Más pruebas contra la Policía Bonaerense y Federal en la causa por la desaparición y muerte de Facundo Castro

En los próximos días la causa por la desaparición y muerte de Facundo Astudillo Castro volverá a estar bajo los reflectores mediáticos con la llegada de Cristina Castro y sus abogados a Buenos Aires. Al mismo tiempo, el equipo de fiscales viajará a Bahía Blanca para concretar procedimientos pendientes. Mientras tanto en el expediente se siguen produciendo novedades. Algunas de fundamental importancia para reforzar las evidencias que ya había sobre la responsabilidad policial en la desaparición y muerte de Facundo Castro, detenido por la Bonaerense el 30 de abril de 2020 por violar el ASPO en la primera ola de la pandemia. Ciertos hallazgos salpican al secretario de Seguridad Sergio Berni

A saber: 

  • Surgió información valiosa para los investigadores del análisis de lo poco que quedó en los teléfonos de los policías, que los cuatro implicados trataron de romper y borrar su contenido. Uno de los policías escribió que el fiscal provincial le dijo que con su actuación aquel día «salvó a toda la policía de Villarino». Cabe preguntarse, ¿la salvó de qué?

  • Aparecen los nombres de un abanico de personajes que reportan en forma directa al intendente de Villarino y al secretario de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, entre ellos el abogado Sebastián Martínez y Federico Montero, delegado de Berni en Bahía Blanca.

  • El peritaje realizado a los dos pedazos de piedra turmalina secuestrados –uno en un patrullero y el otro en la comisaría de Teniente Origone (el dije que llevaba Facundo al cuello al momento de su desaparición)– demostró que los trozos de mineral coinciden entre sí como parte de una única pieza.

  • Durante un reconocimiento en la zona del hallazgo de los restos del joven de Pedro Luro el testigo que los encontró dijo que ese día también estaba la zapatilla intacta de Facundo, pero que el fiscal Ulpiano Martínez y la Policía Federal no la secuestraron. La encontró Cristina al día siguiente.

«Salvar a la policía»

Hace algunas semanas la querella familiar y la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), querella institucional en calidad de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, realizaron un nuevo reconocimiento en el lugar donde fueron hallados los restos óseos de Facundo. El fiscal Horacio Azzolín y la fiscal federal de La Pampa Iara Silvestre –designada en la causa en reemplazo del fiscal federal Ulpiano Martínez quien se apartó del caso aduciendo «violencia moral»– estuvieron en el lugar y acompañaron el recorrido que realizaron los pescadores que encontraron el esqueleto incompleto y dieron aviso a las autoridades.

Durante ese procedimiento, uno de los pescadores dio precisiones sobre las características de esa zona de la ría, que visita asiduamente desde hace más de 20 años: “Podés caminar hasta la vera del agua sin enterrarte, sólo te vas a embarrar”, describió. Y agregó que “tendrías que ingresar más de diez metros a la ría para que el agua te llegue a la altura de la rodilla”. Sobre el lugar específico en donde se encontró el cuerpo, el pescador reconoció también que, cuando la marea sube, sólo queda cubierto por unos pocos centímetros de agua.

El testigo también recordó que, además de los restos óseos, habían encontrado a pocos metros una zapatilla y otras prendas de vestir. En ese momento, les señaló esos elementos al fiscal Ulpiano Martínez –a cargo de la instrucción– y el subcomisario de la Policía Federal José Pérez que dirigieron el operativo el día del hallazgo del cuerpo. Sin embargo, los funcionarios incumpliendo con sus obligaciones, no secuestraron esas pruebas. Recién al día siguiente, cuando ya estaba en el lugar el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), la mamá de Facundo, Cristina Castro, vio la zapatilla y se ordenó su secuestro para la causa. Más grave aún, uno de los testigos declaró que el día del hallazgo el esqueleto tenía los brazos pero al momento de levantarlo no estaban. Este pescador declaró que el 15 de agosto, día del hallazgo, un policía habló con Berni desde el lugar y le envió fotos. Este testimonio se encuentra grabado. Cristina Castro ya había dicho que ese día el secretario de Seguridad se comunicó con los allí presentes.

Con esta declaración esta semana será ampliada la denuncia que ya existe, a partir de una presentación de la CPM, en la Procuración General de Nación por mal desempeño en las funciones del fiscal Ulpiano Martínez, y se solicitará a las autoridades del Ministerio de Seguridad de Nación la investigación sobre la actuación del subcomisario Pérez, además de presentar una denuncia penal para que se investigue la conducta de ambos.

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Dos turmalinas, un dije

Por otra parte, se incorporó a la causa el peritaje sobre los trozos de piedra de turmalina hallados en el puesto policial de Teniente Origone y en el baúl del móvil de la Policía Local de Bahía Blanca que según el registro de AVL, el 8 de mayo del año pasado estuvo varias horas en la zona del cangrejal donde semanas después se encontraron los restos óseos de Facundo. El informe pericial determinó que hay coincidencias entre los dos trozos analizados, que por otro lado fueron encontrados a partir del señalamiento de uno de los perros rastreadores que intervinieron. Cabe recordar que al momento de la desaparición, Facundo llevaba en su cuello un colgante con una piedra de turmalina como dije.

También se conocieron los primeros resultados de nuevos peritajes a los teléfonos celulares incautados a los agentes de la Policía de la Provincia de Buenos Aires Xiomara Flores, Jana Curruhinca, Alberto González y Mario Sosa; los cuatro efectivos que tuvieron contacto con Facundo el día que fue visto con vida por última vez. De la tarjeta de contactos de Sosa surge el nombre del policía Roberto Carlos Berríos, el mismo que hostigaba a Facundo y a sus compañeros en el Semillero Cultural con insultos y detenciones. Durante uno de los primeros operativos en búsqueda de su hijo, Cristina lo vio y en ese momento sintió la certeza de que lo habían matado. Además, Berríos es pareja de Paola Aguilera, que hace seis años revista en la Unidad Policial de Prevención Local de Bahía Blanca (UPPL), seccional a la que pertenece el patrullero Toyota Etios que a una semana de desaparecido se pasó de jurisdicción y anduvo por Villarino Viejo, muy cerca del cangrejal y donde los perros del perito Marcos Herrero encontraron el primer trozo de turmalina, como se dijo.

El informe realizado por la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) destaca el particular contacto entre González, el policía que estaba cargo del destacamento de Teniente Origone y detuvo a Facundo en la ruta el 30 de abril, y sus superiores. Resalta un comentario que hace el policía González sobre su declaración ante la Ayudantía Fiscal a cargo de García Dimas, donde tramitó en un principio la causa antes de pasar al fuero federal. “Me llamaron de Fiscalía y el Fiscal me dijo que con todos los datos que yo tenía, con la libreta, la foto y toda la historia, ‘usted con esto salvó a toda la policía de Villarino’. ‘Lo único que hubiera faltado’, me dijo, ‘era la patente del vehículo que sería la frutilla del postre, pero con esto ya está’”, escribió. El problema de las anotaciones de esa libreta, –pensada como coartada para poder decir ‘lo tuve al pibe, lo dejé ir, lo levantó fulanita de tal, acá lo tengo anotado’–, tienen un orden cronológico que no coincide con los hechos tal como el propio policía dice que sucedieron. ( Leer también González y sus versiones )

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Como ocurrió en peritajes a teléfonos anteriores, hubo mucho material que no pudo recuperarse porque había sido eliminado por los policías, las aplicaciones desinstaladas o, incluso, dadas de baja las líneas telefónicas. Todavía restan los peritajes sobre los últimos teléfonos secuestrados en el allanamiento a la casa de Flores y Sosa. Otras medidas pendientes están en manos de Gendarmería: establecer por qué la ropa de Facundo estaba rota adentro de una mochila en perfectas condiciones, que apareció en el cangrejal un mes después que el cadáver. Y también identificar quién compró las líneas telefónicas que están a nombre de Facundo, mientras estaba desaparecido su cuerpo y activadas al día siguiente de que apareció. Alguien usó con esa finalidad el DNI de Facundo que nunca apareció.

“A pesar de los intentos por entorpecer la investigación, que las querellas venimos denunciando desde hace tiempo, tanto en la actuación del fiscal Ulpiano Martínez y la Jueza Marrón, aún se siguen produciendo pruebas valiosas, que no hacen más que ratificar la hiper intervención policial en torno a los hechos de esta causa, en la desaparición el 30 de abril y en las circunstancias en que se encontró el cuerpo de Facundo”, señalaron desde la CPM. En ese sentido, la Cámara de Casación debe aún resolver el pedido de recusación de la jueza Marrón realizado por los representantes del Ministerio Público Fiscal, a quienes la magistrada les rechaza absolutamente todas las medidas que piden, incluso en asuntos en los que la Cámara ya fijó posición. Esto produce una dilación que en algunos casos está generando el deterioro de determinadas pruebas. Los fiscales consideran que hay una «artera» intencionalidad de obstrucción a partir del explícito apoyo de Marrón a los uniformados. En sus informes plantean que «esas negativas están consolidando un cuadro de impunidad».

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Mareas, libros y escuchas

Otras medidas de prueba realizadas con dudoso origen serán usadas para insistir en la teoría del «accidente», ya descartada por los investigadores pero que la jueza federal María Gabriela Marrón persiste en mantener viva, a exclusivo beneficio de los policías implicados. Se recordará el fuerte cruce del secretario de Seguridad bonaerense Sergio Berni en el programa Fuego amigo, cuando dijo que iba a llevar «un regalo» para convencer a una de los conductores de la inocencia de los uniformados a su mando. Si es que llega la prometida ofrenda, tendría la firma de un operador mediático.

Cuando un juez o jueza delegan la instrucción de una causa en manos de la fiscalía precisamente entrega a manos de fiscales la orientación de la investigación. Sin participación ni control de las partes –esto es, querellas y fiscalía– la jueza federal María Marrón dispuso de oficio la realización de un informe sobre la mareas al Instituto Argentino de Oceanografía (IADO) que, sin rigor científico y sin que sea esa su función, aventura hipótesis sobre un posible recorrido de Facundo para concluir que se trató de una muerte accidental mientras caminaba por la zona de cangrejal en Villarino Viejo. La fiscalía había solicitado un informe de mareas pero luego de cuatro meses lo que le entregaron excedía lo que había pedido, y fue calificado como tan «trucho» que directamente lo devolvió. Todo indica que la jueza quería ese documento si o si en el expediente, por lo cual ordenó de oficio hacer otro, una réplica que mencionaba la misma hipótesis, que resulto «incompleto y desprolijo», dado que se hizo en «tiempo record». Aunque los fiscales Silvestre, Azzolín y Heim pidieron la nulidad del mismo, Marrón lo incorporó igual a la causa.

Uno de los investigadores está convencido de que la aparición del informe del IADO, –que llegó a mencionar una profundidad de cuatro metros del mar sobre el cangrejal cuando todas las evidencias recogidas en la causa marcan que lo máximo que llega el agua es a la altura de las rodillas– coincide con la del libro del operador mediático de La Nueva (Provincia) y La Brújula, Germán Sasso. En el expediente que Sasso se jacta de conocer consta su participación directa en el devenir de los hechos que se investigan. De lo recuperado en los teléfonos, (hay uno de los policías que no borró todo), surge que el «periodista» mantuvo contacto con al menos dos de los sospechosos, antes y después de haber compartido un asado con la cúpula política y policial local, entre ellos el segundo de Sergio Berni en Bahía Blanca, Federico Montero. Casualmente, González habló con su colega Sosa y quedaron todos bajo el patrocinio letrado del abogado Sebastián Martínez, mano derecha del intendente de Villarino, Carlos Bevilaqua. Y fueron asistidos por un «psicólogo» de Bahía Blanca que estaría vinculado al secretario de Seguridad del gobierno de Axel Kiciloff. Los funcionarios de Villarino también están implicados por las irregularidades en los informes de tránsito y por otro hecho: el 1 de julio el presidente del Concejo Deliberante de Villarino fue escuchado en una conversación donde contaba que «Carlos» sabía del hallazgo de ropa de Facundo en la comisaría de Teniente Origone.

Sasso también aparece visitando en forma frecuente la casa del policía González e intercambiando mensajes amistosos en redes sociales con uno de los integrantes de la Cámara Federal de Bahía Blanca. Según la DATIP, hubo largas conversaciones de la policía Xiomara Flores, una de las sospechadas, con Sasso. Y aunque gran parte no pudieron recuperarse tras ser eliminadas por ella, sí se comprobó el contacto cotidiano, virtual y presencial, entre los policías y el «periodista». Tanto el intendente Bevilaqua como Sasso sostienen que la investigación no profundizó una supuesta pista narco como razón de la desaparición y muerte de Facundo. Los primeros días, sus voceros llegaron a decir que el joven de Pedro Luro no había desaparecido sino que estaba secuestrado por un problema de drogas. «Acá los únicos narcos son los policías procesados por la Cámara Federal que Berni puso al mando cuando cambió la jefatura luego de la muerte del hincha de Olimpo, Sergio Emanuel Castillo, el 9 de febrero de 2020», que participaron en el encubrimiento de lo que le pasó a Facundo, dijo uno de los investigadores de las querellas.

La fuente consultada especuló con la posibilidad de que el «regalo» que Berni le prometió a la periodista Catalina de Elía sea el libro que acaba de publicar el conductor de radio La Brújula, en el cual además de sus ya conocidas diatribas contra las querellas insiste con la teoría narco y una supuesta venganza contra policías corruptos. El informe de mareas descartado por los investigadores por considerarlo «trucho», podría ser el vertebrador de su discurso en la obra titulada «Operación Facundo». Caída la maniobra de la famosa testigo H (cuyas iniciales son E.H.R), para ubicar a Facundo en Bahía Blanca a cómo de lugar, el informe de mareas viene a reflotar la teoría del accidente. «Los baqueanos de la zona dan por tierra esta idea de que el agua había subido cuatro metros, como decía el primer informe trucho que fue devuelto al IADO», dijo la fuente para enfatizar lo absurdo de continuar planteando que Facundo se ahogó allí solo. Ahora bien, si efectivamente Berni estaba pensando en ese libro cuando hace un mes estuvo en el programa de Diego Schurman y De Elía cabe preguntarse cómo es que sabía tanto.

Cómo sigue

Los investigadores lograron una sintonía con la familia de Facundo y la querella institucional que permitió ir sobrellevando los sucesivos embates del sector del Poder Judicial y del Ministerio Público que funge de defensa de la Policía Bonaerense, y lograron avanzar incluso en plena pandemia. Consideran que, a pesar de todo, el saldo da positivo. En ese sentido, luego de algunas últimas medidas, todos los caminos conducen al llamado a declaración indagatoria de los y las policías sospechados. Cabe recordar que el primer fiscal del caso, Santiago Ulpiano Martínez, lo había hecho en el inicio de la causa pero con el único objetivo de beneficiarlos: la maniobra queda en evidencia porque cuando la jueza rechazó su solicitud no se tomó la molestia de apelar, para que se consolide con el paso del tiempo una falta de mérito e incluso un sobreseimiento. Probablemente, no contaban con el desembarco de los tres fiscales especializados.

Con información propia, de la agencia Andar y de La Izquierda Diario

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Cambian los gobiernos, siguen los espías

La punta del ovillo es esa maldita costumbre de los uniformados de espiar puertas adentro, en este caso otra vez la Gendarmería y una vez más a periodistas y organizaciones del campo popular. Así quedó expuesto que el gobierno de Cambiemos utiliza informes de inteligencia de esa fuerza de seguridad, basados en el espionaje sobre agrupaciones políticas, sociales y de derechos humanos, como así también a los periodistas Gustavo Sylvestre y Mauro Federico.

Esta periodista publicó el primer artículo sobre la existencia del sistema montado por los gendarmes, lo que más tarde se conocería como Proyecto X. Fue en noviembre de 2011 en PáginaI12, sin firma, y en lo sucesivo en este portal OJOS VENDADOS que apenas nacía. Vaya casualidad, o no, que este relanzamiento y rescate de un posible naufragio en la web –gracias los geniales expertos en diseño e informática Juan Marchetto y Leonardo Vázquez– tenga que ver con la continuidad de una actividad que está prohibida por las tres leyes nacionales que son el pilar del principio democrático de demarcación: las fuerzas militares y de seguridad tienen prohibido practicar inteligencia interna por las leyes de Defensa, Seguridad e Inteligencia.

Mientras los funcionarios kirchneristas negaban o minimizaban los alcances del espionaje, nacía una causa, a la que se sumó el Cels (Centro de Estudios Legales y Sociales) como amicus curiae, que varios otros medios comenzaron a seguir y que ahora cuenta con una ampliación porque los gobiernos cambian de signo pero mantienen las mañas. http://adrianameyer.com.ar/proyecto-x-existe-la-justicia-investiga-lo-que-revelamos-en-ojos-vendados/

La foto que ilustra este texto fue tomada por los gendarmes espías y constaba en aquella denuncia original. Entre el grupo de manifestantes la mujer del pañuelo blanco es la Madre de Plaza de Mayo Elia Espen.

Según informó hace pocos días el diario Ámbito Financiero, el gobierno de Macri dio órdenes a la Gendarmería para que recoja y reporte las actividades de quienes puedan generar  “hipótesis desestabilizadoras”. No se trata de espionaje a ciertas organizaciones sino que todas las manifestaciones son incluidas en un mismo informe de “inteligencia”

Algunas de esas “hipótesis” son las manifestaciones y cacerolazos contra el tarifazo de los servicios de luz, gas y agua; cortes de trabajadores municipales de la Provincia de Buenos Aires; marchas por la reapertura de paritarias en numerosas provincias y actos por la libertad de Milagro Sala.

La diputada del PTS-Frente de Izquierda y fundadora del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH) Myriam Bregman señaló que “toda manifestación social es incluida en el informe. Así como el Gobierno anterior hacía informes sobre los ambientalistas de Gualeguachú, hay informes de Aníbal Fernández diciendo que a partir del año 2009 con la crisis económica había que tener especial control sobre las manifestaciones, evidentemente este Gobierno tiene una continuidad absoluta en esta práctica”.

Así ayer como hoy

El método de infiltrar uniformados en manifestaciones de trabajadores, movimientos de derechos humanos para recabar información y almacenarla luego en una base de datos conocida como Proyecto X, salió a la luz cuando Bregman denunció que la Gendarmería se había infiltrado en una manifestación de los trabajadores de Kraft-Terrabusi (hoy Mondelez) en el marco de un conflicto por despidos discriminatorios por parte de la patronal norteamericana para luego, con la información recabada, armar causas contra trabajadores que habían sido parte del conflicto como Javier «Poke» Hermosilla que en ese momento era delegado de base de la empresa. La denuncia fue determinante en la posterior renuncia de la entonces ministra de Seguridad, Nilda Garré.

Ahora salieron a la luz catorce páginas que dan cuenta cómo se maneja la Gendarmería en este procedimiento ilegal, haciendo un relevo de información sobre dos medidas de fuerza sindical de los municipales de la capital de Jujuy y sobre el paro del Frente de Gremios Estatales en esa provincia. Como relata Gloria Pagés en La Izquierda Diario, “resulta llamativa la cantidad de tinta dedicada a dar cuenta de la presencia de numerosos organismos de derechos humanos en Jujuy los días 9 y 10 de septiembre que viajaron para denunciar las violaciones sistemáticas a las libertades democráticas y las situación represiva en la provincia, y al Encuentro que allí realizó el CeProDH.

Junto con copias de volantes y afiches que denuncian el Estado policial en Jujuy, los gendarmes realizan su propio análisis de la información recabada: “Se aprecia que (estos dirigentes) y sectores no afines al oficialismo provincial y nacional, se encuentran llevando a cabo una campaña de desprestigio contra el Gobierno mediante los medios de comunicación social, Facebook, Twitter y prensa digital de la provincia de Jujuy. Se estima que estas actividades se irán incrementando en forma paulatina con el objeto de perjudicar la imagen del Gobierno provincial y nacional, con el fin de crear situaciones que distraiga al P.E.P. en sus objetivos gubernamentales”. Al igual que sucedía cuando espiaban el conflicto de Kraft, los gendarmes se permiten análisis socio políticos en sus informes. En aquella oportunidad evaluaban los niveles de conflictividad dentro del sindicato de la Alimentación.

Ahora los gendarmes espías señalan la peligrosidad tanto de la Comisión de organismos que, impulsada por el CeProDH, integraron organismos de derechos humanos como el CELS, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, Correpi, la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos (AEDD), el Comité por la Libertad de Milagro Sala entre otros, que recibió el 9 de septiembre en San Salvador múltiples y graves denuncias sobre lo que se ha dado en llamar “Estado policial” en la provincia.

Los informes de Gendarmería dan cuenta también de la realización del Encuentro del CEPRODH, que reunió a decenas de jóvenes, trabajadores, abogados y estudiantes de Derecho de todo el país en la Facultad de Humanidades de la capital jujeña.

“Las actividades y denuncias que nosotros hacemos, como haber ido a Jujuy a denunciar la situación represiva, lo hacemos de forma pública, así que el espionaje no tiene el objetivo de enterarse qué actividades vamos a hacer sino más bien de preparar algún tipo de represalia, lo cual es muy preocupante”, indicó Bregman, una de las impulsoras de las denuncias y la campaña contra el régimen represivo en Jujuy.

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“No nos sorprende pero no lo vamos a naturalizar”

“Lo peor que podemos hacer con esto es naturalizar, pensar que no pasa nada y no tiene ninguna consecuencia. En Argentina siempre las consecuencias del espionaje han sido terribles porque los gobiernos pasan pero la información de inteligencia queda”, indicó la diputada trotskista.

Lo cierto es que esto no es nuevo. Parte de la “pesada herencia” es el famoso sistema de espionaje denominado Proyecto X, denunciado por Bregman en 2011, por el cual la cúpula de la Gendarmería está siendo aún investigada. La ley de inteligencia 25.520 prohíbe expresamente que el Estado “obtenga información, produzca inteligencia o almacene datos sobre personas por el sólo hecho de su raza, fe religiosa, orientación o identidad sexual, acciones privadas u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias o laborales”. Del mismo modo, la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales, impide almacenar “datos sensibles”, es decir aquellos que revelen “opiniones políticas, convicciones religiosas, filosóficas o morales, y afiliación sindical”. Los antecedentes mencionados en la nota de 2011 en Ojos Vendados dan cuenta que el Estado y los sucesivos gobiernos violan sistemáticamente sus propias leyes.

“La Policía Federal tiene un cuerpo especial de informaciones para realizar espionaje político, tenemos denuncias hechas en las cuales somos querellantes por inteligencia hecha por la SIDE sobre nuestras organizaciones, tenemos el Proyecto X de Gendarmería y ahora vemos que el Gobierno continúa con esa práctica, y cuando eran oposición realizaban denuncias permanentemente, llegan al gobierno y utilizan estos mismos mecanismos y cuerpos de inteligencia que no se desarticulan”, denunció Bregman.

Y agregó: “algunos vienen incluso de la dictadura militar, el propio Jaime Stiusso ha declarado que él ingresó en la SIDE en el año 1972 y siguió en funciones hasta hace bastante poco, esta continuidad en las personas también es la continuidad de la información que van recabando de las organizaciones sociales, políticas. Todo reclamo popular, de los trabajadores contra el gobierno es tomado como un ataque que merece ser investigado” indicó la diputada, que denunció también que fue víctima de amenazas en el teléfono de su despacho y de una carta intimidatoria de Ledesma y Carlos Blaquier.

La misma ministra de Seguridad Patricia Bullrich que hacía encendidas denuncias contra el Proyecto X del kirchnerismo es hoy la responsable del espionaje que se está denunciando bajo el gobierno de Cambiemos. Son los mismos responsables de mandar a esta fuerza junto a Prefectura y la Federal al Gran Buenos Aires y a Santa Fe para militarizar los barrios, provocando cada vez más casos brutales de violencia contra la juventud y los sectores más empobrecidos.

Tanto Bregman como Alejandrina Barry y Matías Aufieri, también integrantes del CeProDH, hicieron saber que “no vamos a naturalizar que por denunciar las violaciones a los derechos humanos nos persigan, nos intimiden”. Así, presentaron un pedido de informes en el Congreso Nacional para que la ministra de Seguridad rinda cuentas sobre estas actividades de espionaje ilegal por parte de las fuerzas de seguridad a su cargo. Y también acudieron a la justicia para ampliar la denuncia original sobre Proyecto X y presentarse como querellantes.

Teléfono para Patricia Bullrich

La ministra de Seguridad Patricia Bullrich debe ahora explicar estas actividades de espionaje ilegal. En efecto, porque según las fuentes en las que se basó la nota periodística, la información reunida por Gendarmería Nacional “luego de ser procesada, se enviaría al Ministerio de Seguridad de la Nación”. En la presentación efectuada se acompañaron las copias de los documentos que recibió la redacción del matutino. Uno de los informes de inteligencia, el más detallado, se realizó sobre el CeProDH y el encuentro de Jujuy, con fotografías de sus referentes. Este documento, denominado “Antecedentes del mes en la Provincia de Jujuy”, se señala en particular que los referentes “Vilca y Natalia Morales del Frente de Izquierda de Jujuy se encuentran cursando invitaciones a dirigentes de otras provincia para que asistan a este evento”.

Como expresa el escrito presentado ante el Juzgado Federal N° 7 a cargo de Sebastián Casanello, este dato es tan grave como llamativo ya que “tratándose esas convocatorias a dirigentes de invitaciones personalizadas y no públicas, es evidente que dichas afirmaciones no pudieron hacerse efectuando una simple recopilación de información pública si no que dicha información podría haberse originado en escuchas o intercepción ilegal de los teléfonos o los e-mails de los dirigentes señalados”.

En la presentación judicial se solicitó que se investigue tanto a quienes pudieran haber realizado estas tareas de espionaje como a quienes en última instancia se sirven de aquellas, es decir, el gobierno nacional de Cambiemos y el de la provincia de Jujuy a cargo de Gerardo Morales.

Bregman enfatizó que “los gobiernos pasan pero la información de inteligencia queda”, y destacó que “nadie del gobierno nacional hasta ahora ha dicho nada. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, denunciaba estas prácticas cuando formaba parte de la oposición pero hoy se vale de ellas para espiar a quienes denuncian las violaciones a los derechos humanos. Y desde el Ceprodh afirman que «así como hemos denunciado el ’Proyecto X’ efectuado por el gobierno kirchnerista y continuamos peleando para que se procese y encarcele a los responsables, presentamos esta denuncia ante la justicia como parte de la pelea por terminar con el espionaje e infiltración del Gobierno Nacional a todos los que salen a reclamar por sus derechos y enfrentan la persecución y el ataque a las libertades democráticas».

 

Los espías, impunes y premiados.

Según denunció días atrás La Izquierda Diario, luego de que trascendiera que uno de los responsables del contingente de gendarmes que desembarcó en Rosario esta semana, el Comandante Claudio Miguel Brilloni, oficia como Director de Inteligencia Criminal en el Proyecto X, se divulgó que el uniformado fue promocionado por el ex ministro de Seguridad Sergio Berni en 2015 y que además fue uno de los que comandó la entorpecida búsqueda de los hermanos Lanatta y Víctor Schillaci, cuando se fugaron del penal bonaerese de General Alvear.

A propósito de esto, el dirigente del PTS en el Frente de Izquierda Octavio Crivaro señaló: “Las tropas de gendarmería llegaron a Santa Fe, lideradas por el Comandante Brilloni. Él es Director de Inteligencia Criminal en el Proyecto X, un proyecto que denunciamos en 2013 junto a mi compañera Myriam Bregman, desde el PTS en el Frente de Izquierda, junto a organismos de Derechos Humanos. Esta denuncia hizo público que la Gendarmería se infiltraba en organizaciones, manifestaciones y eventos políticos. Los documentos develados gracias a la investigación del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos probaron que en Rosario también se llevó adelante espionaje durante asambleas en ANSES, así como durante medidas de fuerza de ATE, AMSAFE, COAD y otros sectores”.

No es delito cortar la Panamericana

5288462d048e0d3f60f64bb84cff6df4_XL[1]Así lo consideró la justicia al sobreseer a 13 manifestantes, entre ellos la nieta recuperada María Victoria Moyano, que el año pasado cortaron la ruta Panamericana en apoyo a la lucha por los despidos en la empresa Lear. Lo cuentan los abogados que los defendieron en esta nota de La Izquierda Diario.

http://www.laizquierdadiario.com/Sobreseen-a-trece-manifestantes-de-la-lucha-de-Lear