De Scioli a Vidal, continuidad en la violación a los derechos humanos

El décimo “Informe Anual de la Comisión Provincial por la Memoria” se presentará el martes 27. Aquí un anticipo del mapa de la tortura, las vejaciones y la muerte en territorio bonaerense.

 

Imagen: detalle ilustración de tapa del X Informe de la CPM – Autor Rocambole

(publicada en LID el 23 de septiembre de 2016)

El sistema de la crueldad

 

“Si no se modifica la política criminal y el sistema deja de encarcelar a los sectores pobres en forma masiva no hay ninguna posibilidad de cambio”, dice con evidente pesimismo Roberto Cipriano García, secretario de la Comisión Provincial por la Memoria, consultado por La Izquierda Diario sobre el informe anual de este organismo respecto de las personas en condición de encierro y privadas de su libertad en territorio bonaerense.

 

Según el relevamiento de la CPM, a fines de 2015 la población detenida a disposición del Poder Judicial, incluyendo detenidos en comisarías, establecimientos de otras provincias y bajo arresto o prisión domiciliaria, alcanzó su récord histórico: 39.927. Acorde a los partes del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), en promedio el 56 % de los detenidos durante el año pasado estaban en condición de procesados, es decir presos en forma preventiva sin que se haya determinado su inocencia o culpabilidad.

 

El informe que lleva el título El sistema de la crueldad, y que será presentado el martes 27 a las 18 en el anexo del Senado bonaerense, da cuenta de las violaciones a los derechos humanos derivadas de la política criminal del gobierno saliente, conducido por Daniel Scioli desde el año 2007.

 

“La población carcelaria sigue creciendo en un sistema que está colapsado y desbordado. Esta superpoblación -a la que preferimos definir como “sobrencarcelamiento”- provoca niveles cada vez mayores de hacinamiento y, a la vez, un agravamiento de las condiciones de detención, tanto en las unidades penitenciarias como en las comisarías y centros cerrados para menores de 18 años”, dice la CPM en la introducción de su dossier 2016.

 

Entre una maraña de datos, apabulla que de las casi 3.600 causas contra agentes de seguridad y penitenciarios, sólo 11 están caratuladas como “torturas”, siendo que todas se refieren a variantes de ese mismo delito aberrante. Y el porcentaje de elevación a juicio de esos casos es inferior al 3 %.

 

“El informe muestra un cuadro de graves violaciones a los derechos humanos que se vienen profundizando porque siguen las mismas políticas penitenciarias de seguridad, el sistema ya está colapsado desde hace diez años, estamos cerca de las 40 mil personas para un sistema que tiene plazas para la mitad; ya no hablo de un cupo respetuoso de los estándares internacionales de derechos humanos sino del que define el Ministerio de Justicia sin ninguna concepción progresista. Ellos tienen 20.600 plazas para, repito, casi 40 mil”, describe García.

 

Mientras las cifras impactan por su contundencia, el secretario de la CPM explica que este “hacinamiento de hecho, o sobreencarcelamiento, es parte de la forma de gobierno de la población carcelaria, porque no se da en todos lados, en algunas partes hay dos o tres presos en una celda para uno, pero en otros pabellones el cupo está bien, y estas diferencias sólo responden a lógicas del propio gobierno carcelario”.

 

Datos duros

 

El detallado monitoreo del organismo arroja éstos datos salientes:

 

- En 2015 se produjeron al menos 145 muertes por cárcel en la provincia: más de 12 muertes por mes; más de 3 muertes por semana. Este incremento acompaña el agravamiento general de las condiciones de encierro, puesto que la mayor parte son provocadas por estas condiciones. De las 145 muertes ocurridas durante 2015, el 65 % fue por enfermedades curables no asistidas, como por ejemplo la tuberculosis, que produjo 15 muertes.

 

- La CPM realizó 6.719 entrevistas a personas detenidas o sus familiares. En estas entrevistas se registraron 18.557 hechos de agravamiento de las condiciones de detención de las personas detenidas, que dieron origen a 3.916 habeas corpus o acciones urgentes en las que se denunciaron judicialmente 12.787 hechos de torturas o malos tratos.

 

- De los 18.557 hechos de violencia registrados, 2.710 dan cuenta de situaciones de nula o deficiente atención médica y la falta o escasez de medicamentos prescriptos. A partir de estas entrevistas se interpusieron 3.219 presentaciones judiciales urgentes, de las que 1.883 denunciaban la falta o deficiente atención grave de la salud.

 

- El año pasado se iniciaron 3.582 causas -superando las 2.998 de 2014- en las que se investiga a agentes de una fuerza de seguridad, de las cuales 1.275 son denuncias contra agentes penitenciarios. Un 73,2 % de ellas se caratularon como apremios ilegales o severidades y vejaciones, que son delitos con penas menores, y sólo 11 casos, es decir un 0,3 %, como torturas. De las 1.275 denuncias sólo el 2,6 % del total se elevaron a juicio.

 

- El régimen penal juvenil se fue asimilando al de adultos creando verdaderas cárceles para adolescentes, que aumentaron al ritmo de la cantidad de detenidos menores de 18 años: hoy alojan a 600 jóvenes. Sobre una muestra de 464 casos se comprobó que sólo el 11 % tiene sentencia. En 2015 hubo dos muertes totalmente evitables en centros de detención para jóvenes.

 

- En 129 entrevistas realizadas a jóvenes tanto en las cárceles de la SNyA (Sistema de Niñez y Adolescencia) como de manera telefónica, durante 2015 se han registrado 226 hechos de violencia por parte de quienes tienen por función su custodia (asistentes de minoridad), los que dieron lugar a la presentación de 79 habeas corpus o acciones urgentes.

 

- Hay más de 12.700 personas adultas privadas de libertad por razones de salud mental que se encuentran bajo proceso o seguimiento judicial. La mitad está alojada en instituciones públicas. En las distintas inspecciones realizadas por la CPM hemos podido constatar la sistemática vulneración de derechos elementales de los usuarios del sistema privados de libertad. Durante 2015 sólo en dos de los grandes monovalentes (dependencias psiquiátricas) se registraron 74 muertes sobre una población internada promedio de 1.489 personas. Esto arroja una tasa bruta de mortalidad de 49,69 cada 1.000, muy superior a lo ocurrido en el mismo período en todo el sistema penitenciario de la provincia, donde la tasa fue de 4,25 muertos cada 1.000 personas.

 

- Pese a la sanción de las leyes 13.298 y 13.634 (que habían establecido el fuero de la Familia y el Niño) y la derogación del decreto-ley 10.067/83 (del Patronato del Menor), en la actualidad se constata la existencia de una práctica naturalizada de alojamiento de niñas, niños y adolescentes en dependencias de la Policía de la provincia de Buenos Aires, que permanecen ajenas a los controles de legalidad judicial y de los operadores destinados a garantizar el interés superior del niño.

 

- La crisis en materia de derechos humanos que atraviesa el sistema de encierro en la Provincia reclama intervenciones urgentes. Entre otras, dar cumplimiento Protocolo Facultativo a la Convención contra la Tortura de la ONU y designar legalmente a la CPM como mecanismo de prevención de la tortura de todos los lugares de encierro. Es necesario institucionalizar, profundizar y garantizar sus funciones, atribuciones y deberes en las acciones de control, prevención y denuncia de las vulneraciones de derechos que allí ocurren, y la asistencia en sus derechos a las personas privadas de su libertad víctimas de violencia. No hablamos sólo de las instituciones dependientes del sistema penitenciario sino también de las que alojan personas con padecimientos mentales, centros cerrados para jóvenes y establecimientos policiales.

 

La tortura está en la memoria institucional

 

Más allá de las cifras y el diagnóstico del horror que padecen las personas privadas de su libertad, ¿cuál es la incidencia real que puede tener la Comisión para modificar semejante barbarie cotidiana intramuros?

 

“Es muy difícil revertir estos hechos, da cierta impotencia porque son cientas las denuncias y el porcentaje de resolución de las referidas a torturas es bajísimo”, admite García. Y explica que con los habeas corpus sí hay cierto resultado. “Modificás la condición concreta de esa persona, lográs atención médica, o si lo golpearon conseguís un traslado, lo cual en realidad tampoco resuelve su problema estructural porque va a un lugar donde le puede pasar lo mismo”, detalla.

 

En cuanto a la presentación de los habeas corpus colectivos, el secretario de la CPM afirma que este año hubo un cambió de actitud con las nuevas autoridades. “Parte del diagnóstico es reconocer nuestro diagnóstico, en cambio (el exministro de Justicia bonaerense Ricardo) Casal y (el exgobernador Daniel) Scioli negaban todo, esa actitud la mantenían en lo judicial, apelaban todo, ganaban tiempo y no cumplían nada. Esta gestión al menos no apela y acató algunas órdenes judiciales, es un cambio de actitud que va resolviendo cosas parciales”, diferencia García.

 

Sin embargo, enseguida reconoce que en lo estructural hay una continuidad. “Hay una mejora en el fortalecimiento de la auditoría de asuntos internos, 20 penitenciarios presos, 60 pasados a disponibilidad, pero igual es algo reciente, si no se modifica la política criminal y el sistema deja de encarcelar sectores pobres en forma masiva no hay ninguna posibilidad de cambio real. Con este nivel de crecimiento de la población carcelaria, con la pauperizacion de la justicia quien decide quién llega a la justicia es la policía, hay 90 personas detenidas en flagrancia sin orden judicial previa”, manifiesta el secretario de la Comisión.

 

La Izquierda Diario quiso saber específicamente qué sucede con los casos de torturas. “Es complejo incidir en esa realidad porque la tortura está en la memoria institucional, no hay forma de revertirlo si no hay decisión política, prevención, asistencia víctimas y sanción a los responsables, por las múltiples formas y la heterogeneidad de métodos que emplean los victimarios”, dice García. Y para graficar el nivel de impunidad, menciona la muerte de Narciso Ayala, de 36 años en agosto en la cárcel de Olmos. “Esa es la punta del iceberg, lo mataron a patadas y ahorcándolo, tres directivos de la Unidad 1 hoy con pedido de captura. Estamos hablando de las autoridades de la cárcel más vieja, de directores de Olmos un lugar donde hacen carrera, como partícipes directos del hecho”, explica.

 

Una frase repetida en el ámbito mediático indica que a la hora de elaborar la agenda “los viejos y los presos no tienen rating”. El secretario de la CPM lo sabe y por eso afirma que la “difusión es central para que avancen nuestras denuncias, pero es muy difícil tener la atención de los medios masivos, más allá de los alternativos o los que tienen sensibilidad para estos temas, la mayoría reproduce las barbaridades que dicen los funcionarios de turno, o el propio Mauricio Macri, que conectan con una parte de la sociedad que reclama pena de muerte y que se pudran en las cárceles, tal el discurso de animadores como Susana Giménez o Tinelli, y nosotros ahí estamos contra la corriente”.

 

Sin embargo, dice García que “hay un fenómeno que no terminan los medios de vislumbrar: en los barrios populares padecen el acoso policial porque tampoco es que esas políticas de mano dura le garantizaron los votos a Scioli, a pesar de que en ese sentido fue muy agresivo con su saturación policial. Pero los testimonios de esos sectores nunca llegan a la tele”.

 

En la introducción del nuevo informe de la CPM, al que La Izquierda Diario tuvo acceso, precisa que “durante la gestión de Alejandro Granados como ministro de Seguridad, el despliegue territorial de las fuerzas policiales se acrecentó de manera superlativa, llegando la institución a contar con 90.000 efectivos; y la política expresa de endurecimiento implicó un incremento de la violencia policial sobre los sectores más vulnerables de la población. El colapso no solo fue denunciado internamente por esta Comisión mediante informes a todos los poderes y a través de una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte provincial, sino a nivel internacional mediante informes y presentación de medidas cautelares por la situación particular de las personas privadas de libertad en comisarías. Si bien la Corte rechazó el planteo de inconstitucionalidad presentado, meses después emitió la resolución 2840 en la que dio cuenta y reconoció la situación de colapso y las consecuentes vulneraciones a los derechos humanos que anticipábamos”.

 

Y prosigue al explicar que: “Las denuncias sobre prácticas policiales ilegales fueron una constante durante la gestión que terminó. Hemos alertado sobre uso letal de la fuerza policial -el gatillo fácil-, torturas, desapariciones forzadas, reclutamiento de jóvenes para cometer delitos, hostigamientos policiales, armado y fraguado de causas, detenciones ilegales, uso frecuente de detenciones sin orden judicial, y condiciones inhumanas de detención en comisarías en las que incluso se alojan niños y jóvenes”.

 

La Comisión Provincial por la Memoria creó en el año 2002 su primer programa de intervención para las violaciones de derechos humanos cometidas en el presente: el Comité contra la Tortura. En 2003 se inició el registro de casos judiciales de tortura y en 2004 se presentó el primer informe: El sistema de la crueldad. Al año siguiente comenzaron las inspecciones periódicas a las cárceles bonaerenses. La CPM se constituyó de hecho en el mecanismo de control y monitoreo de los lugares de encierro de la provincia de Buenos Aires, estipulado en el Protocolo facultativo de la convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes de la ONU y suscripto por la Argentina en 2004.

 

“La CPM es un organismo que cuenta por ley con autonomía funcional y autarquía financiera, por tanto actúa con independencia de los cambios de gobierno, y fue reconocida por la Suprema Corte de Justicia y la Procuración General como organismo de control. Su composición, según establece la ley y su estatuto de funcionamiento, garantiza la diversidad de representaciones del órgano directivo ad honorem integrado por referentes de organismos de derechos humanos, credos, del ámbito académico, de sectores del trabajo y los partidos políticos. Todos tienen una reconocida trayectoria en la defensa de los derechos humanos. La amplia representatividad de los trece miembros permanentes se fortalece con los siete que se renuevan periódicamente: tres representantes del Senado provincial y tres diputados de los tres bloques mayoritarios (composición que garantizan pluralmente las fuerzas políticas con representación parlamentaria), más el que designa la Universidad Nacional de La Plata que se renueva al mismo tiempo que sus autoridades”, recuerda la reseña introductoria del Informe X del organismo.

Estatales enjuiciados en Río Gallegos denunciaron torturas

“Me rompieron el tabique, me golpearon en la cabeza, me fracturaron, me dieron comida podrida”, declaró Diego Reyes ante el Tribunal Oral de Río Gallegos. Es uno de los trabajadores estatales que está siendo juzgado por el incendio de un edificio público, en octubre pasado, durante las acciones por reclamos salariales en el marco de las paritarias del sector. Junto a otros cinco compañeros Reyes estuvo preso hasta el juicio, y la justicia de instrucción no quiso tomar esta denuncia por torturas, cuyos detalles conmocionaron la primera audiencia del proceso. La segunda tanda de golpes sucedió en una terraza, luego de que los policías de la comisaría quinta lo desnudaran para obligarlo a “cantar”. Como consecuencia de las sucesivas golpizas Reyes tiene un quiste en la cabeza. En la segunda audiencia más testimonios dejaron en evidencia el armado de la causa.

En la sala de audiencias estaban los acusados Alberto Arteaga, Ernesto Apendino, Juan José Vera, Patricia Benítez y Reyes, con sus familiares y algunos medios de prensa, mientras que afuera había una movilización convocada por organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos para repudiar lo que denominan “un juicio armado”. El edificio judicial, ubicado en Kirchner 81, estuvo vallado y rodeado por un importante operativo policial. La Central de Trabajadores Argentinos (CTA) expresó en un comunicado que “se trata de un nuevo caso de criminalización de la protesta, ya que se encarcela a trabajadores que lo único que hicieron fue reclamar por mejores condiciones de trabajo y por un salario acorde a la canasta familiar”.

Reyes dijo que la jueza de instrucción Valeria López Leston quiso “chantajearlo pretendiendo que se hiciera cargo” de los hechos a cambio de su libertad, y describió que la magistrada no tuvo en cuenta los tormentos y apremios que sufrió por parte de la policia. El presidente del tribunal y el fiscal ordenaron que estos hechos sean investigados. También declaró Juan José Vera, que negó haber estado ahí y haber provocado cualquier tipo de incendio.

En tanto, Norma Garrigue, madre del acusado Apendino, relató a Ojos Vendados que “tres policías declararon que hubo orden de sus superiores de replegarse, en el mismo momento en que varios de ellos se disponían a apagar el incendio adentro del edificio”.

La audiencia había comenzado con las acusaciones. “Se encontraron bidones verdes, blancos, con líquidos rojos, se vieron personas similares a los acusados”, fueron las frases poco precisas que se escucharon. Los testigos son en su mayoría policías, comisarios y personal de las fuerzas de seguridad que mencionan fotos generales y dicen que “los imputados iban a romper todo” o “los manifestantes tiraron piedras a la policía”. Así lo relató Gloria Pagés, del Ceprodh, que viajó a Río Gallegos junto a Luana Simioni, delegada de Ioma y militante del PTS. “Es un juicio aberrante”, sintetizó Pagés. Por su parte, el diputado Pablo López (PO-Fit) opinó que “la justicia actuó rápidamente contra los trabajadores criminalizando la protesta”.

Respecto de incendio del edificio de la Función Pública, ocurrido el 18 de octubre del año pasado, declaró el ex secretario de ATE (Asociación de Trabajadores del Estado) Luis Díaz, quien había estado imputado pero consiguió su excarcelación luego de haberse autoinculpado. “Llegaron 10 o 15 personas en una Trafic, jóvenes que no sé quiénes eran y se enfrentaron a la Infantería que comenzó a disparar balas de goma. Los que iniciaron el incendio eran personas que incitaban vestidos con buzo y rostro cubierto a las cuales no conozco”, expresó. Díaz admitió haber ingresado una cubierta al edificio pero aclaró que “ya estaba prendida fuego”, por lo cual dijo sentirse muy mal. “No puedo adjudicar a otro compañero una responsabilidad que es mía”, confesó.

Según aclaró la madre de Apendino, en la foto Díaz tiene una cubierta en la vereda pero está apagada, y, además, “el edificio en ese momento ya se había prendido fuego”. Según la mujer que presenció toda la audiencia, Díaz dijo que lo hizo porque tenía “bronca” por la interna que tenía como sindicalista, y pidió “perdón”.

Más detalles en la cobertura de La Izquierda Diario

http://www.laizquierdadiario.com/Presos-de-ATE-Mas-testigos-demuestran-que-se-trata-de-una-causa-armada

http://www.laizquierdadiario.com/El-testimonio-de-Diego-Reyes-trabajador-de-ATE-torturado-y-enjuiciado

http://www.laizquierdadiario.com/Un-juicio-para-aleccionar-a-los-que-luchan

Una década ganada ¿para quién?

La Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) y la agencia de comunicación Rodolfo Walsh presentaron su informe sobre la situación represiva durante los últimos diez años de gobierno kirchnerista. “Más asesinados, desaparecidos, torturas, presos por luchar y trabajadores perseguidos”, podría ser la síntesis del documento cuyo contenido completo puede leerse acá: Seguir leyendo