Tierra de nadie

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“Aunque suene demasiado fuerte decir esto en democracia, fuimos los chupados del gobierno de Roxana Bertone “, dijo José Gómez, uno de los cinco dirigentes sindicales detenidos en Tierra del Fuego con operativos manu militari, incomunicados, luego excarcelados pero con condiciones abusivas y restrictivas de su libertad y ahora a punto de ser procesados en una causa armada en base a un video y una declaración policial. “Buscan quebrarnos pero vamos a responder con más lucha y organización”, agregó el secretario general de Afep, protagonista en el marco de la unión de gremios que llevan casi tres meses de lucha contra el paquete de ajuste en esa provincia.

Roberto Camacho, Horacio Gallegos, Juan Estefoni, José Gómez y Alejandro Gómez están acusados de atentado y resistencia a la autoridad, lesiones, daños y robo, en una causa que tiene como denunciante al vicegobernador Juan Carlos Arcando. Este funcionario participó de un acto por el hundimiento del crucero General Belgrano y fue rodeado por manifestantes que exigían ser escuchados. Allí, además, había policías de civil y se produjeron los forcejeos que terminaron en huevazos y el traje roto del vicegobernador. Los acusan del robo de un handy en tales circunstancia, y les sumaron todas las causas abiertas durante este período, entre ellas una que hizo el secretario de Cultura por amenazas. ¿Cuál fue la amenaza? Que uno de los dirigentes docentes dijera “esto se tiene que resolver hoy si o si”.

La misma noche del incidente en el acto, el vicegobernador presentó su denuncia y esa madrugada se produjeron allanamientos de madrugada en las casas de los cinco dirigentes. ¿La excusa? Buscar una persona de remera gris, tal la identificación que había hecho un policía en un video. Sin testigos, sin orden de allanamiento, con grupos civiles y antimotines, rompiendo todo y golpeando a ellos y a sus familiares fue la forma de los procedimientos, al mejor estilo de la dictadura. Hay una denuncia por la brutalidad policial y una prueba que podría ser clave para que tal operativo no quede impune. Según el abogado Néstor Sánchez Otharán, buscaron instalar un clima de miedo, como si la ley que te debe proteger le hubiera dado carta blanca a las fuerzas de seguridad para pasarte por encima, pero en realidad consiguieron reavivar la lucha.

La pesadilla siguió estando presos e incomunicados, golpeados y para excarcelarlos el juez Javier de Gamas les impuso condiciones abusivas: no pueden acercarse a edificios públicos y deben estar en sus casas de 22 a 6 de la mañana, una virtual prisión domiciliaria. Estas condiciones deberían ser dejadas de lado apenas el magistrado resuelva la situación procesal de los cinco acusados, a quienes, casi con seguridad, va a procesar porque para eso habría sido armado la totalidad del proceso. El conjunto de delitos que se les imputa es el clásico “combo” que se usa para criminalizar la protesta, pero el atentado contra la autoridad es una figura penal demasiado amplia que penaliza empujarse con un policía y tiene una pena de hasta 2 años de prisión.

EL JUEZ

¿Quién es el juez Javier de Gamas Soler? Es el mismo que procesó a los docentes fueguinos por la toma de la Casa de Gobierno, en 2013, con pruebas obtenidas en dudosos operativos de inteligencia, filmaciones y aprietes a testigos, según los defensores, una “cama” armada entre el poder político y el judicial.

Además, fue secretario del ex juez Juan José Galeano, procesado por el encubrimiento de la investigación del atentado a la AMIA, la llamada causa AMIA II por la que están por ser condenados desde el ex presidente Carlos Menem para abajo por aquel pago de coimas para inculpar a policías bonaerenses. Este juez que ordenó las detenciones de los sindicalistas fueguinos a la manera dictatorial, que los mantuvo incomunicados y ahora los excerceló con condiciones de una virtual prisión domiciliaria sigue imputado en el expediente, aunque con una falta de mérito.

¿Cómo es posible que siga en funciones en lugar de estar suspendido? Quienes lo conocen lo llaman “chicken brain” (cerebro de pollo) y lo definen como muy vulnerable a las presiones políticas. En cualquier caso, vaya si está haciendo los deberes para la gobernadora y el poder político y económico allá en Ushuaia.

ESTA PELÍCULA YA LA VIMOS.

Se llama criminalización de la protesta social, y es por eso que la causa contra los sindicalistas fueguinos tiene similitudes con otras. A saber:

* Estatales de Santa Cruz condenados por el incendio de una dependencia judicial, en 2013, sin haber estado allí, tras años de detención y habiendo sido torturados para que confesaran un delito que no cometieron.

* Petroleros de Las Heras condenados a prisión perpetua por la muerte de un policía en el marco de una pueblada ocurrida en 2006 durante un duro conflicto. También fueron torturados.

* Condena al dirigente de la UOM Oscar Martínez, por los incidentes posteriores al asesinato de Víctor Choque, en abril de 1995, fue sentenciado por incitación pública a la violencia colectiva, por haber dicho “vamos a la jefatura de policía a arrancar a nuestros compañeros de las garras de esos asesinos”. Es decir, usan el código penal para disciplinar al activismo y desactivar las protestas por conflictos sociales, como quedó en evidencia con el Proyecto X, con las fuerzas de seguridad que proveen las pruebas luego de infiltrar a las organizaciones.

Si en los miles de casos de criminalización de la protesta aplicaran la teoría del fruto del árbol prohibido, según la cual cuando se detecta que una prueba fue obtenida de manera ilegal eso invalida toda la investigación, se caerían todos estos procesos.

A pocos días de ser liberados, con Nicolás del Caño en La Izquierda TV compartimos el relato de su traumática detención y los detalles de su lucha.

http://www.laizquierdadiario.com/LaIzquierdaDiarioTV-lucha-en-defensa-de-la-educacion-publica-y-debate-sobre-la-ley-antidespidos

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