Tres meses sin Facundo

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En la investigación, la fiscalía solicitó con urgencia los datos de los patrulleros que circularon el 30 de abril por el departamento de Villarino y no aparece la llamada al 911 que hizo uno de los principales testigos. Hay marchas en Pedro Luro, Carmen de Patagones y la CABA, con las organizaciones del Encuentro Memoria Verdad y Justicia. Desde el sur denuncian que en las movilizaciones hay cada vez más policías de civil.

«¿Dónde está Facu? No quiero que nos acostumbremos a tu ausencia». La frase se repite en las redes sociales hoy como síntesis del sentir entre los afectos de Facundo Astudillo Castro, el joven de 22 años que salió el 30 de abril de Pedro Luro hacia Bahía Blanca pero nunca llegó y la investigación judicial está muy lejos de esclarecer qué le pasó. A pesar de la hiperactividad en el expediente y enormes procedimientos y rastrillajes, en forma paralela a la búsqueda como si estuviera extraviado se acumulan foja tras foja denuncias de «irregularidades»: Uno de los testigos que afirmó verlo subiendo a un patrullero ese día cerca de las 3 y media de la tarde llamó al 911 pero a la hora de recuperar ese registro los investigadores afirmaron a Ojos Vendados que no está. Por eso, entre un listado sin detalle de las nuevas medidas del caso, la fiscalía requirió a la Dirección Provincial de la Central de Atención Telefónica de Emergencias (CATE) 911 que precise algunos datos «en cuanto a la información aportada».

Mientras tanto, hay marchas hoy en Luro, Carmen de Patagones y otras ciudades del país, así como la movilización que convocaron los organismos del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia en la CABA, por la aparición con vida de Facundo. Desde el sur bonaerense diversos colectivos que se manifiestan dieron cuenta que cada mes aumenta la presencia de policías de civil, tal como sucedía en las marchas por la aparición de Santiago Maldonado.

El ratificado fiscal federal Santiago Ulpiano Martínez tiene sobre su escritorio una solicitud impostergable, bien arriba de la pila de papeles. A tres meses de su desaparición, la justicia federal aún no tiene los datos técnicos de la ubicación de los patrulleros ese día y de los celulares de los policías. A falta de esa información, a noventa días aún no fue posible realizar el cruce con los datos del propio Facundo, su familia y los numerosos testigos que fueron desfilando por Tribunales. Según indicó un informe publicado en fiscales.gob, el fiscal pidió «con carácter de urgente» al ministerio de Seguridad de la provincia para que informe las modulaciones de radios de los patrulleros de Teniente Origone, Mayor Buratovich y de la Patrulla Vecinal de aquel día.

En tanto, la querella particular de la familia sospecha de doce personas, entre civiles y policías tanto bonaerenses como federales, que protagonizan la «trama del encubrimiento». Entre ellas está el vecino de Mayor Buratovich que figura en la causa como el N.N. que aportó el dato de la testigo que lo habría llevado a Bahía Blanca, cuyo cuñado es un subcomisario de la Policía Bonaerense. Otra de esas personas es la oficial Siomara Flores –que dijo haberlo levantado en su auto particular hasta Origone, y junto al policía Gabriel Sosa son quienes también intercedieron para aportar ese mismo testimonio al expediente–, quien el 8 de mayo desinstaló de su teléfono celular la aplicación WhatsApp y además se borró de todas las redes sociales.

Esta semana declararon decenas de testigos, como viene ocurriendo desde hace 20 días, que fueron haciendo caer casi todas las versiones que ubican a Facundo lejos del departamento de Villarino, en beneficio de la Bonaerense, tal como aseguró a Página12 una fuente independiente de la causa. En ese sentido, aún no hay explicación sobre por qué la fiscalía provincial no tomó la declaración del primer testigo que acudió al día siguiente a contar que lo vieron subiendo a un patrullero en las afueras de Buratovich. Del mismo modo que no aparece el registro de la llamada al 911, tampoco consta que los policías que lo detuvieron en la ruta a las 10 de la mañana del 30 hayan dado aviso a juzgado o fiscalía alguna por la presunta violación del ASPO (aislamiento social, preventivo y obligatorio).

Luego de tres meses, el saldo también indica que las herramientas del Estado no fueron suficientes para estar al lado de la víctima, en este caso la madre de Facundo. Los operadores judiciales no acudieron a ella en primer lugar, y con el paso del tiempo Cristina Castro decidió que ya no quiere tener contacto con ellos, salvo a través de sus abogados. Además de testigos «inducidos» hubo aprietes a la familia de la ex novia y a ella misma para sostener la «pista Bahía Blanca», y aunque en el allanamiento a la comisaría de Buratovich no se encontró nada, los perros del K9 de Marcos Herrero detectaron el rastro del joven en uno de los patrulleros secuestrados. Ahora falta que la justicia se avenga a insistir con el Ejecutivo en el aporte de datos faltantes y los analice en la búsqueda de la respuesta que adeuda.

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