos denuncias que se desprendieron de este juicio, una contra la jueza de instrucción Valeria López Leston por las irregularidades detectadas en la etapa de investigación según las declaraciones de varios testigos, y otra por las torturas que denunció haber sufrido uno de los imputados, Diego Reyes.

Por su parte, la CTA pedirá el juicio político de la jueza de instrucción Valeria López Leston y del fiscal Antonio Chan.

Los condenados cumplirán el resto de la pena en libertad, porque ya estuvieron presos más de un año, y deberán realizar tareas comunitarias de parquización, además de asistir a un curso sobre medio ambiente.

Según una encuesta, nueve de cada diez santacruceños los considera inocentes.

La sentencia fue repudiada por los familiares de los imputados, como así también por los gremios que se habían convocado ante el tribunal para apoyarlos, Adosac y demás entidades de ATE Santa Cruz, como así también el abogado del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos Carlos Platkowsky, que viajó para presenciar la audiencia. Los condenados deberán realizar tareas comunitarias y asistir a un curso sobre medio ambiente. “Canco” Vera tiene 30 años y 2 hijos, Arteaga 27 y un hijo y Apendino también a sus 26 años. Todos cobraban entre 3 mil 600 pesos y 5 mil de sueldo por eso reclamaban aumento el año pasado. Ahora sus abogados intentarán que vuelven a cobrarlo mientras cumplen la sentencia.

El incendio se había producido el 18 de octubre de 2013 durante una protesta salarial realizada por los estatales en el marco de las negociaciones paritarias. El fiscal Gabriel Giordano no acusó a la enfermera Liliana Benítez por falta de pruebas y a Reyes le bajó la pena a dos años por el delito de daño. Por eso ellos, que integraban el grupo inicial de los cinco estatales acusados, ya habían recuperado su libertad.

Salvo Benítez, que tuvo arresto domiciliario por problemas de salud, los demás acusados llegaron al banquillo con prisión preventiva, y en la primera audiencia uno de ellos denunció que durante el período que estuvo preso sufrió torturas por parte de la policía con el objetivo de que se declarara culpable de los hechos que le imputaban.  “Me desnudaron y me obligaron a leer así el Código Penal, me quebraron a golpes, estuve incomunicado y sin comida por cuatro días, querían que me hiciera cargo de algo que no hice pero junto a los compañeros somos los perejiles que pagamos por lo que hizo otro. Por eso quiero denunciar torturas y abuso de poder , dijo Diego Reyes cuando el juez Cabral le preguntó si quería agregar algo más a su declaración, en la que se pronunció inocente respecto del incendio.

Varios testigos dijeron que sus dichos habían sido tergiversados durante la instrucción de la causa, al tiempo que tres policías afirmaron que tenían órdenes de no apagar el fuego del edificio público en llamas, lo cual ratificó las denuncias de la defensa y los familiares de los acusados en cuanto al “armado” del proceso. Según el diario Nuevo Día, la periodista local Mirta Espina declaró que ese día escuchó decir a unos jóvenes que estaban con combustible en el lugar, que los había convocado un diputado nacional.

El Tribunal Oral de Río Gallegos ordenó sean investigadas las irregularidades de la instrucción y las torturas que denunciaron los acusados, al mismo tiempo que la actuación del ex secretario general de ATE Santa Cruz, Raúl Gómez.

Más detalles de la audiencia final en

http://www.laizquierdadiario.com/Condenaron-a-estatales-de-Rio-Gallegos-en-un-juicio-armado

Liberaron a 2 de los 5 enjuiciados de ATE Santa Cruz

“Si tenemos compañeros presos, todos seguimos presos”, dijo Patricia Benítez al ser liberada y absuelta en el juicio oral contra cinco trabajadores de ATE Santa Cruz por el incendio de un edificio público en el marco de una protesta salarial, ocurrido el 19 de octubre de 2013. El Tribunal Oral de Río Gallegos, que preside el juez Joaquín Cabral, absolvió a la enfermera Benítez (en la foto de ambo rosa) y concedió la libertad inmediata a Diego Reyes. Esto sucedió en la última audiencia de alegatos porque Reyes ya había cumplido 14 meses detenido y el fiscal Gabriel Giordano le imputó el delito de daños al móvil que circulaba por las inmediaciones del día del incendio, que implica una pena menor a la del delito por el que llegó a juicio. Para el resto de los trabajadores, Ernesto Apendino, Juan José Vera y Ramón Arteaga, el fiscal pidió cinco años de prisión, según la defensa, “sin absolutamente ninguna prueba”.

El veredicto de este juicio –que los organismos sociales y de derechos humanos llaman “proceso a la protesta” y en el que los acusados denunciaron haber sido torturados para autoincriminarse, hubo irregularidades en la instrucción y la propia policía admitió que hubo órdenes de no apagar el incendio– será dictado el lunes 1 de diciembre.

A la salir del tribunal, Benítez dijo: “No tiene precio lo que me hicieron, todavía tenemos esperanzas de que cosas como éstas (la absolución) van a seguir pasando y vamos a estar con cada uno de ellos, con sus familias porque hoy todavía no estoy libre, si tenemos compañeros presos, todos estamos presos. Estamos todos juntos, desde acá envío la solidaridad a los más de 6 mil procesados en el país, que no somos delincuentes”. La enfermera instó a la Cámara para que “no se quede a mitad de camino porque falta investigar a los verdaderos culpables. Nosotros somos simples trabajadores que salimos a reclamar porque no nos alcanza para llegar a fin de mes”.

Alejandrina Barry, que participó de la audiencia en nombre de Ceprodh (Centro de Profesionales por los Derechos Humanos) destacó la doble sensación de alegría y bronca. “Salimos por un lado con mucha alegría cuando liberaron a los compañeros, pero es una injusticia terrible que hayan pasado un año presos cuando se demostró que no tenían pruebas. La liberación tendría que haber sido para todos porque este es un juicio armado solo para aleccionar a los trabajadores”. Y agregó: “Como dijo Ramón Arteaga en su alegato final ’soy inocente igual que todos mis compañeros, estamos todos juntos acá como lo estuvimos siempre en la pelea, porque yo estaba ese día peleando porque ganaba 3300 pesos y no me alcanzaba para comer’”.

Elia Espen, Madre de Plaza de Mayo que también viajó para presenciar los alegatos, visitó a los tres trabajadores acusados que continúan detenidos en la Alcaidía. “Me quedó la impresión de que es una causa armada, se supo que hubo un grupo de encapuchados que terminaron perjudicando a los trabajadores acusados de algo que no hicieron, como pasó con los petroleros de Las Heras”, dijo Espen luego del encuentro con Vera, Apendino y Arteaga. “Quedó reafirmado un compromiso: ellos de mantenerse fuertes y nosotros redoblar la lucha hasta conseguir su libertad”, finalizó Barry.

LA DENUNCIA POR TORTURAS

A lo largo de las audiencias del proceso oral y público la mayor conmoción fue causada por las denuncias de torturas que hizo el acusado Diego Reyes, y que también dijeron haber sufrido los demás imputados. “Soy uno de los perejiles y quiero denunciar tortura, abuso de autoridad y abuso de poder”, comenzó Reyes apenas el juez Cabral le dijo si quería agregar algo más. El imputado hizo un detallado relato de las torturas y tratos vejatorios de los que fue víctima. “Fui golpeado desde el primer día, me tiraban al piso la comida, venían encapuchados a apretarme”, dijo. Sobre el momento de su detención, Reyes relató: “De mi laburo me sacaron como delincuente, estuve cuatro días incomunicado, a mi señora nadie le informó nada, tuvo que buscarme sola, recorría comisaría por comisaría”.

Reyes estuvo en la comisaría 1ra, luego fue trasladado a la comisaría 5ta. “No había comido durante cuatro días, me tiraron al calabozo y me desmayé, después me dieron comida podrida, era un asco, me trataron como un perro, después me hicieron leer el Código Penal desnudo a la intemperie y me obligaron a dormir desnudo en el piso del calabozo. Otro día, durante una requisa donde fui brutalmente golpeado me provocaron una fisura interna y me tuve que pelear para que me llevaran al médico”, declaró.

Meses después se produjo un motín donde nuevamente es golpeado con saña, le pegan patadas en la cabeza en todo el cuerpo, y cuando la guardia de Infantería ingresó a la comisaría le rompieron el tabique nasal y la boca. “No paraba de sangrar y me tenían esposado, arrodillado, ellos iban y venían y me pegaban a ver si iba a denunciar algo, me rompieron todo, después me dieron clonazepam, yo nunca había tomado”, denunció este trabajador imputado por el incendio del edificio de Planeamiento, en Río Gallegos, en octubre de 2013.

Antes de terminar, y ante la conmoción que habían provocado sus palabras en los funcionarios judiciales y el público, Reyes agregó: “Derechos Humanos nunca se presentó acá y esto lo quiero denunciar ante ustedes y las cámaras, y quiero que se tome toda esta denuncia porque no sé cómo me va a tratar la policía ahora. Tengo miedo”. Y agregó que tras una revisación médica le encontraron un quiste en la cabeza, producto de los golpes que sufrió.

IRREGULAR INSTRUCCIÓN

El acusado Reyes también había señalado a la jueza Valeria López Leston, que estuvo a cargo de la instrucción de la causa, y dijo que lo “manipuló” para que se haga cargo de los hechos y así saldría en libertad. “Yo no me iba a hacer cargo de algo que no hice porque soy inocente”, dijo Reyes, y agregó que desde la secretaría administrativa del juzgado le dijeron que debía confesar lo que había pasado con el incendio porque si no lo iban a trasladar.

En tanto, la testigo Ana María Espinoza dijo que todas las partes de su declaración fueron modificadas en el juzgado. “Hay omisiones y agregados que yo no dije, que luego fueron utilizados por la jueza de instrucción Valeria López Leston para procesar a los cinco militantes de ATE Santa Cruz y negar en tres oportunidades su excarcelación”, dijo. Otra testigo, Yeni Millapel, declaró haber sido inducida por la magistrada y su secretario para declarar en contra de sus compañeros. Durante una de las audiencias se reprodujo una grabación tomada por la testigo, donde la jueza formulaba una pregunta pero transcribía otra y no delía ni dejaba que los testigos leyeran su propia declaración, según denunció la Comisión por la Libertad de los Presos de ATE Santa Cruz.

La jueza López Leston declaró a medios locales que “no hubo ningún error” durante la instrucción y que quienes la acusan responden a “intereses personales”.

LA ZONA LIBERADA

“Fue un año largo, porque si bien ellos estaban presos nosotros también lo estábamos con ellos” expresó Norma Garrigue, madre de Ernesto Apendino, notablemente sensibilizada. “En este juicio se evidenció lo que denunciamos desde el principio, el abandono por parte del Estado en la cuestión de seguridad de preservar los bienes públicos en medio de una interna política entre el gobierno nacional y el provincial. Y como siempre en Santa Cruz, cuando hay este tipo de internas los que los pagan son los trabajadores como ocurrió en el 2006 con los condenados a perpetua de Las Heras”, dijo Garrigue ante medios locales y nacionales. “Se dedicaron a encarcelar y enjuiciar a los trabajadores cuando los bomberos y policías tenían orden de no actuar” agregó la mujer en base a la declaración de varios policías durante el juicio.

En tal sentido, Alfonso Lobo, referente de CTA Autónoma Santa Cruz, advirtió la responsabilidad de Raúl Gómez como parte esencial de la organización y actividad que venía desarrollando el sindicato que estaba a su cargo, y apuntó que “quedo la directiva de la fiscalía para iniciar una investigación sobre su responsabilidad”. Por otro lado, señaló la necesidad de investigar la inacción del personal policial y del cuerpo de bomberos. “Daba mucha pena escuchar cómo comisarios mayores que estuvieron en el interior del edifico explicaron delante del tribunal por qué no hicieron lo que debían (apagar el incendio). Todos coincidieron, tanto policías como bomberos, de que la orden era no hacer nada; esto es lo que constituye la zona liberada de la que nosotros veníamos denunciando desde el inicio del juicio”.

Durante las declaraciones de una veintena de testigos, la mayoría de ellos policías, la Comisión resumió que “fue una sucesión interminable de contradicciones, por momentos se volvió difícil saber de qué estaban hablando. Parecían haber estado en lugares y momentos diferentes. No solo el horario de inicio, sino también como, con qué y fundamentalmente quienes iniciaron el incendio. Ninguno de ellos reconoció a Diego Reyes, Juan Jose Vera, Alberto Arteaga, Ernesto Apendino y Patricia Benítez como autores del delito que les inculpan”.

Además, el policía Sandoval en su testimonio no dejó dudas sobre la existencia de una zona liberada. Se encontraba afectado al sistema de prevención en el edificio incendiado junto a otros 15 policías, 5 bomberos y el comisario Morales a cargo del operativo de seguridad. Morales en ningún momento ordenó intervenir ni prevenir el incendio. Sandoval además aportó un video donde da cuenta que su tarea era filmar lo ocurrido. “¿Para qué filmaría si no era para después aportar los videos al armado de una causa que llegaría a incriminar inocentes?”, se preguntó la Comisión.  “A pesar de sus videos, se ve que no logró siquiera filmar a los compañeros porque, justamente, no estaban en el lugar”, concluyó.

En el inicio del juicio, se habían presentado secuencias fotográficas que sólo mostraban decenas de estatales indignados, sí, porque el gobierno les había ofrecido 180 pesos de aumento a sus salarios de 5 mil pesos.

¿QUIÉNES SON LOS ACUSADOS?

Diego Reyes nació en Catamarca, hace 14 años se instaló en Gallegos en busca de trabajo, hoy, con 32 años tiene una hija, y su salario no llegaba a 5000 pesos.

Juan Jose “Canco” Vera tiene 30 años y dos hijos, ganaba 4500 pesos realizando tareas de generales de mantenimiento en Educación.

Ramón Alberto Arteaga a los 27 años es padre de un hijo, ganaba 3600 pesos trabajando en el Consejo de Educación, y 2000 debía destinarlos a pagar el alquiler de su casa.

Ernesto Apendino, el más joven de los detenidos, tiene 26 años, un hijo a cargo y trabajaba en la Subsecretaría de Pesca con un sueldo de 4700 y un alquiler de 2200.

Patricia Benítez es salteña, y hace 15 años migró por trabajo a Santa Cruz; tiene 48 años y 4 hijos. Es enfermera universitaria del Hospital Regional, trabaja también en el dispensario municipal como monotributista, entre los dos trabajos llegaba a 12000 pesos pero paga 4000 de alquiler.

Todos ellos dejaron de cobrar el salario desde que fueron detenidos, hace más de un año. Son trabajadores estatales que habían salido a pelear por su sueldo en una provincia que tiene la canasta familiar más costosa del país.